Los venezolanos sí exigimos una explicación

Adolfo R. Taylhardat

El Universal Digital, Caracas

Marzo 17 de 2010

En el caso de la conexión del régimen venezolano con la ETA y las FARC el gobierno español no ha hecho sino dar tumbos. Primero el Presidente Rodríguez Zapatero exigió una explicación. Luego Moratinos dijo que no era una explicación sino información lo que se había pedido. Más tarde dijo que el Presidente Zapatero había hablado claro y que los que se exige es una explicación. Ahora le piden “aclaraciones” al Juez de la causa, Eloy Reyes, acerca de “algunoas precisiones sobre el auto judicial”

En todo caso, la investigación que adelanta la Audiencia Nacional española apunta a confirmar la existencia de una colaboración connivente entre el régimen que gobierna en Venezuela con esas dos organizaciones terroristas.

Los testimonios obtenidos de fuente directa por las autoridades colombianas y suministradas a la justicia española, particularmente entrevistas con guerrilleros arrepentidos, son sumamente reveladores. De esas declaraciones se desprende que el territorio venezolano ha sido utilizado por la guerrilla colombiana, no solamente como santuario o aliviadero, para reclutar y entrenar efectivos y para que los altos cuadros de la narco guerrilla reciban atención médica, sino que además en nuestro país se llevaron a cabo actividades conjuntas de las FARC y la ETA, consistentes en cursos y seminarios acerca el uso de armamentos sofisticados y pruebas del empleo de explosivos y misiles para cometer atentados terroristas. Todo ello con la facilitación, el apoyo y hasta la protección de cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Los elementos probatorios recopilados por el Juez español indican que personas cercanas a los más altos niveles del gobierno venezolano, dentro del cual desempeñan importantes cargos, son responsables de coordinar las actividades de la ETA en Venezuela y en América Latina y sirvieron como facilitadores para la realización de las actividades de entrenamiento y ensayos de armas y explosivos que conjuntamente realizaron en Venezuela la ETA y las FARC.

Las evidencias provienen no solamente de las grabaciones extraídas de las computadoras de Raúl Reyes, que el gobierno venezolano pretende descalificar aún cuando la INTERPOL ha certificado que no han sido objeto de ninguna manipulación por parte del gobierno colombiano. También consiste de testimonios contundentes y seriamente comprometedores ofrecidos por testigos presenciales de muchos de los hechos que forman parte del sumario que recopila el juez Eloy Reyes.

Como es su costumbre, el mandante de Miraflores y sus acólitos han pretendido despachar esos señalamientos con descalificaciones, reacciones destempladas y hasta insultos indignos de un gobernante.

El Juez Eloy Velasco es persona seria, muy profesional y sin lugar a dudas llevará adelante sus investigaciones sin interferencias. Además, a diferencia de lo que sucede aquí, en España existe una absoluta separación de los poderes públicos. Allá el Poder Judicial goza de la confianza y el respeto plenos del gobierno y de la ciudadanía, cosa que tampoco ocurre aquí.

El gobierno español ha preferido priorizar los beneficios económicos y financieros que deriva de su relación con el mandante de Miraflores y trata de ponerle una sordina a esta delicada situación que envuelve aspectos del combate contra el terrorismo. Esa actitud timorata enardece no sólo a los españoles sino también a los venezolanos.

El caso ha adquirido nuevo aliento con la detención en Portugal de un etarra que se disponía viajar a Venezuela. Es uno de un grupo que tenia almacenado en territorio portugués un arsenal de armas y explosivos para llevar a cabo atentados terroristas en España.

El teniente coronel presidente dice que no está obligado a darle explicaciones a España. Ese es un problema que deben dilucidar él y las autoridades españolas. Pero si está obligado a dárnosla a los venezolanos. Debe aclarar lo de las sesiones y cursos de entrenamiento que se impartieron recíprocamente la ETA y las FARC en territorio venezolano con participación de la organización chavista FBL, bajo la mirada cómplice de funcionarios de los cuerpos de seguridad venezolanos. Debe aclarar por qué el etarra que coordina la presencia de la ETA en Venezuela y América Latina y su compañera ocupan altos cargos en su gobierno. Finalmente, debe averiguar e informar por qué el etarra detenido en Lisboa se proponía viajar a nuestro país. El show que montaron en el aeropuerto supuestamente para detenerlo cuando llegara no es suficiente para desviar la atención sobre cuál era el objeto de su viaje a Venezuela.

Chávez y el embrollo Mascheroni

Adolfo R. Taylhardat

El Universal, Caracas

Octubre 28 de 2009

En su edición del 21 de octubre pasado, página A25, el New York Times publicó una información según la cual el FBI allanó la oficina de un señor argentino nacionalizado norteamericano de nombre Leonardo Mascheroni, quien se había desempeñado como científico nuclear en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, el principal centro de investigaciones sobre armas nucleares de los Estados Unidos. Según la nota del New York Time este señor está siendo investigado bajo sospecha de espionaje por haberle proporcionado a un funcionario venezolano información relacionada con la fusión nuclear. Según la misma información Mascheroni es el autor de un tipo fusión de laser que permite asegurar la confiabilidad de las armas nucleares. Como los secretos de la bomba de hidrógeno y de la fusión nuclear son similares –agrega el NYT- el FBI considera que Mascheroni violó normas federales al discutir su invento con un individuo que se identificó como representante del Gobierno de Venezuela. Dos semanas antes el FBI había capturado a este individuo y le decomisó los documentos sobre el laser. El propio Mascheroni ha reconocido que el año pasado un “representante” venezolano le ofreció pagarle ochocientos mil dólares por su invento.

En otra nota, esta vez de la Associated Press, fechada el 22 de octubre, se lee que e Mascheroni comentó que el individuo, un hombre de unos 40 años, que dijo llamarse Luis, trabaja en la Embajada venezolana en Washington y habla español e inglés le dijo “Mientras menos sepas de mi mejor para ti”. El misterioso representante del gobierno venezolano le dejó a Mascheroni veinte mil dólares en efectivo en un buzón en el aeropuerto de Albuquerque. Esto último lo confirmó Mascheroni en una entrevista que publicó el Nuevo Herald de Miami el 23 de octubre.

Como era previsible, el teniente coronel presidente no tardó en calificar como “especulaciones” toda esta historia. “Es parte de la campaña contra nosotros. Son ataques concebidos para ir sembrando una matriz de que este es un gobierno nuclear”. ”Venezuela jamás hará una bomba atómica” aseguró la semana pasada en Cochabamba durante la cumbre del ALBA.

Esto último puede ser verdad. Sería descabellado desde todo punto de vista que involucrara a nuestro país en una aventura de esa naturaleza (aunque seguramente la idea no ha dejado de pasar por su desquiciada cabeza ya que ganas no le faltan para provocar al “imperio”). A menos que quiera violar el tratado de no-proliferación nuclear y el tratado de Tlatelolco que prohíben a Venezuela dotarse de armas nucleares. Pero si es así, ¿por qué el régimen quiso comprar el invento de Mascheroni?

Como dice el refrán, “cuando el río suena es porque piedras trae”. No creo que un periódico tan serio como el New York Time arriesgue su prestigio publicando una información sin fundamento. Lo mismo puede decirse de la Associated Press.

Si tomamos en cuenta el pacto contra-natura que existe entre el dictador venezolano y su colega iraní y el hecho de que el régimen venezolano se ha prestado en el pasado para facilitar al régimen iraní burlar las sanciones que le ha impuesto el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los controles internacionales que persiguen impedir que Irán adquiera materiales, instrumentos e insumos susceptibles de servirle para dotarse de una capacidad nuclear militar, el embrollo adquiere cierta consistencia. Según la información que publicó La Stampa en diciembre del año pasado interceptaron en Turquía un cargamento, transportado en aviones de una línea comercial venezolana, que contenía computadoras para el control de misiles y material para la fabricación de esos artefactos, todo ello destinado a Irán. Por otra parte, es público y notorio que los dos regímenes han creado instituciones bancarias que permiten a Ahmadinejad burlar también las sanciones financieras que le ha impuesto la comunidad internacional. A esto hay que agregar la cooperación que presta Irán al régimen venezolano en la localización de yacimientos de uranio y el apoyo que el inquilino de Miraflores ha proclamado repetidas veces al proyecto nuclear iraní.

Los servicios de inteligencia de varios países coinciden en que, aunque lo niegue, Irán avanza hacia el desarrollo de una bomba nuclear. Según informes de inteligencia, dentro de condiciones ideales ese país podría realizar el año que viene un primer ensayo nuclear similar a los que ha hecho Corea del Norte. Se sabe también que Irán ha construido misiles de mediano y largo alcance capaces de transportar armas nucleares. Sin embargo, según los informes de inteligencia Irán no dispone todavía de la tecnología necesaria para construir un arma nuclear “desplegable”. Disponer de la capacidad de realizar una explosión atómica no significa que se cuenta con la capacidad para desplegar un arma nuclear. El artefacto que podría detonar Irán sería del tamaño de un container y por lo tanto no sería desplegable como arma. Para ello tendrá que reducir la bomba nuclear a un tamaño que pueda ser transportada por un misil.

No es aventurado entonces pensar que precisamente en este contexto entra en juego el embrollo de Mascheroni. El gerifalte de Miraflores podría estar actuando como intermediario de Ahmadinejad para adquirir la tecnología desarrollada por Macheroni, la cual, como se vio antes, está muy conectada con la producción de armas nucleares y facilita la realización de ensayos de esas armas. Según la nota del NYT mencionada al comienzo de este artículo, con una muy pequeña descarga del dispositivo laser creado por Mascheroni se podría probar la confiabilidad de un arma nuclear sin necesidad de recurrir a explosiones subterráneas.

Puede que el gerifalte no esté pensando producir armas nucleares pero podría estar ayudando a su pana iraní a producirlas.

Tentaciones nucleares peligrosas

Por Adolfo R. Taylhardat

www.adolfotylhardat.net

El Universal, Caracas

6 de octubre de 2009

Hace hace mas de cinco años el teniente coronel presidente ha venido hablando de su intención de impulsar el desarrollo de la energía nuclear en Venezuela. En un comienzo intentó obtener cooperación de Argentina y Brasil pero esos países le sacaron el cuerpo. Según un informe del Carnegie Endowment, publicado en diciembre del año pasado, funcionarios brasileros revelaron que el gobierno “bolivariano” estuvo haciendo gestiones para que Brasil le transfiriera tecnología nuclear pero el gobierno de ese país se consideró que sería riesgoso dado el apoyo que el mandante de Miraflores le da a la política nuclear de Irán. El informe agrega que el Director de la Comisión Nacional Brasilera de Energía Nuclear señaló que la única cooperación que podría dársele a Venezuela sería en medicina nuclear. El mismo informe dice que una Delegación de PDVSA firmó una carta de intención con el gobierno argentino para la construcción de un reactor modular en la faja del Orinoco que se emplearía en la producción de vapor de alta temperatura para licuar petróleo pesado, pero que ese reactor todavía está en fase de prototipo.

En vista de ello el régimen venezolano se ha volcado hacia Rusia en busca de apoyo para sus ambiciones nucleares. Este país, ni tonto ni perezoso, de la misma manera como lo viene haciendo con la venta chatarra militar que le vende, no pierde la oportunidad de beneficiarse de la gallina de los huevos de oro que el mandante de Miraflores ha hecho de Venezuela. El informe de Carnegie Endowment, dice que en septiembre del año pasado Rusia le propuso a Venezuela construir reactores nucleares y ambos países establecieron un grupo de trabajo con esa finalidad. Agrega que la empresa rusa Atomsproyexport, especializada en la construcción de reactores nucleares, la misma que construyó la planta Busheher en Irán, ha confirmado estar involucrada en negociaciones con Venezuela con esa finalidad. Además, durante la visita a Venezuela del Presidente Dimitry Medvedev se firmó un acuerdo marco “estableciendo cooperación en fusión termonuclear, seguridad de instalaciones nucleares y fuentes de radiación, así como el diseño, construcción, operación y desafectación de reactores y plantas de energía nuclear”. Agrega el mismo informe que esta colaboración ruso-venezolana podría resultar en verdaderos proyectos si Venezuela estuviera en condiciones de costearlos. Un reactor nuclear, cuesta varios millares de millones de dólares.

Pero hay una dimensión peligrosa en los caprichos nucleares del gerifalte. Éste ha proclamado públicamente su apoyo incondicional al proyecto nuclear iraní que se encentra bajo minucioso escrutinio por parte de la comunidad internacional. Hace un par de años la Venezuela chavista votó en contra de la resolución de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica mediante la cual se llevó a la consideración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el sospechoso programa nuclear del régimen de Teherán. Venezuela acaba de ser electa nuevamente miembro del la Junta de Gobernadores del OIEA. Desde esa posición el aliado incondicional de Ahmadinejad seguramente contribuirá a entorpecer los esfuerzos para controlar la actividad nuclear de Irán

Se ha especulado mucho acerca de un supuesto suministro de uranio venezolano a Irán. “Por ahora” Venezuela no está extrayendo uranio y mucho menos lo está procesando. Lo que si se sospechaba desde hace tiempo es que Irán podría estar colaborando con el gobierno venezolano en la prospección y evaluación de posibles yacimientos de uranio en el país. La instalación de fabricas iraníes de tractores y de bicicletas en la región de la Guayana venezolana han contribuido a alimentar las sospechas de que algo se “estaría cocinando” en esa región. ¿Será por eso que el gerifalte ha bautizado las bicicletas iraníes con el nombre de “bicicleta atómica”? Se sabe que el régimen bolivariano suscribió con el de Irán una serie de acuerdos otorgándole la exclusividad para realizar actividades de exploración y prospección geológica en un vasto sector del Estado Bolívar. El informe de Carnegie Endowment dice que se estima que Venezuela podría tener unas 50.000 toneladas de uranio pero que eso no está confirmado.

Ahora las sospechas han quedado despejadas. El ministro de Industrias Básicas y Minería acaba de confirmar que Irán está prestando apoyo a Venezuela para detectar reservas de uranio en el occidente y el oriente del país. “Tenemos reservas de uranio que las estamos detectando con Irán”… “Nuestras proporciones geológicas indican que podemos tener importantes reservas de uranio” ha dicho el ministro. No se puede excluir que dentro de esa cooperación Irán esté obteniendo muestras para determinar la concentración de uranio en los lugares donde se ha detectado su existencia a fin de establecer si resultaría rentable su explotación. Esas muestras seguramente son llevadas a Irán para someterlas a lo análisis necesarios.

En principio nada de lo anterior debería preocuparnos. Venezuela es Parte tanto del Tratado de No-Proliferación de Armas Nucleares (TNP) concluido dentro del marco de las Naciones Unidas y del Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco). Ambos instrumentos consagran el derecho de los países a desarrollar la energía nuclear con fines pacíficos y al mismo tiempo establecen mecanismo de control para impedir que ese desarrollo sea desviado hacia fines militares. Digo en principio porque como lo demuestran los casos de Corea e Irán, siempre es posible burlar esos controles.

De todo esto emergen circunstancias muy inquietantes. Venezuela podría convertirse en una fuente de aprovisionamiento de uranio para Irán, país que se ha lanzado en un programa de enriquecimiento de uranio que tiene preocupada a la comunidad internacional. En retribución, Irán podría convertirse en el principal suministrador de tecnología nuclear de Venezuela. La afinidad existente entre los mandatarios de Venezuela e Irán, los estrechos lazos que han establecido, la retórica anti-norteamericana de ambos, la naturaleza sospechosa del proyecto nuclear iraní, el comportamiento antojadizo y caprichoso del gobernante venezolano hacen temer, con justificada razón que en nuestro país se pudiera repetir una situación alarmante como la que ha originado el programa nuclear del régimen de Teherán.

Las tentaciones nucleares del gerifalte son definitivamente peligrosas y ya se están activando los sistemas de alarma de la comunidad internacional contra la proliferación nuclear.

Soberanía vs. legítima defensa

Por Adolfo  R. Taylhardat

El Universal, Caracas

Marzo 11 de 2009

Este tema ha vuelto al tapete de la opinión pública por la presencia en Venezuela de algunos de los principales "capos" de la narcoguerrilla colombiana. Ha trascendido que nueve miembros del Estado Mayor Central de las FARC están refugiados en Venezuela. Otros dos estarían en Ecuador. Probablemente estos elementos se han refugiado en los países vecinos para protegerse de las acciones contundentes que el gobierno colombiano viene efectuando contra la narcoguerrilla. En estas condiciones, nada más seguro que encontrar santuario en el territorio de países con gobiernos complacientes.

Primero el presidente Uribe reveló que varios de los mandos de las FARC y de la guerrilla del ELN "están residenciadas en el extranjero bajo la coartada de intelectuales". Luego la televisora colombiana RCN, seguramente con datos de fuente oficial, precisó que entre los nueve que están en Venezuela figura nada menos que Rodrigo Granda (a. Ricardo) cuya presencia en nuestro país y su subsecuente "extracción" originaron una de las peores crisis en  las relaciones del teniente coronel Presidente con su par colombiano.

Para que no quede duda, los generales colombianos tienen un mapa elaborado por la inteligencia de ese país con los sitios exactos donde están ubicados los campamentos de las FARC tanto en Venezuela como en Ecuador.Incidentalmente, al cumplirse un año de la operación del ejército colombiano contra el campamento de las FARC en Ecuador, el ministro Juan Manuel Santos reivindicó el derecho de su país a defenderse de "los terroristas" aunque no estén en territorio de Colombia. "Golpear a terroristas que sistemáticamente están atentando contra la población de un país, así estos no se encuentren dentro de su territorio, es un acto de legítima defensa y una doctrina cada vez más aceptada por el derecho internacional" dijo Santos (EU 03-03-09, Pág. 1-12). La reacción aquí no tardó en producirse. La cancillería venezolana calificó de "repudiable la actitud prepotente" del Ministro  y de "amenaza a la estabilidad y la soberanía" (EU 04-03-09, Pág. 1-16).

Todo esto ha generado justificada preocupación en los altos mandos militares colombianos que no han ocultado su molestia por no poder hacer nada contra los jefes guerrilleros refugiados en países vecinos y por la posición asumida por el canciller colombiano, Jaime Bermúdez.

También ha revivido la polémica acerca de los  límites de la soberanía y de la legítima defensa. El concepto de legítima defensa está consagrado tanto en la Carta de las Naciones Unidas como en la de la OEA, aunque con alcances distintos. Sobre la legítima defensa la Carta de la ONU (Art. 51) dice expresamente: "Ninguna disposición de esta Carta menoscabará  el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de un ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas …" mientras que la Carta de la OEA (Art. 21) reza: "Los Estados americanos se obligan en sus relaciones internacionales a no recurrir al uso de la fuerza, salvo el caso de legítima defensa, de conformidad con los tratados vigentes o en cumplimiento de dichos tratados. La diferencia consiste en que la organización regional no requiere que preceda una agresión (un ataque armado) para ejercer el derecho a la legítima defensa. Ambos instrumentos consagran también el derecho de los Estados a la soberanía pero al mismo imponen ciertas condiciones. La Carta de las NNUU exige el cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales contraídas por ellos (Art. 2.2). La  Carta  de la OEA es más precisa. Establece que "Todo Estado americano tiene el deber de respetar los derechos de que disfrutan los demás Estados de acuerdo con el derecho internacional (Art. 10), y agrega que "El respeto y la fiel observancia de los tratados constituyen normas para el desarrollo de las relaciones pacíficas entre los Estados" (Art. 17).

En el caso presente el gobierno venezolano no solamente ha dejado de cumplir sus obligaciones internacionales sino que las viola descaradamente. La permanencia de los capos guerrilleros colombianos en territorio venezolano, que es del conocimiento del teniente coronel Presidente  y recibe apoyo y hasta protección de nuestra Fuerza Armada, constituye una abierta contravención a las obligaciones contraídas en la Convención Interamericana sobre Deberes y Derechos de los Estados en caso de luchas civiles (La Habana, 20-02-1928) cuya actualidad, contenido y alcances fueron confirmados mediante el protocolo concluido en Washington el 1º de mayo de 1957. El artículo segundo de esa Convención obliga a los Estados a "Desarmar e internar toda fuerza rebelde que traspase sus fronteras siendo los gastos de internación por cuenta del Estado donde el orden hubiese sido alterado".

La evolución de los acontecimientos internacionales y la aparición de nuevos ilícitos internacionales han sobrepasado en muchos aspectos la vigencia del derecho internacional tradicional y se impone una revisión del concepto de legítima defensa. Los derechos de  los Estados, como los derechos humanos individuales, son progresivos. Frente a una situación como la descrita, que no está contemplada en los tratados, cabe preguntar si no tiene razón el ministro Juan Manuel Santos cuando sostiene que un país, haciendo uso de su derecho de legítima defensa, debe poder actuar más allá de sus fronteras contra terroristas y subversivos que continuamente atentan contra la población y la estabilidad del Estado. Colombia no es el único país en el mundo que confronta situaciones como ésta. ¿No habrá llegado el momento de que la comunidad internacional, que ha aceptado la noción del derecho a la injerencia humanitaria, reconozca también el derecho de un gobierno a realizar acciones preventivas de legítima defensa cuando el gobierno de otro país no ha sido capaz, deliberadamente se ha abstenido, o intencionalmente se presta para que se produzcan situaciones que puedan originar esas acciones?  Todo ello, por supuesto, dentro de los límites estrictos que imponen la naturaleza y la  efectividad  de la acción a realizar como ocurrió en Ecuador. Es un planteamiento debatible  y por eso dejo la pregunta en el aire.

Finalmente, la advertencia que acaba de lanzar el teniente coronel Presidente a su colega  colombiano es tan, o hasta más grave aún, que lo que dijo Juan Manuel Santos. Cuando anunció que ordenará "prender los tanques y los Sukhoi", profirió una amenaza de agresión contra el país vecino. Además, dicho eso públicamente por un jefe de Estado incurre en una amenaza a la paz y a la seguridad internacional.