Obras de infraestructura para construir nación

Carlos Felipe Londoño Álvarez

El Colombiano, Medellín

Noviembre 30 de 2009

Uno de los grandes retos del país es lograr una significativa reducción de los niveles de pobreza (46%) y de miseria (18%), así como de las altas tasas de desempleo que rondan el 13%, con una representativa parte de la población subempleada y en empleos independientes de bajos ingresos y calidad e inadecuada cobertura de protección social.

Para atender a estos problemas es necesario impulsar el crecimiento económico y mejorar la competitividad del país en la economía global. Pero, como se ha reiterado en esta columna, esto demanda esfuerzos en el largo plazo en educación; en ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento; y en obras de infraestructura, especialmente en comunicaciones, aspecto que hoy se comenta apoyado en ideas expresadas en el reciente Congreso de Infraestructura.

No se puede hablar de infraestructura como algo aislado en una nación. Su importancia, en especial para Colombia, se puede resaltar en lo expresado por el ex presidente uruguayo Sanguinetti, en el sentido de que sin integración del territorio no se puede hablar de Estado. Recordó que el imperio romano construyó más de 100.000 km de carreteras para integrar sus vastos territorios y ejercer su poder durante siglos, además de construir sistemas de acueductos y coliseos; que los Incas tuvieron el mayor imperio regional basados en su estructura vial para integrar el territorio; y que EE. UU. tuvo una lenta y difícil integración del territorio que hizo con la red de ferrocarriles y carreteras.

Lagos, el ex presidente chileno, mencionó los casos de España y Portugal que han recibido durante los últimos 20 años más 150.000 millones de euros (tres veces el presupuesto colombiano de 2010) para infraestructura que los integrará mejor con Europa.

También contó algunas experiencias valiosas de Chile en su desarrollo durante las dos últimas décadas, como la importancia de tener un plan de largo plazo, con un norte claramente definido mediante un consenso social y el acuerdo con la oposición para sacar adelante la ley de concesiones sobre las vías más importantes del país; vender bien la necesidad e imagen de esas concesiones a la opinión pública; disponer de proyectos con diseños completos para acortar tiempos de ejecución, garantizar los menores desfases en la inversión y actuar oportunamente en forma contracíclica de la economía en caso de ser necesario y posible, como ha sucedido en el último año.

Algunas de las ideas expresadas por los candidatos a la presidencia y otros ponentes, hacen alusión a la importancia de lograr un acuerdo nacional en las obras -¡buenas obras!- que requiere el país, en cómo lograrlo y en cuánto tiempo, con la claridad de que se requiere actuar en el largo plazo, más allá de un período de gobierno.

Para mejorar el desarrollo de la infraestructura se hizo referencia a cambios institucionales como una reestructuración al Instituto Nacional de Concesiones; a concesionar todo lo que sea posible; a crear un organismo regulador para el sector, similar al que tienen la energía y el agua; a tener buena gestión gerencial con personas idóneas y bien remuneradas; a erradicar la corrupción; a favorecer el transporte fluvial y férreo en forma integrada al carretero; y a favorecer el desarrollo del país desde lo regional con una mayor descentralización.

Si queremos avanzar hacia el desarrollo social y económico de Colombia para reducir los problemas de pobreza, desempleo y desigualdad, nuestros gobernantes, y la sociedad en general, deben apropiarse sin tardanza del atraso que tiene el país en obras de infraestructura de transporte y atenderlo en equilibrio con el medio ambiente y en armonía con el desarrollo de la educación de calidad, de la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento.

¿Posición dominante de EPM o algo más?

Carlos Felipe Londoño Álvarez

El Colombiano, Medellín

Noviembre 16 de 2009

Con la decisión del Gobierno Nacional de vender su participación en Isagén, se ha abierto nuevamente el debate sobre este proceso que incluye repetidos intentos de venta desde hace diez años. En 1997, luego de varios anuncios contradictorios por parte de altos funcionarios gubernamentales, se suspendió la venta de Isa e Isagén, sugerida, entre otros, por la Comisión del Gasto Público.

En ese entonces, este columnista expresó que los mensajes contradictorios del Gobierno reflejaban inseguridad en sus decisiones y que, por tanto, no sería extraño el anuncio de nuevos cambios en éstas, tal como acontece ahora con Isagén.

El agua y la energía han sido objeto de más de veinte artículos en esta columna, en los que se ha expresado, en forma argumentada, la inconveniencia de la venta de Isagén por considerar que esta empresa y sus activos son estratégicos para el país. En consecuencia, si el Gobierno decidiera venderla, EPM -o la Empresa de Energía de Bogotá- debería poder aspirar a adquirirla en los términos establecidos por la ley, pues no tiene sentido excluirla del derecho que le asiste de competir en condiciones de mercado, cosa que tanto el Alcalde de Medellín como el Gerente de EPM hacen bien en defender públicamente.

La energía eléctrica es un elemento fundamental para el desarrollo del país y carece de sustitutos, por lo que no convendría dejar en manos privadas la mayor parte de la generación de energía, máxime si en este caso se considera que las centrales eléctricas fueron construidas con recursos públicos y han sido bien administradas; como lo sería, eventualmente, de continuar en manos de EPM que, además, podría ofrecer algunas ventajas adicionales por su integración operativa y comercial de la cadena hídrica del Oriente antioqueño.

Colombia, y Antioquia en particular, tiene un gran potencial para generar energía limpia que debería aprovecharse más y en mejor forma para impulsar el crecimiento económico, reducir sustancialmente la pobreza, eliminar la miseria y mejorar la calidad de vida de nuestra gente, asuntos que, sin lugar a dudas, son responsabilidad plena y primaria del Estado en todas sus formas.

Pero el desarrollo de estos proyectos demanda grandes inversiones con un largo período de retorno, que pocas veces es atractivo para los inversionistas privados, lo cual también debe llevar a debatir, en forma amplia, el tope establecido de generación propia, o ¿quién va a construir esas nuevas centrales?; y ¿puede relegarse el desarrollo de éstas a la exclusiva iniciativa privada?

Por eso, es desafortunado, y cuesta entender, que un destacado columnista de El Tiempo , -ex ministro y actual directivo académico-, con base en la venta de Isagén, alimente rencores regionales como lo hizo recientemente desde su privilegiada tribuna, en un país que demanda, por el contrario, estrechar los lazos de entendimiento. Sería suficiente plantear las ideas y los argumentos de su visión sobre el asunto sin sembrar la cizaña que, además, pone en boca de "un buen amigo caleño" como para liberarse de la responsabilidad de semejante aseveración que resaltó desde el título de su columna.

A pesar de que haya diatribas como ésta, no debería existir temor en defender que EPM pueda participar en el proceso de compra de Isagén acorde con lo establecido en la Constitución, las leyes y las normas de regulación de la operación que deben velar por el bien común.

Y en tal caso, EPM debería ofrecer un valor que le asegure la adquisición, pues se trata de una inversión segura, de valor estratégico, con buena rentabilidad y que le permitiría abrir en debida forma la puerta principal de la exportación de energía, para el bien no sólo de Antioquia sino del país.

Transformación empresarial

Carlos Felipe Londoño

El Colombiano, Medellín

Noviembre 2 de 2009

Un aspecto de gran importancia para nuestro futuro es la definición de la vocación económica, de tal forma que permita orientar las acciones gubernamentales y privadas para impulsar el crecimiento económico del país en términos de desarrollo equilibrado y sostenible, generar nuevos empleos de calidad, reducir en forma notoria la miseria y la pobreza y, en consecuencia, mejorar en forma ostensible la calidad de vida.

Esta columna ha hecho mención al tema en varias oportunidades desde hace cinco años y ha analizado asuntos estrechamente relacionados como la educación de calidad, el fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación pertinentes; el desarrollo de la infraestructura física adecuada, especialmente de transporte; y la inversión necesaria para la creación de nuevas empresas y de nuevos productos y servicios.

Si bien este es un reto de la sociedad en su conjunto, la responsabilidad recae, en primera instancia, en quienes ostentan los máximos cargos gubernamentales y la dirección de las principales empresas, a los cuales deben sumarse, en lo pertinente, directivos académicos y de otras organizaciones representativas de la comunidad.

En la primera mitad del siglo XX se creó gran parte de las empresas que jalonaron el desarrollo del país, con notoriedad en Medellín. Algunas de ellas son hoy grandes empresas que se han adaptado a los fuertes cambios, otras desaparecieron o emigraron y varias sobreviven con angustia aunque vivieron un pasado glorioso.

Estos hechos pueden analizarse desde diversas ópticas y soportarse en significativas estadísticas y en interesantes crónicas de la historia empresarial; pero su efecto puede palparse a simple vista en el desempleo que ronda día tras día en las calles de la ciudad y que es fuente de numerosos problemas personales, familiares y sociales que no solo degradan la dignidad del ser humano sino la calidad de vida en general de la comunidad, que actúa como un pesado lastre para el propio desarrollo.

Por eso, se reitera la importancia de definir pronto nuestra vocación económica, de crear nuevas empresas y empleos con mayor valor agregado en los sectores estratégicos y de transformar las empresas tradicionales para que respondan al mundo actual; y esto no es un problema exclusivo de unos cuantos gobernantes, empresarios, inversionistas o académicos, pues si bien las decisiones recaen en unas minorías, su efecto impacta al conjunto social.

Las empresas del Grupo Empresarial Antioqueño -GEA- y Empresas Públicas de Medellín, representan un peso significativo en la economía de nuestra región, por lo que sus decisiones y retos empresariales tienen una connotación especial, así no deba limitarse solo a ellos. Las empresas líderes del GEA se han consolidado en el mercado nacional, han fortalecido sus negocios estratégicos y han avanzado en los procesos de globalización e internacionalización sin desplazar su centro de decisiones, pero quizás deberían ahondar en análisis prospectivos para identificar nuevos negocios, como el interesante proceso de Colinversiones -de Argos- en el sector energético.

EPM, por su experiencia, conocimiento y capital acumulado debería potenciar con mayor velocidad el desarrollo en agua y energía limpia en las que el país tiene una gran riqueza subutilizada. Además, favorecer la creación de mallas de valor asociadas con la educación especializada de alto nivel y con la investigación e innovación tecnológica en esos temas; y fortalecer e impulsar la creación de nuevas empresas de consultoría, construcción y producción de bienes servicios que demandan esos sectores.

La Administración Municipal avanza en propuestas para la ciudad y algunas empresas responden a los cambios, pero, sin sacrificio de la racionalidad, la magnitud de los retos demanda cambios disruptivos y actitudes más decididas para transformar nuestro sistema productivo y avanzar apreciablemente en la construcción de esa nueva sociedad.

Ciencia, tecnología e innovación: ¡asunto de todos!

Por Carlos Felipe Londoño Alvarez

El Colombiano Medellín

Septiembre 21 de 2009

La semana pasada, durante el Foro Económico Mundial que se realizó en China, se publicó un nuevo informe sobre la competitividad de las naciones, en el cual Colombia aparece en el puesto 69 entre 133 países, es decir, se encuentra en el promedio del escalafón, que es liderado por Suiza, Estados Unidos y Singapur. En América Latina, nos superan Chile, Puerto Rico, Costa Rica, Brasil, Panamá, México y Uruguay, mientras que los países del Alba ocupan puestos del 105 hacia abajo, en el último quintil de la clasificación.

También se conoció a finales de agosto la información sobre los niveles de pobreza, del 46%, y de miseria, cercano al 18%, ligeramente por debajo de las cifras de hace tres años, a pesar de las favorables tasas de crecimiento económico durante ese lapso. Y el desempleo sigue creciente con tasas promedio cercanas al 13%, con una significativa parte de la población subempleada o independiente en empleos de bajos ingresos y baja calidad y estabilidad.

Frente a esta realidad, en internet se puede apreciar un motivador video de la Vicepresidencia de la República sobre Colombia 2025, en la que destaca al país, en forma imaginaria, como líder en nuestro continente y ejemplo en el mundo para ese entonces, fruto del cambio de mentalidad y de la inversión en áreas de biotecnología, industrias de la creatividad y energías alternativas limpias, procesos que se habrían iniciado en los tiempos que hoy vivimos (www.colombia2025.com).

Es evidente el contraste entre nuestra realidad actual y ese país soñado; tal vez, por ese impacto, tiene sentido la propuesta de la Vicepresidencia de la República, pero obliga a hacer algunos comentarios. En primer lugar, el video hace referencia a tres áreas estratégicas en las que Colombia decidió invertir; sin importar si son tres y si son las citadas, esa es la primera tarea que el país no ha hecho aún -ni tampoco nuestras regiones y ciudades- y es definir los sectores estratégicos en los que se debe favorecer el desarrollo de nuevas empresas con mayor valor agregado, competitivas en el mundo global y generadoras de empleo de calidad.

Segundo, tal como se ha reiterado en esta columna, si bien son muchos los factores que inciden en la competitividad del país, hay tres muy significativos para Colombia que demandan esfuerzos en el largo plazo: la educación; la ciencia, tecnología e innovación; y las obras de infraestructura, especialmente en comunicaciones.

Hoy conviene enfatizar en la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación, pues son elementos críticos para dar el salto esperado. Colombia invierte un escaso 0,3% del PIB en este tema, lejos del 3 o 4% de países como Corea; para 2010 habrá un presupuesto cercano a 140 billones (millones de millones) de pesos y Colciencias recibiría del orden de 300 mil millones de pesos, lo cual es muy poco para formar los doctores que el país necesita en las áreas estratégicas que se definan y para fomentar la investigación e innovación; además, si se quiere llegar al 2% establecido en Visión Colombia II Centenario, se requiere invertir en forma creciente y progresiva.

Si nuestro país realmente quiere transformarse para ser competitivo en la economía global y quebrarle el pescuezo a males tan enquistados en nuestra sociedad como el alto nivel de desempleo, pobreza e indigencia, debe tomar conciencia de la importancia de invertir mayores esfuerzos y recursos en ciencia, tecnología e innovación. Y aunque la responsabilidad mayor es del gobierno central, es necesario el liderazgo y compromiso coherente de los gobiernos locales y de dirigentes empresariales para que unan su voluntad a este clamor universitario por un mejor futuro, por un mejor país.