Elecciones seguras e inciertas

Alfredo Rangel

Revista Semana, Bogota

Marzo 20 de 2010

Tremenda paradoja hemos estado viviendo los colombianos después de unas elecciones parlamentarias que han alcanzado cifras récord de participación ciudadana: el proceso electoral ha sido el más seguro de los últimos 20 años, pero su resultado ha sido el más incierto de los últimos 40 años. Seguridad e incertidumbre combinadas como nunca antes.

En efecto, la violencia relacionada con el proceso electoral fue mínima en esta ocasión. De los casi 1.100 municipios del país, sólo 14 tuvieron algún hecho violento relacionado con el proceso electoral. Esto está muy lejos de los siempre exagerados vaticinios que acostumbra a hacer la Misión de Observación Electoral, que para esta jornada señaló a 420 municipios con riesgo de violencia y a 320 con "riesgo extremo". Los hechos tozudos muestran otra cosa: la violencia electoral afectó 211 municipios en 1997, en 2007 ese número descendió a 62 municipios, y ahora fue cinco veces menor que en la anterior elección. La conclusión es contundente: la violencia ha dejado de ser un factor perturbador de los procesos electorales en Colombia.

Pero esta buena noticia ha resultado ensombrecida, de una parte, por la interferencia de la corrupción y los dineros ilícitos en algunas regiones, y, de otra parte, por la falta de certidumbre de los resultados electorales debido al fiasco informático de la Registraduría. Tal vez desde 1970 no habíamos presenciado un retraso tan prolongado para conocer los resultados finales de las elecciones. Peor aún, seguramente la cantidad de reclamos e impugnaciones por las diferencias entre los conteos en las mesas de votación y los escrutinios posteriores superarán cualquier antecedente reciente. Algo verdaderamente lamentable para nuestro país que hasta ayer no más se jactaba de tener una de las organizaciones electorales más eficientes y confiables en América Latina.

No obstante, a pesar de la justeza de las críticas a la ineficiencia de la organización electoral, nadie la podrá acusar de parcialidad a favor del gobierno, como es usual en estas crisis de confianza. Por el contrario, es el gobierno el que no ve con confianza al Registrador, y exagera de manera grave al declarar que no hay garantías para la próxima elección presidencial, en una clara actitud retaliatoria contra ese funcionario que le hace mucho daño a la institucionalidad y a la democracia. Mientras tanto, los candidatos presidenciales de la oposición afirman que no ven garantías sin él y defienden su permanencia en el cargo.

Así que bienvenidos a la modernidad: alta participación ciudadana, elecciones seguras por el fortalecimiento del Estado en el territorio, e incertidumbre en los resultados por un lío informático. Pero este traspié operativo de la Registraduría no debería evitar el examen de otros asuntos cuyo ajuste podría mejorar nuestro sistema electoral.

El tarjetón. Definitivamente, mientras tengamos esa caótica combinación de listas cerradas y abiertas, un tarjetón sin nombre y sin foto de los candidatos es inmanejable para demasiados electores. Para algunos es como un sudoku. Se debería aprovechar que el umbral ha reducido el número de partidos por lo que se podría imprimir un tarjetón por partido con nombre y foto de los candidatos, y que el elector solicite en la mesa el tarjetón del partido de su preferencia.

El voto preferente. Sigue siendo el mecanismo por el que se cuela el poder del dinero y la corrupción. Las campañas individuales de cada candidato contra el resto desdibujan y desintegran las colectividades políticas. Deberíamos ir hacia el predominio de las listas cerradas. El ahora senador Roy Barreras ha propuesto con tino estudiar el sistema mixto alemán, que dentro de una misma lista de partido ofrece la opción preferente y la cerrada, y podría ser una buena alternativa.

El Senado nacional. Ha disparado a proporciones astronómicas el costo de las campañas y, por tanto, el predominio del dinero -tanto lícito como ilícito- en la política, sacrificando la representación de algunos departamentos. Aquí también valdría la pena examinar un sistema mixto. Por ejemplo: un 80 por ciento de representación regional y un 20 por ciento para la representación de las minorías y figuras de opinión.

Publicidad y topes de recursos. Son el rey de burlas de todas las elecciones. En las narices de las autoridades los candidatos con mucha plata exceden en forma obscena el número de vallas permitidas, y nadie hace nada. Las multas y el retiro de las vallas no disuaden a nadie. Eliminar la inscripción a quien viole la norma podría ser una opción. Y deberían establecerse topes únicamente a la publicidad, que es lo controlable. Para sincerarnos y no reglamentar lo incontrolable, que sólo desprestigia a la autoridad e invita al desconocimiento de la ley.

Farc-Eta-Chávez

Alfredo Rangel

Revista Semana, Bogotá

Marzo 13 de 2010

Dice Dick Morris, quien fue asesor de Bill Clinton durante 20 años, que es en el campo de la política internacional donde los ciudadanos mejor valoran el carácter y el liderazgo de sus dirigentes. Por eso, según él, "si la política exterior se juega mal, puede dañar la imagen de un funcionario más rápidamente que los errores internos". Ante este riesgo está Zapatero frente al caso de la alianza ETA-Farc-Chávez, denunciada por el juez español Eloy Velasco.

En efecto, el gobierno español padece una enorme crisis de confianza interna por su incapacidad para recuperar al país de una muy honda recesión económica que empieza a preocupar a Europa. Su liderazgo en la presidencia de la Unión Europea se muestra débil. Y en medio de esta calamitosa situación le estalla en sus manos el caso ETA-Farc en el que, según el auto de procesamiento del juez Velasco, hay indicios y pruebas "que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana con la ilícita colaboración entre las Farc y ETA".

Sobraría subrayar lo altamente sensible que es el público español al tema de ETA, un grupo terrorista odiado por la inmensa mayoría de los ciudadanos, quienes exigen que a punta de mano dura esa organización sea aniquilada por el Estado, sin contemplaciones. Allí cualquier blandenguería o ambigüedad frente a ETA genera urticaria, y mucho menos se acepta la complicidad o el encubrimiento a los miembros de esa banda. Y es precisamente de esto que el juez español acusa al gobierno de Chávez. Así que el público ibérico está empeñado en exigirle a Zapatero una postura firme y resuelta frente a Chávez para dar cumplimiento a las exigencias de colaboración con la justicia que reclama el juez Velasco.

Los primeros rounds del enfrentamiento entre el gobierno español y el venezolano eran previsibles, el último es más incierto. Al comienzo una tímida exigencia de Zapatero, quien parece que teme poner en riesgo los buenos negocios con Venezuela; luego la altanería y las descalificaciones previsibles de Chávez; en seguida el apaciguamiento del canciller español Moratinos, para concluir en el desplazamiento de algún funcionario español a Venezuela. Ahora tanto Zapatero como Chávez parecen querer ganar tiempo y dejar enfriar el escándalo. No así la oposición, el público español y el juez Velasco, quienes no dejarán de exigir resultados concretos, más allá de las declaraciones formales y vagas de los dos gobiernos en contra del terrorismo.

Pero con alarde de parsimonia y como haciéndose el que no entiende, el gobierno de Zapatero ha empezado por preguntarle al juez qué es lo que está requiriendo en su auto, cuando es claro que la resolución judicial ordena taxativamente la búsqueda y la captura de 12 de los 13 procesados -excepto Remedios García, acusada de ser representante de las Farc y que vive en España-, con el fin de "iniciar su proceso extradicional". Es más, dicho juez envió una copia de su resolución a los Ministerios de Exteriores y del Interior para que estos realicen "las gestiones pertinentes ante las autoridades cubanas y especialmente venezolanas para que cooperen en la entrega extradicional con los procesados".

En consecuencia, al final del día el tema será si Chávez autoriza o no la extradición de Arturo Cubillas, el español-venezolano que ha sido el contacto clave de ETA en Venezuela para realizar los múltiples contactos, encuentros y entrenamientos conjuntos con las Farc, en desarrollo de los cuales se planeó el asesinato en España por parte de ETA de Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, Noemí Sanín y Carlos Ardila Lule, entre otras personas.

Es más o menos seguro que Chávez no extraditará a Cubillas, quien, como se sabe, es funcionario del gobierno venezolano. La incógnita es el costo político que tendrá que pagar Zapatero por este anunciado portazo que Chávez le dará en la nariz. Para el partido de gobierno, el Psoe, esto se podría convertir en el equivalente a lo que para el Partido Popular fue en su momento la acción terrorista del 11-M, que por su manejo torpe les ocasionó a los populares, entonces en el gobierno, la pérdida de las elecciones. Pero Chávez tal vez no saldrá indemne, puesto que tanto las Farc como ETA son consideradas organizaciones terroristas por la Unión Europea y su falta de colaboración con la justicia española le podría ocasionar alguna sanción de parte de Europa que lo podría aislar internacionalmente. Un peso más para el Titanic que se hunde.

En fin, una pelea internacional que los colombianos estamos presenciando muy cómodamente desde el balcón, puesto que para nosotros, en tanto que coadyuve al aislamiento de las Farc o de Chávez, no parece tener final malo.

La caída del narcotráfico

Alfredo Rangel

Revista Semana, Bogotá

Marzo 7 de 2010

Obnubilados como andamos entre los escándalos y la incertidumbre electoral, las buenas noticias han dejado de ser noticia. En su último informe dado a conocer hace pocas semanas la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes de la ONU (Jife) ha señalado que Colombia está logrando importantes avances en la lucha contra el narcotráfico, y otro informe del Departamento de Estado de Estados Unidos lo confirma. Pero semejante noticia ha permanecido oculta entre las brumas del desconcierto nacional.

Su trascendencia es enorme: podría significar que nuestro país ha empezado a ganar una batalla que hasta ayer no más se daba por perdida y que, de mantenerse la tendencia en los próximos años, podríamos empezar a pensar en una reducción muy sustancial del flagelo en comparación con lo que ha sido en las tres últimas décadas. En efecto, la Jife dice que en el año 2008 la producción colombiana de cocaína disminuyó 170 toneladas, es decir, se redujo en 28 por ciento con respecto al año anterior, mientras los cultivos de coca bajaron a 81.000 hectáreas, con lo que cayeron en 18 por ciento. La participación de Colombia en la oferta mundial de cocaína, que hasta hace poco era del 96 por ciento, ahora es del 51 por ciento, la más baja en los últimos 10 años.

Este informe coincide a grandes rasgos con otro reciente del Departamento de Estado de Estados Unidos, que señala que en 2008 cayó por segundo año consecutivo la producción de cocaína en Colombia, siendo la más baja de los últimos 20 años: 295 toneladas en 2008, frente a 485 en 2007, y muy lejos de las 695 toneladas producidas en el año 2000. Es una caída histórica: Colombia produce ahora menos de la mitad de cocaína que hace 10 años. Por su parte, la DEA lo confirma: debido a la caída en la oferta, en las calles norteamericanas ha subido el precio del gramo de cocaína de 77 dólares a 176 dólares, y su pureza ha bajado del 67 por ciento al 49 por ciento.

La Jife adjudica gran parte de este éxito a la erradicación manual de cultivos ilícitos en zonas de alto rendimiento, que aumentó un 44 por ciento entre 2007 y 2008, pero que se multiplicó por 54 veces en los últimos ocho años. A este avance incontrastable yo le añado la incrementada eficacia de las autoridades colombianas, en particular de la Policía bajo la dirección del general Óscar Naranjo, en la persecución y el desmantelamiento de las bandas mafiosas. En efecto, cada vez es menor el tiempo que transcurre entre el ascenso de un nuevo jefe de una banda y su captura o baja por las autoridades: pasamos de 10 años o más para eliminar a Pablo Escobar o al 'Mejicano', a menos de dos años para hacer lo propio con cualquier jefe de un baby cartel. No en vano las extradiciones anuales se han quintuplicado y son más de mil en los últimos siete años. Adicionalmente, se ha incrementado como nunca la destrucción anual de laboratorios y el decomiso de droga elaborada: la primera en 2,6 veces y el segundo en 3,5 veces. A esto hay que agregar el debilitamiento o desaparición de muchos frentes guerrilleros, paramilitares y de bandas emergentes dedicados al narcotráfico.

Todo lo anterior demuestra que las condiciones para que el narcotráfico opere en Colombia son cada vez más riesgosas y difíciles. Y esto, obviamente, está ocasionando una reducción muy significativa del volumen del negocio. Es un efecto inevitable: cuando las condiciones son adversas, el negocio, sea legal o ilegal, se marchita o se va para otra parte. Es lo que está sucediendo con la producción de cocaína en Colombia: el negocio se está trasladando para fuera de nuestro país. Lo certifica la Jife: entre 2000 y 2008 las siembras de coca se duplicaron en Bolivia y este país pasó a participar en el 13 por ciento de la oferta global de cocaína, mientras en Perú las siembras aumentaron en 45 por ciento y ahora participa en un 36 por ciento de la oferta mundial de dicha droga. Adicionalmente, los laboratorios colombianos de procesamiento de droga se están trasladando en número creciente hacia Venezuela y algunos países de Centroamérica, donde también han empezado a aparecer cultivos de coca. Hacia allá también se están yendo los mafiosos colombianos en busca de refugio seguro y para lavar sus capitales.

Finalmente, si a todo lo anterior le agregamos que las poderosas mafias mexicanas les están arrebatando las ganancias a las pequeñas mafias colombianas, a las que les imponen condiciones de transacción cada vez más leoninas, razón por la cual éstas ganan cada vez menos en el negocio, tendremos entonces un panorama completo: menos cocaína producida, más riesgos de operación y menos ganancias por kilo. Esto significa, en relación con el pasado, menos volumen de ganancias para las mafias. O sea, menos narcotráfico en Colombia. Aunque no parezca.

¿Y ahora qué?

Alfredo Rangel

Revista Semana, Bogotá

Febrero 27 de 2010

La caída del referendo nos ha dejado frustrados a por lo menos la mitad de los colombianos que queríamos participar en una decisión colectiva de tanta trascendencia para el país, y a los que veíamos conveniente y necesaria la continuación del liderazgo del presidente Uribe. La Corte Constitucional no ha sido consecuente con el principio de la democracia participativa que iluminó la Constitución de 1991 y que, paradójicamente, permitió el surgimiento de dicha corporación. La Corte ha impedido que el pueblo se exprese directamente y sin intermediarios en un tema trascendental para su futuro.

Sin embargo, la decisión de la Corte Constitucional demuestra una vez más la vigorosa vigencia de la separación de poderes en nuestro país, y, además, significa un mentís a los más furibundos opositores del gobierno, quienes durante tanto tiempo cuestionaron la independencia de esa alta corporación suponiendo de antemano y gratuitamente que su decisión iba a ser favorable al referendo y, por ende, al gobierno. Qué no dijeron. Que Colombia era una tiranía, que no había democracia, que la Corte era de bolsillo del gobierno. Los que se jactaban de más creativos dijeron que aquí se había invertido el principio según el cual en una democracia las reglas son ciertas y los resultados inciertos: según ellos, aquí las reglas eran manipulables e inciertas con el fin de hacer posible el resultado cierto de la reelección de Uribe, propósito para el cual incluso la Corte Constitucional estaba comprada por el gobierno. Ojalá ellos tuvieran la honradez intelectual de reconocer públicamente su error.

La decisión de la Corte es inobjetable y hay que acatarla, aunque no nos guste ni estemos de acuerdo con ella. Los argumentos jurídicos en contra de su postura son tan válidos como los que con su acostumbrado rigor esgrimió la Corte para tumbar el referendo. Es el momento para ratificarnos en nuestra tesis: la decisión en uno u otro sentido era una decisión política, y no por esto menos válida. El derecho constitucional no es una ciencia exacta, el sentido de las normas lo determina quien las aplica y la Ley es lo que dicen los jueces que es. Punto. En algunos casos hay derecho a la apelación, al pataleo, pero las decisiones de la Corte Constitucional son inapelables y a ellas nos sometemos. Punto.

Ahora bien, con esta decisión se abre una gran incertidumbre electoral sin antecedentes en el país. Cualquier cosa puede pasar. Como lo han indicado las más recientes encuestas, son tres los candidatos con opciones reales para reemplazar a Uribe: Juan Manuel Santos, Noemí Sanín y Sergio Fajardo. Pero algo parece más cierto: sin Uribe en el ruedo la disputa será mayor, pero la participación electoral será menor y la abstención podría ser enorme. Y algo adicional: como en el partidor los competidores están tan parejos, nadie ganará en la primera vuelta y, en la segunda, el ganador le sacaría muy poca ventaja a su competidor. Los dos hechos juntos, poca votación y escasa diferencia entre los contendores finales, nos podrían poner frente a un gobierno con un mandato muy débil, algo que sería muy preocupante de cara a la enorme tarea que en todos los campos tiene por delante el próximo mandatario. El contraste con el fuerte mandato que obtuvo Uribe en sus dos elecciones será evidente desde el principio, y las comparaciones serán pan de cada día.

A cuentas de hoy, la elección presidencial se definirá mediante el juego de alianzas que ocurrirá en la segunda vuelta. Guiño presidencial como tal no habrá, o servirá de muy poco. Aún así, Santos es hoy un seguro actor de esa segunda ronda. La gran incógnita es si su competidor será Noemí o Fajardo. Pero más aún: el interrogante clave es a quién apoyará Fajardo si Noemí pasa a la segunda ronda, y viceversa, a quién apoyará Noemí si gana Fajardo. De la solución a este interrogante podrá depender el resultado final, puesto que desde ya se puede suponer que Vargas Lleras apoyará a Santos y que Petro y Pardo apoyarían a su adversario. Así las cosas, ¿qué pasaría si Noemí y Fajardo acuerdan previamente que el que gane apoya al otro? Sin duda, las cosas para Santos podrían resultar entonces muy difíciles.

Por primera vez en nuestra historia electoral este juego de alianzas será definitivo. Está para alquilar balcón. El asunto es si lo que parece tan interesante para analistas y opinadores tendrá el interés suficiente para mover a los electores a las urnas. Amanecerá y veremos.

Salud y elecciones

Alfredo Rangel

Revista Semana, Bogotá

Febrero 21 de 2010

El impacto político de la polémica reforma a la salud podría ser muy perjudicial para el gobierno. Y esto, en pleno debate electoral, le restaría posibilidades a la coalición de gobierno, al tiempo que mejoraría la posición de algunos opositores de cara a las próximas elecciones.

En efecto, sea por desaprensión, o por soberbia o por exceso de confianza, el gobierno no previó la reacción adversa que las medidas tomadas al amparo de la Emergencia Social iban a provocar en muchos sectores sociales, sobre todo en las clases medias urbanas, que son las que, como sociológicamente se ha comprobado, más temor tienen ante las incertidumbres del futuro y ante la falta de seguridad social. Y en este sentido no hay nada políticamente más sensible que el tema de la salud, aquí y en todas partes. Por esta razón, con esas medidas el gobierno giró contra la cuenta de su popularidad entre las clases medias, y estas podrían cobrárselo por ventanilla en las próximas elecciones. Lo que no pudo la oposición en siete años, lo hizo en dos semanas la improvisación y el desatino de esas medidas.

Porque la gente no acaba de entender que esas medidas que iban a tener un enorme impacto sobre el acceso a la salud, se hayan tomado sin la suficiente y necesaria participación de los afectados, y, sobre todo, sin el imprescindible debate en el Congreso de la República, escenario institucional natural y obvio para discutir y aprobar decisiones de semejante impacto social.

Porque el hecho es que la crisis de la salud se veía venir desde hacía mucho tiempo, pero su agudización reciente pareció tomar al gobierno por sorpresa y sin tener una respuesta suficientemente madurada y estructurada. Lo demuestra el hecho de que los decretos sólo se promulgaron la víspera del vencimiento de la vigencia de la Emergencia Social. La opinión no acaba de entender por qué en siete años el gobierno no había presentado al Congreso una iniciativa de reforma estructural a un sistema de salud que hacía agua por todas partes. Como tampoco se explica por qué no lo hizo la oposición. Y ahora, en los estertores de una legislatura a punto de extinguirse y en medio de una deslustrada campaña electoral, opositores y gobiernistas en el Congreso tratarán a las volandas de enmendar la plana. Sólo a título de ejemplo, no hay que olvidar que en el primer año de su mandato Obama ya había enviado al Congreso una propuesta de reforma a la salud. Y eso que él no tenía encima una sentencia de la Corte Constitucional que lo conminaba a hacerlo.

Pero lo más preocupante es que esta situación también parece haber tomado por sorpresa a los candidatos presidenciales, la mayoría de los cuales ha pasado de agache frente a la crisis, o se han escudado en generalidades, o sólo han utilizado hechos potencialmente escandalosos para aprovechar la coyuntura. Pero no se han dejado ver con propuestas integrales sobre un modelo de salud alternativo que sea viable, sostenible y equitativo. Porque de ellos los ciudadanos no esperamos solamente críticas a lo existente, sino opciones de salida creíbles.

Que la cosa le salió mal al gobierno lo demuestra su reversa en algunos de los temas más críticos: el uso de las cesantías para pagar por la salud, las multas a los médicos demasiado diligentes, la unificación del POS por lo bajo. No era pues un asunto de redacción de los decretos, ni un problema de lectura que súbitamente nos afectó a todos los colombianos, menos al gobierno. Pero ahora la duda que asalta hasta al menos avisado es si el remiendo del remiendo será suficiente para superar definitivamente la crisis. Yo me temo que no. Que sigue existiendo y se va a agudizar en el mediano plazo un problema de recursos económicos que no lo van a solucionar las medidas contra la corrupción, ni las que buscan más eficiencia en la gestión, ni los impuestos adicionales a tres o cuatro productos.

Porque el hecho tozudo y grave que está en la base del problema es que de ahora en adelante 41 millones de usuarios de la salud van a ser financiados por sólo ocho millones de cotizantes, y esto no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana. La solución entonces, creo, apunta hacia una reforma tributaria que permita inyectar recursos suficientes y permanentes a la salud. Pero siguiendo el principio liberal según el cual no se puede establecer ningún impuesto sin que los representantes de los ciudadanos participen en la decisión, esto debería ser objeto de un amplio debate político en el Congreso. Pero, claro, para los políticos hablar de un mayor esfuerzo en impuestos no es "políticamente correcto" en plena campaña electoral. Por esta razón, en los próximos tiempos al pensar en la salud los colombianos no tendremos certezas, sino mucha inseguridad.

El fallo será político

Alfredo Rangel

Revista Semana, Bogotá

Febrero 13 de 2010

El derecho no hace parte de las ciencias exactas. El derecho constitucional, atravesado siempre por la política, menos. Así, cualquiera que sea el sentido del futuro fallo de la Corte Constitucional sobre el referendo, será una decisión política. Eso sí, sostenida con excelentes argumentos jurídicos. Pero, de igual manera, quienes queden insatisfechos con el fallo podrán argumentar lo contrario con fuertes razones jurídicas. Y todos tendremos que acatar la decisión de los jueces.

En efecto, el reciente concepto del Procurador que reconoce vicios de procedimiento, pero no les otorga suficiente entidad para afectar la constitucionalidad de la Ley de referendo, y la ponencia del magistrado Sierra Porto, en sentido exactamente contrario, avalan nuestra tesis: estamos en el campo abierto del decisionismo jurídico, doctrina según la cual el sentido de las normas lo determina quien las aplica, siendo el derecho lo que los jueces dicen que es. Así pues, olvidémonos de que en el derecho existen respuestas correctas y aceptemos que a la hora de fallar un caso tienen más peso las intenciones de los intérpretes de las normas, que las intenciones de quienes hicieron esas normas.

El caso más extraordinario de decisionismo jurídico es nada más y nada menos que nuestra Constitución del 91. Porque, vale la pena recordarlo, en ese entonces la Constitución vigente establecía que el Congreso de la República era el único camino legítimo para hacer reformas constitucionales. No obstante, basándose en el artilugio de una séptima papeleta que nadie se tomó el trabajo de contabilizar, la Corte Suprema de entonces consideró válido un camino distinto al institucional para hacer reformas a la Constitución: convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Así, de esta vía de hecho ilegítima que violó todos los procedimientos legales existentes, nació nuestra querida Constitución del 91. Entonces el Estado de opinión pasó por encima del Estado de derecho. La tiranía de la mayoría se impuso sobre las instituciones, pero los críticos de hoy quedaron contentos, porque eran parte de esas mayorías.

En política no se puede exigir al adversario estar de acuerdo con uno. Pero sí se le debe reclamar, al menos, coherencia. La inmensa mayoría de quienes hoy objetan el proceso del referendo por problemas de procedimiento estuvo entonces de acuerdo o fue protagonista directa de la violación flagrante de todos los procedimientos legales con que nació la Constitución del 91. O sea que hay incoherencia y doble rasero en cuanto a la importancia de los procedimientos: son importantes según coincidan o no con nuestros intereses políticos. No eran importantes cuando en 1991 se quería reformar la Constitución, pero hoy sí porque la reelección va contra los intereses o las simpatías de algunos. Y ahora, cuando estos últimos están en minoría, ellos denuncian una supuesta dictadura de la mayoría, con la que estaban cómodos cuando hacían parte de esa mayoría.

Quienes estamos a favor del referendo apoyamos el concepto del Procurador porque desarrolla los valores de la Constitución del 91: la prevalencia de la voluntad popular y la defensa de la democracia participativa. Y precisamente el referendo por iniciativa popular es uno de sus más importantes mecanismos. Los problemas que se pudieron haber presentado en su trámite no tienen el alcance suficiente para impedir la expresión del pueblo en las urnas. Es, obviamente, una valoración política, pero no por ello menos válida. Por su parte, quienes están en contra estiman correcta la ponencia de Sierra Porto. También es una valoración política. Los argumentos jurídicos en uno y otro caso nos ratifican en nuestras respectivas posiciones políticas. Y nadie cambiará su posición política por razones jurídicas.

Entonces más nos vale que nos vayamos sincerando para ir dejando de lado la pretensión de arrogarnos la verdad jurídica revelada y única, porque esta no existe. También deberíamos ir abandonando la tentación de descalificar y satanizar la posición jurídica del adversario.

Pero, aun así, respetando los argumentos jurídicos de mis contradictores, creo que no se puede afirmar con rigor que la precisión que se hizo al texto del referendo modifica la voluntad de los millones que lo firmaron, o que una sanción de su anterior partido seguía siendo válida para quienes legalmente ya lo habían abandonado, o que los congresistas no fueron informados de la convocatoria a sesiones extraordinarias, o que la voluntad popular se debe subordinar a unas cuentas administrativas, o que existen topes legales a la recolección de firmas. Pero, en fin: autorictas, non veritas facit jus. Es decir, la justicia no la hace la verdad, sino la autoridad. Esperemos y acatémosla.

Informantes y sapos

Alfredo Rangel

Revista Semana, Bogotá

Febrero 6 de 2010

Empiezo por insistir en que no estoy de acuerdo con combatir el crimen en Medellín con universitarios informantes pagados. Pero no porque sean universitarios, o informantes o pagados, sino porque esa medida no tiene nada que ver y no presenta ninguna relación con las causas, la dinámica y la ubicación del crimen emergente en esa ciudad. Por eso creo que la medida se debe revertir. En las comunas más críticas debe haber mejor inteligencia policial, protección de los testigos que por decenas quieren denunciar, más jueces y fiscales dedicados específicamente a judicializar a los integrantes de los 'combos' criminales, entre otras medidas.

En cambio sí estoy de acuerdo con la iniciativa de organizar taxistas en redes de colaboradores con la Policía para prevenir y perseguir el delito. Que, entre otras cosas, no es una medida nueva, pues se ha aplicado con éxito por las autoridades en muchas ciudades de Colombia y del mundo. En Cali, por ejemplo, ya funciona desde hace algún tiempo. Ni tampoco viola la Ley, ni representa un peligro para la libertad o para la democracia, como interesadamente la presentan quienes consideran que cualquier colaboración de los ciudadanos con las autoridades es cosa de sapos, calificativo que en los bajos fondos de nuestro medio equivale al de despreciables delatores.

Para la organización de redes de taxistas en Cali y en las ciudades más afectadas por la delincuencia el gobierno debe aprovechar la experiencia anterior: Hacer una selección rigurosa que excluya, por ejemplo, personas con antecedentes penales o problemas de drogadicción; advertirles sobre el modus operandi más frecuente de los delincuentes; evitar la infiltración de la delincuencia en las redes; prevenir sobre las falsas acusaciones, y adoptar medidas de protección blanda para sus integrantes. Hacer parte de estas redes debería ser entonces motivo de orgullo ciudadano y no de vergüenza, como quieren presentarlo sus críticos.

Porque precario favor le hacen a la promoción de la solidaridad ciudadana quienes califican de sapos a las personas que al entregar información a las autoridades -con recompensa o sin ella-, han hecho posible la liberación de centenares de secuestrados, la desarticulación de decenas de bandas criminales, de extorsionistas, de violadores y de asaltantes, la captura o la baja de centenares de narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares, o el destape de innumerables casos de corrupción. Sin la colaboración de esos informantes el éxito de la política de seguridad democrática no habría sido tan abrumador como lo reconocen propios y extraños. No se habría reducido el homicidio a la mitad y el secuestro en 90 por ciento; tampoco se habría reducido en Medellín el homicidio en 60 por ciento en los últimos siete años. Pero ahora resulta que para algunos, cuando el gobierno promueve la cooperación de la ciudadanía con las autoridades, que es un deber constitucional y legal de cualquier buen ciudadano, lo que está es promoviendo la cultura de la "sapería".

Tampoco tiene sentido comparar nuestras redes de informantes con la Stasi alemana o con las anteriores Convivir. En efecto, en la Alemania comunista la Stasi tenía como propósito controlar políticamente la población y reprimir cualquier oposición al régimen, razón por la cual sus millones de colaboradores 'voluntarios' (si no lo hacían, perdían sus empleos) espiaban a sus vecinos con esos propósitos autoritarios. Con razón la Stasi era denominada "el escudo y la espada" del Partido Comunista. Algo parecido ocurre hoy en Cuba y Venezuela. En contraste, las redes de informantes en Colombia colaboran con las autoridades para combatir el narcotráfico, el terrorismo y la delincuencia común, no para silenciar a la oposición que, dicho sea de paso, ha tenido en el presente gobierno las mayores garantías para el ejercicio de sus derechos constitucionales.

Y tampoco hay comparación lógica con las anteriores Convivir, pues estas eran organizaciones de civiles armados, financiadas por el sector privado, con capacidad de confrontación violenta con los delincuentes. Los actuales informantes están conformados por civiles desarmados que solamente suministran información valiosa a las autoridades para que sean ellas y solo ellas las que apliquen la fuerza del Estado de manera legítima y legal.

"El hombre para ser hombre no debe ser batidor", decía un malevo en su agonía, negándose a informar a las autoridades el nombre de su asesino, según un famoso tango. Esta frase está bien como final dramático de una canción maleva, pero no se debería constituir en guía de comportamiento ciudadano, tal y como lo quisieran aquellos que señalan de sapos abominables a quienes colaboran con las autoridades para combatir el delito y contribuir a la seguridad de todos.

Se nos embolata la salud

Alfredo Rangel

Revista Semana, Bogotá

Enero 30 de 2010

Se puede establecer cierto paralelo entre las reformas a la salud promovidas por Obama y Uribe. En efecto, ambas han buscado universalizar la cobertura de la salud y las dos han generado álgidos debates y mucho descontento entre sectores de la opinión pública. Para Obama el resultado político parece ser adverso. Para Uribe todavía es incierto.

Pero si el propósito general de ambas reformas es el mismo, las condiciones de entorno son muy diferentes y, por consiguiente, el proceso político es muy distinto. Así, en Estados Unidos el 85 por ciento de la población tiene un seguro médico privado, que mayoritariamente es costeado por las empresas a sus empleados, y sólo el 15 por ciento está desprotegido porque no puede pagar. Allá un plan orientado a proteger a la minoría ha alarmado a la mayoría de la población, aun cuando el gobierno ha propuesto que el billón de dólares necesario para pagar a las aseguradoras por los nuevos afiliados se obtendría con nuevos impuestos y desviando recursos de Medicare, un programa asistencial estatal para ancianos. La mayoría teme que la calidad de los servicios de salud se deteriore por esta reforma.

En contraste, aquí la inmensa mayoría de la población -las dos terceras partes- no paga los servicios de salud y su acceso es subsidiado por la tercera parte que sí paga y por los recursos generales del Estado. Aquí un plan orientado a favorecer a la mayoría ha alarmado -con justa razón, como veremos- a la minoría. Aun cuando aquí también el gobierno ha dicho que los recursos financieros necesarios para lograr la cobertura universal en salud se obtendrán de nuevos impuestos, de un mayor control a la corrupción, de la restricción a la tutelas para procurarse ciertos servicios de salud, y de una redefinición de los servicios de salud que prestará el sistema. En lenguaje técnico, la unificación del POS.

Pues precisamente este último punto es el que ha provocado justificada alarma entre la población que hoy paga su servicio de salud al sistema porque, razonan, está bien que la gente más pobre tenga un mejor servicio de salud, pero esto no debería lograrse a costa de un deterioro del acceso a los servicios de quienes hoy lo pagan. En este tema la incertidumbre es total y sólo tendremos claridad hasta el próximo mes de julio -después de las elecciones-, cuando el gobierno anuncie cuál va a ser el nuevo paquete unificado de servicios de salud que se prestará a todos los afiliados al sistema, independientemente de que paguen o no. Muy seguramente no se tratará del paquete contenido en el actual POS, porque de ser así pues ya lo habrían anunciado, y, adicionalmente, esto costaría cerca de cinco billones de pesos que sólo se podrían costear con nuevos aumentos de impuestos, según Fedesarrollo. Así que lo que se sospecha es que va a ser algo de menor alcance que el POS contributivo y de mayor alcance que el actual POS subsidiado. En dos palabras, a los que pagan se les dará menos para darles más a los que no pagan. Una medida de equidad que entre la clase media puede traer mucha insatisfacción y ocasionarle significativos costos políticos al gobierno, pues a nadie le gusta que le quiten lo que tiene.

Sin embargo, la restricción al acceso a ciertos servicios del actual POS no será absoluta. Pero ni pobres ni ricos lo harán vía tutela como antes, pues la prestación de esos servicios, ahora llamados "excepcionales", tendría que ser aprobada por un comité técnico científico. Adicionalmente, estos tratamientos "excepcionales" tendrán que ser costeados parcialmente por el paciente, según su capacidad de pago, lo que también está por determinarse. De esta manera el gobierno busca acabar con lo que, según su criterio, era un consumo excesivo no requerido por parte de algunos pacientes, y con una inducción exagerada a la demanda por parte de algunas EPS y médicos especialistas. Pero, insistimos, la clave estará en lo que el gobierno decida que antes era normal y en adelante será "excepcional", calificación que a los médicos no les acaba de sonar bien.

En Estados Unidos la discusión de la reforma a la salud ha tomado largos años, y todavía no ha sido posible aprobarla. Es de esperar que aquí semejante cambio no se vaya a realizar a través de decretos de emergencia, pues muy seguramente requerirá de una ley estatutaria que debe estudiar el Congreso. Es necesario tomar medidas para superar la crisis financiera en que entró nuestro sistema de salud, pero las reformas estructurales requieren de amplios consensos que es necesario alcanzar con un debate amplio y participativo de todos los involucrados. Incluidos los usuarios, claro.

P.S. No veo relación entre la crisis de seguridad en Medellín y la medida de volver a los estudiantes informantes pagados. Los costos colaterales podrían ser mayores que las ganancias en seguridad. Es mejor corregir la medida.

¡Presidente, dé garantías!

Alfredo Rangel

Revista Semana, Bogotá

Enero 23 de 2010

La falta de garantías es generalmente el último argumento que esgrimen quienes por anticipado ven perdida una elección. A veces con razón, como cuando una dictadura persigue o prohíbe la oposición, o cuando el sistema electoral no es transparente y los resultados son manipulados por el gobierno. Pero a veces sin razón, porque hay democracia y garantías para la oposición, y el sistema electoral es transparente y confiable.

Hoy nuestro caso es este último, porque la oposición lleva varios meses diciendo que no hay garantías, pero nunca como ahora los candidatos de todo el espectro político habían tenido tanta libertad y tanta seguridad para adelantar sus campañas electorales en todo el territorio nacional, nunca habían tenido tantos recursos públicos a su disposición (4.000 millones de pesos de anticipo por candidato presidencial), nunca habían tenido tanto acceso a los medios masivos de comunicación y, además, el sistema electoral, a pesar de sus reconocidas fallas, es cada vez más confiable.

Adicionalmente, para las elecciones parlamentarias hay una Ley de Garantías vigente que se está aplicando mediante un específico Plan de Garantías Electorales diseñado y puesto en marcha por el gobierno, que incluye, entre otras cosas, la congelación de la nómina oficial, la prohibición de nóminas paralelas, medidas de seguridad para el proceso electoral y para los candidatos, prohibición del proselitismo electoral a los empleados públicos, presencia de observadores internacionales, etcétera. Todo esto está vigente y operando.

La discusión se centra en que, según algunos, no hay garantías para las elecciones presidenciales porque el presidente Uribe, quien aún no es formal ni legalmente candidato porque no puede serlo, debería comportarse desde ya como tal y otorgar garantías adicionales, por si acaso. Pero, a mi manera de ver, Uribe hoy no es candidato sino precandidato, y para que lo sea falta que la Corte Constitucional apruebe el referendo y que éste tenga la participación electoral suficiente, todo en medio de unos plazos angustiosamente cortos que atentan contra el éxito de ese referendo.

El hecho es que la Ley de Garantías vigente para la elección o la reelección presidencial por primera vez, la 996 de 2005, obliga al presidente en ejercicio a cumplirla a partir del 30 de enero próximo, o sea, cuatro meses antes de las elecciones presidenciales. Por tanto, aún cuando ya fuera legalmente candidato, que no lo es, estaría obligado a cumplir esa Ley sólo a partir de esa fecha, no antes. Así que desde los puntos de vista político y legal son injustas e infundadas las críticas que durante los últimos meses se le han hecho a Uribe sobre el tema de las garantías electorales.

El problema entonces serán los próximos meses a partir de esa fecha, cuando al vacío legal se sumará la incertidumbre política. "En Colombia garantías sí hay, lo que no hay es una Ley de Garantías que se pueda aplicar positivamente", ha señalado el presidente del Consejo Electoral, Marco Emilio Hincapié, refiriéndose obviamente al hecho de que la ley vigente no puede dar cuenta de la situación inédita que se presenta ahora, esto es, la incertidumbre de que sea o no posible una segunda reelección presidencial. ¿Debe entonces el Presidente asumirse y comportarse desde ya como candidato si, en teoría, sólo tiene el 50 por ciento de posibilidades de serlo?

Yo creo que sí. Mientras la Ley lo obliga y la incertidumbre política se resuelve, la solución está en el plano de la ética. De la ética preventiva, para ser más precisos. A partir del próximo 30 de enero el Presidente debería comportarse como candidato y otorgar a los demás candidatos las garantías que establece la Ley, por si acaso llega a serlo efectivamente. Con seguridad, para un Presidente con tan alta popularidad e intención de voto, por lo que prácticamente no necesita hacer campaña para ganarles a unos adversarios que, frente a él, están poco favorecidos del apoyo ciudadano, con seguridad, digo, al Presidente no le afectará en lo mínimo acoger a plenitud lo que establece la Ley de Garantías en los próximos meses, que podrían ser menos de cuatro si por cualquier circunstancia el referendo no es aprobado.

No es mucho pedir, porque en plata blanca significa: no inaugurar obras públicas, no entregar personalmente recursos estatales, no referirse a otros candidatos como Jefe de Estado, entre otras medidas. Poca cosa, en realidad, para un Presidente con tan desbordantes popularidad e intención de voto. Hágalo Presidente, y desde antes de la batalla electoral mójeles la pólvora a sus adversarios.

Chávez, el titanic se hunde

Alfredo Rangel

Revista Semana, Bogotá

Enero 16 de 2010

El 2010 podría ser el año que marque el punto de quiebre para el comienzo del fin del régimen de Chávez en Venezuela. Por culpa del desgobierno, de la corrupción rampante y de la improvisación generalizada, se están juntando negros nubarrones que el chavismo no va a poder despejar y que provocarían una reacción popular generalizada en su contra, marcando el inicio de su caída.

Esto podría ocurrir en las próximas elecciones, que se realizarán en septiembre del presente año. Como lo plantea Heinz Dietrich, el principal ideólogo del régimen chavista, si estas elecciones se pierden, "el proceso bolivariano podría llegar a su fin". En razón de la presente crisis, este mismo señor Dietrich ha descrito el gobierno de Chávez como "un Titanic a punto de hundirse" y recientemente afirmó que "el iceberg está más cerca". También señaló a los altos líderes del proceso como "los responsables de la catástrofe que se avecina". Por su parte, el embajador de Venezuela en la OEA, Roy Chaderton, ha expresado públicamente su "preocupación por la supervivencia de la revolución bolivariana". Y estas no son voces aisladas: esa misma preocupación existe en muchos sectores del chavismo.

En efecto, la situación es crítica, pues al racionamiento de agua y de energía eléctrica, a la incontrolable inseguridad urbana, a la inoperancia de los planes sociales y al desabastecimiento crónico que están padeciendo los venezolanos, se sumará ahora una inflación de entre el 50 y el 60 por ciento para este año, como consecuencia de la devaluación que acaba de decretar el gobierno. No hay que olvidarlo: la inflación sí tumba gobiernos; ha sido la persistente historia de América Latina. Hay que recordar que Venezuela importa casi todo lo que consume -por ejemplo, el 60 por ciento de los alimentos-, razón por la cual se estima que después de la devaluación, al menos la mitad de los productos importados pasarán a costar el doble a sus consumidores. Y esto no se evitará poniendo soldados con metralletas en los supermercados.

La devaluación de Chávez es fiscalista y tiene un propósito político. En el corto plazo le dará un aire, pues el gobierno dispondrá de más bolívares por dólar de petróleo exportado, pero en el mediano no es una solución y, por el contrario, le generará problemas mayores. Podrá aumentar el gasto público en los próximos meses y habrá más dinero en circulación, por lo que se incrementará la demanda de bienes importados, y esto nuevamente presionará el alza de precios. Así, en lo inmediato, el gobierno podrá aumentar artificialmente el gasto público para neutralizar el riesgo de ser derrotado en las próximas elecciones parlamentarias, pero luego la realidad económica le pasará la cuenta por la ventanilla política. Chávez tiene dificultades infranqueables para superar la crisis y no tiene respuestas para justificar la forma como dilapidó la bonanza petrolera del país en los últimos años. En medio de un mar de petróleo, el pueblo no se resignará a un racionamiento de luz de cuatro horas diarias, que podría ser aún mayor en el futuro; además, superar esta crisis estructural energética podría tomar cuatro o cinco años, pues en vez de tener las 35 plantas generadoras de energía necesarias, el país sólo tiene seis, pues no ha habido inversiones en este campo en los últimos años. En contraste, el gobierno ha regalado 61.000 millones de dólares en ayudas a otros países, sin control alguno y en función de su arbitraria agenda política: 20.000 millones a Cuba, 8.500 millones a Argentina, 5.200 millones a Brasil, 700 millones a Irán, 300 millones a China, 300 millones a Estados Unidos, etcétera. Los venezolanos nunca van a entender por qué, teniendo tantas necesidades insatisfechas, su gobierno regaló tantos recursos sólo para satisfacer sus intereses políticos.

En medio de esta situación, sus acostumbradas maniobras de distracción parecen cada vez más risibles y ya no convencen a nadie. Acusar a Estados Unidos de enviar aviones espías a Venezuela y presentar como prueba una foto de un avión P3 bajada de Wikipedia es francamente patético. "¡Ni la temible 'hacker' Lisbeth Salander habría dado con tal hallazgo!", así ridiculizó este hecho el periódico opositor Tal Cual. Es evidente que Chávez ha empezado a dar palos de ciego.

En conclusión, en medio de esta situación tan catastrófica, en las elecciones de septiembre el gobierno chavista podría ser derrotado y perder el control del Congreso, con lo cual su proyecto autoritario fracasaría. Pero tampoco hay que olvidar la tradición de súbitos levantamientos populares en Venezuela. Recordemos el célebre 'Caracazo' de 1989, causado por un desabastecimiento crítico y un alza descontrolada de precios, como la que se ve venir este año en el país vecino. El comienzo del fin del chavismo podría estar más cerca de lo que parece.

Cabañuelas

Alfredo Rangel

Revista Semana, Bogotá

Enero 9 de 2010

Tratar de anticipar lo que va a ocurrir es un ejercicio rutinario, inquietante y sabroso al que nos dedicamos todos apenas comienza un nuevo año. Y sobre todo cuando hay elementos de gran incertidumbre, como es nuestro caso por estos días, es más interesante y provechoso. Además, lo que pase este año empezará a marcar la pauta de lo que nos espera en la década que también se está iniciando. En fin, vale la pena hacer el ejercicio ya que, como dijo Woody Allen, "me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida". Entonces, procedamos.

El año que comienza parece incierto en política pero más estable en seguridad. En lo que tiene que ver con esta última, debemos atenernos a las palabras de Lord Byron cuando afirmaba que "el mejor profeta del futuro es el pasado". El pasado reciente, aclararíamos. En efecto, es de esperar que este año continúen y se consoliden las tendencias positivas de los años recientes, se corrijan un poco ciertos fenómenos por fuera de la norma, y se acentúen otros que ahora se manifiestan en forma preocupante.

En consecuencia, este año seguiremos presenciando la disminución del homicidio en el ámbito nacional, así como del secuestro, el desplazamiento forzoso y el narcotráfico. Esto será posible si continúa, como creemos, el debilitamiento de los grupos irregulares -guerrilleros y mafiosos-, como en forma gradual ha venido ocurriendo, mientras que, simultáneamente, el Estado se fortalece, se hace más eficiente en el uso legítimo de la fuerza, avanza en la consolidación de su presencia institucional sobre el territorio nacional y vigoriza el apoyo ciudadano. Así, no obstante su coyuntural y precaria reactivación en algunos departamentos como Caquetá, Nariño y Cauca, las Farc y el ELN se seguirán debilitando a nivel nacional y continuarán desmoronándose por efecto de las deserciones y las bajas, sin recuperar su antigua capacidad de reclutamiento; la desmoralización, la incomunicación, la descoordinación y el aislamiento político los seguirán socavando; el ELN será cada vez menos ofensivo y más narcotraficante; las Farc, más pobres, más débiles, más mafiosas y más terroristas.

Sin embargo, en un año electoral, como es su costumbre, las Farc intentarán sabotear las campañas políticas y los comicios dónde y en la medida que les sea posible: pocos sitios y poco impacto. Algunos actos terroristas demostrativos por aquí, alguna campaña propagandística por allá. Así, con todo y sus amenazas, y puesto que los paramilitares y la para-política ya no existen, las de este año podrían ser las elecciones menos violentas y más libres en los últimos 20 años. El riesgo vendrá de la infiltración de dineros ilícitos en algunas campañas.

De otro lado, el volumen del narcotráfico seguirá disminuyendo por efecto de la mayor eficacia del Estado para golpear y desarticular las bandas mafiosas y, en general, porque el ambiente para esa actividad ilícita será cada vez más riesgoso en nuestro país. Por eso se seguirá trasladando a Venezuela, a Bolivia y a Centroamérica, donde encuentra menos riesgo y más seguridad.

Muy seguramente el homicidio en Medellín, Cali y Bogotá va a disminuir este año por agotamiento de la guerra entre bandas de narcotraficantes y mafiosos. Al final, esto mejorará la percepción de seguridad urbana que se deterioró el año anterior. En contraste, continuará el nefasto impacto de las calumniosas acusaciones de "falsos positivos" sobre el nivel operacional de las Fuerzas Militares. Aclaro: hay casos reales que deben ser investigados y castigados, pero sospecho que la inmensa mayoría de las acusaciones es manipulada en forma interesada. El riesgo de ser acusado injustamente, lo que puede ocasionarles el fin de sus carreras, llevará a muchos oficiales y a su tropa a quedarse quietos en muchos sitios del país.

La política es más impredecible. Por lo apretado del tiempo y de las tendencias al interior de la Corte Constitucional, sólo le doy un 40 por ciento de posibilidades a que el referendo se realice. Pero si este se hace, lo votaremos más de nueve millones de ciudadanos y Uribe será reelegido en primera vuelta. Si no hay referendo, será el juego de alianzas en la segunda vuelta la que definirá el ganador. Es posible que Santos y Fajardo pasen a esa segunda vuelta. Entonces Santos tendrá el apoyo de Vargas Lleras y de Arias o Noemí, quien sea que gane la consulta conservadora, mientras que Fajardo tendrá el de Petro y, tal vez, el de Pardo. Pero, si no quiere continuar en el desierto de la oposición, Pardo tendría que entrar en razón y apoyar también a Santos. Por lo anterior, si hubiera que apostar con la racionalidad de las probabilidades, yo le apostaría a Santos, si no hay referendo. Hagan ustedes sus apuestas y ¡Feliz Año para todos!.

Un libro para regalar(se)

Alfredo Rangel

Revista Semana, Bogotá

Diciembre 26 de 2009

Sin duda alguna, Sables y utopías, de Mario Vargas Llosa (Editorial Aguilar, 2009). Con esta recomendación vuelvo a sumarme a la loable campaña de la Cámara Colombiana del Libro, ya tradicional por estas fechas. Este libro es una excelente recopilación de más de 50 ensayos, artículos, entrevistas, cartas y conferencias de quien es uno de los grandes de las letras latinoamericanas, además de un polemista político de grandes quilates.

Vale la pena leerlo y releerlo. El libro, un volumen de 450 páginas, tiene cinco capítulos, cuatro de ellos dedicados a temas políticos e ideológicos, y uno que aborda otra de las pasiones de Vargas Llosa, la crítica literaria. Los títulos de los primeros cuatro hablan por sí solos: La Peste del Autoritarismo; Auge y Declive de las Revoluciones; Obstáculos al Desarrollo: Nacionalismo, Populismo, Indigenismo y Corrupción; Defensa de la Democracia y del Liberalismo. A lo largo de 350 páginas, estos capítulos ilustran el periplo intelectual que durante los últimos 40 años ha recorrido su autor, siempre colocándose en la primera línea de defensa de la libertad y en contra de las dictaduras y de toda forma de opresión.

Como es sabido, la apasionante vida intelectual de Vargas Llosa en el campo político ha estado marcada por tres momentos fundamentales, que han sido, de una u otra forma, los mismos hitos de la evolución de una parte muy importante de la intelectualidad latinoamérica a partir de la segunda mitad del siglo XX: la simpatía inicial con la Revolución Cubana, en la que se veía, a diferencia de las dictaduras estalinistas del 'Socialismo Real', una posibilidad dorada de armonizar justicia con libertad; luego vino el desencanto con esta ilusión por el sacrificio que el régimen comunista de Fidel Castro hizo de la libertad de expresión y de todas las libertades políticas, la represión inclemente contra los intelectuales críticos del gobierno, contra toda forma de oposición, e incluso contra minorías sociales como la población homosexual; y finalmente, ya en la madurez, el redescubrimiento del liberalismo y de sus presupuestos básicos, la democracia política, la economía de mercado y la defensa del individuo frente al Estado. Por este recorrido creo que hemos pasado muchos, y eso nos identifica sobremanera con Vargas Llosa.

Este peruano universal, ganador del Premio Cervantes, el Príncipe de Asturias, el PEN-Nabokov y el Grinzane Cavour, entre muchos otros -además de ser sobrado y justo aspirante al Nobel, si este premio no tuviera tanto sesgo político-, ha sido un crítico implacable de todas las dictaduras: la de Videla, en Argentina; la de Velasco Alvarado, en Perú; la de Pinochet, en Chile; la de Somoza, en Nicaragua; la de Castro, en Cuba; y hasta de la que define socarronamente como la "dictadura perfecta" del PRI, en México. Pero, puesto que sobre el rechazo a las demás hay consenso, su debate mayor es contra la dictadura más larga en la historia de América Latina, la de Fidel Castro, que aún provoca adhesiones entre algunos intelectuales y políticos despistados o cínicos que "no podrían soportar 24 horas en una sociedad como la que defienden". Son estos últimos el blanco de las más mordaces críticas de Vargas Llosa puesto que "en vez de mostrarse solidarios con quienes en Cuba van a prisión, viven como apestados, sometidos a toda clase de privaciones y tropelías o dan sus vidas por la libertad, apoyan a sus verdugos y aceptan jugar el lastimoso papel de celestinas, cómplices o 'putas tristes' de la dictadura caribeña".

Mención especial merece la defensa que a lo largo de su obra hace Vargas Llosa del liberalismo, no como una ideología, ni como "religión laica y dogmática", sino como una filosofía, una "doctrina abierta que evoluciona y se pliega a la realidad" , que estima que "la libertad es el valor supremo", que "la libertad es una sola y la libertad política y la libertad económica son inseparables", que "la libertad se mide en el seno de una sociedad por el margen de autonomía de que disponga el ciudadano para organizar su vida y realizar sus expectativas sin interferencias injustas", y que lo fundamental es "la tolerancia y el respeto a los demás y, principalmente, a quien piensa distinto de nosotros, practica otras costumbres y adora otro dios o es un incrédulo". En fin, es la defensa del liberalismo no como un partido, sino como una cultura general que ojalá irrigara por igual a todos los ciudadanos y a todos los partidos del espectro político, para darle mayor robustez a la democracia.

Por las anteriores, y por muchas razones más que no caben en este espacio, recomiendo este libro para regalar o regalarse en Navidad. Sé que quienes lo lean le agradecerán a Vargas Llosa haberlo escrito. Y a mí, tal vez, humildemente, habérselo recomendado. ¡Feliz Navidad!.

La seguridad nacional 2009

Alfredo Rangel

Revista Semana, Bogotá

Diciembre 19 de 2009

El balance de la seguridad nacional para el año que termina es positivo. Se confirman, en líneas generales, las tendencias de progreso que hemos presenciado en años anteriores. Así, en relación con el año pasado, siguen bajando los homicidios, el secuestro y el sabotaje contra la infraestructura económica nacional. De igual manera, la guerrilla se sigue debilitando y el narcotráfico cede terreno. Pero hay una merma en el nivel de operaciones de las Fuerzas Militares que genera algunos interrogantes.

Efectivamente, el número de homicidios se redujo un 2,2 por ciento, o sea, alrededor de 300 homicidios menos que el año anterior. Esta reducción no fue más importante por el coyuntural aumento de los homicidios en Medellín y Cali, producto de las vendettas entre bandas criminales. De resaltar las caídas del homicidio en los departamentos de Meta, Norte de Santander y Risaralda, que venían de altas tasas en años anteriores. También los aumentos de Antioquia, Sucre y Córdoba, estos últimos con bajas tasas.

La caída del secuestro extorsivo fue mucho más significativa. En el año que termina hubo 23 por ciento menos secuestros que en el año anterior. Adicionalmente, es la cifra más baja desde el año 1996 y es 11 veces más baja que la que padeció el país en el año 2002, al comienzo del actual gobierno. Este año las Farc sólo pudieron realizar la mitad de los secuestros del año anterior. Pero no solamente hay menos secuestros: el 52 por ciento de los secuestrados fueron rescatados o liberados por la presión de las autoridades. Esta última cifra era sólo del 20 por ciento en el año 2002.

También las acciones de sabotaje de la guerrilla contra la infraestructura económica nacional se redujeron este año en relación con el anterior. Fueron un 17 por ciento menos. La caída más notoria fue la de los ataques contra la infraestructura energética, que descendieron un 37 por ciento con respecto al año 2008.

De otra parte, sumadas las acciones violentas de la guerrilla, esto es, ataques contra la Fuerza Pública -hostigamientos, emboscadas, golpes contra puestos militares o de Policía-, sabotajes, retenes y paros armados, las Farc registraron una caída del 14 por ciento con respecto al año anterior, y el ELN bajó sus acciones un 39 por ciento. Las acciones de las Farc prácticamente se han reducido a los departamentos de Cauca, Caquetá, Nariño y Meta. De igual manera, entre enero y octubre de este año, 1.847 guerrilleros de las Farc y 442 del ELN desertaron de sus filas y se incorporaron a los programas gubernamentales de reinserción. No obstante, según un documento elaborado por el propio 'Mono Jojoy', el número de desertores podría ser mayor, pues solamente una fracción de ellos se presenta a las autoridades y participa en los programas de reinserción. El resto se fuga con dinero de la guerrilla, o es capturado y fusilado por sus propios compañeros, o no se presenta a las autoridades. Todos estos hechos demuestran que la guerrilla se sigue debilitando. Inclusive el pacto de no agresión que acaban de firmar las Farc y el ELN es síntoma de lo mismo.

En lo relacionado con el narcotráfico, aun cuando todavía no se conocen los datos de este año, recientemente se conoció que en 2008 se siguió reduciendo, por cuarto año consecutivo, la cantidad de cocaína producida en el país. Con 295 toneladas, esto es casi dos veces y media menos que lo que se producía hace ocho años cuando la producción llegó a la cifra histórica más alta, unas 700 toneladas. Además, sería la cifra más baja en los últimos 20 años. El narcotráfico también está declinando.

Finalmente, es necesario señalar que, no obstante los avances, las amenazas contra la seguridad continúan y, en consecuencia, no debería decaer el esfuerzo por acabar de normalizar el país. Por eso es comprensible que el nivel de operaciones de las fuerzas militares haya caído este año en los departamentos donde ya la presencia de la guerrilla es exigua o inexistente, pero no se entiende que esto suceda en los departamentos donde sigue más activa o, incluso, ha incrementado sus acciones con respecto a años anteriores. Las operaciones del Ejército han caído un 50 por ciento en Cauca, un 30 por ciento en Caquetá, un 20 por ciento en Nariño, y un 54 por ciento en Meta. Justo donde la guerrilla está más activa.

¿Será que el temor de los oficiales a ser acusados calumniosamente de 'falsos positivos', lo que les arruina sus carreras y sus vidas, ha restado ímpetu ofensivo a nuestras fuerzas militares? Si esto es así, los adversarios armados del Estado estarían ganando en los tribunales lo que no han podido ganar en la confrontación militar. Un buen interrogante para cerrar balance.

Contubernio de Farc y ONG´s en asesinato de líderes afrodescendientes