A punto el TLC con Europa

Editorial

La Patria, Manizales

Marzo 8 de 2010

Es tan importante el TLC con Estados Unidos como con la comunidad europea, pues aunque sean públicos muy diferentes son países con un alto nivel de desarrollo y donde su gente goza de una importante condición económica para satisfacer necesidades y gustos. Mientras la suerte del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos (EE.UU.) parece cada vez más esquiva debido a las exigencias y consideraciones que en materia de derechos humanos y de protección de sindicalistas hace una buena parte de congresistas demócratas, el Gobierno Nacional está a las puertas de firmar otro muy importante tratado, pero con la Unión Europea (UE).

La semana que acaba de pasar fue clave en el avance de esa intención, pero un solo detalle relacionado con el sector agropecuario, más exactamente con la leche, paró en seco el cierre de la negociación pues tal y como lo exigen los negociadores europeos nuestro país les debe dar las mismas prerrogativas que a los gringos cuando acordaron hace tres años el TLC, el mismo que no ha querido refrendar el legislativo a pesar de las voces del Presidente Barack Obama que insiste en él, aunque sin mucha fuerza.
Tiene razón Colombia al rechazar la pretensión de los europeos en un tema como el de la leche sabiendo que ese continente es una potencia en lácteos y sus derivados. Además plantear que sea desmontado el arancel en un plazo de 15 años y que dispongan de cupos para entrar leche en polvo (5.500 toneladas), quesos (2.310 toneladas) y lácteos procesados (1.100 toneladas), que van creciendo anualmente, es sentenciar a muerte a las industrias nacionales de este tipo.

Tampoco se puede olvidar otro lío serio que se tuvo con la UE y que hace muy poco se pudo superar el cual tiene que ver con la forma arbitraria como la dirigencia de esa comunidad decidió subirle el arancel al banano exportado de nuestro país, en unas condiciones lesivas, lo que golpeó las finanzas de este sector que alcanzó a registrar una caída considerable en los ingresos por la actividad productora.

Es tan importante el TLC con Estados Unidos como con la comunidad europea, pues aunque sean públicos con costumbres muy diferentes, son países con un alto nivel de desarrollo y donde su gente goza de una importante condición económica para satisfacer necesidades y gustos. Por ello conscientes de lo que hay y de lo que se puede alcanzar, así como de las amenazas si no se negocia en bloque, fue que el presidente Uribe se puso al frente de la discusión para trabajar de la mano con el sector privado cualquier decisión pues se pone en juego la estabilidad y el trabajo de unas 450 mil familias que en el país dependen de los lácteos.

Otro de los temas de cuidado frente a las pretensiones de la UE era su rechazo a los bienes producidos en zonas francas, mientras de allá pretenden ingresar whisky y vodka sin ninguna restricción, y eso sin contar además la incomodidad que les causa la llamada contribución cafetera.

Como se ve hay unos fuertes intereses de los europeos de imponer lo suyo siempre tomando ventaja frente a lo nacional, por lo que la negociación debe implicar tener unos muy buenos negociadores que sepan hasta dónde se puede ceder en función de obtener beneficios y cómo hacen el contrapeso cuando se trata de vender lo nacional.

Un asunto que de algo sirvió para bajar la tensión de las discusiones fue la declaratoria de inexequibilidad del referendo reeleccionista, pues muchos de los eurodiputados y sus países no veían con buenos ojos la posibilidad de que un presidente defensor de la democracia se fuera a querer perpetuar en el cargo.

Bienvenido pues un TLC con la comunidad europea que esperamos pueda concretarse cuanto antes para que se abran las puertas a las posibilidades de más negocios. Importante además haber tenido a Perú en el grupo de negociación frente a un pulpo que pretendía sacar provecho sin ceder demasiado. Esperamos que esto sirva de mensaje para que el Congreso de EE.UU. se ocupe cuanto antes de definir la suerte del TLC.

La lección de Bogotá

Editorial

La Patria, Manizales

Marzo 6 de 2010

Con lo sucedido en Bogotá y Manizales queda demostrado sí que estos nuevos sistemas integrados son la mejor alternativa para ponerle orden al caótico transporte público colectivo en las ciudades. Difíciles momentos vivió Bogotá esta semana, durante cuatro días -de lunes a jueves-, por cuenta de un paro de transportadores públicos que inmovilizaron 16 mil 500 automotores, entre buses, busetas y colectivos.

Se trató de una presión contra la Alcaldía Distrital que mediante la puesta en marcha del Sistema Integrado de Transporte contempla cambios sustanciales en la forma como opera ese sector y dispone de medidas efectivas para sacar de circulación vehículos de un gremio que por su condición dominante presiona por las vías de hecho cuando la autoridad lo confronta para que cumpla.

Ha sido este el más largo y lesivo paro del transporte en la historia reciente de la capital del país, lo que la convirtió en un caos absoluto pues la salida presionada de servicio de ese parque automotor volcó a casi toda la población hacia TransMilenio que aunque ha tenido una notoria expansión sólo alcanza a movilizar a marchas forzadas un millón 500 pasajeros al día con vehículos adicionales.

Lo de Bogotá fue grave, además, porque los mismos transportadores propiciaron actos vandálicos y desórdenes públicos para impedir que particulares y vehículos de servicios especiales cumplieran rutas en distintos puntos de la ciudad atendiendo a desesperados ciudadanos que de una u otra forma tenían que llegar a sus sitios de trabajo.

Fue así como se organizaron en puntos estratégicos para atacar a los vehículos que de manera improvisada transportaban pasajeros y fueron ellos también, según las autoridades, los que provocaron y motivaron pedreas y desórdenes nocturnos en localidades populares, actos en los que se hicieron millonarios daños en locales comerciales y en mobiliario urbano de la ciudad.

Triste situación de desesperanza e impotencia vivió la gran metrópoli colombiana presionada por quienes a pesar de tener una serie de beneficios dentro del sistema de transporte urbano son renuentes al cambio y para hacer exigencias amenazan con paralizar la ciudad.

Lamentable que el alcalde Samuel Moreno haya cedido a las presiones de esos transportadores que finalmente se salieron con la suya pues a pesar del daño que provocaron y los miles de millones de pesos en pérdidas económicas que tuvo la capital por su culpa, salieron premiados porque ya no tendrán una ganancia del 10% anual sino del 18% dentro del sistema, mientras sus vehículos a la hora de la chatarrización tendrán un precio 5% más alto al estimado para los modelos de 2001 a 2010.

La discusión ahora en Bogotá es quién asumirá esa alza o si esta se le trasladará al usuario en la tarifa que pagará por usar, con un solo tiquete, la red de buses y TransMilenio. Son unos 125 mil millones de pesos anuales más que necesitará el sistema para poder cumplir lo pactado. Por eso muchos dicen ahora que el Alcalde cedió para no generarle más días de problema a la ciudad, pero que el costo por ello será muy alto en el futuro.

Muy similar lo acontecido en la capital del país con lo que pasó en Manizales, sobre todo porque se trata de la aplicación de un nuevo sistema de transporte público, porque hay empresarios que se oponen a él y porque hubo desórdenes y enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública, aunque aquí el servicio urbano si bien se pudo haber mermado, nunca dejó de operar.

Queda demostrado sí que estos nuevos sistemas integrados son la mejor alternativa para ponerle orden al caótico transporte público colectivo en las ciudades, que hay que tener mucho cuidado con el costo de los pasajes pues la idea es que la prestación del servicio sea más eficiente y organizado a precios iguales a los que hay, o más baratos incluso, y que hay que ir aplicándolos paulatinamente para no generar choques ni rechazos abruptos o violentos.

Chávez, a explicar relaciones

Editorial

La Patria, Manizales

Marzo 5 de 2010

Todos los días, a los dos principales dolores de cabeza que en materia de seguridad y de amenaza tiene Colombia, que son las Farc y Venezuela, se les suma un nuevo ingrediente explosivo. Esta vez el peligro se llama Eta, el grupo terrorista vasco, el cual según acusaciones de un juez español no sólo tiene relaciones de amistad con las Farc, sino que goza de aceptación dentro del gobierno del controvertido presidente Hugo Chávez.

Aunque no es la primera vez que se habla de la posible relación que sostienen los dos grupos calificados por la comunidad internacional como terroristas merced a las acciones a las que apelan contra la institucionalidad de sus países, sí es preocupante que el gobierno de la hermana nación que se ha declarado amigo de las Farc tenga supuestas cercanías con el temido movimiento español.

Y no es de dudarlo, pues Chávez, con la firme intención de consolidar un arcaico modelo de desarrollo, no ha escatimado esfuerzos para sellar alianzas non sanctas con gobiernos, líderes y grupos que van en contravía del mundo occidental, que es de tipo aperturista, respetuoso de las libertades y promotor de la democracia.

A lo denunciado por el juez, se han sumado las exigencias del partido de derecha PP, hoy en la oposición en España, para que el gobierno de Venezuela dé explicaciones sobre la supuesta connivencia con la Eta, pues suficiente han sufrido sus conciudadanos de las inclemencias del terror con las acciones de este grupo ilegal.

Entendiendo lo grave de la advertencia, el Ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, sostu vo que Chávez le dijo en una conversación telefónica que está dispuesto a cooperar para aclarar la acusación de la Audiencia Nacional y su compromiso de despejar "plenamente" la dudas sobre su supuesta cooperación con Eta, declaración que luego fue desmentida por el propio Chávez quien advirtió que no tiene nada que aclarar.

Este hecho sienta un precedente importante para Colombia en lo que tiene que ver su lucha contra las Farc, pues a su permanente actitud de dejar en evidencia los oscuros intereses de un grupo terrorista que utiliza una diplomacia paralela internacional para justificar sus hechos, le aparecen indicios de querer hacerse fuerte con otros movimientos igual o peor de violentos.

Semejante noticia se conoce en momentos en que las maltrechas relaciones binacionales comienzan a andar caminos menos tortuosos gracias a un sorprendente Chávez conciliador y dispuesto al diálogo, cuando hace menos de tres meses expelía los peores epítetos contra su homólogo Álvaro Uribe, sin importar su condición de primera autoridad legítimamente elegida por el pueblo.

Se entiende el cambio de actitud del ex coronel golpista hacia Colombia en momentos en que su país atraviesa por la peor crisis energética, social y económica, con problemas de desabastecimiento y de inseguridad interna que el pueblo ya comienza a rechazar a través de marchas y manifestaciones.

A Colombia sólo le queda guardar mesura y manejar por canales diplomáticos todo lo concerniente a las supuestas relaciones del gobierno Chávez con los grupos terroristas, ello para no ir a despertar nuevos enfrentamientos que den al traste con las posibles mejorías que se han dado. No sobra recordarles a los ministros que acaten las exigencias de Uribe de abstenerse opinar del gobierno vecino, así haya motivos para hacerlo.

Se despacha la guerrilla

Editorial

La Patria, Manizales

Febrero 26 de 2010

Hay que tener pues extremo cuidado en todo el país por estos días pues la estrategia de las Farc es dar golpes sorpresa y contundentes, lo que quiere decir que no importan las consecuencias de los mismos. Patadas de ahogado?, ¿hechos aislados?, ¿estrategia política?, ¿mala atmósfera a la seguridad democrática? No importa cómo le llamen, lo cierto es que la estrategia de las Farc de los últimos días de adelantar una escalada terrorista en el país, la cual se ha concentrado especialmente en el departamento de Cauca, es un hecho preocupante que debe despertar todas las alarmas en el país.

Y lo es aún más cuando de por medio está la campaña electoral que en escasos 16 días ha de definir el nuevo Congreso de la República y frente a la cual hay distintos grupos partidistas que buscan con sus listas tener la mayor representación en el legislativo, sin descontar que también de manera paralela se adelantan actividades proselitistas de cara a las consultas internas para definir dos candidatos presidenciales, el del Partido Conservador y el del Partido Verde.

No es nuevo que el grupo guerrillero apele a actos de terror en temporada de actividad política. Esa ha sido su constante pues es la única forma de pretender mostrarse poderoso, de intimidar y de tratar de desprestigiar la institucionalidad que, no obstante ser imperfecta, se ha convertido en garantía para la libertad, para la normal circulación por el país y para el desarrollo general de una economía que estuvo estancada por cuenta de la masiva presencia de armados ilegales.

Preocupa sí que dichas actividades ilegales y de sangre se concentren en departamentos que más han vivido el rigor del conflicto armado y donde su población es muy vulnerable. En ese sentido Cauca, por su agreste topografía, por lindar con complejas zonas selváticas del suroriente del país y por tener una numerosa población indígena, se ha convertido en blanco de actos terroristas.

Justo esta última característica la han sabido aprovechar las Farc para generar caos y confusión pues al no respetar la voluntad ni la autonomía de esos pueblos, agreden a su gente, la convierten en carne de cañón y reclutan a sus niños y adolescentes, motivando la intervención de las autoridades que al pretender imponer el orden, una veces con excesos por la característica de las zonas, chocan con quienes gozan de una autonomía y fuero especial.

Se convierte ese en punto de ardua disputa pues mientras la guerrilla llega a poblaciones indígenas y se lleva a jóvenes contra su voluntad, matando incluso a quienes se opongan a sus pretensiones, las autoridades se enfrentan primero a los privilegios de que gozan los pueblos indígenas cuando se trata de detener, investigar y condenar, si hay méritos, a quienes han delinquido en la subversión.

Pero lo más triste de todo esto, además de irrespetar la soberanía indígena, es que la guerrilla sale a las carreteras a atacar indefensos camioneros y a atacar el transporte intermunicipal, sin importarle que en los vehículos viajen civiles que son al final de cuentas los que casi siempre salen perjudicados. O si no basta mirar lo que le sucedió al industrial manizaleño Pablo Robledo quien al viajar de Popayán a Cali a la medianoche del pasado martes resultó herido de gravedad con otras tres personas más, en un ataque de guerrilleros de las Farc contra vehículos particulares, hecho en el que perdieron la vida dos ciudadanos.

Hay que tener pues extremo cuidado en todo el país por estos días pues la estrategia de las Farc es dar golpes sorpresa y contundentes, lo que quiere decir que no importan las consecuencias de los mismos. Y todo esto pasa en momentos en que exigen condiciones para dejar en libertad a los secuestrados que tienen en su poder desde hace 12 años, en una especie de show con el que pretenden mostrarse respetuosas de los derechos humanos y reprochan del gobierno la falta de voluntad para concretar “hechos humanitarios”.

Con semejante panorama se desvirtúan las tesis de aquellos que insisten en establecer diálogos de paz con un grupo que lo único que hace es ir en contravía de lo que reclama el pueblo. De ahí la importancia de mantener la ofensiva, no sólo armada sino diplomática, para impedir que pretendan mostrarse al mundo como el ejército del pueblo, sofisma en el que nadie cree.

¿Una luz con Venezuela?

Editorial

La Patria, Manizales

Febrero 23 de 2010

Para el presidente Álvaro Uribe tenderle la mano a la hermana nación no deja de ser un gesto de solidaridad con su pueblo, sin importarle el carácter beligerante de su homólogo que lo ha acusado de todo y en los peores términos. En lo que parece ser un juego estratégico del cual no se sabe qué resultados se puedan obtener, Colombia está a punto de llegar a un acuerdo con Venezuela para venderle energía eléctrica que el vecino país demanda con extrema urgencia.

¿Error o acierto?, vaya uno a saber, pues depende del contexto desde donde se mire, pero la verdad es que nuestro país tiene parte de lo que la hermana nación reclama con urgencia, pues por la sequía se han disminuido los caudales de ríos y embalses y el gobierno de Chávez, a pesar de vivir, literalmente, sobre una de las mayores reservas de petróleo del mundo, nada ha hecho en 11 años de gobierno por ampliar su oferta de energía eléctrica con base en ese combustible.

Esta circunstancia ha generado un enorme malestar entre los venezolanos que están ahora sometidos a intensos racionamientos, sobre todo en las ciudades diferentes a Caracas, y a la amenaza de que si de acá a mayo no mejora el clima y llueve, no sólo será un problema de energía sino de agua potable para su población.

La oferta colombiana, en principio descartada por un afanoso viceministro venezolano, es considerada ahora con interés por el propio Chávez quien sin ningún rubor dice que esto es un tema comercial que no debe ser interferido por asuntos políticos. Como si el resto de exportaciones de acá para allá no estuvieran sufriendo los rigores de su obstinación y bloqueo por temas puramente ideológicos.

Ahora, para el presidente Álvaro Uribe tenderle la mano a la hermana nación no deja de ser un gesto de solidaridad con su pueblo, sin importarle el carácter beligerante de su homólogo que lo ha acusado de todo y en los peores términos. Eso dentro del ciudadano venezolano no debe ser más que el carácter sensato de un gobernante que está lejos de un socialismo opresor y dictatorial.

El ejemplo de Ecuador, país al que a pesar de las diferencias por el conocido caso de Raúl Reyes se le siguió despachando energía en momentos en que en ese país la angustia por falta de la misma estaba amenazando incluso la popularidad de su presidente, y que al final por la vía diplomática se están superando los problemas, es el referente que sirve para juzgar la actitud actual del gobierno colombiano.

Para nosotros lo importante de todo esto es que se puedan abrir espacios de diálogo y se baje la tensión entre ambas naciones, eso de cara a superar los problemas comerciales que han causado efectos negativos en la economía. Claro, una contraprestación mínima para empezar a venderles energía es que se pongan al día con el resto de exportadores colombianos que por cuenta del famoso Cadivi llevan meses, años algunos, esperando que buenamente les paguen. Aunque con Chávez cualquier cosa puede suceder, el mensaje del gobierno colombiano deja en claro cuál es el espíritu que debe reinar en las relaciones entre dos naciones con tanto en común.

Esas son las Farc

Editorial

La Patria, Manizales

Martes, 16 Febrero 2010

Lo único que ha hecho ese grupo insurgente, catalogado como terrorista por la mayor parte de la comunidad internacional, es traer dolor, muerte y destrucción en Colombia. Mucho se ha insistido en la necesidad de que el Gobierno Nacional busque espacios de acercamiento que permitan abrir la posibilidad de un diálogo de paz firme con las Farc. Las peticiones son permanentes, sobre todo en los dos últimos años cuando han estado de por medio los procesos de liberación y rescate de secuestrados. Frente a ello la exigencia gubernamental es que cesen los ataques terroristas y se muestren gestos de negociación.

Sin embargo lo que siempre se encuentra es una respuesta violenta que no mide alcances ni consecuencias y que deja ver un grupo armado ilegal sin intereses de llegar a acuerdos de manera civilizada. Y una de esas manifestaciones fue la que se registró el pasado domingo cuando guerrilleros de las Farc emboscaron una delegación en la que viajaba el candidato a la Gobernación de Guaviare por el Partido Conservador José Alberto Pérez, quien aspira por segunda vez en unas elecciones atípicas, tras la renuncia de Óscar López.

Lamentable desde todo punto de vista que ante los pedidos de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional para que se analicen posibilidades de superar la espiral de violencia que tanto daño le hace al país, la reacción de los armados ilegales sea siempre la misma: emboscadas, bombas, masacres y secuestros, cuando no es que realizan extorsiones, roban ganado y trafican con drogas ilegales.

Este ataque en el que resultó herido el candidato a la Gobernación de Guaviare cobró además la vida de seis personas, cuatro policías y dos civiles, que hacían parte de la comitiva que lo acompañaba y del grupo de escoltas del aspirante, y se suma a la estrategia de terror que pretenden imponer las Farc, las mismas que hace menos de dos meses, el 22 de diciembre, protagonizaron el secuestro y posterior fusilamiento del Gobernador de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar Carvajal, a quien se llevaron luego de entrar de manera violenta a su residencia en Florencia, la capital departamental.

Esas son las Farc, un grupo promotor de la violencia y el terrorismo dedicado al lucrativo negocio de vender drogas y a traficar con armas bajo el sofisma de luchar contra la ocupación extranjera y el dominio imperialista, pero sin aportar el más mínimo acto en favor del entendimiento.

Justamente el pasado fin de semana se conoció la respuesta que uno de los más temibles jefes de ese grupo armado ilegal alias 'Mono Jojoy' le envió al comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, en la que rechaza la invitación que el alto mando castrense le hizo para que se desmovilice, al conceptuar que se trata de una "falsa paz".

Pero esa no es la única respuesta negativa que ante el pedido de buscar la paz hacen las Farc. Ya lo habían hecho en 1998 después de que el entonces presidente Andrés Pastrana les otorgara la zona de distensión, en el Caguán, mientras se analizaban las posibilidades de una salida negociada al conflicto. Ese espacio lo aprovecharon las Farc para seguir secuestrando, extorsionando y matando colombianos.

Desde entonces, en ese mismo gobierno, y en los casi ocho años del actual, lo único que ha hecho el grupo insurgente, hoy catalogado como organización terrorista por la comunidad internacional, menos por Venezuela y otros gobiernos que simpatizan con su causa, es traer dolor, muerte y destrucción en Colombia, por más ofrecimientos que se le hagan de que retorne a la vida civil a partir de un proceso de paz serio.

Y los hechos son contundentes, o si no basta mirar la dilación que le dan a los procesos de liberación de secuestrados, como el del cabo Moncayo, en el que vienen insistiendo desde hace dos años y nada que se concreta. ¿Se le podrá entonces creer a las Farc?

La actitud de Estados Unidos

Editorial

La Patria, Manizales

Febrero 4 de 2010

Lo que se le exige a los norteamericanos es que asuman la parte de responsabilidad que les corresponde y continúen apoyando sin menoscabo la lucha que acá se está librando. De amarguras y felicidades, sin que se haya perdido alguna vez el entendimiento, han sido las relaciones entre Colombia y Estados Unidos durante el año de mandato que cumplió recientemente el presidente de la potencia americana, Barack Obama.

Después de la época aciaga de Samper, en la que Colombia estuvo prácticamente aislada del mundo y el propio presidente no tenía visa para ingresar a los Estados Unidos por cuenta del financiamiento de su campaña electoral por los carteles de la droga, las relaciones de colaboración de EE.UU. con nosotros a través del Plan Colombia y la ayuda en lucha contra el terrorismo habían venido mejorando año tras año, aún con el cambio de presidentes en ambos países.

Independiente de que fueran los demócratas con Bill Clinton o los republicanos con George W. Bush, entre Colombia y EE.UU. han primado razones de Estado frente a eventuales intereses de partido, y por eso nuestro país se ha convertido en el más fiel y confiable aliado de los norteamericanos en este hemisferio.

Con la llegada de Obama al poder, cuando su país afrontaba una de las crisis más severas de las últimas décadas, las prioridades de atención fueron otras, pues la recesión económica y la debacle financiera requirieron la total atención del recién elegido presidente, ignorando los asuntos bilaterales con Colombia. El TLC, firmado y esperando la aprobación del congreso de EE.UU. no aparecía en la agenda política ni comercial de ese país, a pesar de la importancia estratégica que representa.

Al gobierno de Obama parecen importarle poco las provocaciones de Chávez y sus pupilos en Nicaragua y Bolivia, además de su ahora explícita aspiración comunista, y con más desdén que entusiasmo mandó a su embajador en Colombia a firmar el acuerdo de cooperación para el uso de las bases militares, un elemento clave de disuasión contra las aspiraciones expansionistas del ex coronel golpista.
Y mientras todos estos antecedentes no dejaban mucho campo para el optimismo, Obama en su primer discurso de la Unión ante el congreso de su país, mencionó a Colombia como uno de sus principales aliados, abriendo nuevamente la esperanza de que por fin se ponga en la agenda política el tema del tratado comercial con nuestro país.

Pero el entusiasmo duró poco, pues esta semana cuando se presentó el presupuesto de gastos de los EE.UU. para que sea aprobado por el Congreso, la ayuda que se ha venido entregando para cooperación militar y Plan Colombia sufrió un recorte del 10%, en momentos en que los resultados en la lucha contra el terrorismo y las drogas muestran cifras más positivas.

Es cierto que el déficit fiscal de EE.UU. alcanza cifras astronómicas y que por ello no sólo la ayuda a Colombia va a disminuir, pero lo que no parecen entender los demócratas norteamericanos es que la colaboración con nuestro país tiene más de cooperación con la seguridad nacional de ambos países que con un simple tratado de comercio o unas ayudas de beneficencia.

Colombia se ha comprometido no sólo con la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, sino que lo ha hecho con el respeto por los derechos humanos y las libertades políticas, a pesar de algunas voces contrarias. Lo que se le exige a los norteamericanos es que asuman la parte de responsabilidad que les corresponde y continúen apoyando sin menoscabo la lucha que acá se está librando.

La dictadura de Chávez

Editorial

La Patria, Manizales

Enero 19 de 2010

Quienes han desestimado las reales posibilidades de que Hugo Chávez provoque un conflicto con Colombia, pueden ir cambiando de concepto pues nunca se había visto un presidente vecino más altanero, irrespetuoso y belicista.

El mundo, pero muy especialmente América, avanza sorprendido en medio de la cada vez más beligerante, reaccionaria, grosera e incomprensible actitud del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien de manera constante arremete verbal y administrativamente contra todo lo que es contrario o piensa distinto a él y a sus intereses de gobierno.

Se volvió reiterativo y cansón el polémico mandatario quien no contento con los alcances de su intervencionismo, disfrazado de ayuda, en países como Bolivia, Ecuador, Cuba, Nicaragua y otros más a los que trata de mantener a su favor a partir de costosas concesiones, sigue arremetiendo contra los que no han seguido su juego político.

En ese contexto Chávez, que con el paso de los años se ha atornillado en el poder a partir de polémicas decisiones y leyes que restringen las libertades democráticas y censuran los medios de comunicación, se fue con todo contra Colombia y su legítimo gobierno porque es aliado de los estadounidenses, a quienes él ve como enemigos, con quienes firmó un acuerdo militar que les permite a sus Fuerzas Armadas usar bases militares colombianas.

Pero su malestar lo ha llevado a los extremos y a ataques verbales, groseros por demás, contra su homólogo Álvaro Uribe, lo que demuestra una personalidad reaccionaria y de bandazos que ni siquiera reconoce sus equivocaciones.

Ahora en su frenesí por el control total del país, sin importarle respetar las decisiones soberanas del pueblo, el ex coronel golpista sigue nacionalizando empresas externas a su antojo bajo el delirante argumento de que abusan, especulan y se aprovechan del pueblo. Su último envión fue contra la cadena de almacenes Éxito, de la cual sus principales socios en la hermana nación son franceses, pues la parte que tienen allí colombianos es de apenas un 22%.

Con este hecho, populista como ningún otro, sumado a los demás que ha adoptado en su larga carrera en el poder, Chávez no alcanza a sacudirse de su pésima imagen de hoy, pues el país se desmorona entre graves problemas de duro impacto general como son la violencia, una incontenible y dura inflación del 28% en el 2009, un desabastecimiento de alimentos que nunca se había vivido allí y el creciente racionamiento de agua y de energía, con lo que se demuestra que no han habido políticas de desarrollo en estos sectores de servicios públicos en tantos años de gobierno suyo.

Así, quienes han desestimado las reales posibilidades de que el mandatario venezolano provoque un conflicto con Colombia pueden ir cambiando de concepto, pues nunca se había visto un presidente vecino más altanero, irrespetuoso y belicista, al punto de armar a su país como ninguno de la región, no obstante destinar el dinero que debe estar dirigido a superar la pobreza y a obras de infraestructura a una inexplicable carrera armamentista.

Después de ver todo lo que viene pasando y ha pasado con Chávez, que no se va a frenar de la noche a la mañana y que puede ser tan grave o más de lo que hoy se vive, caben las siguientes preguntas: ¿qué tanto de líder tiene el vecino mandatario, al que lo sigue un grupo importante de simpatizantes en su país? Y ¿es lo suyo el comportamiento de un tirano al que el mundo debe llevar con extremo cuidado? Para nosotros Chávez ejerce un liderazgo negativo y su tiranía es tan peligrosa como su obsesión por el apego al poder. Ojalá Venezuela reaccione contra él cuando no sea muy tarde.

Haití, reto para el mundo

Editorial

La Patria, Manizales

Enero 15 de 2010

Colombia podría poner a consideración de la ONU para que en Haití se aplique el ejemplo de reconstrucción de Armenia luego del terremoto de 1999 que semidestruyó la capital quindiana y que fue modelo de efectividad.

Impactantes y desgarradoras resultan las imágenes conocidas de la catástrofe que desde la tarde del pasado martes vive Haití por cuenta de un devastador terremoto que sacudió la empobrecida isla del Caribe y que de acuerdo con evaluaciones primarias de las autoridades destruyó casi la totalidad de su capital, Puerto Príncipe, además de daños cuantiosos en otras ciudades.

Pero si la devastación por el terremoto resulta dolorosa, lo son más las dramáticas escenas de personas sin vida y heridas cuyas cifras no oficiales parecen increíbles, pues se habla de cerca de 50 mil muertos y no menos de tres millones entre lesionados graves y leves. Esos números, de ser ciertos, reflejan la magnitud de lo acontecido pues casi la mitad de la población de Haití, que tiene unos nueve millones de habitantes, tuvo afectación con este hecho.

Sorprende la reacción del mundo frente a semejante tragedia pues casi todos los países del continente americano, además de las más importantes naciones desarrolladas y organizaciones no gubernamentales, han enviado u ofrecido expertos en rescate con equipo de última tecnología, mientras las donaciones de dinero, alimentos, agua y artículos de primera necesidad se cuentan por toneladas.

Lo que vive la isla caribeña, que no es el primer desastre que enfrenta pues en su historia reciente ha sido objeto de huracanes y tormentas tropicales de todos los niveles de gravedad los cuales han dejado miles de muertos y cuantiosos destrozos materiales, debe llevar a la comunidad internacional representada en la ONU a plantear un modelo de intervención y de reconstrucción que no sólo acabe con la pobreza extrema que vive la isla, sino que apunte a eliminar la corrupción que es tan lesiva como los efectos naturales que la han aquejado durante décadas.

En ese contexto Colombia podría poner a consideración el ejemplo de reconstrucción que se aplicó para Armenia luego del terremoto de 1999 que semidestruyó la capital quindiana y que se llamó Forec (Fondo de Reconstrucción de la zona cafetera). Fue gracias a este modelo, en el gobierno del presidente Andrés Pastrana, que se superó rápido y de manera ejemplar la emergencia.

Sin duda el plan de acción frente a esta tragedia tiene que apuntar primero a atender a los millones de heridos, a rescatar a quienes permanecen atrapados bajo los escombros, a ofrecerle alimento a toda la población, a controlar las epidemias, a sepultar los centenares de miles de cuerpos sin vida y a superar los brotes de delincuencia y de saqueadores que hacen de las suyas en medio del drama.
Ojalá los líderes del mundo sepan dirigir sus políticas en pro del pueblo haitiano que necesita orientaciones claras y efectivas en este momento de infortunio. Es la oportunidad para atender una tragedia de incalculables proporciones como gesto humanitario, más si se trata del más pobre de los países del continente donde los desastres, la corrupción y las guerras internas lo han llevado a la ruina social y económica.

De igual manera esta trágica realidad que vive un pueblo cercano debe llevarnos a todos a reflexionar sobre la posibilidad de que nos golpee una emergencia de similares características, más si se tiene en cuenta que habitamos en una zona de riesgo sísmico y que ya hemos enfrentado dolorosos episodios, aunque no de la magnitud de los que vive Haití. En ese sentido qué bueno plantear nuevamente simulacros y revisiones para saber la capacidad que se tiene de enfrentar una posible emergencia que no sabemos si puede ser tan grave o no como la que tiene de luto a los haitianos y al mundo.

Las ONG y el Plan Colombia

Editorial

La Patria, Manizales

Diciembre 15 de 2009

No queremos satanizar la labor de las ONG de derechos humanos, pero es evidente que buena parte de los beneficios que el país pudo recibir si ya se hubiera aprobado el TLC se perdieron por cuenta de este cabildeo.

Ojalá no necesitáramos de la ayuda extranjera para poder desarrollar cualquier inversión en Colombia y, sobre todo, si esta se dirige a confrontar a los grupos armados ilegales, pero la realidad de nuestra economía es dura y de ahí que siempre hayan sido bienvenidos los dineros que entran al país para esta causa que debe ser de Estado y que se traduce en los golpes a las estructuras guerrilleras y de grupos organizados de delincuentes, principales violadores de los Derechos Humanos en el país.

Por eso el cabildeo que hacen ciertas Organizaciones no gubernamentales (ONG) en los gobiernos amigos para que no se le den a Colombia tales ayudas es una afrenta contra el país. Obviamente que se han presentado situaciones muy complejas en las que algunos miembros de las Fuerzas Armadas han delinquido o se han hecho los de la vista gorda ante los grupos de autodefensas y por eso varios están en líos judiciales, pero eso no nos puede tapar los ojos para comprender que el país necesita derrotar estas organizaciones de una vez por todas.

Está a punto de que el Congreso de los Estados Unidos apruebe el paquete de "inversiones extranjeras" que son los recursos de cooperación para todo tipo de programas que se entregan a los países aliados del gigante norteamericano. Entre ese grupo se encuentra el Plan Colombia, ideado por el gobierno del presidente Andrés Pastrana y que desde entonces ha sido un importante apalancador de la guerra contra los grupos ilegales y para erradicar los cultivos ilícitos.

No obstante, año a año se han ido sumando restricciones a esta ayuda. Para el presupuesto que se ejecutó este año se advirtió que la asistencia social no podía usarse para el apoyo a cultivos o procesamiento de palma africana que amenace la biodiversidad. Una precaución en la que se ve claramente la mano de algunas ONG que con su visión amañada tienen mejor recibo en algunos congresistas americanos que nuestros representantes legítimos, a pesar de que el mayor detractor de los Estados Unidos, Hugo Chávez, sea una amenaza real para Colombia.

Para este año, como es casi obvio, se prohíbe expresamente otorgar alguna ayuda al DAS y, como quien pone la plata pone las condiciones, sólo se autoriza la fumigación en los parques naturales en donde haya sembrados de cultivos ilícitos si media aprobación del Departamento de Estado. Esto se suma ya a los tradicionales condicionamientos de exigencia de respeto a los derechos humanos, algo que es muy lógico, y a la protección de grupos de personas tradicionalmente amenazados en el país.

La ayuda que espera recibir Colombia asciende a 522 millones de dólares, 20 millones menos que los recibidos este año y trae como novedad la inclusión de ocho millones de dólares para atender a la población refugiada en países vecinos, con lo que el Gobierno de los Estados Unidos accede a una petición de Ecuador.

No queremos satanizar la labor de las ONG de derechos humanos, pero es evidente que buena parte de los beneficios que el país pudo recibir si ya se hubiera aprobado el TLC se perdieron por cuenta de este cabildeo, y se han restringido las posibilidades de combatir con suficiencia a los grupos ilegales. Claro que para truncar esta aspiración legítima de Colombia han encontrado eco en la miopía de algunos congresistas estadounidenses que se olvidaron de la inmensa cuota de sangre que ha puesto el país, como ningún otro en la historia desde que se inició la lucha contra las drogas. ¿Será que la muerte de esos héroes del país no tienen el mismo valor para esas ONG que miran para un solo lado?

¿El Minjusticia para qué?

Editorial

La Patria, Manizales

Diciembre 14 de 2009

Durante años el Ministerio de Justicia jugó un papel clave en el país en diferentes procesos de la vida nacional. Desde allí se inició la guerra contra el narcotráfico en un momento en el que Colombia parecía relajarse con la llegada de nuevos ricos que gracias al poder económico obtenido con esta actividad ilícita compraban no sólo todo tipo de excentricidades sino hasta curules en el Congreso. Para la muestra el asesinato del entonces titular de esa cartera, Rodrigo Lara Bonilla, y los posteriores atentados a algunos de quienes lo secundaron en ese importante cargo.

En aras de economizar el gasto público y hacer más eficiente el Estado, el gobierno Uribe decidió unir las carteras de Justicia y de Gobierno en el llamado Ministerio del Interior, el cual desde entonces se encarga por un lado del manejo político del Estado y por otro de los asuntos más apremiantes en torno al derecho. Este intento que se inició muy bien cuando el caldense Fernando Londoño Hoyos, con capacidad intelectual y conocimiento profundo de los intríngulis jurídicos, llevaba sobre sus hombros sin contratiempo esta doble responsabilidad.

En ese momento las relaciones entre las altas cortes y el Gobierno, aunque distantes, no habían llegado al grado de deterioro en el que hoy se encuentran. Al poder judicial lo atraviesan todos los problemas del país; a los tribunales llega todo el resultado de los males que nos aquejan: el terrorismo, la corrupción, la violencia en las ciudades, el narcotráfico y la parapolítica, por no mencionar sino unos cuantos.

Ha dicho el ministro Valencia Cossio que el Gobierno está dispuesto a considerar la restauración del Ministerio de Justicia dentro del paquete de proyecto de reforma a esta rama del poder público, lo cual es válido, pero se debe tener sumo cuidado de que no sea una retaliación frente al momento actual de tensión que vive el ejecutivo y el poder judicial por cuenta de las últimas desavenencias, algunas de ellas salidas de tono de ambas partes, y que han agrietado aún más estas relaciones como si hubiera enemigos a lado y lado y no simplemente poderes independientes que deben actuar de acuerdo con la Constitución y la ley.

No se trata de crear un Ministerio que demuestre que este es el siglo de los jueces como pretendió denominar a estos tiempos que corren el actual presidente de la Corte Suprema, Augusto Ibáñez. Somos unos convencidos de que el mejor juez es el que cumple con su trabajo de manera prudente, sin aspavientos y hablando a través de sus fallos basados en derecho y no con interpretaciones políticas que no corresponden al rigor jurídico. En un estado social de derecho debe imperar el reconocimiento a las reglas de juego, el respeto a la independencia del otro y la no usurpación de funciones; no buscar a cuál rama del poder le corresponde ser el protagonista de una etapa histórica.

El Ministerio se necesita para que sea el interlocutor del Gobierno frente a las altas cortes, para que les preste atención de primera mano a los problemas judiciales generados por cuenta de la congestión, por el atraso en tecnología, por el incumplimiento de los plazos fijados por los códigos a los jueces, para estar atento a que no se sucedan nuevos Foncolpuertos, para que se diseñen la política criminal del país, que sigue brillando por su ausencia, y coadyuve en estrategias idóneas de procesos de reinserción. Que vuelva el Ministerio para cumplir con estos objetivos, pero no para llenarse de burocracia y para ver cómo interviene en las decisiones jurídicas del poder judicial.

Las voces de la provocación

Editorial

La Patria, Manizales

Diciembre 12 de 2009

Con la cantidad de excesos en favor de las Farc que se dieron en la cumbre de la llamada Coordinadora Continental Bolivariana pudieron pasar dos cosas, que a la postre son igual de graves: uno, que sean unos cándidos los asistentes a esta reunión porque siguen pensando que esta agrupación de delincuentes y asesinos está conformada por campesinos que no han tenido otra opción que la guerra; y dos, que sean conscientes de ello y crean que ese es el camino que debe seguir el mundo, la violencia como forma de lucha.

Si es lo primero, resulta lamentable que se ignore de manera tan supina la realidad de nuestro país y cómo las Farc durante años le han negado la posibilidad a Colombia de reencontrarse en la paz, a pesar de los esfuerzos de cada Gobierno por hacerlo y del exceso de posibilidades que les brindó en su momento Andrés Pastrana. Ellos han preferido la guerra como única alternativa para su idea de alcanzar el poder y hoy que está golpeada esta agrupación, este tipo de respiros buscan es oxígeno internacional que no debe tener ningún grupo terrorista en el mundo, por decisión de la ONU.

Si lo que hay aquí es la declaración con conocimiento de causa de todos estos excesos y su validación, entonces nos enfrentamos a una provocación, que habiendo ocurrido en territorio venezolano, en donde el Gobierno de ese país ha decidido agredir a Colombia de todas las maneras posibles, en busca de cualquier reacción, entonces el panorama pasó de castaño oscuro.

La sandez de Juan Contreras, portavoz de la Coordinadora, de que en Colombia no existe otra posibilidad que las armas para alcanzar el poder demuestra el desconocimiento total de nuestra realidad. El crecimiento de agrupaciones políticas como el Polo Democrático Alternativo, que ha conquistado importantes alcaldías como la de Bogotá, y gobernaciones como la de Nariño, logrando escaños en el Congreso y otras corporaciones públicas y que se constituyó en la oposición por antonomasia es prueba de que hay espacio para que la izquierda pueda intentar alcanzar el poder por la vía política.

Resulta extraño sí que esta ONG transnacional se refiera a la falta de garantías en nuestro país para la oposición y lo haga en una Nación en donde ser opositor es ser perseguido por el Gobierno, como le sucede a los medios de comunicación, al Alcalde de Caracas a quien le dieron un "golpe de Estado", pues le quitaron el control presupuestal con una actitud antidemocrática y con los alcaldes y gobernadores de las regiones límites con Colombia. Eso no es impedir el libre ejercicio de los derechos fundamentales para la tal Coordinadora.

Ha pedido el Gobierno que se investigue a los líderes de este grupo que exalta a personajes nefastos de la historia nacional como alias 'Manuel Marulanda' y eso debe incluir a los colombianos que hayan participado en la reunión en Venezuela para que asuman su responsabilidad penal y se les juzgue incluso por traición a la patria. Este tipo de complacencias con quienes tan violentamente han buscado el poder en nuestro país no pueden ser toleradas de ninguna manera.

Este grupo de líderes bolivarianos son de los mismos que han participado en otros eventos similares en el continente y después van a parar a campamentos de las Farc y a alegar que no forman parte de esa agrupación guerrillera, tal como se descubrió con los estudiantes mexicanos que se encontraban en el campamento de 'Raúl Reyes' en territorio ecuatoriano cuando fue bombardeado por tropas colombianas y después alegaron que estaban de paso. Debe aclarar el gobierno de Venezuela cuál es su grado de participación en esta actividad, pues si es el patrocinador y promotor debe rendirles cuentas a todos los países en donde se ha quedado claro en que el terrorismo debe ser censurado.