Seguridad, en saldo rojo

Hugo Acero Velásquez

El Tiempo, Bogotá

Diciembre 31 de 2009

Próximo a cumplir dos años de gestión, el Gobierno de Bogotá presenta un saldo en rojo en materia de seguridad ciudadana, haciendo casi imposible la consecución de las modestas metas que se propuso en el Plan de Desarrollo 'Bogotá Positiva: para vivir mejor 2008 2011'. En materia de homicidios, según las cifras del Sistema de Información de Violencia y Accidentalidad del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, hasta el mes de noviembre este delito ha aumentado en un 14,7 por ciento, al pasar de 1.301 casos que se registraron entre enero y noviembre del 2008 a 1492 en el mismo periodo de este año. Es decir que si diciembre se comporta de la misma manera que el año pasado, la ciudad terminará con una tasa de 21,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hay que recordar que cuando el alcalde Samuel Moreno asumió el gobierno, la ciudad tenía una tasa de 19,2 y se comprometió a reducirla a 16 al finalizar su gobierno.

La Administración argumenta que no es la única ciudad donde está aumentando la violencia homicida y que Medellín y Cali han aumentado mucho más, "mal de muchos consuelo de la Administración". No se pueden comparar realidades completamente distintas. Mientras en Medellín y Cali más del 50 por ciento de los homicidios han sido ejecutados por grupos de sicarios, en Bogotá no supera los 120 casos, es decir menos del 10 por ciento, como lo reconoció la Secretaria de Gobierno. ¿Qué pasa con el grueso de los homicidios y qué se está haciendo para disminuir este delito?

En lo que hace a los demás delitos de mayor impacto, las cifras de este año no pueden ser comparadas con las del año anterior, en la medida en que el año pasado existió un mayor registro debido a que la Ley de Pequeñas Causas incluyó como delito algunas contravenciones. Esta Ley estuvo vigente hasta septiembre del 2008. Hay que anotar que en este año aumentó la percepción de inseguridad y la victimización.

Con relación a las muertes en accidentes de tránsito, hasta el mes de noviembre apenas han disminuido en un 0,4 por ciento, al pasar de 479 casos registrados entre enero y noviembre del 2008 a 477 en el mismo periodo del 2009. De continuar con esta tendencia, al finalizar el año la tasa será de 7 muertos en accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes, muy lejos aún de la meta propuesta que es de 4. En términos generales, estamos llegando a dos años de desgobierno sin que se vislumbre una solución a los problemas de inseguridad por parte de la Administración Distrital.

Adicionalmente a los problemas de violencia y delincuencia, en la ciudad, cada vez más, los ciudadanos hacen lo que les da la gana, el espacio público se volvió a privatizar, el parqueo en las vías es indiscriminado, los bolardos están desapareciendo, los andenes nuevamente están siendo invadidos por los carros, los pasos peatonales (cebras) desaparecieron de la ciudad y los pocos que existen son irrespetados, se dejó de sancionar a los peatones que no utilizan los puentes peatonales y las sanciones a los conductores son ínfimas, como se puede evidenciar con las cifras de comparendos que presentó la Secretaría de Movilidad en días pasados, que al dividirlas por los días trabajados y por el número de policías de tránsito, da menos de un comparendo por policía al día.

Un balance nada halagüeño para una administración que para el próximo año va a ejecutar más de 450.000 millones de pesos en seguridad. Ojalá, de manera transparente, los bogotanos sepamos en qué se van a invertir estos recursos y no se orienten a fortalecer la nómina paralela que tiene la Secretaría de Gobierno, que ya supera los 3.000 contratos de prestación de servicios en lo que va de este gobierno. "... debe recordarse que toda entidad pública debe tener en su planta de personal el recurso humano necesario para el cumplimiento de sus fines y sólo en forma excepcional vincular personal supernumerario o por contrato de prestación de servicios". Clara Eugenia López Obregón, Auditora General de la República. 27 de abril del 2004.

El narco llegó para quedarse

Hugo Acero Velásquez

El Tiempo, Bogotá

Noviembre 21 de 2009

Los grandes carteles de la droga de Colombia, Perú y Bolivia comprendieron que los mercados de consumo de los países latinoamericanos son tan importantes como los norteamericanos y europeos y desde hace algunos años se dedicaron a abastecerlos con toneladas de droga, que en algunos casos dejan en los países como parte de pago a las organizaciones criminales locales, que les garantizan el paso de grandes cantidades por sus territorios hacia mercados del norte y de Europa, como ha sido el caso de México, los países centroamericanos y Suramérica: Ecuador, Venezuela, Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, entre otros.

Países en los que no solo ha crecido el consumo de droga, sino que ven cómo se corrompen algunas de sus autoridades y se fortalecen las organizaciones criminales locales dedicadas a esta actividad y al manejo de otras, como el contrabando, el comercio de armas, la trata de personas, el secuestro, la extorsión, el sicariato y gran cantidad de hurtos, delitos que están deteriorando, de manera grave, la seguridad de los ciudadanos, como lo demuestran el crecimiento desmesurado de la violencia en trece países de la región en los últimos ocho años, y la preocupación ciudadana por el tema de la inseguridad, que hoy ocupa el primer lugar, según la encuesta del Latinobarómetro del 2008.

Los países centroamericanos se han convertido en el puente de la droga hacia los Estados Unidos. En el 2005, el director de la DEA, Michael Braun, estimaba que el 92 por ciento de la cocaína enviada a este país transitaba por el corredor centroamericano.

Recientemente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que el 70 por ciento de la droga de los carteles colombianos sale por Venezuela. En Perú, una parte ale directamente hacia el norte por Centroamérica y la otra baja hacia el sur, buscando evadir los controles y llegar a Europa o a Estados Unidos vía los puertos y aeropuertos chilenos argentinos o brasileños.

En Bolivia, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) considera que las organizaciones peruano-bolivianas operan por cuatro corredores internacionales, que unen al país con los mercados de Argentina, Brasil, Chile y Europa. En Brasil, los estados de Mato Grosso y Paraná, limítrofe con Bolivia, Paraguay y Argentina, son los que reciben la droga, que posteriormente será comercializada en Sao Paulo y Río de Janeiro, o enviada a Europa. En Argentina, los carteles, especialmente mexicanos, colombianos y peruanos, dominan el mercado nacional y la exportación hacia Europa y finalmente Chile y Ecuador, donde sus autoridades consideran que sus países están siendo utilizados como puentes para exportar estupefacientes.

Definitivamente, el narcotráfico no está sólo de paso por los países latinoamericanos, sino que llegó para quedarse en todos y para afectar, de manera grave, la seguridad de los ciudadanos, lo que genera hechos de violencia, que en muchos casos superan a las autoridades de seguridad y justicia nacionales (federales), estatales y municipales. Los ciudadanos, en los municipios, ven cómo, con la llegada del narcotráfico, en particular del 'narcomenudeo', la inseguridad y la violencia crecen, como está sucediendo en la mayoría de las ciudades latinoamericanas.

Desde Canadá hasta la Patagonia, no existe una sola ciudad que no esté padeciendo los efectos del narcotráfico y el 'narcomenudeo', mientras que los gobiernos no quieren cooperar entre sí y comprender que, sin la participación de los Estados Unidos y los países europeos, es imposible controlar este problema. Si los gobiernos latinoamericanos no asumen el problema del narcotráfico en sus territorios con seriedad, más temprano que tarde van a recorrer el camino de violencia que hoy está padeciendo México y que Colombia recorre todavía, a pesar de haber reducido su violencia en los últimos años.

Paramilitarismo chavista

Hugo Acero Velásquez

El Tiempo, Bogotá

Noviembre 7 de 2009

Con la sanción presidencial de la Reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el pasado 21 de octubre, el presidente Hugo Chávez logró legalizar la Milicia Nacional Bolivariana, proyecto que había sido rechazado el 2 de diciembre del 2007, cuando no pasó el Referendo de Reforma Constitucional.

Si se mira la mencionada Ley y los antecedentes que existen en torno a las Milicias Bolivarianas, en Venezuela se está legalizando una organización civil con estructura y disciplina de tipo militar; es decir, una organización "paramilitar", como la define el Diccionario de la Real Academia Española. Quién iba a creer que al paramilitarismo colombiano de derecha le iba a aparecer una contraparte de izquierda en Venezuela, eso sí, legalizada con la nueva Ley.

En una alocución televisada de mediados de este año de Aló, Presidente en el municipio José Félix Ribas (Guárico), el presidente Chávez llamaba la atención a los responsables militares de la organización de las milicias sobre la necesidad de vincular a más ciudadanos. Decía: "Los pobladores de aquí son la milicia; bueno, no habrá armamento para todos, pero eso no importa, pueden ser unidades logísticas, unidades de alimentación, de transporte, de inteligencia de ingenieros y unidades de combate que tienen que aprender a disparar un mortero, un fusil, un AT4 y un fusil de francotirador de largo alcance, con mira nocturna... (las milicias) son unidades de inteligencia que nunca se uniforman, la verdadera inteligencia. No hay mejor fuente de inteligencia que el propio pueblo. La milicia debe ser el pueblo en armas".

Con base en estos planteamientos, la nueva Ley legalizó la Milicia que ya venía operando a través de los Cuerpos de Combatientes y de las Milicias Territoriales, que suman en la actualidad más de 30.000 grupos conformados por ciudadanos que hacen parte de los Consejos Comunales, de los organismos públicos y privados y de los Comités de Defensa Integral. En el primer caso, la Ley reconoció a los Cuerpos de Combatientes como unidades conformadas por ciudadanos que laboran en instituciones públicas y privadas y que son organizados y adiestrados por el Comando General de la Milicia Bolivariana -CGMB-, con el fin de coadyuvar en la defensa Integral de la Nación, asegurando la integridad y operatividad de las instituciones a las que pertenecen" (Art. 50). La Milicia Territorial está constituida por ciudadanos que se organizan para cumplir funciones de defensa integral de la Nación, en concordancia con el principio de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil bajo el mando y la conducción del CGMB (Art. 51).

De esta manera, la Milicia Nacional Bolivariana, que depende directamente del presidente Chávez, se constituye en el quinto componente que el gobierno venezolano incorpora a la Fuerza Armada Nacional después de la Marina, Aérea, Ejército y Guardia Nacional. La Milicia Bolivariana, a través de los Cuerpos de Combatientes y de las Milicias Territoriales, realizará actividades de inteligencia social, recabará, procesará y difundirá información de los Consejos Comunales, de los organismos públicos y privados, de los Comités de Defensa Integral.

La Milicia se constituye en el organismo de inteligencia del presidente Chávez para controlar a los enemigos del "socialismo del siglo XXI", como lo plantea el CGMB: "La Milicia se constituye en la herramienta fundamental para orientar y desarrollar acciones hacia los diferentes blancos y audiencias: población, propias tropas, el enemigo, en esfuerzo combinado para consolidar el mandato constitucional de la corresponsabilidad en materia de seguridad y desarrollo social entre el Estado y la Sociedad Civil".

Ojalá me equivoque, pero con la expedición de esta Ley, Venezuela comienza a transitar una etapa de violencia institucionalizada que de manera peligrosa involucra a los ciudadanos. El debate está abierto.