Marcos Silva
El Tiempo, Bogotá
Octubre 14 de 2009
La escasez de agua dulce puede convertirse en un dramático problema para la humanidad y un desafío para gobernantes y para la paz global. Mientras la disponibilidad se reduce, la demanda crece. La alteración de los ciclos climáticos, bajo el efecto invernadero, es consecuencia de la obstinación del hombre por la búsqueda ciega e irracional de ganancia económica. Con esa mentalidad, convierte el problema ambiental en amenaza para la vida y la convivencia pacífica.
La presencia de gases provenientes de los procesos productivos, que demanda y estimula el desarrollo tecnológico e industrial, puede mitigarse, pero reduce ganancias. El calentamiento del planeta es inocultable. La intensidad y frecuencia de fenómenos atmosféricos, para la mayoría, solo son perceptibles cuando ocasionan los llamados desastres naturales.
Sus efectos, sin mitigación y control, pueden ser devastadores y demasiado costosos, en vidas y destrucción, en el mediano y largo plazo. Puede terminar con la vida en la Tierra. Las causas están identificadas. Requieren atención, responsabilidad y decisiones concretas.
Desde los protocolos de Kioto y de Río y en las distintas cumbres regionales, los Estados signatarios reconocen la gravedad del problema y suscriben compromisos que quedan en simples buenas intenciones. Los países desarrollados y emergentes, mayores responsables del calentamiento global, en particular Estados Unidos, son renuentes o se niegan a tomar decisiones, para revertir el fenómeno.
Instituciones (ONU), ONG ambientales y naciones que firmaron el Protocolo de Kioto tratan de accionar, para reducir el efecto invernadero. Estados Unidos y Australia se negaron a firmarlo. E.U. es el mayor responsable de la contaminación ambiental mundial. Con solo el 5% de la población de la Tierra, consume más del 20% del petróleo que produce el mundo y ocasiona más del 25% de la contaminación atmosférica. El 89% de la energía que consume el mundo proviene de fuentes fósiles que ocasiona la mayor generación de C02, C0 y otros gases no menos nocivos.
En Colombia, la ley 99/93, en su Artículo 111, ordena a los gobiernos, locales, departamentales y nacional, destinar mínimo el 1% del presupuesto de cada año para la protección y conservación de las fuentes hídricas. No lo cumplen.
La ley ordena a las generadoras de energía cancelar a los entes territoriales y locales del área de influencia, con destino a la conservación del recurso hídrico de la respectiva cuenca, el 6% de la facturación. El consumo medio colombiano es de 8.500 megavatios/hora. Con estos impuestos, si acataran el mandato legal, decenas de miles de hectáreas se reforestarían cada año.
El resultado: la recuperación de la capacidad de recarga de acuíferos y el paulatino rescate de caudales de fuentes superficiales. De esta forma, Colombia habría recuperado millones de hectáreas de bosque y conjurado la amenaza de sequía y estaría contribuyendo a revertir el proceso de calentamiento terrestre.
La ausencia de un ordenamiento legal sobre usos del suelo y el precario uso de ciencia y tecnología en los procesos de producción agropecuaria y el desacato de la ley son determinantes en la reducción de los caudales de los ríos. Sin medidas inmediatas y efectivas para revertir el fenómeno, muchos acueductos y sistemas de riego, en períodos de sequía, no abastecerán la demanda de agua, con las consecuencias que de ello se deriven.
Gobernadores, alcaldes y empresarios deben cumplir el ordenamiento legal en la materia y, con responsabilidad y transparencia, sin politiquería ni clientelismo, invertir los recursos de ley y otros, para reforestar las cuencas y microcuencas de los afluentes que alimentan acueductos y el riego agropecuario.
La reversión del fenómeno climático debe ser compromiso de todos. Debe ser integral. El problema del calentamiento de la Tierra es amenaza real. Trabajar por controlarlo y revertirlo debe ser un imperativo ético y moral de todos y cada uno de los humanos y en especial de los gobiernos. Tienen que ser políticas de Estado.