Al agua

Miguel Gómez Martínez

El Espectador, Bogotá

Enero 24 de 2010

Tomé la decisión de aceptar la candidatura a la Cámara de Representantes por Bogotá como cabeza de lista del Partido de la U. Ello implica que esta es mi última columna en El Espectador. Siento tristeza de abandonar mi espacio periodístico con el que me sentía muy cómodo.

Decidí pasar a la acción. Durante años he sido un crítico severo del Congreso y de los partidos políticos. Estoy convencido de que encarnan uno de los principales males de esta sociedad. Los partidos perdieron su norte y dejaron de representar ideas. El Congreso se convirtió en el símbolo del clientelismo, la ineficiencia y la corrupción. Una democracia sin partidos y sin Legislativo es una democracia amenazada. Soy consciente de aspirar a ser parte de un órgano donde el 30% de sus integrantes están en la cárcel. Pero creo que no es aceptable seguir criticando sin intentar hacer algo para que las cosas cambien. Por eso me retiro de mi trabajo, de mis actividades profesionales, para asumir el reto de contribuir a limpiar la política y salvar la democracia.

No tengo maquinaria política ni plata, ni siquiera tengo suficiente tiempo para montar una campaña con todas las de la ley. Pero me sobra carácter, honestidad y voluntad. Quiero representar a Bogotá, que es la ciudad donde nací, me crié, vivo y quiero morir. Pienso que a Bogotá nadie la defiende en el Congreso. Esta ciudad, que es de todos los colombianos, lo que la hace grande, al mismo tiempo no es de nadie. Por eso está estancada y en ciertos campos en franco retroceso. Quiero apoyar las iniciativas que nos permitan vivir en una ciudad más segura, donde prime la calidad de vida, donde los servicios y los impuestos sean razonables, con gente que no sea agresiva y sí respetuosa de los derechos de los demás. Desde la Cámara de Representantes se pueden impulsar ideas y proyectos que contribuyan a mejorar la vida de quienes nacimos o escogimos esta ciudad para vivir.

Quiero ser una voz contra los corruptos proponiendo que las condenas para quienes se apropien los dineros públicos sean mucho más severas y no puedan ser excarcelables. Quien toque los dineros públicos debe recibir una sanción ejemplarizante para que la corrupción no sea la norma general aceptada.

Los colombianos llevamos décadas con miedo. La seguridad es el principio de toda convivencia pacífica. Los ciudadanos en Bogotá no salen tranquilos a las calles, no utilizan el transporte público sin temor a ser robados, no dejan salir a sus hijos a los parques, temen por sus bienes y sus vidas. La vida con miedo es una pesadilla. La seguridad ciudadana se puede mejorar con más tecnología, colaboración ciudadana e incrementando las penas para los delitos como los robos que hemos terminado por considerar como “normales y cotidianos”.

Y Bogotá tiene que crecer económicamente. Los impuestos y los servicios públicos son demasiado altos y costosos. La ciudad está perdiendo su tejido empresarial que se instala en los municipios aledaños. Sin empleo estable y legal nunca habrá prosperidad.

Siento que es mi deber ponerme en la primera fila del combate. Me lanzo al agua porque quiero pasar de la crítica a la acción.

¿Qué tal eso?

Miguel Gómez Martínez

El Espectador, Bogotá

Diciembre 20 de 2009

En este país brilla la injusticia. Por lo general no actúa. Cuando actúa lo hace con pasmosa lentitud. En muchos casos sus fallos carecen de la transparencia y el equilibrio que deben definir toda actuación judicial.

Qué tal el caso del Palacio de Justicia. Casi un cuarto de siglo después de acontecidos los hechos (magnífico ejemplo de celeridad de la justicia), los jueces se ensañan contra un pequeño grupo de oficiales del Ejército Nacional y los condena por uso excesivo de la fuerza y violación del derecho humanitario. Es evidente que, en ese entonces, el país no estaba preparado para enfrentar un ataque terrorista de esas proporciones y que muy seguramente hubo excesos que podrían haber sido evitados. Pero lo que hizo el Ejército y la Policía de Colombia en esos días tan confusos fue salvar esta democracia que pendía de un hilo entre la violencia guerrillera y los intereses del poderoso narcotráfico que terminaron aliados en este salvaje ataque contra el Palacio.

En un claro ejemplo de descontextualización y desequilibrio, las Fuerzas Armadas terminan siendo las únicas responsables de lo que sucedió en esos trágicos días de noviembre de 1985. Los funcionarios que dieron las órdenes y participaron en esos hechos pasan agachados con un cinismo sin límites y dejan a las Fuerzas Armadas solas frente a una justicia, ahora sí, implacable. Mientras tanto el movimiento que promovió ese sangriento ataque, en el cual demostró la más horrible crueldad y violó todos los principios de humanidad, gobierna, legisla, da lecciones de moral en el Congreso y aspira a la Presidencia de la República. ¿Qué tal eso?

Saldrán los leguleyos y las ONG torcidas a señalar que por fin se hizo justicia y se le dio un golpe certero a ese Ejército que tanto odian. Cepeda, Gallón, Gómez Méndez y compañía deben estar celebrando su triunfo. Para mí resulta increíble que los familiares de las víctimas no recuerden quién atacó el Palacio, quién impidió la liberación de los rehenes y quiénes prefirieron la muerte de los inocentes antes que la rendición. El silencio de esta sociedad frente al actuar de esta justicia desequilibrada es la mejor señal de la falta de carácter que nos es propia. Por el mismo camino, terminaremos juzgando a quienes participaron en la ‘Operación Jaque’ por haber engañado a la guerrilla y haberle inyectado tranquilizante al que cuidaba a Íngrid. Con la misma lógica condenaremos a los que participaron en la operación contra Raúl Reyes por no haberlos advertido del bombardeo, no haber evacuado previamente a los extranjeros simpatizantes, notificado al bandido del ministro Larrea, prevenido a Chávez y habernos sustraído el computador.

No tener justicia es grave. Tener una justicia sin criterio ni equilibrio es aún peor. Proteger a los políticos, ignorar a los culpables y condenar a quienes cumplieron el deber de defender las instituciones es lo que en Colombia llamamos justicia. ¿Qué tal eso?

Coletilla: David Murcia condenado a 30 años. Y Rojas Birry, que recibió la plata cash sigue ejerciendo de personero distrital, encargado de la defensa de los intereses de la ciudadanía. ¿Qué tal eso?

Hechos y no palabras

Miguel Gómez Martínez

El Espectador, Bogotá

Diciembre 13 de 2009

En las últimas semanas, varios columnistas y líderes de opinión han exigido de los Estados Unidos un apoyo verbal a Colombia en su disputa con Venezuela. Resulta extraño que prestantes figuras nacionales caigan en la trampa que nos tiende Chávez.

Precisamente lo que el mandatario venezolano quiere es que le den pretextos para seguirnos tildando de “colonia del imperialismo”. Bien ha hecho el gobierno de Estados Unidos en no entrar en el juego al que Chávez quiere llevarnos.

Los que dudan de la calidad de aliado que son los Estados Unidos para Colombia, deberían revisar nuestra historia reciente. De no ser por el apoyo financiero y militar de los Estados Unidos, este país estaría en manos de las hordas guerrilleras que lo tenían sitiado a principios de esta década. Sin el Plan Colombia, Cano no estaría huyendo en las montañas sino en el Palacio de Nariño, Raúl Reyes estaría en la Cancillería y Jojoy sería ministro de Defensa. Sin el apoyo del aliado, nuestra democracia habría sucumbido en la violencia que estaba destruyendo nuestra sociedad. El Plan Colombia todavía representa más de 500 millones de dólares anuales en apoyo a labores de seguridad y de impacto social en las zonas más difíciles de la patria. La producción de cocaína ha disminuido en un 39 por ciento y el área sembrada en 29 por ciento. Los millones de colombianos que hoy disfrutan mejores niveles de seguridad saben muy bien cuál ha sido la participación de los EE.UU. en la recuperación del orden público.

¿Qué tipo de aliado son los Estados Unidos? Un país que nos ha dado, por más de tres lustros, acceso a su mercado para el 92 por ciento de nuestros productos de exportación libre del pago de aranceles. Un 34 por ciento de nuestras exportaciones van al mercado del norte, que es el más abierto del planeta. El Atpdea, que será nuevamente extendido, ha sido un sistema de promoción de sectores enteros de la producción que no habrían tenido posibilidad de desarrollarse sin el acceso a nuestro principal mercado de exportación. Los que creen que deberíamos acercarnos al liderazgo del Brasil deberían intentar vender en ese, uno de los mercados más protegidos del mundo. Las mujeres cabeza de hogar que trabajan en las empresas de flores saben con toda claridad qué tipo de aliado son los Estados Unidos.

Los Estados Unidos constituyen el primer inversionista extranjero en Colombia. Sus empresas realizan ganancias en Colombia, pero también emplean a cientos de miles de ciudadanos que reciben salarios muy superiores en promedio a los que pagan las empresas nacionales. Trabajan en compañías que invierten en responsabilidad social, pagan impuestos y generan beneficios concretos para el país. Los que creen que el modelo nacionalista de Chávez y Correa es superior, que miren el desabastecimiento y la caída en la producción que se presenta en los sectores que son nacionalizados.

En esta región llena de líderes políticos bocones y demagogos, es importante no caer en la tentación de hablar demasiado. Los que claman por una presencia vocal de los Estados Unidos, deberían tomarse el trabajo de analizar los hechos, que hablan por sí solos.

¡Gracias, Chávez!

Miguel Gómez Martínez

El Espectador, Bogotá

Diciembre 6 de 2009

Es mucho lo que Hugo Chávez ha hecho por esta economía.

Durante los primeros años de su gobierno pudimos beneficiarnos de su sistemática destrucción del aparato productivo venezolano, que les abrió grandes posibilidades de exportación a los empresarios colombianos. Con el paso del tiempo sus locuras llegaron a un límite y ahora ha decidido cerrar las importaciones para proteger una industria doméstica que desapareció, castigando a sus ciudadanos con mayor escasez de productos básicos.

Chávez ha sido el mayor promotor de inversión extranjera en Colombia. Sus absurdas políticas económicas han logrado lo que parecía imposible: los inversionistas consideran a Colombia como un lugar donde se puede hacer empresa y prosperar en medio del respeto de la ley. Colombia parece un oasis de coherencia económica en medio de las locuras de Chávez, Correa, Kirchner, Morales y compañía.

Ante el impresionante deterioro de la inseguridad en Caracas, nuestras ciudades parecen muy seguras. Después de décadas de emigración de colombianos hacia Venezuela, los flujos migratorios se invierten. Los venezolanos, cada día más numerosos, llegan a Colombia buscando refugio y tranquilidad. Disfrutan de la vida nocturna, les parecen los precios razonables, les encanta que haya agua y electricidad todo el día y viven sorprendidos con la baja inflación. Chávez también ha apoyado el turismo hacia nuestro país, pues los que antes visitaban lugares como Isla Margarita prefieren ahora las costas colombianas.

Pero la mayor contribución de Chávez a nuestro desarrollo es la diversificación de exportaciones. Durante años hemos venido hablando de la importancia de buscar nuevos mercados. La crisis de pagos venezolana nos puso finalmente a trabajar en nuevas direcciones. Los exportadores están ansiosos por explorar otras opciones de mercados, lo que disminuirá la dependencia del mercado vecino. Cuando la situación en Venezuela mejore, nuestra balanza comercial estará más desarrollada y habremos identificado nuevas oportunidades comerciales. En esta tarea, el esfuerzo por concluir las negociaciones comerciales con el mayor número de países nos dará un ámbito comercial mucho más amplio. Chávez nos ha forzado a hacer lo que durante muchos años no hicimos por estar cómodamente explotando el fácil mercado venezolano.

A Chávez también tenemos que agradecerle que hospede a los líderes de las Farc y los mantenga lejos de nuestros campos y ciudades. Queremos reconocerle que haya convertido a su país en un actor central del negocio del narcotráfico acogiendo a lavadores y narcotraficantes. También queremos pedirle que reciba con brazos abiertos a Piedad, Dussán y Samper, para que los colombianos entendamos cabalmente de qué lado están estos ilustres personajes.

A Chávez tenemos que agradecerle que nos abra los ojos sobre la verdadera naturaleza del socialismo del siglo XXI. Nos ha mostrado que los vendedores de armas hacen negocios con el diablo y que los países vecinos no son solidarios pues prefieren comprar petróleo subsidiado. Chávez nos ha mostrado que la izquierda puede ser tan corrupta, agresiva y mentirosa como la derecha y el centro.

¡Gracias, Chávez! No tenemos cómo pagarte tanta generosidad.

¿El siglo o el gobierno de los jueces?

Miguel Gómez Martínez

El Espectador, Bogotá

Octubre 4 de 2009

Para ser un alto magistrado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez, es poco prudente.

Sus declaraciones en el sentido de que el siglo XXI será “el siglo de los jueces y las víctimas” resultan imprudentes en medio del profundo enfrentamiento de la Corte con el Ejecutivo y el Legislativo. Las declaraciones reflejan la profundidad de las intenciones de este órgano, que parece haber decidido que no tiene límites en sus intervenciones.

El desafortunado enfrentamiento entre los poderes, que ha roto todos los límites de lo razonable, parece haberle dado a la Corte una justificación para desafiar todos los principios legales y constitucionales. En cuestión de meses modificó sustancialmente su interpretación previa y exigió asumir los procesos contra parlamentarios que estaban siendo adelantados por la Fiscalía. Rechazó la terna enviada por el Presidente para la elección del Fiscal, en un hecho que no tiene precedentes en nuestra historia. La Corte atacó públicamente a los congresistas que se atrevieron a sugerir que se modificara la instancia encargada de juzgar a los parlamentarios. Le abrió investigación al Procurador General. Si a ello se añaden los constantes conflictos de competencias y las sentencias contradictorias con las de otras Cortes, hay muchos motivos para creer que la politización de la justicia es un hecho. No olvidemos la sentencia según la cual “cuando la política entra a los tribunales, la justicia sale”.

El primer problema de esta sociedad es la ausencia de justicia. Por eso temo mucho el gobierno de los jueces. Si algo ha demostrado el aparato de justicia es su total incapacidad de luchar contra la corrupción, proteger al ciudadano de la inseguridad, garantizar que los culpables sean castigados y los inocentes exonerados. Me aterra que quienes han convertido a este país en el reino de la impunidad, decidan que ahora van a liderar la sociedad. El liderazgo que el presidente de la Corte exige tiene primero que ganárselo. Para ello los jueces deberían mostrar resultados concretos en la lucha contra la injusticia. Cuando los bandidos, corruptos, asesinos, terroristas, violadores y ladrones tengan miedo de una justicia eficiente y transparente, podrán los jueces reclamar que la sociedad reconozca su liderazgo. Pero mientras los ciudadanos estén a la merced de los hampones, me parece una falta total de coherencia. Mientras las altas cortes y el aparato judicial estén salpicados de corrupción e ineficiencia, el Poder Judicial no puede aspirar a guiar a esta sociedad. El colombiano honesto sabe que muchos fiscales y jueces son venales; no entiende por qué los hampones reciben penas simbólicas; observa a los criminales de cuello blanco saquear el presupuesto con total tranquilidad. Los ciudadanos se aburrieron de esperar que las múltiples reformas de la justicia agilizaran los procesos y garantizaran la igualdad frente a la ley.

Que modere su ambición el presidente de la Corte Suprema. En lugar de declarar que este es su siglo, debería concentrar su esfuerzo en luchar eficazmente contra la injusticia que agobia al ciudadano común.

Pataletas y payasadas

Por Miguel Gómez Martínez

El Espectador, Bogotá

Agosto 2 de 2009

EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS HA QUEdado al descubierto la estrecha relación existente entre los gobiernos de Quito y Caracas con las Farc.

No es una sorpresa para nadie, pero la evidencia resulta impresionante, pues Colombia ha demostrado la profundidad y el elevado nivel de apoyo que estos gobiernos le han dado a la guerrilla que asesina y secuestra colombianos. A pesar de las pataletas de Correa y las payasadas de Chávez tratando de ignorar la evidencia, está claro para el mundo entero que los dos gobiernos apoyan a la insurgencia en un hecho verdaderamente hostil contra Colombia.

La respuesta de los dos gobiernos ha sido concertada y simultánea. Intentan desviar la atención y quieren invertir los papeles presentándose como víctimas de Colombia. Ecuador argumenta que Colombia quiere desacreditarla, cuando el video de las Farc es una confesión abierta de los vínculos que, al más alto nivel, estableció el gobierno de Correa con la cúpula de las Farc. Para Chávez el ángulo de ataque a Colombia ha sido el acuerdo para utilizar ciertas bases militares colombianas por parte de los Estados Unidos. El presidente venezolano lo considera un gesto amenazante contra su país y por televisión decide retirar el personal diplomático y cerrar el comercio bilateral. Amenaza real es la compra de millonarios equipos militares de carácter ofensivo que los venezolanos han realizado en los últimos años. Amenaza es que una parte del equipo militar venezolano termine en manos de la guerrilla, como también lo ha demostrado con evidencia el Gobierno colombiano.

Los críticos de Uribe salen a pedir un manejo diplomático de estos dos problemas. ¡Qué ingenuos! A nuestra diplomacia no se le pueden pedir milagros. Nadie maneja las relaciones con dos países que prefieren la derrota militar de la democracia colombiana. Correa y Chávez han personalizado la relación y utilizan a Colombia para desviar la atención de sus graves problemas internos. Ecuador está otra vez quebrado y familiares cercanos a Correa han sido acusados de corrupción. Venezuela ha destruido su capacidad productiva, no tiene inversión y su modelo económico es insostenible. Si sus políticas económicas fuesen tan exitosas como ellos claman, no estarían quejándose del crecimiento de las exportaciones colombianas. Por eso los dos, de manera concertada, han decidido restringir el comercio con Colombia.

A pesar de la abierta hostilidad de nuestros dos vecinos, Uribe ha sido paciente y prudente. Ha intentado proteger nuestros intereses frente a dos personajes inestables y abiertamente enemigos de nuestro país, como lo demuestran los hechos de sus gobiernos y las evidencias que son hoy de conocimiento de la opinión internacional. La serenidad de Uribe, su aguante y temple son admirables, pues no son parte de su carácter. Así no les guste a sus opositores, Uribe no ha perdido de vista las prioridades estratégicas de Colombia.

Frente a estos ataques concertados hay que cerrar filas. Ni la oposición ni el sector privado nacional pueden caer en la tentación de anteponer sus estrategias políticas o comerciales al interés de defendernos frente a los ataques de quienes quieren debilitarnos.

Acuerdo para salvar empleo

 

Miguel Gómez M.*

Portafolio, Bogotá

Mayo 11 de 2009

 

La recesión en Colombia es una realidad.

 

Su impacto será diferencial por sectores e incluso por regiones. Por el momento no se esperan mayores dificultades financieras.

 

El Gobierno ha acertado al asegurar el financiamiento de su programa de endeudamiento externo y solicitar una línea adicional al Fondo Monetario Internacional.

 

El problema más serio es el empleo. Se registra un preocupante aumento en el número de desempleados que hoy ascienden a 2,6 millones. A nivel nacional el desempleo es del 12,9 por ciento, pero hay ciudades donde los índices son alarmantes como Ibagué (19,8 por ciento), Medellín (18 por ciento) o Pereira (17 por ciento).

 

A medida que disminuyen las exportaciones que este año estarán por debajo de los 35.000 millones de dólares y se resiente el consumo interno, las empresas ajustan sus nóminas, a los nuevos niveles de actividad.

 

Hay un deseo por proteger los flujos de caja reduciendo costos y gastos innecesarios.

 

Lo anterior termina por debilitar aún más la demanda agregada. Los programas de gasto público tendrán un efecto retardado y menor. En el último trimestre de este año se paraliza la inversión pública por la ley de garantías que prohíbe la contratación hasta que concluya el proceso electoral.

 

El panorama del mercado del trabajo no puede sino empeorar en los próximos meses. Es hora de hacer algo significativo que impida la destrucción de fuentes de trabajo.

 

Un empleo perdido es un empleo que tardará mucho tiempo en recuperarse. En la medida de lo posible hay que evitar que el desempleo siga aumentando. Es el momento de ser creativos y de romper esquemas mentales que pueden ser muy perjudiciales en la actual coyuntura.

 

Por ejemplo, si hay menos actividad económica hay que considerar la posibilidad de tener jornadas flexibles con remuneración flexible. Es preferible trabajar menos y recibir menos que perder el trabajo.

 

El trabajador mantiene su protección social y el empresario puede adecuar su nómina a las condiciones de la demanda.

 

También es el momento de aligerar las cargas prestacionales a cambio de seguridad en el empleo. No podemos seguir actuando como si nada hubiese sucedido.

 

Los parafiscales son el principal freno a la creación de empleo en el país como lo han demostrado muy serios estudios económicos. Este es el momento para abrir ese debate intocable. Los millones de desempleados, sub-empleados e informales no pueden seguir esperando a que enfrentemos este verdadero candado que constituye el costo creciente de las nóminas.

 

No se trata de atacar instituciones que han cumplido un importante papel en el desarrollo nacional como las el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) o las Cajas de Compensación.

 

Lo que se busca es plantear prioridades en un momento crítico para la economía. La prioridad nacional es el empleo. Lo demás tiene que pasar a un segundo plano.

 

Se dice con frecuencia que en las crisis hay que pensar distinto. Este es el momento de romper el inmovilismo y plantear un gran acuerdo nacional que permita defender los empleos y crear las condiciones para que nuestra economía pueda generar puestos de trabajo.

 

Hay que buscar un nuevo consenso entre representantes empresariales, sindicatos y Gobierno. El tiempo corre.

 

Los desempleados no pueden seguir esperando a que actuemos.

 

* Cámara Colombo Americana.