Por Miguel Benito
El Tiempo, Bogotá
Agosto 19 de 2009
El revuelo que está levantando el proyecto de convenio para el acceso de militares estadounidenses a algunas instalaciones de las Fuerzas Armadas colombianas es un festín para los críticos del presidente Uribe.
Por un lado están los que han abrazado la tesis de Chávez y Correa, que ven en la presencia gringa una agresión directa contra "las revoluciones que se adelantan en América". Por supuesto, aún se espera el día en que estos adalides de la teoría de la conspiración muestren alguna prueba de esos enrevesados planes perversos que se pergeñan contra ellos. En todo caso, aquellos que han montado este caballo han repetido esos mantras, tan actuales en los países bolivarianos, que señalan al gobierno de Uribe como un mero títere del "Imperio".
Otros, más comedidos, se han alineado con los gobiernos brasileño y chileno, incluso España, que manifestaron inesperada -y muy impropiamente- preocupaciones con respecto al acuerdo. Fue tal el revuelo nacional y continental, que el presidente Uribe se vio obligado a organizar una gira por siete países latinoamericanos para explicar el contenido del acuerdo y dar garantías de que no se trata de ningún elaborado plan de ataque contra otros gobiernos de la región.
Aquellos que están más interesados en la dimensión interna del asunto han puesto de manifiesto la -mala- política de comunicación del gobierno colombiano. El esperpento vivido con el número de bases incluidas en el convenio -que si eran tres, luego cinco, un día después siete- da fe de lo ineficiente de esa comunicación. Además, con el efecto de que semejantes vaguedades e imprecisiones alimentan la idea de que hay gato encerrado y de que algo se oculta a la opinión pública colombiana.
Pero pocos han sido los comentarios que han atendido a la cuestión del acuerdo en sí, qué supone el convenio para los intereses de seguridad y defensa de Colombia y qué alternativas había para el gobierno colombiano. Adelanto que por lo que se conoce del acuerdo, aún en trámites de negociación y aprobación, este me parece un acierto y ofrece, por lo menos, tres efectos beneficiosos:
1º. Mantiene los altos niveles de acceso a la tecnología militar más avanzada del momento. Especialmente en las telecomunicaciones y en el entrenamiento. Para seguir presionando a las Farc y el Eln, es de vital importancia mantener la superioridad del equipamiento, que no hace tanto no se tenía. Punto especialmente urgente, cuando se conocen los intentos de los grupos narcoterroristas para adquirir misiles y otro armamento sofisticado en los mercados ilegales internacionales. Aquellos que minusvaloran las consecuencias que en el campo de batalla podrían tener nuevas armas en manos de los grupos irregulares deberían recordar cómo cambiaron el rumbo de la lucha entre afganos y soviéticos los misiles Stinger.
2º. La presencia de tropas estadounidenses en suelo colombiano, compartiendo instalaciones militares con tropa colombiana, ofrece un marco óptimo para la modernización, no sólo operativa, sino conceptual -tarea en la que ya se ha avanzado mucho en el marco del Plan Colombia-. Por otra parte, permite abrir mecanismos de diálogo para compartir experiencias de combate. Y sobre guerra irregular, los colombianos tienen mucho que enseñar a los estadounidenses.
3º. La presencia del contingente estadounidense en las bases colombianas es un poderoso factor disuasorio ante cualquier tentación agresiva de terceros países. Porque el escenario bélico en la región, que hace unos años estaba descartado, se ha convertido en una posibilidad no desdeñable, aunque improbable, en la presente dinámica de tensiones con los vecinos bolivarianos y constantes amenazas bélicas de Chávez y Correa. La carrera armamentística que adelantan varios países, muy especialmente Venezuela, con convenios de asistencia militar con varias potencias extrarregionales, no pasa desapercibida a los estrategas colombianos, que reequilibran la balanza mediante la cooperación con el Pentágono.
En definitiva, mediante el acuerdo con Estados Unidos, Colombia reduce algunas de sus vulnerabilidades, refuerza sus condiciones de seguridad y tiene manos libres para continuar su lucha contra los grupos armados irregulares que operan en su territorio.