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miércoles, 9 de diciembre de 2009

Las fotos de las Farc

Diego Arias

El Tiempo, Bogotá

Diciembre 9 de 2009

Al tiempo que la Corporación Nuevo Arco Iris daba a conocer un informe según el cual, palabras mas, palabras menos, la seguridad democrática estaba llegando a un punto de agotamiento, se conocía también públicamente un amplio dosier de fotografías y comunicados internos de las Farc, sacados de distintos computadores incautados en exitosas operaciones contra jefes de esa guerrilla y que dan buena cuenta de la actual situación real del otrora poderoso grupo insurgente.

Como era de esperarse, el informe de Nuevo Arco Iris desató debate y polémica. Para empezar, se trata de la misma organización no gubernamental que en otro momento argumentó sobre el maridaje de paramilitarismo y clase política en amplias zonas del territorio nacional, lo que produjo airadas respuestas de los sectores aludidos, pero también del propio Gobierno, que no le perdona a esa organización muchas de sus posturas frente al conflicto y la política gubernamental Su director, León Valencia Agudelo, proviene de un generoso proceso de paz con un sector de la guerrilla del Eln en el que no hubo verdad, justicia ni reparación.

Pero, más exactamente en relación con su reciente informe, todos sus contenidos son objeto de debate en razón de las conclusiones a que llega y los supuestos sobre los que se apoya. Al decir de los detractores del documento de Arco Iris, se trata de un informe que manipula a su antojo cifras y estadísticas para producir un resultado con claros visos de oposición política, más que de riguroso trabajo académico. En este rango está la crítica a que indistintamente se tomen acciones de las Farc como las amenazas (que pueden llegar a ser masivas) como un claro indicador de una recuperación militar de esa guerrilla. O que se omitan numerosos golpes a estructuras de mando de las Farc tan importantes como las bajas en el secretariado, para así señalar que no se está siendo ya efectivo en el combate a esa insurgencia.

Pero el asunto más polémico versa tal vez sobre el tema del "rearme paramilitar", fenómeno que se acuña para señalar la presencia delincuencial de numerosas bandas surgidas o ligadas al proceso de desmovilización del paramilitarismo. En opinión de Nuevo Arco Iris, se trata de una nueva generación del paramilitarismo, tan grave como la anterior, aunque no exclusivamente dedicada a la contrainsurgencia, pero con el agravante de una amplia presencia rural y en centros urbanos claves del país, en los que afecta gravemente derechos fundamentales de amplios sectores de la comunidad.

Pero, en opinión del Gobierno, apreciar este nuevo fenómeno delincuencial como una extensión del viejo paramilitarismo no deja de ser una perversa manipulación.

En cualquier caso, el informe resulta ser el pretexto para una discusión absolutamente necesaria sobre la continuidad o cambios en la política de seguridad democrática. Y apelar a las descalificaciones no es el mejor de los caminos para controvertir un informe que, por supuesto, necesita un juicioso escrutinio.

Mi aporte a este debate está en relación, primero, con la que creo es la conclusión mas equivocada del informe, al argumentar sobre un notorio repunte de la guerrilla. Además del error metodológico de considerar por igual todas las acciones de la guerrilla, especialmente de las Farc, como de igual valor militar, está el relato del que dan cuenta las fotos y numerosas comunicaciones internas en las que el común denominador es: reclutamiento urgente y masivo de menores de edad; fusilamientos y deserciones por decenas, incluidas las de mandos medios; pérdida de armamento y dinero; acoso permanente por acciones de la Fuerza Pública, establecimiento de campos minados aun en zonas de uso civil; incomunicación entre mandos y estructuras, entre otros hechos.

Si esta condición, como se ha corroborado de distintas maneras, es la cruda realidad de la guerrilla hoy, ¿a cuenta de qué Arco Iris concluye que hay una creciente recuperación de la misma?

Mi otra reacción es de coincidencia sobre que, con independencia de los éxitos o fracasos de la seguridad democrática, este país no puede perder la capacidad de leer la complejidad de su conflicto para, a su vez, proponer salidas que no dependan exclusivamente del poder militar, la fuerza o la seguridad.

miércoles, 25 de noviembre de 2009

La "guerra" por el norte del Cauca

Diego Arias

El Tiempo, Bogotá

Noviembre 24 de 2009


La aspiración del Gobierno Nacional de consolidar la política de seguridad democrática tiene en la zona norte del Cauca y sur del Valle uno de sus mayores desafíos. Los hechos últimos en los que hubo un importante y lamentable numero de bajas en el Ejército y el curso mismo de la operación militar que allí viene teniendo lugar dan cuenta de una guerrilla aún muy bien posicionada militarmente y con niveles de apoyo nada despreciables.

Y es justamente por esa misma razón que en el marco de la campaña militar "El salto estratégico", la instancia más alta de conducción de la guerra, decidió que ese era uno de los sitios de todo el país en el que se buscaría "definir" la guerra con las Farc. No en vano esta amplia zona ha sido un bastión histórico de las Farc solo disputado en su momento por la exitosa presencia del M19 en la década de los 80.

Esta crucial área montañosa es un punto crucial desde el cual se accede a Huila, Caquetá o Tolima en medio de una región de gran importancia estratégica por su desarrollo agroindustrial, de vías principales y cercanía a centros urbanos de gran valor político-administrativo. Si a eso se suma una amplia presencia de cultivos ilícitos, laboratorios y rutas de narcotráfico que conectan con el Pacífico, se entenderá aún más lo que allí está en juego.

Pero, además, muchas ventajas militares que están ahora del lado del Estado en su guerra contrainsurgente -en la mayor parte del territorio nacional- resultan neutralizadas por factores de una topografía de alta montaña (que dificulta avances de infantería y elementos mecanizados) y climáticos (de lluvia y casi permanente niebla) que neutralizan los elementos de apoyo aéreo.

El Estado está en su legítimo derecho y obligación de recuperar la seguridad en estas zonas y ahora es obvio que buscará profundizar la ofensiva y pasar a recuperar la iniciativa militar luego de este serio revés.

Pero ese esfuerzo se vuelve aún más exigente cuando se trata de operar en un territorio de comunidades indígenas, para las cuales están determinados especiales deberes de protección por parte del Estado.

Por esta misma razón, el esfuerzo militar de largo plazo en que ahora están empeñadas las FF. AA. en el norte del Cauca demanda la mejor de las planificaciones para que en lo máximo posible se garanticen siempre la vida y la integridad de las comunidades. Y esto vale tanto para las operaciones en la alta montaña como en los centros urbanos, caso Toribio, en los que la presencia de milicianos de la guerrilla entre la propia población exige discernir quién es combatiente y quién no, evitando, de paso, injustas estigmatizaciones.

Pero, además del esfuerzo militar contra la guerrilla y el narcotráfico, resulta crucial también que en esas zonas se promuevan las oportunidades conforme el proyecto de vida de las comunidades allí asentadas, que hagan que para ellas las palabras "Estado de derecho", "seguridad", "derechos humanos" y "desarrollo" tengan un sentido positivo en su realidad concreta.