sábado, 28 de febrero de 2009

Gobierno de Colombia batió récord en decomiso de cocaína, afirma Departamento de Estado de EU

Presidencia de la República

SNE, Bogotá

Febrero 27 de 2009

El informe anual sobre la lucha global contra la producción y tráfico de drogas destaca que “el Gobierno de Colombia continúa comprometido con la lucha contra la producción y tráfico de drogas ilícitas, logrando un gran progreso incluyendo erradicación aérea y manual y removiendo centenares de toneladas de coca de la producción anual”. También resalta los esfuerzos en desmovilización, la cifra récord en extradiciones a EU y el fortalecimiento de la Justicia.

Bogotá, 27 febrero 2009 (SP). El Gobierno de Colombia batió récord con el decomisó de más de 223 toneladas métricas de cocaína y de base de cocaína durante el 2008, afirmó el Departamento de Estado de Estados Unidos, en su informe anual sobre la lucha global contra la producción y tráfico de drogas.

“En 2008, el Gobierno de la República de Colombia continuó sus agresivas prohibiciones y programas de erradicación, incautando más de 223 toneladas métricas de cocaína y base, lo cual ha sido todo un récord para el Gobierno colombiano”, dice el informe.

Así mismo, destaca que el año pasado las Fuerzas Armadas de Colombia confiscaron 198 toneladas métricas de marihuana, 640 kilogramos de heroína, más de 3 millones de galones y 4 millones de kilos de químicos precursores. Así mismo, resalta la destrucción de 301 laboratorios de hidroclorato de cocaína y de 3 mil 238 laboratorios de base de coca.

En su informe, Estados Unidos indica que el Gobierno Nacional, bajo el liderazgo del Ministerio de Protección Social, obtuvo ganancias sustanciales en la consolidación de sus esfuerzos para la prevención de la demanda de droga, pues “presentaron una estrategia de prevención de demanda de droga en noviembre de 2008”.

Programas de erradicación

Igualmente, el reporte del Departamento de Estado señala que debido al éxito de los programas de erradicación aérea de Colombia, los cultivos de coca disminuyeron en un 24 por ciento, “de 700 toneladas métricas de cocaína en 2001 a 535 toneladas métricas en 2007”.

En 2008, “alrededor de 230 mil hectáreas de cultivos ilícitos han sido erradicados. De ellos, más de 133 mil hectáreas se erradicaron vía aérea por la Policía Nacional y la Dirección Antinarcóticos y más de 96 mil hectáreas por medio de la erradicación manual”, indica EU.

Destaca que la Policía Nacional, el Ejército y la Armada Nacional erradicaron cultivos manualmente, y que su papel de proveer seguridad y soporte aeronáutico aumentó a medida que se expandían las operaciones. Sin embargo, sostiene el informe que los narcotraficantes y organizaciones terroristas continuaron reaccionando violentamente contra la erradicación manual, “causando la muerte de 24 erradicadores civiles y personal de seguridad en 2008, más que los 16 de 2007”.

Extradiciones a EU

El Departamento de Estado, además, resaltó la extradición a Estados Unidos de una cifra récord de personas acusadas de crímenes por las autoridades estadounidenses.

“En 2008, el Gobierno de la República de Colombia extraditó un récord de 208 acusados, incluyendo 15 ex líderes cabecillas de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia AUC, así como a dos miembros clave de la guerrilla de las Farc, alias ‘Boyaco’ y alias ‘La Negra’”.

Blancos importantes

El reporte señala que en 2008, el Gobierno logró cruciales triunfos contra la cúpula de las Farc, incluyendo el más notable rescate de 15 secuestrados en julio, entre quienes estaban tres estadounidenses y la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.

También enumera la captura de Miguel Mejia Múnera y la baja de su hermano, Victor Mejia Múnera. Menciona, entre otros, la extradición de Juan Carlos Ramirez Abadía, alias Chupeta’, de Brasil a Estados Unidos.

Desmovilizaciones

Dice Estados Unidos que Colombia desarrolló dos grandes programas de desmovilización, colectiva e individual, para poder facilitar el desmantelamiento de los grupos terroristas y ayudar a reintegrar a los ex paramilitares y guerrilleros a la vida civil.

“Entre 2002 y 2008, el Gobierno estima que más de 49 mil personas se han desmovilizado. De ellos, 17 mil 600 están bajo el programa de deserción individual y más de 31 mil bajo el programa colectivo. En 2008, otros 3 mil 193 guerrilleros desertaron de las Farc”, indica.

Fortalecimiento de la Justicia

De igual manera, el informe del Departamento de Estado dice que se presenció la transición de Colombia a un nuevo sistema acusatorio y la extensión de la presencia de la Policía y otras agencias gubernamentales a lo largo del país

Así mismo, expresa que con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos, el Gobierno colombiano ha comenzado un plan agresivo para entrenar y educar “abogados militares, jueces, oficiales y comandantes en Derechos Humanos Internacionales, reglas de compromiso afectivo ante civiles heridos, muertes extrajudiciales, procesos legales efectivos, y ética de gobierno”.

“Entre 2007 y 2008 se llevaron a cabo 10 conferencias en “centros de gravedad” estratégicos a lo largo de toda Colombia y más de 500 militares colombianos fueron entrenados”, puntualizó.

viernes, 27 de febrero de 2009

Sobre el Das y algo más...

Por Edmundo López Gómez

El Nuevo Siglo, Bogotá

Febrero 27 de 2009



ME gustó la entrevista que le hizo al Director del DAS, doctor Felipe Muñoz, el periodista Yamid Amat el pasado lunes. El funcionario contestó con acierto el exigente interrogatorio del veterano periodista. También me causaron buena impresión sus declaraciones a otros periódicos. 


Hizo énfasis el doctor Muñoz en que tanto la Procuraduría como la Fiscalía deberán investigar los hechos denunciados hasta su total esclarecimiento. Pienso, en verdad, que ante las delicadas denuncias, el aparato estatal debe poner en acción sus propias defensas para evitar su desestabilización, porque comparto la apreciación del actual Director del DAS en el sentido de que “hay una mafia que quiere afectar la seguridad nacional” (El Espectador, 26-02-09) 


De otra parte, en Hora 20, el exprocurador Carlos Gustavo Arrieta dio un buen consejo: tratar con cuidado el tema del DAS, y sobre todo, no deducir responsabilidades sin fundamentos. Porque fue notoria la inclinación de otros personajes que intervinieron en ese mismo programa, de cortarle la cabeza al actual Jefe de Estado, al presumir su responsabilidad, pero sin exhibir prueba alguna, en las “chuzadas” telefónicas a periodistas y a miembros de la magistratura, etc. etc.


Apreciaciones tan ligeras significan acaso “pensar con el deseo” pero no con sindéresis -como debe ser- al interpretar asuntos de interés público como los contenidos en las revelaciones hechas por la revista Semana. 


No veo, de otra parte, que la solución sea la de eliminar el DAS, como lo propuso el ministro Santos. En las democracias más abiertas del mundo, los servicios de inteligencia están adscritos al Gobierno, especialmente cuado en éste reposa -como en Colombia- la responsabilidad del orden público. 


En un régimen de gobierno presidencial como el nuestro la propuesta de Santos suena a despropósito, lo que no quiere decir que la estructura del DAS -que ha mostrado tantas grietas- no sea sometida a reformas que lo pongan a salvo de sismos morales que tienen mayor poder destructivo que los propios terremotos. 


No soy “neutral” en el sentido de no asumir un compromiso ético, político o moral frente a los graves hechos denunciados. Tengo bien presente que esta posición no la debe asumir ningún ciudadano de bien. Ya lo dijo Dante Alighieri: “Los lugares más calientes del infierno están reservados para aquellos que, en tiempos de crisis morales, mantienen su neutralidad”.


Considero, por ello, que el gran propósito debe ser el de preservar la seguridad nacional y los valores democráticos ante las pretensiones de la mafia, como lo ha advertido el doctor Felipe Muñoz. 

 

Primeros acercamientos

Editorial

El País, Cali

Febrero 27 de 2009

Además de admitir el progreso paulatino en el respeto por los derechos humanos en Colombia, el reconocimiento del Gobierno de los Estados Unidos puede ser interpretado como una posibilidad de mantener y profundizar la alianza que ha regido las relaciones bilaterales en los últimos años.

El informe anual del Departamento de Estado sobre los derechos humanos es una manera de analizar el comportamiento de los aliados de ese país, como requisito para definir las ayudas que reparte en el mundo para defender los temas en que está interesado su gobierno, como ocurre con Colombia. Pero también es una manera de fustigar a aquellos mandatos que, como en Cuba y Venezuela, han tomado caminos distintos y contrarios a los demarcados por la nación norteamericana.

Dentro de esas perspectivas debe mirarse el informe. Y, para efectos prácticos, a Colombia y a sus instituciones no les ha ido mal en la evaluación, si se tiene en cuenta que reconoce una actuación decidida en la persecución a los vínculos entre la política y el paramilitarismo, así como en la investigación y castigo a los llamados falsos positivos, crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública. Como reconoce también una disminución del 14% en los secuestros y del 6% en los homicidios. E identifica los efectos positivos de la Ley de Justicia y Paz, al permitir que se aclaren miles de delitos y se desactive el ejército de las autodefensas.

En esas condiciones, y según los especialistas, parece abrirse el camino para mantener la ayuda de Estados Unidos a la lucha antinarcóticos. De hecho, la reunión en Washington del Ministro de Defensa de nuestro país con el Consejero de Seguridad Nacional del presidente Obama y la cordialidad en la cita de nuestro Canciller con la Secretaria de Estado indican que el tono de cordialidad imperará en la relación. Así parece evidenciarlo también el anuncio del Ministro sobre la decisión del Congreso estadounidense de mantener el aporte al Plan Colombia para el presente año en los mismos niveles del 2008.

Otro de los indicadores importantes para las relaciones es la protección a los sindicalistas, un punto crucial en la política interna de los Estados Unidos, como quiera que fue definitiva para lograr el apoyo de las poderosas uniones de trabajadores a la campaña y la posterior elección del presidente Barack Obama. Desde el principio fue claro que el tema apareció en primer plano con la intención de detener el Tratado de Libre Comercio, TLC, objetivo hasta ahora alcanzado. Y que no parece tener un futuro próximo que se pueda calificar de positivo, en la medida en que la crisis de la economía norteamericana se agudiza y crecen los afanes proteccionistas.

En esas condiciones, mientras se espera que fluyan los recursos para el combate a las drogas ilícitas, a pesar de que hayan crecido las áreas de cultivos ilícitos, sería ilusorio aguardar la aprobación del Congreso de los Estados Unidos al TLC con Colombia. Así, y más allá de la amabilidad protocolaria, sobre esos parámetros arranca la relación de nuestro país con el nuevo Gobierno de la nación que, hasta ahora, ha sido su gran aliada.

Giro en Washington

Editorial

El Tiempo, Bogotá

Febrero 27 de 2009

Un favorable cambio de vientos parece tener lugar en las altas cumbres del poder en Washington con respecto a Colombia. Después de los cuestionamientos al Tratado de Libre Comercio, al tema de los derechos humanos y al asesinato de sindicalistas, que hicieron el año pasado Barack Obama y Hillary Clinton, cuando luchaban por la candidatura demócrata, la visita a la capital estadounidense del canciller Jaime Bermúdez y del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, presenta unos resultados que muestran que el clima hacia el gobierno de Álvaro Uribe ha mejorado.

Tras reunirse con el ministro Bermúdez, la secretaria de Estado Clinton declaró el miércoles que está "muy orgullosa de trabajar" con el país, y sugirió que ahora sí acompañaría la aprobación del TLC. Al mismo tiempo, su despacho reveló un informe sobre la situación de derechos humanos, que registra un avance en el caso colombiano, sobre todo en lo que tiene que ver con la Fuerza Pública, y sostiene que, aparte de la reducción de homicidios y secuestros, la controvertida Ley de Justicia y Paz ha ayudado a resolver más de 20.000 crímenes. El martes, el secretario de Defensa, Robert Gates, le había asegurado a su colega, el ministro Santos, que, a pesar de la estrechez presupuestal derivada de la crisis, no habrá recortes en el Plan Colombia para el 2009.

La ronda de entrevistas de los dos ministros en el Congreso también fue de alto nivel. Hablaron, entre otros, con el demócrata John Kerry, poderosa cabeza de la comisión de relaciones exteriores del Senado. Aunque no hubo declaraciones definitivas, es evidente que el cambio de actitud de la administración se va a reflejar en una postura más receptiva hacia el país en el Capitolio.

¿A qué se puede deber este giro? Primero, es bueno tener en cuenta que una cosa son las declaraciones en tiempos de campaña y otras las políticas a la hora de gobernar, cuando prima el realismo. En el escenario latinoamericano, los demócratas saben, tal y como lo sabían los republicanos en su momento, que Colombia es un aliado firme desde hace mucho tiempo. A confirmar esa evidencia puede haber ayudado un hecho colateral: la victoria de Hugo Chávez en el pasado referendo, que le abre las puertas para reelegirse indefinidamente y cuyos lazos diplomáticos con Washington siguen rotos. También está el endurecimiento de Rafael Correa, que ha expulsado a dos funcionarios de la embajada estadounidense en Ecuador.

En el marco de la nueva actitud, vale la pena destacar que el Departamento de Estado haya mencionado el documento sobre la lucha antidrogas, redactado por el grupo encabezado por César Gaviria y Fernando Henrique Cardoso. Dicho informe llamó a una reflexión sobre los resultados reales de esta guerra, y aunque el gobierno norteamericano no dice que apoya sus conclusiones, el hecho de que lo esté analizando es de por sí una muestra de apertura.

Las señales positivas no disimulan, sin embargo, que Colombia necesita seguir haciendo bien la tarea. Después de las torpezas de la campaña pasada, cuando el Gobierno se la jugó toda a los republicanos, el país tiene que pensar muy bien sus cartas, incluyendo el apoyo que da a la lucha contra las drogas en Afganistán. También hay que seguir la política de ampliar el compás de la diplomacia en Europa, Asia y América Latina. Y en lo que tiene que ver con Estados Unidos, falta ver si líderes tan importantes como la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, hasta ahora férrea opositora del TLC con Colombia, se une al giro washingtoniano. Pero, aun antes de saberlo, es posible decir que las acciones del tratado, que andaban de capa caída, han vuelto a subir algo y que, en general, todo indica que las buenas relaciones entre los dos gobiernos no se van a deteriorar por la llegada al poder de Barack Obama.

Seguridad nacional

Por Jorge H. Botero

El Colombiano, Medellin

27 de febrero de 2009

Las graves denuncias que, de nuevo, sindican al DAS de realizar tareas de espionaje ilegal a funcionarios judiciales, dirigentes políticos y periodistas, requieren la acción enérgica de la Fiscalía para establecer autores materiales e intelectuales de una actividad criminal de enorme gravedad. Sean cuales fueren los resultados de esas pesquisas, es evidente que estamos ante un mal endémico que no se resuelve con el cambio de su director, como ya se ha hecho otras veces sin resultados positivos; ni con la intervención de la Policía para establecer un grado mayor de control en las tareas de interceptación de comunicaciones, lo cual puede ser conveniente mientras se toman decisiones de fondo.

Porque lo que en realidad se requiere es una profunda reforma institucional que garantice, de un lado, que el Estado tenga la capacidad de recaudar información de buena calidad sobre eventos que puedan afectar la seguridad nacional, pero sin que esta actividad se convierta en una amenaza contra el legítimo ejercicio de la oposición, el funcionamiento autónomo de la Justicia y la libertad de prensa.

El DAS tiene a su cargo el desarrollo de las actividades de inteligencia y contrainteligencia. Por supuesto, éstas tienen que ser las tareas de cualquier organismo que recaude y analice información sobre asuntos atinentes a la seguridad del Estado. Pero tiene, además, un conjunto de tareas que no hacen parte de este cometido principal. Me refiero al control migratorio de nacionales y extranjeros; al ejercicio de funciones de investigación criminal, compartidas con la Fiscalía sobre los delitos que afectan la seguridad nacional; a la preservación de los registros delictivos y, en consecuencia, a la expedición de certificados judiciales; a la actuación como enlace ante los organismos de policía internacional (Interpol); y a la prestación de servicios de seguridad a altos funcionarios del Estado.

La comisión creada por el Gobierno a fines del 2005 para analizar la reforma de la institución puso de presente la necesidad de fortalecer las tareas de inteligencia, en función de lo cual produjo recomendaciones sensatas, tales como mejorar los servicios de capacitación del personal dedicado a la investigación, una continua evaluación de la calidad del recurso humano y la rigurosa profesionalización de la carrera. Sin embargo, se abstuvo de proponer reformas radicales. Por el contrario, sugirió mantener las funciones actuales en el DAS, salvo la prestación de servicios de escolta con una importante restricción; la seguridad de los altos funcionarios del Estado debería continuar en cabeza suya. No lo dijo, pero lo deduzco, que consideró que la preservación de ese conjunto de funciones en la misma institución genera sinergias para el cumplimiento del cometido esencial: la producción de "inteligencia". Los recientes escándalos enseñan que esa tímida estrategia ha fracasado. La "Central de Inteligencia", que como consecuencia del desastre actual habría de crearse, implica desplazar hacia otras entidades todas las funciones que no hagan parte de este cometido esencial, así: las de policía judicial a la Fiscalía General; y todas las demás, a la Policía. Por supuesto, estableciendo buenos mecanismos de cooperación interinstitucional.

Cuando la Comisión que he mencionado produjo su reporte, menos del 15% del presupuesto y menos del 12% del personal se dedicaba a labores de inteligencia. Hay, pues, amplio espacio, para crear una entidad más pequeña -más fácil de manejar y supervisar- dedicada, de modo exclusivo y profesional, a las tareas de inteligencia.

jueves, 26 de febrero de 2009

Sabor de engaño tiene la ley

Jaime Jaramillo Panesso

Febrero 27 de 2009

La Corte Suprema de Justicia, CSJ, expidió en días recientes una providencia en la cual pone límites en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, ley 975 de 2005. Allí se determina que no pueden ser beneficiados con esta norma los grupos o personas que, habiendo pertenecido a organizaciones armadas ilegales con su consecuente accionar delincuencial, hayan tomado la decisión de desmovilizarse, desertar o entregar sus armas a las autoridades legítimas después del 25 de julio del año 2005. Aduce la Corte que es un desafuero equivalente a extender una patente de corso a los grupos al margen de la ley para que continúen violándola en todo el territorio nacional hasta el 21 de diciembre de 2010, ejecutando atrocidades para que solo reciban unas penas simbólicas.

Este pronunciamiento de la CSJ nace de una controversia suscitada entre la magistratura especial de Justicia y Paz, sede Barranquilla, y la Fiscalía y la Procuraduría quienes apelaron un fallo donde se involucraba un procesado de las autodefensas que, en versión libre, confesó haber cometido un homicidio múltiple después del 25  de julio de  2005, puesto que varias estructuras paramilitares se desmovilizaron después de dicha fecha, así como se acogieron luego el ERG, Ejército Revolucionario Guevarista del Carmen del Atrato, la comandante Karina y Martín Sombra de las  Farc, incluso es la petición de centenares de guerrilleros y autodefensas detenidos o condenados en las cárceles del país.

Grave y pésima contribución a la paz hace la Corte. El Estado es uno solo y así debería actuar para obtener el bien máximo de la paz y no el bien mínimo de la dogmática. Si bien es cierto que las Cortes están obligadas a defender las leyes y la Constitución, esa defensa y aplicación se hace por medio de interpretaciones que provienen de la hibridación entre la escuela formativa del abogado, su filosófico entender y su conciencia ciudadana y democrática. Da la evidencia histórica que los magistrados normalmente hacen una carrera judicial con base en los textos y casi nunca entran en terreno, en experiencias de campo, menos en el minado terreno de la guerra, el conflicto y la paz. Si todas las instancias y ramas del Estado, incluyendo la enorme contribución que aportan los ciudadanos del común, tuviésemos concordancia con la obtención de la paz, aplicando la fuerza constitucional de las armas de la República y de las leyes de la nación hacia ese objetivo, ya hubiésemos liquidado la violencia de los grupos ilegales armados.

Con la providencia de la Corte quedan expósitos, y a su entender engañados por el gobierno y no por los jueces, cerca de 25.000 reinsertados o desmovilizados. ¿Acaso con estas “sabias” sentencias no está la CSJ contribuyendo a expulsar de la esperanza a muchos de estos desmovilizados y a regresar a las armas, ahora reclutables por los ejércitos privados del narcotráfico? ¿Dónde quedan los esfuerzos de la Consejería para la Reintegración que trabaja con los cincuenta mil desmovilizados de todas las corrientes? ¿Con cuál expectativa en positivo se puede seducir a los demás grupos irregulares que continúan en armas?

Como si fuera poco el exabrupto, la CJS le da una pincelada de menosprecio a la justicia transicional. Esta corriente del derecho penal señala que las penas privilegiadas aplicables a los que causan violencia general desde organizaciones criminales o terroristas, con fines de mermar o suplantar al estado, son un instrumento para los fines de la paz a mediano o corto plazo. Pero sin olvidar que es un proceso y no un acto único y fulminante. El proceso colombiano hacia la paz lleva un recorrido muy positivo y no debemos perturbar sus alcances. Hemos pasado la mitad del río y cuesta mas regresarse que terminar de llegar a la otra orilla. La justicia transicional es parte de esa brújula contributiva a la reconciliación nacional. 

Sabor de engaño tiene la ley

Jaime Jaramillo Panesso

Febrero 27 de 2009

 La Corte Suprema de Justicia, CSJ, expidió en días recientes una providencia en la cual pone límites en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, ley 975 de 2005. Allí se determina que no pueden ser beneficiados con esta norma los grupos o personas que, habiendo pertenecido a organizaciones armadas ilegales con su consecuente accionar delincuencial, hayan tomado la decisión de desmovilizarse, desertar o entregar sus armas a las autoridades legítimas después del 25 de julio del año 2005. Aduce la Corte que es un desafuero equivalente a extender una patente de corso a los grupos al margen de la ley para que continúen violándola en todo el territorio nacional hasta el 21 de diciembre de 2010, ejecutando atrocidades para que solo reciban unas penas simbólicas.

Este pronunciamiento de la CSJ nace de una controversia suscitada entre la magistratura especial de Justicia y Paz, sede Barranquilla, y la Fiscalía y la Procuraduría quienes apelaron un fallo donde se involucraba un procesado de las autodefensas que, en versión libre, confesó haber cometido un homicidio múltiple después del 25  de julio de  2005, puesto que varias estructuras paramilitares se desmovilizaron después de dicha fecha, así como se acogieron luego el ERG, Ejército Revolucionario Guevarista del Carmen del Atrato, la comandante Karina y Martín Sombra de las  Farc, incluso es la petición de centenares de guerrilleros y autodefensas detenidos o condenados en las cárceles del país.

Grave y pésima contribución a la paz hace la Corte. El Estado es uno solo y así debería actuar para obtener el bien máximo de la paz y no el bien mínimo de la dogmática. Si bien es cierto que las Cortes están obligadas a defender las leyes y la Constitución, esa defensa y aplicación se hace por medio de interpretaciones que provienen de la hibridación entre la escuela formativa del abogado, su filosófico entender y su conciencia ciudadana y democrática. Da la evidencia histórica que los magistrados normalmente hacen una carrera judicial con base en los textos y casi nunca entran en terreno, en experiencias de campo, menos en el minado terreno de la guerra, el conflicto y la paz. Si todas las instancias y ramas del Estado, incluyendo la enorme contribución que aportan los ciudadanos del común, tuviésemos concordancia con la obtención de la paz, aplicando la fuerza constitucional de las armas de la República y de las leyes de la nación hacia ese objetivo, ya hubiésemos liquidado la violencia de los grupos ilegales armados.

Con la providencia de la Corte quedan expósitos, y a su entender engañados por el gobierno y no por los jueces, cerca de 25.000 reinsertados o desmovilizados. ¿Acaso con estas “sabias” sentencias no está la CSJ contribuyendo a expulsar de la esperanza a muchos de estos desmovilizados y a regresar a las armas, ahora reclutables por los ejércitos privados del narcotráfico? ¿Dónde quedan los esfuerzos de la Consejería para la Reintegración que trabaja con los cincuenta mil desmovilizados de todas las corrientes? ¿Con cuál expectativa en positivo se puede seducir a los demás grupos irregulares que continúan en armas?

Como si fuera poco el exabrupto, la CJS le da una pincelada de menosprecio a la justicia transicional. Esta corriente del derecho penal señala que las penas privilegiadas aplicables a los que causan violencia general desde organizaciones criminales o terroristas, con fines de mermar o suplantar al estado, son un instrumento para los fines de la paz a mediano o corto plazo. Pero sin olvidar que es un proceso y no un acto único y fulminante. El proceso colombiano hacia la paz lleva un recorrido muy positivo y no debemos perturbar sus alcances. Hemos pasado la mitad del río y cuesta mas regresarse que terminar de llegar a la otra orilla. La justicia transicional es parte de esa brújula contributiva a la reconciliación nacional. 

La tentación proteccionista

Por Andrés Espinosa Fenwarth

Portafolio, Bogotá

 Febrero 26 de 2009

 

 

Dicen que la historia frecuentemente se repite, pero el problema de fondo es que sus lecciones no siempre se aplican. Esta parece ser la consigna que explica el evidente resurgimiento del proteccionismo comercial actual, que se propaga como lo hiciera a comienzos de los años treinta. En aquél entonces, la depresión económica se agravó por la Ley Smooth-Hawley de 1930, que incrementó los aranceles en 50 por ciento a casi 20.000 productos.

 

El Congreso de Estados Unidos prendió las alarmas este mes al aprobar como parte del paquete de estimulo económico (American Recovery and Reinvestment Act of 2009), la sección 1604 que contiene la controvertida disposición Buy American o compre americano, la cual prescribe que los fondos de esta ley destinados a infraestructura solo podrán ser usados si el hierro y el acero son originarios de Estados Unidos.

 

El proyecto de ley se encuentra actualmente en la fase de conciliación de las versiones aprobadas por la Cámara de Representes y el Senado, previo a la firma del presidente Barack Obama, que por cierto no apoya esta providencia. Obama dijo en una entrevista para la cadena ABC, que esta medida era "fuente potencial de una guerra comercial que no podemos enfrentar ahora que los flujos de comercio se hunden en todo el planeta". La reunión del G-7 realizada el fin de semana pasado en Roma, también fustigó esta disposición. El ministro de Finanzas de Alemania, Peer Steinbrück, declaró que "vamos a tener que hacer todo lo que sea posible para asegurarnos que la historia de los años treinta no se repita".

 

El Cono Sur también está que arde por la batalla comercial entre Brasil y Argentina; en particular por las medidas que este país austral tomó en noviembre de 2008 en materia de licencias de importación, precios de referencia para 800 productos y el aumento de los productos 'vigilados'. Brasil respondió con fuerza en enero de este año con la implementación de licencias previas aplicables a 17 sectores que representan entre el 60 y el 70 por ciento de los intereses comerciales de Argentina.


El resultado de lo anterior ha sido el desplome del 46,1 por ciento en el comercio bilateral en el primer mes de 2009. En Brasil, las decisiones adoptadas por Argentina fueron tomadas como una barrera clásica de corte proteccionista. Los representantes de la industria brasileña aclararon que "tenían que responderle a Argentina con la misma moneda", y en este escenario de la Ley del Talión, nadie gana, todos pierden.

En Europa también se palpa la tentación proteccionista. La UE decidió hace un mes reintroducir los subsidios a las exportaciones de productos lácteos que había abandonado en junio del 2007, determinación que generó una ola internacional de protestas de los países exportadores de productos agrícolas. En Francia, el Gobierno del presidente Sarkozy anunció esta semana un paquete de ayudas de 6.5 billones de euros para el sector automotriz francés, bajo la condición que no inviertan en el extranjero y privilegien el empleo local.

Al final de cuentas, el mayor riesgo actual, además de la pérdida de confianza global, es el regreso del proteccionismo comercial.

CCP y el Eln

Eduardo Herrera Berbel*

El Colombiano, Medellín

Febrero 26 de 2009

 Los colombianos y colombianas por la paz (CCP), han anunciado una respuesta al ELN, cuya comunicación celebra el intercambio epistolar, propone buscar una salida política, vuelve al manido recuento de los diálogos pasados y no acepta la localización e identificación de sus miembros. Afirma también que el presidente Uribe sólo quiere desmovilizar y desarmar a la guerrilla para lograr una ventaja estratégica, propone una agenda social y política para negociar, y habla de una paz con justicia social.

El ELN no ha dicho algo nuevo. Acudió a la retórica revolucionaria tradicional, con poca flexibilidad y renovación en su planteamiento político, sin ofrecer a los CCP algo novedoso. El ELN actual es el mismo que expulsó a Francisco Galán, que se quedó en el laberinto del Acuerdo Base y en el mar de indecisiones de su dirigencia durante los fallidos diálogos exploratorios. Parece que su intención es lograr un intercambio epistolar, para participar de la fiesta mediática que a veces este diálogo produce, sin ocultar que añora el rol protagónico que tuvo.

Se cree que el ELN es una guerrilla derrotada, congelada, que no alcanzó las cotas de beligerancia armada, movilidad y control territorial que lograron las Farc y las AUC con el apoyo del narcotráfico. Puesto que el ELN se percibe como algo marginal en el espectro de la seguridad nacional, valdría la pena preguntar, ¿qué pretende en este momento?

Podría pensarse que intenta recuperar su protagonismo y la interlocución, salir del ostracismo político que lo está consumiendo, y superar la crisis interna que le causó la seguridad democrática, mientras hacía el recorrido completo en la cadena del narcotráfico, pactaba alianzas con bandas criminales y se negaba a renunciar al secuestro. Sin una carta de navegación renovada para presentarse ante los CCP, y en confrontación armada directa con las Farc, su única opción es sostener una presión armada limitada con una resistencia pasiva, como elemento estratégico de supervivencia.

Si los CCP abren otro canal dentro del intercambio epistolar que sostienen con las guerrillas, debe aclararse si el ELN pretende aprovechar los tiempos de las Farc para generar un espacio político y salir de su estado de inercia para no permanecer impávido y sin juego político frente a las elecciones de 2010. Porque a todas luces, la intención del ELN tiene un trasfondo político y estratégico evidente.

Los CCP no deben olvidar que con el ELN ya se recorrió un largo camino de diálogos infructuosos; que no media un intercambio humanitario, sino un Acuerdo Base consensuado que podría ser la partida de una nueva aproximación seria y de responsabilidad recíproca. La primera exigencia que deben hacer al ELN, es que renuncien al secuestro y liberen a todos los secuestrados. Una respuesta positiva de su parte, sería una demostración de voluntad política para la búsqueda de la paz.

Es clave entender el momento político militar, para no avanzar bajo el impulso de sesgos ideológicos interminables y de referentes revolucionarios frustrados. Los CCP no pueden caer en un escenario donde se conviertan en una trinchera antiuribista radical. En el momento, no hay condiciones para un intercambio humanitario, porque las voces y ruidos de la confrontación armada son latentes y muy frecuentes en el territorio nacional, y la intolerancia y la polarización campean en ciertos sectores de la sociedad. Se necesita mucha paciencia e ingentes esfuerzos para crear confianza entre las partes, con imparcialidad, prudencia y sin protagonismos. Por último, se deben rechazar los egos superlativos que han aflorado dentro de los CCP, como es el caso del señor Daniel Samper.

* Mayor General (r), Ejército Nacional

 

¿Ha perdido el liberalismo la inocencia?

Por Jorge Giraldo Ramírez

http://www.giraldoramirez.blogspot.com/

Febrero 25 de 2009

 El columnista Jonathan Freedland, todavía en el entusiasmo poselectoral, definió a Barack Obama como un “liberal duro, no sentimental y no ingenuo” (The Guardian Weekly, 05.12.08). Esas orientaciones las encuentra en la personalidad del nuevo presidente pero también las estima como un propósito para diferenciarse de Carter o Clinton. Freedland dice que este enfoque ha “desencantado a muchos creyentes de la izquierda liberal”. Y tiene razón. La izquierda liberal puede definirse bien por las características contrarias: es blanda, sentimental e ingenua.

En la misma línea el profesor Roland Paris (University of Colorado) distingue entre el liberalismo clásico que tenía presente al Leviatán y el liberalismo universalista del siglo XX, que él llama wilsonianismo, que lo escondió en las sombras y lo olvidó. La pérdida de la inocencia del nuevo liberalismo consistiría en aceptar que no hay manera de esconder al Leviatán*. Paris habla de las condiciones de las sociedades en guerra o situaciones de extrema violencia, en las que ni el libre mercado, ni la competencia electoral pura, ni la libertad de expresión disponible para insuflar el odio, son salidas. Por el contrario, representan factores de desinstitucionalización y desestabilización.

En una reciente entrevista el jefe del partido liberal colombiano y expresidente de la república, César Gaviria Trujillo, ha hecho una especie de declaración de fe alrededor de algunos postulados de la política de seguridad de la administración Uribe: a) la fuerza pública tiene que hacer presencia en todo el territorio, b) es necesario el monopolio de la fuerza, c) el Estado tiene que seguir fortaleciendo la fuerza pública, d) el presidente debe asumir activamente la jefatura de las fuerzas armadas (El Tiempo, 22.02.09). Quizás este sea otro síntoma de que los liberales están dispuestos a superar su propia edad de la inocencia.

El maestro Norberto Bobbio dijo que el poder es el alfa y omega de la política. Y esto lo aprenden los estudiantes de política desde las primeras semanas de clase. Que algunos liberales lo descubran hoy parece ser noticia.

*Paris, R. 2004. At the End’s War, Cambridge, Cambridge University Press, p. 50.

 

"Chuzadas" de primera

Por Fernando Londoño Hoyos

El Tiempo, Bogotá

Febrero 26 de 2009

 

El grotesco espectáculo que montó la revista Semana, a propósito de supuestas interceptaciones telefónicas que le filtró en exclusiva un ex detective del DAS que no da su nombre, no vale la pena. Lo que sí la vale es el escándalo mayúsculo que alrededor de esa trama se produjo en el mundo, como quiera que el mundo entero resolvió creer, a pie juntillas, lo que dijo la revista, y lo que a la revista le dijo su encapuchado informante.

La unánime indignación que las supuestas interceptaciones causaron entre la oposición al Gobierno es un manifiesto acto de fariseísmo. Porque los quejosos de hoy han sido enteramente impasibles ante hechos similares, con lo que queda claro que las 'chuzadas' no los indignan, sino que los indigna el ser 'chuzados'.


En el capítulo III de nuestro libro
Con licencia para hablar, que hace rato pasó de su cuarta edición, publicado en el ya lejano 2004, denunciamos que el procurador general de entonces, Edgardo Maya Villazón, era campeón en eso de oír ilegalmente las llamadas de sus enemigos personales o políticos. Las pruebas corren entre las páginas 92 y 103 de la obra, y consisten en documentos cuya autenticidad nadie pudiera refutar. Pues silencio en las barras. No hubo una sola de las plañideras de hoy que censurara a Maya, o lo que Maya hacía abusando de su cargo de Procurador. Al parecer, nadie estaba dispuesto al riesgo de no ser invitado al próximo Festival Vallenato, o al de sufrir trato similar al comprobado. Tampoco dijeron los quejosos de hoy una palabra de la noticia que difundimos y probamos sobre la compra ilegal de costosos equipos para interceptar telefonía celular, perfeccionada desde la Procuraduría.

Pasaron los años. Y en octubre del pasado, fuimos sorprendidos con el lanzamiento al aire, desde Noticias 1, el informativo de Daniel Coronell, de una conversación privada nuestra con el general (r) Rito Alejo del Río, sobre tema periodístico de gran interés para la audiencia ávida de saberes sobre el modo como se maltrata a los negros de Urabá y del Chocó. Nadie dijo nada, ni siquiera cuando acudimos ante el Fiscal General de la Nación para exigir la protección de nuestros derechos y el castigo de los delincuentes, que fueron los que nos grabaron y los que usaron la grabación.

Se comprenderá lo poco que nos conmueven las lágrimas de cocodrilo de las supuestas víctimas de hoy, las mismas que nada se conmovieron con los crímenes de ayer. Por donde deducimos que, para ellas hay categorías entre las 'chuzadas', reservándose la primera, en exclusiva, para las que puedan afectarlas. El silencio del Fiscal, que también intercepta teléfonos sin orden previa, y el de la propia Corte Suprema de Justicia, que tampoco lo hace mal en la materia, nos traen al mismo llanito: lo que importa no es el delito, sino el que lo sufre.

Pero queda lo peor. Y es que nadie ha demostrado que las interceptaciones se hicieron. De modo que estamos en manos, o en boca, de un informante anónimo, que por lo mismo nada vale. Lo demás es teatro y del peor. El CTI corriendo desalado por los pasillos del DAS, buscando una evidencia que el informante secreto tuvo la precaución de advertir que estaba borrada, es una mala parodia de Ionesco. Con lo que nadie podrá demostrar el delito, ni su inexistencia.

Así probado, tanto para la ingenua tribuna y hasta para el candidote director del DAS, que ese organismo copia llamadas, por el dicho incontrovertible de un testigo que se guardará entre las sombras de la 'fuente' periodística, solo queda demostrar la responsabilidad del hecho. Que por supuesto es del Presidente, el Fujimori de la oposición. O de su Montesinos, o de ambos. La prueba en contrario es ontológicamente imposible, porque nadie puede demostrar que no hizo lo que nadie hizo. Y asunto concluido.

Entre la quimioterapia o la eutanasia

Por Luis Eduardo Garzón

El Espectador, Bogotá

Febero 26 de 2009

 

Apreciado doctor Carlos Gaviria. Los aplausos que recibirá hoy, no todos tienen el mismo interés.

 

Será ensordecedor afuera y adentro del recinto, porque los colombianos reconocemos en usted un auténtico adalid ético, en un país cuya moral se mantiene ‘chuzada’. Más de la mitad de los aplausos serán en agradecimiento de quienes han sido indultados por su actitud. Por ejemplo, el de su principal escudero, el senador, que condena y rechaza, contra lo que usted pregona, la Constitución del 91. O como esos otros parlamentarios que hoy le cargan el atril, pero que en su momento lo obligaron a buscar votos de legisladores uribistas para que le fuera posible hacer parte de la Comisión Primera, la constitucional, desconociendo ese bagaje suyo en el campo profesional y académico. Los mismos que lo desacataron votando por el Procurador que representa la negación de los derechos a la personalidad. O de aquellos que han admitido sus múltiples renuncias, que afortunadamente usted mismo se las ha negado aceptar, los cuales  refunfuñarán, pero que a regañadientes palmotearán.

 

Otros aplaudirán estruendosamente pero para mandarme un rabioso chiflido, dado que, siendo alcalde, no cumplí con sus expectativas ni corporativas ni de nómina que tenían de mi gobierno. Si la vida le da la posibilidad de gobernar, verá el costo que tiene hacer predominar el interés general de los ciudadanos sobre el particular. ¡Cuántos amigos se pierden!

 

Otros se sentirán felices porque usted pregona mi supuesto anticomunismo. Con todo y su sabiduría, creo que ese fallo al estilo de Uribe, sin derecho a la defensa, es absolutamente injusto. Si de algo le sirve mi reflexión, aunque ya estoy condenado, quiero decirle que si hay cosas de las que no reniego ni renegaré en mi vida fue mi militancia comunista. De ella aprendí que a democracia restringida se impone trabajar por apertura democrática. Pero además los camaradas de esa época promovieron una línea de acción que contradice su aseveración de que acercarse al centro es acercarse a la derecha. Si eso fuese así, no se hubiesen generado liderazgos como el del conservador Alfredo Vázquez Carrizosa, tanto para enfrentar las arbitrariedades del gobierno de Turbay Ayala como para encabezar la lista de la izquierda en la Asamblea Nacional Constituyente. Hoy desafortunadamente esas tesis no son las que prevalecen.

 

Usted y yo nos tenemos recriminaciones mutuas. Pero no es el momento de airearlas. Lo que importa es que viene.  De continuar la línea autoritaria que gobierna a Colombia, lo que vamos a tener es algo parecido a una enfermedad terminal. Y eso se enfrenta con la quimioterapia, una coalición amplia, o la eutanasia, solos. El segundo es un derecho que reivindicamos ambos cuando él es individual. Cuando es colectivo, más que un suicidio eso se parece a un autogenocidio. Sé, incluso, que antes de las elecciones de delegados al Congreso, esta segunda opción es la adoptada. A hechos cumplidos no quedan sino las constancias llamadas históricas. Y de ahí que por eso opté por no poner mi nombre para delegado. Agradezco su amable invitación. Hoy aplaudiré desde mi casa la coherencia de sus convicciones, así algunas de ellas no las comparta. Sin embargo, espero que en este evento ocurra el milagrito. ¡La expansión política! En esa eventualidad cuente conmigo, ¡pa’las que sea!  

miércoles, 25 de febrero de 2009

La influencia de Chávez en El Salvador

Por Mary O'Grady

The Wall Street Journal

Diario Exterior, Madrid

25 de febrero de 2009

Para O´Grady,Venezuela es precisamente lo que muchos salvadoreños quieren evitar. Temen que, de ser elegido, Funes (FMLN) será desplazado por los extremistas del partido que se negarán a marcharse cuando concluya su mandato.

Durante la asunción de mando del presidente de izquierda de Guatemala Álvaro Colom en 2008, Hugo Chávez mandó un mensaje al presidente de El Salvador Antonio Saca, o al menos eso dice la leyenda. "Ahora le tengo rodeado", le habría dicho el mandatario venezolano a Saca. Si la historia es un mito o una viñeta real sacada del "Manual de Diplomacia de Chávez" en realidad no importa. Lo que importa es lo que transmite: el temor salvadoreño de que Chávezha estado acechando a su país, esperando añadirlo a su lista de satélites revolucionarios en América Central y del Sur.

Cuando los salvadoreños acudan a las urnas el 15 de marzo para elegir a un nuevo presidente, esa preocupación podría tener una influencia preponderante sobre el voto. La opinión generalizada es que los petrodólares de Chávez han estimulado la expansión de gobiernos autoritarios en esta parte del mundo en la última década. El presidente venezolano, sin embargo, también ha tenido el efecto contrario, notablemente en México y Perú en 2006, donde la asociación de un candidato con Chávez resultó fatal. El chavismo podría tener el mismo efecto aquí en El Salvador.

La contienda presidencial sitúa al ex director de la policía nacional, Rodrigo Ávila, del partido de centro-derecha Arena, contra el periodista televisivo Mauricio Funes, del partido de extrema izquierda FMLN. Funes se presenta como un candidato moderado y, de momento, es el favorito. Pero la carrera dista de estar ganada y si Ávila todavía tiene una buena oportunidad de triunfar es porque muchos salvadoreños lo ven como la única posibilidad de impedir la importación de la agenda chavista. Arena ha ganado todas las elecciones presidenciales desde 1989 y un triunfo en marzo sería su quinta victoria consecutiva. Eso dificulta las cosas para Ávila, quien también tiene otros problemas. Mientras los tres presidentes de Arena anteriores a Saca buscaron reformas diseñadas para promover la igualdad ante la ley, la liberalización económica y el crecimiento, Saca ha hecho precisamente lo contrario: se ha hecho famoso por revocar contratos.

El presidente también le ha restado dinamismo a la economía de otras maneras. Un gran proyecto portuario en el municipio de Cutuco prometía convertir a El Salvador en el centro de trasporte más importante de América Central. El puerto está terminado pero aún no empieza a operar porque el gobierno de Saca atrasó en casi dos años el proceso de subastar la concesión. Nuevos proyectos eléctricos, de gran importancia para el crecimiento, también han sido pospuestos. El Salvador también está acusando el impacto de la recesión global. Las remesas del exterior y las exportaciones, ambas fuentes importantes de crecimiento, están disminuyendo, y podrían no repuntar en el futuro cercano. El declive en los precios del petróleo ha ayudado a amortiguar el golpe, pero el sistema financiero, dominado por los bancos internacionales, ha reducido drásticamente el acceso al crédito.

El efecto de todo esto ha sido un pobre desempeño económico el actual gobierno ha sido sindicado como el culpable. Así que Ávila debería resultar fácil de derrotar. Pero las encuestas, que revelan que una cantidad importante de electores sigue indecisa, sitúan al candidato de Arena a una distancia remontable del candidato del "cambio", Funes. Una encuesta la semana pasada incluso mostró un virtual empate. A la hora de buscar explicaciones del por qué Ávila todavía está en pie, uno puede descartar la oposición ideológica a un gobierno de centro izquierda, como el del presidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva. Muchos salvadoreños están hartos de Arena gracias a Saca y dicen que les gustaría ver más competencia política. No, lo que está ahuyentando a los electores son las muestras de que, a pesar de los intentos de Funes de distanciarse del extremismo del FMLN, el liderazgo del partido sigue siendo el símbolo de la intolerancia. Un ejemplo es el candidato a vice presidente del FMLN. El 15 de septiembre de 2001, Salvador Sánchez Cerén lideró las hordas de personas en esta ciudad que quemaron banderas estadounidenses y celebraron el atentado contra EE.UUperpetrado por terroristas islámicos. La memoria de ese día no se ha desvanecido.

José Luis Merino, uno de los principales líderes del partido, es un personaje aún más siniestro. Su alias apareció en una de las computadoras incautadas por el ejército de Colombia durante una redada en un campamento en Ecuador el año pasado, sugiriendo que está involucrado en tráfico de armas con las FARC. Merino es considerado por muchos el jefe del partido, ahora que el militante Schafik Handal ha fallecido, y no disimula su hambre de poder. Hace dos años, cuando se le preguntó en una entrevista sobre la agenda del FMLN, respondió que era "tomar el poder, conquistar todo el país y así, asegurar que el tipo de gobierno no cambie. Claro está, no con bayonetas o persecuciones. Hay ya ejemplos, comoVenezuela, ese es nuestro modelo". "Venezuela" es precisamente lo que muchos salvadoreños quieren evitar. Temen que, de ser elegido, Funes será desplazado por los extremistas del partido que se negarán a marcharse cuando concluya su mandato. El FMLN dice que estos temores son usados para fines políticos por sus detractores, pero las palabras del propio Merino dejan poco lugar a dudas respecto a sus intenciones. Los salvadoreños no pueden permitirse el lujo de ignorar sus advertencias. Si lo hacen, la economía dolarizada, frecuentemente elogiada como las más abierta y competitiva de América Latina (después de la de Chile) podría estar en riesgo.