¿Y de la "farcpolítica" qué?

José Manuel Acevedo *

Revista Cambio, Bogota

20 de enero de 2010

Cuando en 2008 la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia anunciaron que comenzarían en serio las investigaciones para establecer los nexos de algunos dirigentes políticos con las Farc, los colombianos calificaron como positiva la imparcialidad de los órganos de justicia que ya habían iniciado sus pesquisas en materia de 'parapolítica'.

En marzo de ese mismo año, el hallazgo de los computadores de 'Raúl Reyes' en desarrollo de la Operación Fénix abrió mayores posibilidades para encontrar pruebas que pusieran tras las rejas a todos aquellos que, desde la política, habían sido cómplices de esa guerrilla. Pero dos años después de aquellos sucesos y tras una cadena de anuncios sobre el comienzo de la llamada 'farcpolítica' no existen avances que permitan hablar de un fenómeno similar al de la 'parapolítica', que tiene a más de 60 parlamentarios investigados, condenados a siete senadores, 30 casos de regreso a la Corte Suprema para su juzgamiento luego de una controvertida posición jurisprudencial, y más de 20 autoridades del orden regional encarceladas o investigadas por sus vínculos con las Auc. ¿Por qué no avanza con la misma velocidad la 'farcpolítica'? Que se sepa, en la Corte Suprema hay abiertas investigaciones formales contra 10 senadores, de las cuales el 40 por ciento terminaron en autos inhibitorios, y otros, como el de la senadora Piedad Córdoba, no avanzan pese a que la Fiscalía allegó copias del contenido del computador de 'Reyes' desde el 21 de mayo de 2008.

Año y medio después de haberse iniciado la 'parapolítica', algo más de una veintena de congresistas habían sido llamados por la Corte y varios de ellos detenidos preventivamente. En igual número de meses se abrieron investigaciones preliminares por nexos con las Farc a menos de 10 parlamentarios, pero ninguno ha sido detenido por 'farcpolítica', mucho menos condenado, y tampoco existen congresistas bajo sospecha que hayan renunciado a su fuero como ocurrió entre los senadores y representantes indagados por sus nexos con los paramilitares. Por el contrario, al conocer sobre las investigaciones que la Corte haría en su contra, dirigentes políticos como Gloria Ramírez, Wilson Borja y Piedad Córdoba, se declararon confiados en el buen juicio de los magistrados de la Sala Penal.

Aunque el procurador Alejandro Ordóñez ha dicho que "hay que llorar por ambos ojos", en el Ministerio Público por cada 88 funcionarios investigados disciplinariamente por 'parapolítica' solo hay siete involucrados en casos de 'farcpolítica'. En la Fiscalía el panorama es igual. Pese a que este organismo ha ordenado investigar periodistas, ciudadanos extranjeros, miembros de ONG y políticos, varios procedimientos se han agotado sin que existan acusaciones formales. Antes bien, han sido archivados los casos de Álvaro Leyva y Carlos Lozano. Recientemente la Fiscalía ordenó la captura de Amílcar Figueroa, un diputado venezolano involucrado en comprometedoras conversaciones vía correo electrónico con 'Raúl Reyes', pero más allá de eso la 'farcpolítica' tampoco avanza en la Fiscalía General.

Aunque los autos inhibitorios que ha dictado la Corte en favor de congresistas como Gloria Ramírez y Jaime Dussán tienen que ver con falta o insuficiencia de pruebas, hay quienes sostienen que mientras en la 'parapolítica' los magistrados han actuado con mucha severidad y en varias providencias condenatorias se refieren a "inferencias lógicas" o "máximas de experiencia", sin requerir plena prueba, en la 'farcpolítica' la duda siempre la han resuelto en favor de los investigados (in dubio pro reo). La opinión pública tampoco ha recibido bien el hecho de que, desde el principio, la Corte pusiera en duda la veracidad de los contenidos del computador de 'Reyes', mientras que ha considerado suficientes las pruebas que han salido del computador de 'Jorge 40' para castigar a políticos, como Mauricio Pimiento.

En el caso del PC de 'Jorge 40' apenas se pidió que cumpliera una aceptable cadena de custodia, es decir, que sus archivos se mantuvieran libres de manipulación, mientras que en el caso del computador de 'Reyes' la Corte consideró que el examen de la Interpol no era suficiente y pidió una segunda revisión de Scotland Yard. Otro motivo de crítica a la Corte Suprema tiene que ver con la poca celeridad frente a los procesos de la 'farcpolítica' en la Sala Penal. El caso más evidente es el de la senadora Córdoba, en el que no han llegado a decisión alguna luego de dos años de iniciada la investigación. Funcionarios de la Procuraduría explican que en este caso los avances son lentos porque hay que verificar si para las fechas de los correos de 'Reyes' había autorización del Gobierno a la Senadora para establecer esos contactos.

La Corte no es la única responsable de que la 'farcpolítica' no arranque en serio. Los testimonios de los paramilitares desmovilizados en bloque y sometidos a la ley de Justicia y Paz, han sido sistemáticamente recogidos por quienes adelantan las investigaciones y juzgan a los 'parapolíticos'. En cambio, pocas veces han interrogado a los guerrilleros que se desmovilizan individualmente y su sometimiento se limita a la entrega de un arma y, en algunos casos, a la incorporación a programas de reinserción o a la entrega de estímulos económicos manejados por el Gobierno. El mismo Ejecutivo ha trabado la posibilidad de que guerrilleros presos cuenten la verdad desde las cárceles. La líder del movimiento Manos por la Paz, Liduine Zumpolle, que reúne a cientos de guerrilleros detenidos, dice que en los últimos años ha intentado infructuosamente que los comisionados de paz faciliten procesos que permitan conocer ese pedazo de la verdad que sigue oculta. Investigadores que manejan los procesos de la 'farcpolítica' manifiestan que existen archivos de Inteligencia militar y grabaciones en el DAS suficientes para llevar a juicio a varios dirigentes políticos, pero que las autoridades no se las entregan porque, a raíz de los escándalos por las interceptaciones ilegales, temen ser judicializados y llevados a la cárcel.

Así mismo, existen hoy más asociaciones y ONG dedicadas a la reparación de las víctimas de los paramilitares que de las Farc. Los colectivos de abogados, por ejemplo, han asumido la defensa de quienes han sido vulnerados por las Auc y se han constituido en parte civil en casos de 'parapolítica', pero no tienen entre sus clientes a víctimas de los crímenes de la guerrilla. Pedir la verdad completa suena fácil, pero mientras subsistan tantos obstáculos y no haya suficiente voluntad para conocerla, seguiremos creyendo, equivocadamente, que los paramilitares fueron los únicos que infiltraron la política regional y nacional.

* Analista político.

¿Qué pasará con el tercer canal?

José Manuel Acevedo M.

Vanguardia Liberal, Bucaramanga

Diciembre 21 de 2009

¿Por qué será que cada vez que alguien quiere retirarse de algo, lo hace alegando la ‘falta de garantías’? Aunque las tenga todas, siempre habrá que decirlo. Es lo políticamente correcto; lo que a los ejecutivos les sirve como pretexto para justificar sus fracasos frente a los accionistas. Nunca nos parecerán suficientes las garantías, ni en el juego de mesa, ni en las elecciones, ni en las licitaciones. La Revista Semana dice que en la puja por el tercer canal existe una terna de uno, y deja entender que ya todo está listo para dárselo a Planeta y puede que con el retiro de Prisa y la amenaza de Cisneros de hacer lo propio por ‘falta de garantías’, eso termine ocurriendo, pero también puede ser que exista una estrategia bien elaborada para enfrentar a un competidor serio como Planeta con ‘mecanismos alternativos’.

Lo cierto es que la plata no le alcanza a Prisa, y que en el caso de Cisneros le va quedando prácticamente imposible justificar la ausencia real de socios colombianos, el cumplimiento de la ley en materia de topes de inversión extranjera en una sociedad como la que controlaría el tercer canal, y la supuesta independencia que éste tendría frente al régimen chavista; la misma que tiene Venevisión en el país vecino, en el que cohabita pacífica y convenientemente con las atrocidades de Chávez y ningún veto la toca.

Y es que ‘Inversiones Rendiles’ está compuesta de la siguiente manera: 15% Venevisión (de Cisneros), 84,7% Global Martú (una compañía española también de propiedad de Cisneros). El restante 0,3% se lo dividen entre Carlos Gerardo Mantilla, Marcela Tobón y Diego Muñoz Tamayo, jefe de los dos anteriores ciudadanos y apoderado del magnate Cisneros para todos los efectos en el marco de esta licitación. La ecuación perfecta: ¡Cisneros + Cisneros + Cisneros!, y a la Comisión Nacional de Televisión, todo le parece normal.

Si existe falta de garantías deberíamos averiguar a quién le ha beneficiado un desbalance tal y entender que por dárselas de originales en los criterios de selección del ganador, tanto la Comisión Nacional de Televisión como el gobierno perdieron credibilidad y será muy difícil ahora, en tan sólo quince días, recuperarla.

Pero no nos engañemos: algo más que la ‘falta de garantías’ les impide a ciertos aspirantes ser una opción seria y viable. En el caso de Prisa, la plata. En el de Cisneros, la trampa. Ya veremos si Planeta es capaz de responder a los retos de un tercer canal independiente, sólido y con una oferta diferente a la de los dos que ya existen. También veremos, al final del día, si los mismos comisionados acusados por sus vínculos con DMG, podrán sacudirse y hacer por fin lo que les toca. Mucho pedir, lo sé…

La Dictadura de los jueces

José Manuel Acevedo M.

Vanguardia Liberal, Bucaramanga

Octubre 26 de 2009

Entre paréntesis, la reapertura de la investigación del Vicepresidente Santos es un hecho político, no jurídico. Queda comprobado también que el Vicefiscal (e) Fernando Pareja, no ha dejado de ser subordinado de la Corte Suprema de Justicia –digo, porque sigue siendo Magistrado de un Tribunal con licencia para prestar sus diligentes servicios en medio de esta conveniente interinidad-. La fábrica de testimonios va a toda marcha y lo triste del caso es que la justicia les creerá a los ‘paracos’ de la misma forma en que desatiende las voces de ex guerrilleros como Olivo Saldaña quien también dice cosas que comprometen a políticos de izquierda, pero a ellos nada les pasa. Y si por la Corte Suprema de Justicia llueve, por la Constitucional diluvia… Este no es el siglo de los jueces, sino el de la dictadura de los jueces. Su última decisión en torno al tema del aborto no faculta, sino que obliga; no amplía derechos, sino que los limita. El derecho, en últimas, se ha convertido en la verdad revelada y ha invadido ámbitos como el de la moral personal, colocando a los jueces que lo generan al mismo nivel de un ‘Creador’.

¿Quién dijo que la objeción de conciencia sólo es aplicable a los ciudadanos del común? ¿Quién dijo que funcionarios públicos, jueces y médicos no son también beneficiarios de ese inalienable derecho? ¿Cómo puede la Corte Constitucional desconocer que la sumatoria de objeciones morales se traduce en posiciones oficiales de instituciones médicas o educativas, que tienen todo el derecho a pensar y transmitir su pensamiento como quieran?

Somos garantistas, liberales y demócratas pero no entendemos que ciertos grupos – mayoritarios – tengan que hacer algo que su sistema de creencias rechaza, con razón o sin ella.

No censuramos la decisión de abortar y nos parece justo que las mujeres que quieran hacerlo puedan desarrollar su libre albedrío en circunstancias que la misma Corte ha especificado, sin mayor rigor, eso sí. Pero una cosa es habilitar y otra imponer: los médicos, jueces y educadores tienen derecho a ser todo lo ‘ultragodos’ y religiosos que quieran y en el caso de los colegios, su enseñanza en esas materias debe conducirse con toda libertad, según el credo que les venga en gana.

Las convenientes mentiras de Coronell

Por José Manuel Acevedo M.

Vanguardia Liberal, Bucaramanga

Septiembre 22 de 2009

Siempre que hemos hablado de Tomás y Jerónimo Uribe clamamos por actuaciones limpias y conducta de lujo. No dejamos de decir que el cuidado con el que deben obrar es superior al de cualquier ciudadano pues son los hijos del Presidente. Pero la inicua persecución emprendida por el periodista Daniel Coronell, es reprochable por la falta de verdad y censurable por los intereses que se esconden detrás. Coronell ha traído a cuento unas supuestas relaciones non sanctas que tendría Tomás con un sórdido personaje llamado Javier Socarrás.

Acusa al mayor de los hijos del Presidente de tráfico de influencias, de haberle conseguido puestos a Socarrás y, en esta época en la que las notarías están de moda, también lo ha comprometido con el nombramiento de una notaría de Tunja, contando no sólo con la audiencia de un país que va creyendo todo lo que le dicen, sino – y lo que es más grave – con la complicidad de una Corte Suprema de Justicia para la que cualquier denuncia en contra de los Uribe es como música para sus oídos.

Se equivoca Coronell cuando dice, por ejemplo, que gracias a Tomás, Javier Socarrás obtuvo el favor del Ministerio de la Protección Social en la consecución de una pensión que pretendía cobrar fraudulentamente, y haciendo alusión, en una carta enviada al Presidente, a su cercanía con el ‘delfín’ y a una resolución falsa de esa entidad.

No sólo no le dieron la pensión, sino que el Ministerio también denunció penalmente a Socarrás por la manera en que pretendía ilegalmente hacerse a ella, desde el 20 de Junio de 2008 en un proceso cuyo radicado existe efectivamente en esa fecha y que avanza con la reserva sumarial correspondiente.

Aunque es verdad que el tal Socarrás es un bandido y quería utilizar el nombre de Tomás para conseguir sus propósitos, en por lo menos dos correos electrónicos de 2007 y 2008 que están a disposición de Coronell y de las autoridades competentes, Uribe le dice al personajillo en cuestión que no es transparente que él interceda por Socarrás para conseguir puesto alguno, y en otro menciona que se ha enterado de que está aprovechándose de una falsa amistad entre los dos para conseguir sucios propósitos; censura esta actitud y reclama de Socarrás que se abstenga de hacerlo y diga siempre la verdad.

Coronell ha sabido de la existencia de este material, pero lo guarda convenientemente y sigue adelante con su cadena de difamaciones. Sabe que, por ahora, es intocable pues ni el Presidente ni sus hijos lo denunciarán por injuria y calumnia a riesgo de someterse a un fustigamiento internacional por “coartar la libertad de prensa” de este irresponsable caballero. Sepa, sin embargo el Señor Coronell, que no todos comemos cuento y que este debate apenas comienza…

Ahora la Farc-política...

Por José Manuel Acevedo M.

Vanguardia Liberal, Bucaramanga

Junio 15 de 2009

· Lo digo con sinceridad: a Piedad Córdoba no deberían meterla en la cárcel por la Farc-política. Tampoco a Robledo o a Borja. El problema es que como la Corte Suprema de Justicia sentó ya su jurisprudencia, no es posible que Mauricio Pimiento esté condenado, como consecuencia de audaces ‘inferencias’ de la Sala Penal, y los mencionados parlamentarios -todos de izquierda- sigan tan tranquilos como siempre.

Es la misma lógica que podría predicarse en el caso del Palacio de Justicia: si al Coronel Plazas lo condenan como seguramente ocurrirá, la amnistía para líderes del M-19 como Gustavo Petro o Antonio Navarro debería por lo menos revisarse. ¿Es lo justo no?

Jamás entenderemos las nuevas generaciones por qué a esos líderes guerrilleros nunca les exigieron justicia, paz y reparación y en cambio les terminaron dando jugosos subsidios para lograr su reintegración.

Pero volvamos al presente e insistamos en que la justicia colombiana que tanto clama por igualdad tendrá que medir con la misma regla a unos y otros o justificar con argumentos muy poderosos una distinción que por ahora no se entiende.

Para comenzar, la diferencia en los tiempos con que se tramitan los procesos en cada caso, no tiene sentido y los honorables magistrados no han podido explicarnos por qué tanto acelere con la para-política y semejante lentitud en lo que atañe a los nexos de políticos con las Farc. Tampoco nos han podido decir por qué el computador de ‘Jorge 40’ es tan confiable y el de ‘Raúl Reyes’ no.

Ahora le achacan al Procurador Ordóñez que se ensañó con sus opositores o que le está haciendo mandados al Gobierno. Ignora, la mayoría de opinión pública, que fue su antecesor Edgardo Maya quien inició esas investigaciones y que, como en el caso de la Yidis-política, le dejó la ‘papa caliente’ al nuevo funcionario para quedar bien con todo el mundo, como solía hacer.

Si la Farc-política apenas inicia en este momento es porque a la Sala Penal no le ha dado la gana mover esos procesos. ¡Y no estoy pidiendo condenas!, sólo un trámite – y unos argumentos jurídicos – iguales a los que se han empleado en los casos de la para-política. ¡Nada de exigir plena prueba! Bastará con indicios para castigar a unos cuantos. ¡Que con los Farc-políticos también se olvide el derecho procesal y se aplique ese nuevo derecho penal que se inventaron los magistrados que ahora juzgan!

El enfrentamiento entre el poder Judicial y el Ejecutivo nos ha hecho mucho daño, pero mientras la justicia opere como bastión de la oposición, su legitimidad seguirá por el suelo y sus decisiones continuarán siendo sospechosas y endebles.