Las FFAA ¿con el fardo a cuestas?

Por: Jaime Jaramillo Panesso
Manos en el fuego


La Constitución colombiana habla de la Fuerza Pública al referirse a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas de la República, creadas por los Libertadores Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, están integradas por el Ejército, la Armada y la Aviación.

Aunque la Policía es un cuerpo civil, está adscrita al Ministerio de la Defensa debido a un hecho histórico, pues en la época recia y dictatorial del Presidente Laureano Gómez (1951), la policía chulavita estuvo marcada con el símbolo de la violencia que replicaron las guerrillas liberales. Dependía entonces del Ministerio de Gobierno, hoy Ministerio del Interior y de Justicia. Con el Frente Nacional se tomó la medida de trasladarla al Mindefensa para evitar su manipulación y compromiso partidista y así continúa hasta hoy.

El Ejército es la fuerza predominante desde siempre por razones mediterráneas de la Capital del país, Bogotá, ciudad que no tiene mar, pero si muchas vías, así como “Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía”, como reza la vieja canción. Pero en la medida que pasa el tiempo y se asumen con mayor confianza y urgencia la ciencia y la tecnología, la Aviación y la Armada adquieren importancia y protagonismo en las tareas de la seguridad y la soberanía.

En los países del cono sur del continente como Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, hace una treintena de años, los militares ejercieron el mando desde la jefatura del estado nacional y se ungieron dictadores. Dichos gobiernos militares aplicaron unas políticas oficiales, que van desde la eliminación de los focos de resistencia armada o desarmada, hasta la desaparición forzada y el rapto de niños hijos de las víctimas. Cuando se restablece la democracia, se inicia el largo camino que va de la dictadura a la democracia. El caso colombiano es distinto. Los militares obedecen al ordenamiento civil, no ejercen la dirección del estado y confrontan a la subversión hace más de 40 años. Por lo tanto en Colombia realizamos el tránsito de la guerra a la paz. De allí se desprende la novedosa propuesta de la justicia transicional que se aplica a los actores en conflicto armado, estimula el abandono de las armas y condiciona los privilegios penales a la reparación, a la no repetición y a la verdad. La justicia transicional solo se aplica a los criminales del orden civil que han participado en el conflicto, no a los militares y policías, pues si así fuere, estos tuviesen acceso a los privilegios de la justicia transicional. Es algo similar a lo que ocurriría de igualar los actos criminales que nacen de su propia esencia doctrinaria y táctica operativa de la guerrilla, como el secuestro o el reclutamiento de niños, con los actos criminales de agentes del gobierno que no son políticas públicas de la nación, ni del estado, ni del gobernante, sino hechos repudiables por la degradación de la guerra. Por lo tanto su juzgamiento corresponde a las leyes ordinarias y la de aquellos (autodefensas y guerrillas) a la ley extraordinaria de Justicia y Paz.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han jugado un papel preponderante en la seguridad democrática y en la nueva situación de orden público, hasta el punto de llegar a un reconocimiento positivo del 85% de la opinión ciudadana. Los colombianos nos merecemos una Fuerza Pública que además de ser sacrificada, heroica y patriótica, sea limpia de toda violación de los derechos fundamentales. Se necesitan hombres y mujeres como los de Operación Jaque, pero sin contaminación con los delincuentes de la coca, ni de los rateros de bancos, ni de los asaltantes de caminos. ¿Es mucho pedir que además de Armadas sean Fuerzas Amadas?