Por: Alfonso Monsalve Solórzano
alminsol@hotmail.com
La Fiscalía General de la Nación ordenó archivar la investigación abierta contra el gobernador Luís Alfredo Ramos, por posible apoyo de grupos paramilitares en su elección como primer mandatario de los antioqueños. La investigación, recuérdese, comenzó a raíz de las afirmaciones hechas por Claudia López en su ensayo “La Ruta de la expansión Paramilitar y la Transformación política de e Antioquia” y la aparición de un supuesto testigo que corroboraría tal vínculo.
Un año duró el proceso en el que una persona respetable fue sometida al escarnio público, y su vida y honra cuestionadas. La conclusión, afortunadamente para Antioquia y el país, es que el gobernador Ramos no tuvo ningún apoyo criminal de paramilitares en su elección, pues no realizó ni pactos ni componendas con ellos. Digo que es una conclusión afortunada porque cualquiera que sea la orientación de las fuerzas políticas antioqueñas, el acto inhibitorio de la Fiscalía termina con el manto de duda que sobre la legitimidad de la elección del gobernador Ramos se tendió. Aclarado este asunto, el gobierno y la oposición deberán concentrase sobre las acciones de su ejercicio. Es la normalización de la política, donde no todos tienen que estar de acuerdo con el gobernante, pero donde todos admiten la legitimidad de su mandato.
Pero hay que sacar lecciones de lo ocurrido. La más importante es que la investigación judicial puso en evidencia lo que algunos nos hemos atrevido a decir: que eran infundadas las acusaciones hechas por la señora Claudia López, quien estaba haciendo política con la disculpa de una investigación académica. La respetabilidad que da a un argumento el hecho de que se presente como si fuese el resultado de una juiciosa indagación académica, sirvió de arma política para desacreditar a personas y a sus políticas.
Que alguien no comparta los lineamientos de la política del presidente Uribe o de sus aliados, es absolutamente respetable en una sociedad pluralista. Que opine y sea responsable de su opinión. Pero lo que no es correcto ni admisible, porque viola los más elementales códigos de la ética pública -que obligan a los que quieren influir, desde cualquier posición, en el curso de los acontecimientos- es presentar su particular punto de vista, sus sospechas y su deseo (pensar con el deseo, se llama) con el manto de investigaciones académicas, porque está vendiendo como buena una mercancía averiada (como dice el adagio chino), para obtener ganancia políticas indebidas. Calumniad, calumniad que de la calumnia algo queda.
Y lo digo conciente de lo que afirmo. Sé perfectamente que en ciencias sociales y políticas hay desacuerdos y márgenes de interpretación. Sé que la escritura académica en temas de política no está exenta de sesgos ideológicos, y que los hechos están sujetos a interpretaciones Es más, entiendo perfectamente la tesis de algunos teóricos, según la cual, en estos campos no hay hechos sino interpretaciones. El punto es que ninguna interpretación puede pasar por alto criterios elementales como los de no confundir una hipótesis con una insinuación perversa basada en una ‘intuición’ que carece de sustento empírico, pero que señala y hace sospechosa a una persona o una acción; o de unas categorías de análisis que no resisten la menor confrontación como la de ‘atipicidad’
La señora Claudia López ha escrito repetidamente en defensa del sistema judicial y de la Fiscalía. Espero que hoy acepte con humildad esta actuación del ente acusador, ahora que éste concluye la sinrazón de sus aseveraciones. Le queda debiendo al país una explicación y una disculpa, más allá de las consecuencias legales que sus afirmaciones, ahora refutadas por la Fiscalía, le acarreen por los perjuicios que le causaron al gobernador Luís Alfredo Ramos. Así es como actúan los verdaderos académicos, quienes se inclinan ante la verdad. Éstos actúan según la máxima de un lógico contemporáneo, que detestaba la silogística: “soy enemigo de Aristóteles, pero más enemigo de la falsedad.
alminsol@hotmail.com
La Fiscalía General de la Nación ordenó archivar la investigación abierta contra el gobernador Luís Alfredo Ramos, por posible apoyo de grupos paramilitares en su elección como primer mandatario de los antioqueños. La investigación, recuérdese, comenzó a raíz de las afirmaciones hechas por Claudia López en su ensayo “La Ruta de la expansión Paramilitar y la Transformación política de e Antioquia” y la aparición de un supuesto testigo que corroboraría tal vínculo.
Un año duró el proceso en el que una persona respetable fue sometida al escarnio público, y su vida y honra cuestionadas. La conclusión, afortunadamente para Antioquia y el país, es que el gobernador Ramos no tuvo ningún apoyo criminal de paramilitares en su elección, pues no realizó ni pactos ni componendas con ellos. Digo que es una conclusión afortunada porque cualquiera que sea la orientación de las fuerzas políticas antioqueñas, el acto inhibitorio de la Fiscalía termina con el manto de duda que sobre la legitimidad de la elección del gobernador Ramos se tendió. Aclarado este asunto, el gobierno y la oposición deberán concentrase sobre las acciones de su ejercicio. Es la normalización de la política, donde no todos tienen que estar de acuerdo con el gobernante, pero donde todos admiten la legitimidad de su mandato.
Pero hay que sacar lecciones de lo ocurrido. La más importante es que la investigación judicial puso en evidencia lo que algunos nos hemos atrevido a decir: que eran infundadas las acusaciones hechas por la señora Claudia López, quien estaba haciendo política con la disculpa de una investigación académica. La respetabilidad que da a un argumento el hecho de que se presente como si fuese el resultado de una juiciosa indagación académica, sirvió de arma política para desacreditar a personas y a sus políticas.
Que alguien no comparta los lineamientos de la política del presidente Uribe o de sus aliados, es absolutamente respetable en una sociedad pluralista. Que opine y sea responsable de su opinión. Pero lo que no es correcto ni admisible, porque viola los más elementales códigos de la ética pública -que obligan a los que quieren influir, desde cualquier posición, en el curso de los acontecimientos- es presentar su particular punto de vista, sus sospechas y su deseo (pensar con el deseo, se llama) con el manto de investigaciones académicas, porque está vendiendo como buena una mercancía averiada (como dice el adagio chino), para obtener ganancia políticas indebidas. Calumniad, calumniad que de la calumnia algo queda.
Y lo digo conciente de lo que afirmo. Sé perfectamente que en ciencias sociales y políticas hay desacuerdos y márgenes de interpretación. Sé que la escritura académica en temas de política no está exenta de sesgos ideológicos, y que los hechos están sujetos a interpretaciones Es más, entiendo perfectamente la tesis de algunos teóricos, según la cual, en estos campos no hay hechos sino interpretaciones. El punto es que ninguna interpretación puede pasar por alto criterios elementales como los de no confundir una hipótesis con una insinuación perversa basada en una ‘intuición’ que carece de sustento empírico, pero que señala y hace sospechosa a una persona o una acción; o de unas categorías de análisis que no resisten la menor confrontación como la de ‘atipicidad’
La señora Claudia López ha escrito repetidamente en defensa del sistema judicial y de la Fiscalía. Espero que hoy acepte con humildad esta actuación del ente acusador, ahora que éste concluye la sinrazón de sus aseveraciones. Le queda debiendo al país una explicación y una disculpa, más allá de las consecuencias legales que sus afirmaciones, ahora refutadas por la Fiscalía, le acarreen por los perjuicios que le causaron al gobernador Luís Alfredo Ramos. Así es como actúan los verdaderos académicos, quienes se inclinan ante la verdad. Éstos actúan según la máxima de un lógico contemporáneo, que detestaba la silogística: “soy enemigo de Aristóteles, pero más enemigo de la falsedad.
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