De Habeas Corpus y otras insuficiencias

Por Jorge Alberto Velazquez Betancur

El Mundo, Medellin

22 de agosto de 2009

A pesar de las instituciones que consagró la Constitución de 1991 y de los principios y valores allí reconocidos, fiscalías y juzgados están atiborrados de expedientes sin resolver y las cárceles llenas de reclusos a quienes no se les define la situación jurídica ni en 36 horas ni en 36 días ni en 36 meses. Ese es un reflejo de la crisis de la justicia, donde el hacinamiento carcelario corre parejo con la congestión judicial y donde el denominador común es la impunidad.

La crisis de la justicia no es por falta de instituciones ni de herramientas jurídicas. Quizás una alta cuota de responsabilidad la tengan muchos de sus administradores, víctimas de los mismos males que aquejan a otros sectores sociales. Unos, sometidos por el poder corruptor del narcotráfico; otros, presos de la politiquería, y otros más, poseídos por el demonio de la vanidad. Con un cuadro así, ninguno de ellos tiene autoridad moral para acusar a nadie de corrupción o de cualquier otra conducta contraria a la ley. Una administración de justicia que no es ajena a los escándalos y que guarda silencio ante las actuaciones salidas de tono de muchos de sus integrantes, no tiene autoridad para erigirse en juez moral de la República. ¿Por qué no se aplican las normas en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos? ¿Es objeto el “Habeas Corpus” de un uso arbitrario?

La administración de justicia no ha explicado las actuaciones del juez quinto penal de Bogotá, Luis Eduardo Beltrán Farías, quien luego de ordenar la excarcelación de tres implicados en hechos delictivos, huyó de su despacho -¿abandono del cargo?- y días después apareció borracho ante las cámaras de televisión. Ni el tristemente célebre juez Beltrán ni sus superiores han aclarado lo sucedido con la estudiante Diana Patricia Benítez Jiménez, su colaboradora en el Juzgado, muerta en extrañas circunstancias. El juez de marras debe explicar ¿qué significa la expresión “colaboradora personal”? en el ámbito laboral de un despacho oficial. Y sus superiores tendrán qué decirle al país ¿por qué un funcionario público -como lo es un juez- puede contratar “por fuera de la rama judicial” una empleada personal, que tenga acceso a expedientes y demás asuntos propios del Despacho?

Pero los exabruptos en este caso superan el límite de lo conocido. ¿Cuántos retenidos en Colombia son excarcelados por “insuficiencia neurológica”? La cadena de hechos escandalosos y de graves omisiones jurídicas continúa con una decisión más controversial que las del propio juez bajo sospecha: “el juez quinto penal municipal de Bogotá, Luis Eduardo Beltrán Farías, capturado por presunto prevaricato, quedó en libertad por “incapacidad neurológica”, informaron los medios de comunicación en su momento. ¿Por qué la administración de justicia permite que una persona que no está en uso pleno de sus sentidos permanezca en funciones o tome decisiones tan graves como la de excarcelar a quienes están incursos en un proceso penal? Hay que profundizar la democracia y penetrar a las interioridades de la rama jurisdiccional, árbitro legal y soporte de la vida en sociedad. Porque en todas partes se cuecen habas.

Soberanía y libre determinación

Por Jorge Alberto Velásquez Betancurt

El Mundo, Medellín

Agosto 15 de 2009

La opinión publicada colombiana es un caso especial. Es notorio que la valoración de los acontecimientos se hace en razón de la posición política electoral, de dónde está filado cada uno, y no en razón de lo que tales hechos significan realmente. Se cambia el cometido de la orientación por la propaganda.

Muchas opiniones no guardan una posición coherente respecto a la valoración de hechos semejantes. Por ejemplo, frente al papel que juegan los países extranjeros en el proceso de la guerra y de la paz hay una actitud maniquea.

Si un país se pronuncia a favor del diálogo, tal posición es bienvenida y saludada como una contribución a la paz. Pero si un país se muestra partidario de la mano militar, entonces se trata de una injerencia externa indeseable y reprochable. ¿Acaso no hay injerencia en los dos casos?

Si el presidente Barack Obama dice en la rueda de prensa posterior a su encuentro con el presidente Álvaro Uribe que: “dos períodos son suficientes”, muchos ven en ello una orden, otros una sugerencia, pero ambos grupos la celebran por igual al interpretarla como una expresión en contra de la reelección presidencial. A ninguno se le ocurre ver allí la injerencia de un gobernante extranjero en asuntos internos del país, que deben ser resueltos por los propios ciudadanos. En cambio, cuando se anuncia la negociación de un acuerdo de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos, que favorece la posición del país para luchar contra la guerrilla y el narcotráfico, los dos peores males que agobian a esta Nación desmemoriada, quienes antes aplaudían a Obama ponen el grito en el cielo porque allí se está configurando una violación a la soberanía nacional y una indebida intervención externa en los asuntos propios de Colombia. ¿Quién los entiende, entonces?

De igual manera, muchos colombianos con acceso a los medios de comunicación sienten lastimado su amor patrio, su sentido de soberanía y sus intereses personales, porque el gobierno negocia un acuerdo con los norteamericanos, pero a ellos no les parece grave que las Farc instalen campamentos en Ecuador o que disponga para sus ataques en el país de armas compradas por Venezuela.

Hay quienes celebran que otros países de América Latina, en actitud insolente, le pidan cuentas a Colombia por el manejo de sus relaciones externas, pero guardan silencio ante las acciones desmedidas o las omisiones de Chávez y Correa en favor de los grupos guerrilleros colombianos. No se cuestionan por qué la legítima defensa de Colombia, de su integridad, de su democracia y de su derecho a la libre determinación, se toma como un acto hostil por sus vecinos.

La confusión es enorme. Ahora resulta que en estos tiempos de globalización la soberanía nacional está condicionada por los intereses de los estados limítrofes, en razón de lo cual Colombia, para defenderse de las agresiones de los gobiernos vecinos, debe consultar la opinión de los agresores. Una rara doctrina en todo caso, que no aplicó, ni fue exigida por los colombianos que así piensan, a los gobernantes foráneos de sus simpatías, a cuya sombra se reorganizan los grupos al margen de la ley que asesinan, secuestran y martirizan colombianos y que mantienen la zozobra en las poblaciones de frontera, para provocar nuevos roces y nuevas amenazas.

Una oferta distractora

Por Jorge Alberto Velásquez Betancur

El Mundo, Medellín
Abril 4 de 2009

De nuevo las Farc le quieren meter la mano al proceso electoral colombiano. Lo hicieron en 1998, cuando engolosinaron al candidato Andrés Pastrana con la posibilidad de una paz a la vuelta de la esquina, para terminar perdidos, Pastrana y el país, en los vericuetos del Caguán. Como respuesta, en 2002, una sociedad cansada del engaño y de la violencia desatada a pesar de la zona de distensión, se volcó mayoritariamente en apoyo del Manifiesto Democrático presentado por el candidato Álvaro Uribe Vélez, cuyos cien puntos terminaron condensados en la propuesta de la Seguridad Democrática, la misma que apuntaló la reelección en el 2006.

Ahora las Farc anuncian un cambio de estrategia. Su lenguaje de guerra cambia abruptamente. Por primera vez, el grupo guerrillero no insiste en el despeje de una zona del territorio nacional. 

Siempre que se menciona la posibilidad de un diálogo con las Farc es imposible sustraerse al ejemplo dado a principios de la década del ochenta por la naciente democracia española, bajo la inspiración de Felipe González: “Una democracia no negocia con cadáveres sobre la mesa”. Pese a algunos titubeos de los gobiernos de José María Aznar y de José Luis Rodríguez Zapatero, cuyos intentos de diálogo fueron cercenados por la bomba en el aeropuerto de Barajas el 30 de diciembre de 2006, la sociedad española se ha mantenido firme en este propósito. El diálogo es un imposible moral mientras ETA mate y secuestre. Así de simple, pero igual así de profundo. No olvidemos que España y Colombia son los últimos países de Occidente donde grupos terroristas siguen asesinando en nombre de ideas políticas. 

El ejemplo español lo puede retomar la sociedad colombiana, algunos de cuyos sectores son proclives a los cantos de sirena. Colombia debe insistir con firmeza en que no puede haber diálogo mientras haya servidores públicos y ciudadanos encerrados en los campos de concentración de la guerrilla. No se puede hacer política a partir de los posibles beneficios electorales de la violencia ni puede legitimarse a quienes promueven y practican la violencia como instrumento de acción política o de coacción electoral. 

Hay que tener presente que la guerrilla ha desaprovechado todos los espacios de negociación abiertos por los diferentes gobiernos colombianos, desde Belisario Betancur hasta Andrés Pastrana. Así lo demuestra la historia de los procesos de paz desde Tlaxcala hasta el Caguán, todos los cuales han terminado con un portazo en las narices de la esperanzada sociedad colombiana. Pastrana, por afanes electorales, escogió la vía del diálogo y se equivocó. En el Caguán la guerrilla demostró que tiene el diálogo y la negociación no como camino hacia la paz sino como estrategia inmediatista para ganar tiempo y oxigenar su proyecto de toma armada del poder. Esos antecedentes no dan confianza para embarcarse en una nueva aventura negociadora. 

Los tiempos no cambian en vano. Las sociedades evolucionan hasta el punto de comprender que la lucha armada perdió su espacio político y que la violencia no resuelve ni uno solo de los problemas. El punto de partida de una negociación con la guerrilla, hoy, debe ser la renuncia a la violencia como opción política. 

Ningún grupo puede basar su plataforma política en la muerte de sus opositores, sean militares o civiles, así como de ancianos, mujeres y niños. 

El delito no puede ser una bandera electoral. La democracia colombiana tiene que sacudirse de la amenaza de las armas cada que se avecina un período electoral. Cada concesión es un retroceso.