Los negocios de los Demócratas con Haití

Mary Anastasia O´Grady

Diario de América, Nueva York

Marzo 16 de 2010

Joseph P. Kennedy II dejó de lado por un momento sus asuntos petroleros con Hugo Chávez el mes pasado para responder a una columna que escribí sobre otro de sus emprendimientos. Se trata de un contrato de 1999 entre Fusion Telecommunications, donde Kennedy formaba parte de la junta directiva, y el monopolio estatal de telecomunicaciones Haiti Teleco.

Las afirmaciones de Kennedy en una carta fechada el 11 de febrero al editor de The Wall Street Journal, así como la pregunta aún sin respuesta sobre por qué Fusion tenía acceso a la red de Teleco con un descuento de 75% sobre la tarifa oficial que aparece en los documentos enviados a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC)– llaman la atención. Esto es especialmente valedero ya que, el viernes 12 de marzo, un ex director de asuntos internacionales de Haiti Teleco se declaró culpable en una corte federal del estado de Florida de lavado de dinero en conexión con una conspiración de sobornos entre 2001 y 2003.

Llegar al fondo del acuerdo de Fusion, que un editorial de The Wall Street Journal de mayo de 2001 caracterizó como "sórdido", es importante para Haití. Su presidente cuando se firmó el contrato era René Préval, en ese momento un aliado cercano de Jean Bertrand Aristide. El presidente estadounidense era Bill Clinton, quien había restablecido al despótico Aristide en el poder en 1994. Numerosos amigotes de Clinton también eran parte de la junta directiva de Fusion.

Hoy, Préval es presidente otra vez, Clinton es el enviado oficial de la ONU a Haití y burócratas internacionales diseñan un plan de reconstrucción que, según el periódico Washington Post "sugiere ingeniería social en una amplia escala, que podría involucrar niveles de inversión privada y pública en Haití que realmente nunca se imaginaron antes". Si hay alguna esperanza de que este plan, con un costo estimado de entre US.000 millones y US.000 millones, no termine financiando pistas de esquí en Puerto Príncipe, hay que exigir que quienes estén el poder rindan cuentas.

Mi columna del 25 de enero describió acusaciones realizadas por el gobierno interino de Haití entre 2004 y 2005 en una demanda civil entablada en la corte federal del sur de Florida contra Aristide. La demanda señalaba que la investigación del gobierno sobre Teleco mostraba que Aristide hizo arreglos con "ciertos" proveedores de telecomunicaciones estadounidenses y "les otorgó tarifas significativamente reducidas por servicios brindados por Teleco a cambio de comisiones o sobornos...". La demanda indicó que una de las empresas que realizó ciertos pagos "a ciertas empresas en el extranjero" fue Fusion. Acusa que una de las compañías que hizo pagos a a ciertas "empresas off-shore" fue Fusion. Haití afirmó que podía probar los cargos, pero luego cuando Préval fue elegido presidente otra vez en 2006 retiró la demanda.

Kennedy sostiene que mi columna "establece mal los hechos en torno al acuerdo de Fusion con Teleco" y que él no estaba "al tanto de ninguna acción, práctica o política que fuera sospechosa moralmente de alguna forma o que violara ninguna ley internacional o interna".

Sólo Kennedy sabe si estaba al corriente de alguna violación de las normas de la FCC. Pero eso no altera los hechos: puesto que Teleco era un monopolio a fines de la década del 90 y comienzos de la de 2000, los operadores estadounidenses que hacían negocios con esa empresa estaban sujetos a la política de acuerdos de la FCC (ISP). Las reglas de la FCC indicaban que los prestadores estadounidenses con tráfico hacia países ISP debían presentar sus contratos ante la comisión y que esos contratos eran de dominio público. Las normas de la ISP también indicaban que un monopolio sólo podía ofrecer una tarifa a los operadores estadounidenses. Si le otorgaba una tarifa más baja a un prestador, esa empresa tenía que presentar el contrato ante la comisión y alertar a todos los competidores más importantes de la nueva tarifa. La tarifa oficial luego caería para todos los operadores.

A fines de los 90 algunos haitianos que trabajaban en Teleco me dijeron que "la empresa Fusion de los Kennedy" obtenía un descuento especial y que tenía una oficina dentro de Teleco. Llamé a Fusion para preguntar al respecto pero ni siquiera confirmaron si tenían negocios en Haití. Luego, la FCC me informó que su archivo que contenía los contratos de Haití, que son documentos públicos, se había extraviado. Cuando la FCC le pidió a los operadores que entregaran un duplicado, Fusion entregó una copia de 1999. Luego acudió a los tribunales para bloquear mi acceso al documento.

Fusion perdió y cuando el contrato se difundió mostró que la empresa tenía una tarifa de 12 centavos de dólar por minuto en circunstancias que la tarifa oficial era de 50 centavos por minuto. Como me dijo un haitiano, en una de las rutas más transitadas del hemisferio occidental, "era una mina de oro".

Una de las afirmaciones más graciosas de Kennedy es que el pacto especial de Fusion con Teleco era "un acuerdo innovador" y un ejemplo de "desregulación de monopolios estatales". La FCC sugirió algo distinto en otra situación similar. En 2008 le impuso una multa de US0.000 a la firma de Nueva Jersey IDT por no presentar su acuerdo con Teleco de 2003, en el que obtuvo un precio de 8,75 centavos por minuto, un descuento del 66% frente a la tarifa oficial.

Un empresario independiente estadounidense que hace negocios en el Caribe hace poco me explicó el panorama haitiano de esta forma: "no nos molestamos con Haití ya que la Ley de Prácticas Extranjeras Corruptas prohíbe que entidades estadounidenses legítimas ingresen en el mercado haitiano. En Haití hay que pagar para jugar. El beneficio de contar con cables submarinos competitivos sería transformador para los haitianos. En cambio, se quedaron con los amigotes de Clinton que les imponían impuestos a los pobres".

Lo que es peor, como demuestra el más reciente esfuerzo de asistencia, por lo menos algunos de estos amigotes no se han ido.

© The Wall Street Journal

Viva Zapata

Mary Anastasia O´Grady

Diario de América, Nueva York

Marzo 2 de 2010

El presidente de México, Felipe Calderón, sonrió ampliamente mientras saludaba a su par cubano, Raúl Castro, en la cumbre del Grupo de Río organizada la semana pasada en la lujosa Riviera Mexicana. Ambos, luciendo guayaberas bien planchadas, se dieron un apretón de manos mientras Calderón, mostrando un especial deleite, hacía gestos a la audiencia para que diera la bienvenida al invitado especial de México.

A sólo 500 kilómetros de distancia, en un hospital penitenciario de La Habana, el preso político Orlando Zapata estaba en coma. Durante 84 días, este albañil de 42 años y origen humilde había estado en huelga de hambre para protestar contra la brutalidad del régimen castrista hacia los presos de conciencia. Su muerte era inminente.

La espantosa situación de Zapata no era ningún secreto. Durante su huelga de hambre le habían negado agua por 18 días consecutivos y lo habían colocado frente a un equipo de aire acondicionado. Sus riñones habían colapsado y tenía neumonía. Durante meses, grupos de derechos humanos habían reclamado atención internacional para su caso.

Pero en Playa del Carmen, en la península de Yucatán, Calderón no iba a permitir que Zapata arruinara su fiesta o la oportunidad para mejorar su imagen entre los gobiernos antidemocráticos de la región. La cumbre siguió su curso, sin menciones para el infierno humanitario de La Habana. El martes pasado, Zapata murió.

Su fallecimiento, ocurrido al mismo tiempo que los líderes de América Latina compartían mesa y mantel con Castro, es una coincidencia que captura la cobardía y el oportunismo que han definido durante medio siglo el acercamiento de la región hacia la opresión cubana. Ahora, la pandilla latinoamericana, con Cuba como miembro destacado, ha decidido formar un nuevo bloque regional para "reemplazar" a la Organización de Estados Americanos. Para dejar claras sus intenciones, prohibieron la asistencia a la reunión del presidente democráticamente electo de Honduras, Porfirio Lobo.

El Ministerio mexicano de Relaciones Exteriores no quiso responder la semana pasada a los pedidos para que Calderón difundiera un comunicado sobre la muerte de Zapata. Su silencio sugiere que lo único que lamenta Calderón es la desafortunada coincidencia entre su fallecimiento y el comienzo de la cumbre.

Zapata, de todos modos, no partió en silencio. Su muerte ha puesto de relieve otra vez la verdad acerca de las vidas de los 11 millones de cubanos esclavizados durante 50 años por un régimen totalitario. Y también supone un acontecimiento embarazoso para personajes como Calderón. Periódicos de todo el mundo, de Buenos Aires a Madrid, están denunciando la increíble hipocresía de aquellos que fingen tener una preocupación por los derechos humanos mientras apoyan a Castro.

Al igual que casi todos los disidentes cubanos, Zapata no eligió su papel de mártir, sino que el papel lo eligió a él. Oriundo de la provincia de Holguín, en el oriente del país, Zapata atravesó el sistema educativo como cualquier otro ciudadano. Pero el obligatorio adoctrinamiento marxista no funcionó con él. Como muchos patriotas cubanos antes que él, una vez que su conciencia se había despertado no había crueldad en el mundo que pudiera impedir que denunciara el sistema.

Zapata formó parte de la ola de resistencia pacífica que comenzó a organizarse y crecer en los últimos años de la década pasada y principios de ésta. En 2002 fue detenido tres veces. Según el Directorio Democrático Cubano, una organización de Miami que monitorea la actividad disidente, Zapata fue arrestado por cuarta vez el 6 de diciembre de 2002, "junto a [el médico y destacado militante pacifista] Oscar Elías Biscet".

Biscet, un católico practicante y discípulo de las ideas no violentas de Martin Luther King, empezó a oponerse al régimen cuando se enteró de la política habitual de asfixiar a los bebés que sobrevivían a los intentos de aborto. Hoy es considerado uno de los mayores defensores de los derechos humanos de la isla. Tanto su prolongada estadía en prisión, como las torturas que ha recibido, están bien documentadas. No hay información sobre si Calderón, que también se define como católico, discutió la situación de Biscet con su invitado, Raúl Castro.

Zapata fue arrestado otra vez en marzo de 2003, junto con otros 74 activistas, en un episodio conocido desde entonces por la resistencia como la "Primavera Negra". Desde entonces estuvo detenido y en mayo de 2004 fue condenado a 25 años de prisión. Su compromiso con sus hermanos, sin embargo, se mantuvo firme. De hecho, se profundizó.

En julio de 2005, en la prisión de Taco Taco, Zapata participó de una protesta no violenta para conmemorar la masacre de 41 cubanos que en 1994 habían intentado fugarse de la isla en un bote a motor y fueron ahogados por el aparato de seguridad. Eso le valió otros 15 años de sentencia.

Zapata fue encontrado culpable de "desobediencia a la autoridad" y torturado con frecuencia. Pero murió libre, incólume y convencido de no entregarle su alma al régimen, que ya es más de lo que se puede decir de Calderón. Se dice que los contratos de exploración en alta mar que Castro le ha dado a la brasileña Petrobras explican las caricias con el dictador.

Con respecto a la libertad de Cuba, el deseo sigue vivo, y la muerte de Zapata ya sirve como una fuente de renovada inspiración. El régimen lo sabe y por eso sus fuerzas de seguridad tomaron el control de su pueblo natal el día de su funeral. Mientras los cubanos lloran la muerte de Zapata, lo seguro es que, valorando su triunfo sobre el mal y el regalo de su valentía a la nación, no dejarán que su muerte sea en vano.

© The Wall Street Journal

¿Dónde está la indignación internacional frente a Daniel Ortega?

Mary Anastasia O'Grady

Elcato.org, Washington

Febrero 22 de 2010

Ahora que Irán y Venezuela han estrechado sus vínculos políticos, económicos y militares, Teherán ha puesto un pie firme en Sudamérica. El siguiente paso parece ser Nicaragua, que corre el riesgo de añadirse a la lista de gobiernos autoritarios alineado con Venezuela y, por asociación, con su aliado islámico.

Que esto ocurra dependerá en gran parte de si el presidente sandinista Daniel Ortega logra burlar el Estado de Derecho de Nicaragua y destruir sus instituciones democráticas, como está tratando de hacer. Sería erróneo subestimar la magnitud de esta amenaza debido a la escasa importancia económica relativa de Nicaragua. Este país importa estratégicamente, como bien entendieron los soviéticos.

El caso nicaragüense es sorprendentemente similar al intento el año pasado de permanecer en el poder del pro-chavista presidente hondureño Manuel. Pero los hondureños tuvieron un líder bastante inusual en Roberto Micheletti, unas fuerzas armadas que juraron mantener la constitución, y un sector privado que se negó a llegar a acuerdos con Zelaya.

En contraste, los líderes militares nicaragüenses tienen raíces sandinistas y es bien sabido que tienen muchos intereses empresariales que no querrían poner en peligro desafiando el status quo. Además, el sector privado no ha mostrado mucha determinación contra Ortega. Otra complicación es el ex presidente Arnoldo Alemán, quien fue condenado por malversación de fondos públicos pero sigue siendo el líder del opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Ya que un sólido bloque de votantes anti-sandinistas quiere poner fin a las prácticas corruptas representadas por Alemán, su insistencia en aferrarse al poder está dañando al movimiento por la democracia.

La oposición considera a Ortega como la reencarnación del dictador Anastasio Somoza en los años 70, en parte porque ha asumido el control de grandes partes de la economía. Los principales vehículos de control de Ortega son una serie de negocios de importación, exportación, bienes raíces y distribución. Todos ellos comparten el acrónimo "ALBA", que significa Alternativa Bolivariana para las Américas y se beneficia de la generosidad de Venezuela.

En una compañía, por ejemplo, Ortega consigue petróleo de Chávez a precio de descuento pero sólo paga al contado el 25% del precio pedido por Venezuela. El resto es un préstamo a largo plazo. Ortega vende el crudo a precio de mercado y se embolsa la ganancia. Otra compañía ALBA tiene el monopolio de las exportaciones agrícolas a Venezuela; y por la red ALBA también fluye la ayuda oficial de Venezuela a Nicaragua.

Se rumorea que el control de estas ganancias le permite a Ortega ser tan rico como los oligarcas a quienes critica. Este flujo de dinero también le permitiría comprar el apoyo popular que necesita mientras desmantela las instituciones democráticas del país. Pero los inversionistas están abandonando el país, la economía está anémica y los electores que nunca tuvieron mucho aprecio por Ortega están cada vez más insatisfechos.

Nada de todo esto debería importar, ya que la presidencia —limitada a un mandato— de Ortega finaliza en enero de 2012. Pero en los últimos tres años, el envejecido comandante ha tratado sin éxito de que el Congreso cambie el artículo 147 de la Constitución, que prohíbe la reelección presidencial.

En octubre, a Ortega se le ocurrió otra idea: presentó un viernes por la tarde una apelación en la Corte Suprema de Justicia, alegando una desigualdad bajo la ley, ya que se permite la reelección para el Congreso. El lunes siguiente, después de que los tres jueces de la oposición de la Sala Constitucional se ausentaran al finalizar la jornada, los otros tres magistrados de afiliación sandinista llamaron como sustitutos a otros jueces sandinistas de otras salas para votar sobre la apelación. En un fallo declararon "no aplicable" el artículo de la Constitución que prohíbe la reelección presidencial, y Ortega declaró que el tribunal le permitió postularse de nuevo a la presidencia en las elecciones de 2011.

Expertos legales nicaragüenses —incluyendo dos de izquierdas con los que hablé— afirman que los votos de los magistrados son irrelevantes. Sólo el Congreso puede cambiar el Artículo 147; los tribunales no tienen jurisdicción sobre el tema. Pero Ortega no retrocede, sino que está trabajando en la segunda etapa para aferrarse al poder: apoderarse de las elecciones presidenciales en noviembre de 2011. En esto ya tiene experiencia.

Después de las elecciones presidenciales de 2006, el Consejo Electoral nunca presentó, como exige la ley, un total detallado de la votación. Hasta hoy, no está claro si Ortega ganó los comicios. En las elecciones municipales de 2008, el fraude fue tan rampante que incluso la Unión Europea y EE.UU. se negaron a reconocer los resultados. Ahora hay prueba de que los sandinistas se están preparando para controlar las elecciones locales de marzo en las dos regiones autónomas costeras del Atlántico. El denominador común en todos estos casos es el control sandinista del Consejo Supremo Electoral.

Ahora que se va a renovar la composición de los magistrados que integran el Consejo Supremo Electoral, el Congreso y el presidente pueden presentar sus candidatos, pero sólo el Congreso puede aprobarlos. Los legisladores se han negado a aceptar los nominados por Ortega, quien ha respondido decretando que los actuales miembros del consejo permanecerán indefinidamente en sus cargos. Ambas partes se encuentran ahora en un punto muerto.

Si bien los sondeos muestran que el apoyo a los anti-sandinistas alcanza el 60%, mucho depende de si la oposición puede unirse a pesar del lastre que supone Alemán. Pero a los nicaragüenses le vendría bien algo de apoyo de la comunidad internacional. Cuando en 2000 el entonces presidente peruano Alberto Fujimori intentó pasar por encima de las instituciones democráticas, los demócratas de todo el mundo mostraron su indignación. ¿Dónde está esta indignación ahora?

Este artículo fue publicado originalmente en Wall Street Journal (EE.UU.) el 22 de febrero de 2010.

Argentina confisca el Banco Central

Mary Anastasia O´Grady

Diario de América, Nueva York

Febrero 12 de 2010

Después de un mes de pugnas con sus adversarios, la presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner logró destituir la semana pasada al presidente del Banco Central, Martín Redrado. En su lugar nombró a Mercedes Marcó del Pont, una economista formada en la Universidad de Yale partidaria de que se limite la autonomía de la autoridad monetaria.

La oposición gritó en protesta al conocerse la noticia. Felipe Solá, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, advirtió que la nueva presidenta del Banco Central "va a hacer lo que el ejecutivo decida, van a modificar la carta orgánica para justificar que Marcó del Pont haga lo que el ejecutivo le diga".

Por supuesto, éste parece ser el objetivo. Redrado fue destituido por negarse a entregar USD 6.600 millones en reservas del Banco Central a Kirchner, que quiere pagar a los acreedores extranjeros pero sin usar los fondos del Tesoro. Si quiere conservar su puesto, Marcó del Pont seguirá ahora las órdenes de la presidenta.

Kirchner no es la primera figura política del mundo que codicia el dinero disponible en la autoridad monetaria de su país. Sin ir más lejos, ahí tenemos al presidente Barack Obama, cuyo apoyó a la polémica reelección de Ben Bernanke al frente de la Reserva Federal no fue por pura magnanimidad. Bernanke conservó su trabajo porque ha mostrado buena disposición para financiar el programa gubernamental de Obama.

Aún así, los estadounidenses aún pueden esperar que instituciones rivales controlen el poder desenfrenado de un gobierno que se está viendo apoyado por el Banco Central. En Argentina, las instituciones son frágiles y no es ni mucho menos seguro que puedan aguantar bajo la mano dura de Kirchner.

Hay mucho en juego. Uno de los peligros es una mayor inflación, por encima del 17% en 2009. Otro es un control de poder al estilo de Hugo Chávez. El presidente venezolano es el aliado más cercano a Kirchner en la región, y su homóloga argentina no ha ocultado su deseo de copiar su modelo. A su marido, el ex presidente Néstor Kirchner, se le considera el autor del programa político de su esposa.

La embestida por conseguir las reservas del Banco Central tiene como objetivo mejorar las posibilidades de los Kirchner de aferrarse al poder. Hasta hace algunos días, cuando Néstor Kirchner se sometió a una cirugía circulatoria de emergencia, los analistas esperaban que él, en lugar de Cristina, postulara a las elecciones presidenciales de 2011. Lo que queda claro es que si los kirchneristas quieren retener el poder necesitan aumentar el gasto fiscal.

Como buena socialista, Cristina Fernández de Kirchner ya ha aumentado los gastos. Los ingresos no han podido mantenerse a la par ya que los aumentos fiscales han desalentado la inversión y las actividades económicas legales. En marzo de 2008, los intentos de Kirchner por incrementar los impuestos a las exportaciones de productos agrícolas desató protestas a nivel nacional.

Nada de esto hizo inmutarse a la presidenta, quien sacó el martillo. En octubre de 2008, abogó por la confiscación de USD 30.000 millones en cuentas privadas de jubilación, minando aún más la confianza de los argentinos. La desconfianza en el Banco Central se remonta incluso más atrás. En 2007, el entonces presidente Néstor Kirchner despidió al responsable de la agencia nacional de estadísticas —encargada de medir la inflación— por no alterar la metodología del organismo para maquillar así el creciente nivel de los precios.

Las elecciones regionales de 2009 demostraron la impopularidad de los Kirchner. Su sector dentro del partido peronista sufrió un revés e incluso Néstor Kirchner, quien encabezaba la lista por la provincia de Buenos Aires, fue incapaz de derrotar a su rival.

La primera reacción de la mandataria fue sacar adelante una nueva ley de medios, por la cual cadenas de radio y televisión críticos al gobierno tendrán más dificultades para renovar sus licencias; la mayoría del espectro audivisual se reservará a organizaciones sin fines de lucro y a medios de comunicación propiedad del gobierno.

Esta medida debería ayudar a controlar el mensaje, pero la presidenta sabe que, para convencer a los votantes, no hay nada mejor que efectivo. La semana pasada, el procurador general del Tesoro apeló una decisión judicial que impidió transferir las reservas del Banco Central al Tesoro. Si pierde la apelación, se espera la presidenta supere el problema haciendo promesas a los gobernadores provinciales para asegurarse en el Congreso los votos necesarios para cambiar la legislación. Si tiene éxito, probablemente sería el primer paso de una masiva expansión monetaria.

Los Kirchner tienen reputación de estar hambrientos de poder, y lo que les importa es aquello que hace avanzar sus intereses. Elisa Carrió, la líder de la opositora Coalición Cívica, habló por muchos la semana pasada cuando expresó su inquietud sobre la autonomía del Banco Central y los intereses de la primera pareja del país: "El gran debate es la inflación y el uso de las reservas para los intereses políticos del matrimonio", dijo Carrió.

Se puede argumentar que es un despilfarro contar con altos niveles de reservas en el Banco Central. Evidentemente, este tema se debería debatir. Pero la presidenta Kirchner gobierna con el garrote en la mano, y la nueva presidenta del Banco Central ha reconocido que no tiene planes de mantener la independencia. El ex presidente del instituto emisor Alfonso Prat-Gay dijo la semana pasada que el propuesto "consejo económico", integrado por miembros del Tesoro y del Banco Central, "es peligroso si está en manos de los Kirchner"´. Prat-Gay no está sólo.

© The Wall Street Journal

Chávez se quita la máscara de demócrata

Mary Anastasia O'Grady*

Elcato.org, Washington

Febrero 1 de 2010

A Hugo Chávez le gusta decir que Venezuela es una democracia y que una mayoría del electorado lo apoya a él y a su "Socialismo del Siglo XXI". O al menos solía decirlo. La semana pasada, el presidente venezolano abandonó sus intentos de mantener una imagen democrática.

En relación a las protestas civiles en todo el país —lideradas por estudiantes universitarios— Chávez advirtió al país el jueves que si se "intensifican" está listo para tomar "medidas radicales".

Dado que el gobierno de Chávez ya expropia propiedades a su voluntad, encarcela a oponentes políticos, controla los precios y el cambio de divisas extranjeras, ocupa empresas de medios de comunicación y dispara balas de goma y gas lacrimógeno contra manifestantes, su amenaza de radicalizarse provoca escalofríos. Los venezolanos tienen razones para temer la ley marcial.

La economía venezolana está en caída libre y Chávez está intentando controlar los daños. Una de las cosas que no se puede permitir es dejar que los venezolanos se quejen en voz alta sin pagar las consecuencias. Los dictadores con éxito, como Fidel Castro, convierten el disentimiento en una propuesta peligrosa, y si Chávez quiere sobrevivir sabe que debe hacer lo mismo. Su plan comienza con zanahorias y termina con un garrote.

Para usar zanahorias, Chávez necesita dinero, y por eso anunció el 8 de enero una megadevaluación del bolívar, fijando una tasa oficial de 4,3 bolívares por dólar, frente a la previa de 2,15. Los importadores de bienes de primera necesidad (algunos alimentos y medicinas) todavía podrán comprar dólares a 2,60, pero para otros productos importados, un dólar costará ahora el doble de la tasa anterior. El efecto neto es que los precios de las "importaciones" no esenciales se duplicaron de la noche a la mañana.

A priori parece un mal negocio, pero no para el aspirante a dictador. Chávez tiene dólares porque el monopolio estatal petrolero PdVSA es exportador. Ahora, cuando venda esos dólares, obtendrá el doble de bolívares que antes. Imagínese lo que se puede hacer con este torrente de dinero antes de las elecciones legislativas del 26 de septiembre. Y según Chávez, tampoco hay necesidad de preocuparse por la inflación. Las empresas que sorprenda subiendo los precios serán expropiadas y entregadas a los trabajadores.

Los estudiantes del chavismo admitirán que esto no es nada nuevo. La revolución se cimienta con transferencias a las clases bajas que luchan por sobrevivir, creando así la ilusión entre los pobres de que el mesías bolivariano los va a sacar de la pobreza.

Pero esta máquina en perpetuo movimiento está perdiendo fuerza. "Es posible", me dijo un analista venezolano "ver las cifras y concluir que la clase ´E´ (el mayor segmento y el más pobre de la sociedad) ha incrementado sus ingresos en bolívares. Pero su calidad de vida se ha deteriorado considerablemente".

La prueba número uno es la tasa de delitos violentos, la mayor del hemisferio. Los pobres están sufriendo esta epidemia mucho más que los ricos ya que no pueden permitirse comprar seguridad personal. El transporte público también le está fallando a la clase trabajadora.

Venezuela no debería preocuparse sobre el suministro de energía gracias al crudo, gas natural y sus recursos hidrológicos y termales. Sin embargo, once años después de la "revolución" de Chávez, ahora hay racionamientos. Sólo Caracas se ha librado de los apagones del mes pasado, quizás no por mucho tiempo.

Los expertos afirman que la principal causa del problema es la pobre planificación para los bajos niveles de agua y el pobre mantenimiento de la presa de Guri, que genera la mayor parte de la electricidad del país. En el frente sanitario, el presidente mismo declaró el año pasado que los hospitales se encuentran en estado de emergencia y que se han abandonado muchas de las pequeñas clínicas que el gobierno construyó y llenó de doctores cubanos.

La base de apoyo a Chávez está desilusionada, y ahora el presidente está tratando de compensarlos con más bolívares devaluados. Pero con la tasa en el mercado negro constantemente por encima de seis bolívares por dólar, está claro que el gobierno no puede suplir al mercado a una tasa de 4,3.

En otras palabras, la divisa está incluso más baja de lo que refleja la nueva tasa oficial. Esto significa que no se está cerca de frenar la tasa oficial de inflación del 25%.

Sólo dos cosas pueden salvar a Hugo. Una sería una nueva entrada masiva de dinero procedente de los ingresos del petróleo. Esta es la razón por la que la semana pasada llevó a cabo subastas de concesiones con petroleras extranjeras, incluso a pesar de haber criticado a estas compañías en el pasado. En caso de que esto no ocurra, Chávez está dando los últimos retoques a su estado policial. La semana pasada cerró la cadena de cable independiente Radio Caracas Televisión y otros cinco canales.

Esta decisión provocó las marchas estudiantiles, respondidas por los soldados de la Guardia Nacional con escudos, balas de goma y gas lacrimógeno. Ahora, Chávez afirma que las manifestaciones son parte de un intento para derrocarlo y que está listo para radicalizarse.

Con Castro como su modelo, no es difícil imaginar hacia dónde se dirige, con o sin petróleo. También está cada vez más claro que las elecciones de septiembre, dirigidas por un consejo electoral controlado por Chávez, no ofrecerán a los venezolanos una posibilidad de votar por el cambio.

* Mary Anastasia O’Grady es editora de la columna de las Américas del Wall Street Journal. Este artículo fue publicado originalmente en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 1 de febrero de 2010.

Clintosn, ¿candidato a zar de Haití?

Mary A. O´Grady

El Diario Exterior, Madrid

Enero 28 de 2010

En las noticias sobre Haití de las dos últimas semanas, las imágenes de un afligido Bill Clinton han sido casi tan constantes como las de las propias víctimas del terremoto. El ex presidente estadounidense parece aparecer donde quiera que uno mire y expresar su dolor y prometer que transformará a su fundación en la piedra angular de un amplio esfuerzo de reconstrucción.

Cuando Clinton recorrió la devastación la semana pasada, el diario Miami Herald describió que estaba "con los ojos llenos de lágrimas". Se trata de una descripción más apropiada de cómo podrían terminar los haitianos si Clinton se hace cargo de la recuperación del país, como aparentemente pretendería.

Según fuentes informadas, ya corre el rumor de que Clinton ha sido designado extraoficialmente por la comunidad de ayuda multilateral como el conducto por el cual deberá pasar cualquiera que desee participar en la reconstrucción del país. "Eso significa", me dijo una persona, "que si no se tiene conexiones con Clinton, no se podrá ser parte del juego".

Una persona a la cual se le confía tanto poder debería tener antecedentes impecables y los de Clinton no están ni cerca de serlo. De hecho, la última vez que ofreció "ayudar" a Haití apoyó a un déspota corrupto que hizo negocios con demócratas clave y dejó al país más empobrecido, desprovisto desde el punto de vista institucional y plagado de violencia política.

En 1991, sólo ocho meses después de asumir la presidencia, Jean Bertrand Aristide fue alejado del poder mediante un golpe militar. La acción fue precipitada por el desacato de Aristide por el frágil estado de derecho en Haití, incluido el uso de violencia matonesca para intimidar y asesinar a sus opositores políticos.

Luego de su salida, Aristide necesitaba dinero. Lo consiguió cuando el ex presidente estadounidense George H.W. Bush le liberó los activos haitianos guardados en EE.UU. con el argumento de que él era el gobierno en el exilio.

La principal fuente de esos fondos eran los pagos que las empresas de telecomunicaciones estadounidenses realizaban al monopolio telefónico estatal, Teleco, para terminar las llamadas a Haití. Desde su exilio en Georgetown, Aristide retiró esos fondos gubernamentales, que según algunas estimaciones llegaron a los US$50 millones para hacer lobby por su regreso al poder. Entre sus contactos más influyentes se encontraba Michael Barnes, un ex congresista demócrata cuya firma de abogados llegó a recibir US$55.000 mensuales de su cliente haitiano.

Un par de años de repartir el dinero haitiano en Washington consiguió el efecto deseado. En 1994, Clinton llamó a los militares de EE.UU. para reponer a Aristide en la presidencia. Cuando su mandato terminó en 1996 y René Préval asumió como presidente, Aristide siguió siendo el poder detrás del trono.

Los haitiano se quejaron amargamente durante años sobre sus abusos de los derechos humanos y la corrupción, y muchos de sus seguidores educados se alejaron de él a medida que sus tácticas se volvieron más claras. Pero la administración Clinton nunca hizo nada para que rectificara el rumbo.

En febrero de 2001, Aristide afirmó haber sido reelecto en un proceso que los observadores internacionales calificaron como un fraude y que la Organización de los Estados Americanos se negó a certificar. Los haitianos estaban enojados, pero tuvieron que pasar otros tres años hasta que ese descontento estallara. Finalmente, en febrero de 2004, Aristide fue expulsado del país.

Con la esperanza de recuperar activos robados, el gobierno interino que se hizo cargo presentó una demanda civil contra Aristide en 2005 en una corte federal del estado de Florida del sur. El documento acusaba a Aristide que haber saqueado las arcas fiscales y establecer planes con "ciertas" telefónicas estadounidenses a las que les había "concedido tarifas significativamente reducidas por servicios brindados por Teleco a cambio de comisiones, que redujeron esas tarifas aún más". Alegaba que una de las empresas que hizo pagos a "ciertas empresas en el extranjero" era Fusion Telecommunications.

El contrato de Fusion debería haber sido público, pero la empresa trató de bloquear su divulgación cuando le pedí una copia a la Comisión Federal de Telecomunicaciones de EE.UU. Con razón. Reveló que la empresa tenía un acuerdo especial con Teleco de 12 centavos el minuto cuando la tarifa oficial era de 50 centavos.

El pacto con Fusion es interesante porque la empresa era dirigida por Marvin Rosen, el ex director de finanzas del Partido Demócrata. Entre los miembros de la junta directiva estaban Joseph p. Kennedy II y el ex jefe de gabinete de Clinton, Mack McLarty.

La ruta de telecomunicaciones entre EE.UU. y Haití es una de las más congestionadas del Hemisferio Occidental y este contrato que perjudicó la competencia era llamativamente lucrativo. También despojaba al gobierno haitiano de importantes recursos. Como establece la demanda judicial: "Los ingresos de Teleco eran la principal fuente de las urgentemente necesitadas divisas extranjeras de Haití".

El resultado final aquí es que la actividad clintonista en Haití no era el trabajo de extranjeros profundamente comprometidos con el bienestar de un país que sufría desde hacía tiempo. En cambio, capitalizaron la posibilidad de ganar dinero al usar el poder del gobierno.

Ahora es el momento de romper con ese hábito. Como me dijo un haitiano, si el país alguna vez va a desarrollarse necesita "depender menos de amiguismo y más de la transparencia y los vastos recursos de la comunidad de haitianos que viven en otros países". Eso descalificaría a Bill Clinton.

Enfrentamiento constitucional en Argentina

Mary Anastasia O´Grady

The Wall Street Journal, Nueva York

Enero 11 de 2010

El despido por parte de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, del presidente del banco central el miércoles pasado ha provocado una crisis constitucional parecida a la que sacudió Honduras a mediados de 2009. Tal como ocurrió con el entonces presidente hondureño Manuel Zelaya, Kirchner ha tratado de pisotear las leyes de su país. La presidente ignoró por completo las protecciones legales que protegían la independencia del banco.

No es de extrañar, entonces, que el presidente del banco central, Martín Redrado, se negara a dejar su cargo y cuestionara el motivo aducido para justificar su salida: entregar a Kirchner US$6.600 millones en reservas bancarias.

A modo de respuesta, Kirchner emitió un decreto para enmendar el estatuto del banco central para despedir "legalmente" a Redrado. Una jueza federal luego emitió una orden judicial a favor de Redrado y este regresó al cargo el viernes. La misma jueza congeló las reservas del banco para que Kirchner no las pudiera retirar. La batalla constitucional había comenzado.

La insistencia de Kirchner de que los activos del banco central estén a su disposición es notable. Refleja una visión primitiva, que no es desconocida incluso en Estados Unidos, de que el rol del banco central es imprimir dinero para uso del gobierno. De todas maneras, no deja de sorprender que incluso después de que el país haya padecido tal grado de agonía inflacionaria, todavía sea posible que un político argentino recurra a este tipo de razonamiento sin arriesgarse a ser blanco de la ira general.

Lo más interesante es la crisis constitucional que Kirchner ha provocado. Hace ya algún tiempo que los republicanos de Argentina han estado luchando para preservar los pesos y contrapesos institucionales contra una presidenta que parece convencida que tales limites no aplican en su caso. La mandataria, que ya es impopular debido a su estilo autoritario, estaría caminando en la cuerda floja. Vale la pena explorar las razones.

La presidenta podría tener razón en arremeter contra Redrado si su justificación fuera la inflación del 17% del año pasado. Pero su gobierno ha estado aumentando rápidamente su gasto al tomar prestado de los bancos estatales. También ha recurrido a los derechos especiales de giro de US$2.700 millones del Fondo Monetario Internacional. Ambas acciones son inflacionarias.

Es cierto que el banco central podría haber usado la política monetaria para contener los efectos inflacionarios de la generosidad fiscal, pero es bien sabido que Kirchner requería ese dinero fácil. A la presidente le resultaría difícil atribuir la responsabilidad de la devaluación de la moneda sólo a Redrado. En su lugar, dice que este tiene que ser relegado de sus funciones porque se ha negado a entregar las reservas bancarias.

Las ambiciones políticas de Redrado son bien conocidas y esa reputación resulta confirmada por su desempeño en el banco. Con demasiada frecuencia, Redrado ha cedido a las demandas de la mandataria. Pero es lo suficientemente inteligente para saber que seguir financiando el gobierno desde el banco disparará la inflación. También está claro que si entrega los fondos deberá responder por ello ante el Congreso.

Kirchner llevó su caso a la Corte de Apelaciones, que se suele considerar bajo su control. Pero si el asunto llega más adelante a la Corte Suprema, una decisión en su favor dista de estar garantizada.

Por otra parte, aunque el Congreso esté en receso vacacional, los miembros de la oposición han decidido organizar una reunión especial el 20 de enero. Según la ley, antes del decreto enmendado de Kirchner, se requiere la opinión del Congreso antes de que pueda despedir a Redrado. Por su parte, un senador de la oposición ha dicho por cuenta propia que si Kirchner no retira la enmienda, empezará trámites de impugnación.

Este llamado a la impugnación puede ser nuevo, pero Kirchner ya estaba navegando por un mar político agitado y la tormenta crecía día a día. Esto explica por qué está dispuesta a correr un riesgo tan grande.

La presidenta dice que quiere el dinero para pagar a los acreedores extranjeros. Podría pagarles con fondos que ya están en el Departamento del Tesoro, pero tiene otros planes para ese dinero.

Esos planes no sólo tienen que ver con aceitar la maquinaria peronista para las elecciones presidenciales de 2011. La mandataria está en problemas y apuesta a que podrá obligar al Congreso a reemplazar a Redrado con un presidente del banco central más dócil a sus designios. La oposición estará molesta pero con más dinero disponible Kirchner podría comprar el apoyo de los gobernadores que necesite para ponerle coto a las amenazas legales de poner fin a su mandato.

La salida de Zelaya de la presidencia de Honduras en junio, acusado por el Congreso por violar la Constitución, es un antecedente que debería preocupar a Kirchner. Honduras demostró que la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos de 2001 no protege a un presidente "democráticamente electo" de ser retirado de su cargo por violaciones a la ley. También demostró que EE.UU. y la OEA son gigantes con pies de barro frente a una decisión soberana. Lo que se podría estar desarrollando en el escenario más amplio que representa Argentina constituirá una prueba más para los valores republicanos en la región.

El plan de las Farc para tenderle una trampa a Colombia

Mary Anastasia O'Grady

The Wall Street Journal, New York

Diciembre 28 de 2009

En una visita reciente a la Escuela de Ingenieros Militares en Bogotá, llegué unos minutos antes que mis acompañantes así que me fui a parar al frente del edificio. Fue entonces cuando vi el desfile.

No era la marcha ritual de los soldados bajo la mirada vigilante de un sargento. Se trataba de un grupo de jóvenes entre 20 y 30 años en muletas, que iban y venían de la clínica militar de rehabilitación. La mayoría de los hombres tenía una pierna buena. La otra había sido amputada de la rodilla para abajo. Algunos probaban una nueva prótesis. Me recordó a los muchos jóvenes estadounidenses que combatieron en Irak y Afganistán y se encuentran en una situación parecida.

Las minas antipersonales son, probablemente, el arma más preciada de los terroristas. Su fabricación no cuesta casi nada, demandan muy poca tecnología y sus componentes pueden encontrarse con facilidad. El hecho de que los soldados y los civiles corran el mismo riesgo importa poco. Lo importante es que mata y mutila.

Las Fuerzas Armadas colombianas usaron minas terrestres para proteger infraestructura clave de los ataques de grupos rebeldes como las Farc. Colombia, sin embargo, revirtió esa práctica. El país firmó en 1997 la Convención de Ottawa sobre minas antipersonales, lo que significa que rechaza su uso, almacenamiento y producción, y que trabaja para destruirlas. EE.UU. no ha firmado el tratado.

La escuela de ingenieros, que está encargada de lidiar con el problema de las minas terrestres de Colombia, dice que ha eliminado todas las minas que el ejército plantó en las últimas décadas. No fue una tarea difícil porque sabía dónde estaban. De todos modos, la amenaza a perder la vida o parte del cuerpo sigue siendo grave.

Un documento escrito por "Alfonso" (Cano), el nuevo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que fue descubierto el año pasado en un campo guerrillero asaltado por el ejército en el sur del país, ofrece evidencia de que los rebeldes están diseñando un plan para incrementar el uso de minas antipersonales.

La razón principal es que las Farc como una fuerza de lucha han sido considerablemente debilitadas en los últimos tres años. En un libro recientemente publicado llamado Jaque al terror, el ex ministro de Defensa colombiano Juan Manuel Santos detalla los "peores años" de las Farc, que, según señala, empezaron con la operación militar que terminó con el escape del secuestrado ex miembro del gabinete presidencial Fernando Araújo el 31 de diciembre de 2006.

Desde entonces, las Farc han sufrido una seguidilla de pérdidas devastadoras. Uno de sus principales reveses fue la incursión militar de marzo de 2008 en un campo guerrillero en Ecuador, en el que el comandante de las Farc, Raúl Reyes, perdió la vida y el gibierno recopiló una cantidad enorme de inteligencia. A un nivel micro, miles de guerrilleros, e incluso algunos altos mandos, han sido desmobilizados. En los primeros 11 meses de 2007, Santos escribe, el número de guerrilleros de las Farc que depusieron las armas promedió siete por día. Hoy, la imagen del grupo es el de una mafia narcotraficante que abusa de las poblaciones rurales.

La correspondencia capturada en el asalto a la base terrorista, que está dirigida a la secretaría de las Farc, propone un plan de acción para reactivar la operación rebelde. También revela la desesperación y crudeza de Cano.

Un ángulo importante en el que hay trabajar, escribe, es la relación de las Farc con Venezuela. Cano sugiere la creación de "un partido del pueblo" con la ayuda de la senadora Piedad (Córdoba), una legisladora colombiana de izquierda con lazos con Hugo Chávez y las Farc, que "buscaría una alianza con el Movimiento Bolivariano", una referencia a la revolución de extrema izquierda que Chávez lanzó y promueve a lo largo del continente.

Las tácticas guerrilleras, sin embargo, siguen siendo un componente central del trabajo de las Farc. Es importante, resalta Cano, continuar llevando a cabo actos terroristas para no dar la impresión de que los rebeldes enfrentan la derrota. Para ese propósito, los francotiradores suelen ser extremadamente útiles. Si el grupo adquiere los rifles y la munición necesarias, los francotiradores pueden producir "los mismos resultados que las minas".

Las minas son, sin embargo, la herramienta favorita de estos terroristas. "Sabemos que las minas son la única cosa que detiene e intimida a las operaciones enemigas", explica Cano. "Con el uso de las minas y explosivos", es posible combatir "un enemigo que es numeroso, está bien equipado y tiene un enorme poder bélico".

Cano propone incrementar el conocimiento en explosivos tanto dentro del grupo guerrillero como también "iniciar un programa de entrenamiento para el Movimiento Bolivariano y la milicia". Es muy probable que la "milicia" en este caso se refiera a fuerzas civiles que Chávez dice que ha armado para reforzar su revolución bolivariana.

Colombia dice que tiene el número más alto de víctimas de explosivos improvisados y municiones sin explotar del mundo en el período de 19 años que culmina en 2009. Casi 35% son civiles, 10% niños y 97% de los incidentes ocurrieron en zonas rurales. Si las Farc y Chávez deciden plantar minas antipersonales en la selva andina, esos números se elevarán y tal vez es muy poco lo que el ejército puede hacer al respecto.

Las ONG´s amigas de las FARC

Mary A. O´Grady

Eldiarioexterior.com, Madrid

Diciembre 14 de 2009

En momentos en que EE.UU. se prepara para enviar a 30.000 soldados adicionales a Afganistán en una misión que incluirá defender a la población civil en una narcoeconomía, la experiencia de Colombia con el narcotráfico y el terrorismo podría resultar útil.

El testimonio del ex segundo al mando del quinto frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que opera en la región bananera de Urabá, también un centro del narcotráfico, podría servir como la primera lección.

El ex comandante guerrillero Daniel Sierra Martínez, alias "Samir", se entregó a las autoridades colombianas en diciembre de 2008 en respuesta a una oferta de reconciliación nacional del presidente Álvaro Uribe. A cambio de una reducción de pena, tuvo que dar información sobre lo que hizo durante las dos décadas que perteneció a las Farc.

La semana pasada, las autoridades colombianas accedieron a permitir que se sentara conmigo y me hablara sobre su experiencia como guerrillero. Samir me dio mucha información sobre el negocio de cocaína de las Farc y su explotación de la población civil en zonas designadas por "organizaciones no gubernamentales" como "comunidades de paz". También me dijo que los supuestos pacifistas que dirigen la ONG local eran sus aliados y una herramienta importante de las Farc en su esfuerzo por desacreditar al ejército.

En un discurso en septiembre de 2003, el presidente Uribe expresó su temor ante la posibilidad de que algunos grupos de "derechos humanos" fueran fachadas para los terroristas. La izquierda internacional, incluyendo al senador estadounidense Chris Dodd, un demócrata que representa al estado de Connecticut, atacó al presidente colombiano por hacer esas declaraciones. Pero los comentarios de Uribe estaban respaldados por información recaudada por los servicios de inteligencia de Colombia. Ahora, el testimonio de Samir y de muchos otros que han salido de la selva, da a la aseveración de Uribe más peso.

El territorio del quinto frente incluye un pueblo llamado San José de Apartadó, que fue designado como una comunidad de paz a mediados de los años 90 siguiendo un plan propuesto por la diócesis católica. La idea era crear un lugar donde la población civil pudiera vivir sin miedo de los paramilitares o la guerrilla. Como reporté en noviembre de 2003, "la administración de esta propuesta, que prometió el pleno desarmamiento de todas las partes residentes en la ´comunidad de paz´, fue puesta en manos de un grupo compuesto por personas de distintas congregaciones religiosas llamado Justicia y Paz, una ONG colombiana”. Justicia tiene el respaldo de Amnistía Internacional y las Brigadas Internacionales de Paz.

Pero la comunidad de paz de San José de Apartadó, según Samir, distaba mucho de ser neutral. En cambio, dice, las Farc tenían una relación cercana con sus líderes desde sus inicios. Samir dice que la comunidad de paz era un refugio para los rebeldes heridos y enfermos de las Farc y para almacenar suministros médicos. También dice que proveedores del grupo armado se reunían con guerrilleros en el pueblo, donde siempre había también cinco o seis miembros de las Brigadas Internacionales de Paz.

Según Samir, la comunidad de paz ayudó a las Farc en su esfuerzo por tildar al ejército colombiano como un violador de los derechos humanos. Cuando la comunidad se alistaba a acusar a alguien de una violación a los derechos humanos, Samir organizaba a los "testigos" ordenando a miembros de las Farc que posaban de civiles para que dieran su testimonio.

Edward Lancheros, un miembro del consejo de la comunidad de paz y sus asociados (que incluyen un sacerdote jesuita llamado Javier Giraldo y a Gloria Cuartas, la alcaldesa de izquierda de la municipalidad que incluye a San José de Apartadó), insistieron que la "paz" requería que el ejército se mantuviera alejado de esa zona. Pero los paramilitares no estaban dispuestos a acatar dicha convención. Cuando hubo enfrentamientos entre las Farc y los ´paras´, dice Samir, la comunidad de paz jugó un papel determinante en darle forma a la historia para fomentar que el público culpara al gobierno.

Un incidente de este tipo ocurrió en el año 2000, cuando los paras detuvieron a una ambulancia que transportaba a una guerrillera enferma y le dispararon. Samir dice que la comunidad de paz dijo que ella era un miembro de su grupo y alegó que el ejército la mató. La comunidad también ayudó a ocultar la presencia de las Farc en la zona. En 2005, dijo Samir, un guerrillero de las Farc llamado "Alejandro" fue asesinado por paras. La comunidad de paz insistió en que era un civil que hacía parte su grupo.

Samir dice que no estuvo de acuerdo con la decisión de las Farc de involucrarse en el narcotráfico y de trabajar con paramilitares que transportan droga. También objetó la explotación de la población local por parte del grupo guerrillero. Cansado de todo ello, lideró un intento por poner coto a los abusos de las Farc y, en 2008, más de dos docenas de zonas declararon su independencia de la comunidad de paz. Samir fue entonces acusado de ser un infiltrado del ejército y el secretariado de las Farc ordenó que fuera sometido a un consejo de guerra. Samir decidió entonces entregarse.

Evidentemente, sus adversarios le acusan de inventarse todo esto para congraciarse con el gobierno. Pero lo que no puede negarse es que mientras las Farc han sido desacreditadas por el grueso de la población rural, es el ejército de Colombia, no la así llamada comunidad de paz, la que ha pacificado Urabá y dado nueva vida a sus habitantes.