La Corte, la Constitución y el soberano

Darío Acevedo Carmona

Blog Ventana Abierta, Medellín

Marzo 5 de 2010

La decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible el proyecto de ley que convocaba un referendo reeleccionista ha dado y dará mucho que hablar. Con el paso de los días y en el entendido de que no se está cuestionando su fallo, tendrá lugar un debate de hondo caldo sobre esta jurisprudencia. Me parece que al menos hay tres cuestiones que ameritan la discusión.

La primera de ellas es si la Corte Constitucional al determinar que el constituyente primario no puede cambiar sino reformar la constitución no está invadiendo terrenos que no son de su competencia. Si se presume que el soberano (el pueblo o constituyente primario) puede ser víctima de engaño de enemigos de la democracia, se presume ipso facto que es menor de edad y que por tanto requiere quien actúe en su nombre en todos los casos y circunstancias. Eso significa, ni más ni menos que una de las fuentes del derecho moderno, el ciudadano o el constituyente primario, no puede convocar asambleas constituyentes o no pueda a través de plebiscitos o referendos, hacer uso del derecho que le corresponde y que fue establecido por la Constitución de 1991. La idea según la cual existen normas pétreas es bastante cuestionable, supone la existencia de valores absolutos y por tanto inmodificables. Si bien los conceptos de la cultura democrática occidental, son, en sentido abstracto, conquistas que no deben echarse atrás, no siempre ello tiene el mismo significado y la misma aplicación. La manera como se ejerce y se aplica la democracia, el sufragio y la libertad, por mencionar tan sólo unos valores de Occidente, difiere de un país a otro. La Corte Constitucional pisó terrenos muy complejos en materia de formación de las leyes esenciales de un país. Ni la Corte puede asfixiar o negar los derechos del soberano, ni este puede proceder a su antojo. Pero eso es bien diferente a lo que se aprobó en la Constitucional porque en la práctica ella se autodenomina no sólo la protectora de la Constitución, función que es aceptada y reconocida, sino también, se auto concibe como la instancia última por encima del constituyente primario.

La idea de que el soberano puede ser objeto de manipulación y que por ello no se le debe dar el derecho de cambiar y modificar la constitución, se inscribe en cánones y razonamientos decimonónicos, de padrinazgo, según los cuales el soberano debe ser acudido por instancias superiores a él. De hecho, estamos ante una noción que configura, aunque no lo vean, una actitud de suplantación en materia tan delicada como lo es el ordenamiento constitucional. De manera similar procedieron los constituyentes de Rionegro que en 1863 estipularon que sólo por consenso de los representantes de los estados federales se podía cambiar la constitución. El resultado fue que tal ordenamiento fue declarado ilegal por un acto de hecho por Rafael Nuñez, quien ante la imposibilidad de alcanzar el consenso declaró, mottu propio, la muerte de esa constitución.

Es decir, cuando se legisla pensando que la ley es para ángeles, se incurre en la incitación a la violencia, a la revolución y a las vías de hecho por parte de quienes quieren cambios y reformas.

En segundo lugar, pienso que si bien los promotores cometieron errores e infracciones de procedimiento en el trámite del referendo que por sí solos conducían a un fallo de inexequibilidad, tampoco eso podía ser esgrimido como un argumento en el sentido de que se pretendía violar el principio democrático de separación de poderes y de que de ser aprobado, el referendo era el camino hacia la auto negación de la democracia y de la libertad. Carece de fundamentos sólidos y de seriedad la idea subyacente en las declaraciones de Petro, Pastrana, el Polo, el Liberalismo y otros opositores de Uribe según los cuales la democracia colombiana fue salvada por la Corte, ya que en ningún sentido se podía entender que un referendo por la reelección del presidente condujera necesariamente a una anulación de la democracia, a su supresión o a su sacrificio.

La historia política del país nos muestra una población que por tradición no ha tenido inclinación hacia la dictadura, y si la tradición es una fuente en la formación de las leyes fundamentales no cabe el temor de los magistrados en el sentido de que el soberano de un paso atrás, se equivoque o sea manipulado, que fue el precepto argüido por los magistrados en el fallo para evitar que fuese el mismo constituyente el que tomara la decisión de si era bueno o si era inapropiado para la democracia una segunda reelección. Ellos se arrogaron ese derecho y de esa forma consolidan en Colombia la existencia de una tendencia del derecho constitucional que le estipula condicionamientos al soberano, relegando a este a una condición de inferioridad, de minoría de edad y al que es necesario acudir y reemplazar o suplantar.

Por tanto, sostener que la Corte Constitucional salvó la democracia, como salieron a declarar Petro, Pardo y Pastrana en coro, quiere decir que ellos consideraban que la constitución y la democracia estaban en evidente peligro cuando lo que estaba en juego era un asunto de conveniencia o inconveniencia política. La respuesta de Uribe ante el fallo de la Corte es una demostración de su talante demócrata y de que no abrigaba un proyecto totalitario con el referendo.

Inquisición intelectual disfrazada de academia

Darío Acevedo Carmona*

Blog Ventana Abierta, Medellín

Febrero 23 de 2010

El 2 de febrero pasado fui excluido del Equipo de Acompañamiento de la Universidad Nacional de Colombia para los estudios sobre “Violencia contra sindicalistas en Colombia” ordenados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a varias organizaciones no gubernamentales. En las motivaciones de tal acto, el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, aceptó el argumento presentado por el PNUD en el sentido de que “…ninguna campaña electoral resulta compatible con el mandato de la Organización de las Naciones Unidas ni con la función de imparcialidad que está llamada a cumplir en calidad de ejecutora de un proyecto tan políticamente sensible como el que nos ocupa”.

Desde el punto de vista jurídico y a la luz de la normatividad internacional no es admisible que un organismo de cooperación internacional pretenda colocarse por encima de las leyes colombianas. Estas estipulan que los profesores de las universidades públicas no estamos inhabilitados para tomar parte en las campañas para corporaciones públicas. Ello supone que podemos hacer proselitismo sin perder nuestra calidad académica. Es muy importante tener en cuenta que la no pérdida de la calidad académica supone, como en efecto ocurre en mi caso, adelantar tareas misionales de investigación, docencia y extensión en la universidad. Por tanto, ni el PNUD ni ninguna otra agencia internacional puede deducir que mi condición de candidato a una corporación afecta mi calidad de profesor. De aceptarse el criterio alegado por el PNUD, la Universidad tendría que eximirme de mis labores académicas mientras se adelanta la campaña electoral, medida que no tiene fundamento legal.

Si entendemos que un profesor de la Universidad Nacional no pierde su calidad académica ni puede ser eximido del trabajo académico normal, entonces debemos asumir que la solicitud del PNUD no sólo es improcedente desde el punto de vista de nuestro ordenamiento legal como nación soberana, sino que es un irrespeto al principio de autonomía universitaria. Si los entes contratantes en el estudio sobre la violencia contra sindicalistas son el PNUD y la Universidad, como en efecto lo son, la Universidad no puede constituir ni modelar la composición del Equipo sino a partir de criterios académicos. Aceptar mi sustitución -exclusión- del Equipo, constituye, en mi parecer, una cesión de la autonomía universitaria y por tanto un grave antecedente hacia contrataciones futuras con entidades públicas o privadas nacionales o internacionales.

Desde una perspectiva política, considero que en el proceso previo de construcción de las razones para la toma de la decisión de excluirme, se dieron situaciones poco claras que pueden dar lugar a pensar que en todo esto hay algo turbio, algo muy parecido al odioso veto ideológico y a la censura. Me explico:

El 17 de diciembre pasado el director del Equipo de Acompañamiento de la Universidad, profesor Francisco Gutiérrez Sanín, convocó a una reunión a la que no fuimos invitados dos profesores de la sede de Medellín teniendo en cuenta que sólo se tratarían asuntos de trámite administrativo. Días después recibí el acta de dicha reunión y cuál no sería mi sorpresa al encontrar que se había dado una discusión consensuada sobre la inconveniencia de que algún miembro del Equipo tuviese aspiraciones electorales bajo el supuesto de que se afectaría la investigación. Cito el acta:

“Acto seguido, Carlos Miguel Ortiz planteó la trayectoria del proyecto y las potenciales dificultades a las que este se enfrenta. Álvaro Román hizo énfasis en que dado el carácter extremadamente sensible y delicado del proyecto era necesario establecer unos principios explícitos de comportamiento. Ricardo Sánchez y otros asistentes insistieron, así mismo, en la importancia de que el equipo observe principios básicos de objetividad y calidad académica. Ambas ideas fueron acogidas, y después de un intercambio de opiniones, se llegó a la siguiente conclusión. Diversos miembros del equipo han sido, son y/o serán actores de opinión, expresando de diversas maneras (a veces muy enérgicamente) puntos de vista que son de suyo políticos. Eso no tiene nada de malo, en la medida en que se parte del supuesto de que en este ejercicio todos seremos capaces de una “suspensión del juicio” (así sea parcial) y de una toma de distancia, pues estos son parte del ethos académico. Sin embargo, este supuesto se vería críticamente debilitado si:

a. Se emiten opiniones públicas directa e inequívocamente relacionadas con el tema (violencia contra los sindicalistas en Colombia)

b. Algún miembro del equipo pasa a ser actor político (candidatos por cualquier partido, funcionarios, etc.). Dicho de otra manera, podemos tener en el equipo actores de opinión, pero no actores directamente políticos) También se recomendó que quienes tienen columnas de opinión, aunque también cumplen una función política como la de los candidatos, aunque diferente, se debían abstener de opinar sobre el tema objeto de investigación”.

La impresión que tuve me preocupó sobre manera ya que en aras no se si de la “objetividad” o de la “verdad” o de la “imparcialidad” se podría estar derivando en un excesivo celo que linda con el veto a la participación en política. ¿Puede alguno de los asistentes a dicha reunión aclarar la diferencia que se pretende exista entre “actor de opinión” y actor político”? O explicar ¿por qué un “actor político” no puede hacer una “suspensión del juicio” y “tomar distancia” de la misma manera que lo hace el “actor de opinión”?

Debo dejar constancia que la organización a la que debía realizar el seguimiento es la Corporación Nuevo Arco Iris, con la que estuve dispuesto a hacer mi trabajo de seguimiento académico sin ponerme a especular subjetivamente si esta Ong era capaz o no de “suspender el juicio” o “tomar distancia” de su posición claramente anti-gobiernista y condenatoria del Estado en muchos de sus estudios, incluido el tema sindical.

Posteriormente recibí invitación a una reunión del Equipo UN el 25 de enero de 2010 y al día siguiente a otra con el PNUD. Pero antes, el 22 recibí una llamada del Vicerrector de Investigaciones de la U. Nal., Ricardo Molina, en la que se me informó que la Universidad recibió una solicitud del PNUD para ser sustituido en el Equipo. La reunión del 25 fue cancelada y la del 26 siguió en pie. Asistí por mi cuenta y riesgo con el ánimo de dar mi punto de vista como en efecto lo pude hacer. El resultado fue la convocatoria a una reunión con todo el Equipo de la U. Nal. para el 2 de febrero y al día siguiente con la Directora del PNUD.

A la reunión del Equipo sólo asistieron el coordinador, Francisco Gutiérrez Sanín, tres colegas de la Sede de Bogotá y uno de Medellín. Pude exponer, aunque sin llegar a ningún acuerdo, mis puntos de vista. En la del PNUD pregunté antes de iniciar si lo que iba a hablar podía dar lugar a reconsiderar la petición de sustitución y la respuesta fue negativa. No obstante expuse mi opinión para dejar constancia de mi discrepancia.

No me parece casual, como sostuvo el coordinador de la investigación por el PNUD, Carlos Miguel Ortiz, (quien antes fue coordinador del Equipo de la U. N. junto conmigo y con el colega Alejo Vargas) la concurrencia de puntos de vista entre lo dicho en el acta del 17 de diciembre y la conclusión a la que llegó el PNUD sobre la supuesta incompatibilidad con la misión, incompatibilidad que nunca se demostró con documentos ni se sustentó, simplemente se presentó como un acto de fe. Que el profesor Carlos Miguel Ortiz, presente en la reunión del 17 de diciembre con el Equipo de la U. Nal. sostenga que lo dicho allí no tuvo nada que ver con la posición asumida por el PNUD, es francamente increíble. Es el problema de haber cambiado de camiseta entre las dos partes contratantes, pues en caso de conflicto, como es el mío, no se sabe bien a quien sirve el profesor Ortiz.

La difícil distinción que pretende instaurar como axioma académico el acta del 17 de diciembre entre “actor político” y “actor de opinión”, es insostenible desde cualquier punto de vista. Se trata de categorías inventadas como quiera que tanto o más político puede ser un columnista que un candidato a corporación pública. No encuentro razones para invalidar la participación de sujetos políticos en una investigación académica, mucho menos cuando se escogieron ONGs de alto perfil político como Nuevo Arco Iris y el CINEP para adelantar parte de los estudios y a otras como la Escuela Nacional Sindical y la Comisión Colombiana de Juristas, claramente alineadas contra el Estado y el gobierno colombiano en estas materias y en tanto son parte jurídica interesada de las demandas contra Colombia en tribunales y escenarios internacionales, en calidad de consultoras.

El tema que es objeto de seguimiento y acompañamiento por parte de la Universidad es complejo desde cualquier punto de vista. Se ha acusado al Estado Colombiano de ser responsable por la muerte y persecución de sindicalistas, se ha puesto en entredicho la firma de tratados de libre comercio de importancia estratégica para el país y han sido enviadas comisiones de la Oposición, el sindicalismo y ONGs a hablar con congresistas de EE. UU., Canadá y ahora de la Unión Europea para demandar la no firma de tales tratados so pretexto de la violencia antisindical que se practica en nuestro país con aquiescencia del gobierno. Es delicado porque el espíritu de los seis estudios contratados por el PNUD intentan aportar elementos de juicio de corte académico para aumentar el conocimiento sobre el fenómeno y para intervenir con propuestas ante los protagonistas del problema: Estado, empresarios y sindicatos.

Pero, también es de sumo cuidado porque en torno del tema se adelantan campañas de indudable carácter político-proselitista y debates en los que el espíritu académico no es el que sobresale. La Universidad Nacional tiene, en tal sentido, la responsabilidad de garantizar la calidad académica de los estudios y mal hizo al aceptar mi exclusión del Equipo de Acompañamiento pues dejará un mal sabor y un manto de duda sobre los resultados. Quiero ser más directo: desde un principio supe de la tendencia política adversa al gobierno de parte de la mayoría de los integrantes del Equipo de Acompañamiento (integrado por 13 docentes) y de algunos de los centros que realizarán los estudios, sin embargo, nunca pensé que ello fuese obstáculo para adelantar un trabajo de calidad y con rigor académico con ellos. Yo esperaba una actitud similar para conmigo no obstante mi posición política favorable al actual gobierno. Pero, lo que he podido intuir es la formación de un ambiente adverso a mi participación que carece de argumentos jurídicos y políticos razonables.

La Universidad no puede dejarse manipular por falsos puritanismos políticos. A estas alturas de la vida y de nuestras experiencias cada quien sabe con quien está tratando. En nombre de la objetividad, concepto difícil de aplicar en Ciencias Sociales, no se le puede abrir la puerta a una sutil censura ideológica y política. La Universidad Nacional de Colombia dejó vulnerar su autonomía por parte de una organización que ha traspasado el mandato del sistema de Naciones Unidas, ya que participar en una campaña a una corporación esencial de la democracia, en una campaña que no ha tocado ni de refilón el tema de la violencia antisindical y ante el cual soy, como demócrata y ex sindicalista bastante sensible, no debería interpretarse como impedimento para hacer parte del proceso de los estudios.

En resumen, con mi exclusión del Equipo de la Universidad se ha sentado un peligroso antecedente y se pisan los terrenos de la odiosa censura oculta en sutiles argumentos que revelan un espíritu inquisitorial.

Levanto mi voz de protesta, estoy cansado de los vetos, de los señalamientos arteros y del macartismo de que he sido víctima en esferas intelectuales y académicas en razón de mi defensa frentera de la política de Seguridad Democrática. No me silenciarán ni doblegarán mi dignidad. Hace buen rato entendí que es una completa falacia la idea de que los intelectuales de izquierda son superiores moral e intelectualmente frente a los demás.

* Doctor en Historia, profesor Titular Universidad Nacional de Colombia

Anotaciones de campaña (2)

Darío Acevedo Carmona

Blog Ventana Abierta, Medellín

Febrero 12 de 2010

El voto es el botín más preciado por los políticos en coyunturas electorales. Los políticos tratan de seducir al electorado para ganar su respaldo. Hay muchos métodos y formas de acercarse a las gentes, pero, en nuestro país, quizás también en muchos otros, la conquista de los votos está mediada por acciones que desdibujan la competencia democrática. El dinero, la demagogia promesera, los regalos en especie, cuando no el chantaje o la coacción y la violencia son usadas a granel y de forma casi generalizada. Sobresale por quedar en planos secundarios la exposición de ideas y de planteamientos programáticos.

Con dinero que circula a torrentes por algunas campañas se pagan altas sumas a los líderes naturales para que estos convenzan a sus vecinos o asociados a votar por el candidato en cuestión. En esta transacción no importa para nada el partido, la tendencia ni las propuestas del candidato.

Las promesas incluyen desde empleos, becas, apoyo a equipos y acciones comunales en dinero, construcción de edificaciones, servicios que presta el estado: luz, agua, vías. En esta práctica el candidato abusa de la buena fe de las gentes humildes, da palmaditas en la espalda, pierde la noción del alcance del poder que va a tener.

Los regalos en especie son muy atractivos, sobre todo si son kits escolares, medicinas, mercados familiares. En apariencia no hay nada perverso en regalar cosas a las gentes, pero ello supone un doblegamiento de la conciencia y de la dignidad del ciudadano elector que ve reducida su condición de tal a la recepción de un donativo que no representa ningún mejoramiento estable. Es una de las acciones más envilecedoras pues en ella hay elementos muy claros de corte feudal como el vasallaje.

Por estos días se observa a distintos candidatos de diferentes partidos apelar a este recurso, pero me sorprendió negativamente ver que el candidato al senado –Gabriel Zapata- acompañado por el precandidato presidencial –Arias- ambos del partido Conservador, miembro de la coalición de gobierno, repartía kits escolares a multitudes provenientes de las comunas más populares de Medellín.

No faltan, aunque cada vez se presenta en menor proporción, las acciones coercitivas, a veces con violencia, para torcer la voluntad de los electores hacia determinado candidato. Resultan cuestionadas aquí las instituciones del estado encargadas de brindar las garantías para que se pueda participar libremente en el certamen electoral.

Las fiestas carnestoléndicas, con alcohol en abundancia, sancochos y tamales constituyen una acción adicional para comprometer a los electores. Hay comunidades y líderes que han aprendido a negociar con los candidatos, convierten las elecciones en evento propicio para hacer dinero, se venden al mejor postor e incluso se venden a varios.

Todas estas conductas, habituales en muchas campañas e imprescindibles para quienes aspiran a corporaciones públicas sin tener en sus cerebros alguna idea o proyecto respetable, tienen como consecuencia la profunda degradación de la política y del espíritu altruista y edificante que ella debería tener y conservar. Además, el engaño y el comercio con el voto arrasan con la dignidad de las personas. Al convertir las elecciones en una especie de mercado persa donde todo se vale, los politiqueros envilecen a la población y destruyen civilización.

Tan grave como lo anterior es que las sociedades pierden la esperanza y la fe en las instituciones de la democracia. La apatía y la desilusión de los ciudadanos frente a la política tienen su explicación en cuanto es la reacción ante una afrentosa e impune carrera de corrupción, incumplimientos y engaños. El sentido original de la política como actividad por medio de la cual los hombres definen el problema del poder a través de intercambios se desfigura sin remedio. En efecto, en política las personas dan su voto, su apoyo, su aplauso a un movimiento o candidato y de pronto a unas propuestas, pero ellas esperan a cambio, la realización de obras de beneficio común y colectivo. El político, en tanto agente de una comunidad, tiene el deber de producir leyes de contenido general, de estudiar bien los problemas de la sociedad y actuar como representante que es de una población de la cual ha recibido una investidura. Dar y recibir, cuando se da en el contexto de leyes y obras de interés colectivo es lo propio y natural de la acción política. Pero cuando ese dar y recibir se orienta a relaciones de intercambio individual, entonces sobrevienen las calamidades que hemos enunciado y que es preciso desterrar para que el ciudadano recupere su dignidad y la democracia su vigencia.

Colonialismo humanitario

Darío Acevedo Carmona

Blog Ventana Abierta, Medellín

Enero 29 de 2010

Por una extensa entrevista publicada en El Espectador (24/01/10) nos hemos enterado de la visita que una Comisión de Diputados españoles miembros del grupo comunista “Izquierda Unida” hará a Colombia con el fin de “calibrar la situación de derechos humanos”. No es una misión oficial del Congreso de los Diputados ni del Gobierno de España. Vienen por solidaridad camaraderil con dirigentes de ONGs y de grupos de izquierda que pregonan por el mundo que Colombia vive una situación infernal, trágica y sumamente crítica en materia de derechos humanos.

El periodista Giovanni González Arango, en tono bastante sesgado interroga (y sugiere las respuestas) a uno de los parlamentarios, estas son algunas de ellas: “¿Cómo calificaría el actual estado de la democracia colombiana un dirigente que, como usted, debió soportar varias décadas de autocracia?...¿un nuevo período de Álvaro Uribe iría en detrimento del régimen democrático que pretende inspirar nuestro Estado?...¿La reelección del presidente Uribe tiene semejanzas con ese régimen que procedió a la República en España?...¿Cómo puede contribuir la comunidad internacional a nuestro pueblo para superar todas esas vicisitudes, relacionadas con las persecuciones políticas, pobreza y violencia?...¿La bota militar es la única salida a este conflicto que ha desangrado al país por más de seis décadas?”

Preguntas que se inscriben en la lógica difundida por el Polo Democrático y sectores del sindicalismo y colectivos humanitaristas para quienes Colombia es un país gobernado por un dictador, donde no hay democracia y el estado es el principal –y hasta único- violador de los derechos humanos, que por tanto, debe ser bloqueado comercialmente e intervenido por la comunidad internacional. No es coincidencia que esta campaña tenga resonancia cuando Colombia está ad portas de firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea, organismo presidido por el Presidente del Gobierno español este primer semestre del 2010.

Se trata de la misma táctica que emplearon exitosamente para sabotear la firma de tratados comerciales con Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Es una maniobra que va de la mano con la siniestra labor del frente internacional de las Farc que mueve sus fichas desesperadamente para evitar el ostracismo total. La coordinadora Continental Bolivariana reunida hace pocos días en Venezuela aprobó una declaración sobre Colombia cuyo lenguaje en nada difiere del utilizado por los gestores de la visita.

La Cancillería colombiana está en mora de entender que para desvirtuar plenamente la imagen de una guerrilla altruista se precisa adoptar una política exterior más agresiva, más dinámica y con más fundamento intelectual capaz de mostrarle al mundo otra versión de nuestros problemas y conflictos. Colombia por iniciativa propia alberga una misión de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y esa misión, no obstante sus informes poco precisos, reconoce una mejoría sustancial entre la situación de la década pasada y los años recientes. El Departamento de Estado de los Estados Unidos elabora anualmente un informe sobre el tema a partir de acuerdos de cooperación. Así pues, que sobra la visita de la comisión de los camaradas españoles que no tiene carácter oficial y cuyo jefe de antemano tiene el libreto escrito, como se puede deducir de sus declaraciones al periodista González: “Parece que una parte de la sociedad colombiana vive amordazada y solo aquellas opciones cercanas al presidente se desarrollan plenamente. Eso es lo que venimos a verificar… Aparentemente, se disfruta en Colombia de una democracia representativa, pero la pregunta debe referirse a los nuevos y modernos métodos de control político antidemocrático que se realizan en los momentos actuales, la implicación con sofisticados medios de los aparatos del Estado, la Policía, el Ejército y los servicios secretos en planes de desestabilización de la izquierda política y sindical… Frenar la militarización del conflicto debe ser un punto de inicio. La fuerza casi siempre beneficia a los poderosos. Es por ello que el Estado colombiano y el Gobierno tienen la primera responsabilidad, ya que ostentan la fuerza mayor… Las relaciones comerciales deben supeditarse al cumplimiento de los derechos humanos… Mi opinión es que los tratados comerciales deben suspenderse hasta que podamos conocer la situación real en el país y saber si el Gobierno tiene un plan para frenar y erradicar la violencia no solo de la guerrilla, sino especialmente de los aparatos del Estado y fuerzas paramilitares”.

Toda la estrategia conduce a bloquear la firma de los tratados de libre comercio sobre el supuesto de que no somos merecedores, y no por la razón real defendida por la izquierda que es la de pensar que dichos tratados hacen parte de la ofensiva neoliberal contra los pueblos y que significa ruina y empobrecimiento. Apunta también a la búsqueda de armar un expediente contra el gobierno colombiano y al presidente Uribe ante tribunales internacionales. Y, sin falta, el objetivo de reconocer la existencia de un conflicto armado como paso previo para darle estatus a la guerrilla y el inicio de nuevas negociaciones de paz.

Si a eso vinieron, lo mejor es que se devuelvan y que traten de ayudarle a los marroquíes que luchan por ponerle fin a dos enclaves coloniales españoles en pleno siglo 21, las ciudades de Ceuta y Melilla situadas en las costas del Mediterráneo.

Anotaciones de campaña (1)

Darío Acevedo Carmona*

Blog Ventana Abierta, Medellín

Enero 20 de 2010

Cuando observo que algunos transeúntes botan al cesto o al pavimento los plegables de la campaña para congreso, no puedo dejar de reconocer que la política colombiana está por el suelo, o peor, en la basura. El ciudadano de a pié expresa su inconformismo de muchas maneras, no recibe el volante, lo rompe, lo bota. La mayoría se lo llevan, pero no sabemos si leerán su contenido. Los más pocos, una rareza, se detienen a conversar con uno, tratan de entender qué es lo que se propone y cómo se va a proceder.

La política y los dirigentes políticos en vez de despertar entusiasmo provocan rechazo en niveles preocupantes para el mantenimiento de la democracia y de las instituciones. La idea según la cual sin participación ciudadana no es posible la democracia, es ajena a millones de personas que están cansadas de tanta corrupción, dejadez, abulia, incumplimientos e insensibilidad de quienes nos gobiernan desde el congreso y desde otras instancias de poder.

En las reuniones con las comunidades no falta la persona que se acerca a uno para pedir un mercado o preguntar si uno regala cuadernos y útiles escolares. Otros preguntan “¿Qué nos prometen o qué nos van a dar”. También hay quienes piden “cariñitos” léase “dinero” para conseguirle “hartos votos”.

No quiero dar la impresión de que todo es así en la actividad política. Pero, considero necesario detenerme en estas actitudes para justificar la necesidad de que se reflexione con mucha seriedad y con responsabilidad sobre los graves vicios que afectan nuestra democracia. La política, una actividad que en principio tiene una función altruista, sin la cual los hombres no podríamos vivir en sociedad en cuanto es la que nos permite definir el problema del poder y de las reglas de juego que rigen la vida cotidiana, está profundamente desprestigiada en nuestro país.

Promesas vanas, demagogia desaforada, corrupción, prácticas clientelares como la compraventa de votos, el ofrecimiento de ron y sancochos, la infiltración del narcotráfico, el paramilitarismo, las mafias y las guerrillas en las campañas y directorios, salen a flote. La pobreza intelectual de muchos representantes, la ausencia total de pudor de los que cobran el salario sin asistir a sesiones, abundan en nuestra historia de las últimas décadas. No hay partido que escape a esos vicios, nadie puede pensar que esto es harina de otro costal o que nadie tiene que ver con este cuadro preocupante.

Hemos navegado en vicios y en leyes inocuas que pretenden corregir cuando no hay voluntad para hacerlo. Entretanto, las comunidades siguen soportando afugias y problemas y topamos con casos del absurdo como que en el municipio más rico en agua no haya acueducto o que se construya una vía tres veces y esta no aparezca por parte alguna, o que los alimentos para la gente más pobre se destinen para engordar marranos o que se inauguren obras inconclusas.

No se cómo, pero, urge un gran acuerdo nacional que involucre a todos los partidos y a todos los aspirantes a corporaciones de representación para sanear la política, para dignificarla e inocularla de espíritu altruista. Para que la política adquiera respetabilidad se requiere eficacia de quienes fungen de representantes. Hay que empoderar y capacitar a las comunidades de base, hay que romper con la presencia de dineros sucios, hay que romper el círculo vicioso de las prebendas y los chanchullos, es preciso disponer mecanismos de participación y veeduría ciudadana. Hay que educar políticamente a los jóvenes desde la escuela. Podemos coincidir en estos retos sin que nos lo impida la diversidad ideológica o la pertenencia partidista. Es un clamor nacional, es un grito desesperado para salvar nuestra frágil democracia, es un llamado para evitar que la violencia, la justicia privada, la falta de autoridad legítima y la escasez de buen gobierno y buen ejemplo, se constituyan en caldo de cultivo para hacer de Colombia una sociedad no viable. Hemos ganado terreno en muchos aspectos a los violentos, pero hay que extender esas ganancias al mejoramiento de nuestra cultura política.

* Darío Acevedo Carmona es Doctor en Historia, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y actual candidato a la Cámara de Representantes por Antioquia (Partido de la U).

Un Congreso para cambiar

Darío Acevedo Carmona

Blog Venatana Abierta, Medellín

Enero 12 de 2009

El próximo 14 de marzo tendrán lugar las elecciones para Congreso de la República. Será la ocasión propicia para que los políticos y los ciudadanos demuestren si han avanzado o no en la superación de los vicios y males que aquejan la política colombiana y si en definitiva nos hemos podido liberar de las influencias, presiones y alianzas nefastas de los dirigentes y partidos con los grupos armados ilegales de todo cuño.

El congreso que resulte electo, junto con el próximo presidente de la República, fijará el rumbo de la nación en los siguientes 4 años. Por lo mismo, los resultados representarán una primera medición de fuerzas entre quienes aspiran a gobernar Colombia hasta el 2014.

Hay fuerzas nuevas y renovadoras, algunos partidos han logrado reestructuraciones que dan lugar para pensar que el nuevo congreso estará integrado en buena medida por líderes ajenos a alianzas y compromisos con los grupos violentos. Probablemente tendremos escenarios para debates de alto calado intelectual y de gran sentido social. El reto para los aspirantes a ocupar curules en el congreso es cambiar o hundirse en el pantano de la corrupción y de la politiquería.

Además, el nuevo Congreso tiene varios asuntos a los cuales debe responder con sumo cuidado y responsabilidad. En primer lugar, debe tomar como tema prioritario en su agenda la delicada situación internacional que vive el país. Sobre todo, cómo acompañar, en bloque, la defensa de nuestra dignidad e integridad ante la agresiva campaña del proyecto chavista y la retórica desafiante del caudillo Chávez junto con el respaldo que se le brinda en algunos países a jefes de grupos armados. Existe de hecho un acuerdo según el cual no debemos caer en provocaciones ni adelantar una carrera armamentista, pero hay que evitar dar un mensaje de debilidad o como obstáculo para que el país se dote de una estrategia de defensa disuasiva frente a cualquier posible conflicto. De otra parte, el Congreso también está en la obligación de acompañar al Ejecutivo en la búsqueda de nuevas relaciones y nuevos mercados, en particular en la gestión de la firma de acuerdos de libre comercio con Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea y otras potencias económicas en cuanto se trata de definiciones de carácter estratégico que abren camino para alcanzar metas elevadas de crecimiento con equidad.

En el plano nacional, los congresistas de todos los partidos deben desarrollar una labor en dos dimensiones. De un lado, asumiéndose como voceros de las comunidades, como líderes de los sectores más desprotegidos y mas vulnerables. A este respecto sería muy estimulante que pudiéramos observar el surgimiento de nuevas modalidades de gestión de los problemas y de las necesidades populares de tal forma que el dirigente político en vez de fungir como salvador o benefactor, sea visto en el papel del buen gestor, del intermediario eficaz entre el estado, sus organismos y autoridades con las comunidades de base y que, además, se ponga en práctica la idea de capacitar a dichas comunidades en la elaboración y trámite de sus proyectos, conozcan el Estado, se muevan en el berenjenal burocrático sobre el entendido de que no está recibiendo favores sino de que son protagonistas de sus derechos. Qué bueno sería que en el 2014 este congreso fuese recordado por la aprobación de leyes de profunda repercusión social pero también por la emergencia y consolidación de mecanismos de participación ciudadana, de la constitución de nuevas veedurías y de ejercicio colectivo de los derechos.

En el campo social cabe esperar una legislatura que se ocupe de modo preferencial por la búsqueda de nuevas actividades que creen valor agregado. Ello quiere decir que se debe estimular la investigación científica y el desarrollo de nuevas tecnologías que tiendan al aprovechamiento de nuestros inmensos recursos naturales desde una óptica de respeto por la ecología. Por ejemplo, hay que explorar con productos vegetales que no compitan con la producción de alimentos, en la producción de alcoholes y materiales de nueva generación. Igualmente hay que propiciar la universalización y gratuidad de la educación hasta el onceavo nivel para los estratos uno, dos y tres, introducir cambios para impulsar una educación más orientada a las técnicas y tecnologías que a la profesionalización e implantar la cátedra obligatoria de Emprendimiento y Empresarismo en los grados 10 y 11 y en dos semestres del ciclo superior.

El nuevo Congreso también ha de intervenir en el campo de la salud con medidas que faciliten el mejoramiento de la atención, la agilidad del servicio, la cobertura total y la sostenibilidad del sistema. La lucha contra la pobreza tiene que dejar de ser una bandera para hacer demagogia y para estimular el promeserismo o actitudes mendicantes o meramente asistencialistas. Debe sintonizarse con la idea de que la única forma de cumplir las metas del milenio en materia social es generando procesos y aprobando proyectos de largo aliento en educación, ciencia, tecnología, producción alimentaria y conservación del medio ambiente.

En cuanto a los temas de orden público y combate a nuevas formas y estructuras de violencia, el Congreso debe adelantar una política de acompañamiento al Ejecutivo y de coordinación con los organismos pertinentes para intervenir con políticas y leyes que validen la acción legítima de la Fuerza Pública en el marco de la Seguridad Democrática. La atención a las víctimas de la violencia, mandato de la Ley de Justicia y Paz, debe ser nuevamente contemplada en la agenda legislativa bajo los principios de solidaridad y de reconciliación y no de venganza o de señalamiento del Estado como el principal victimario de la violencia, pero también sin alardes demagógicos que favorezcan el abuso o pongan en peligro las finanzas públicas.

En fin de cuentas, de lo que se trata es que el nuevo Congreso esté a tono con las expectativas del país, pues no podría entenderse que le hayamos podido quebrar el rumbo a la violencia y no fuésemos capaces de hacer lo mismo con la política y hacer de ella una actividad digna y altruista.