¿Triunfará la corrupción?

Edmundo López Gómez

El Nuevo Siglo, Bogotá

Marzo 12 de 2010

Una encuesta le da el triunfo a la maquinaria en Córdoba: a la amiga predilecta de la Gobernadora, a la mamá del Alcalde de Montería, al hermano del Acalde de Montelíbano, al hijo de ‘la Gata’, a otro candidato patrocinado por la misma ‘Gata’ y a los aspirantes más ricos que hoy en, vísperas de elecciones, han elevado el precio del voto a 70 mil pesos.

Ya en el mercado escasean los insumos electorales: el zinc, el cemento, la tubería de 4 pulgadas, y no dan abasto los transformadores de luz, ante la creciente demanda. La pintura de brocha gorda se agotó en los almacenes, pues no hubo pared de pueblo ni poste de energía que no utilizaran para promover el nombre de aspirantes, así algunos hayan sido conocidos de autos y figuren en las láminas de los libros que sobre la parapolítica abundan en las librerías de Colombia.

En fin, lejos de circular ideas, en mi Departamento ha circulado mucho dinero cantante y sonante y en “rama”, como se dice en el argot de los mercaderes de la política.

Pruebas al canto: la Universidad de Córdoba invitó a un foro para debatir los acuciantes problemas del Departamento y para conocer las propuestas que, para su solución, estuvieran en la cabeza de los candidatos. De treinta invitados solamente asistieron siete. Fue notoria la ausencia de las señoras candidatas que patrocinan la Gobernadora de Córdoba y el Alcalde de Montería, y los de ‘la Gata’, que ni siquiera se asomaron por los tejados de la U, y, pásmense los liberales viejos, no se hizo presente un solo candidato del Partido Liberal Colombiano, cuando en sus mejores épocas los foros universitarios eran los escenarios escogidos para debatir los grandes temas de la Nación y la oportunidad para que brillaran sus mejores talentos.

Entre los que participaron cabe mencionar al exministro Germán Bula Escobar, por el Partido Verde, al exgobernador y exdirector de inmuebles nacionales, arquitecto Miguel López Méndez, por el Partido de la U, el abogado Nandy de la Espriella, por el Partido PIN, el empresario del transporte Héctor Frasser, por el Partido Conservador, y tres candidatos más de otros partidos nuevos, cuyos nombres, por no ser oriundos de Córdoba, no recuerdo bien.

No por simple coincidencia se hicieron presentes los candidatos mejor preparados. Los otros optaron hacer mutis por el foro, acaso ocupados en los pequeños y despreciables menesteres de la politiquería.
Las encuestas locales -esas piezas que hacen parte de la maquinaria-, les dan el triunfo el próximo 14 de marzo a los más pesados voceros de esa franja; a quienes, con las tulas llenas, han recorrido el Departamento ofreciendo la mercancía de sus candidaturas.

Dije, en reciente columna, que Córdoba es víctima de una hecatombe moral. Así lo registran las encuestas locales al darle el triunfo a la maquinaria de la corrupción.

¡Ah, pero si en Córdoba llueve en el reto del país no escampa…!

Preparémonos para recoger los escombros

Edmundo López Gómez

El Universal, Cartagena

Marzo 9 de 2010

Comparto la opinión del congresista Roy Barreras: la decisión del Consejo Nacional Electoral de que el gobierno designara alcaldes ad hoc para reemplazar a los que tengan vínculos de parentesco con candidatos al Congreso, fue tardía.

“Resulta lamentable esa determinación”, dijo Barreras, “porque a menos de 10 días para las elecciones de Congreso los cuatro alcaldes implicados que deberán delegar sus funciones ya hicieron la campaña a favor de sus familiares” (El Nuevo Siglo .05-03/2010).

La decisión del CNE no fue solamente tardía, sino negligente, y acaso merecedora de un proceso disciplinario, si el Procurador se amarrara los pantalones, o si la Fiscalía indagara sobre las actividades de algunos funcionarios durante el proceso electoral para favorecer, por vías torcidas, a sus parientes candidatos.

Puedo demostrar que el CNE conocía de esos vínculos inhabilitantes de tiempo atrás y que nada hicieron para que los alcaldes y otros servidores públicos con esa misma tacha, no permanecieran en sus cargos. Se hicieron los de la vista gorda y aún más: en varios casos resolvieron que esos funcionarios podían seguir en sus cargos.

¡Vaya falacia! Acordarse de la medicina cuando el enfermo está anestesiado en el quirófano, parece un ejercicio propio de idiotas.

Pese a esas omisiones intolerables, el CNE es objeto de burlas. Como acaba de ocurrir con la gobernadora de Córdoba, quien después de las medidas adoptadas por el CNE, designó para reemplazar al Alcalde de Montelíbano -quien había sido destituido por la Procuraduría-, a un hermano de un candidato al Senado de la República y para más señas, su Secretario de Hacienda. ¡Fruta tan podrida no se había cosechado jamás en la viña del Señor!

Queda claro, entonces, por una parte, que los reflejos morales del CNE están atrofiados, y, por otra parte, que en el Departamento de Córdoba, hay una gobernadora y varios alcaldes blindados por la impunidad.
No les pasará nada, ni a aquellos magistrados negligentes ni a la gobernadora descarada, ni a los alcaldes corruptos. Como tampoco ninguna autoridad tomara nota de que la madre del Alcalde de Montería, ha sido la candidata favorita del joven mandatario y a quien éste prodigó abundantes pruebas de amor filial durante todo el proceso electoral.

Con semejante tolerancia de hechos irregulares, oportunamente advertidos, ninguna persona que se respete podrá decir que las próximas elecciones del 14 de marzo serán limpias o transparentes, porque el propio CNE no se ocupó de que se dieran “plenas garantías” y porque, cuando se quisieron otorgar, llegaron tarde.

Todos los colombianos estamos de acuerdo en que jamás se había dado tanto derroche de dinero en una campaña electoral. Agrego yo: en los tiempos de los “paracos” éstos financiaban candidatos a corporaciones públicas y a otros cargos de elección popular, desde la clandestinidad. Ahora, los financiadores lo hacen a cielo abierto, desde gobernaciones y alcaldías.

Es difícil decir dónde se encuentra el epicentro del sismo moral que sacude a Colombia. Puedo dar testimonio, sin embargo, que sus réplicas se han sentido en Córdoba con intensidad devastadora y que después del 14 de marzo no tendremos otra alternativa que recoger los escombros…

*Ex congresista, ex ministro, ex embajador.

¿Y ahora que pasará?

Edmundo López Gómez

El Universal, Cartagena

Marzo 2 de 2010

El Presidente, con su respuesta oportuna y terminante de acatar el fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible el referendo, demostró que en Colombia no se juega con el Estado de Derecho.

La decisión, entonces, fue producto de un estadista consciente de sus responsabilidades y no de un ser veleidoso en el poder.

Por supuesto, una persona con tan claro ascendiente en la opinión pública continuará influyendo en la política colombiana por largo rato, cuidando la herencia de la seguridad democrática, como legado histórico, y como política de Estado, la cual no puede ponerse en peligro en las elecciones al escoger su sucesor.

Las expectativas abren un abanico amplio y variopinto.

¿Qué pasará? Comencemos por analizar esas expectativas, poniéndolas en cabeza de los candidatos presidenciales.

Comencemos por preguntar si los partidos de oposición tienen alguna opción de poder. Para responder, habrá que preguntarse si esos partidos están en condiciones de dar la batalla desde el punto de vista de sus fortalezas internas. Parece que no.

Veamos: el liberalismo, bajo la conducción del ex presidente Gaviria, cometió el error inmenso de debilitar sus estructuras, al convertirlo solamente en el partido de los parlamentarios, en contravía del espíritu de la Constituyente de 2000, cuyos estatutos le habían quitado el poder dominante a la rosca de congresistas cuando incorporó a las fuerzas sociales en la orientación del Partido.

El ex presidente se burló de la voluntad constituyente liberal, hasta llevar al PLC, como organización política, al foso de las encuestas, pues no otra cosa significa que el candidato Rafael Pardo solo aparezca con un 6% de opinión. En consecuencia, la opción de poder del liberalismo, en cabeza de su candidato presidencial, es una ilusión.

Se dirá que abierto el abanico presidencial, mejorarán las cosas para el liberalismo; apreciación que solo podría visualizarse si entra en coalición con otras fuerzas políticas y, en este escenario, pensamos que ella no se haría alrededor de la candidatura del doctor Pardo, sino en cabeza de otro candidato: acaso con Peñalosa, uno de los tres tenores, o con Fajardo, en buen lugar en las encuestas. Porque Vargas Lleras ya la descartó.

En cuanto al PDA, sus fisuras internas no le permiten presentarse como fuerza convocante para unir a la oposición, así a su candidato a la Presidencia se le reconozca coherencia ideológica, no extremista. En verdad, hay una diferencia grande entre Petro guerrillero y Petro reinsertado a la política. Su conducta como dirigente civil se ha encargado de marcar esa diferencia.

En cuanto a los candidatos de la baraja conservadora, la consulta interna que se realizará el 14 de marzo, trazará el rumbo, y si llegare a ganarla Noemí Sanín, podría asegurarse que su candidatura adquiriría fuerza suficiente para ponerla entre los candidatos con mayores posibilidades para suceder al presidente Uribe, al lado de Santos y Fajardo.

Vemos, sin embargo, como ganador a Juan Manuel Santos, del partido de gobierno. Podría suceder, incluso, que su candidatura -dado su origen liberal-, se convierta en puente de unión con el PLC, para que éste sea opción de poder en el 2014, a no ser que la Dirección Liberal siga jugando a la insensatez.

*Ex congresista, ex ministro, ex embajador.

Perdió la opinión pública

Edmundo López Gómez

El Universal, Cartagena

Martes 23 de Febrero de 2010.

Ayer hubo un pronunciamiento en el Consejo Nacional Electoral, contario a la ética pública.

Los estudiantes de la Universidades de los Andes y del Rosario que habían demandado la inscripción de candidatos al Senado, parientes de alcaldes y gobernadores y otras autoridades territoriales investidas de poder civil, no fueron escuchados en sus sanas pretensiones, en cuanto pidieron que se respetara el derecho a la igualdad, eliminando privilegios inaceptables para acceder a cargos de elección popular. Ellos apelaron a pronunciamientos claros de la Corte Internacional de Derechos Humanos; dijeron que sus determinaciones se incorporaban, por tener sustento en convenios internacionales, en el bloque de constitucionalidad, que nuestra Constitución, en su artículo 93, ordena acatar.

Nosotros habíamos opinado abiertamente, en esta columna. Consideramos muy puestas en razón las alegaciones de los estudiantes.

Consideramos, en verdad, que la excepción consagrada en la Constitución, que permitía las elecciones de los parientes de las autoridades con potencial injerencia en el electorado, no se debía aplicar porque colisionaba con el derecho fundamental de la igualdad, derecho de mayor jerarquía que debía considerado como prevalente ante la otra norma, de contenido profundamente inmoral.

Los honorables magistrados del Consejo Electoral se fueron por las ramas. Se basaron en la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, cuyos pronunciamientos, sin embargo, jamás analizaron la colisión de conflictos entre normas de la propia Constitución, para adoptar criterios –como los que enseña Robert Alexy en su Tratado sobre los Derechos Fundamentales–, para desatar esa clase de confrontaciones.

Tampoco, tan conspicuos magistrados consideraron importante hacer referencias a los pronunciamientos de la Corte Constitucional, sobre la aplicación de derecho a la igualdad. ¿Para qué meterse en honduras?, habrían pensado, y prefirieron montarse en el caballito de que esa excepción había sido aplicada e interpretada de manera “tranquila y pacífica” en Colombia.

¡Vaya apreciación subjetiva! ¡Vaya eufemismo inaceptable! No, honorables Magistrados. Esa aplicación de la excepción –sin confrontarla con el derecho a la igualdad– no ha generado tranquilidad alguna en las gentes de bien, como en el caso de los estudiantes de tan prestigiosas universidades, quienes pensaron que a través de la demanda ante CNE, podrían lograr rectificaciones indispensables en las costumbres políticas del país.

Deploramos, sí, que la oportunidad de darle transparencia a las próximas elecciones, haya sido menospreciada por el Consejo Electoral.

En fin, la opinión pública fue derrotada, y a estas horas los candidatos patrocinados por sus parientes en puestos de mando, deberán estar celebrando el fallo: podrán seguir aspirando y gozando de privilegios.

¡El mar se puede encrespar!, honorables magistrados del Consejo Electoral, porque ustedes, lejos de asumir una conducta ejemplarizante, encontraron argumentos para mantener tan perniciosa manera de hacer política.

Ha sido una inmensa frustración de quienes pensamos que había llegado la hora de grandes rectificaciones. Al parecer, ustedes no participan de esas preocupaciones.

Una prueba más de que el país está afectado por una crisis de valores que exigirá revisiones profundas. ¿Quién asumirá ese liderazgo en el inmediato futuro? Yo no tengo la respuesta. Espero que ustedes la tengan, amables lectores.

El silencio de los constituyentes

Edmundo López Gómez

El Nuevo Siglo, Bogotá

Febrero 12 de 2010

ME dijeron que un grupo de estudio de la Universidad de los Andes sacó a la superficie el hecho escandaloso del padrinazgo institucional de que gozan los candidatos al Senado de la República para aspirar, cuando los ligan lazos estrechos de afinidad y de consanguinidad con poderosos funcionarios públicos: un reparo mayúsculo del cual deben responder los constituyentes de 1991.

La excepción, el privilegio, la situación ventajosa, como quiera llamársela, siempre ofenderá el derecho a la igualdad, consagrado como pieza fundamental de nuestro ordenamiento jurídico y político, y por ello la inclusión del tratamiento privilegiado a los senadores en la Carta que nos legaron los constituyentes de 1991 deberá tenerse como un cuerpo extraño que amerita someterse a la más alta cirugía constitucional; pero, en el entretanto, pensamos, que por la vía de la modulación de las sentencias se podrá corregir el engendro monstruoso, el cual, según nos dijo una palomita mensajera que volaba por aquellos tiempos, fue concebido para favorecer a candidatos cercanos a la Gata. Vaya uno a saber si eso fue verdad, pero extraña sobremanera que los constituyentes de 1991 se hubieran dejado meter de todas maneras gato por liebre, y que hoy se corra el peligro de aplicar una norma que ofende la ética pública y contradice el principio de igualdad que inspira nuestro Estado Social de Derecho.

No conozco el texto que produjo la Universidad de los Andes para oponerse a que el Consejo Electoral inscribiera los nombres de senadores con esos señalamientos de parentesco con autoridades que ejercen funciones civiles y políticas, pero deben ser semejantes a los que he venido dando y puedan dar, también, otros juristas que le hayan hecho un seguimiento a los reparos formulados hoy por la prestigiosa institución universitaria.

Llama la atención que los constituyentes de 1991 no hubieran saltado a la palestra y que, contrariamente, hayan hecho mutis por el foro frente a la discusión planteada.

Tal como se ha hecho público y notorio, el hermano del poderoso Alcalde de Bogotá, el padre del también poderoso Alcalde de Barraquilla, la madre del Alcalde de Montería, quien acaba de comprometer cerca de 5 mil millones de pesos para pavimentar unas calles de la ciudad donde manda y en las cuales hace proselitismo su distinguida progenitora, y, quien, además, es suegra del actual Secretario General de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad que dirige toda la operación electoral en Colombia, y el hermano del Secretario de Hacienda de Córdoba -así como otros de la misma condición-, hacen parte de las listas inscritas para el Senado por los partidos políticos.

Con todo, hace falta que en el lapso que corre a partir del 26 de febrero y antes de las elecciones, el CNE examine si pueden quedar en firme los avales partidistas a tales candidatos, con tan ostensibles privilegios frente a los otros.

Sería una decisión que contribuiría a obturar la vena rota de la corrupción en Colombia.
Es de esperar (¿por qué no?) que el CNE acierte.

Sobre la ética pública y algo más...

Edmundo López Gómez

El Univesal, Cartagena

Febrero 2 de 2010

Hoy martes, a las 6 p. m. vence el término de inscripción de las listas de candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Representantes.

Es de suponer que, previamente, los partidos hicieron un escrutinio moral y ético sobre las condiciones y antecedentes de las personas postuladas. Es de suponer, también, que con fundamento en ese escrutinio y el lleno de otros requisitos de carácter legal, se les otorgó el Aval a los candidatos para llevar la representación de esos Partidos en las mencionadas corporaciones públicas.

¿Por qué hacemos las anteriores precisiones? Porque, si no se ha tenido suficiente cuidado en la elaboración de la listas, han podido colarse personas que no llenen las expectativas de un país hastiado de la corrupción.

No será suficiente, por ejemplo, que los candidatos hayan demostrado que no han perdido sus derechos políticos mediante sentencia ejecutoriada. No. Creemos que hay otras razones para que las organizaciones políticas se abstengan de inscribir ciertas candidaturas: las que ofenden la ética pública. Entre estas, caben las de aquellos candidatos que, a pesar de tener lazos de parentesco con funcionarios que ejercen autoridad civil y política, entran, sin embargo, a la competencia electoral.

Los partidos no pueden actuar con laxitud y sus autoridades internas extender avales a granel, así estos puedan quemarse en la puerta del horno, como suele decirse cuando no se ha graduado la intensidad del calor donde se cocinan los alimentos…

Valga el símil para expresar que pese a los avales otorgados, los candidatos con falencias serias en el campo de la ética política podrían “quemarse”, en cuanto sus inscripciones pueden trascender en violación de derechos fundamentales, como el de la igualdad, el cual hace parte de la esencia de nuestra democracia y que, por su categoría, prevalece sobre otros del mismo rango, como lo aprendimos de maestros eximios del derecho.

Pensamos que se ofende la ética pública electoral cuando se permiten privilegios frente a la igualdad de condiciones en que deben concurrir todos los candidatos a las justas electorales, y esa igualdad se rompe cuando se inscriben candidaturas de aspirantes al Senado de la República, a pesar del parentesco que los inhabilita en los términos que la Constitución señala en el numeral 5º del artículo 179.
Como el derecho a la igualdad no admite excepciones, las situaciones de privilegio de un candidato sobre otros, no podrían convalidarse por la gran razón de que las inhabilidades se producen cuando los principios éticos que la inspiran no son respetados.

De cara las elecciones del 14 de marzo, dentro de ese enfoque, no podrían ser inscritos como candidatos al Senado de la República, el hermano del Alcalde de Bogotá, Iván Moreno; el padre del alcalde de Barranquilla, Fuad Char; la madre del Acalde de Montería, Nora García; y Dumit Nader, hermano del Secretario de Hacienda de Córdoba y quien fuera, además, gobernador (e) en el último año.
Vaya uno a saber si, a pesar de tales señalamientos, los partidos los inscriben y luego los mantienen en las listas, porque éstas se pueden modificar hasta quince días antes de la celebración de las elecciones. Amanecerá y veremos…

*Ex congresista, ex ministro, ex embajador

El voto secreto, y algo más...

Edmundo López Gómez

El Nuevo Siglo, Bogotá

Enero 29 de 2010

¿QUÉ se protege con el voto secreto? No pueden caber dudas: con ese derecho fundamental -así calificado por la Corte Constitucional en sentencia T-261 de 1992- se protege la libertad de elegir.
Se trata de un procedimiento adoptado en las democracias para que la participación de los ciudadanos esté rodeada de esa garantía que le permita expresar -libremente-, su voluntad política en las elecciones.
“La existencia del voto secreto es determinante -ha dicho la Corte - para que las personas puedan ejercer en completa libertad el derecho del sufragio, y por lo tanto, puedan cumplir a cabalidad con su papel electoral. Si el voto es obligatoriamente público o si no se garantiza a las personas la reserva de su voto, el ciudadano puede ser objeto de amenazas o represalias, con lo cual perderá la libertad de elegir y se atentará contra el principio de que los gobernantes sean elegidos por el mismo pueblo”.

Con la citada sentencia, cuyo ponente fue el ilustre magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, se desató una controversia que le quería restar el carácter de derecho fundamental al voto secreto. Éste “forma parte esencial del derecho de sufragio de los ciudadanos”, sentenció la Corte.

El reconocimiento, entonces, de la existencia del voto secreto como derecho fundamental, demanda que las autoridades (las electorales, las de policía, las administrativas) en nuestra estructura constitucional democrática, actúen consecuentemente, en el sentido de combatir toda forma que pretenda que el ciudadano deposite su voto en condiciones de constreñimiento o a través de la corrupción al sufragante. Unas y otras actividades están erigidas como delitos y sancionadas con penas severas para quienes actúen como actores de tan gravísimo comportamiento.

De ahí que la petición elevada al Consejo Nacional Electoral, en el sentido de que la Tarjeta Electoral que utilizará el ciudadano en el momento supremo de depositar su voto -¡la expresión de su voluntad política!-, contenga los textos de los artículos pertinentes del Código Penal, adquiere gran importancia, en cuanto de esa manera se le ponen de presente las responsabilidades que asume en el ejercicio de ese derecho político fundamental.

En el país, desgraciadamente, anda suelto el Diablo de la corrupción política. La polución de la publicidad electoral es una de sus peores expresiones. La prueba del origen de su financiación debe exigirse, como deber insoslayable de las autoridades electorales. Las medidas preventivas anunciadas por el presidente del CNE, doctor Hincapié, no tendrían sentido si no se le hace un seguimiento riguroso a la desafiante realidad de esa publicidad desbordada.

De la misma manera, la Procuraduría General de la Nación y la Oficina Anticorrupción de la Presidencia de la República, deben estar atentas a las denuncias que los ciudadanos están elevando para que investiguen hechos verdaderamente escandalosos anunciados. No puede ser que todo se quede en declaraciones a la prensa, y que éstas no se traduzcan en hechos.

En otras palabras, si los entes de control quieren generar credibilidad que actúen en forma consecuente.

El disfraz de las inhabilidades

Edmundo López Gómez

El Universal, Cartagena

Enero 19 de 2010

La democracia colombiana participaría en el próximo carnaval, con el disfraz de las inhabilidades.

En efecto, ¡vaya uno a creerlo!, para poder ser elegido senador de la República, el parentesco desaparece -como causal de inhabilidad-, por la circunstancia de que la elección de los senadores se hace dentro de circunscripción nacional electoral, a pesar de que algunos de ellos tengan lazos de parentesco -en los grados de afinidad y consanguinidad inhabilitantes-, con funcionarios que ejerzan autoridad civil y política…

En efecto, según el artículo 179, numeral 8º, se consagra la excepción de que, quien desempeñe cargos altos de autoridad civil y política en el nivel regional, no inhabilita a los candidatos al Senado de la República, así sean su parientes cercanos.

Supuso el Constituyente de 1991 que, por ejemplo, gobernadores, alcaldes, y directores de institutos descentralizados del orden departamental, con gran influencia ante los ciudadanos electores, no inhabilitan a sus parientes que pretendan ser elegidos senadores de la República.

Con esa careta se han disfrazado numerosos candidatos al Senado en las listas de los partidos, y si no hay decisión contraria del CNE, se inscribirán los siguientes aspirantes: el hermano del Alcalde de la Capital de la República, la mamá del Alcalde de Montería, el hermano del Secretario de Hacienda de Córdoba (entre los casos que conozco), porque los magos constituyentes de 1991, por arte de alquimia, sacaron a los senadores, como a conejos del cubilete, para no inhabilitarlos.

Con todo, esa permisión perversa, no advertida por el Consejo de Estado cuando analizó el mencionado disparate constitucional, viola el derecho a la igualdad, que es un “derecho fundamental” y cuya aplicación es de carácter inmediato (arts. 13 y 85 de la C.P), en cuanto la excepción que habilita a los senadores para ser elegidos, a pesar del parentesco, creó una discriminación que ofende el derecho a la igualdad de los otros candidatos a la misma corporación de elección popular.

En efecto, si la norma que consagra el derecho a la igualdad, ordena que “todas las personas… recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación”, resultaría un despropósito que funcionarios investidos de poder en la regiones (donde los ciudadanos que las habitan no han sido sustraídos del censo electoral), puedan estar al frente de unas elecciones en las cuales se elegirán a sus hermanos, progenitores y tíos.

El Consejo Nacional Electoral tendrá la oportunidad, al encontrar que hay colisión entre normas de la misma jerarquía constitucional: una que consagra el derecho fundamental de igualdad y otra que permite gozar de un privilegio para poder ser elegido Senador de la República, de aplicar la norma que tenga mayor importancia para los intereses colectivos. No debe existir duda en cuanto a que el derecho a la igualdad deberá prevalecer sobre el otro. Así lo enseña Robert Alexy, en su tratado sobre los Derechos Fundamentales.

…A no ser que nuestra democracia prefiera seguir con la careta puesta, gozando del carnaval electoral cada cuatro años.

*Ex congresista, ex ministro, ex embajador.

Para afrontar a Chávez

Edmundo López Gómez

El Nuevo Siglo, Bogotá

Enero 8 de 2010

En este amanecer del año nuevo, el primer deseo que formulamos es el de que la unidad nacional no sufra quebrantos. De ello dependerá, ciertamente, que podamos afrontar los problemas que siguen afectando a nuestra Nación, así hayamos avanzado en los últimos años en superar la inseguridad que habían creado las acciones de los grupos ilegales.

Con todo, un factor externo ha surgido como nuevo elemento desestabilizador: la idea expansionista del gobierno de Venezuela, bajo la presidencia del coronel Chávez, quien ha encontrado en la guerrilla colombiana la punta de lanza para poner en marcha su política regional. Se cree predestinado; Bolívar redivivo, y dentro de ese enfoque, es totalmente coherente con su deseo de minar los cimientos de la democracia con mejor historial en Latinoamérica: la colombiana. Es su principal obstáculo, y la idea de removerlo, hace parte de su estrategia perturbadora.

No es el caso de discutir la pertinencia ética de sus planteamientos políticos. Es un debate que se puede dar en la academia, pero que en el teatro de la realidad colombiana resultaría ejercicio inconducente. Hay que entender, entonces, por qué la asesoría norteamericana convenida con el gobierno colombiano, le haya “sabido a cacho”, para decirlo en términos vernáculos, al presidente Chávez.

En verdad, no estaba en su horizonte que, Colombia, creara, sin incurrir en equipamientos costosos de guerra, un poder disuasivo real. Bien sabía el astuto coronel Chávez que no estábamos en condiciones -en épocas de crisis económica-, de aumentar la capacidad bélica; y que nos habíamos preparado para afrontar una guerra de guerrillas pero no para una guerra externa.

También entendimos los colombianos -no seducidos por el silbido de áspid-, que Chávez, para darle personería jurídica internacional a su sociedad con la guerrilla colombiana, debía ocuparse de que se le otorgara la condición de grupo beligerante.

Con todo, la torpeza de la propia guerrilla, de producir actos terroristas día de por medio, no le ha permitido que sus gestiones en ese sentido hayan tenido éxito alguno. La comunidad de las naciones no avalará jamás la conducta de quienes han violado los derechos humanos y desconocido las reglas del Derecho Internacional Humanitario, en forma tan evidente. Producto, claro, del abandono de sus ideales revolucionarios y de su conversión en agentes activos del narcotráfico.

Dentro de la anterior perspectiva, el reconocimiento de beligerancia a las Farc, sería un despropósito colosal. Cuando ocurrieron las conversaciones del Caguán tuvimos la oportunidad de advertirlo, porque el propio Estado no estableció, como premisa de las conversaciones, el respeto al DIH. ¡Vaya error histórico¡
Pero volvamos al principio de nuestra nota. Hay que preservar la unidad nacional. Gobierno y partidos de oposición están en la obligación de hacerlo. Apostarle sólo al fracaso del gobierno, acaso sería una insensatez irremediable.

Recordemos a Walt Wihtman, en su apreciación humanística: “Cada ser es inevitable”. En este sentido, Chávez no puede “evitarse”, pero sí debemos saber cómo confrontarlo. Creemos que unidos, patrióticamente unidos, y no divididos, insensatamente.

Voto secreto y algo más

Edmundo López Gómez

El Nuevo Siglo, Bogotá

Diciembre 18 de 2009

EL ascenso a la política por los caminos sucios, no se puede esgrimir como fortaleza de un partido y menos de quienes lleven su vocería.

Contrariamente, quien practica la política sucia y llega a la meta por ese camino, merece la descalificación y el repudio de los ciudadanos de bien.

El derecho de ser elegido, ¡hay que recordarlo!, está regido por valores morales insoslayables, más allá de las apariencias legales.

En este sentido, las normas de la ética política son las que se deben aplicar cuando se convoca a las urnas para ejercer el derecho de elegir. Dicho de otra manera, ética y política deben estar presentes en el momento de votar.

La Constitución, norma de normas, ha dotado al ciudadano de una herramienta que le permite ejercer con dignidad el derecho de elegir: el voto secreto.

El voto secreto es por excelencia la oportunidad que tiene el ciudadano de proceder de acuerdo con su conciencia.

Los cubículos que las autoridades electorales construyen, para que el ciudadano marque las tarjetas electorales, se han concebido y reglamentado, precisamente, para que el voto secreto se garantice, a plenitud.

Votar en secreto es un acto de reflexión democrática, en cuyo momento el ser humano pone a prueba su propia dignidad.

Voto secreto y libertad de conciencia, corren parejos.

Sin embargo, para desgracia de Colombia, la corrupción administrativa y política ha minado la legitimidad del voto.

Una de las peores expresiones de esa corrupción es la afrenta que recibe el ciudadano contra su derecho de elegir en libertad; cuando se le arrastra a las urnas mediante la compra de su voto. Así, las masas empobrecidas se convierten en víctimas del juego sucio de la política. En esa operación de arrastre del voto de los pobres, interviene, por supuesto, el dinero mal habido.

El dinero mal habido no es sólo aquel que se obtiene de la explotación del vicio: del narcotráfico, del lavado de dinero y de otras variantes delictuosas que permearon nuestra sociedad. Dinero mal habido también es el que sale de las arcas oficiales por las ventanillas de la corrupción que abren los alcaldes, los gobernadores y otros funcionarios del Estado.

Lo peor es que la propia organización electoral no está a salvo de la corrupción y, producto de esta dolorosa realidad, es que muchas de las credenciales que expide son espurias de raíz.

¿Acaso es mentira que se dan alianzas, para esos efectos, entre funcionarios electorales y empleados de las empresas de sistemas, que actúan como auxiliadores de la organización electoral? ¿Acaso es mentira que los barones electorales arrancan del partidor con cuotas previamente negociadas, producto de esas alianzas?

Para muestra, un barón electoral de Córdoba anunció a tres meses de las elecciones de corporaciones públicas, el número de votos que obtendrá el 14 de marzo.

Procurador Ordóñez: usted puede evitar esta clase de maniobras fraudulentas a través de la procuraduría preventiva. Es de esperar que, cuanto antes, usted se ponga al frente de esa misión de limpieza política.

La dignidad del voto

Edmundo López Gómez

El Universal, Cartagena

Diciembre 15 de 2009

Cuando se escuchan voces de protesta contra la corrupción, uno se hace la ilusión de que la sociedad no asumirá una actitud complaciente y que, contrariamente, en las oportunidades que ofrece la democracia a los ciudadanos para ejercer el derecho de elegir, escogerá sus mejores voceros en las corporaciones públicas.

Con todo, si hoy uno le toma el pulso a la situación política del país, podemos decir que ha perdido su ritmo moral, y que sólo una minoría lo mantiene, en cuanto ha cumplido con sus responsabilidades de haber ejercido el derecho del voto con sentido ético y político claro.

En verdad, dado el comportamiento permisivo de sectores amplios de nuestra comunidad, la corrupción va tomando la categoría de enfermedad terminal, donde ya los remedios no tienen efectos sanadores ni regeneradores. Bastaría decir que la atrofia de los reflejos morales es de tal naturaleza, que las leyes disciplinarias o penales para rodear el ejercicio del voto de garantías de pureza, son ineficaces.

Son muchas las manifestaciones de corrupción que concurren antes y durante el día de las elecciones: el trasteo de votos; la suplantación electoral, la usurpación de jurados electorales, la manipulación de formularios en blanco; la alteración de información de los operadores del sistema, en concurso con las registradurías municipales, etc. etc. etc.

Sin embargo, el más grande de de los fraudes contra la democracia representativa, se comete cuando el voto se vuelve mercancía, esto es, cuando el político corrupto lo compra. Desde ese momento, la credencial que así se adquiera se vuelve espuria, en cuanto no fue producto de la espontanea y voluntad transparente del ciudadano quien, al vender su voto, se convierte en objeto y no en sujeto electoral propiamente dicho.

Ocurre, para vergüenza de nuestra sociedad, que el “prestigio” del candidato a las corporaciones públicas se le otorga a quien, como se dice en el lenguaje acuñado por comerciantes de la política, tiene capacidad de llenar la tula de billetes para sumar electores a su favor. De esa manera, las elecciones se convierten en subastas vulgares y dejan de ser ejercicios democráticos limpios.

Más con cinismo que con pragmatismo, la corrupción se manifiesta como en el juego de cartas: donde el “case” de los tahúres hace que la contienda se contraiga entre pesos pesados de la trampería política.
Buena parte de los llamados “barones electorales” proceden de ese mundo nauseabundo de la corrupción, pero aquellos políticos que, en cambio, sólo se dedican a circular ideas, propuestas, proyectos, iniciativas- como suele ocurrir en una democracia madura y decente, llevan las de perder, pues el llamado “voto preferente” se vuelve, en la realidad, en el voto concupiscente. En el voto envenenado por la corrupción.

Las frustraciones crecientes de nuestros pueblos, de que hablara un sociólogo de la realidad latinoamericana, van de la mano de la corrupción política, y, para contrarrestar ese sentimiento devastador, pensamos que sólo los jóvenes no contaminados –hombres y mujeres-, pueden contribuir a rescatar la dignidad del voto ciudadano. ¡Para que haya futuro!

Que sean ellos los Adelantados de esa empresa moralizadora.

*Ex congresista, ex ministro, ex embajador.

Sí al desarme

Edmundo López Gómez*

El Universal, Cartagena

Diciembre 8 de 2009

Tengo buena opinión sobre el secretario del Interior de Córdoba, Jairo López Covo. He sabido apreciar su talante conciliador, y, por tener ese concepto, no existe una sola razón para que este artículo sea visto con malos ojos por él.

Valga la introducción para decir que su declaración en los diarios El Universal y El Meridiano, en el sentido de que no es amigo del desarme en Córdoba, y que, contrariamente, “los ciudadanos de bien del Departamento, donde la situación de orden público es tan delicada, no pueden ser desarmados”, no fue afortunada.
Según los mencionados periódicos, el funcionario le planteará al presidente de la República, durante el Consejo de Seguridad que se realizará hoy domingo, cuando escribo esta nota, en la Brigada del Ejército, que Córdoba quede por fuera de la iniciativa que se viene promoviendo de prohibir el porte de armas durante un mes.

Aparentemente, esa posición del secretario del Interior encierra una crítica dura contra la política de seguridad democrática, y obedecería a la muy grave situación en Córdoba (van más de quinientos muertos por acción de la violencia en su territorio en lo que va corrido del año). Además, según López Covo, aplicar la medida “en el mes de diciembre, cuando hay tanto flujo de dinero en el comercio y cuando las personas que tienen fincas se van a descansar a ellas”, sería altamente inconveniente o perjudicial…

Intuimos que la respuesta presidencial no será la de acoger las sugerencias del funcionario cordobés, sino, seguramente, impartir instrucciones para que el Ejército, la Policía y las fuerzas de seguridad actúen con mayor rigor para contrarrestar la ola de violencia que ha cobrado tan crecido número de víctimas en el departamento de Córdoba; solo superadas por las cifras aterradoras de las épocas en que estuvo el mismo territorio bajo el dominio “de los señores de la guerra”.

Si la desmovilización de los paramilitares, significó, precisamente la entrega de armas, permitir su porte, así sea como mecanismo de defensa y con el pretexto de que nuevamente la inseguridad golpea a los cordobeses, es tomar el camino equivocado, en cuanto a que, por esa vía, se podría abrir paso al resurgimiento de fuerzas irregulares.

Seguramente la petición del secretario del Interior está inspirada en la buena fe y en el temor de que nuevamente la gente de bien no pueda tener suficientes garantías para ejercer sus derechos fundamentales, entre ellos, el de la libertad de movilización.

Con todo, y conociendo como creemos conocer al presidente Uribe, para él puede convertirse en punto de honor que en un departamento como el de Córdoba - tan cercano a sus afectos-, la política de seguridad democrática pueda colapsar.

Que el Secretario del Interior cordobés haya pedido que no se le prohíba usar armas a sus coterráneos, ha debido llamar la atención no solamente del señor presidente de la República, sino de los altos mandos militares, y es de esperar que en el Consejo de Seguridad de Montería salgan las medidas pertinentes para superar las angustias y temores de una sociedad nuevamente amenazada.

*Ex congresista, ex ministro, ex embajador

Dosis mínima de pasión

Edmundo López Gómez

El Nuevo Siglo, Bogotá

Diciembre 4 de 2009

No pueden soslayarse los riesgos que debemos correr los colombianos con la política insensata de agresión que Chávez y sus áulicos han puesto en marcha contra Colombia.

No podemos limitarnos, sin embargo, a juzgar al Presidente venezolano por su temperamento veleidoso y belicoso y de achacarle a su indomable manera de ser la causa de los problemas de carácter económico y social que ha traído el “embargo ilegal” que decretó contra las exportaciones de nuestro país y que tanto se parece al que rige contra Cuba, como lo hizo trascender el presidente Uribe desde Cali.
También el Presidente de Colombia hizo referencia al comportamiento de los países “amigos” del hemisferio que, como consecuencia del embargo de Chávez a nuestras exportaciones, corrieron solícitos, a sustituirlas, más temprano que tarde.

Si, en el caso de Argentina, podría explicarse como una respuesta -tardía- a la posición asumida por Colombia frente al episodio de la Guerra de las Malvinas, los otros países, de profunda formación democrática, deberían ser solidarios con Colombia, ante las agresiones que han comenzado a manifestarse desde Venezuela y que están poniendo en peligro la paz de la región.

Desde Colombia debemos aportar nuestra propia solidaridad y no someter a regateo de la política doméstica esa necesaria expresión del sentimiento patriótico que, en fin de cuentas, será la mejor arma de defensa contra las pretensiones expansionistas del deschavetado señor Chávez.

Cuando por estas calendas nos estamos acordando de la eminente figura del presidente Alfonso López Pumarejo, debemos tener presente lo que él pensaba sobre la participación del pueblo y de los partidos políticos en los asuntos de nuestra política exterior. “Es cierto -decía- que para dirigir los destinos de una nación ante las demás, se requiere una especial preparación y que en tales asuntos la tradición y la técnica ejercen una influencia predominante. Pero no lo es menos que sin una dosis inicial de pasión, que sólo el pueblo comunica a los diplomáticos, ninguna política exterior tiene la arrogancia necesaria para hacernos respetar ni despierta interés en quienes deben juzgarla”.

Si hay que actuar con prudencia, se requiere, sin embargo, por sobre todas las cosas, esa dosis inicial de pasión de que hablara el ilustre Presidente, tal vez el más grande estadista que tuvo nuestro país en el siglo XX.

¿No es hora de expresar nuestros sentimientos a partir del convencimiento de la justicia de la causa, esto es de ponerle una dosis de pasión a esos sentimientos?

Creemos que sin esa “dosis de pasión”, un eventual enfrentamiento con el país vecino nos encontraría con el espíritu desarmado.

El frío lenguaje de la diplomacia se puede manejar en las alturas, como lo ha hecho nuestra Cancillería, pero con la base hay que mantener una comunicación franca, para que se transforme en solidaridad activa, y ésta sea, a su vez, la mayor talanquera para afrontar con éxito los desafíos, si se convierten en actos de guerra.