Obama y el apoyo a Colombia.

Por: Rafael Guarin

La victoria de Barack Obama es una oportunidad para que Colombia continúe avanzando hacia la paz. Desde 2002 el trabajo conjunto de las administraciones Bush-Uribe permitió recuperar la seguridad en casi la totalidad del territorio. Este no es únicamente mérito de los republicanos, sino resultado de una estrategia bipartidista diseñada bajo el liderazgo demócrata de Bill Clinton.
Luego de diez años la estrategia resulta insuficiente y requiere ajustes. Continuar ese mismo esquema de cooperación posibilita seguir la reducción de guerrillas y bandas del narcotráfico, pero no garantiza la sostenibilidad de los logros a largo plazo. La guerra irregular puede nuevamente tomar impulso a menos que se construya el estado de derecho y legitimidad en las zonas donde están enquistados los grupos que la adelantan.

Además, no hay duda de que la penetración de la mafia en unidades militares y su alianza con sectores políticos desvía y desvirtúa la ayuda estadounidense. Tampoco que las violaciones de derechos humanos, por parte de corruptos miembros del ejército, son incompatibles con el fortalecimiento de la democracia que está en la justificación del Plan Colombia.

La llegada de Obama a la Oficina Oval despertó una ola de entusiasmo entre quienes rechazan el apoyo militar a Colombia. Muchos señalan que es el fin de la ''salida guerrista'' y de la política de seguridad democrática. La guerrilla aspira a que el nuevo gobierno demócrata elimine esa ayuda y presione a Uribe a negociar. Las FARC piensan que eso les da legitimidad política y les posibilita ser interlocutor de gobiernos y partidos, remover los obstáculos que le dificultan obtener el estatus de beligerancia y progresar en el proyecto farchavista. Algunas ONGs están en el mismo juego.

Probablemente el presidente Obama y su equipo asesor midieron las consecuencias de ese camino: incremento del tráfico de drogas, aumento de la violencia guerrillera, deterioro progresivo de la capacidad de respuesta de los organismos de seguridad y de la propia maniobrabilidad política del gobierno colombiano y crecimiento de bandas emergentes, entre otras. En su conjunto, la debacle de las instituciones democráticas con la reedición de la táctica del diálogo al servicio de la estrategia de guerra, la misma que narra Fidel Castro aplicaron las FARC en el Caguán.

Las cosas no serán así. A pesar de sectores demócratas que propugnan por un giro radical en la relación con el gobierno Uribe, lo cierto es que Obama tiene decidido cómo actuar. En mayo pasado, en un discurso en Miami, indicó: ''Apoyaremos totalmente la lucha contra las FARC. Trabajaremos con el gobierno para acabar con el régimen del terror de los paramilitares. Respaldaremos el derecho de Colombia de atacar a los terroristas que buscan santuario en otros países y haremos que se aclare cualquier apoyo que otros vecinos estén dando a las FARC''. Y no puede ser de otra manera. Lo adecuado es mantener el apoyo militar y político, elevar las exigencias en materia de respeto a los derechos humanos y reclamar transparencia a gobiernos involucrados con esa organización.

Por otro lado, después de conseguir la seguridad en regiones que hace una década estaban bajo dominio guerrillero y paramilitar, el reto es lograr el respaldo ciudadano que en muchas de ellas es esquivo. Eso hace conveniente repensar el Plan Colombia y enfatizar la intervención económica y social para consolidar territorios, ganar legitimidad y construir instituciones, cuidando de no afectar la ayuda militar.

Al parecer, según palabras de Frank Sánchez, asesor para América Latina en su campaña, esa será la directriz: ''Bajo una administración de Barack Obama el Plan Colombia va a seguir''. Dice que el nuevo presidente quiere agregar más fondos, ''específicamente para reforzar instituciones que fortalecen la democracia, la justicia y el desarrollo económico''. Sánchez aclaró la posición del nuevo presidente al señalar que ''él ha apoyado fuertemente al presidente Uribe en su lucha contra las FARC, hasta fue uno de los únicos políticos en Estados Unidos que apoyó al gobierno de Colombia y a Uribe mismo'', refiriéndose al ataque del ejército colombiano a un campamento guerrillero en territorio ecuatoriano. ''Ni Bush habló tan abiertamente apoyando a Uribe'', concluyó.

Si Obama concreta estos anuncios, lejos de debilitar la política de seguridad democrática avalará su sostenimiento, la mejor contribución que puede hacer a la paz de Colombia. También es oportuno que el apoyo de Estados Unidos a futuros diálogos se condicione a la decisión de las guerrillas, desde el principio y de forma irreversible, de entregar las armas y desmovilizarse. Y, segundo, a que se respeten los derechos de las víctimas de las FARC y el ELN a la verdad, la justicia y la reparación.

Publicado en El Nuevo Herald - Miami / lunes 24 de noviembre de 2008
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Debate Nacional

"COLOMBIA ¿HECATOMBE DEMÒCRATA?

Por: Rafael Guarin

En las computadoras de ''Raúl Reyes'' no sólo hay información que compromete a Hugo Chávez y Rafael Correa con las FARC, sino mensajes presuntamente de congresistas demócratas. Esa situación, más la negativa de ese partido al tratado de libre comercio y las declaraciones de sus candidatos presidenciales, es suficiente para encender las alarmas sobre un hipotético escenario que afecte severamente las actuales relaciones entre Estados Unidos y Colombia.

Hillary y Obama dicen rechazar el TLC mientras sigan presentándose asesinatos contra sindicalistas y violaciones de derechos humanos. Existen además críticas por vinculación de políticos y miembros de la fuerza pública con grupos paramilitares. En mayo del año pasado, la speaker de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, señaló que ''si no hay progresos sustanciales'' en ese tema, no habrá acuerdos comerciales.

La preocupación demócrata es más que razonable, pero pierde de vista los esfuerzos del gobierno colombiano y desconoce que los victimarios son perseguidos contundentemente por el Estado. Las estadísticas lo constatan. Según el Ministerio de Defensa, en 2001 fueron asesinados 123 sindicalistas, mientras que en 2007, 8. Desde agosto de 2002 se ha capturado a 15,060 paramilitares, 2,224 fueron abatidos y 35,353 se desmovilizaron. Se han realizado 666 extradiciones de narcotraficantes.

La contundencia es similar frente a la guerrilla. Durante la administración Uribe se ha abatido a 10,844 guerrilleros y 11,028 se han desmovilizado. La acción contra los grupos ilegales redujo las masacres de 115, en 2002, a 26 el año pasado; los homicidios de 28,837 a 17,918; los secuestros, de 2,883 a 486 y los atentados terroristas, de 1,645 a 387. Y se han incautado 376,090 armas.

Nada de eso es visible a los ojos demócratas. Por el contrario, cuando Colombia necesita mayor certeza de su alianza con Estados Unidos, para enfrentar la amenaza del farchavismo, los gestos demócratas hacen saber a Chávez y a las FARC que revaluarán su relación con el gobierno Uribe. Esto afecta la credibilidad de la política de disuasión colombiana, alienta la expansión de la ''revolución bolivariana'' y empuja la ejecución del plan estratégico de la guerrilla.

La situación puede ser más grave. En las computadoras de Raúl Reyes hay un memorando fechado el 28 de febrero en el que informa al Secretariado de las FARC su encuentro con el Ministro de Seguridad de Ecuador, Gustavo Larrea. En el texto, Reyes dice: ''los gringos pidieron cita con el ministro para solicitarle nos comunicara su interés en conversar varios temas. Dicen que el nuevo presidente de su país será Obama y que ellos están interesados en sus compatriotas. Obama no apoyará Plan Colombia ni firma del TLC''. ¡Sí! ¡Leyó bien! ``Obama no apoyará plan Colombia ni firma del TLC''.

Ese mensaje a las FARC estuvo antecedido por una reunión del congresista demócrata William Delahunt con Hugo Chávez, para hablar del ''intercambio humanitario''. Días antes había visitado Colombia en compañía de sus copartidarios James McGovern y George Miller. En esa oportunidad, McGovern dijo querer reunirse con la guerrilla.

McGovern es el mismo que se opuso en 2002 a conceder asistencia militar adicional a Colombia. Consideraba que no era un ''nuevo frente contra el terrorismo'' y que existía ''una guerra civil de 40 años'', lo que revela una errónea percepción de la realidad. No debe sorprender, pues el congresista recibe consejos e intercambia ideas, ''de interés de las FARC'', con James C. Jones, un académico norteamericano y confeso ''bolivariano'', cuya afectuosa correspondencia con Reyes aparece en las computadoras.

Pero todo indica que se trata de una pequeña facción demócrata. Para el analista de Eurasia Group, Patrick Esteruelas, ``salvo algunos representantes en Nueva York, Maine y Massachusetts que se han beneficiado de las entregas de diésel venezolano y otros productos del gasóleo a precios preferenciales en sus comunidades, son pocos los miembros del Partido Demócrata que simpatizan con Hugo Chávez y menos aún los que simpatizan con las FARC, en un clima tan sensible ante el terrorismo''.

Empero, esos capítulos no deben tomarse a la ligera. Sería conveniente que Obama y los congresistas aclararan varias cosas. ¿Es cierto que de ser presidente Obama eliminará el Plan Colombia? ¿Tienen los demócratas decidido desmontar esa ayuda militar? ¿El mensaje sugiere la liberación de los tres norteamericanos secuestrados a cambio de finiquitar la cooperación?

Aparte de que Washington termine el Plan Colombia, la estrategia ''fariana'' busca un gobierno en 2010 que desmantele la política de seguridad. También, probablemente, aspiran que por presión de la Casa Blanca se desmilitaricen los municipios de Pradera y Florida para hacer el ''acuerdo humanitario'' y se obligue al gobierno colombiano a un proceso de paz bajo las condiciones de la guerrilla. Esa es una vía para avanzar en la implementación de la ''revolución bolivariana'' y hundir en una hecatombe la seguridad democrática. Lo importante es que estamos a tiempo para evitarlo.

Columna publicada el 17 de ABRIL de 2008 - EL NUEVO HERALD