Menos Plan Colombia, nuevo Plan Perú

Luis Carlos Zamora

El Tiempo, Bogotá

Marzo 4 de 2010

Dos informes sobre el estado mundial del tráfico de estupefacientes acaban de ser dados a conocer. El multilateral de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas -JIFE-, y el unilateral del Departamento de Estado de Estados Unidos de América.

Ambos coinciden el dos hechos, así sus cifras difieran: uno, que la producción de cocaína bajó en un porcentaje importante en Colombia, y dos, que aumento en Perú.

Según las cifras de la JIFE, que tomo en razón de su carácter multilateral, Colombia tuvo en el 2008 un potencial de producción de 430 toneladas de cocaína, y Perú, uno de 302. Al mismo tiempo se informa de la incautación de 198 toneladas en Colombia y de 18 en el Perú; a esta última cifra le agregaré las 27 toneladas incautadas en Ecuador, que no es un país productor sino de tránsito del estupefaciente de origen peruano. No tendré en cuenta las cifras del Departamento de Estado, que calcula para Colombia un potencial productor de 295 toneladas.

De esta forma, la producción neta de cocaína exportable en Colombia, principalmente a Estados Unidos y a Europa, sin tener en cuenta el consumo interno, es de 232 toneladas. La del Perú, 257. Es decir, actualmente Perú, y no Colombia, es el principal exportador de cocaína en el mundo.

Es esta, y no otra de carácter político, la razón por la cual para el 2010 el monto de los recursos del Plan Colombia provenientes de Estados Unidos bajará de 240 a 230 millones de dólares. Para Perú aumentará de 40 a 47 millones.

En el informe del Departamento de Estado se lee de manera clara la intención del gobierno de Estados Unidos de ir reduciendo paulatinamente los recursos del Plan Colombia para que sea el gobierno de Colombia el que financie los programas que hoy se desarrollan en razón del mismo.

De otra parte, en el mismo informe se hacen referencias al aumento de la asistencia del gobierno estadounidense al gobierno del Perú en materia técnica y de entrenamiento de personal. Igualmente, se alienta al gobierno peruano a aumentar los esfuerzos de erradicación de las matas de coca, de lo que se infiere un próximo aumento de la erradicación forzosa con productos químicos. También se advierte sobre el fortalecimiento de lo que quedó del grupo guerrillero Sendero Luminoso, que ahora se financia con el tráfico de drogas.

Estas fueron las bases del Plan Colombia y serán las bases de un futuro Plan Perú, que se unirá a la iniciativa de Mérida, que es el plan para México. Lo anterior concuerda con las manifestaciones recientes del presidente Alan García, en que pide ayuda internacional, en especial a la Unión Europea, para controlar el creciente narcotráfico en su país. El presidente García acude a Europa porque ya siente la presión de Estados Unidos. Como siempre pasa en este tópico, Perú aceptará las recomendaciones de Estados Unidos y se firmará el Plan Perú.

La verdad es que frente a todas las medidas contra el narcotráfico que se han tomado en Colombia, como la expedición de una ley de extinción de dominio, el aumento de la presencia militar estadounidense en las bases colombianas, el número de extradiciones, la reforma de la justicia y del sistema penal, Perú no ha hecho mayor cosa.

Llama la atención la presión tan grande de Estados Unidos a Colombia para el control del narcotráfico y la relativamente poca presión a los otros países productores. Ello ha demostrado que la teoría del "efecto balón", por el cual cuando se controla la producción de estupefacientes en una región, esta se traslada a otra.

Por ahora, Colombia dejó de ser el principal exportador de cocaína para cederle el puesto a Perú. Por eso, creo que va a haber menos Plan Colombia y un nuevo Plan Perú.

La 26, vuelta un 8

Luis Carlos Zamora

El Tiempo, Bogotá

Febrero 15 de 2010

En diciembre del 2007, faltando diez días para la terminación de la administración de Luis Eduardo Garzón, se adjudicaron los contratos de construcción de la fase III de TransMilenio.

La entidad contratante, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), escogió los proponentes que se encargarían de la construcción de las troncales de la carrera 10 y de la calle 26, por un valor de un billón 130 mil millones de pesos.

En aquellos días finales del mandato el alcalde Garzón, se adjudicaron los contratos sin que estuvieran listos todos los diseños, apenas los prediseños, pues se temía que la nueva administración no contratara estas obras, en razón de su posición de campaña contraria a TransMilenio y enfocada en el metro, y debido al compromiso público del alcalde saliente de dejarlas contratadas.

Con ello, la administración de Bogotá, a través del IDU, quedó en una posición de riesgo que sus directivos pensaban superar con el ajuste de los diseños en la marcha de la ejecución de las obras.

Pero el cálculo falló por la falta de capacidad técnica y financiera del contratista del tramo 4 de la calle 26 (Transvial), y por los problemas que fueron apareciendo en cuanto a las redes de servicios públicos, sobre todo las del Acueducto; esta última situación no era nueva, ya que se ha presentado en todas las obras que acomete el Idu.

Como la situación era previsible, a mediados del año 2005 la empresa TransMilenio S.A. llevó a cabo una serie de reuniones con sus funcionarios y con aquellos de las distintas dependencias del IDU, cuyas funciones estuvieran relacionadas con la ejecución de las obras de la fase III de TransMilenio, en las que se analizaron los obstáculos presentados en la construcción de la fase II y se propusieron unas acciones para precaver su ocurrencia en la siguiente fase.

El IDU, dos años más tarde, en la adjudicación de los contratos de la fase III, ignoró estas recomendaciones y así aumento el riesgo de atrasos en las obras, haciendo caso omiso de su propia experiencia. Lo que sí se hizo fue atender las sugerencias de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, encaminadas a que fueran menos estrictas las condiciones financieras y de antigüedad de las empresas postulantes, inclusive si iban a formar parte de consorcios o uniones temporales, por el adendo 2 de los pliegos, de fecha 10 de octubre del 2007. Ver: http://www.infraestructura.org.co/noticiasprincipales.php?np_id=20

Una de las conclusiones de TransMilenio S.A. era precisamente que no se debía adjudicar ningún contrato sin tener todos los diseños listos. Otra, que debería iniciarse la construcción de la obra si no estaba disponible el 80 por ciento del área por intervenir, que incluía la vía ya construida y los predios afectados. Recomendación que tampoco fue atendida, pues la construcción de ambas troncales empezó con un porcentaje de área disponible mucho menor del señalado.

En el IDU estaban convencidos de que gracias al Decreto de expropiación por vía administrativa, que no requiere la intervención previa de ningún juez sino únicamente actos de la administración, todos los predios iban a estar disponibles a mediados del 2008, fecha de las actas de iniciación de obra.

Pero, desconociendo nuevamente su propia experiencia, no se tuvo en cuenta que la compra de predios no es en acto mecánico, sino que conlleva el desplazamiento involuntario de la población que usufructúa esos bienes. Ello implica que hay que llevar a cabo una gestión social para asesorar a los desplazados en la consecución de nuevas viviendas o locales, pago de compensaciones e indemnizaciones económicas. Todo ello lleva más del tiempo previsto en la ley.

Lo anterior condujo a que la ejecución de la obra se volviera una carrera contra el tiempo, en la que fallaron los dos participantes, el contratista, Transvial, y el IDU, y por eso se fue cargando la bomba que acaba de explotar.

Y para completar, quienes creen en la numerología deben observar que la de la calle 26 no le es muy favorable: 26=2+6=8, la 26 vuelta un 8.

Sin Éxito

Luis Carlos Zamora

El Tiempo, Bogotá

Enero 20 de 2010

El presidente Hugo Chávez ordenó expropiar al Éxito en Venezuela, con base en una ley que aún no existe.

La expropiación es una institución de Derecho Público que, como excepción al derecho a la propiedad, le permite al Estado forzar la venta de un bien a su favor por motivos de utilidad pública, pero previo pago de una justa indemnización.

Se diferencia de la confiscación en que esta es una verdadera sanción que no conlleva pago alguno al particular, por la cual el Estado se hace a la propiedad de los particulares de manera injustificada.

La confiscación está prohibida en el Derecho Internacional porque se considera violatoria de los derechos fundamentales de las personas. Generalmente, la usaban los gobiernos como una forma de castigar a los vencidos en las guerras, fueran civiles o contra otros países, o a sus opositores, y por tanto arbitrarias.

La expropiación se usa de manera bastante amplia en el caso de la construcción de obras públicas. En Colombia es bastante utilizada para asegurar la venta de un bien que se requiere para la construcción de una vía, o de un inmueble para construir un colegio, un hospital o un bien de la Administración nacional o local. Ahora mismo, hay expropiaciones en la mayoría de ciudades colombianas para la ampliación de vías, pero sólo se perfeccionan después de un procedimiento en el cual el propietario tiene el derecho de objetar el pago de la indemnización si así lo considera, y obtener el pago de la misma.

En Venezuela existe una ley similar en este sentido. Lo que pasa es que en el gobierno del "Socialismo del siglo XXI" se ha ampliado de manera bastante notoria lo que se considera "utilidad pública" y "bien común". Así, se han dictado leyes para expropiar las empresas de servicios petroleros y otras, dándoles un significado amplio a estos conceptos.

En el caso de Almacenes Éxito, se está amenazando con su expropiación como sanción a una supuesta especulación de precios que es un motivo que aún no está determinado en la ley. Como la expropiación no es una sanción sino una forma de asegurar que el Estado cumpla sus fines, pero respetando siempre los derechos de los propietarios, lo que está a punto de configurarse en una verdadera confiscación.

El gobierno de Venezuela estaría violando el Derecho Internacional si confisca al Éxito. Pero más allá de la situación de la empresa, lo que se está reflejando con esta acción es la intención del Estado venezolano de fijar los precios de una manera centralizada, que es una política fracasada en los países que fueron de la Cortina de hierro. Esta política sólo trajo miseria y despotismo.

En los países socialistas se han querido fijar los precios por el Gobierno, pero como no resultan rentables para los productores, el Estado los obliga a trabajar a pérdida hasta que se niegan a seguir perdiendo y entonces les confiscan sus bienes para que el Estado se encargue de la producción, distribución y comercialización de bienes. En el caso de la tierra, la colectivizan con las subsecuentes hambrunas y sometimiento, incluso con la muerte, de quienes se resisten al régimen.

Así pasó en la Unión Soviética con las hambrunas que causaron millones de muertos, la más famosa la de Ucrania, con casi cuatro millones, que pusieron a Stalin al lado de Hitler en la cima de la infamia. También en China o en Camboya, donde se quería obligar a toda la población urbana a trabajar en el campo en condiciones infrahumanas, que devastaron a la tercera parte de la población de ese país.

Entonces, en Venezuela se está dando el paso para desconocer el derecho de propiedad privada, que ha sido una política sin éxito, con la cual se queda sin el Éxito y con la escasez.