Los registros del Registrador

Ernesto Yamhure

El Espectador, Bogotá

Marzo 18 de 2010

Hace algunas semanas dijimos en este espacio que el registrador Sánchez debía pensar en designar un funcionario ah-hoc que garantizara la celeridad y transparencia de las elecciones, dado su obsesivo interés de inmiscuirse en temas ajenos a sus funciones.

Mientras transcurría el estudio de constitucionalidad del referendo, el señor Sánchez se concentró en atacar la iniciativa popular. Todos los días decía que no tenía la manera de adelantar dicho certamen democrático. No estaba tan equivocado. Si las elecciones del domingo pasado le quedaron grandes y se le salieron de las manos, no me quiero imaginar el caos que habría imperado por cuenta de su demostrada incapacidad si el referendo hubiera resultado aprobado por la Corte.

Qué paradójico: anteriormente, los registradores eran nombrados por el Congreso de la República, mecanismo criticado por quienes creían que dicha elección le restaba imparcialidad al garante de los procesos electorales. Pues bien, cuando estos funcionarios eran de origen político, los colombianos podíamos conocer los resultados electorales máximo cuatro horas después del cierre de las urnas.

De la noche a la mañana a un genio se le ocurrió que debía hacerse un cambio y que en adelante el nombre del Registrador debía resultar de un concurso de méritos en el que los presidentes de la Corte Suprema, la Constitucional y el Consejo de Estado fungían como jueces; así se eligió a Ariel Sánchez.

Este ha sido un Registrador bastante particular. Tomó partido en contra del referendo. Él, que debía observar un comportamiento neutro, prefirió valerse de su cargo para torpedear el mecanismo de participación ciudadana, descuidando la preparación de las elecciones de este año.

Valdría la pena que el funcionario Sánchez le contara al país cuántos simulacros de elecciones se realizaron después de haber decidido contratar con UNE-EPM la plataforma de transmisión de datos. ¿Los jurados electorales eran idóneos; habían recibido una óptima capacitación?

Frente al unánime rechazo de la manera como se manejaron las elecciones del pasado domingo, el Registrador ha preferido excusarse evitando asumir la altísima responsabilidad que le cabe por el dramático manejo que se le ha dado al conteo de votos. Ha esgrimido toda suerte de argumentos flojos que sólo demuestran su desespero por tratar de explicar lo imposible: que su obrar ha sido eficiente.

Para justificar su ostensible incapacidad, ha llegado al extremo de decir que el Gobierno nacional no le ha asignado los recursos que necesitaba para llevar a cabo unas buenas elecciones. Además de todo, resultó poco amigo de la verdad, pues el Ministro de Hacienda ha dicho que para las diferentes jornadas electorales de este año, el tesoro público le giró la nada despreciable suma de 610.000 millones de pesos, plata que alcanza sobradamente para llevar a cabo las jornadas electorales previstas.

El Registrador dice que ese dinero no es suficiente. No lo creo, porque si estuviera tan corto de plata, no habría tenido con qué pagar el vino y el whisky que estaban ofreciendo —ilegalmente— el día de las elecciones.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, resulta fundamental que se discuta si Carlos Ariel Sánchez tiene la capacidad profesional de garantizar unos resultados transparentes y libres de toda mácula en las elecciones presidenciales de mayo.

~~~

Por el bien del Partido Conservador, por la unidad de la colectividad, por el futuro de la Seguridad Democrática, qué bueno sería que la doctora Noemí Sanín se comprometiera, tal y como lo hizo Andrés Felipe Arias, a acatar y respetar el resultado del escrutinio de la Consulta.

Fotos conservadoras

Ernesto Yamhure

El Espectador, Bogotá

Marzo 4 de 2010

Muerta la posibilidad para que el pueblo decidiera sobre la conveniencia o no de una nueva reelección del presidente Uribe, los dirigentes que siguen al Mandatario y que aspiran a continuar por el buen camino que ha acogido nuestro país, están en la obligación de tomar decisiones con cabeza fría y grandeza patriótica.

Por eso, debe existir una estrategia clara y eficaz. En primera medida, es imperante que el Partido Conservador continúe haciendo parte de la coalición. El conservatismo es el pivote de la política de Seguridad Democrática. Sin el poyo de esta colectividad, será muy difícil que el uribismo continúe en el poder, más allá del 7 de agosto.

De ahí la importancia que Andrés Felipe Arias logre ganar la consulta prevista para el próximo 14 de marzo. Su triunfo garantizará no sólo la permanencia del Partido Conservador en la coalición, sino que se constituirá en un claro y contundente mensaje de los godos al preferir la Seguridad Democrática frente a la opción del Caguán.

La ecuación es simplísima. El presidente Uribe ha dicho que los colombianos debemos votar por aquellos candidatos que han respaldado con furor las tesis de su gobierno. Al preguntársele por un nombre, el Mandatario se va por las ramas. La ley le prohíbe hacer ese tipo de manifestaciones. No obstante, hace unos pocos días, cuando le mencionaron el nombre de Andrés Felipe Arias, dijo sin titubeos que él “es mi versión mejorada”. Conclusión: Arias es el candidato en el que confía Álvaro Uribe.

No es un capricho. Durante los últimos cinco años, Uribito ha sido un protagonista ejemplar de la política nacional. Siendo Ministro de Agricultura, una de las carteras que históricamente ha tenido menos protagonismo, libró batallas ideológicas como hacía mucho tiempo no se veían. Defendió con argumentos económicos la importancia de los TLC y jugó en el difícil terreno del Congreso donde controvirtió con altura y argumentos las posiciones de los más enconados contradictores del Gobierno de la mano firme contra el terrorismo guerrillero.

Gracias a su verticalidad ideológica, rápidamente se abrió camino en el mezquino y no pocas veces desagradecido mundo de la política. Pasó de ser un ilustre desconocido a ocupar un lugar privilegiado dentro del conservatismo y, por supuesto, del uribismo.

En estas elecciones enfrenta a Noemí Sanín. Ella ha estado acompañando al Gobierno desde la lejana y triste diplomacia. Consciente de que esta es la última oportunidad que le queda para ganar las elecciones presidenciales, decidió apostarle al pragmatismo, razón por la que después de un par de décadas, resolvió volver al Partido Conservador, colectividad que rechazó, criticó y menospreció hasta hace muy poco tiempo.

En vez de afiliarse al sector uribista del conservatismo, Noemí se alineó con la facción que representa Andrés Pastrana. Para que quedara claro el mensaje, incluyó en su nómina de colaboradores de campaña al más selecto grupo de seguidores del ex presidente. La tres veces embajadora —el último cargo público que ocupó en territorio colombiano fue por allá en el gobierno de Gaviria— también marcó distancia de Juan Manuel Santos, muy posible heredero único de las banderas uribistas. En efecto, designó al almirante Arango Bacci, enconado enemigo de Santos, como jefe de debate para asuntos de defensa.

Ambas fotografías son clarísimas. En la primera vemos a Arias, defensor a ultranza de las tesis uribistas, rodeado de conservadores uribistas y aliado con parlamentarios fieles al Presidente. En la otra está Noemí Sanín, quien dice ser uribista, pero se acompaña de un equipo cuyo corazón le pertenece única y exclusivamente a Andrés Pastrana.

Que los conservadores decidan.

Cronología de un agarrón

Ernesto Yamhure

El Espectador, Bogotá

Febrero 25 de 2010

Todo comenzó el 31 de agosto de 2007, en Hato Grande. Allí, cuando despuntaba la noche, comparecieron en rueda de prensa los mandatarios de Venezuela y Colombia.

Ese día se protocolizó la designación de Chávez como mediador o facilitador para la liberación de secuestrados. En palabras del gobernante-dictador de los venezolanos, “el presidente Uribe ha visto con buenos ojos que yo reciba en Venezuela a un enviado de las Farc para hablar de ese tema”.

Comenzó el martirio. El 8 de noviembre de 2007, en las escalinatas del Palacio de Miraflores, Chávez recibió a alias Iván Márquez, uno de los peores terroristas de la historia reciente. La recepción fue digna de Jefe de Estado. Lo atendió como si se tratara del más ilustre visitante.

Los honores y venias de que fue objeto el cabecilla mafioso cayeron muy mal en la opinión pública colombiana que, indignada, comenzó a unir sus voces en contra de la mediación de Hugo Chávez, quien claramente estaba extralimitando la autorización concedida por nuestro Gobierno.

Vinieron las célebres fotos de Piedad Córdoba recibiendo un ramo de flores y luciendo la boina, regalos de los terroristas que creían estar pasando por su mejor momento.

Cuando finalizaba el 21 de noviembre de aquel año, la Casa de Nariño decidió ponerle fin al papel de Chávez en la mediación para la liberación de secuestrados. Ese día, en horas de la tarde, Piedad Córdoba llamó al comandante del Ejército, general Montoya, y lo puso en línea con Hugo Chávez: como debía esperarse, esa comunicación creó indignación en la presidencia colombiana.

De manera inmediata, el Gobierno emitió un comunicado repudiando el hecho y “en consecuencia, el Presidente de la República da por terminada la facilitación de la senadora Piedad Córdoba y agradece al presidente Hugo Chávez la ayuda que estaba prestando”.

El fin de Chávez metiéndose en nuestros asuntos se constituyó en el punto de partida de una carrera de insultos por parte del golpista que manda al triste pueblo venezolano. Qué no dijo del Presidente y de los colombianos. En su botafuego de Aló Presidente comparó a Álvaro Uribe con Vito Corleone, mientras lo calificaba de “cobarde, mentiroso, cizañero y maniobrero”. Acá la gallina es Chávez. Llama la atención que él, que se cree el más bravucón de la región y que hace las veces de matón de esquina, se ponga chiquitico cuando tiene de frente a quienes acostumbra insultar en la distancia.

Desde su guarida venezolana, arremete contra quien le viene en gana, pero en las cumbres multilaterales, cuando tiene oportunidad de expresar sus burdos sentimientos, guarda medroso silencio.

Se ha metido con nuestros ministros, diciéndoles que son unos “desgraciados”, o “retardados mentales”, frases que comprueban la condición crítica de su incontinencia verbal.

Había que meterle su apretón y qué mejor oportunidad para hacerlo que en una cumbre donde estuvieran todos los mandatarios regionales. El presidente Uribe estaba en la obligación de denunciar el criminal embargo de que es víctima nuestro país.

Al ser confrontado, Chávez trató de huir, de escaparse. A él le gusta la pelea cuando su rival no tiene cómo defenderse. Cuando lo atacan, se escabulle por el primer agujero que encuentra.

Lo que sucedió en Cancún a comienzos de esta semana, se veía venir desde el mismo día en que se cometió la imperdonable equivocación de permitir que Hugo Chávez, confirmado amigo de la mafia y del terrorismo, entrara a mediar por los secuestrados en poder de sus adorados aliados de las Farc.

Mirando a Europa

Ernesto Yamhure

El Espectador, Bogiotá

Febrero 18 de 2010

El editorial de ayer de El Espectador hizo referencia a la importancia que tiene para Colombia que el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea sea aprobado por el parlamento de aquel bloque, a pesar de las críticas que sobre el desempeño de Colombia subsisten en algunos sectores del viejo continente, fundamentalmente en la izquierda radical e irreflexiva, esa misma que permanentemente les hace el juego a los terroristas de las Farc.

Este Tratado, que resultó luego de ocho rondas de negociación que tuvieron lugar en Bogotá, Lima y Bruselas, trae grandes beneficios para la economía nacional. No hay que olvidar que el Fondo Monetario Internacional estima que la europea es la economía más grande del mundo, ya que cuenta con 497 millones de habitantes cuyo ingreso promedio se acerca a los 24.800 dólares, cinco veces mayor que el de Colombia.

El sector más recalcitrante de la izquierda colombiana se ha dado a la infame tarea de torpedear este Tratado, valiéndose de artilugios bastante cuestionables. Para que el TLC sea aprobado, es necesario que el Parlamento Europeo le dé el visto bueno al acuerdo que debe suscribirse en los próximos días. Sin la aprobación de la mayoría de los eurodiputados, no habrá nada que hacer.

De ahí la tremenda ofensiva que los enemigos del libre mercado, de la propiedad privada y de la integración comercial han adelantado, precisamente ante sus conmilitones europeos. Han sido muchos los viajes, conferencias, asambleas y encuentros en los que nuestros flamantes regentes del socialismo chavista se han empleado a fondo para mentir respecto de la situación de los Derechos Humanos en nuestro país, pasando por alto los importantes e incontrovertibles avances que en esta materia hemos experimentado.

La vulgar acometida obligó a que el Gobierno invitara a una delegación de europarlamentarios de todos los matices ideológicos para que, de primera mano, revisaran el estado real de los DDHH. Qué bueno sería, por ejemplo, que estos asambleístas tengan la oportunidad de conversar con diferentes sectores de la sociedad para que sean ellos quienes les describan el positivo viraje de nuestro país en los últimos siete años.

No estará de más que los ilustres visitantes puedan constatar, por ejemplo, que el año pasado, según el reciente informe de la Fundación para la Libertad de Prensa, sólo fue asesinado un periodista; en tiempos no muy remotos esa cifra pasaba de 10.

Cuando las Farc cogobernaban a Colombia desde su guarida del Caguán, el número de secuestrados al año pasaba de 3.000, sin que nadie se sonrojara. En 2009, 213 colombianos fueron raptados por los grupos terroristas, lo que significa una reducción del 93% respecto de 2002, año en el que se registraron 2.882 casos de personas a quienes se les arrebató la libertad.

Esos mismos que se van por toda Europa despotricando del Estado colombiano, “olvidaron” revelarles a sus ingenuos contertulios que desde 2002 las Farc han matado a 1.029 miembros de la Fuerza Pública y a 464 civiles con minas antipersona.

Bienvenida la delegación europea. Acá tendrán la capacidad de conocer de primera mano lo que verdaderamente está ocurriendo y, sobre todo, podrán constatar que la Colombia de hoy es diametralmente opuesta a la que nos dejaron los últimos gobernantes.

Luego de conocer la verdad de este país, tendrán los suficientes elementos de juicio para adelantar un debate serio y fundamentado sobre el TLC, discusión que esperamos concluya con una votación mayoritaria a favor de la aprobación de este importante tratado.

La alianza de Pastrana

Ernesto Yamhure

El Espectador, Bogotá

Febrero 11 de 2010

En la campaña de 1998, Horacio Serpa era de lejos el gran ganador. Todos los sondeos indicaban que el ex ministro ganaría la Presidencia de la República.

Dentro del liberalismo había consenso respecto de su nombre y sobre la imbatibilidad de su aspiración. Todo parecía estar consumado. La única duda giraba entorno al momento exacto de la victoria, pues algunos pronosticaban que ésta se daría en la primera vuelta.

Alfonso Valdivieso intentó abrirse un espacio dentro del Partido Liberal, pero fue imposible. Le cobraron su implacable labor como fiscal general y arquitecto del célebre proceso 8.000, investigación que puso de presente la alianza del cartel de Cali con la campaña de Ernesto Samper.

Las posibilidades de la oposición parecían nulas. Andrés Pastrana cargaba con un insoportable índice de impopularidad. Sus opciones electorales escasamente sobrepasaban el margen de error en las encuestas y el conservatismo veía con recelo su candidatura. El entonces jefe de la colectividad, Fabio Valencia Cossio, patrocinó la candidatura de Juan Camilo Restrepo, a quien una franja importante de conservadores veían con más opciones de triunfo.

Pero Pastrana fue más hábil y logró que la convención de su partido le diera la victoria y lo ungiera como candidato único a la Presidencia.

Desafortunadamente, los votos no le alcanzaban, razón por la que decidió presentarse como un candidato “suprapartidista”, matizando a más no poder su naturaleza conservadora y firmando alianzas con diferentes sectores políticos que en poco o nada se compadecían con el ideario de Caro y Ospina.

Los asesores de la campaña pastranista idearon la figura de la “Gran Alianza por el Cambio”, de la que hicieron parte encumbradas figuras del liberalismo como Humberto de la Calle, Luis Guillermo Giraldo y, por supuesto, Alfonso Valdivieso, quien declinó su aspiración para unirse a esta empresa política.

Todo esto se hizo antes de la primera vuelta y fue fundamental para que el candidato de coalición pudiera pasar a la segunda, pues Noemí Sanín, que entonces fungía de independiente (cómo da vueltas la vida: hace 10 años la ilustrísima ex embajadora negaba su condición conservadora y renegaba de los partidos tradicionales), por poco y le gana.

Si en 1998 fue legítimo que el conservatismo hiciera alianzas con liberales, independientes, ambientalistas y hasta ex guerrilleros para lograr hacerse al poder, ¿por qué hoy el beneficiario de dicho entendimiento se rasga las vestiduras criticando los acercamientos que Andrés Felipe Arias ha tenido con los distintos sectores de la coalición defensora de la Seguridad Democrática?

Ahí vamos diferenciando el comportamiento de las dos vertientes del conservatismo. Por un lado registramos la campaña de Noemí, integrada por lo más excelso del pastranismo: Juan Gabriel Uribe, Jaime Ruiz, Ángela Montoya y el propio Andrés Pastrana. Frente a ellos está Andrés Felipe Arias, rodeado de la base conservadora que defiende la Seguridad Democrática y que se la juega a fondo por la continuidad de las políticas del presidente Uribe.

Se dice que el Partido Conservador debe tener vocación de poder. Claro que la tiene, pero los azules deben ser realistas. Solos, sin hacer alianzas, sin acordar programas con otras fuerzas afines, es absolutamente imposible que logren hacerse al poder, o que al menos mantengan el que hoy ostentan, porque gústele o no al doctor Andrés Pastrana, el conservador es hoy el partido de gobierno, independientemente de que Álvaro Uribe no milite en sus filas.

Para la continuidad de la Seguridad Democrática es fundamental que el Partido Conservador siga dentro de la coalición y la única persona que garantiza esta unidad es Andrés Felipe Arias.

¿Será que por fin aparecieron?

Ernesto Yamhure

El Espectador, Bogotá

Febrero 4 de 2010

El 4 de abril de 2008, el Coronel Alfonso Plazas Vega me concedió una entrevista que fue publicada en las páginas de El Espectador.

En aquel reportaje, el alto oficial hizo una denuncia gravísima que hasta esta semana pasó desapercibida: los cuerpos de los desaparecidos de la toma terrorista del Palacio de Justicia están en un salón del departamento de Antropología de la Universidad Nacional.

Según Plazas, luego del asalto criminal al edificio de la Corte Suprema, muchos cadáveres tuvieron que ser inhumados en una fosa común, dado que su reconocimiento fue imposible por el alto grado de incineración en el que fueron hallados. Ese procedimiento se realizó en el cementerio del sur de Bogotá.

Se trató de un sepulcro de tres niveles. En el más profundo estaban los cadáveres de algunos ancianos fallecidos en hogares geriátricos que en su momento no fueron reclamados por sus familiares; al siguiente piso se destinaron los restos de 71 muertos del Palacio, casi todos hallados en el cuarto piso de la arrasada edificación. En la parte más alta de la fosa se ubicaron los cuerpos de un número importante de víctimas mortales de la tragedia de Armero, ocurrida una semana después del holocausto desatado por los terroristas del M-19.

Continuando con el testimonio de Plazas, los cadáveres N.N. del Palacio de Justicia permanecieron en la fosa hasta el día 16 de abril de 1998, cuando, en cumplimiento de una orden judicial, se exhumaron para efectos de llevar a cabo la identificación de algunos de ellos.

Los 71 cuerpos fueron entregados al doctor José Vicente Rodríguez Cuenca, director del departamento de Antropología de la Universidad Nacional. Primeros interrogantes: ¿Quién decidió que los restos debían ser remitidos a la Nacional? ¿Por qué allí y no otro lugar? ¿Qué criterios científicos se tuvieron en cuenta para tomar esa decisión?

Existe un elemento altamente cuestionable respecto del mecanismo utilizado por el doctor Rodríguez Cuenca y su equipo para identificar estos cadáveres. A pesar de estar ampliamente difundido el uso de las pruebas a través de muestras de ADN, el mencionado investigador optó por el caduco método de la craneometría, que únicamente sirve para determinar el sexo, la edad y la estatura del cadáver analizado.

Pero el doctor José Vicente Rodríguez Cuenca obtuvo unas conclusiones que trascienden la frontera de lo que científicamente puede demostrarse a través de la medición de un cráneo, como por ejemplo la nacionalidad del muerto ¿Será que los cráneos búlgaros son diferentes de los argentinos? Si así fuera, ¿cuando una persona cambia de nacionalidad, con su nuevo pasaporte cambia su morfología?

El examen de craneometría les fue practicado a 15 personas. De ellas, cinco fueron identificadas: Elkin de Jesús Quiceno, Carlos Eliécer Benavides, Ángela Murillo, Ariel Sánchez y Fernando Rodríguez. Nada se logró establecer respecto de las otras diez. Algunos creen que ahí pueden estar los desaparecidos por los que están siendo procesados los militares que participaron en la recuperación del Palacio de Justicia.

Han pasado casi dos años desde que Plazas Vega denunció en este periódico que los cuerpos de los desaparecidos del Palacio de Justicia estaban en la Universidad Nacional y apenas ahora se ha hecho caso de sus palabras. Por el bien de la justicia y en aras de esclarecer la verdad de lo que sucedió con las personas que murieron durante el asalto criminal al Palacio de Justicia, es fundamental que a todos y cada uno de los cadáveres exhumados se les practique su respectiva prueba de ADN. Asimismo, la persona encargada de la salvaguarda de esos restos óseos —el doctor Rodríguez Cuenca— debe responder por la totalidad de ellos, pues sería insólito que por cosas de la vida desaparecieran los desaparecidos.

Votando en conciencia

Ernesto Yamhure

El Espectador,Bogotá

Enero 28 de 2010

Hace unos días le oí decir a un candidato a la Cámara que por los barrios de Bogotá anda un senador comprando ediles y presidentes de las juntas de acción comunal.

Decía el quejoso que el mercader está pagando hasta treinta millones de pesos por cada líder barrial. Al preguntársele el nombre del criminal, quien la denuncia hizo prefirió guardar silencio, argumentando que sus fuentes temen una retaliación.

Y no es para menos. Alguien que sea capaz de ir de calle en calle con un costal relleno de billetes, comprando conciencias, repartiendo dádivas, ofreciendo bienes y servicios por el sagrado voto, de seguro es capaz de hacer matar a quien se atreva a denunciarlo.

Tolerancia cero con esos politicastros inmundos que harto daño le hacen a la democracia. Tolerancia cero con quienes aún creen que el tamal y la lechona son elementos fundamentales para convencer a los electores. Tolerancia cero con aquellos que minan la credibilidad que la sociedad tiene en sus instituciones democráticas, porque lo peor que hacen los malos es hacernos dudar de los buenos, como diría Benavente.

Todos los partidos, tanto de oposición como de gobierno, deberían hacer un pacto por la transparencia en estas elecciones. El esfuerzo debe enfocarse en evitar que los viciosos, los criminales de la política, sigan haciendo de las suyas con absoluta impunidad.

Y los electores a escoger con juicio y responsabilidad. No todo está mal. En las listas hay personas excelentes, como el caso de Miguel Gómez Martínez, cabeza de lista en el Partido de la U a la Cámara por Bogotá. Nieto de Laureano, sobrino de Álvaro e hijo de Enrique Gómez Hurtado, es un hombre más que capacitado para representar a los bogotanos en la Cámara baja. Es honesto, trabajador, comprometido y, sobre todo, coherente, virtud que tanto escasea en nuestro espectro político.

De frente y sin titubeos, Gómez, fiel a su ancestro conservador, ha expresado que no está de acuerdo con el aborto ni con la adopción de hijos por parte de parejas del mismo sexo. Temas que son vendedores y que muchos políticos prefieren soslayar en aras de evitar la fuga de algunos voticos.

Él ha preferido destapar sus cartas y quienes compartimos su oposición a ese par de asuntos tan complicados, tendremos la certeza de que Gómez será un parlamentario fiel a sus ideas, las cuales no variarán por adverso que sea el escenario.

De eso se trata la democracia representativa. Cada quien vota por la persona que mejor encarne sus intereses y defienda sus ideales, y no por el mamarracho que más plata, más camisetas, más bultos de cemento o más botellas de ron ofrezca antes de ir a la urna.

Y hablando de Álvaro Gómez Hurtado, ¿por qué el afán de algunos de restarle, de entradita, toda credibilidad al testimonio del mafioso alias Rasguño? El magnicidio del líder conservador ha estado cubierto por la más absurda e intolerable impunidad. Cuando por primera vez comienza a brillar una lucecita en medio de la oscuridad, de una y sin fórmula de juicio se pretende desestimar a la única persona que ha confesado su participación en el crimen.

Más alarmante es la denuncia del abogado de la familia Gómez, quien reveló que el fiscal encargado de la investigación está siendo objeto de amenazas de muerte, sin que hasta el momento se le haya asignado un esquema de seguridad que lo proteja.

Lo único que no puede pasar en este oscuro episodio es que le terminen pegando un balazo al único funcionario judicial que, con singularísima heroicidad, le ha metido el hombro al proceso en aras de revelarle al país realmente quién o quiénes fueron las personas que ordenaron matar a Álvaro Gómez.

Entre Chile y Venezuela

Ernesto Yamhure

El Espectador, Bogotá

Enero 21 de 2010

Es increíble que en el subcontinente suramericano, con poco menos de 18 millones de kilómetros cuadrados repartidos en una docena de países, se presenten contrastes políticos tan dramáticos como los que hemos visto esta semana.

Por un lado, registramos la asombrosa muestra de madurez democrática chilena cuando, luego de un debate electoral agitado, la izquierda gobernante reconoció con generosidad y respeto el triunfo de Sebastián Piñera, quien en el tercer intento logró una victoria que muchos creían imposible por cuenta de su fortuna, que de alguna manera lo hace ver como el Silvio Berlusconi de la región. No siempre los millonarios logran ganarse el favor de los electores. Muestra de ello son los reiterados fracasos que ha experimentado el empresario del banano ecuatoriano Álvaro Noboa, quien ha presentado fallidamente su nombre en las últimas cuatro elecciones presidenciales de su país.

El sueño de Piñera comenzó en 1993, cuando compitió como candidato independiente contra Eduardo Frei —a quien derrotó el domingo pasado—. Aquella vez recibió el reducido respaldo del 6,18% de los electores. A pesar de la aplastante derrota, el político de la derecha chilena continuó cultivando su aspiración, que volvió a hacer pública en las presidenciales de 2006, cuando pasó a una segunda vuelta con Michelle Bachelete, quien le ganó por un margen de siete puntos porcentuales.

Algunos emitieron el certificado de defunción de Piñera. Decían que su carrera política había llegado al máximo y que sería imposible que algún día lograra la Presidencia. La derecha pasaba por un momento difícil, pues el otro gran exponente de las ideas conservadoras chilenas, Joaquín Lavín, comenzaba a desdibujarse del panorama electoral.

Hubo algunos que pronosticaron “larga vida” al régimen de la concertación de izquierda que ha gobernado a Chile desde la caída de la dictadura en marzo de 1990.

Piñera logró la victoria con un discurso moderado, en el que primó el respeto por los gobiernos de los últimos 20 años y en el que, sobre todo, se pretendió mostrar las diferencias sin llegar al extremo de polarizar o dividir perpetuamente a la sociedad. En su discurso del pasado domingo, sus primeras palabras fueron de exaltación a la labor de la izquierda y de respeto a quienes votaron por el candidato perdedor.

Enunciábamos arriba el fuerte contraste. Mientras Piñera y Eduardo Frei unidos enviaban un mensaje de concordia pasada la confrontación democrática, el gobernante de Venezuela despachaba su ira contra la oposición de su país al compararla con un “tarrito de pupú”.

Y ese es de los calificativos más mansos que utiliza Chávez para referirse a quienes no lo acompañan en su descabellado proyecto comunista. Desde que asumió el poder, sus áulicos se dedicaron a acuñar el término de “escuálidos” para referirse a los ciudadanos que se oponen a su dictadura.

Paradójicamente, en Colombia los insultos no emanan del Gobierno, sino de los cuarteles de la oposición. Cada vez es mayor el calibre de los insultos de los enemigos de la Seguridad Democrática que “cogieron confianza” y sin ponerse colorados hacen señalamientos que violan sobradamente el Código Penal.

Sin ponerse colorados, han dicho que acá hay una dictadura. Han acusado al Gobierno de ser el autor intelectual, cuando no material, de un sinnúmero de crímenes, muchos de ellos atroces. No hay semana que al Presidente no le digan mafioso, paramilitar, asesino, dictador o bandido. Y no me estoy refiriendo a las publicaciones que aparecen en la página de las Farc, Anncol, sino a las calificaciones lanzadas por quienes viven en la legalidad.

Muy respetuosamente, me permito recomendar que durante la contienda presidencial que se avecina y en la que muy seguramente podrá participar Álvaro Uribe, sería bueno que todos, uribistas y no uribistas, tengamos a Chile y no a Venezuela como punto de referencia.

Soberanía popular

Ernesto Yamhure

El Espectador, Bogotá

Enero 14 de 2010

El concepto del Procurador General sobre el referendo aclaró definitivamente el panorama respecto de las dudas que existían sobre el mismo, en lo que hace referencia a la financiación, recolección de firmas y el trámite en el Congreso.

Algunos han dicho que no hay que cantar victoria porque se trata de un punto de vista que no obliga a los magistrados de la Corte Constitucional. Claro que no es vinculante, pero más de un magistrado tendrá en cuenta el estudio pormenorizado, juicioso y riguroso que hizo el Procurador a la hora de tomar la decisión final sobre la exequibilidad de la ley en cuestión.

De todos los puntos que contiene el documento presentado por Alejandro Ordóñez, sin duda el más importante es el que desmonta el discurso central de los opositores a la reelección quienes consideran que una segunda reelección rompe con la esencia de la Constitución. Al respecto, el Procurador defendió el principio de la soberanía popular al decir que “en ese orden, debe concluirse que cuando el pueblo actúa activamente en los mecanismos de reforma que prevé la Carta Política, éste siempre lo hace en su condición de soberano y, por tanto, como poder constituyente primario y originario, capaz de sustituir o reemplazar los contenidos superiores que guían el ordenamiento jurídico… Pero, más allá de la discusión que pueda surgir en el seno de la Corte en relación con el poder constituyente primario y su lugar en los procesos de modificación de la Carta Política, el Alto Tribunal no puede perder de vista que para el caso que nos ocupa, la iniciativa de reforma que propone el pueblo no pretende la sustitución de la Constitución Política, pues su materia recae sobre un elemento ya previsto y permitido por la propia Carta”. (Páginas 3 y 4 del concepto).

Durante el debate del referendo reeleccionista se han presentado dos posiciones claramente identificables. La de aquellos que creen que la soberanía del pueblo es limitada y la de quienes defendemos el derecho de las gentes a pronunciarse sobre los diversos asuntos que surgen a lo largo de la vida en sociedad y que para efectos prácticos y académicos se ha denominado con el nombre de democracia deliberativa o Estado de opinión.

El ciudadano contemporáneo debe ser libre de decidir directamente sobre los asuntos que lo afecten positiva o negativamente. Y para el caso puntual de la continuidad o no de la seguridad democrática en cabeza del presidente Uribe durante un tercer período consecutivo de gobierno, es fundamental que la decisión emane de las mayorías populares.

Llama entonces la atención el interés dijéramos mezquino de algunos jefes de la oposición para impedir a toda costa que el pueblo se pronuncie. En vez de adelantar una campaña estructurada para convencer a sus huestes de la inconveniencia de la reelección, han preferido meterse en el terreno de la guerra sucia, buscando el hundimiento de la iniciativa a punta de leguleyadas.

Increíble ha resultado la participación descarada del Registrador en todo este episodio. Me parece preocupante la militancia que ha exhibido este funcionario quien, en un gesto de decencia, debería dar un paso al costado en todo lo que tiene que ver con la organización de las votaciones del referendo, nombrando a un registradores ad-hoc.

~~~

¿No fue magistral la salida del procurador Ordóñez, cuando le dijo al energúmeno Félix de Bedout tantas verdades, como la agenda política e ideológica que mueve su accionar periodístico? Qué bueno que empiece a hablarse del “delito de opinión” que algunos faros de la inmoralidad quieren tipificar en este país.

Imperialismo de revista

Ernesto Yamhure

El Espectador, Bogotá

Enero 7 de 2009

Cada vez son más los editorialistas extranjeros que, sin tener un conocimiento claro de la realidad política y social de nuestro país, se oponen a que el pueblo colombiano decida si quieren o no que el Presidente de la República continúe durante cuatro años más en el cargo.

Ahora el editor de la prestigiosa revista británica The Economist, Michael Reid, luego de un breve viaje a Bogotá se ha sumado a la causa de los antireelecionistas, esgrimiendo los mismos argumentos trasnochados que escasamente convencen a quienes odian la seguridad democrática y anhelan una Colombia caguanizada.

Hace cien años, cuando el imperialismo estaba en pleno apogeo, y el británico era aquel reino donde nunca se ocultaba el sol, nadie se imaginó que al cabo de los años el poder de la Reina Victoria iría a ser reemplazado por la sala de redacción de una revista que, sin mayores fundamentos, decide desde una oficina en el centro de Londres cuál debe ser el destino de los pueblos.

¿Acaso el señor editor de The Economist tuvo en cuenta las razones por las que más del 80% de los colombianos tienen una imagen favorable del presidente Uribe? Pareciera que no y bien valdría que alguien se lo informara. Resulta que hace diez años, cuando este país era cogobernado por los terroristas y los narcotraficantes, los colombianos de bien no podían trabajar. Los empresarios con un patrimonio igual o superior al millón de dólares estaban obligados a cumplir la “ley” que don Manuel Marulanda emitió desde la República Independiente del Caguán con la venia del presidente Pastrana y que decía que éstos, los empresarios, debían darles el 10% de su fortuna a las Farc, so pena de ser “detenidos”, es decir, secuestrados y amarrados a un árbol quién sabe durante cuánto tiempo.

Esta tierra estaba totalmente paralizada. Las Fuerzas Militares no contaban con los medios para operar. Sus helicópteros no funcionaban y cuando podían encenderse, entonces no había gasolina para abastecerlos. Los soldados estaban mal uniformados y muchas veces ni siquiera tenían botas para patrullar. Para aquel Ejecutivo el Ejército ocupaba el último lugar en la lista de prioridades.

Viajar desde Bogotá a Medellín era una proeza. Cuando menos, dos retenes de la guerrilla aparecían en la vía. Los alcaldes elegidos popularmente debían ejercer desde las capitales de los departamentos y no desde sus municipios. La democracia agonizaba; más de doscientos pueblos no tenían ni un solo policía para defender la vida, honra y bienes de sus habitantes.

Nada de eso es tenido en cuenta por el flamante editor de The Economist que viajó a Bogotá, almorzó en La T o en La G con ciertos periodistas con quienes habrá tomado ginebra. Lástima que en su trabajo de campo no haya ido a las zonas donde antes operaban los paramilitares para preguntarles a los ciudadanos de allí cómo han cambiado sus vidas en los últimos años.

Pero es más triste que no se haya tomado la molestia de entrevistar a la viuda y a los huérfanos del gobernador del Caquetá, asesinado vilmente por las Farc, organización sanguinaria que en las últimas horas ha reconocido la autoría del crimen con una desfachatez que ratifica el odio que habita en los corazones de quienes comandan ese grupo delincuencial.

Aquellos extranjeros que creen conocer a Colombia y que opinan sobre el futuro del país, deberían venir durante dos meses y recorrer las diferentes regiones. Se sorprenderán cuando registren que tan sólo al pasar los peajes que delimitan a Bogotá, el anhelo respecto de la reelección es casi unánime. Su asombro será mayor cuando descubran que la Constitución de este país es contundente cuando dice que la soberanía recae en el pueblo y no en sus contertulios con quienes acostumbran emborracharse.

Al amigo antiuribista

Ernesto Yamhure

El Espectador, Bogotá

Diciembre 31 de 2009

Tuve como propósito para este año tratar de comprender a los frenéticos antiuribistas. Su furia apasionada contra el Presidente de la República y todo lo que signifique el Gobierno de la seguridad democrática, es un fenómeno que merece algo de estudio.

Intenté ponerme en el lugar de uno de los tantos columnistas que semanalmente escupen su odio biliar contra Álvaro Uribe, a quien ven como si fuera el mismísimo demonio. Su cotidianidad debe ser aburridísima y para demostrarlo me di a la tarea de elaborar un “cronograma del buen antiuribista”.

La primera tarea del día consiste en un repaso detenido de la página de internet de la Presidencia de la República. Clic en la sección de los decretos, luego en la agenda del día del Primer Mandatario, para finalmente revisar una por una y con lupa las hojas de vida de los aspirantes a ocupar cargos públicos. Entre cada sección, el energúmeno tiene que soportar las fotografías de un Presidente que participa diariamente en más de cuatro actividades. Inauguraciones, convenciones, visitas a las poblaciones y, claro, reuniones permanentes con su equipo de Gobierno.

Cumplida la visita a presidencia.gov.co el antiuribista se regodea leyendo las columnas en las que despotrican del Gobernante. Claro, hay que estar afilado como un cuchillo de carnicero y qué mejor piedra de amolar que una buena dosis de artículos bien cargados de adjetivos.

Al mediodía, se almuerza con dos o tres “compañeros de causa” y todos a una. Que Uribe es esto, que es aquello. Que sus hijos hicieron o deshicieron. El ministro X es un sinvergüenza, por no decir nada de aquel que es un inepto. Mientras retroalimentan su odio, engullen su plato, pero la sevicia les impide disfrutar de los manjares que se sirven en los restaurantes bogotanos.

Por la tarde, tal vez se trabaja un poco, pero a las cinco en punto hay que salir raudo al Pomeriggio, centro de acopio del más excelso antiuribismo. Allí se define el tema de la próxima columna “que va a ser tan dura que esta vez sí tumbo al Gobierno”. Y nada. La frustración no sólo continúa, sino que va creciendo de la mano de la popularidad del Presidente.

El pobre antiuribista somatiza su ira. Se pone colorado, su ritmo cardiaco se dispara, a veces el azúcar se le va a los pies. Debe sufrir cantidades. Estos siete años lo han convertido en un ser humano antipático, arrebatado, monótono, obsesivo. Su familia se angustia y padece las consecuencias de su ceguera.

Mientras el individuo (o individua) se autodestruye, la opinión pública consolida su percepción respecto de la seguridad democrática. Ya no importa el calibre de los insultos, ni la magnitud de los señalamientos, casi siempre infundados. Colombia le apostó a la reconstrucción de su democracia y a la derrota de todos los factores generadores de violencia. El triste antiuribista se resiste a aceptar la realidad y no se permite, ni siquiera, el beneficio de la duda. Para él, Uribe y su Gobierno son nefastos y punto. No hay razones, ni mucho menos argumentos. Pero nos corresponde observar hacia ellos inquebrantable compasión cristiana, pues son personas a las que les cabe perfectamente la más célebre frase de Cicerón: de hombres es equivocarse; de locos persistir en el error.

A ellos especialmente quiero desearles un feliz año nuevo y que en 2010 continúen su camino, porque son necesarios para nuestra democracia.

Ignorancia supina

Ernesto Yamhure

El Espectador, Bogotá

Diciembre 17 de 2009

En tres clases dividía Rochefoucauld la ignorancia. No saber aquello que debe saberse, saber erróneamente lo que se sabe y saber lo que no debe saberse.

Pues bien, pareciera que el autor del editorial del Washington Post, publicado el martes de esta semana y en el que se atacó la reelección presidencial en Colombia, es un docto discípulo de la definición tripartita arriba enunciada.

Veámoslo por partes. No saber aquello que debe saberse: quien redactó esa nota, se dio a la tarea de enunciar los regímenes autoritarios que están imponiéndose en la región. Puntualmente, mencionó a Venezuela, Nicaragua y Bolivia, países apresados por la satrapía. Ese no es el caso de Colombia. Acá hay una democracia sólida, pero amenazada por el terrorismo y el narcotráfico encarnado en las Farc, organización que goza de la más alta estima en los gobiernos de Caracas, Managua y La Paz. La razón fundamental que movió al pueblo colombiano para que, a través del ejercicio de su soberanía busque una segunda reelección, es el temor de que, a las malas, se imponga en nuestro país un régimen afecto al macabro engendro denominado Socialismo del Siglo XXI.

El otro componente de la definición de Rochefoucauld es el de saber equivocadamente lo que se sabe. Cree el desafortunado editorialista del principal diario de Washington que nuestras condiciones políticas son semejantes a las de los países regidos por el modelo chavista. Claro que no. Colombia es un país de instituciones sólidas, respetuoso de los derechos de la oposición. Es la nuestra una nación en la que ningún medio de comunicación ha sido amenazado con el cierre o con la cancelación de su licencia de operación.

Si esta fuera la dictadura que algunos bellacos intentan vender en el exterior, ciertos los periodistas y opositores no podrían referirse al Gobierno y al jefe del mismo en los términos que utilizan y que la mayoría de las veces trasciende la frontera de la decencia y el respeto.

La idea de un tercer período de la seguridad democrática en cabeza del presidente Uribe no surgió de la Casa de Nariño, sino de la gente, de los millones de colombianos que temen que el país vuelva a recorrer los horribles caminos del Caguán. Son esos mismos ciudadanos que, a pesar del desgaste natural que conlleva un Gobierno de casi ocho años, en un 57% están listos a votar por la continuidad de un estilo de gobierno que por primera vez en la historia ha puesto el acento en las necesidades de la gente.

Saber lo que no debe saberse. Ahí el tercer y más importante componente de la definición de nuestro escritor francés que hemos tomado como punto de referencia. Al leer el editorial del Washington Post, se nota claramente que su autor es un profundo conocedor de la debacle que ha generado la pandilla de forajidos, émulos del dictador Chávez. Al dedillo conoce cómo opera ese concierto de embaucadores que han llevado a sus respectivos países al borde del abismo infinito. Pero su ignorancia sobre Colombia es supina. No tiene ni la menor idea de que con Uribe se han capturado más de 30 mil guerrilleros, o que el año pasado las exportaciones crecieron en un 25,5%, sin dejar de lado indicadores tan sensibles como el número de secuestros que ha registrado una disminución del 55%.

La ignorancia sobre Colombia muchas veces conduce a que observadores internacionales, obnubilados por los argumentos chimbos de ciertos mamertos, hagan planteamientos desacertados como el del editorial de que he hablado y en el que erróneamente se pide que Uribe no vaya por un tercer período

Trapisonda electorera

Ernesto Yamhure

El Espectador, Bogotá

Diciembre 10 de 2009

La pelea que el Polo Democrático le ha declarado a la Federación Colombiana de Municipios demuestra el talante politiquero y mezquino de esa colectividad que, por supuesto, no está pensando sino en sus propios intereses electoreros y no en el desarrollo de los pequeños municipios que se benefician grandemente de esta federación.

Está claro que a Samuel Moreno le importa un pepino la suerte de Fedemunicipios. Al fin y al cabo él y su hermano Iván son autosuficientes en materia de cabildeo. De la agremiación no necesitan nada, porque saben que solitos pueden hacer muy bien su tarea, sin pensar un instante en los cientos de municipios de menos de 10 mil habitantes que gracias a la efectiva gestión de la federación tienen algo de interlocución con el poder central.

Valiéndose de su secretario de Hacienda, el Alcalde de Bogotá ha librado una dura batalla que pretende explotar en mil pedazos a Fedemunicipios. Ha alegado que todo se limita a las diferencias que hay respecto de los recaudos del SIMIT (Sistema Integrado de Multas e Infracciones de Tránsito). En efecto, una de las fuentes de ingresos de la federación consiste en la gestión de cobro de multas de tránsito. Un porcentaje de lo recaudado debe ser para esta entidad y el resto para el municipio donde se cometió la contravención de tránsito.

El debate que se ha generado entorno a este episodio ha llevado a que Bogotá y Medellín no hayan desembolsado los recursos que les corresponde y se haya remitido el caso a los tribunales.

Pero el asunto de fondo es puramente político. Samuel Moreno y Alonso Salazar, enconados y enfermizos antiuribistas, han recreado la fábula según la cual Fedemunicipios es un organismo al servicio de la reelección del Presidente de la República. Ven en el principal gremio de alcaldes del país a un enemigo electoral que jugará, según ellos, un papel definitivo en la votación del referendo reeleccionista.

Moreno y Salazar tienen agenda política propia. El primero está al servicio del derrotado Polo Democrático y el segundo plegado a la imposible e incomprensible campaña de Sergio Fajardo. Este par de alcaldes, desde sus escritorios, se han dado a la tarea de hacer hasta lo imposible para que el presidente Uribe no continúe en el poder.

Y quién sabe por qué demonios creen que la Federación de Municipios hace parte del entramado de la reelección, razón por la que ha sido declarada objetivo por parte de este par de alcaldes que, paradójicamente, han decepcionado a sus electores por la manera errática de ejercer el poder.

Ese tipo de manifestaciones no le hacen bien a la democracia. Flaco servicio están prestando los alcaldes de las dos principales ciudades del país al dejarse llevar por los fantasmas que recrean sus mentes politiqueras y que ven en todas las esquinas a rivales electorales que no existen.

Fedemunicipios le ha prestado un servicio monumental a la descentralización. Gracias a su capacidad de presión, cientos de pueblos otrora abandonados a su propia suerte, han podido desarrollar proyectos hasta hace unos años imposibles.

Ojalá que los alcaldes de las principales ciudades del país caigan en la cuenta de la jugada electorera de Samuel Moreno y Alonso Salazar y no presten sus nombres para acabar con un gremio que le ha servido, sobre todo, a los pequeños municipios de Colombia.

* * *

Para esta época de fin de año, cuando el tiempo sobra, bien podrían los lectores dedicarle un tiempo al libro Las penumbras del general: vida y muerte de Francisco de Paula Santander.

Se trata de una formidable novela histórica agradablemente escrita por el laureado Víctor Paz Otero. La impecable edición corrió por cuenta de Villegas Editores. Sin duda, este libro será un buen compañero para las vacaciones de fin de año.