Venezuela, Eta y las Farc

Editorial

El Espectador, Bogotá

Marzo 4 de 2010

Las cosas son como son, reza un conocido adagio popular, y más temprano que tarde termina sabiéndose su real dimensión.

De allí que los graves señalamientos que ha hecho al gobierno de Venezuela un juez de la Audiencia Nacional de España, de tener vínculos tanto con Eta como con las Farc, hayan generado la natural indignación y rechazo en el país ibérico y en Colombia.

La respuesta de nuestro gobierno ha sido prudente, pero firme, pues está en juego el restablecimiento de las maltrechas relaciones bilaterales. La misma que contrasta con la nueva andanada del presidente Hugo Chávez al decir que se trata de “rezagos de un pasado colonial” y que en últimas todo esto forma parte de una “orquesta” que maneja el “imperio yanqui” en su contra y que busca sabotear la nueva Organización de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Nada nuevo de su parte.

El asunto no es menor: según el juez Eloy Velasco, Eta y las Farc planearon llevar a cabo atentados, en España, contra el presidente Álvaro Uribe, el ex presidente Andrés Pastrana y otras personalidades. La Audiencia Nacional es una institución de reconocida seriedad, lo que llevó a que el propio presidente español, Rodríguez Zapatero —quien no atraviesa por su mejor momento—, haya solicitado a su canciller Moratinos que pida las debidas explicaciones a Caracas. El partido de gobierno, el PSOE, también ha dicho que éstas deben darse “de forma inmediata” y el PP ha sido más radical al sugerir un eventual rompimiento de relaciones. Infortunadamente, la Cancillería venezolana, en vez de ofrecer su colaboración para aclarar las graves acusaciones, dijo en un comunicado que en el auto emitido por el juez Velasco “se hacen señalamientos inaceptables, de naturaleza y motivación política, sobre el gobierno venezolano”.

Una conocida máxima jurídica dice que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Guardadas las proporciones, y en el ámbito de las relaciones internacionales, se podría alegar otro tanto. Es decir que ante la respetuosa solicitud que hace el gobierno de España, para aclarar los hechos, debería recibirse una respuesta similar que, a través de una explicación satisfactoria, seria y fundamentada —como también la solicitó el canciller Bermúdez—, despeje cualquier duda al respecto.

Lo anterior le permitiría a Venezuela desestimar las pruebas que tenga la Audiencia Nacional y, de paso, acallar a los “enemigos de la revolución” de los que habla Chávez. Sin embargo, al venirse, otra vez, lanza en ristre contra quienes le hacen señalamientos, sin controvertir los argumentos esgrimidos en su contra, aumenta la desconfianza de quienes con toda razón, en Madrid y Bogotá, esperan una respuesta detallada y contundente. Con su actitud, Hugo Chávez no hace sino entregar más pólvora a aquellos que lo perciben como cercano a peligrosos grupos al margen de la ley.

Por ahora Moratinos ha dicho que Chávez está dispuesto a colaborar y su embajador en España, el ex fiscal Isaías Rodríguez, dijo en recientes declaraciones que “el acto de apertura descansa en presunciones fundadas en elementos muy frágiles, y que no hay pruebas contundentes”. Por ahí es la cosa. Ahora les compete demostrarlo.

Este tipo de acontecimientos se deben observar con especial cuidado y objetividad, sin caer en falsas cruzadas de tinte nacionalista. Pero cuando de fuente judicial seria se hacen señalamientos que involucran la integridad personal de tan altas personalidades, como en el caso de los presidentes Uribe y Pastrana, se requiere una pronta y satisfactoria explicación por parte de las autoridades venezolanas. Las cosas son como son.

Las milicias bolivarianas

Editorial

El Espectador, Bogotá

Marzo 1 de 2010

En estos últimos días las miIicias bolivarianas han copado la atención no sólo de los medios de comunicación, sino también del Gobierno Nacional.

El ministro de la Defensa, Gabriel Silva Luján, las definió como “guardias pretorianas” y señaló que le preocupaba mucho que el gobierno de Venezuela las creara para defender “no a instituciones, sino a un individuo”. También alertó sobre la falta de control de éstas y la posibilidad de que sus armas terminen en manos de bandas criminales. Una declaración que muchos consideraron salida de tono y que el propio presidente Uribe tuvo que desautorizar.

Desde el inicio de su mandato, Hugo Chávez ha llamado a la puesta en marcha de un nuevo pensamiento militar de corte antiimperialista y nacionalista. Desde el año 2004 lo ha sustentado en el fortalecimiento del poderío militar, la consolidación y profundización de la unión cívico-militar y la participación popular en las tareas de defensa nacional. La creación de las llamadas milicias se inserta en estas líneas. En la anterior Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional de 2005 se llamaban Guardia Territorial. Dicen responder a la preparación para una guerra de resistencia contra un Estado mucho más poderoso (EE.UU.) y son una estrategia de defensa de la Revolución Bolivariana y de su líder ante múltiples amenazas, incluyendo las que puedan provenir del propio estamento militar. No hay que olvidar, por ello, el golpe en su contra en 2002.

Las milicias, como figura, llevan ya casi seis años de existencia y forman parte de la nueva organización de las fuerzas militares del vecino país. Hoy el mandatario, en pleno proceso de “radicalización” de la Revolución, las “relanza”. Hay que anotar que su adhesión es voluntaria y algunos analistas tienen dudas de que estas estructuras funcionen en el seno de la sociedad venezolana. Una sociedad desacostumbrada a la guerra y la cultura bélica.

Las milicias no están pensadas para atacar a Colombia. Las principales preocupaciones, por las perturbaciones que puedan generar, son para los venezolanos. Algunos sectores temen por sus actuaciones politizadas y una posible militarización de la sociedad. Sin embargo, su consolidación y solidez son aún débiles. Las metas esperadas de participantes no se han cumplido. A pesar de los incentivos, su adhesión no es necesariamente automática, y está por verse el grado de compromiso de sus miembros.

A futuro, la preocupación principal podría estar en que estos cuerpos tomen vida propia, se fragmenten y queden en manos de caudillos que puedan tener propósitos todavía más radicales que la misma propuesta de Chávez. O bien puedan ser utilizados en propósitos más prosaicos por bandas delincuenciales.

En América Latina, experimentos que involucraron a la población civil en ejercicios de naturaleza militar y policiva, como las Patrullas de Autodefensa Civil (PACS) en Guatemala y las Cooperativas de Seguridad Rural (Convivir) en Colombia, tuvieron inesperadas consecuencias negativas.

En algunas zonas colombianas de conflicto, las Convivir y los grupos paramilitares se convirtieron en una sola cosa. Paramilitares reinsertados como Salvatore Mancuso describieron cómo fundaron cooperativas de seguridad rural que les dieron cobertura legal y cómo miembros de las Convivir, incapaces de asumir las restricciones que les impuso la Corte Constitucional en 1997, se convirtieron en grupos paramilitares. Por su parte, las Patrullas de Autodefensas guatemaltecas no sólo emplearon técnicas agresivas para el reclutamiento forzoso de civiles, sino que, en el marco de la lucha antisubversiva, perpetuaron torturas, ejecuciones extrajudiciales y masacres contra la población campesina e indígena.

En Venezuela hay entonces de qué preocuparse. Y aunque esta no es una estrategia militar dirigida exclusivamente a Colombia, es normal que el potencialmente peligroso experimento genere preguntas y una que otra inquietud.

El Acuerdo Comercial con la Unión Europea

Editorial

El Espectador, Bogotá

Febrero 17 de 2010

Esta semana llegará al país una misión de parlamentarios de la Unión Europea, de distintas naciones y filiaciones políticas.

Vienen con el propósito de conocer de primera mano la evolución de la economía, la política y los aspectos sociales en tiempos recientes, para concretar su respaldo al Tratado de Libre Comercio entre esa rica región del mundo y Colombia. Por lo tanto es oportuno hacer unas reflexiones sobre este crucial acuerdo.

En primer lugar, sea esta una nueva ocasión para reiterar la conveniencia para nuestro país de embarcarse en una iniciativa comercial y económica de esta naturaleza y envergadura. Porque este tratado —cuya negociación concluirá en Bruselas la semana entrante— les brindará a los empresarios nacionales grandes oportunidades de ampliar sus mercados mediante exportaciones a naciones con una elevada capacidad adquisitiva. Vale la pena recordar que la Unión Europea cuenta con 500 millones de consumidores y un ingreso per cápita anual de 37 mil dólares. Un mercado equivalente a 85 veces el de Colombia.

Adicionalmente, el acuerdo comercial estimulará la llegada de capitales europeos en forma de inversión extranjera, puesto que su entrada en vigencia es un voto de confianza en la solidez y el potencial de la economía nacional. Todo esto permitirá un mayor dinamismo del aparato productivo, lo cual redundará en más puestos de trabajo y en mayores recaudos tributarios para hacer inversión social.

Algunos dirigentes de izquierda de varias naciones europeas han planteado que este Tratado de Libre Comercio se le debe negar a Colombia por su desempeño en materia de Derechos Humanos. Argumentan que el Gobierno no ha hecho lo suficiente para protegerlos y que por lo tanto no se le debería dar al país este privilegio. Una posición que no es justa ni lógica.

Es injusta, porque si bien es cierto que en el país subsisten serios problemas en cuestión de Derechos Humanos, también es verdad que en los pasados ocho años se ha registrado un muy significativo avance, que se evidencia en la reducción de más del 50 por ciento en los homicidios, del 90 por ciento en los secuestros y del 85 por ciento en los crímenes de activistas sindicales.

Es ilógica la actitud de estos pocos opositores europeos, puesto que negarle a Colombia esta gran posibilidad comercial sería contraproducente para su avance social y económico. Porque este acuerdo servirá para fortalecer la economía legal generando negocios nuevos en muchos sectores y regiones, le brindará al Estado recursos adicionales para la salud, la educación y los servicios públicos de los ciudadanos menos favorecidos, y creará nuevos empleos vinculados a las exportaciones adicionales que se producirán con su implantación. Además, un acuerdo de esta naturaleza, como lo demuestran las experiencias de otras naciones que los han adoptado, eleva los estándares de las condiciones laborales.

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Comercio Exterior y de la Cancillería, ha hecho una buena labor impulsando este Tratado, cuya aprobación final quedará en manos de los eurodiputados en el segundo semestre de este año. Ojalá los parlamentarios de las 27 naciones de la Unión Europea concluyan que una de las mejores maneras de ayudar a Colombia es mediante la puesta en marcha del poderoso instrumento de progreso social y económico que es este gran acuerdo comercial que se firmará en mayo en Madrid.

El debate de la identidad nacional de Francia

Editorial

El Espectador, Bogotá

Febrero 12 de 2010

Cuatro meses después de iniciado el polémico debate, Francia se decide a tomar medidas, en un plano bastante simbólico, para reforzar la identidad nacional. Un tema que le pertenecía a la extrema derecha, con su aversión hacia los inmigrantes, pero que el presidente Nicolás Sarkozy, antes de resultar electo, prometió abordar.

En adelante, todos los estudiantes franceses portarán un carné ciudadano, las materias cívicas impartidas en los colegios tendrán mayor importancia, en cada curso habrá un cartel en el que se expone la Declaración de Derechos del Hombre, la bandera tricolor tendrá que ser izada todos los 14 de julio en que se celebra la caída del absolutismo y la toma de La Bastilla, y se estimulará el aprendizaje del francés para aquellos extranjeros que no lo dominan. Para estos últimos, además, habrá un contrato con derechos y deberes cuya firma es obligatoria para adquirir la nacionalidad.

En aras de una legitimación de las nuevas políticas, funcionarios plantearon que el interés de fondo no es otro que el de hacer respetar los valores del republicanismo. La preocupación —o el “problema”, como algunos se atreven a llamarlo— proviene de la llegada masiva de inmigrantes cuyas creencias contradicen la razón occidental. Con más de cinco millones, Francia es el país de Europa con el mayor número de musulmanes. Al respecto, en medio del debate promovido por el Ministro de Inmigración, una encuesta presentada por el diario Le Parisien reveló que el 54% de los franceses consideran el Islam compatible con la sociedad.

Aunque su aceptación mejora entre las personas más jóvenes, una sensación de que algunas prácticas simplemente no encajan parecería coexistir con el silencio y las dificultades para abordar temas específicos que, por impopulares y sensibles, están próximos a convertirse en un tabú. Al respecto, la agresividad de la burka ha hecho de los derechos de la mujer el inicio de toda una discusión con consecuencias judiciales. Hubo quienes recomendaron, en el Parlamento, una ley que prohíba el uso del velo integral y el Ministerio de Inmigración informó de la negación de ciudadanía a un hombre que obliga a su mujer, quien ya tiene la nacionalidad francesa, a vestir la cuestionada prenda. Por considerar que esta es una actitud machista, la decisión fue validada por el Consejo de Estado. El periódico Le Figaro, en apoyo a la sentencia, explicó también que la actitud discriminatoria incluye la negación a darles la mano a las mujeres y el interés en que niños y niñas sean separados.

Pese a los comentarios de rechazo, los insultos y las diatribas protagonizadas por algunos sectores de la izquierda que se opusieron al debate, por considerarlo racista y xenófobo, no parece que las intenciones del presidente Sarkozy estén tan erradas. Un islamismo radical que no valora la igualdad entre los sexos en razón a sus preceptos religiosos es claramente contrario a los valores que caracterizan a la República.

No obstante sus aparentemente dignas intenciones, el debate contó con un muy bajo apoyo entre los ciudadanos. Otra encuesta de 20 minutes y France Info informó que el debate sobre la identidad nacional fue percibido como constructivo por un escaso 22,2% de los franceses. Además, el 53,4% piensa que, en vísperas de las elecciones regionales que se celebrarán en marzo, el debate obedeció a una estrategia electoral.

La polémica, pues, tiene más de un matiz. Y no es única de Francia como puede verse en las restricciones que otros países están implementando para quienes deseen acceder a una ciudadanía. Italia, Inglaterra y Alemania han expedido nuevas normativas ante la ausencia de una legislación comunitaria. Y ya antes, insisten los defensores de mayores políticas de integración que no estigmaticen a los inmigrantes, Suiza votó contra la construcción de minaretes en las mezquitas.

Venezuela y el Consejo de Seguridad

Editorial

El Espectador, Bogotá

Diciembre 8 de 2009

La insólita decisión del gobierno de Venezuela, materializada a través de su canciller, Nicolás Maduro, de que se incorpore el caso de Colombia en la agenda de trabajo del Consejo de Seguridad de la ONU bajo el peregrino argumento de constituir una “seria amenaza para la paz y la seguridad internacionales”, es un nuevo y confrontacional paso en el sentido equivocado.

Lo que ha debido ser, desde un principio, un asunto bilateral para ser resuelto en el ámbito de la diplomacia directa entre Bogotá y Caracas, ha escalado de la diplomacia del micrófono, preferida por Chávez, a la de los organismos multilaterales.

El primer paso lo dio el gobierno de Colombia que anunció, tras las públicas amenazas de guerra del mandatario del país vecino, que llevaría el caso ante la ONU y la OEA. Se acudió así a los órganos políticos de las dos organizaciones, el Consejo de Seguridad y el Consejo Permanente, de manera respectiva, para informarlos de los hechos y sin buscar un debate desgastante que llevara a una condena al otro país. En este sentido no hay que olvidar la muy efectiva diplomacia del petróleo, mediante la cual Venezuela ha supeditado la entrega de petróleo y dinero en cantidades a un buen numero de países, en condiciones muy favorables. Bien sea como “cooperación” al desarrollo o para la compra de armas, Caracas ha esperado de ellos un alineamiento automático con sus posiciones en los foros multilaterales. Resulta por ende muy difícil esperar un debate en el que se dé al caso una valoración objetiva o una decisión sin prejuicios, exenta de presiones.

¿Qué sigue ahora? Primero que todo es bastante improbable que Colombia ingrese a la agenda del Consejo. La presidencia rotativa del mismo, que le corresponde a Burkina Fasso, previas consultas, puede desestimar la solicitud de inmediato. Sin embargo, en caso de considerarlo pertinente, puede convocar a una reunión, en formato abierto o cerrado, en la cual es indispensable que alguno o varios de los 15 miembros que lo conforman decidan si, en efecto, el país constituye una amenaza para la paz y la seguridad. En cualquiera de las dos modalidades, el país quedaría expuesto a un debate en el cual, y en caso de ser abierta la sesión, podrían participar otros Estados que así lo soliciten, diferentes a los integrantes del Consejo. En este contexto no sería de extrañar que muchos de los beneficiarios de los petrodólares venezolanos cuestionen a Colombia como forma de “pago” por los favores recibidos. Sin embargo, y mas allá de un candente debate, ahí debería terminar este asunto, es decir, con el archivo de la solicitud de Venezuela.

En el hipotético caso de que la decisión fuera la de incorporar a Colombia como tema de agenda, existen una serie de asuntos importantes que pasarían a tener un monitoreo permanente por parte del Consejo, como el de los niños en el conflicto armado interno y el de los desplazados, entre otros.

Desde esta perspectiva, la cuerda de la compleja relación con el país vecino sigue templándose sin necesidad. A este respecto urge la aceptación de un mediador, por ambas partes, que puede ser un país que genere confianza mutua, una personalidad reconocida o un organismo multilateral, en cabeza de su Secretario General, que actúe como propiciador y garante de unos diálogos directos y de unas medidas de consenso que permitan pasar la página de un capítulo difícil en unas relaciones ya de por sí bastante caldeadas.

De Kyoto a Copenhague

Editorial

El Espectador, Bogotá

Diciembre 6 de 2009

Entre el 7 y el 18 de diciembre se reunirán en Copenhague los líderes y representantes de diferentes países del planeta para definir el curso a seguir en el proceso de control del cambio climático.

Se trata de un problema que, por su naturaleza global, requiere la acción colectiva y coordinada de todos los países del mundo, de sus regiones y de sus comunidades. Es, sin duda, el mayor y más complejo reto colectivo que la humanidad haya enfrentado.

Desde hace un tiempo se viene vaticinando que la reunión de Copenhague será un fracaso. Según se argumenta, no se llegará a ningún acuerdo ni se firmarán compromisos concretos y medibles. Sin embargo, el desenlace puede ser otro y la Cumbre de Copenhague puede tener una trascendencia positiva e inmensa. Esto por cuanto para los gobiernos es muy claro que la inacción no es una opción posible, que sería ambientalmente calamitosa y, además, políticamente funesta para muchos de ellos. Probablemente, como ha ocurrido antes, durante los últimos minutos del último día de la reunión se cristalizará el acuerdo. Será un acuerdo de principios, como debe ser. Los procedimientos y los detalles se definirán durante el año entrante.

Los actores clave, relevantes y decisorios de esta reunión serán China, los Estados Unidos, India y la Unión Europea. Éstos deberán resolver una compleja confrontación con implicaciones económicas y políticas que trasciende el asunto del cambio climático. Muy probablemente, después de duras negociaciones, todos ellos anunciarán y se comprometerán políticamente a alcanzar determinadas metas en materia de reducción de emisiones. Sin embargo, los Estados Unidos y China harán todo lo posible por defender estrategias nacionales independientes y acuerdos bilaterales para enfrentar el problema. Tratarán de evitar compromisos y verificaciones de tipo multilateral y jurídicamente vinculantes.

El conjunto disperso, heterogéneo y descoordinado de los países en vía de desarrollo probablemente no desempeñará un papel determinante. Ellos buscarán transferencia de tecnología y financiación para la adaptación al cambio climático. El progreso en este campo probablemente será gradual. Los países tropicales insistirán y lograrán, sin mayor dificultad, que la conservación y restauración de sus bosques sean reconocidas como estrategias de mitigación del cambio climático. Buscarán y lograrán que los países emisores reconozcan su valor económico.

Ahora bien, el hecho de que la mayoría de los países que participarán en esa reunión, incluido Colombia, no estén llamados a desempeñar papeles definitorios, no quiere decir que para ellos el resultado de esta cumbre no sea importante. De hecho, lo contario es cierto. Son estos países los que tienen más en juego.

El caso de Colombia es particularmente interesante. Tiene cerca de la mitad de su territorio cubierto de bosques que almacenan billones de toneladas de CO2 cuya conservación contribuye a mitigar los efectos nocivos de las emisiones de gases con efecto de invernadero. Esos bosques están generalmente habitados por comunidades indígenas y afrodescendientes pobres que necesitan alternativas productivas para mejorar su nivel de bienestar. La Cumbre de Copenhague podría abrir el camino para que entre esas comunidades locales y la comunidad global se construyan acuerdos equitativos que conduzcan a la conservación de esos bosques y al consecuente mejoramiento del bienestar de todos. Además, la Cumbre podría conducir al robustecimiento de los incentivos necesarios para dinamizar el desarrollo de tecnologías y proyectos forestales, agrícolas y energéticos para los cuales Colombia siempre ha tenido vacación.

Los avances de la Convención de Ottawa

Editorial

El Espectador, Bogotá

Diciembre 4 de 2009

Termina este viernes, en la ciudad de Cartagena, la segunda conferencia de revisión de la Convención de Ottawa que prohíbe el uso, la fabricación, el almacenamiento y el tráfico de minas antipersona. Pese a que 156 países han adherido al Tratado de Prohibición, 39 se niegan a suscribirlo. Grandes potencias mundiales, como Rusia, China y Estados Unidos, se resisten a hacerlo.

El plazo de diez años pactado con las partes firmantes para desminar los territorios ocupó la atención de una primera parte de la conferencia. Con la excepción de Nicaragua, Centroamérica cumplió con el plazo acordado. Suramérica, por el contrario, aunque avanzó, tiene todavía regiones con minas en países como Perú, Ecuador, Venezuela, Argentina, Chile y Cuba (que, como en los tres casos de las potencias anteriores, no firmó la Convención).

Frente a la demora y lentitud con que se ha avanzado en la remoción de las minas, un gran número de Estados solicitó una prórroga. Aduciendo razones económicas, más de un gobierno insistió en que es preciso considerar que el desminado sigue siendo un reto que debe afrontarse de manera conjunta. Con la ayuda económica de algunos países y algo de voluntad política por parte de los gobiernos, los logros serán tangibles. De cualquier forma, a partir de la entrada en vigencia de la Convención de Ottawa las víctimas por minas antipersona se redujeron a 7.000 al año y un total de 42 millones de explosivos fueron destruidos.

Colombia, que en 2007 y 2008 fue el país del mundo con el mayor número de accidentes producto de la explosión de estos artefactos, ahora ocupa el deshonroso segundo lugar, sólo superado por Afganistán. El problema, como ya será obvio, no se limita a las minas que deben ser retiradas: conforme son hostigadas, las Farc, y en menor medida el Eln, han incrementado el uso de estas armas para frenar el avance del Ejército, proteger los cultivos ilícitos e impedir la persecución terrestre.

Las cifras son alarmantes. Según la Vicepresidencia, desde 1990 se han registrado un total de 6.724 víctimas. De éstas, 1.554 murieron. Tan sólo en 2008 hubo 768 colombianos víctimas de este terrible flagelo. Lo que significa una disminución del 15% frente a 2007 y comprueba una tendencia iniciada en 2007, cuando las víctimas se redujeron en 23%. Una situación posiblemente positiva que no asegura, sin embargo, que el panorama vaya a mejorar. Y ello reconociendo al Estado colombiano su liderazgo e interés en el tema.

Digámoslo descarnadamente, guerrillas como las Farc, no obstante las muchas condenas políticas que puedan recibir de parte de la comunidad internacional, encuentran en el uso de minas antipersona una estrategia fácil de implementar y útil para la guerra. La activación de una mina antipersona no sólo es el medio utilizado para retener al enemigo. También constituye la posibilidad de imprimir una marca macabra en el cuerpo de los colombianos. “Mi vida cambió radicalmente, cuatro veces he intentado suicidarme”, sostiene Carlos Cárdenas, quien en 2001 perdió una pierna, un brazo, un ojo y un oído al pisar una mina en una vereda cerca de Santa Marta.

Por ello es tan importante que en Cartagena se haya hecho énfasis en los sobrevivientes. Además de cuidar que otros países adhieran al Tratado y que quienes ya forman parte cumplan con el cronograma de desminado acordado, es fundamental avanzar en la atención integral que requieren las víctimas. Sin duda, el aspecto menos atendido de todos.

Chávez para rato

Editorial

El Espectador, Bogotá

Noviembre 30 de 2009

Como consecuencia de la actual crisis binacional, varios analistas han llamado la atención sobre el difícil momento por el que transita el gobierno de Hugo Chávez. Afirman que esta es la razón principal de su nueva arremetida contra Colombia. Resultados económicos poco alentadores, altas dosis de ineficacia en la gestión del Estado, desinversión y merma de la producción petrolera, una tremenda inseguridad ciudadana y cortes en el suministro de agua y luz son los principales factores que están reduciendo la popularidad del mandatario.

Sin lugar a dudas Hugo Chávez no se encuentra en su mejor momento. Lejos están los días que precedieron la reelección de 2006, en la que el mandatario triunfó con una amplia ventaja, de más de tres millones de votos. Desde hace poco más de un año los sondeos de opinión realizados por las principales encuestadoras de Venezuela coinciden en que la popularidad del presidente ha sufrido un importante retroceso, y ha alcanzado —por primera vez desde el inicio de su gobierno— cifras por debajo del 50%.

No por esto debe subestimarse la capacidad de recuperación del primer mandatario, en particular cuando los precios del petróleo comienzan a repuntar.

Chávez ha logrado capotear situaciones más adversas. Basta recordar cómo sobrellevó el golpe de Estado de abril de 2002 o el paro petrolero de 2002-2003, en el que la economía cayó 8,9% del PIB y las pérdidas en el sector petrolero fueron del orden del 3%, respectivamente. Asimismo, en un contexto nacional peligrosamente polarizado, Chávez logró contrarrestar la campaña oposicionista que pretendía revocar su mandato mediante el referendo de agosto de 2004, en el que el 59,06% de la población del vecino país —más de cinco millones y medio de personas— votaron a su favor.

A lo largo de los últimos 11 años Chávez ha demostrado ser flexible y estratégico, se ha readaptado a situaciones e incluso en algunas ocasiones ha retrocedido para luego avanzar con fórmulas distintas.

En la actualidad el primer mandatario cuenta con numerosas variables a su favor. Ha concentrado mayor poder a través de la realización de sendos cambios institucionales, ha creado y organizado un partido y ha promovido una nueva élite política y empresarial dispuesta a sostenerlo. Cuenta además con el apoyo incondicional de un número importante de venezolanos, que no están dispuestos a perder lo que han logrado en materia de inclusión.

Con todo y los retrocesos en su popularidad, Hugo Chávez sigue siendo la figura dominante en el panorama político Venezolano. Su liderazgo no cuenta con ningún contrapeso real. La oposición venezolana no consigue promover una figura alternativa que capitalice los errores del presidente y encabece el cambio en el poder. En plena campaña electoral para las elecciones parlamentarias del próximo año, fundamentales para él y su proyecto, Chávez y su equipo se preparan para arrasar en las urnas.

Se equivocan entonces quienes se apresuran a vaticinar el fin de la era Chávez. Si nada extraordinario ocurre, habrá chavismo por mucho tiempo. El reto diplomático para Colombia es enorme. El gobierno del incómodo vecino puede tardar más tiempo que el del propio Uribe. En consecuencia no está de más pensar en un futuro con Chávez y no, como pretenden algunos, en un escenario pos-Chávez. A pesar de no ser muy buenas nuevas, Gobierno y sector privado deben hacerse a la idea.

Sobre el sistema pensional colombiano

Editorial

El Espectador, Bogotá

Noviembre 28 de 2009

El pago de pensiones por parte del Gobierno Nacional está aumentando de forma preocupante. En 2008 representaba el 3,5% del PIB, en 2009 representa el 4,1% y para 2010 se espera que este pasivo aumente a un 4,3%.

Para dar un orden de magnitud, puede decirse que lo que se dedica hoy al pago de pensiones del anterior régimen y de los regímenes especiales con recursos del presupuesto equivale a todo el recaudo del IVA. En otras palabras, todo lo que se recauda por ese impuesto se usa para subsidiar a cerca de un millón de pensionados del ISS y de las antiguas cajas de previsión social, que equivalen a cerca del 2,5% de la población.

Estas cifras evidencian una preocupante inequidad e ineficiencia en la destinación de los recursos destinados a financiar las pensiones del antiguo régimen y los regímenes especiales, pues la relación entre el pago total de pensiones a cargo del Gobierno Nacional y el número de pensionados es sorprendentemente baja, teniendo en cuenta que el anterior régimen de prima media debería tener pensionados a más de cinco millones de personas y no solamente a un millón que están concentrando el 20% de los recursos del presupuesto nacional. Y entre tanto, son numerosos los casos de quienes han trabajado el tiempo requerido para conseguir su pensión pero ésta les es negada durante años por cualquier motivo o disculpa administrativa.

Vale la pena preguntarse por qué el 4,3% del PIB se destina a financiar una cobertura tan baja de pensionados. La respuesta está en los subsidios implícitos que se reconocieron y que se siguen reconociendo en algunas pensiones contempladas por el ISS. Para 1993 la carga de subsidios respecto al valor de la pensión superaba el 78%. En el caso de aquellos que cotizaban el mínimo de semanas requeridas (500) y eran beneficiarios de la pensión mínima, se subsidiaba el 92% de la pensión. Esto significa que las personas tan sólo acumulaban para financiar su pensión un 22% o un 8% y el capital restante lo reconocía el ISS vía un subsidio a la pensión. Para los afiliados de salarios altos, además, el subsidio era mayor.

Infortunadamente, y a pesar de las reformas, esta situación se sigue presentando y es la causante en gran parte del aumento del déficit fiscal. Lo más rechazable es que la gran mayoría de las pensiones subsidiadas pertenecen a los quintiles superiores de ingresos. Por esta razón, el país debe cuestionar este modelo que beneficia a los de mayores ingresos y rechazar todas las iniciativas tendientes a crear beneficios especiales.

Recientemente se conoció el documento Conpes 3605, que les subsidia el 75% de la cotización a concejales de niveles 4, 5 y 6. Otras iniciativas como la pensión familiar, con buenos propósitos, pueden disparar este déficit. Y otras a todas luces injustas, como es el caso del proyecto de ley 126 de 2008, que pretende aumentar el promedio de las pensiones de los congresistas, deben ser rechazadas por todos los colombianos.

Es muy triste para el país evidenciar que las reformas impulsadas por el Gobierno nacional con la Ley 100 de 1993 y sus posteriores reformas en 2003 y en 2005 con el Acto Legislativo 01, promovidas con el fin de disminuir este pasivo pensional, se están esfumando. Con anterioridad a la Ley 100 la deuda pensional acumulada en valor presente como porcentaje del PIB ascendía al 260%, con la Ley 100 se disminuyó al 220% y con las reformas de 2003 y 2005 se logró reducir al 140%. Con los casos mencionados no tenemos certeza de cuánto será el aumento y además los beneficiados son unos pocos, en perjuicio de todos los colombianos que no saben que sus impuestos se están destinando a mantener unos privilegios.

En lo que nos tiene la guerrilla

Editorial

El Espectador, Bogotá

Noviembre 24 de 2999

Terroristas y no de otra manera se les podría denominar a las Farc después de que se supo del ataque a un bus de pasajeros ocurrido el viernes pasado en Barbacoas, Nariño.

Tras los disparos, la gasolina y el fuego, seis pasajeros que no tuvieron tiempo de escapar fueron incinerados junto con el bus. Dos eran menores de edad.

El gobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolff, calificó el hecho como un “acto de salvajes”. Antes, las Farc ya habían atacado un bus de servicio público que por fortuna no se detuvo en el retén de la guerrilla.

Éste, que no contó con la misma suerte, fue detenido e incendiado. Se presume que los cuatro adultos y los dos niños que no descendieron del vehículo se encontraban adormecidos.

El deplorable hecho fue igualmente lamentado por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a través de un comunicado en el que repudió el ataque contra la población civil y le recordó a la guerrilla que el Derecho Internacional Humanitario precisa respeto.

“Quemar pasajeros medio dormidos en un bus, asesinar y herir niños indefensos, son actos de barbarie que condenamos fuertemente”, sostuvo Christian Salazar Volkmann, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Tan injustificado fue el accionar de la columna Mariscal Sucre, a la que se responsabiliza del asesinato de los seis colombianos, que la OEA se unió al coro de voces que exigen el cese de este tipo de acciones en todas las regiones del país. En su comunicado la OEA va aún más lejos al aceptar que estos actos “no contribuyen a generar caminos que permitan resolver la difícil situación de orden público”.

El tema no es menor, pese a que no es la más brutal de las petrificantes historias de muerte que les hemos aguantado a las Farc. Que el gobernador, un ex militante del M-19 que se reintegró a la sociedad para hacer política sin recurrir a las armas, se refiera a lo ocurrido como “una salvajada”, y la ONU y la OEA condenen por igual los métodos utilizados por la subversión, debiera hacerles pensar a los altos directivos de las Farc en lo degradada que está su solitaria guerra.

Una guerrilla sin legitimidad, sin ideales claros, sin estándares éticos ni coherencia alguna, que hace alianzas con cualquier grupo delincuencial para controlar rutas de coca, que recluta menores de edad, asesina indígenas, retiene secuestrados en las más ignominiosas condiciones y posa, además, de víctima, no merece mayor consideración.

La guerrilla no sólo es la protagonista de estos brutales atentados. Su agotadora lucha por el lejano —y hoy imposible— control del poder nos llevó a la polarización absoluta. Las soluciones pragmáticas y de suyo radicales, aquellas que abogan por menos libertad y bastante más seguridad, han imperado en los últimos años. El propio presidente Uribe nos ha insinuado, ayer de nuevo, que de ser necesario, se tendrá que hacer reelegir una segunda vez consecutiva para garantizar que no habrá más guerrilla. Nos encontramos oyendo tambores de guerra con un país hermano al que algunos califican de santuario de las Farc, y a otro ya lo bombardeamos por el mismo motivo.

Si al tratarlas de terroristas se cierran los márgenes de maniobra para una salida negociada y política al conflicto, las Farc deben entender que, antes que una exitosa propaganda gubernamental, las que están decidiendo sobre su futuro en un mundo cada vez más respetuoso de los derechos humanos son sus acciones de grupo bandolero.

La fuerza o la razón

Editorial

El Espectador, Bogotá

Noviembre 23 de 2009

Si la agresividad verba, las declaraciones destempladas, las acciones de provocación y el uso permanente de los micrófonos, para proferir amenazas a diestra y siniestra de uso de la fuerza, fueran los pilares de la convivencia entre los pueblos, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sería un serio aspirante al Premio Nobel de la insensatez.

Por fortuna, sin embargo, el mundo evolucionó lo suficiente como para que las normas del Derecho Internacional hayan permitido desarrollar formas civilizadas de tratar los inevitables conflictos que puedan surgir entre estados. Más aún, si éstos comparten una extensa y viva frontera. Aunque lo anterior haya terminado por convertirse en un lugar común cuando se analizan las relaciones entre Colombia y Venezuela, no por ello deja de ser una verdad de a puño, que al parecer no tiene asidero en la agenda internacional de Hugo Chávez, así se autoproclame como adalid de la paz.

Hechos tan condenables como la voladura de dos puentes peatonales entre el Táchira y Norte de Santander, buscando lograr un difuso efecto mediático, no contribuyen en nada a despejar el oscuro panorama binacional. Tras la salida en falso al tocar los tambores de guerra contra Colombia y la obligada rectificación ante la adversa reacción de la comunidad internacional y las complicaciones para su ingreso al Mercosur, el mandatario venezolano acude ahora al peligroso expediente de las provocaciones focalizadas.

Sin embargo, en este episodio las cosas tampoco le salieron bien. El presidente Uribe y el canciller Bermúdez han continuado con un manejo prudente y serio. No se han desgastado, en su acercamiento a la ONU y la OEA, en buscar una condena hacia Venezuela, sino sencillamente han hecho visible el despropósito de su gobernante y, a la vez, con toda razón, el Canciller ha cuestionado el complaciente silencio de Unasur.

Regresando a Venezuela, hasta finales de los noventa se decía con frecuencia que allí el único tema que aglutinaba a la inmensa mayoría de la población era el de la relación con Colombia. Sin embargo, con la llegada de Chávez al poder y la polarización que ha generado, ese alineamiento no existe más. La mayoría de los venezolanos sienten a Colombia como un país con el cual hay que mantener la mejor relación posible.

Una reciente encuesta llevada a cabo en el país vecino mostró que un 80% de los encuestados rechaza totalmente una acción bélica contra Colombia. Allá, como acá, la mayoría de la gente vive pendiente de sus problemas cotidianos y por ningún motivo está dispuesta a acompañar semejante disparate. La violencia callejera que se cobra, tan sólo en Caracas, cincuenta vidas cada fin de semana; los reiterados cortes de agua y luz como fruto de las deficientes políticas energéticas; un desabastecimiento permanente, debido a la política populista de control de precios, que se ha visto acrecentado por las medidas comerciales adoptadas en contra de nuestro país, y una inflación galopante que afecta de manera directa el bolsillo de todos los venezolanos, son motivos más que suficientes para que la gente les dé la espalda a las políticas guerreristas. No podría ser de otra forma.

Los hechos continuarán demostrándole a Hugo Chávez que la fuerza de la razón, al buscar el diálogo y la concertación, está del lado colombiano y que quien juega con candela puede terminar quemándose.

Nunca es tarde para rectificar, como él mismo lo ha demostrado en ocasiones anteriores, y la Cumbre de Manaos es una excelente oportunidad para hacerlo. ¿Se atreverá esta vez?

Los dilemas de la justicia tardía

Editorial

El Espectador, Bogotá

Noviembre 5 de 2009

Al cumplirse 24 anos de la toma del Palacio de Justicia perpetrada por el M-19, asistimos por estos días al desenlace de uno de los juicios más polémicos de la historia nacional. Uno de los procesados es el hoy coronel (r) Alfonso Plazas Vega, quien en calidad de comandante de la Escuela de Caballería formó parte de la operación de recuperación del Palacio. El ex oficial está vinculado a la investigación judicial que se abrió 20 años después de los hechos, en el capítulo específico de los 11 desaparecidos en la acción. Según el ente acusador, en sus tardías pesquisas, además de Plazas Vega se encontraron suficientes pruebas para acusar a dos generales (r), un coronel (r) y cuatro suboficiales de inteligencia de la desaparición de siete empleados de la cafetería del Palacio, tres visitantes y una guerrillera del M-19. En criterio de la Fiscalía, además de nuevos videos, se adjuntaron testimonios que supuestamente ratifican que los procesados tuvieron que ver directamente con la desaparición de tales personas.

Sin embargo, la investigación, que en el caso de Plazas Vega ha llegado a su etapa decisiva, sigue sujeta a una controversia procesal y mediática de enconadas posiciones. La fiscal Ángela María Buitrago pidió condenar al coronel Plazas respaldando su posición en declaraciones de testigos civiles y militares que dijeron haber visto vivas a varias de las personas de cuyo rastro no volvió a saberse o que al parecer supieron que los desaparecidos previamente fueron sometidos a torturas en unidades castrenses. En ese mismo orden de ideas está basada su acusación contra los demás ex oficiales y suboficiales hoy detenidos. En contraste, la defensa sostiene que son múltiples las irregularidades cometidas durante el proceso penal, tales como la presentación de falsos testigos y la violación de los derechos de los procesados. Los abogados de Plazas resaltan que el ex oficial nunca tuvo a su cargo el manejo de rehenes y que es el narcotráfico el que quiere enlodar su nombre por la forma en que lo persiguió cuando ofició como director de Estupefacientes.

En medio del careo entre las partes, la Procuraduría pidió absolver al coronel (r) Plazas, y aunque aceptó que 11 personas resultaron desaparecidas, en su opinión no hay prueba plena para culparlo, pues no se puede comprobar que tuviera el control absoluto y exclusivo de las tropas. Una postura rechazada por los familiares de los desaparecidos, quienes a su vez han cobrado un inusual protagonismo en las audiencias y distintas etapas del nuevo proceso.Cualquiera sea la decisión, tanto en el caso Plazas Vega como en el de los demás oficiales, lo único claro es que las dudas son consecuencia de la tardanza de la justicia por encarar este suceso. Fueron muchos años en que, en sus distintas instancias y jurisdicciones, no aportó mayores luces sobre el episodio. Por eso nunca se resolvieron los principales interrogantes: ¿hubo o no participación del narcotráfico en la toma? ¿El incendio fue una acción deliberada para borrar expedientes? ¿Hubo ejecuciones extrajudiciales de guerrilleros, empleados o incluso magistrados? ¿Qué tanto se entorpecieron los tímidos avances de la justicia?

El Holocausto del Palacio de Justicia sigue siendo una herida abierta en la conciencia nacional y, 24 años después, son más las dudas que las certezas. Una Comisión de la Verdad creada por ex magistrados de la Corte Suprema procura resolver buena parte de estos interrogantes, pero la responsabilidad primordial recae sobre la justicia, que aún tiene la oportunidad, al menos, de aclarar qué pasó con 11 personas que desaparecieron en el Holocausto. Nunca es tarde para que se sepa la verdad, por dolorosa que ella sea, pero también es necesario que el debido proceso prevalezca y que las conclusiones correspondan no a las presiones mediáticas sino a la contundencia probatoria.

El cerco a la Teófilo Forero

Editorial

El Espectador, Bogotá

Octubre 31 de 2009

La baja de Hermes Triana, segundo cabecilla de la columna móvil Teófilo Forero de las Farc, es una prueba más de que con avances en inteligencia y un paciente trabajo con norte claro, la Policía Nacional está en capacidad de penetrar en lo más granado de la guerrilla.

A partir de la colaboración de un informante, que será premiado con $1.900 millones, un grupo de la Dijín y de inteligencia de la Policía dio con el paradero de alias James Patemala en Puerto Rico, Caquetá. En el enfrentamiento murieron dos de sus acompañantes y fueron heridos de gravedad dos uniformados. Uno de éstos, el patrullero John Alexánder Pinilla, miembro destacado del Comando de Operaciones Especiales de la Policía, lamentablemente falleció en la madrugada del pasado martes.

A la columna móvil Teófilo Forero se le responsabiliza de diversos atentados, asesinatos y secuestros. De la larga lista de delitos, pueden citarse el secuestro masivo ocurrido en el edificio Miraflores de Neiva; el desvío de un avión de Aires que cubría la ruta Neiva-Bogotá y que, tras ser conducido al municipio de Hobo, terminó en el secuestro del senador Jorge Gechem Turbay; el secuestro de los 12 diputados de la Asamblea Departamental del Valle; el atentado contra el Club El Nogal, que dejó 36 muertos y 20 heridos; la casa bomba con la que se intentó darle muerte al presidente Uribe en cercanías al aeropuerto de Neiva; la muerte del ex congresista Jaime Lozada; el atentado a Bogotá Beer Company, en Bogotá; el secuestro y asesinato de Liliana Gaviria, hermana del ex presidente César Gaviria; y la masacre de nueve concejales en Rivera, Huila.

La Teófilo Forero no es cualquier facción de las Farc. Bautizada así como homenaje al inmolado secretario general del Partido Comunista y ex diputado de la Asamblea de Cundinamarca por la Unión Patriótica Teófilo Forero Castro, esta columna, adscrita al bloque sur, se constituyó como fuerza élite de combatientes. Quienes han estudiado sus movimientos afirman que es la unidad encargada de las principales acciones terroristas cometidas en las ciudades.

Una estructura que no tiene parecido en la ya larga y sufrida historia de las guerrillas colombianas y que con la dirección del temido Hernán Darío Velásquez, alias El Paisa u Óscar Montero, ha reclutado sicarios del cartel de Cali y Medellín para ejecutar sus sanguinarios operativos.

Existen reportes en los que se hablaba de 600 hombres y mujeres en comandos o en alianza con milicianos del movimiento bolivariano. Según información oficial, de la columna Teófilo Forero aún se encuentran activos unos 50 hombres en el centro del país. Patamala tenía 44 años, estuvo en las Farc 15, de los cuales 11 los pasó en la Teófilo Forero. La orden de captura que la Fiscalía profirió en su contra lo acusaba de delitos como concierto para delinquir, secuestro extorsivo, terrorismo, homicidio con fines terroristas, homicidio agravado, hurto agravado, falsedad, empleo o alzamiento de sustancias peligrosas, porte ilegal de armas, entre otros.

El mensaje para las Farc es contundente. Su otrora impenetrable fuerza élite está al acecho de los operativos de inteligencia de la Policía. Con este último y la reciente captura en Bucaramanga de alias Richard o Ferney Culebro, principal cabecilla del frente 23 de las Farc, queda claro que la Policía hace un buen tiempo que no se limita a la lucha contra el narcotráfico y que los resultados de su compromiso en la defensa del Estado se están viendo.