Hugo Chávez y los Derechos Humanos

Emilio Cárdenas*

El Diario Exterior, Madrid

Marzo 3 de 2010

Una reciente editorial del diario "La Nación" de Buenos Aires, recordando la muerte heroica del disidente cubano Orlando Zapata Tamayo, decía que en Cuba se encarcela a los disidentes "en condiciones infrahumanas y se los deja morir, como acaba de ocurrir". Agregando: “Los Estados Unidos y la Unión Europea, como cabía esperar, condenaron de inmediato lo sucedido. Los organismos regionales latinoamericanos, como también cabía esperar, no lo hicieron. La gran mayoría de los presuntos defensores de los derechos humanos en nuestro país, tampoco. La Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) no encontró razón alguna para emitir un comunicado conjunto condenando lo sucedido. El Grupo de Río permaneció en silencio. Los líderes progresistas no se conmovieron”. Y así fue.

Pero sigue diciendo: “Cabe preguntarse entonces si la creación de organismos regionales paralelos a la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que se empuja ahora a la intrascendencia por el simple afán de excluir a los Estados Unidos, no puede tener como objetivo encubierto silenciar, diluir o minimizar las esfuerzos en pro de los derechos humanos. El Presidente de Brasil, Luiz Inacio “Lula” de Silva, estaba con los Castro en Cuba cuando murió Zapata Tamayo. La sensación de hipocresía es casi inevitable. Por años se ha permitido con un silencio cómplice que el régimen cubano pisoteara la libertad de su pueblo y condenara a sus ciudadanos por el absurdo crimen de disentir. Por esto el final de Zapata Tamayo agiganta su protesta, que obliga a reflexionar primero y a actuar después. De nada vale lamentar su muerte si las condiciones que la provocaron no se modifican. Cuando hay voces que reclaman la plena vigencia de una democracia hoy amenazada en distintos rincones de la región por un autoritarismo creciente que se alimenta desde La Habana y Caracas, el dramático llamado de atención que nos llega desde Cuba no debe pasar inadvertido”.

Hay ahora otra advertencia, también seria. Proviene nada menos que de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que acaba de señalar que el “gobierno” de Chávez, en su absoluta intolerancia, “aplica serias restricciones a los derechos humanos de su pueblo”. Recordando, además, que en Venezuela ya no existe la independencia entre los poderes del estado, incluyendo al Poder Judicial que es poco más que un agente de Chávez, y que tampoco existe allí libertad de expresión. Como es evidente.

Muchos ciertamente no necesitábamos de ese informe para saber que las cosas son desgraciada y efectivamente así en Venezuela. Desde hace rato ya que el caribeño está mostrando al mundo su mezcla de autoritarismo y profundo desdén por el respeto a los derechos humanos y las libertades esenciales de sus conciudadanos, tratando de borrarles del cerebro todas las pautas y principios (especialmente los democráticos) que difieren del discurso único que pregona, que exige sólo obediencia al mandato del propio Chávez, que todo lo inunda.

Lo de Chávez es una marcha -cada vez más acelerada- por el camino opuesto al de la democracia. Cada vez su país está más parecido a Cuba. El final -si las cosas no cambian- Venezuela será inevitablemente el de una cárcel inmensa, parecida a la de Cuba.

¿Qué dice Chávez ante lo de la OEA? Lo esperado.

Primero, que el informe es “inefable e ignominioso”. Esto es, que “no lo puede explicar con palabras” (lo que, viniendo del verborrágico más grande de la escena política mundial, es absolutamente insólito) y que, además, es una “ofensa pública” a su país.

La ofensa en todo caso es lo que hace Chávez, esto y no otra cosa es lo que quiere decir el llamado de atención que nos llega, a todos, desde la OEA.

Segundo, anuncia que Venezuela se retirará de la OEA. Dueño de su pelota, se la lleva y deja de jugar en la región. Se auto-excluye. Para seguir su marcha inexorable hacia la dictadura. Lo hace con su habitual estilo, ordinario y soez como pocos, porque aprovecha para decir que el informe es producto de “comisión nefasta” y que “no vale la pena permanecer adscrito a la mafia que hay allí”. Textual.

Venezuela camina ahora, queda visto, hacia la denuncia del acuerdo a través del cual decidiera, en otros tiempos, formar parte de los organismos regionales de derechos humanos. Hoy le molestan. Porque pretende seguir violándolos, es obvio.

Para la región: ¿No es hora de comenzar a advertir seriamente a Chávez que, si no cambia de curso, no sólo tendrá que irse del sistema regional, hasta más allá de la OEA, sino que será obligado a hacerlo, porque es inadmisible que viole impunemente las pautas básicas de convivencia en la región ante el silencio de sus pares? ¿O es que Chávez y los Castro tienen patente para delinquir?

Los tiempos se acortan para comenzar a llamar a las cosas por su nombre. Por suerte, la OEA ha comenzado a hacerlo. Al menos desde uno de sus rincones. Falta ahora que se decida -de una buena vez- a cumplir con la Carta Democrática Interamericana, que Chávez ha venido pisoteando como si para él no existiera. Hasta ahora su actual Secretario General, el chileno Insulza, ha sido más que indolente a la hora de hacer respetar en toda su extensión esa Carta.

(*) Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.

Rusia: principal proveedor y financiador de los "bolivarianos"

Emilio Cárdenas*

El Diario exterior, Madrid

Enero 25 de 2010

En política exterior, Ortega es probablemente el más extremista de todos los "bolivarianos", si dejamos de lado al ínclito Hugo Chávez, claro está. El más exagerado, en sus dichos y actitudes, en consecuencia. El más provocativo.

Conozco relativamente bien al experimentado Canciller ruso, Sergei Lavrov. Estuve sentado junto a él por espacio de dos interesantes años durante mi estadía en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es inteligente, astuto, criterioso, simpático, abierto, de buenos modales y está siempre bien informado. No creo entonces que se sienta demasiado bien (ni cómodo, siquiera) con el rol que su país ha asumido respecto de los patológicos regímenes “bolivarianos” de América Latina. Porque nos recuerda nítidamente a los días de la “guerra fría”. Que ya no están.

Es un papel triste, que ciertamente no le hace ningún bien a los esfuerzos rusos por “integrarse” a la comunidad internacional desde una posición de normalidad y sensatez que todos respeten. Todo lo contrario. Pero órdenes son órdenes.

El último mandatario “bolivariano” que visitó Moscú ha sido el desfachatado Presidente nicaragüense, Daniel Ortega. Un hombre acostumbrado a sembrar el miedo (a palos) entre sus conciudadanos y, peor, a hacer fraude en las elecciones de su país, de manera de consolidar -con malas artes- su presencia política en Nicaragua.

En política exterior, Ortega es probablemente el más extremista de todos los “bolivarianos”, si dejamos de lado al ínclito Hugo Chávez, claro está. El más exagerado, en sus dichos y actitudes, en consecuencia. El más provocativo.

Al llegar a Moscú, Ortega pagó el precio que se esperaba. El que hoy tiene la “amistad” rusa: reconocer formalmente a Abjasia y Osetia del Sur, como dos Estados independientes. Ambos enclaves rusos en Georgia, fueron objeto de una durísima intervención armada rusa, en agosto de 2008, contra Georgia que procuraba -sin mucha capacidad, ni realismo- recuperar esas partes de su territorio.

La comunidad internacional, en cambio, no acepta lastimar la integridad territorial de Georgia. A diferencia de Daniel Ortega. Y de Hugo Chávez, quien también ha hecho, por parte de Venezuela, similar reconocimiento.

La prensa rusa señaló que, como consecuencia de lo antedicho, Rusia financiará proyectos nicaragüenses por dos mil millones de dólares. Ese es el pago compensatorio por la “decisión soberana” de Daniel Ortega.

Ya hay más de un centenar de autobuses rusos circulando por las calles de Managua, sobre cuyo ingreso a Nicaragua pesan, como es habitual en el particular mundo “bolivariano”, feas acusaciones de corrupción.

En paralelo, Nicaragua volverá a comprar armas rusas, lo que se denomina eufemísticamente “cooperación militar” dentro del programa de “desarrollo” local. Como lo ha hecho masivamente Venezuela. Y también Bolivia. Otras dos “decisiones soberanas”, entonces.

El año pasado el propio Dimitri Medvedev visitó personalmente a Cuba y a Venezuela, los dos pilares centrales del “bolivarianismo”.

Raúl Castro estuvo en Moscú, en busca de formas de paliar el desastre económico en que se encuentra la isla, como jamás en la historia de Cuba. Se fue de Rusia con un “memorando de cooperación estratégica” y con anuncios de créditos rusos por casi 350 millones de dólares, que Cuba -siguiendo su inequívoca tradición incumplidora- probablemente jamás devolverá a Rusia, como si se tratara simplemente de “donaciones”.

También estuvo Evo Morales, que en cambio volvió con promesas solamente. Rusia sabe de quien se trata y conoce su larga foja de incumplimientos. Así como su flexibilidad con el narcotráfico, que ha crecido enormemente durante su gestión. Pese a ello, se suscribió entre ambos países un acuerdo de cooperación en materia de control del tráfico ilegal de narcóticos. “Pour la galérie”, claro está.

Hoy el principal aliado de Rusia en nuestra región ya no es Cuba, sino Venezuela. Que es además “aliada estratégica” de Irán, lo que Chávez pregona a los cuatro vientos, permaneciendo naturalmente callado -en total silencio- cuando los esbirros de los clérigos shiitas asesinan abiertamente a los civiles inocentes en las calles de las ciudades de Irán por protestar -valiente y masivamente- en reclamo de más libertad y menos belicismo fanático.

La cooperación ruso-venezolana se ha multiplicado por 30, en tan sólo cuatro años. No es poco. Ocurre en lo militar, ciertamente. Pero también en el sector de la energía, hidrocarburos y electricidad, y en materia de construcción de infraestructura.

Una vez más, una nostálgica Moscú apoya fuertemente a los regímenes anti-occidentales en nuestra región. Lo que no cabe silenciar, por lo que significa. Y por sus previsibles consecuencias.

(*) Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.

La oposición finalmente se moviliza en Nicaragua

Emilio Cárdenas*

Eldiarioexterior.com, Madrid

Noviembre 17 de 2009

Los gobiernos de la izquierda radical latinoamericana tienen denominadores comunes. Feos, por cierto. Uno de ellos es el de cercenar la libertad de opinión, perseguir a las opiniones disidentes y reducir la influencia de los medios de comunicación privados mediante el uso de fondos públicos con los que financian diarios, radios y estaciones de televisión de propiedad de los gobiernos o afines a ellos con los que cantan loas a sí mismos y predican su ideología. Sobre esto -que es grave- nos hemos referido desde estas mismas columnas.

La semana pasada, desde Buenos Aires, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), coincidiendo con nuestra preocupación, expresó su alarma ante el creciente control de los gobiernos a la prensa, expresión inequívoca de una “tendencia autoritaria que busca debilitar sistemáticamente al sistema democrático”. Ocurre que los gobiernos de Argentina, Ecuador, Guatemala, Bolivia, Nicaragua, Uruguay y Venezuela presionan de mil maneras a los medios. También el hondureño. Sancionan para ello una arquitectura legal disimulada pero asfixiante. Y distribuyen, señala la entidad, la publicidad oficial como instrumento de coacción o recompensa, según sea el caso.

De esta manera se impulsa lo que la SIP ha llamado, con razón, “el tortuoso tránsito hacia totalitarismos de naturaleza corrupta, que únicamente causan más pobreza y violencia.” Lamentablemente, ni los Estados Unidos, ni la Unión Europea han exteriorizado, hasta el momento, su preocupación específica por esta delicada cuestión.

Matones a sueldo.

Otro “denominador común” de los “bolivarianos” es el uso de grupos de matones a sueldo para -con ellos- dominar las calles, intimidar a la oposición y evitar que se exteriorice (en manifestaciones públicas) la disconformidad de la gente con sus respectivas “gestiones” de gobierno, siempre caóticas y corruptas.

Los cuatro países de la región donde los matones utilizados desde el poder controlan efectivamente la vía pública son: Argentina, Bolivia, Nicaragua y Venezuela. Según el país, la denominación de los matones cambia. “Piqueteros”, “brigadistas”, etc. Pero esas denominaciones son simplemente eufemismos, desde que el mecanismo final utilizado por todos ellos es el mismo: apalear a la gente.

Protesta nicaragüense.

Nicaragua, que ya ha sufrido reiteradas veces la acción intimidante de los matones, tendrá el próximo sábado 21 de noviembre una prueba más del fenómeno que describo.

Ese día, la oposición unificada en torno al llamado “Comité de Comunicación y Movilización” (que incluye al movimiento renovador sandinista, esto es a los disidentes del propio partido de Daniel Ortega) saldrá a la calle para protestar contra el reciente fraude electoral, la violencia y la creciente inseguridad personal, y el abuso corrupto del poder del régimen de Daniel Ortega.

Como suele suceder, el Diputado orteguista Gustavo Porras anunció rápidamente que habrá una “contra marcha” simultánea, organizada por el “sandinimso” y financiada con los recursos del Tesoro Nacional. Una “multitud alquilada” más, con licencia para la ferocidad. Así lo acaba de reconocer el presidente de la “Amcham” nicaragüense, Róger Arteaga, quien confirmó la existencia de pandillas pagas por su “trabajo sucio”.

No obstante, los nicaragüenses democráticos saldrán seguramente a la calle. Pese a todo. Esta vez agregando a su protesta el repudio al irregular -e hipócrita- procedimiento a través del cual Daniel Ortega pretende eliminar las restricciones a su reelección.

La manifestación opositora será pacífica. Así se anuncia. Pero si, como es habitual, ella es objeto de agresiones físicas por parte de los grupos de matones oficialistas, la violencia puede extenderse, desde que algunos dirigentes opositores han advertido que -esta vez- responderán a los ataques físicos. A los palos, con palos. A las piedras, con piedras. Y a los morteros (explosivos), con más morteros. Así lo ha asegurado el diputado Eduardo Montealegre. Preocupante, entonces.

Probablemente la policía nicaragüense, salvo que las cosas pasen realmente a mayores, adoptará su habitual papel de cínico “testigo silencioso” en “áreas liberadas”. Cumpliendo órdenes, desde luego. Para dejar pegar. Siempre es así.

Los mecanismos institucionales de defensa para proteger el ejercicio de las libertades civiles simplemente no existen. El vandalismo pareciera -en estos casos- tener vía libre. Y nadie es “responsable” de lo que sucede. Nadie. La protesta es sinónimo de provocación y, como tal, es demonizada.

A modo de amenaza, Ortega mantiene apostados, en las rotondas de la ciudad, a grupos de patoteros estatales, alegando que se trata de una espontánea “celebración permanente”, que no está dispuesto a interrumpir. El jueves pasado una señora inocente (Rosario Sánchez Dabud, según dan cuenta los medios locales) que pretendió ingresar en la Catedral de Managua (odiada por los “sandinistas”) no pudo hacerlo y recibió una golpiza por la que terminó en el hospital. Como cabía esperar, no denunció lo sucedido ante la policía, “para evitar una situación difícil”, dijo.

La sociedad civil y los partidos de la oposición enfrentan ahora el reto de enfrentar -todos- a la dictadura desde la unidad. La marcha del 21 de noviembre próximo puede ser una primera demostración de resistencia conjunta. Quienes concurran a ella sabrán cuál es su riesgo físico, que deberán enfrentar desde el coraje y -quiera Dios- desde la moderación.

Las turbas pagas del oficialismo se movilizan en Nicaragua en camionetas y motocicletas (que transportan a un “conductor” y, detrás de él, a un “golpeador”) financiadas por la alcaldía de Managua, con el dinero de todos. El esquema reproduce (en castellano) la eficaz estrategia represiva característica de los “mullahs” iraníes, que es utilizada contra los estudiantes y contra la oposición local, en general. Con rara eficacia y sin contemplaciones de ningún tipo.

Una hora bien difícil se acerca para los nicaragüenses. Managua será, el próximo sábado, el escenario sobre el cual los ojos de la comunidad internacional habrán de fijarse.

Es la primera vez que en la región la gente, harta, tiene la oportunidad de responder masivamente a una convocatoria que supone una protesta pacífica unificada. Que -sin embargo- puede ser brutalmente reprimida. Y nadie será “responsable”. Hay plena conciencia de la alta peligrosidad del ambiente. Muchos se vestirán de negro, en señal de protesta, lo que los “sandinistas” encuentran “inaceptable”. De allí la enorme inquietud por las provocaciones que se anticipan y los posibles desbordes que pudieran suceder.

* Emilio Cárdenas, Ex Embajador de la República Argentina ante la ONU.

Tiren contra los medios de comunicación masiva (o más bien "quédense con ellos")

Emilio Cárdenas

Eldiarioexterior.com

Octubre 25 de 2009

En la Argentina de los 50, las punzantes editoriales del diario “La Prensa” contra el gobierno peronista molestaron y hasta crisparon, en su momento, al Gral. Juan Domingo Perón. Como buen autoritario que era, Perón decidió primero atacar “indirectamente” al diario, de modo de tratar de intimidarlo. Así, sus carteleras en la Avenida de Mayo fueron -reiterada y sistemáticamente- atacadas y destrozadas por los implacables esbirros (“piqueteros”) de Perón. A lo cual se sumaron, en rápida serie, torcidas “inspecciones” fiscales y previsionales, así como la instalación de potentes altavoces frente al diario, para atacar y desconcentrar a sus periodistas. De no creer, pero fue así.

Pero el medio referido, pese a los ataques, siguió en lo suyo y Perón decidió entonces que había que cerrarlo. Silenciarlo. Para esto acumuló: (i) una promocionada “huelga” del personal; (ii) una “toma” del diario por parte de los “canillitas” (expendedores), procedimiento que luego Fidel Castro imitaría en Cuba, con las sucesivas “tomas” sindicales de los dos principales diarios opositores, esto es: “El Diario Marítimo” y “Prensa Libre” (éste último era donde escribía el gran periodista cubano Luis Aguilar); (iii) un tiroteo en los talleres de la calle Azopardo, con la muerte de un empleado; y, finalmente, (iv) una orden judicial, que dispuso el cierre del diario, el 26 de enero de 1951. Para evitar su reapertura, el 12 de abril de 1951 el Parlamento -controlado por los peronistas- decidió “expropiar” (esto es “quedarse con”) el diario. Luego de lo cual, Perón se lo entregó a la Confederación General del Trabajo (CGT), obligando al valiente Máximo Gainza Paz, el Director de “La Prensa”, a exiliarse, por razones de “seguridad”.

En diciembre de 1955, “La Prensa” (derrocado que fuera Perón) volvió a abrir, aunque con una enorme debilidad financiera de la que nunca se repuso y que finalmente llevó al hijo de Gainza Paz a tener que vender el medio de su familia, algunos años después.

De Juan Domingo Perón, al matrimonio Kirchner

Los Kirchner son, por lo menos, tan autoritarios como Perón. También como él, son profundamente anti-democráticos y pisotean, sin contemplaciones a las instituciones centrales de la República, desnaturalizándolas y manipuleándolas a su gusto y paladar, según les convenga.

A diferencia de Perón, sin embargo, los Kirchner (rodeados de una nube de Ministros, Secretarios de Estado y Legisladores que militaron personalmente en la “guerrilla” de los 70, aquella que cometiera toda suerte de violaciones de las Convenciones de Ginebra de 1949, que aún permanecen impunes) son izquierdistas, no nacionalistas. Todos tienen en común, como veremos, el vértigo de recurrir fácilmente a actitudes e instrumentos propios del fascismo. Como él los Kirchner recurren constantemente a métodos totalitarios para tratar de controlar a una prensa opositora “que cada vez les hace la vida más difícil”.

Primero, utilizaron los “sobrecitos” semanales para “comprar”, con contante y sonante, las “buenas voluntades” (lenguas y manos) de algunos periodistas. Segundo, distribuyeron -abierta y caprichosamente- la publicidad oficial. Premiando con ella a los “leales” y castigando (sin ella) a los “disidentes” o “críticos” del discurso único y del agresivo andar oficial. Tercero, agredieron por largo rato con carteles callejeros y amenazadoras alusiones directas proferidas reiteradamente desde los podios del poder, contra sus dueños y periodistas. Todo con una cuota de perversidad sin par.

Pero esto no les alcanzó. Los medios siguen, no obstante las triquiñuelas oficiales (claramente “bolivarianas”), demoliéndolos. Porque, aunque abiertamente amenazada, existe aún -en alguna medida- cierta libertad de prensa. Lo que es inaceptable para los autoritarios. De allí que busquen coartarla o hacerla insignificante.

La ley, como instrumento para imponer el silencio.

Por ello los Kirchner decidieron “peronizar” su acción. Para ello enviaron al Congreso (que aún dominan, pese a que fueron ferozmente derrotados en las elecciones del 28 de junio pasado, por 7 contra 3, lo que supone para ellos perder el control total del Parlamento que tenían y, para los argentinos, nada menos que volver a recuperar los extraviados equilibrios republicanos. Pero el cambio de bancas decidido ya por el pueblo ocurrirá -por capricho de los Kirchner- recién el 10 de diciembre próximo) un proyecto de ley para minimizar el impacto del sector privado en el sector de la radio y de la televisión.

Ese proyecto acaba de ser sancionado y es ya la ley 26.522, denominada “Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”. Con ella -disfrazándola de instrumento de “Robin Hood- (i) eliminarán la presencia de los extranjeros en el sector (en más, ellos no pueden tener más del 30% de las radios y televisoras argentinas); y (ii) forzarán a quienes tengan más radios o televisoras que las que ahora permiten toda una serie de nuevos (e inéditos) “techos máximos en materia de “audiencia posible” a la propiedad de los medios audiovisuales, a venderlas. Como está sucediendo ya con Telecom Italia (en telefonía, la plataforma ideal del “triple play”) esto supone vender a quien ellos sugieran. No a otros, desde que la “autorización” respectiva sólo se dará, discrecionalmente, respecto de quienes sean “leales”. Y no de “opositores”.

La nueva norma sancionada pone en manos exclusivas del Poder Ejecutivo la llamada “Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual”. Y dispone que habrá un plazo perentorio de un año (o sea todo debe suceder antes que las próximas elecciones presidenciales, del 2011, en las que los Kirchner -de suceder hoy- serían hoy duramente derrotados) durante el cual “desinvertir” y “adaptarse” a las nuevas normas. Aclarando, en el colmo del descaro, que nadie tiene “derechos adquiridos” respecto de licencias previas que pudiera haber adquirido legítimamente, lo que vulnera directamente el derecho de propiedad de algunos, que inocentemente creían “protegido” por la Constitución. Quienes no se adapten en término a las nuevas “reglas de juego” corren el riesgo cierto de perder sus licencias. Y ser multados y perseguidos.

La “jibarización” del sector privado.

En esencia, la nueva norma arrincona discrecionalmente al sector privado. Lo transforma en un pigmeo, en términos de presencia en el espectro radioeléctrico. Esto no sólo por los “techos” que impone a su presencia en el total del espectro radioeléctrico, sino por cuanto el Gobierno se reserva para sí la cuota parte del espectro radioeléctrico que desee y asigna específicamente una tercera parte de él a las “entidades no-gubernamentales”, a ser cuidadosamente seleccionadas.

Una mordaza legal silenciará, de este modo, a la radio y la televisión argentina. Su voz estará cercenada. Su potencia quedará reducida. Su presencia minimizada. En paralelo, el Gobierno Nacional habla ahora de “expropiar” la única fábrica de papel para diarios (“Papel Prensa”) del país, de manera de poder así también cerrar -a voluntad- el acceso a la materia prima de los diarios no “leales” al poder.

Y ha comenzado a perseguir arteramente a aquellos periodistas que (como Carlos Pagni) apuntan especialmente al corazón de su sistema: la corrupción que todo lo cubre. Como cuadro, preocupante en extremo. La Argentina está camino a un nivel de autoritarismo hasta ahora desconocido. Uno que apunta a silenciar lo que el gobierno no quiere que se diga. Por esto cuando Sergio Kovadloff, desde las columnas de “La Nación”, de Buenos Aires, nos dice: “La ley se ha convertido entre nosotros en herramienta directa de la corrupción. El Poder Ejecutivo la ha puesto a su servicio. La manipula con maestría. Logra que no exprese su vigencia, sino su impotencia. La brutalidad verbal y la acción brutal se complementan. Una potencia a la otra”, no se equivoca. Así están las cosas, bien graves.

*Emilio Cárdenas, ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.

Las elecciones uruguayas en la recta final

Emilio Cárdenas*

Eldiarioexterior.com, Nueva York

Octubre 16 de 2009

La región toda sigue con marcada atención lo que está ocurriendo en el proceso electoral del Uruguay, que culminará el próximo 25 de octubre con la primera rueda de las elecciones en las que se decidirá si José Mujica (el candidato de la izquierda) o Luis Alberto Lacalle (el candidato con más posibilidades que presenta la oposición conformada por los partidos tradicionales), ocuparán el sillón presidencial del país rioplatense.

Las elecciones orientales trascienden el marco nacional uruguayo, porque podrían transformarse en el principio de un “giro” hacia el centro de la política regional, que en los últimos años ha estado dominada por la izquierda, sea “radical” (como Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega o Cristina Fernández de Kirchner) o “moderada” (como son las experiencias lideradas por los gobiernos de izquierda de Michelle Bachelet, en Chile, el presidente “Lula” en el Brasil, o Tabaré Vázquez en la República Oriental del Uruguay). La “señal” que emita Uruguay, entonces, puede quizás comenzar a marcar un rumbo más allá de su propio país. Que seguramente confirmará la elección chilena, que le sigue en el calendario electoral regional.

No solo el referido eventual “giro” hacia el centro uruguayo va a ser seguido con atención. También la posibilidad de que un pueblo de la región consagre, a través de las urnas, como su Presidente, a un hombre que perteneció a la dirigencia más alta de un movimiento como el de los “Tupamaros”. Una agrupación que en el conflicto armado interno que afectó al Uruguay (como a otros países de la región) en la dura década de los 70, pudo haber sido responsable de un buen número de asesinatos, secuestros u otros delitos cometidos contra civiles inocentes todo a lo largo de ese enfrentamiento. Esos delitos son, en rigor, “crímenes de guerra”; esto es nada menos que “delitos de lesa humanidad” cometidos durante un conflicto armado interno, que están específicamente prohibidos por el artículo 3° (la llamada “Cláusula Martens”) de la Cuarta Convención de Ginebra de 1949.

Que una mayoría del educado y sereno pueblo uruguayo tome una decisión de ese porte sería realmente una lástima, desde que debilitaría políticamente la estructura de protección a los civiles inocentes que consagra inequívocamente el derecho internacional.

Por esto seguramente Luis Alberto Lacalle, en el cierre de su campaña, llamó la atención (particularmente de los indecisos) sobre el significado que, esta vez, tiene el voto oriental, alertando acerca de la eventualidad de un retorno a las “ideas” tupamaras de la década del 70, si Mujica llega al gobierno.

Por esto quizás los silencios de Mujica, que ahora apuesta a “la inercia”. Aunque no puede descartarse que esos silencios hayan sido provocados por sus imprudentes manifestaciones acerca de “cómo somos los argentinos”, en su opinión. Este argumento de Lacalle fue presentado en la ciudad de Florida, cuando culmina la campaña electoral uruguaya, además de todo un paquete de medidas de estímulo regional propuesto por el Partido Nacional.

Las proyecciones.

Cuando la carrera electoral está en su recta final, las encuestas generan sensaciones contradictorias. Por una parte aparece la generada por Factum, que sugiere que los candidatos Blancos, esto es los del Partido Nacional, están perdiendo popularidad, lo que -sin embargo- no se refleja en un aumento de los votos de la izquierda, sino en un insólito crecimiento del porcentaje de “indecisos”.

Por otra parte, la consultora MPC, mientras anuncia que dará a conocer el jueves 22 su “proyección definitiva”, sugiere ya que en las elecciones de octubre (primera vuelta) el Frente Amplio obtendría entre un 37 y un 42% de los votos, mientras que Luis Alberto Lacalle, del Partido Nacional, lograría entre un 35 y un 38% de los sufragios.

No obstante, aclara que, en su parecer, esos resultados se revertirían luego en noviembre, de cara al balotaje, esto es en segunda vuelta, donde el candidato nacionalista, Luis Alberto Lacalle, derrotaría a José Mujica obteniendo una votación cercana al 52-55%, mientras que su rival de izquierda alcanzaría entre un 40-43% de los votos.

Para la encuesta de MPC en octubre habría una “sorpresa” que, a la postre, aseguraría el triunfo de la oposición, en la segunda vuelta. Según la encuestadora, el candidato del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, podría alcanzar entre un mínimo del 17% de los votos y un máximo del 22%.

La encuesta del MPC se completa sugiriendo que el Partido Independiente obtendría el 3% de los sufragios; la llamada Asamblea Popular un 1%; y finalmente que los votos en blanco y los que resulten anulados no habrán de superar el 3%.

Queda visto que para el Uruguay la elección que se acerca tiene enorme importancia. Pese a la buena gestión de Tabaré Vázquez, que no pudo imponer un sucesor “de su propio palo” en el seno del llamado “Frente Amplio”. La circunstancia de que esta agrupación haya elegido al líder tupamaro podría terminar afectando adversamente a la izquierda uruguaya, dando simultáneamente comienzo a un nuevo movimiento pendular regional que apunte ahora a reinstalar al centro en el espectro de ideas políticas.

* Emilio Cárdenas, ex Embajador de la República Argentina ante la ONU