Sin salud y sin dinero... ¿la solución?

Ricardo Plata Cepeda

El Heraldo, Barranquilla

Marzo 18 de 2010

A mediados de 2008 la Corte Constitucional emitió dos sentencias, una ordenaba elevar las prestaciones del régimen subsidiado al nivel de las del contributivo, y la otra, atender los requerimientos por encima del POS para ambos regímenes. Ello generó una escalada de costos que se estima llegarán pronto a nueve billones de pesos anuales. Además, en los últimos siete años mientras el número de beneficiarios del régimen subsidiado pasó de 12 a 24 millones, el de cotizantes del régimen contributivo (los que pagan) pasó de 6 a sólo 10 millones. Todo lo anterior tenía a muchos de los actores públicos y privados del sistema al borde del despeñadero financiero.

Ante la crisis y el vencimiento del plazo de la Corte, el ministerio del ramo expidió en enero quince decretos de rescate. En cápsulas veamos algunos: El 115 hace un poco de reingeniería burocrática para atender los demás decretos; el 126 privilegia las urgencias para acabar con los ‘paseos de la muerte’; el 127 adiciona impuestos a varios vicios poco saludables; el 128 intenta regular las “prestaciones excepcionales en salud”, nueva jerga para el No-POS, para lo cual crea, entre otras iniciativas, la pesadilla kafkiana de tener que hacer estudios financieros en la antesala del quirófano; el 129 pretende meter en cintura a quienes debiendo cotizar no lo hacen, especialmente independientes y contratistas; el 131 irritó, con razón, a la comunidad médica por la pérdida de autonomía profesional y persigue conflictos de interés entre EPS y laboratorios, y entre éstos y algunos galenos.

El Decreto 132, hasta ahora desapercibido, crea un patrimonio autónomo nacional que “girará directamente” los recursos a las EPS y a las prestadoras de servicios públicas y privadas, y deroga todos los artículos de las leyes 100, 715 y 1122 que autorizaban a municipios y departamentos a suscribir contratos con EPS para el régimen subsidiado. Esta atesada de la rienda centralista está basada en la presunción, con fundamento, de corrupción e ineptitud de la administración del sistema en muchos entes territoriales, aunque va en contravía del espíritu de la Constitución y del Voto Caribe.

Finalmente, hay que destacar la importancia del plan piloto en marcha en Barranquilla para el régimen subsidiado: El plan de Alex Char y Alex Moscoso, secretario de Salud, está basado en la hipótesis de que estructuralmente el Régimen Subsidiado tiene gastos administrativos inferiores a los del Contributivo, y costos por demanda de servicios también inferiores, para un 20% de menor costo total. Además, gracias a los Paso, se busca proveer un servicio con calidad y 95% de cobertura. Si el sistema funciona, se requeriría menos de un billón de pesos adicionales para unificar el nivel de servicio de los dos regímenes a nivel nacional, en lugar de los varios billones estimados por diversos analistas. El éxito del plan en Barranquilla constituye una esperanza nacional.

En síntesis, la reforma llegó tarde, no por la vía más democrática, pues no pasó por el Congreso, y varios de los decretos requieren enmiendas, sin estar claro cómo efectuarlas. Pero la reforma era necesaria y está en general bien orientada a allegar más recursos, constreñir la corrupción y poner algunos límites al aseguramiento que viabilicen la universalización. Aparte de privilegiar las urgencias, el país sigue en mora de un debate sobre cómo priorizar entre diversas enfermedades, tratamientos y pacientes. Con recursos que siempre serán limitados, no hacerlo implica dejar las prioridades al azar y, por darle todo a todos, se corre el riesgo de un colapso que impediría darle mucho a todos.

El equívoco en agro debate inmaduro

Ricardo Plata Cepeda

El Heraldo, Barranquilla

Noviembre 16 de 2009

Los economistas llaman "externalidades" a los efectos colaterales, resultantes de un bien o servicio, que no están incluidos en su precio o en su costo. Se podría afirmar que la historia de la economía formal es en gran parte la historia de la introducción de las externalidades en los precios de los bienes transados. Así, luego de siglos de servidumbre o esclavitud, los costos laborales fueron introducidos en todas las actividades económicas del mundo. Y en las últimas décadas presenciamos como los costos ambientales van siendo asumidos por los contaminadores.

Existen externalidades negativas y externalidades positivas, o sea efectos colaterales perjudiciales o benéficos. La exclusión de cualquier de ellas en el precio de un bien se puede identificar como una falla del mercado. En el caso de las externalidades negativas una manera usual de corregir esa falla es hacer pagar un impuesto a quienes consumen el bien en cuestión. El impuesto a la gasolina, cuyo consumo pone a los demás a respirar aire contaminado e incide en el calentamiento global, es una medida típica tomada por la mayoría de los gobiernos responsables del mundo.

Y cuándo se trata de externalidades positivas se suele recurrir a los subsidios para compensar a quienes hacen cosas que se considera tienen unos efectos favorables para la sociedad que no están incluidas en su precio. El gobierno de Barack Obama, por ejemplo, obtuvo la aprobación de una ley de incentivos a quienes generaran energía con fuentes renovables, bajo el entendimiento que ello contribuye al medio ambiente, a la seguridad energética del país y a la generación de nuevos conocimientos y empleos. En el caso de la energía eólica, el mayor receptor de cientos de millones de dólares en esos subsidios ha sido hasta ahora una empresa próspera y además extranjera, la española Iberdrola. Los gobiernos europeos subsidian a sus productores del agro, muchos más ricos que pobres, en aras de la seguridad alimentaria y del empleo rural, hasta el punto de acumularse periódicamente montañas de carne y mantequilla, a lo cual los norteamericanos responden incrementando los subsidios a sus, aun más ricos, agricultores y terratenientes.

Entre las externalidades positivas que los subsidios suelen atender están la redistribución del ingreso, la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas y la prevención de epidemias. De ahí los conocidos subsidios en Colombia a los servicios públicos de los estratos 1, 2 y 3 y a la salud a través del Sisben, entre otros, que seguramente han contribuido en éste país a crear una correspondencia directa pero errónea entre subsidios y pobreza.

Sin embargo, el objeto de la ley 1133 de 2007 que da origen al programa Agro Ingreso Seguro, es "proteger los ingresos de los productores afectados ante las distorsiones de los mercados externos (léase los subsidios a los que nos referimos arriba) y mejorar la productividad de todo el sector agropecuario nacional". Si el congreso o los medios querían un programa exclusivamente para erradicar la pobreza del campo, han debido modificar o controvertir esa propuesta de ley hace dos años. O haber abogado por una complementaria en cualquier momento. Y, por supuesto, quienes hayan recurrido a falsificación de documentos, utilización de testaferros u otro procedimiento ilícito para obtener, o para asignar, indebidamente recursos del estado deben ser investigados y sancionados como corresponda, en éste como en todos los programas de cualquier gobierno.

Pero rasgarse las vestiduras porque un programa de subsidios que no fue diseñado exclusivamente para los pobres beneficie a algunos que no lo sean, aún cuando cumplan con el objeto de la ley y los requisitos del programa, es una muestra de ignorancia o de fariseísmo. Dado el nivel de los instigadores del escándalo resulta inexcusable la ignorancia; queda el fariseísmo, por explotar la asociación entre subsidio y pobreza, a conciencia de que se trata de un supuesto generalizado pero falso. Muchos parecen divertirse profundizando el equívoco, sólo en busca de sus propios intereses mediáticos y políticos. Flaco servicio le prestan al país.

Las razones de Uribe

Por Ricardo Plata Cepeda

El Heraldo, Barranquilla

Febrero 23 de 2009

 

El terrorismo es una táctica de guerra cuya finalidad es matar o violar (o secuestrar) víctimas de forma aleatoria para crear tanto miedo en la mayoría de los ciudadanos que estos actúen en contra de sus propios intereses y a favor de los terroristas… De todas las formas de guerra el terrorismo es la menos justa y la más cobarde, porque sus víctimas son aleatorias, no tienen posibilidad de defenderse y, en general, son inocentes. El problema es que el terrorismo funciona”, dice Michael Ghiglieri, biólogo, antropólogo y autoridad mundial en la violencia entre los primates.  

El terrorismo, explica además, es típicamente una estrategia de pocos. Las Farc son hoy en día, según señalan conocedores, menos de diez mil hombres en armas; para no pecar por defecto se puede suponer, en gracias de discusión, que con milicias urbanas y redes de apoyo logístico llegasen a cuarenta mil. Colombia tiene hoy más de 45 millones de habitantes. Es decir representan menos del uno por mil de la población. Caben todos en el Romelio. Pero la ingeniera barranquillera Diana Margarita Mora y el celador del Blockbuster asesinados al azar en Bogotá hace unos días, como desenlace de una extorsión insatisfecha, son hoy solo dos testigos mudos más de esa cruel estrategia de pocos.

Un presidente no puede evadir el dilema de vida o muerte para sus gobernados inherente a las acciones u omisiones propias de su oficio. Si el Ejército o la Policía combate a delincuentes y subversivos probablemente mate a algunos de estos; de no hacerlo, cada uno de ellos seguramente asesinaría, con el pasar del tiempo, a muchos ciudadanos, cuyos nombres nunca se conocerían. Que por el accionar de las fuerzas legítimas se dé de baja a unos o que la inacción de ellas derive en que mueran más inocentes son dos caras inseparables de la misma moneda. De un dilema inescapable que anida en la soledad del poder. 

Si el Gobierno intercambia veinte secuestrados por quinientos guerrilleros estaría asegurando el secuestro o asesinato, o ambas cosas, de cientos de colombianos, cuyos nombres en ese momento se desconocen. Este detalle no es de poca monta. Todos los colombianos y millones de extranjeros comparten la dramática —y mediática— alegría cada vez que un secuestrado se reencuentra con la libertad y con su familia. Pero darle al secuestrador lo que sea que pida por el secuestro es hacer exitosa su empresa y asegurar el sufrimiento de muchos otros, cuya cara de dolor aún no se conoce. Corresponde al gobernante ponerle rostro a ese dolor anónimo; su difícil e irrenunciable deber es tratar de minimizar el daño colectivo.

Mientras el grupo secuestrador no se comprometa a liberar a todos los secuestrados y a no secuestrar más, sujetando este compromiso a verificación confiable, el juego del intercambio será, en el mejor de los casos, para el conjunto de la población de gobernados, un juego de suma cero: un carrusel del dolor donde unas víctimas y unas familias reemplazan a otras, donde la alegría de unos liberados es igual al sufrimiento de las nuevas víctimas. E incluso será un juego de suma negativa para la sociedad si los secuestradores o extorsionistas, animados por el éxito, incrementan su accionar.

Habrá quienes disientan, pero la mayoría de los colombianos eligieron y, con más certeza, reeligieron al Presidente por considerar que él piensa como ellos y que actúa en consecuencia. En eso estriba la fuerza de las razones de Uribe.