Corte Suprema de Justicia: Escollo de la Ley de Justicia y Paz

Raúl Lombana Hernández

Blog El Caribe Manifiesto, eltiempocom, Bogotá

Noviembre 21 de 2009

Durante décadas el país tuvo que soportar una violencia indiscriminada. Todos los actores armados involucrados en esta guerra le han generado dolor a la sociedad. Los gobiernos de turno de esa época daban la impresión de que cohonestaban con las estructuras criminales. No se entiende de otra manera, debido a que el fortalecimiento de estos grupos se debió exclusivamente a la ineptitud de los gobiernos pasados. Éstos, actuaban ajenos al clamor popular. La sociedad civil indefensa y vejada les exigía el restablecimiento del orden y la paz para la nación. Durante años, el país se vio inmerso en el enfrentamiento entre dos estructuras armadas con marcadas diferencias ideológicas. Por un lado estaban las guerrillas de izquierda, quienes con el paso del tiempo se convirtieron en carteles de la droga, y por el otro lado estaban los grupos de justicia privada conformados para enfrentar a las guerrillas ante la incapacidad del estado por frenar su avance. A esta última estructura, autodenominada Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los enemigos del estado colombiano les dieron el remoquete de Paramilitares. Durante años, el país vivió azotado por los enfrentamientos entre ambos bandos. Miles de compatriotas fueron asesinados durante esa época aciaga en que vivió sumergida la república.

Con la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia de la república las cosas empezaron a cambiar. El restablecimiento de la seguridad se hizo evidente hasta el día de hoy. La política de Seguridad Democrática implantada por este gobierno le cambió la cara al país. Aún persisten los grupos terroristas de izquierda empecinados en seguir atacando a la población civil a pesar de los esfuerzos de las fuerzas armadas por evitarlo. El gobierno empeñado en liberar del yugo de la violencia a la sociedad colombiana decidió combatir a los grupos armados ilegales y al mismo tiempo les ofreció su voluntad de hacer la paz. Para tal fin, se logró que la iniciativa gubernamental, para lograr un proceso de reinserción de los actores armados, se aprobara en el Congreso de la República a través de la ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz. Al tenor de esta ley se logró la desmovilización de los grupos de Autodefensas permitiendo la dejación de armas por parte de esta estructura. El sometimiento a ella produce unos beneficios directos a los ex miembros de esas organizaciones que confiesan su participación en los delitos que se les imputan. Ésta permitió la desmovilización de sus jefes, algo que años atrás era inimaginable.

Ahora, los logros del gobierno en materia de seguridad, es decir, logrando la desmovilización de los miembros de las AUC como también diezmando significativamente a los grupos terroristas de izquierda, parecen haber logrado el rechazo.de un sector de la sociedad colombiana. Curiosamente, los mismos que parecen haber sacado dividendos de la época aciaga en que vivió sumergido el país. Los líderes de la izquierda colombiana y los opositores al gobierno no han querido aceptar que a la ley 975 se le debe la desmovilización de las Autodefensas. Además, el incumplimiento por parte de los ex jefes de esta estructura al sometimiento de ésta fue lo que motivó a que fueran extraditados a Estados Unidos, lo que paradójicamente suscitó el rechazo de la izquierda colombiana. Pregunta el colombiano del común: ¿Quién los entiende?

No se puede ocultar que la Corte Suprema de Justicia utilizó el sometimiento a la ley 975 de los ex jefes de las AUC para iniciar una cruzada en todo el país dirigida a juzgar los vínculos que hubo entre la clase política y los miembros de esta estructura. Esta acción de la Corte se ha rotulado como el proceso de la Parapolítica. Los recursos de la máxima instancia judicial fueron puestos en pro de la gran cruzada nacional. Aún más, el gobierno a través del presupuesto nacional adicionó unos recursos para satisfacer las exigencias en materia financiera que hizo el órgano judicial.

Pues bien, este proceso, denominado Parapolítica, ha sido el culpable de que la Ley de Justicia y Paz no haya sido aplicada conforme al tenor de la misma. Es decir, el espíritu de la norma lo que busca además de la desmovilización de los miembros de los grupos ilegales, es la verdad y reparación de las victimas de estos grupos. De ahí, que para obtener los beneficios de dicha ley se hace necesario que los ex miembros de estas organizaciones confiesen su participación en los hechos materia de investigación como además la ubicación de fosas comunes. Luego del cumplimiento de estos dos presupuestos sigue la reparación patrimonial a las familias de las víctimas. Para lo anterior se creó en su momento el Fondo Para la Reparación de las victimas.

La sensación que deja la ley 975 después de 4 años de su promulgación es que a las victimas no se les ha permitido el acceso a la verdad ni a la reparación. Pero, hay que decir que esta ley, pensada para favorecer a las victimas, ha sido usada como caballito de batalla político por parte de la Corte Suprema de Justicia para "quitar del camino" a sus contradictores. La parapolítica más allá de arrojar beneficios directos a las víctimas de los grupos ilegales, lo que ha ocasionado es la vulneración de los derechos de miles de hogares colombianos, enlutados por los grupos ilegales, a saber la verdad.

Lo anterior se sustenta en que todo el tiempo en que estuvieron acogidos los ex jefes de las AUC a la susodicha ley, sólo fue usado por la Corte Suprema para "sacarles" información sobre la clase política colombiana. Todo el tiempo en que estuvieron detenidos en cárceles colombianas, sólo fue usado para que estos ex jefes denunciaran a políticos del país. Más allá de conocer la verdad que beneficiara a las victimas, a la máxima instancia de la justicia ordinaria colombiana, lo que realmente le importaba era acumular una cantidad de material obtenido a veces de manera ilegal, según denuncias existentes, para fustigar a la clase política colombiana cercana al gobierno. Los derechos de los familiares de las víctimas fueron vulnerados por la Corte al desviar las investigaciones con el único propósito de obtener "ventaja" frente al poder legislativo y de paso frente al poder ejecutivo, debido a que éste contaba con el respaldo político de los implicados en tales investigaciones. Aún más, el pueblo colombiano vio como los magistrados de la Corte se convirtieron en las vedettes de los medios de comunicación. Emperifollados por la atención que acaparaban de las cámaras de televisión, descuidaron alevosamente el objetivo de la Ley de Justicia y Paz. Hoy vemos cómo muchas familias se han quedado viendo un "chispero", cómo dirían en la Costa Caribe, mientras algunos miembros de la Corte han usufructuado las investigaciones y las han convertido en trampolín para hacer proselitismo político.

La Corte Suprema de Justicia no puede negar ante la comunidad nacional e internacional que las investigaciones llevadas a cabo sólo buscaban convertirla en contradictor político del gobierno y de su coalición en el congreso. Por eso produjo desconcierto al escuchar las declaraciones dadas por el órgano judicial posteriores a la extradición de los ex jefes de las AUC a Estados Unidos. Una vez el gobierno hizo efectivas las solicitudes de extradición, ahí sí salieron a lanzar acusaciones en contra del gobierno porque, según ellos, se les estaba violando el derecho a las víctimas a conocer la verdad. Lo paradójico es que dichas extradiciones fueron autorizadas meses antes por la mismísima Corte: ¡Qué tal!

Por último, los familiares de las víctimas de los grupos ilegales deberían protestar ante los organismos internacionales por la vulneración de sus derechos a que fueron objeto por parte de la Corte Suprema de Justicia. Hoy no se puede seguir lamentándose y excusándose en que los ex jefes extraditados no han confesado sus crímenes. El poder judicial colombiano tuvo todo el tiempo necesario para obtener las confesiones de los líderes de esa organización cuando éstos se encontraban en cárceles de máxima seguridad de Colombia. Por eso es fundamental que se le haga un juicio moral a la máxima instancia de la justicia ordinaria para que responda por su negligencia y por haberse convertido en el escollo insuperable de la ley 975.

La ñapa: La no elección del Fiscal de la terna enviada por el ejecutivo, motiva a denunciar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por prevaricato. Parece ser que las denuncias en su contra por ser prevaricadores como que tienen su sustento. La decisión del órgano judicial de no elegir el Fiscal parece ratificar que la Corte es un fortín de prevaricadores.

dcaribemanifiesto@hotmail.com

La soledad del Coronel Plazas Vega

Raúl Lombana Hernández

El Tiempo/Opinión, Bogotá

Noviembre 19 de 2009

Un hombre que entregó los mejores años de su vida para salvaguardar la Constitución Nacional, hoy yace solo a merced de una justicia carrusel que lo ha querido convertir en botín de guerra. El Coronel Alfonso Plazas Vega, es el recordatorio de una sociedad hipócrita y permeada por falsos estandartes morales. Una sociedad que olvida fácilmente a sus héroes, pero que recuerda a perpetuidad sumisa a los perpetradores del dolor del pueblo colombiano. Hoy se quiere hacer parecer un monstruo a un ser humano que por ser servidor de la patria le tocó ejecutar órdenes, mientras que a los causantes de tal holocausto se les rinde pleitesía y se les halaga con fanfarria.

El Palacio de Justicia hace 24 años fue arrasado y casi desbaratado en su totalidad. El 6 de noviembre de 1985, un grupo de terroristas, dizque actuando en representación de los más desfavorecidos del país, se tomó a sangre y fuego el estandarte de la justicia colombiana. Ese grupo de delincuentes, autodenominados Movimiento 19 de abril, M19, cometió la barbarie que aún es recordada por el pueblo colombiano. Utilizando un nombre rimbombante -Operación Antonio Nariño por los derechos del hombre-, estos criminales subvencionados con dineros del narcotráfico de la época se tomaron la edificación. Curiosamente, hoy victimas y victimarios comen del mismo plato. Es decir, tanto los miembros de la Corte Suprema de Justicia de hoy, como los perpetradores del pasado -Gustavo Petro y compañía- son aliados estratégicos en su guerra en contra del país.

La toma del Palacio de Justicia, según los terroristas de la época, buscaba hacerle un juicio revolucionario al presidente de la república, Belisario Betancur Cuartas. Tiempo después de los hechos, que aún sacuden al país y en especial a miembros del Ejército Nacional, se ha sabido que toda la operación con su nombre rimbombante lo que, realmente, buscaba era destruir los expedientes de los narcotraficantes solicitados en extradición. Es decir, todo el operativo era un mandado de la mafia colombiana. Para cumplir con su objetivo, el grupo terrorista se tomó la edificación a sangre y fuego dejando como resultado la bobadita de 55 muertos y 11 desaparecidos.

Los cruentos hechos de 1985 fueron mantenidos ocultos a la comunidad nacional e internacional por mucho tiempo en beneficio del grupo terrorista. El mismo gobierno, al cual quisieron arrodillar los enemigos del modelo estado colombiano, les otorgó el perdón y el olvido a estos terroristas. Aún más, fueron indultados y hoy sus miembros disfrutan de las mieles del poder. Peor aún, se han querido convertir en el faro moral de la república.

Lo paradójico y doloroso para el resto del pueblo colombiano, es que mientras los causantes de tal barbarie están libres, los que por su condición de ser responsable de la seguridad y retomaron el Palacio estén siendo vilipendiados e injuriados por una camarilla subvencionada con los mismos dineros del pasado. Los recursos con que financiaron la toma son los mismos que parecen estar detrás de todas las acusaciones en contra de los oficiales responsables de la retoma y en especial en contra del Coronel Plazas.

El Coronel Plazas desde su sitio de reclusión debe estar pensando que el pueblo colombiano lo ha abandonado y lo ha dejado solo. Al Coronel lo han querido convertir en el trofeo de guerra de quienes aún se camuflan en la civilidad, pero que todo el pueblo colombiano sabe hasta la saciedad que no son más que terroristas vestidos de civil. Hoy, el Coronel Plazas es ultrajado en su dignidad de persona y de militar, mientras los ideólogos de la toma están sueltos y, peor aún, siguen conspirando en contra de Colombia. Hoy, el Coronel Plazas es juzgado por un poder judicial que cada día ratifica ser una ficha de los que en el pasado se tomaron al Palacio de Justicia, mientras los miembros del M19, entre ellos Gustavo Petro, despotrica incesantemente del estado que lo alimenta.

Hoy, el Coronel Plazas es responsabilizado de cuanto sucedió en la toma del Palacio, mientras que a los terroristas, que fueron los únicos responsables de tal holocausto, se les ha cubierto con un manto de impunidad, peor aún, con una patente de corzo para seguir atacando al estado. Hoy, el Coronel Plazas es mostrado infamemente por los enemigos del modelo estado colombiano como trofeo de guerra, mientras que los culpables de la toma del 6 de noviembre se pasean y pavonean como los paladines de la justicia y de la moral. Hoy, el Coronel Plazas es sometido al escarnio público por los que en el pasado hicieron oídos sordos a las suplicas del pueblo colombiano, mientras que hoy estos mismos actúan como verdugos cobrando venganza por los golpes que les ha propinado la fuerza pública a sus aliados de la manigua. Así que, no se puede permitir que la suerte y la vida de un colombiano, que ofrendó su vida y la de su familia, esté en manos de un poder judicial que cada día despierta dudas y suspicacia en el pueblo colombiano. Afortunadamente, hay unos colombianos valerosos que han acompañado al Coronel Plazas en este camino tortuoso que le ha deparado el destino.

Por último, las familias de los desaparecidos de la toma y retoma del Palacio están en su derecho de exigir la condena ejemplar de los causantes de tal acción, pero esta exigencia debe ser completa. Los familiares de los desaparecidos deben tener el coraje, así como lo hacen en contra del gobierno, de exigirle a los ex miembros del M19 que digan también la verdad y además que los reparen patrimonialmente. No se puede seguir cayendo en el juego perverso de que toda la culpa de los males que ha sufrido Colombia ha sido el Estado, mientras que los verdaderos causantes del dolor que ha vivido el pueblo colombiano sean perdonados impunemente.

La ñapa: El pueblo colombiano que respeta la institucionalidad y el modelo de Estado, debe aunar fuerzas para rodear las instituciones. No se puede permitir que una minoría subvencionada con dineros del narcotráfico y del chavismo derrumben la democracia Colombiana. El pueblo colombiano debe rechazar a través de medios pacifistas la acción que se viene llevando a cabo en contra de la patria. El país tiene unos enemigos declarados y decididos a hacer todo lo posible para destruirnos como nación.

El Judas

Raúl Lombana Hernández

Eltiempo.com, Blog Desde el Caribe manifiesto

Noviembre 13 de 2009

Los últimos acontecimientos que se han dado por cuenta de las declaraciones de guerra en contra de nuestro país proferidas por el gobernante venezolano, Hugo Chávez, motivan a reflexionar sobre la participación de algunos personajes colombianos en todo este montaje amedrentador que se ha fraguado desde Venezuela y que busca minar el acuerdo suscrito entre Colombia y Estados Unidos. Todas estas amenazas que hace el gobierno vecino parecen contar con la complicidad de algunos colombianos. Estos conciudadanos nos motivan a recordar a aquel triste celebre apóstol considerado el traidor, Judas Iscariote, quien vendió a Jesús a los miembros del Sanedrín cómo lo relatan las Santas Escrituras, en palabras de Mateo 26, 14-75 y Lucas 22:20.

La historia colombiana está plagada de un sinnúmero de personajes que, a pesar de haber ocupado cargos importantes en la vida pública nacional, parecen actuar siempre de espaldas al país y en contra de la sociedad. Los anaqueles de nuestra historia republicana están llenos de eventos desafortunados en donde reconocidas personalidades han antepuesto sus intereses personales por encima de los intereses supremos de la nación. Colombia, desde tiempos inmemoriales, se ha desangrado por los enfrentamientos al interior de la república. Éstos han sido motivados por personajes mezquinos y rencorosos que aúllan, cuales lobos hambrientos, su deseo de poder a cualquier precio.

Pues bien, el personaje que nos motiva a reflexionar seriamente sobre su posible traición a nuestro país es Ernesto Samper. Este colombiano, quien ha ocupado altos cargos en los destinos de la nación, inclusive llegó a ocupar el más importante, Presidente de la República, parece actuar como un enemigo acérrimo de Colombia. Su participación en los últimos hechos, que involucran al gobernante venezolano, han ratificado que el ex mandatario parece actuar motivado por el odio y por la ambición.

Desde que el gobernante venezolano empezó con sus embates sistemáticos en contra de nuestro país, el ex presidente colombiano, Samper, no ha escatimado declaraciones que parecen más de respaldo hacia Chávez que de apoyo al gobierno colombiano. En todas, sin contar con los viajes que ha hecho tanto a Venezuela como a Ecuador, busca confrontar al gobierno de Colombia con el propósito de restarle credibilidad internacional. En la crisis en que se mantienen las relaciones entre nuestro país y los países seguidores del chavismo, el ex presidente colombiano ha asumido una posición hostil en contra de las decisiones del presidente Uribe. Por ratos, la posición de Samper se parece más a la de un peón del chavismo que a la de una personalidad colombiana que, inclusive, fue Presidente de la República: ¡Qué tal!

El ex presidente Samper parece actuar motivado por el odio y la venganza. El pueblo colombiano no puede olvidar cómo el cuatrienio en el que el susodicho personaje dirigió los destinos de la nación fueron los más aciagos para el país. Los cuestionamientos en contra de su gobierno por su supuesta relación con los jefes del Cartel de Cali hicieron que Colombia estuviera en el ojo del huracán durante esos cuatros años. Aún más, nuestro país reiteradamente fue cuestionado por países extranjeros y fue catalogado como una Narcodemocracia. Peor aún, hasta él tuvo que pasar ante la comunidad internacional la vergüenza de habérsele quitado la visa estadounidense.

Ahora, lo preocupante de las declaraciones que hace reiteradamente el ex presidente Samper, cuestionando al gobierno colombiano y respaldando al gobierno venezolano, es que éstas sean fruto de una cruzada personal en contra del Estado Colombiano. Es grave para nuestro país que, precisamente, un ex Jefe de Estado y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del país, irresponsablemente asuma una posición hostil en contra de su propio país.

El mensaje que envía a la comunidad internacional las declaraciones de Samper, es que el gobierno colombiano es el culpable de las tensas relaciones entre Colombia y los países peones del chavismo y no el gobernante venezolano. Flaco favor le hace el ex presidente Samper al país.

Los países del hemisferio, no afines al chavismo, saben hasta la saciedad que el único culpable de los tropiezos diplomáticos que se dan en la región es Hugo Chávez. Inclusive, la no aceptación de Venezuela en Mercosur, se ha debido únicamente a la posición asumida por el gobierno de Caracas de atizar la hoguera de la guerra en contra de Colombia.

La ruptura de las relaciones entre nuestro país y algunos países de la región se deben a la posición obstinada del jefe del esperpento autodenominado Socialismo del Siglo XXI de pretender subyugar a Colombia y arrastrarla hacia ese modelo de estado anacrónico e inservible. El deseo de Chávez por pretender amedrentar a nuestro país, para que éste sucumba ante un modelo revaluado en la misma tierra que lo parió, ha dificultado enormemente la paz en la región. El acuerdo bilateral suscrito entre Colombia y Estados Unidos, sobre el uso de bases militares colombianas por parte de efectivos estadounidenses, ha sido usado como pretexto para esconder que detrás de la persecución iniciada en contra de nuestro país lo que, realmente, se esconde es el escollo insuperable en que se ha convertido Colombia para el chavismo.

Las declaraciones que viene dando el ex presidente Samper deberían ser analizadas por los organismos pertinentes para esclarecer los alcances e intenciones que tienen éstas y el efecto que pueden producir en la comunidad internacional.

Ahora bien, para el colombiano del común, este personaje arrastra un lastre que lo inhabilita moralmente para pronunciarse sobre temas de importancia para la seguridad nacional. Aún más, su fracaso político lo trata de ocultar a través de pronunciamientos en contra de nuestro país. De esta manera, pretende mantenerse vigente a pesar del grave daño que le puede estar haciendo al pueblo colombiano. Parece que los cuatro años en los cuales detentó el poder y en los cuales le infligió el mayor daño al país no hubiesen sido suficientes.

Por último, Judas Iscariote no pudo cargar con el peso de su consciencia y se suicidó colgándose de un árbol. De esta manera, reconoció su traición. Aún más, renegó de las monedas de oro que recibió por su traición. Lo fregado, para Colombia, es que Samper pareciera no tener consciencia y mucho menos tener algún tipo de recato moral. Hoy, los vientos de guerra que soplan por nuestro país parecen ser atizados por su odio en contra del pueblo colombiano, quien nunca ha olvidado su cuestionado gobierno. Sería interesante saber, si por tal cruzada en contra del país ha recibido monedas de oro.

La ñapa: En nuestro país cada día se hace más evidente la manera cómo los que en el pasado le infligieron daño a la sociedad hoy pretendan posar de paladines de la moral. Hoy en día quieren arrasar con la democracia colombiana a como de lugar. El poder judicial, encabezado por la Corte Suprema de Justicia, cada día que pasa ratifica aún más su desprecio por la institucionalidad colombiana.

Presidente de la Corte Suprema: el "ahogado" revanchista

Raúl Lombana Hernández

Eltiempo.com/Blogs/El Caribe manifiesto

Septiembre 29 de 2009

En el argot político se utiliza el vocablo ahogado para referirse a los candidatos que postulan sus nombres para ocupar cargos de elección popular y que no logran obtener el respaldo popular a su candidatura en las urnas. En algunas regiones del país, también, a estos personajes se les llama "quemados".

La reflexión de hoy aborda el tema sobre el peligro e inconveniencia de que miembros del poder judicial aspiren a cargo de elección popular y viceversa, debido a que esto puede generar un conflicto de intereses. El caso que vamos analizar hoy, y que es una prueba fehaciente del peligro que entraña este concubinato, es el del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez, quien aspiró al congreso en el 2006 en una lista por el partido Cambio Radical y no obtuvo el escaño deseado, es decir, se ahogó.

El magistrado y actual presidente de la máxima instancia de la justicia ordinaria postuló su nombre en el pasado -2006- al escrutinio del pueblo colombiano para obtener un escaño en el congreso de la república. En su aventura política, por no decir osadía, obtuvo no menos de 2000 votos, los cuales no le permitieron cumplir con su sueño de convertirse en "padre de la patria". La votación obtenida por el susodicho no le alcanzaría ni siquiera para ser alcalde del municipio más refundido del país. En pocas palabras, el pueblo colombiano no le "comió cuento" a su campaña y de ahí que haya sacado tan pírrica votación. Por lo tanto, también, se presume que haya podido quedar hasta endeudado, debido a que una campaña al congreso vale mucha plata.

Pues bien, parece que como premio de consolación a su fracaso político le dieron la más fácil, es decir, ser presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia.

Curiosamente, a todos a los que la Corte les ha quitado el triunfo obtenido en las urnas, por cuenta de los procesos penales en su contra, son los mismos que derrotaron al ahogado de las elecciones de 2006 y hoy presidente de esa corporación.

Lo anterior despierta suspicacia y motiva a pensar que, posiblemente, detrás de las investigaciones que realiza la máxima instancia de la justicia ordinaria colombiana se esconda un deseo de cobrar revancha, por no decir venganza. El colombiano del común ahora entiende la manera sesgada cómo se están llevando los procesos en contra de los congresistas detenidos por el caso de la parapolítica. El último reversazo de la Corte produce desconfianza y atenta contra el Estado Social de Derecho. Los tumbos que ha dado el órgano judicial, y en especial la reciente decisión de que los congresistas que hayan renunciado al fuero no puedan ser investigados por la Fiscalía, estarían ratificando que la Corte anda sumida en un caos total. Y si a lo anterior le sumamos el deseo de torpedear la terna enviada por el presidente para escoger al Fiscal General, definitivamente, dan razones suficientes para pensar que los magistrados andan en campaña política.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia tiene razones personales para tratar de derrotar por la vía penal a los que no pudo vencer por la vía democrática. Parece que es más fácil lo primero. La cruzada que ha venido realizando la corporación judicial, la cual él preside, despiertan serias dudas sobre la verdadera intención de sus actos. Parece que Augusto aún no se resigna a no haber obtenido el respaldo popular en las urnas. Peor aún, parece que los recursos invertidos en su campaña todavía lo trasnochan, sería interesante saber, además, de donde salieron. El pueblo colombiano, cómo anda tan prevenido con el órgano judicial, piensa que no sea que detrás de esa campaña puedan estar los mismos que invitan a ágapes a los magistrados y les regalan costosos relojes.

La llegada de un ahogado político a la presidencia de la Corte Suprema es inconveniente para la convivencia pacífica de los colombianos y las instituciones democráticas. El pueblo colombiano está siendo testigo de los reiterados enfrentamientos del máximo tribunal no sólo con los otros tribunales, sino también con el ejecutivo y el legislativo. Por ratos, parece que los magistrados del órgano jurisdiccional están cobrando revancha, no solamente a los congresistas, sino también a la sociedad colombiana por no apoyarlos en las urnas.

Es hora de que se tomen los correctivos para evitar el transfuguismo entre los poderes del estado. Lo que está viviendo el país en la actualidad es una politización de la justicia colombiana. Los jueces de la república quieren usar sus togas para intimidar a sus futuros contrincantes en la arena política. El accionar de los magistrados es el resultado de ir abonando el terreno para sus futuras campañas, hay que recordar que a varios de ellos están próximos a vencérseles los periodos, de ahí que anden buscando otra fuente de alimentación en el futuro.

No se puede seguir permitiendo que un político sea juez o que un juez sea político (no utilizo viceversa para que se entienda más)

El congreso de la república debe tramitar un proyecto de ley que permita crear una inhabilidad que conduzca a prohibir a quienes hayan sido jueces de la república no puedan aspirar a cargos de elección popular. No se puede seguir poniendo el poder de la justicia al servicio de causas políticas como está pasando hoy.

Así que, parece que Augusto Ibáñez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, no ha podido asimilar la derrota en las urnas a pesar de que ya han transcurrido más de 3 años, curiosamente, casi el mismo período que dan en los bancos para pagar las obligaciones financieras; ¿no será que eso es lo que no lo deja olvidar la derrota? ¡Averígualo Vargas!, qué coincidencia, el mismo apellido del de su jefe político.

Por último, prueba de la injerencia que quieren hacer los representantes del poder judicial en la política se está viendo con el ex magistrado de las altas cortes, Carlos Gaviria, quien ahora anda por el país proponiendo desmoralizar aún más a la sociedad colombiana. Parece que la jugosa pensión que recibe del estado, al cual él quiere destruir, no le alcanzara para saciar su apetito burocrático. Afortunadamente, para el pueblo colombiano, ni siquiera sus propios copartidarios le "comieron cuento" y se ahogó el domingo en la consulta de su partido, el Polo.

La ñapa: A los enemigos de los logros del gobierno no les bastó la consulta del domingo para entender que el pueblo colombiano los aborrece. Ahora pretenden dizque hacer una consulta interpartidista para buscar un candidato que se enfrente a la sociedad colombiana. Pardo, el "ganador" del liberalismo piensa que logró la presidencia de la república, el pobre los años de vacas flacas que ha vivido y los que le esperan lo hacen delirar. Produce grima verlo haciendo el ridículo.

Oposición colombiana: puras babas

Raúl Lombana Hernández

eltiempo.com / Blogs / Desde el caribe manifiesto

Septiembre 28 de 2009

Se llevaron a cabo en todo el país las consultas internas de los partidos Liberal, Polo Democrático y Mira. Los resultados dados a conocer por la Registraduría Nacional ratifican la baja votación obtenida por los diferentes precandidatos de las colectividades en disputa. De un potencial electoral de no menos de 29 millones de votos, según el boletín No.16, emanado por la Registraduría, los partidos opositores al gobierno del presidente Uribe -Liberal y Polo- sólo habían obtenido no más de 1,500,000 votos, es decir, menos del 5% del total de los votos. Los 58 mil millones de pesos que se invirtieron en la jornada fueron demasiados recursos que pudieron ser destinados para otros menesteres más importantes que los de escoger a los candidatos de la oposición con tan poca votación. Por los votos obtenidos, al país le hubiese salido más barato que ambos partidos hubieran escogido a sus candidatos tirando un cara y sello.

Las cifras que arrojan los resultados electorales no causan sorpresa, debido a que éstos se preveían tanto para el partido Liberal como para el Polo Democrático. La única sorpresa de la jornada fue la victoria del precandidato Gustavo Petro sobre el candidato de la maquinaria del Polo, Carlos Gaviria. Al interior de las huestes del ex magistrado no asimilan la derrota recibida en franca lid por el adversario a pesar de que se rumoraba que la campaña de Gaviria estaría recibiendo recursos del presupuesto de la Capital de la República, Bogotá.

Las votaciones confirman que la oposición colombiana, representada por el Liberalismo y el Polo, ha sido castigada en las urnas por el pueblo colombiano. La jornada, también, ha ratificado que la oposición ha disminuido dramáticamente si se le compara con los resultados de los debates anteriores.

Por los lados del partido Liberal los resultados son catastróficos. La otrora colectividad de las mayorías hoy es un remedo de partido. El trapo rojo se ha desteñido. Sus candidatos, con excepción de Aníbal Gaviria, representan el pasado funesto que vivió el país. Todos han ocupado cargos de relevancia nacional y no han estado a la altura de los retos. De ahí, que hoy los seguidores del liberalismo no sean seducidos por ninguno de ellos. El repunte del ex gobernador de Antioquia debe ser valorado por las huestes liberales para replantear el futuro de la colectividad.

Ahora bien, la victoria del candidato de la consulta liberal, Rafael Pardo, debe entenderse como una derrota del partido. La pírrica votación obtenida, 376,739 votos, a pesar de haber contado con el respaldo de la rancia maquinaria liberal desdibuja la "victoria". Los votos que sacó el precandidato no le sirven para presentarse como opción de poder y mucho menos ser opositor serio del gobierno del presidente Uribe.

Los resultados obtenidos por ambos partidos, Liberal y Polo, ratifican que la oposición colombiana son puras babas. Mucha retórica y poco sustento ideológico.

De nada le han valido los recursos invertidos para desacreditar al gobierno.

De nada le han valido los discursos cargados de infamias y calumnias en contra de la figura presidencial.

De nada le han valido sus asociaciones con gobiernos extranjeros para fraguar alianzas que destruyan la democracia colombiana.

Los resultados electorales ratifican que la oposición no cuenta con el respaldo que ellos decían tener.

Los resultados electorales confirman una vez más que la oposición colombiana es virtual. Las urnas han ratificado que menos de 1 millón 500 mil votos obtenidos son señales inequívocas de que sus planteamientos son contrarios a lo que desea el pueblo colombiano.

Las cifras arrojadas por el conteo de los votos desmienten el supuesto respaldo que tenían, según ellos, del pueblo colombiano. Ni siquiera Bogotá, el fortín del Polo, respaldó masivamente la candidatura de sus precandidatos.

Es fácil destruir y no construir. La oposición colombiana fuera de atacar por atacar no tiene ningún tipo de propuesta seria que realmente contribuya al progreso del país. Las políticas que ha implementado el Polo en Bogotá desnudan su incapacidad como opción de poder. Si el Polo ni siquiera ha podido sacar adelante a la capital de la república mucho menos lo podrá hacer con el país.

El gran perdedor de la jornada es Carlos Gaviria. El ex magistrado realizó un periplo por el país apelando a un discurso violento y agresivo no sólo contra el jefe de estado, sino también en contra del pueblo colombiano que lo respalda. Reiteradamente, recurrió, a pesar de sus impedimentos éticos y mórales para hacerlo, a cuestionar al gobierno de Uribe.

Así que, una vez más el presidente Uribe salió victorioso. Sus políticas de gobierno siguen contando con el respaldo popular. La escasa votación obtenida por sus detractores, ratifican que el pueblo colombiano ya no "come cuento". El no salir los colombianos a las urnas a ejercer su derecho al sufragio demuestran que los enemigos de los logros del gobierno no consiguen de ninguna manera el apoyo del pueblo.

Por último, a Rafael Pardo le debería dar vergüenza salir con bombos y platillos a reclamar la "victoria" de su candidatura. La votación obtenida debe ser suficiente para que le quede claro que no cuenta con el respaldo del pueblo colombiano. El trapo rojo ya no seduce al electorado colombiano. El pueblo colombiano se cansó de haber sido engañado durante décadas por la colectividad. La pírrica victoria de Pardo es una derrota a su aspiración presidencial. Ni siquiera los "chillidos" de Gaviria, Cesar, le valieron para obtener más votación en las urnas. Parece que a ambos les esperan 4 años más de vacas flacas.

La ñapa: Las votaciones llevadas a cabo envían señales inequívocas a la Corte Constitucional sobre el deseo del pueblo colombiano de que se apruebe el referendo. La alta abstención de la jornada, ratifican que la sociedad colombiana sólo ve al presidente Uribe cómo la única alternativa seria para seguir rigiendo los destinos de la nación.

Gaviria y Pardo: Época de vacas flacas

Por Raúl Lombana Hernández

Blogs Eltiempo.com, Bogotá

Agosto 31 de 2009

El libro de la Biblia Génesis 41, versículos 1-4, nos relata la historia acerca de una pesadilla que tuvo un Faraón de Egipto y que fue interpretada por José, hijo de Jacob. El Rey Egipcio soñó que 7 vacas gordas eran comidas por 7 vacas flacas. El sueño fue interpretado por el profeta como que Egipto tendría siete años de abundancia y posteriormente siete años de escasez.

Pues bien, los dos personajes citados en el título de la reflexión, últimamente actúan como si estuvieran en las épocas de las vacas flacas. Las vacas gordas de ellos ya pasaron hace más de siete años, tiempo en el cual disfrutaron de las viandas del poder sin inmutarse que sus malas actuaciones, durante su paso por los puestos de poder, trajeron consecuencias funestas para el país y el pueblo colombiano.

Uno de los personajes es el ex presidente Gaviria. Este ocupó el Solio de Bolívar durante los años 1990 a 1994 en extrañas circunstancias que aún hoy despiertan suspicacia, debido a que sólo logró llegar a la presidencia de la república después de ser asesinado el candidato -Luis Carlos Galán- del cual él era su Jefe de Debate. A pesar de haber sido recién llegado al Nuevo Liberalismo, al cual pertenecía el candidato, en un acto digno de un culebrón latinoamericano, el hijo de Galán le entregó las banderas de su padre; a la postre esto fue lo que le permitió ganar las elecciones presidenciales.

Siguiendo con el ex presidente, durante años vivió épocas de vacas gordas. Siempre estuvo en los círculos del poder. Su paso por estos puestos de importancia nacional no le significaron beneficio alguno a la sociedad, todo lo contrario, el pueblo colombiano tiene malos recuerdos de este dirigente. Durante los años que estuvo al frente de la presidencia, el país se descuadernó completamente. Aún hoy se sienten las consecuencias funestas de la apertura económica que llevó a la quiebra a miles de industriales y comerciantes colombianos. En el terreno de la seguridad ni de que hablar. Durante su mandato los grupos terroristas se fortalecieron hasta el punto de llevar a la institucionalidad colombiana al borde del colapso. El dolor y el terror cundieron en toda la nación.

Ahora bien, mientras Gaviria se regodeaba en el poder, millones de colombianos huían despavoridos del país para salvarse de los ataques inclementes que perpetraban las estructuras criminales. Miles de compatriotas tuvieron que emigrar a otros países, debido a las pocas garantías que había en Colombia para vivir sin riesgo de ser asesinado. Aún se recuerdan los pactos secretos que hizo con organizaciones al margen de la ley para contrarrestar a otras organizaciones delincuenciales. No se podía dejar de mencionar que el ex presidente fue el artífice y padre putativo de las "Convivir", hoy pretende escurrir el bulto de esa paternidad. En fin, serían innumerables los casos de corrupción y otras actuaciones funestas que tuvo que soportar el país por cuenta del ex mandatario.

El otro personaje en cuestión es Rafael Pardo quien también ha ocupado importantes cargos, pero de los cuales el pueblo colombiano nunca se benefició. Lo único que recuerda el colombiano del común de sus ejecutorias fue la reinserción que hizo de combatientes de grupos armados para que automáticamente ocuparan cargos en la vida pública nacional. Durante el tiempo que ejerció como Consejero para la Paz sus iniciativas fueron la de brindarles garantías a los perpetradores durante años de la institucionalidad colombiana, para que se reinsertaran nuevamente a la sociedad a la cual habían vejado sistemáticamente. En ningún caso los más de 5000 ex combatientes, que logró perdonar el estado colombiano, repararon a sus víctimas. Es más, campantemente pasaron de la clandestinidad a los escenarios de la vida política nacional. Peor aún, según ellos, se convirtieron en los protectores de la moral y la honra colombiana. Además, sus ejecutorias de cuando fue Ministro de Defensas fueron nulas, debido a que durante su paso por este ministerio el auge de los grupos terroristas fue evidente. Los secuestros, asesinatos, masacres y desplazamientos que sufrió el pueblo colombiano son una prueba fehaciente de la ineptitud de Pardo como dirigente. Aún más, es una canallada con la sociedad colombiana seguir aspirando a ser candidato a la presidencia de la república. Al pueblo colombiano le da terror de sólo pensar que éste sea presidente, aún más, la estampida de compatriotas hacia el extranjero sería la respuesta a tremendo disparate.

Por eso es que la asociación de estos dos personajes produce desconcierto al interior de la sociedad colombiana.

Hoy verlos aliados, como en el pasado, buscando obtener de nuevo el poder los asimila a la pesadilla que tuvo el Faraón. Sus épocas de vacas gordas pasaron hace rato, de ahí que estén hambrientos de poder. Los tiempos en que manejaban el erario a sus anchas parecen traerles recuerdos que desean volver a vivir.

Hoy verlos aliados, como en el pasado, buscando desacreditar las ejecutorias del gobierno del presidente Uribe los asimila a la pesadilla que tuvo el Faraón. Debido a su incapacidad e ineptitud, para aglutinar el respaldo del pueblo colombiano, han iniciado un periplo de desprestigio en contra del mandatario.

Hoy verlos aliados, como en el pasado, buscando fraguar alianzas con personajes tan disimiles, para convertirse en un estorbo del progreso de la nación, los asimila a la pesadilla que tuvo el Faraón. El pueblo colombiano no sale de su asombro al ver a tan cuestionados personajes, hoy actuando como paladines de la justicia y la moral.

Hoy verlos aliados, como en el pasado, buscando derrumbar por todos los medios posibles los logros del gobierno los asimila a la pesadilla que tuvo el Faraón. Debido a que sus ejecutorias cuando ocuparon los cargos de poder fueron funestas para la sociedad, ahora recurren sin ningún tipo de pudor a oponerse a cualquier iniciativa que le permita desnudar sus ineptitudes.

Así que estos dos ilustres personajes que vivieron sus épocas de vacas gordas y disfrutaron de las mieles del poder, hoy, ante el escaso respaldo que tienen al interior de la sociedad, rumian su odio visceral en contra del gobierno y del pueblo colombiano.

Por último, verlos en una cruzada para oponerse a la iniciativa popular del referendo produce grima, parece que aún los recuerdos de cómo consumían las viandas que les proporcionaba el poder los lleva a delirar y atacar la voluntad del pueblo colombiano. Parece que no pudieran soportar 4 años más de vacas flacas.

La ñapa: En caso de que la iniciativa popular sea malograda por los enemigos de ella, Juan Manuel Santos y Andrés Felipe Arias (Presidente-Vicepresidente) se convierten, sin lugar a dudas, en la alternativa que tiene el pueblo colombiano para que no se reviertan los avances que ha tenido el país. Cómo se dice popularmente, señores calienten que les está llegando su turno.

Corte Suprema se opone al referendo de forma mañosa

Por Raúl Lombana Hernández

El Tiempo, Bogotá

23 de Agosto 2009

Las denuncias hechas por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, acerca de las supuestas amenazas que han recibido algunos integrantes de esa corporación, despiertan suspicacia al interior de la sociedad colombiana que desconfía del máximo tribunal. Fiel al estilo de los que quieren tapar la verdad de sus actos, buscando despertar la solidaridad de la población, ahora el presidente del tribunal supremo de la justicia ordinaria ha salido a desviar la atención del pueblo colombiano sobre la manera como vienen ultrajando la iniciativa popular del referendo.

La Corte actúa de manera amañada al tratar de tapar con las supuestas amenazas los dos errores garrafales en que ha incurrido para torpedear el proyecto de referendo que se discute en el Congreso de la República. A éste le falta la votación de la plenaria en la Cámara para ser aprobado, la cual se hará la semana que viene; en el Senado se dio su aprobación de forma amplia.

La Corte se ha valido de una denuncia interpuesta en contra de los congresistas para intimidarlos. La persecución se sustenta en la supuesta comisión del delito de prevaricato en que incurrieron los representantes al haber votado el proyecto de referendo sin haber estado en regla todos los elementos necesarios para que la iniciativa haya sido estudiada por esa corporación. La Corte ha desatado una persecución sólo comparable con las investigaciones hechas a los congresistas que permitieron la absolución de Samper en el proceso 8000.

El caso que nos atañe, ratifica la manera como la máxima instancia maneja con sesgo político e ideológico sus actuaciones. La denuncia interpuesta por el representante Germán Navas Talero en contra de los que votaron a favor del proyecto de referendo por no contar, según él, con la certificación de la Registraduría sobre las cuentas de la financiación de la recolección de firmas, es temeraria.

El colombiano del común piensa que la Corte actúa de forma mañosa, debido a que está actuando de manera contraria al ordenamiento jurídico, el cual debe proteger por encima de cualquier ideología y partido político de sus miembros. El máximo tribunal viene violando flagrantemente la ley. Al abrir indagación preliminar en contra de los congresistas que votaron a favor del referendo, ésta viola principios fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y las leyes colombianas.

Las supuestas amenazas que le han hecho a algunos magistrados de la Corte parecen ser el fruto de querer tapar el galimatías jurídico en que se encuentran al haber abierto indagación preliminar sólo a los congresistas que votaron a favor del referendo.

El primer error en que incurre la Corte es:

La Corte olvida de manera alevosa que la Cámara de Representantes, tanto en comisión como en plenaria tramitó el proyecto de ley con las atribuciones y facultades que le da la Constitución y la ley orgánica. Además, en los debates del trámite del proyecto participaron, inclusive, los representantes que votaron en contra del referendo.

De lo anterior se desprende, que tanto los que votaron a favor o en contra del proyecto, según la denuncia interpuesta por Navas, estarían incursos en prevaricato. Es decir, que todos los representantes que participaron en el trámite del referendo sin distingo de la naturaleza de su voto incurrieron en la comisión del delito sustento de la denuncia.

Ahora, si las pesquisas que ha iniciado la Corte sólo cobijan a los que votaron a favor del proyecto de referendo, entonces estamos frente a una persecución por parte del máximo tribunal. Aún más, la Corte estaría violando el artículo 185 de la Constitución, el cual se refiere a la inviolabilidad del voto de los congresistas.

Hay que recordarle al máximo tribunal que los congresistas no pueden ser investigados, detenidos ni juzgados por su voto, debido a que éste es producto de las funciones de su cargo.

Ahora bien, el error de la Corte va más allá, de ahí su show mediatico entorno a las supuestas amenazas en su contra. El máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria viola la ley al desconocer los procedimientos dados alrededor de la iniciativa popular.

El segundo error de la corte es:

La recolección de firmas -en este caso se lograron recolectar más de 5 millones- con el fin de radicar un proyecto de referendo, está consagrada en la Constitución Nacional y la Ley 134 de 1994. Este procedimiento es uno de los mecanismos de participación ciudadana que se utilizan para presentar un proyecto de ley de iniciativa popular.

La Carta política colombiana y la ley mencionada disponen de cómo debe ser el trámite de esta iniciativa popular. Para ello, la Constitución en su artículo 120 define claramente quienes conforman, lo denominado por ésta, la Organización Electoral y cuáles son sus competencias. Los dos órganos mencionados, expresamente, por la ley son, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Éstos tienen competencia en el manejo de los mecanismos de participación ciudadana consagrados en la ley.

En el caso de la recolección de firmas, la Registraduría Nacional, en uso de sus facultades tiene un mes, contados a partir de la recepción de las firmas, para certificar si se ha cumplido con lo enunciado en la ley, específicamente, en el artículo 24 de la ley 134 de 1994. Una vez se surta el trámite anterior, es decir, se expida el certificado por parte del órgano electoral, se enviará al Congreso de la República la iniciativa popular para su discusión. Por lo tanto, se concluye que sólo con esta certificación expedida en el tiempo fijado por la ley es posible adelantar el trámite del proyecto en el órgano legislativo.

Lo anterior quiere decir, que la certificación expedida, dentro del término que fija la ley (1 mes) por parte de la Registraduría Nacional, es la única prueba concluyente de que el proceso se hizo con apego y respeto a la normatividad.

Pues bien, el día 10 de septiembre de 2008, el Registrador Nacional certificó que la iniciativa popular había cumplido con el lleno de los requistos legales consagrados en la normatividad, por lo tanto, estaba allanado el terreno para que su trámite en el Congreso de la República se llevara a cabo en los términos previstos en la ley.

El párrafo anterior derrumba la denuncia presentada por el representante Navas y tramitada por la Corte Suprema, al demostrar que los congresistas no incurrieron en prevaricato, debido a que el trámite del proyecto se hizo agotando los requisitos consagrados en las disposiciones legales vigentes.

Ahora bien, también es cuestionable en todo este asunto la injerencia del Registrador Nacional del Estado Civil al entrar a terciar en contra de la discusión del proyecto del referendo al expedir el 18 de junio del presente año una certificación negando la actuación anterior, es decir, la certificación del 10 de septiembre de 2008 emanada por su despacho. La última certificación del Registrador, excede su competencia, debido a que desborda lo enunciado en la ley por haberse agotado los términos y pronunciarse de forma extemporánea.

El registrador, con su última actuación, claramente trató de enrarecer el ambiente de la discusión de la iniciativa popular. Aún más, peligrosamente viola la ley en desmedro de la voluntad de millones de colombianos que apoyan el referendo.

El colombiano del común no quiere pensar que la decisión del registrador, Carlos Ariel Sánchez, sea una forma de pago a uno de sus electores (Corte Suprema de Justicia) por haberlo elegido estando inhabilitado, debido a las condenas fiscales en su contra originadas por detrimento patrimonial cuando fungió como Contralor de Bogotá. Hay que recordar que esta elección fue denunciada por el procurador de la época, Edgardo Maya Villazón.

Así que el pueblo colombiano está siendo testigo de la manera cómo el poder judicial y sus aliados tratan de engañar de manera flagrante a la comunidad nacional e internacional.

Por último, con la fanfarria que le han hecho a las supuestas amenazas de muerte en su contra, para el colombiano del común, los miembros de la Corte Suprema de Justicia actúan de manera mañosa.

La ñapa: El pueblo colombiano debe defender y respaldar la iniciativa popular ante la afrenta que le hacen los enemigos de la iniciativa. La Corte no puede seguir ocultando su constante falta de respeto al ordenamiento jurídico que dice proteger. Los medios de comunicación no pueden seguir actuando como amplificadores de las mentiras de la Corte.

dcaribemanifiesto@hotmail.com

Opositores del referendo sufren de amnesia

Por Raúl Lombana Hernández

Eltiempo.com, Bogotá

Agosto 19 de 2009

Causa extrañeza cuando se escuchan los planteamientos de quienes se oponen a la iniciativa popular del referendo que permitiría la reelección presidencial por segunda vez. La voluntad del pueblo colombiano está respaldada en la recolección de más de 5 millones de firmas, las cuales fueron presentadas a la Registraduría Nacional y permitió que se radicara el proyecto de referendo en el Congreso de la República.

Los que se oponen a este mecanismo, que entre otras cosas está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico y representa la democracia participativa, han recurrido casi al unísono a decir que esto no es sano para la democracia. Además, sostienen que la concentración de poder en una sola persona es nocivo para el estado. Inclusive, algunos más historiadores, sustentan su argumento recurriendo a frases pronunciadas por el Libertador Simón Bolivar. En fin, todos los opositores, a la voluntad legitima del pueblo colombiano, coinciden en sus posturas. Para algunos, a simple vista éstas parecen ser las que tienen la razón y no la de millones de colombianos que respaldan la iniciativa.

Ahora bien, algunos de los argumentos esgrimidos por los contradictores de la iniciativa popular sólo serían aplicables en democracias y sociedades avanzadas, pero la nuestra, en particular, rompe cualquier esquema sobre el cual se basan algunos académicos para refutar la voluntad del pueblo colombiano.

El caso de Colombia es sui géneris. La democracia colombiana a pesar de las fallas que pueda tener se puede decir que es fuerte y ha sobrevivido a los ataques que se le han hecho desde todos los frentes. Casi ninguna democracia del mundo ha convivido durante décadas con factores perturbadores como la nuestra. El referendo reeleccionista que se está discutiendo en nuestro país es atípico en el continente. El caso colombiano es diametralmente opuesto a las otras discusiones que se han dado en algunos países de la región. Mientras que en los países vecinos, la reelección lo que ha pretendido es cambiar un modelo de estado a través de la imposición de una figura presidencial, en Colombia lo que se está buscando es sostener el modelo de estado consagrado en la Constitución Nacional a través de una figura presidencial que ha impuesto el principio de autoridad.

La razón fundamental que contraría las posiciones hechas por los contradictores del referendo, es que la voluntad popular de buscar otro periodo del presidente a través de las urnas se ha debido al miedo que siente el pueblo colombiano de repetir la horrible noche del pasado. Por mucho que se recurra a la discusión de la inconveniencia de esta figura consagrada en nuestro ordenamiento jurídico, no pueden borrar de la mente de la sociedad colombiana los eventos trágicos y violentos vividos en el pasado.

La reelección presidencial está sustentada en el deseo legitimo que tiene el pueblo en mantener en el poder a la figura que le ha quitado en gran medida el yugo impuesto durante años por los actores armados colombianos. Esa es la verdadera razón que lleva al colombiano del común a no sentirse confiado en otros personajes que se presentan como alternativa.

Algunos sostienen que la reelección presidencial ahoga políticamente a figuras que pueden reemplazar al mandatario. Aún más, sostienen que ésta atenta contra las nuevas generaciones de líderes. Y, algunos van más lejos cuando dicen que el presidente se vuelve un caudillo.

Para refutar el párrafo anterior, sólo hay que decir que Colombia vivió por más de 50 años en un abandono total por parte del estado. La democracia colombiana siempre estuvo ahí, pero la falta de líderes capaces para defenderla de los ataques brutales en su contra fue la constante durante décadas. Por lo tanto, ahora no podemos pensar que la figura que emergió del interior del pueblo colombiano, reestableciendo la libertad y el orden en la república, sea la cuestionada y vilipendiada por aquellos que nada hicieron en el pasado para defender la democracia.

Es bueno recordar la manera cómo muchos municipios del país vivían sitiados y controlados por los grupos ilegales. Los programas sociales del gobierno eran nulos. Los recursos que destinaba la nación para esas comunidades eran recepcionados por estas estructuras para nutrir su poderío. Aún hoy, es increíble recordar cómo comunidades enteras fueron asesinadas y desplazadas por grupos al margen de la ley que pretendían derrumbar la institucionalidad, y los líderes del país no hicieron nada.

También es bueno recordar cómo la democracia colombiana era violentada por las estructuras terroristas afines ideológicos de la izquierda del país. Todavía el pueblo colombiano recuerda la manera cómo los municipios del país eran destrozados sin tregua por aquellos que decían ser los reivindicadores sociales.

La democracia colombiana fue vejada de todas las formas posibles, por eso el colombiano del común se pregunta; ¿Dónde estaba el Estado? ¿A quién le importaba la democracia?

Es bueno recordar lo anterior para controvertir a los que hoy desde la comodidad que les brinda la democracia persisten en aprovecharse de ella.

El referendo es el deseo legitimo del pueblo colombiano, fruto del agradecimiento eterno a la figura que le quitó el yugo de la desolación y desesperanza a millones de colombianos que vivieron con miedo y terror durante años. Ahora no pueden salir los oportunistas de turno a tratar de torpedear la iniciativa popular.

Una cosa es la reelección en países civilizados que nunca han sufrido lo que le ha tocado sufrir al pueblo colombiano por la ineficacia de los líderes del pasado, y otra cosa es la reelección en Colombia en donde el pueblo fue victima de sus propios dirigentes. Éstos, nunca gobernaron para la sociedad colombiana.

Es fácil que traigan ahora a académicos a teorizar sobre lo que ellos consideran una grave afrenta a la democracia, pero olvidando que detrás de la firma de los millones de colombianos está un clamor de un pueblo maltratado durante décadas por parte de los violentos en connivencia con los mandatarios de turno.

¿De qué le sirve a la democracia tener "líderes" en la fila de mando si éstos no llenan las expectativas del pueblo?

Hoy, precisamente se conmemora la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento. 20 años han pasado desde que este líder político fue asesinado y la impunidad en este caso avergüenza. El colombiano del común se pregunta: ¿Dónde estaban los gobernantes de esa época? ¿Por qué no hicieron nada para evitar este crimen?

Para discutir la conveniencia o no del referendo no se necesita ser un analista de pergaminos, sólo basta echar una mirada al pasado para corroborar la ineficacia de los que en ese tiempo tuvieron las riendas de la nación y les importó un bledo la suerte de millones de compatriotas. Hoy, apelando a falsas preocupaciones por la democracia, ellos pretenden engañar a un pueblo que no olvida sus desafueros.

La ñapa: El pueblo colombiano que respalda las iniciativas del gobierno y ha superado la horrible noche vivida por culpa de los aliados de los que hoy se hacen llamar paladines de la justicia, debe aunar esfuerzos para rodear al presidente y hacer valer los millones de firmas recogidas para presentar el proyecto de referendo al Congreso de la República. Es necesario que se tomen todas las medidas que permite el ordenamiento jurídico colombiano para hacer respetar la iniciativa popular.