Las Farc del siglo XXI

Óscar Montes

El Heraldo, Barranquilla

Enero 9 de 2010

Las Farc siguen empecinadas en alimentar el desprecio que la inmensa mayoría de los colombianos siente por ellas. No de otra manera pueden interpretarse sus últimas acciones en las que se destacan no solo su indolencia, sino su cinismo y su absoluta falta de sentido político.

La manera infame como pretendieron justificar el secuestro y posterior asesinato del gobernador del Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, mediante un comunicado en el que lo señalan de patrocinar grupos paramilitares, demuestra la cobardía y la sevicia con que actúan. Ante la contundencia del repudio nacional e internacional que produjo la acción criminal, no tuvieron otra salida que decir que sólo pretendían hacerle un juicio político por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.

¿Juicio político? ¿Quiénes se creen las Farc para hacer juicios políticos a funcionarios elegidos por votación popular? Si de rendir cuentas se trata, las únicas que deben rendir cuentas a todos los colombianos por sus actos criminales son ellas. El gobernador Cuéllar no solo gozaba del aprecio y el respeto de sus paisanos, como quedó demostrado con las manifestaciones de solidaridad que su familia recibió luego del crimen, sino que había solicitado a la propia Fiscalía que investigara su actuación con el fin de despejar cualquier duda sobre su gestión. Y, además, había sido secuestrado en cuatro ocasiones por las propias Farc.

El cinismo de las Farc las lleva a afirmar en su comunicado que el “indeseado y trágico desenlace” del secuestro fue producto de la persecución de la Fuerza Pública. Es decir, no sólo justifican el crimen enlodando la honra del Gobernador, sino que responsabilizan al Ejército del fatal desenlace. ¿Y qué querían? Que las tropas se quedaran cruzadas de brazos ante la humillación que acababan de sufrir al no prestar la debida protección a un funcionario que estaba en la mira del grupo guerrillero. Que quede claro: el Gobernador no murió por la reacción del Ejército, sino por la demencia de las Farc.

Pero como si el asesinato del gobernador Cuéllar no fuera suficiente, acaba de hacerse público en Buenos Aires, Argentina, un documental en el que guerrilleros de ese grupo pretenden hacerse pasar por humildes campesinos, que sobreviven gracias al cultivo de maíz y café. “Las Farc: insurgencia del siglo XXI”, que así se llama el video, es, pues, otra burla de las Farc a la comunidad internacional. Sorprende la solidaridad que la ‘actuación’ de los guerrilleros despertó entre los asistentes al estreno del documental. La estolidez de muchos de ellos se confunde con su ingenuidad.

Que quede claro una vez más. Las Farc no son cultivadoras de maíz y café: son cultivadoras de coca. Y de la producción y tráfico de cocaína derivan el 90 por ciento de sus ingresos. Ahí radica su principal fuente de financiación. La comunidad internacional no puede picar otra vez el anzuelo de la supuesta conducta altruista de las Farc.

Son esas actuaciones de las Farc –su indolencia, su cinismo y su doble moral– las que se han encargado de alejarlas del sentir nacional. Ni siquiera quienes hemos propuesto salidas negociadas al conflicto armado tenemos hoy argumentos para promover acercamientos gubernamentales o de la sociedad civil con esa organización. Por las personas hablan sus actos. Y está visto que, hoy por hoy, las Farc sólo entienden el lenguaje del bombardeo y el fusil.

De manera que a los colombianos no nos resulta difícil saber cuáles son las Farc del siglo XXI. A fuerza de padecerlas todos los días, sabemos perfectamente que las Farc del siglo XXI son las mismas del siglo XX. Las mismas que asesinan cobardemente al gobernador del Caquetá y después pretenden mostrarse como humildes campesinos, cultivadores de maíz y café. Ese curso ya lo hicimos. Y por eso mismo, señores de la comunidad internacional, pueden estar seguros que a nosotros las Farc no nos van a capar dos veces.

Las Farc del siglo XXI

Óscar Montes

El Heraldo, Barranquilla

Enero 9 de 2010

Las Farc siguen empecinadas en alimentar el desprecio que la inmensa mayoría de los colombianos siente por ellas. No de otra manera pueden interpretarse sus últimas acciones en las que se destacan no solo su indolencia, sino su cinismo y su absoluta falta de sentido político.

La manera infame como pretendieron justificar el secuestro y posterior asesinato del gobernador del Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, mediante un comunicado en el que lo señalan de patrocinar grupos paramilitares, demuestra la cobardía y la sevicia con que actúan. Ante la contundencia del repudio nacional e internacional que produjo la acción criminal, no tuvieron otra salida que decir que sólo pretendían hacerle un juicio político por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.

¿Juicio político? ¿Quiénes se creen las Farc para hacer juicios políticos a funcionarios elegidos por votación popular? Si de rendir cuentas se trata, las únicas que deben rendir cuentas a todos los colombianos por sus actos criminales son ellas. El gobernador Cuéllar no solo gozaba del aprecio y el respeto de sus paisanos, como quedó demostrado con las manifestaciones de solidaridad que su familia recibió luego del crimen, sino que había solicitado a la propia Fiscalía que investigara su actuación con el fin de despejar cualquier duda sobre su gestión. Y, además, había sido secuestrado en cuatro ocasiones por las propias Farc.

El cinismo de las Farc las lleva a afirmar en su comunicado que el “indeseado y trágico desenlace” del secuestro fue producto de la persecución de la Fuerza Pública. Es decir, no sólo justifican el crimen enlodando la honra del Gobernador, sino que responsabilizan al Ejército del fatal desenlace. ¿Y qué querían? Que las tropas se quedaran cruzadas de brazos ante la humillación que acababan de sufrir al no prestar la debida protección a un funcionario que estaba en la mira del grupo guerrillero. Que quede claro: el Gobernador no murió por la reacción del Ejército, sino por la demencia de las Farc.

Pero como si el asesinato del gobernador Cuéllar no fuera suficiente, acaba de hacerse público en Buenos Aires, Argentina, un documental en el que guerrilleros de ese grupo pretenden hacerse pasar por humildes campesinos, que sobreviven gracias al cultivo de maíz y café. “Las Farc: insurgencia del siglo XXI”, que así se llama el video, es, pues, otra burla de las Farc a la comunidad internacional. Sorprende la solidaridad que la ‘actuación’ de los guerrilleros despertó entre los asistentes al estreno del documental. La estolidez de muchos de ellos se confunde con su ingenuidad.

Que quede claro una vez más. Las Farc no son cultivadoras de maíz y café: son cultivadoras de coca. Y de la producción y tráfico de cocaína derivan el 90 por ciento de sus ingresos. Ahí radica su principal fuente de financiación. La comunidad internacional no puede picar otra vez el anzuelo de la supuesta conducta altruista de las Farc.

Son esas actuaciones de las Farc –su indolencia, su cinismo y su doble moral– las que se han encargado de alejarlas del sentir nacional. Ni siquiera quienes hemos propuesto salidas negociadas al conflicto armado tenemos hoy argumentos para promover acercamientos gubernamentales o de la sociedad civil con esa organización. Por las personas hablan sus actos. Y está visto que, hoy por hoy, las Farc sólo entienden el lenguaje del bombardeo y el fusil.

De manera que a los colombianos no nos resulta difícil saber cuáles son las Farc del siglo XXI. A fuerza de padecerlas todos los días, sabemos perfectamente que las Farc del siglo XXI son las mismas del siglo XX. Las mismas que asesinan cobardemente al gobernador del Caquetá y después pretenden mostrarse como humildes campesinos, cultivadores de maíz y café. Ese curso ya lo hicimos. Y por eso mismo, señores de la comunidad internacional, pueden estar seguros que a nosotros las Farc no nos van a capar dos veces.

Con testigos así...

Óscar Montes

El Heraldo, Barranquilla

Noviembre 7 de 2009

Cuesta creer que quienes tienen sobre sus hombros el juzgamiento del coronel Alfonso Plazas Vega, por los hechos sucedidos en el Palacio de Justicia entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, hayan dado pleno crédito al testimonio de un individuo que, después de muchos años, apareció con una versión absolutamente inverosímil, según la cual a él le consta la participación del oficial en la desaparición de algunos sobrevivientes del luctuoso suceso.

Solo basta una revisión a ese testimonio para tener la plena certeza de que carece de todo fundamento. Nada resulta creíble, ni siquiera su nombre. Al parecer se trata del cabo segundo, retirado del Ejército, Edgar Villamizar, quien asevera que durante los hechos de la toma del Palacio de Justicia por parte de un comando armado del M-19 fue trasladado desde Villavicencio, Meta, hasta Bogotá para participar en la operación de rescate.

Como si el tema de su propia identidad no fuera lo suficientemente grave, que lo es puesto que declaró con otro nombre en una diligencia no programada por la Fiscalía, en la que por cierto no estuvo presente el defensor del Coronel, este sujeto salió con el cuento de que había sido trasladado en un helicóptero militar junto a otras 14 personas. El problema es que aparatos con esa capacidad sólo llegaron al país en el año 2000, con la puesta en marcha del Plan Colombia.

Pero hay algo más grave: para la fecha de los hechos, Villamizar pertenecía a una unidad del Ejército ubicada en Granada, Meta, y por consiguiente no pudo participar en la operación de rescate del Palacio de Justicia en Bogotá, como falsamente declaró. Y hay más. Dos personas –el coronel ® Ariel Guillermo Valdés y el sargento ® Gustavo Alfonso Velásquez López–, declararon bajo la gravedad del juramento, en octubre pasado, que las acusaciones de Villamizar en contra de Plazas carecen de veracidad, puesto que para esa fecha ese sujeto se encontraba en el Batallón de Infantería Número 21 Pantano de Vargas, en compañía de estas dos personas, quienes comparecieron ante una Notaría para dejar constancia de su testimonio.

“Dicho Cabo no puede haber estado en los hechos del Palacio de Justicia del 6 y 7 de noviembre de 1985, por cuanto se encontraba en la ciudad de Granada, Meta, que es la sede del Batallón de Infantería Vargas, y a mí me consta que el Cabo se encontraba en esa época en el Batallón; por consiguiente, todo lo que puede haber declarado el cabo Villamizar es falso de toda falsedad por cuanto no estuvo en el lugar de los hechos del Palacio de Justicia ni en Bogotá”, sostuvo el oficial retirado ante el Notario 39 de Bogotá.

Pero el oficial es mucho más contundente en sus argumentos, como para que no haya el menor asomo de dudas: “El mencionado cabo Villamizar no se pudo haber desplazado de Granada a Bogotá sin una orden y por orden mía, por cuanto no existió dicha orden, de tal manera que nuevamente recabo que lo que haya podido decir en su declaración el cabo Villamizar es totalmente falso, porque no podía haber estado en dos lugares a la vez; esto le consta también al personal que se encontraba bajo mi mando”.

Y, por su parte, el sargento Velásquez López afirma, también bajo la gravedad del juramento, que durante la toma del Palacio de Justicia, “Edgar Villamizar Espinel era la persona que para los primeros 15 días de mi convalecencia en noviembre de 1985 me llevaba personalmente los alimentos a mi habitación en compañía del soldado del casino, lo tengo muy presente porque éramos amigos y él estaba atento de mi recuperación. (…) Adicionalmente existen en las unidades tácticas (batallones) documentos como órdenes del día, minutas de guardia, boletas de salida, partes de rancho, folios de vida, que deben probar la presencia durante ese tiempo del suboficial”.

Ante la gravedad de los hechos y la contundencia de los testimonios surgen muchas preguntas. ¿Cómo es posible que el testimonio de Villamizar haya contado con el pleno respaldo de quienes enjuician al coronel Plazas, hasta el punto de soportarse en él para ordenar su captura? Es increíble que quienes tienen la responsabilidad de juzgar al alto oficial no se hayan percatado de las debilidades de quien hoy lo señala, mediante una declaración escrita adelantada en una inspección judicial realizada de forma ilegal en la Escuela de Caballería de Bogotá, pues nunca compareció durante el juicio. Pero, además, ¿cómo se le da pleno crédito a su testimonio si se trata de una persona que hasta hace muy poco tiempo hizo parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General, el mismo organismo que acusa a Plazas? Uno no puede poner al diablo a hacer hostias.

Ojalá que la enorme carga política que acompaña el juicio del coronel Plazas Vega no se preste para que, mediante testimonios mentirosos y carentes de toda lógica jurídica, se condene a quien en un momento dado de la historia debió asumir la responsabilidad, por órdenes de sus superiores, de recuperar el Palacio de Justicia. No se trata de que haya impunidad, ni más faltaba. De lo que se trata es que quien hoy se haya procesado tenga plenas garantías para su defensa. Nada más, pero tampoco nada menos.