domingo, 30 de noviembre de 2008

¿Qué estaría pasando en el país hoy, si el gobierno estuviera en las manos del Polo?

Por: Luisefe
¿Qué estaría pasando en el país hoy, si el gobierno estuviera en las manos del Polo?
¿Cómo estaría el país hoy con huelgas de: Seguidores DMG, Indígenas, corteros de caña, sirvientas, lustra botas, loteros, vendedores ambulantes, etc, si el presidente de la República perteneciera al Polo?
Seguramente nuestras ciudades estarían convertidas en campos de batalla con la gente en las calles protestando por la incapacidad e indolencia de gobernar.¿Qué estaría pasando si el reclamo de los obreros, maestros, médicos, enfermeras, personal paramédico, contratistas, por salarios más justos se produjeran durante un gobierno del Polo? Cuàntos de nosotros ya estaríamos muertos por el solo hecho de protestar o no estar de acuerdo con su ideología?
¿Cómo estarían de felices los terroristas de las FARC, ya muy cerca del triunfo que los llevaría al Palacio de Nariño?¿Qué pasaría si el presidente, siendo del Polo se fuera de viaje dejando el país con todos estos problemas? A lo mejor no lo dejarían regresar, porque encontraría a Raúl Reyes que seguramente estaría vivo, o Alfonso Cano en su lugar.Las huelgas, las ocupaciones de hospitales, del Congreso..., no cesarían un minuto.
El respaldo de todos los sectores políticos de izquierda, sería verdaderamente militante y entusiasta en contra del gobierno y seguramente a favor de la FARC.¿Qué sucedería si el Polo hubiera ganado las elecciones y luego se les hubiera arrodillado a los terroristas y tránsfugas de las FARC aumentando la nómina del Estado?¿Qué estuviera pasando si el presidente miembro del Polo nombra embajadores a Raúl Reyes, Mono Jojoy, Alfonso Cano, Joaquín Márquez y los secuestrados pudriéndose en la selva?¿Cuál sería la postura de los periodistas y columnistas actuales enemigos de Uribe? Estarían los medios de comunicación explotándose de rabia o de satisfacción, por lo que estaría ocurriendo? Como les estaría yendo con la pauta?
¿Que estarían diciendo los llamados líderes de opinión maldiciendo, o bendiciendo al gobierno todos los días las 24 horas?¿Qué estuviera pasando en el país si un gobierno del Polo les debiera miles de millones de pesos a los pensionados y campesinos de productos agrícolas llevándolos a la quiebra y a la muerte por física hambre?¿Qué estuvieran diciendo con el aumento del costo de la vida, del desempleo, de la violencia y la criminalidad, si el Polo gobernara?
¿Qué estarían diciendo las seño…López, la una en el parlamento y la otra en su columna?¿Qué estuviera pasando en el país si el narcotráfico estuviera produciendo más y más durante un gobierno del Polo?¿Qué habría pasado si el caso General Montoya, que involucra a miembros del ejercito con los mal llamados positivos? A los más altos niveles, se hubiera producido en un gobierno del Polo, lo que se produjo en este?¿Qué hubiera pasado si ese presidente del Polo le pide a las FARC que devolvieran a los tres norteamericanos, a Ingrid y a todos los secuestrados? Todo se hubiera arreglado en la cancillería dándoles puestos diplomáticos a los miembros de las FARC?¿Qué estuviera haciendo el Partido Liberal?
Encabezado por Cristo, Héctor Heli Rojas etc etc, estarían ayudando a la conspiración; organizando protestas; apostarían al desastre, estimularían la violencia y el desorden? Afortunadamente quedamos en cabeza de Uribe Vélez, como Líder del gobierno quien actúa con Amor de Patria.
Mientras el gobierno de Colombia construye y busca una economía y mejor estar para todos, el Partido Liberal y el Polo destruyen, porque sus miembros lo único que saben hacer es dañar y obstaculizar todo lo bueno que encuentran, atacando el gobierno de Uribe Vélez, que en buena hora nos dimos los colombianos.Ñapa: No creo que haya ingenuidad entre dirigentes experimentados. Hay algo más… Mucha maldad y envidia de poder.
Luisefe

viernes, 28 de noviembre de 2008

Venezuela: juegan todos, ganan casi todos, pero unos más que otros.

Por: Carlos Malamud
EL ANÁLISIS DE INFOLATAM
Infolatam Madrid, 24 de noviembre de 2008

"...De todos modos, es indudable que Chávez sigue siendo un importante referente para la política nacional y que su liderazgo sigue siendo tenido en cuenta por una parte apreciable de la población venezolana. Pero también es cierto que la oposición dio un paso muy importante en su proceso de unificación y en su auto convencimiento de que la democracia es el mejor camino para imponerse a las salidas populistas y demagógicas".

Suele ocurrir en casi todas las elecciones, y más si son locales o regionales, como en éste caso, que todo el mundo, o casi, tiene motivos sobrados para proclamarse ganador. El gobierno, porque ganó en 17 de las 22 gobernaciones, en número de alcaldías y en voto popular. La oposición, porque ganó en estados y ciudades claves y, sobre todo, porque mejoró sensiblemente su posición en relación con las pasadas elecciones de este tipo.
Sin embargo, el chavismo sin Chávez, los autoexcluidos del PSUV (Partido Socialista Unificado de Venezuela), bien por tener un proyecto propio, como el candidato renegado por Barinas, el estado natal y feudo familiar de Chávez, o bien por negarse a caminar bajo la disciplina bolivariana, caso de Podemos o de los comunistas venezolanos, cosechó resultados bastante magros. Sin embargo, habrá que ver, con los datos definitivos, cuántos puestos de alcalde o gobernador se le fueron de las manos al gobierno por la sangría de votos de sus otrora seguidores.

Si bien en esta oportunidad tanto gobierno como oposición tienen algo para festejar, ha habido celebraciones más intensas que otras, aunque todavía es pronto para hacernos una composición acabada de cuanto aconteció el domingo y del panorama que se abre a partir de entonces. A menos de una semana de la elección, el presidente Hugo Chávez, con ese lenguaje amable que tan bien lo caracteriza, dio un claro mensaje para navegantes en su proyecto de construir el socialismo del siglo XXI, ya que "la patria que está naciendo es roja, rojita y bonita, bella, bellita". Por eso proclamó a los cuatro vientos que “vamos a lanzar a partir de hoy la misión acorralamiento, sin clemencia.
Tenemos que ganar todas las alcaldías y gobernaciones en todo el territorio nacional”. Desde esta postura maximalista “Perder al menos tres gobernaciones en estas elecciones resultaría una derrota para el Gobierno Nacional”.

En la madrugada del lunes, su mensaje de reconocimiento de la victoria careció de la contundencia y del tono subido de otras ocasiones. En su lugar ofreció una mano tendida a la oposición y reafirmó su firme convicción democrática (si ganamos viva la democracia, si perdemos no sirve para nada y, por si fuera poco, sacamos las tropas a la calle en prueba de que estamos frente a una verdadera revolución, como también recordó Fidel Castro). Es verdad que en otras ocasiones Hugo Chávez lanzó mensajes similares, aunque en esta oportunidad habría que preguntarse por los verdaderos motivos de sus palabras.
Por un lado, Chávez era consciente de la verdadera magnitud de su triunfo, salpicado de las derrotas en cinco de las principales gobernaciones del país (Carabobo, Miranda, Nueva Esparta, Táchira y Zulia), tres más que en el período anterior, y también en las alcaldías de algunas de las mayores ciudades, comenzando por Caracas y siguiendo por Maracaibo. Precisamente, uno de los factores claves a tener en cuenta para calibrar en su justa medida el reparto territorial de poder será el del número de capitales de provincia controlados por cada bando en pugna.
Por el otro lado, Chávez también sabía que después de esta campaña de gastos a lo grande e ilimitados, en aras de conquistar el premio mayor, viene la época de las rebajas y los recortes. Con el barril de petróleo por debajo de los 50 dólares (nadie sabe lo que durará la actual coyuntura) es difícil mantener a pleno rendimiento la maquinaria clientelar del PSUV, pese a las cuantiosas reservas que todavía se poseen, aunque éstas deben ser celosamente administradas si se quiere que duren.
Y si eso ocurre, si el gasto público se contrae, las posibilidades futuras de la oposición también aumentan, al hacer un poco más igual la actual lucha totalmente asimétrica por el poder político. Al mismo tiempo, ante la situación surgida tras los comicios, es probable que las amenazas presidenciales de cortar el envío de fondos públicos a las ciudades y estados controlados por la oposición acaben por no cumplirse.

Chávez planteó estas elecciones como un plebiscito sobre su persona, sabedor que el tirón electoral de buena parte de los dirigentes locales y regionales del PSUV es mínimo sin su auxilio. En esa línea de tensionar en torno suyo y despolitizar a la oposición, llama la atención que en la página web del CNE (Consejo Nacional Electoral), los nombres de los candidatos no fueran acompañados de su adscripción partidaria. Curiosidades de la revolución bolivariana.

Una de las principales notas de la jornada electoral del domingo fue la alta participación, muy por encima de otros comicios similares en años anteriores. Si bien ambos bandos han logrado movilizar a sus seguidores más remolones, los resultados definitivos mostrarán quién tuvo más capacidad de movilización. Es en relación con este extremo cómo se podrán contestar con más certeza los interrogantes acerca del futuro de la gobernabilidad en Venezuela. De todos modos, es indudable que Chávez sigue siendo un importante referente para la política nacional y que su liderazgo sigue siendo tenido en cuenta por una parte apreciable de la población venezolana. Pero también es cierto que la oposición dio un paso muy importante en su proceso de unificación y en su auto convencimiento de que la democracia es el mejor camino para imponerse a las salidas populistas y demagógicas".
Debate Nacional

miércoles, 26 de noviembre de 2008

SE SALIERON DE MADRE

Por: Jaime Jaramillo Panesso
Manos en el fuego


Extraña coincidencia. Por una parte el invierno recio que azota la región tropical, ha desatado un diluvio sobre las cordilleras y los valles interandinos. Los ríos y quebradas se han salido de madre, perjudicando a miles de habitantes.
Por otro lado la burbuja de la utopía, armada e inflada por los estrategas de las “pirámides”, llegó a los límites matemático-financieros y estalló, saliéndose de madre, es decir, de los cauces artificiales con que las construyeron los dueños y los usuarios, creando un pánico económico y una reacción agresiva de los apostadores que deterioraron el orden público.
Otro desmadre es universal. La crisis económica que recorre el mundo como una mancha de oscuro aceite que se desparrama por distintas naciones sin respetar fronteras.

La naturaleza es la causante de los desastres pluviales. Los ambientalistas le agregan el plus de la intervención humana en el cambio climático (tema que pretende aprovechar para su ego, el Señor Al Gore, uno de los personajes más ignorantes de USA, oportunista redentor), de la deforestación y el desierto, a lo cual se suma el uso de los combustibles. Una variable que poco aparece es la demográfica. Por lo tanto el usufructo de los bienes terrenales y las muertes y desplazamientos que causa la naturaleza son directamente proporcionales al aumento de la población, especialmente en las nuevas zonas de ocupación.

El fenómeno devastador de las “pirámides” no obedecen a ninguna ley de la naturaleza, sino a la naturaleza humana. Unos empresarios capitalistas, por fuera del circuito bancario, determinan montar un castillo de naipes con taquilla y tarjetas plásticas para dizque enriquecer de manera rápida a los clientes. Y unos ahorradores con mentalidad de tahúres y a conciencia del riesgo, depositan sus ahorros o la monetización de sus bienes raíces.
Se juntan el hambre de dinero y la necedad mágica de ganar mucha plata sin trabajar. Los primeros, los dueños del montaje merecen el castigo por los delitos que tipifiquen la ley y los decretos de emergencia. Los segundos no son homogéneos: una parte de los usuarios ganaron a costa de otros, inclusive gracias al estado que intervino para impedir la huida de los abusadores de la geometría aplicada. El Estado debe poner la justicia al servicio de los perdedores, pero no concederles calidad de víctimas inocentes para resarcirlos con nuestros impuestos, porque, salvo excepciones, todos ellos actuaban a sabiendas de que utilidades tan altas y rápidas no provienen de empresas sanas. Se les acabó la ruleta.

Y la crisis económica transnacional nos abre los ojos de la radiografía del mercado mundial financiero, mercantil y tecnológico.
La primera advertencia provino del alza mundial en alimentos. Descubrimos que debido a los éxitos de la globalización, la India, China y Brasil, con 2.200 millones de habitantes, habían dado el salto a ser consumidores. Emergen desde la sombra del paludismo tercermundista. A poco andar, los bancos estadounidenses se declaran aplastados por los títulos hipotecarios. Millones de familias se quedaron sin vivienda, los bancos se quedaron con las casas y sin los humanos.
La crisis funciona como la fila de fichas de dominó que van cayendo en la medida que se recuestan unas contra otras. Es el efecto de un capitalismo financiero supranacional incontrolable que funciona con la más alta tecnología. Pero las más perjudicadas son las empresas productivas que al perder las fuentes crediticias comienzan la escalada recesiva: merma de ventas, suspensión o ruptura de los contratos de trabajo, merma en la compra de materias primas e insumos. Una especie de tsunami económico.
El problema es de la más alta complejidad. Estamos en la obligación de sufrirlo, pero también en el deber de utilizar la política que intervenga en el mundo fantástico y virtual de una economía que no tiene límites éticos.
Algunos mamertos han sacado pecho para reclamar vuelta al pasado. Otros neoliberales a ultranza se oponen a la intervención del estado. Sin duda que la globalización de la economía exige una rectificación que no puede hacer la ONU burócrata y declamadora, sino los grandes estados con responsabilidad social universal para corregir todos los desmadres.
Debate Nacional

martes, 25 de noviembre de 2008

La Luchadora Solitaria

Por: Plinio Apuleyo Mendoza
Es un personaje excepcional.


El primer contacto que tuve con ella, hace algunos años, parecería propio de una novela policíaca. “Usted y yo somos objetivo militar de las Farc en Europa”, me dijo por teléfono desde Ámsterdam. Lo sabía de muy buena fuente. Las Farc, para entonces, tenían motivos muy grandes para detestarla. Doce años atrás, al contrario, debían apreciar las denuncias que como directora del departamento América Latina de Pax Christi Holanda había hecho sobre el asesinato de líderes de la Unión Patriótica.

Lo que ocurrió es que, fiel a la verdad, cuando el atropello a los derechos humanos corría por cuenta de agentes del Estado, lo decía. Pero cuando descubrió los horrores cometidos por las Farc los denunció también.

El detonador de ello fue el secuestro y asesinato en 1992 de un joven jardinero holandés en Urabá y poco tiempo después de dos estudiantes escandinavos que se habían alojado en un hotel de Turbo. De nada sirvieron sus gestiones para salvar al holandés. Fue asesinado por las Farc cuando no obtuvieron las sumas desmesuradas pedidas por su rescate.

Ubicada en Apartadó, siempre coordinando sus acciones en defensa de la población civil con monseñor Duarte Cancino y los siguientes obispos de la diócesis, Liduine fue, a lo largo de diez años, mediadora para obtener la liberación de un gran número de secuestrados, europeos y colombianos. Para ello no vaciló en entrevistarse con todos los warlords regionales: con las Farc y el Eln pero también con Carlos Castaño. De las manos de este último rescató –sólo por persuasión– a un hermano de Alfonso Cano y a las hermanas de Iván Márquez, de Simón Trinidad y de Adán Izquierdo, secuestrados por las AUC como represalia por el secuestro de decenas de soldados.

Nunca se detuvo ante amenazas o riesgos. Dormía, si era necesario, en campamentos de la guerrilla. Finalmente por la denuncia que gracias a ella hizo Pax Christi de los innumerables secuestros de las Farc en el 2002, la Unión Europea decidió considerar a las Farc y al Eln como organizaciones terroristas. Fue entonces cuando fue considerada por las dos organizaciones “objetivo militar”.

Ahora, terminada su labor en Pax Christi, labor que cumplió durante 16 años, ha creado sus propias fundaciones y continúa trabajando por las mismas causas. Hace un año regresó a Colombia para crear y liderar un movimiento de ex guerrilleros desmovilizados llamado por ella “Manos por la paz”.

Liduine ama a Colombia. No había cumplido 20 años cuando vino por primera vez. Al lado de sus estudios, trabajó en un reformatorio de gamines y en barrios pobres de Cali.

¿De dónde salió esa vocación suya por los trabajos sociales? Creo que desde el kínder. Nunca he podido aceptar las injusticias. Las ONG que se ocupan de los derechos humanos rara vez denuncian los atropellos que contra ellos comete la guerrilla.

¿Qué llevó a Pax Christi a denunciarlos? Fue una pelea que yo tuve que dar en el mundo de las ONG y dentro de mi propia organización. El motivo principal fue el drama nacional del secuestro que debería poner en su agenda cualquier organización de derechos humanos. Casi no hay familia colombiana que no lo haya conocido de cerca.

¿Contactos con otras ONG? Los hubo. Intercambio, colaboración con ONG colombianas e internacionales que se ocupan de los derechos humanos. Pero la verdad es que en ese mundo existe también bastante hipocresía. A veces se les ve más interesadas en mantener sus fondos que en reflejar la verdad.

¿Qué opina de Amnesty Internacional? Por supuesto, es una organización de suma importancia, pero en relación con Colombia su posición no siempre fue realmente independiente ni correcta. Lo sufrimos en carne propia cuando Amnesty culpó erróneamente a las Auc de una masacre. Castaño creyó que nosotros éramos los responsables de tal información y casi nos mata. El tema de las comunidades de paz fue objeto, por parte de Amnesty, de abusos e informes sesgados. Su denuncia del flagelo del secuestro fue tardía y casi a contra ‘coeur’.

Háblemos de Manos por la paz. ¿Qué es? Es un movimiento de ex guerrilleros de las Farc dentro de las cárceles de Colombia. Comenzó a fines del 2007 como no canjeables en el supuesto de un acuerdo humanitario (en el que por cierto no creo, pues es imposible exigir la liberación de unos pocos secuestrados y no de todos). Luego se convirtió en un movimiento de desmovilizados en busca de la paz.

¿Cuántos antiguos guerrilleros de las Farc participan en Manos por la paz? ¿Qué buscan? Es un movimiento que ha crecido muy rápido. De un total aproximado de 2.000 ex guerrilleros detenidos, sabemos que casi la mitad desea vincularse a él.

Son disidentes, reales desmovilizados que quieren la paz, colaborar con la justicia, hacer públicos actos de reconciliación y perdón. Es una posición muy valiente y por cierto muy amenazante para las Farc porque se las están comiendo desde adentro, pacíficamente, sin una bala. De pronto es algo más efectivo en el país que las propias operaciones militares. Es un movimiento de paz muy importante.

¿Qué ha logrado? Además de hacer conocer dentro y fuera del país esta realidad, logramos en abril la expedición del Decreto 1.059, que facilita a ex guerrilleros, individualmente, acogerse a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz (una rebaja de penas a un máximo de 8 años). El Decreto es un gesto sabio del Gobierno, que podría convertirse en un aporte esencial para la paz. Permite, desde la óptica de la seguridad, recoger una información muy valiosa. Desde el punto de vista humano, dar a esta gente una segunda opción de vida.

¿Problemas, obstáculos? Los hay. Muchos. Por lo lento, burocrático e incoherente de los procesos y por la corrupción en las cárceles. No se ha creado jurisprudencia alguna en qué basarnos, lo que podría suscitar muchas desmovilizaciones desde el monte. Los disidentes de la guerrilla están dispuestos a dar testimonios valiosísimos para la seguridad y el bien del país como ubicación de fosas comunes, caletas de armas y explosivos, campos minados, redes financieras de las Farc, atentados futuros, etc.

¿Dónde ubicaría su principal queja? En el Inpec. Las trabas que le ponen a uno en su labor son tremendas. Encuentro algo perfectamente absurdo: como director de la institución se nombró al fin a un experto jurista que había trabajado en la creación del Decreto 1.059, el doctor Evelio Henao, Pues bien, hace poco lo cambiaron por una persona sin experiencia en este campo. Es lamentable si se tiene en cuenta que el panorama de las cárceles es catastrófico. Hay múltiples casos de inocentes debido a la corrupción y falsos testimonios y, en general, al caos en el sistema jurídico.

¿Sus planes más inmediatos? Garantizar la implementación del Decreto 1.059, velar para que el Gobierno cumpla sus promesas y no queden convertidas en propaganda vacía. También quiero llevar a Europa –bajo libertad condicional– a tres portavoces, ahora en prisión, de Manos por la paz. Los suyos serán los mejores, los más impactantes testimonios que puedan darse sobre lo que son realmente las Farc, sobre sus motivos para vincularse a esa organización y luego para abandonarla. Después de la publicación del diario de Tania, la guerrillera holandesa, este sería el golpe final para la imagen de la guerrilla colombiana.

¿Lo entiende así el Gobierno? Me han dicho que lo percibe bien el Ministro de Defensa. Pero hay funcionarios que no entiendan todavía el alcance que tendría en Europa esta presentación de los tres ex guerrilleros.

¿Ha sido objeto de amenazas por la misión que se ha impuesto en Manos por la paz? Los riesgos están dentro del juego. Desde el inicio de esta labor, las Farc me han hecho amenazas de muerte. Pero no me sorprenden ni me interesan. Sigo adelante con lo que me he propuesto.

El Tiempo, noviembre 23 de 2008
Debate Nacional

Privatizando las Universidades públicas.

Por: Alfonso Monsalve Solórzano
almonsol@hotmail.com

Como dije en el artículo pasado, el continuo ejercicio de la violencia en las Universidades públicas que pone en grave riesgo la integridad de la comunidad universitaria, realizado por encapuchados armados, y no sólo con bombas ‘papa’, sino con gasolina, lanza-cohetes artesanales y armas de fuego, que utilizan contra la fuerza pública, como ha podido verse en la televisión; el desalojo violento y la amenaza a profesores y estudiantes que quieren trabajar y estudiar; los paros permanentes y prolongados en el tiempo, que prolongan de manera irracional la duración de las carreras y el ingreso de nuevos estudiantes, además de despilfarrar los dineros públicos; todo esto es justificado desde argumentos y mitos inaceptables.

El primero de ellos es que están defendiendo la universidad pública. Algunos dirigentes estudiantiles piensan que son la encarnación de la universidad, que su pensamiento y sus acciones representan la esencia de la universidad pública a la que defienden de la privatización. Están equivocados. Es cierto que el Estado tiene obligaciones económicas con el financiamiento de la universidad y que algunas de las políticas que pone en marcha son discutibles. Esto debe ser analizado y sus soluciones concertadas entre el Estado y las Universidades públicas, de las cuales hacen parte, por supuesto, los estudiantes y éstos tienen mucho que decir y aportar en las soluciones.

Pero reducir el concepto universidad pública a lo que esta élite estudiantil piensa, es otra forma de privatizarla, porque es ponerla al servicio de los exclusivos intereses de los grupos que representan, que no coinciden con los de la sociedad, que es la verdadera dueña de la universidad.
En efecto, los propietarios de un bien privado pueden imponer una confesión a su organización y cerrarla a su antojo. Es lo que hacen estos dirigentes estudiantiles: como las ranas en el fondo de un pozo –según metáfora de Mao Tsetung- creen que el cielo tiene la dimensión de la boca del estanque en que se encuentran atrapadas. Una sociedad democrática es plural porque existen múltiples grupos con intereses, incluso contrapuestos, que coexisten porque el pacto político lo permite. En ella hay pobres, clases medias y ricas; cristianos, musulmanes y ateos, gente de izquierda, de centro y de derecha, que dirimen sus diferencias respetando el pacto, en este caso, la Constitución.

Así debe ser una universidad pública. Ella debe ser compleja, tolerante e incluyente. No debe ser la casa de una excluyente concepción de la izquierda (o de derecha), que impone a los demás su credo. En la universidad caben los activistas y aquellos a quienes no les interesa la política, y los primeros no pueden obligar a los segundos a pensar como ellos. Deben intentar ganárselos, con argumentos y no con agresiones y amenazas. La Universidad pública no es una universidad confesional de izquierda (o derecha). Sólo las asociaciones privadas pueden tener universidades católicas o protestantes, o al servicio de un particular interés, como el capital. Por eso digo que esos dirigentes están privatizando la universidad pública cuando quieren imponer su particular visión del mundo.

Pero la privatizan también cuando de manera arbitraria, la cierran, mediante paros prolongados y acumulados en el tiempo. Podrá argumentarse que un paro no es un cierre, pero de hecho lo es, cuando de manera persistente o prolongada en el tiempo, suspende el derecho a la educación, que la universidad presta como un bien público. Reflexiona un colega filósofo a quien respeto, que el paro debería ser la regla y no en la excepción, en la protesta. Pero lo que ocurre en este caso es todo lo contrario.
Cualquier cosa es un motivo: desde acontecimientos internacionales, pasando por hechos nacionales, hasta los más triviales motivos domésticos, convocan a un paro. No hay una jerarquía de demandas, ni escalas de presión y en el transcurso de un movimiento se agregan peticiones, todo con la finalidad, muchas veces, no de alcanzar un objetivo razonable sino de causar desestabilización. Lo que quiero decir es que no hay transparencia: los objetivos que se invocan muchas veces no son los que verdaderamente motivan al movimiento, lo cuales permanecen ocultos.

Y que quede claro que yo defiendo el derecho a la protesta y la solidaridad. Aquél porque los grupos sociales tienen derecho a buscar sus legítimas reivindicaciones y ésta porque es importante en una sociedad inequitativa como la nuestra, en el objetivo común de conseguir un mejor país para todos. Las políticas nacionales e internas deben ser objeto de análisis y de protesta, si lo ameritan, pero lo que es inadmisible es parar la Universidad por cualquier razón. Porque negarles el derecho a la educación a los estudiantes, la inmensa mayoría pobres, quienes se ven obligados a abandonar sus estudios o irse a universidades privadas, a nombre de defender la universidad pública, es una contradicción en los términos.

Pero también debe quedar clara mi tesis sobre la privatización que significan estos paros. Los dueños de los bienes privados pueden parar arbitrariamente sus empresas, y eso, con restricciones: indemnizando a sus trabajadores y en caso de que no presten servicios públicos. Pero en las universidades, los pretendidos dueños van más allá: una minoría cierra cuando quiere un bien público, sin ningún tipo de consideración con los propios estudiantes y con la sociedad.
Debate Nacional

lunes, 24 de noviembre de 2008

Todo tiene un límite…

Por: Jaime Restrepo Vásquez. Director de Atrabilioso.

Los representantes del partido Demócrata, con su nuevo Presidente abordo, han demostrado que no tienen el menor interés de aprobar el TLC con Colombia.

Además de los desplantes, de recibir las versiones sesgadas de un solo sector –que además tiene evidentes y oscuros intereses en obstaculizar la gestión del Gobierno- y de utilizar a Colombia para favorecer sus las conveniencias; los Demócratas han vapuleado la dignidad y los intereses de nuestra nación.

Seguir insistiendo en el TLC con mayores presiones de cabildeo y serviles rendiciones de cuentas - a quien de paso sea dicho, no las tiene que solicitar- resulta casi insultante para un país que ha ofrendado la seguridad, la tranquilidad y la vida de miles de sus nacionales en aras de proteger a los viciosos estadounidenses.

Por esa demanda de estupefacientes, miles de hectáreas de buena tierra han sido dedicadas a cultivos ilícitos, en lugar de producir alimentos y bienestar para los colombianos. Gracias a los consumidores de droga, muchos de ellos norteamericanos, miles y miles de familias han tomado la decisión de sembrar coca, amapola y marihuana. Es más: por el dinero de esos adictos, amplios sectores del territorio nacional se han sumergido en la barbarie de la violencia.

Sin embargo, a pesar de la responsabilidad de los Estados Unidos, su pueblo incluido, en algunas de las desgracias colombianas, a la hora de asumir su cuota miran para otro lado y exigen con una doble moral que aterra.

Colombia no puede aceptar que la lealtad y el sacrificio sean recompensados con el maltrato al que nos han sometido políticos como Nancy Pelosi, Al Gore y el mismo Barack Obama. Por el contrario: es hora de mirar a otras latitudes, de ampliar la cartera de clientes que requieren de los productos colombianos y que están dispuestos a recibirlos sin tantos abusos. Hay millones y millones de compradores que quieren y necesitan de nuestros productos y que no padecen de la conveniente miopía del partido Demócrata.

Si los nuevos dueños de la política norteamericana están dispuestos a solo mantener las preferencias arancelarias, que así sea, pues lo cierto es que resulta innecesario el desgaste económico y político que acarrea la indecisión de los Demócratas, sobre todo con mercados más amplios y en expansión a los que podrían llegar nuestros productos.

Esos países que saldrán mejor librados de la crisis económica mundial deberían ser el objetivo estratégico de las políticas colombianas en materia de comercio internacional. Naturalmente es más fácil seguirle el juego humillante a Barack Obama y a su combo proteccionista, pero lo fácil generalmente no es lo mejor, ni lo más prudente.

Llegó la hora de un pronunciamiento del Presidente, con una fecha límite: si el TLC no es aprobado el 30 de noviembre de 2008 por el congreso norteamericano, Colombia desistirá del Tratado, dejando a Estados Unidos sin su único socio estratégico en la región: si Obama cree que Hugo Chávez, Evo Morales o Rafael Correa son aliados potenciales de su país, habría que decirle que su torpe análisis deja mucho que desear y que se perdió la platica que invirtieron sus padres en Harvard Law School.

Ver como aliados a los más acérrimos antiimperialistas, es decir, a los más entusiastas antiamericanos, es poner en peligro el “patio trasero” norteamericano y entregarlo en bandeja de plata a sectores que buscan posicionarse en una zona geoestratégica vital para la seguridad de los Estados Unidos… Hezbolah, Irán, Rusia y otros se deben frotar las manos de solo pensar en la estupidez de la obamamanía: tratar con guantes de seda a los enemigos y despreciar a los aliados.

La fórmula para Colombia es clara: aprovechar las preferencias arancelarias estadounidenses como una oportunidad temporal que permita gestionar la apertura de nuevos mercados en Asia. Al mismo tiempo, en el frente interno, apresurar la actualización de la desvencijada infraestructura nacional y trabajar en el fortalecimiento competitivo de las empresas colombianas.

Nuestro país ha dado muestras de compromiso con temas sensibles como los Derechos Humanos. Sin embargo esas demostraciones han sido despreciadas por los oportunistas políticos que solo atienden, como idiotas útiles, a personajes sesgados y comprometidos con la violencia, como Piedad Córdoba y Gustavo Petro… ¡Allá ellos si les dan más credibilidad!
Debate Nacional
Debate Nacional

domingo, 23 de noviembre de 2008

La turbocracia

Por: Carlos Alberto Montaner

El presidente Hugo Chávez amenaza a sus oponentes con meterlos en la cárcel si se atreven a ganar las elecciones. No lo dudo. Dice que sacará los tanques. Tampoco lo dudo. Está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder.
Si lo pierde, puede acabar ante los tribunales. Ha violado medio código penal en un abanico de delitos que comienza con la malversación y acaba con el asesinato selectivo de varios opositores. Y no lo digo yo: lo afirma el ex coronel Francisco Arias Cárdenas, su actual viceministro de Asuntos Exteriores, como puede comprobar cualquiera que se asome a YouTube.

La coartada para justificar la violencia contra los demócratas de la oposición es la revolución. Los chavistas creen que si pierden ciertas zonas del poder ''el proceso'' se ralentizará y les tomará más tiempo llegar al ''socialismo del siglo XXI'', un engendro tan nefasto como el de la previa centuria, pero más burdo. Según las mejores encuestas, deberían perder seis u ocho estados --los más importantes del país, la capital incluida--, pero es probable que entre el fraude masivo y la intimidación sólo admitan dos o tres derrotas menores. Tras haber fracasado en el referéndum de diciembre de 2007, Hugo Chávez llegó a la conclusión de que las elecciones sólo se justifican si se ganan. De lo contrario, no tienen sentido. Son una ordinariez.

Para los chavistas, y para esa frenética familia --por ahora Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, dado que El Salvador todavía está en remojo, aunque con grandes posibilidades de caer en la trampa--, las elecciones son sólo un método para hacer la revolución, y no una manera pacífica y racional de medir las preferencias de la sociedad, con el objeto de entregarle el gobierno al ganador, para que administre el país de acuerdo con las reglas y según el mandato encomendado por el pueblo.

En ese mundillo bananero de rompe y rasga, la ley y las instituciones no sirven para nada. En Nicaragua, tras el inmenso fraude electoral que acaba de protagonizar Daniel Ortega, las turbas sandinistas golpean a los manifestantes que se quejan, les disparan balas y morterazos, los aterrorizan de mil formas distintas, y se preparan para encarcelar a Eduardo Montealegre, el gran triunfador en los comicios de Managua. En el Ecuador de Rafael Correa, en su momento las turbas de sus partidarios rodearon el parlamento y la Corte Suprema hasta poner en fuga a los funcionarios incómodos. En Bolivia, los masistas de Evo Morales les propinan chicotazos a los opositores, les disparan a los adversarios --ya hay varias docenas de muertos-- e ilegalmente encarcelan al prefecto de Pando, mientras el presidente cocalero les dice a sus ministros que él se ocupa de hacer las trampas, y a ellos, que son abogados, les toca encontrar la manera de justificar legalmente sus actos, ``pues para eso han estudiado''.

No hay nada que aterrorice más a la población que una banda armada que actúa impunemente con la complicidad o bajo la orientación de los poderes públicos. Estamos en plena turbocracia. Es el gobierno de la canalla armada con garrotes. Es el matonismo callejero, que existe desde la Roma clásica, reinventado por Adolfo Hitler en el siglo XX con sus camisas pardas, mientras lograba el control total de la policía y de los servicios de inteligencia. En Cuba --madre y maestra del socialismo del siglo XXI--, la dictadura comunista no ha dejado de recurrir a estos métodos (los llama ''actos de repudio'' y son orquestados por la policía política y el partido comunista), y les ha explicado a sus discípulos cómo se utilizan eficazmente para sembrar el terror y ejercer el control social absoluto.

La pregunta inevitable es ésta: ¿cómo se sale por las buenas de unos gobernantes que utilizan la democracia para alcanzar el poder y, una vez instalados en el cuarto de mando, se niegan a entregarlo a sus adversarios cuando los derrotan en las urnas, o, sencillamente, como sucede en las dictaduras de partido único, cierran todas las puertas? El dilema es muy grave porque los demócratas, por definición y por vocación, suelen ser gentes pacíficas nada dadas a la violencia. Los navajeros son, precisamente, los que están en el otro bando. La pelea es entre un león con hambre y un mono amarrado.
Debate Nacional

jueves, 20 de noviembre de 2008

Mentiras han llevado a la cárcel a civiles y militares inocentes

Por: Plinio Apuleyo Mendoza
Noviembre 19 de 2008
Son tomadas como revelaciones, venganzas o recompensas. Casos investigados por el autor, Plinio Apuleyo Mendoza.Existen. Son más numerosos de lo que pueda imaginarse. Los falsos testigos han logrado a veces que sus mentiras, presentadas como revelaciones en la prensa nacional, tengan gran resonancia.
Tres intereses de distinto orden los mueven. El primero es la venganza. El segundo son los beneficios que depara una falsa delación. Resultan desmesurados y providenciales para un delincuente que pague una larga pena en La Picota o en la cárcel de Cómbita.
Le basta presentarse como real o supuesto paramilitar que dice conocer las relaciones entre un político y las Autodefensas para quedar convertido, de la noche a la mañana, en testigo protegido y obtener una considerable rebaja de penas. De esta manera, en sus manos y en los de una justicia parcializada, la seráfica Ley de Justicia y Paz puede convertirse en un arma diabólica.La tercera razón proviene de la guerra jurídica, la mejor arma de la subversión. La conducen con soberbia destreza colectivos de abogados, curitas de la Teología de la Liberación y otros parientes ideológicos de las Farc.
Sus falsos testigos, premiados a veces con giras en Europa, logran cambiarle a un buen militar todas las medallas recibidas por un humillante cuarto de detenido en una guarnición.El desquite de los malosPor esta puerta podemos entrar en la feria de los falsos testigos. Veamos un caso, por fortuna aclarado: el de Mario Uribe. El 16 de mayo de 2007 Salvatore Mancuso lo acusó ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía de haberse beneficiado electoralmente de una alianza con los 'paras'. También acusó en esa ocasión al vicepresidente Francisco Santos de haber participado en la creación de un grupo de autodefensas en Bogotá y al ministro de Defensa Juan Manuel Santos de haber conspirado con los 'paras' para tumbar a Ernesto Samper.Estas fábulas respondían -según él mismo llegaría a confesarlo- a un propósito de venganza por su traslado, y el de los demás jefes de las Autodefensas de Realito a la cárcel de La Ceja.
En Realito todos ellos se movían con libertad, en un paraje propio, con mujeres, contertulios y licores al alcance de la mano. En La Ceja, en cambio, se encontraron en una cárcel de verdad. No era lo que esperaban al aceptar su desmovilización. Entonces Mancuso resolvió producir con sus falsas declaraciones lo que llamó un tsunami político. Los fiscales pasaron por alto los cargos contra los Santos. Eran demasiado gruesos. Pero no el de Mario Uribe, tal vez por ser primo del Presidente. Solo más tarde comprobarían que carecían, como los otros, de todo fundamento.El otro falso testigo que apareció luego contra Mario Uribe fue Jairo Castillo Peralta, alias 'Piquirri'. Oscuro y sangriento personaje, autor de más de cien homicidios, ha logrado la proeza de pagar por todo ello solo cinco días de detención y obtener asilo en Canadá con 53 parientes suyos por cuenta de sus "revelaciones".
De Mario Uribe hizo primero una alusión venenosa en una entrevista concedida por él a la revista Semana. "Pregúntele por el 'Piquirri', él sabe quién soy yo". Molesto e intrigado por esa mención, Uribe decidió investigar al personaje. Descubrió que, desconocido como militante suyo por las Autodefensas, se trataba de un delincuente común, jefe de una banda llamada "los cuatro matones" que asaltaba fincas y camiones en las regiones de La Mojana, Sucre y Córdoba. El relato que hizo en la radio de sus crímenes y extorsiones indignó a 'Piquirri'. Ya refugiado en Canadá decidió vengarse inculpando al senador de haberse reunido en dos ocasiones con él, con ricos ganaderos y con 'paras' de la Mojana para comprar en esa región tierras a bajo precio. Tras una larga investigación, la Fiscalía descubrió que en la zona no había rastro de compra alguna de propiedades por parte del Senador ni de quince de las personas más allegadas a él. Pero el escándalo había alcanzado una dimensión internacional.
El senador Uribe, primo del Presidente, detenido por su alianza con los paramilitares: tal fue la noticia.El rey de las mentirasMás atroz fue la venganza de Rafael García contra el ex director del DAS, Jorge Noguera, por haberlo llevado a la cárcel. Nadie habría podido adivinar tal desenlace cuando años atrás ambos trabajaban en Santa Marta. Inteligente y locuaz, García se sumó a la campaña de Uribe dirigida tiempo después por Noguera en el Magdalena. Obtenido el triunfo, se apresuró a decirle a su amigo y compañero en esta empresa política: "Si te ofrece algún cargo, llévame contigo". Y así ocurrió. Designado director del DAS, Noguera lo puso al frente de la estructura informática de los servicios de inteligencia.
Lo tenía por un profesional muy competente.Lo era. García no tardó en mostrarse a la altura de sus nuevas responsabilidades al modernizar y agilizar este departamento a su cargo. Noguera le tenía plena confianza hasta el día en que recibió de un funcionario un informe muy alarmante: dos hombres cercanos a García entraban al sistema sin auditoría alguna, cosa por demás sospechosa. Noguera no le dijo nada. Con ayuda del Fiscal delegado en el DAS, se apresuró a ponerle una revisión secreta, hizo que su correo y teléfono fueran interceptados y que se siguiera de cerca el movimiento de sus fondos personales. Fue enorme su sorpresa cuando descubrió que gracias a lo obtenido por varias órdenes de captura canceladas y a prontuarios desaparecidos, García había comprado un penthouse en Santa Marta, un restaurante en Barranquilla, otro en Santa Marta, además de depositar fuertes sumas de dinero en la cuenta de su esposa. Detenido, Noguera citó a todo el personal del DAS en un patio.
Contó lo ocurrido. "Yo lo traje y yo lo hice poner preso", dijo.Hizo, pues, lo que cualquier hombre honesto habría hecho. Pero la prensa convirtió aquello en un escándalo y culpó a Noguera de llevar delincuentes al DAS. Y, por su parte, Rafael García, una vez juzgado y condenado a más de 25 años de cárcel, no tardó en descubrir que si lanzaba falsas y escandalosas "revelaciones", recogidas con estrépito por la prensa y tomadas muy en cuenta por la Fiscalía, lograba vengarse de Noguera, obtener rebajas de penas y hasta su libertad, como en efecto ocurrió. Empezó por confesarse miembro de las Autodefensas cuando nunca lo había sido ('Jorge 40' y demás jefes paramilitares lo desconocían por completo), para afirmar que en esa condición había sido llevado al DAS. La presión mediática desatada por semejantes declaraciones y una Fiscalía incapaz de valorarlas con frialdad determinaron la detención de Noguera.Pero García no se detuvo ahí. Tiempo después acusó a Noguera de haber forjado, en combinación con la CIA y el FBI, el asesinato del fiscal venezolano Danilo Anderson y de haber planeado un atentado contra el propio Chávez. Un absurdo que terminó derrumbándose.
Pero ahí no terminó su satánico empeño. Luego afirmó con igual estrépito mediático que Noguera le había arrebatado al holandés Hendrik Vanviderbeek, su compañero de prisión en La Picota, un contrato de explotación petrolera para dárselo a la Drummond. Se trataba de otra venganza: Noguera era quien había hecho detener al holandés por lavado de dólares.La ronda de mentiras y falsos testigos no acaba aún. Carlos Cataño, ex funcionario del DAS, detenido por la desaparición de su suegra, declaró que Noguera, delante suyo, le había entregado a 'Jorge 40' el 40 por ciento de los 12 millones recibidos por el DAS del Plan Colombia. Pequeño olvido: de ese Plan el DAS nunca recibió un peso.De héroe a villano.
Un caso quizás aún más escandaloso que el de Noguera es el del coronel Hernán Mejía Gutiérrez. Considerado el mejor oficial que tiene el Ejército, primer puesto de su promoción desde cuando entró en la Escuela Militar, condecorado en 1999 como el mejor combatiente de América en dos años seguidos, Mejía logró, como comandante del Batallón de Valledupar, acabar con la corrupción existente en esa unidad militar y emprender una lucha sin cuartel contra la guerrilla y los 'paras', con un resultado tan espectacular que Álvaro Uribe, al verla como un anticipo de su política de Seguridad Democrática, decidió desplazarse a Valledupar para iniciar su gestión como gobernante el 8 de agosto de 2002.Hoy Mejía permanece detenido en el batallón número 13 de la Policía Militar. ¿Quién lo acusa? Un antiguo sargento llamado Segundo Guzmán que él hizo detener en noviembre de 2002 al descubrir que sustraía cartuchos de fusil para venderlos a los paramilitares. Condenado a 11 meses de cárcel, aquel sargento, luego de pagar su condena, se vinculó por entero a las AUC. Tres años después fue descubierto en Villavicencio con 39 mil cartuchos de fusil. De nuevo en prisión, encontró en la Ley de Justicia y Paz un recurso ideal para vengarse de su antiguo superior al afirmar que tenía vínculos con 'Jorge 40'. A tal punto la prensa creyó sus mentiras que la revista Semana desplegó en su portada la foto del coronel Mejía con el título de : "De héroe a villano".
Y como supuesto villano, sigue detenido mientras el sargento, borradas sus culpas, se encuentra fuera del país, al parecer en Estados Unidos. Nunca aportó pruebas. Pese a sus sucios antecedentes, su palabra tuvo más peso que la del mejor militar de Colombia.¿Extraño? De ningún modo. Es lo usual. Cuando no obra en ellos un propósito de venganza, los delincuentes pueden dar un falso testimonio en busca de beneficios. Sus víctimas son numerosas. El ex senador Gómez Gallo fue una de ellas. La acusación que precipitó su detención provino de una extraña confabulación.
Antiguos miembros de las Autodefensas del Tolima, que no eran reinsertados sino capturados y condenados a largas penas en distintas cárceles, fueron reunidos en el patio 2 de la cárcel de Picaleña por el Director de Fiscalías Regionales. La manera de acogerse a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, idea que sin duda les fue sugerida, era la de repartir cargos contra los congresistas de aquel departamento.A Gómez Gallo le correspondió un tal 'Moisés', cuyo real nombre es José Wilton Bedoya. Condenado a 27 años, dijo haber sido testigo de un encuentro del Senador con un comandante de las Autodefensas de nombre Elías para que este, gracias a un pago de 300 millones de pesos, eliminara al representante Pompilio Avendaño. No era un crimen político. Se trataba, según 'Moisés', de un problema de faldas. "Se los pagué a Elías, que está muerto, para que matara a Pompilio, que está vivo", dice hoy Gómez Gallo con humor, luego de que 'Moisés' fuera incapaz de reconocerlo en La Picota y de que un honesto fiscal ordenara la preclusión de su caso.Si un testigo falla, surge otroMenos afortunado ha sido el ex senador Álvaro Araújo. Todos recordamos cómo fue detenido.
Su coterráneo y aliado político Elías Ochoa aspiraba que, al cumplirse los cuatro años de su cargo como cónsul de Colombia en Barquisimeto, su esposa fuera nombrada en su remplazo. Furioso porque María Consuelo Araújo, hermana del senador, se negó a firmar en su condición de Canciller dicho decreto, lanzó contra los Araújo, padre e hijo, una acusación como responsables del secuestro de su hermano años atrás, acusación de la que luego, al ser tomada en serio por la Corte, se retractó. Semejante cargo, sin más base que un arrebato ocasional, iba a derrumbarse en el juicio del ex Senador, cuando en el recinto donde tenía lugar la audiencia apareció una misteriosa testigo protegida para dar un nuevo testimonio en su contra. Llamada Dioselina Ramírez, estaba a punto de ser condenada por el homicidio de una campesina, años atrás, cuando gracias al magistrado Iván Velásquez pudo obtener este privilegiado estatus con asilo en Canadá a cambio de un testimonio insignificante: había visto a Araújo reunido en un desayuno de campaña con el hermano de un paramilitar (contra quien nunca hubo cargos). Testimonios igualmente deleznables, que en un país de justicia más rigurosa habrían ido a parar al cesto de basuras, mantienen detenido desde hace más de un año al coronel Alfonso Plazas Vega. Los he recordado en alguna columna de prensa. Proceden de dos individuos que jamás fueron subalternos suyos y que nunca participaron en el rescate del Palacio de Justicia.
El primero, un individuo con antecedentes penales llamado Ricardo Gámez Mazuera, fue llevado por el padre Javier Giraldo -experto en la guerra jurídica contra los militares- a una notaría para registrar allí su declaración antes de abandonar el país. El segundo testigo, de apellido incierto (a veces se presenta como Villarreal, otras como Villamizar) apareció 22 años después de los sucesos del Palacio de Justicia y nunca pudo explicar cómo, en su condición de cabo del Ejército radicado en Villavicencio, podía dar un testimonio de alguna validez contra Plazas.No importa. Los testigos se relevan y no es aventurado pensar que obedecen a un plan de la mencionada guerra jurídica que va sacándolos como un mago de feria saca conejos de un sombrero. El último, que paga largas penas por dos homicidios, uno cometido en Tunja y otro en Girardot, fue reclutado en la cárcel de Cómbita. Se llama Tirso Sáenz y dice haber sido conductor de un tanque Cascabel en el cual el coronel Plazas habría metido a cinco o seis de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Ignora, al parecer, que en un Cascabel apenas caben los tres miembros de su tripulación. ¿Será creíble? ¿Se le habrá ofrecido una sustancial rebaja de penas por esta declaración? El libro Itinerario de una injusticia, del coronel Plaza, demuestra hasta la saciedad el montaje de esta última acusación.
¿Quién mueve los hilos de semejante conjura contra oficiales prominentes de las Fuerzas Armadas? Sería necesario investigarlo. En este inventario de injusticias monumentales no podría olvidarse el caso del almirante Gabriel Arango Bacci. Retirado de la Armada por supuestos nexos con el narcotráfico, la prueba que servía de sustento a tal sospecha era un papel con su huella dactilar en el cual acreditaba recibir 115 mil dólares de un mafioso conocido como 'el Señor de la herradura'. Luego de un examen dactiloscópico que aparecía en el recibo, resultó que la huella era falsa. Había sido colocada allí con un sello.En cualquier país donde la justicia tuviese algún rigor, este hallazgo habría bastado para comprobar que el Almirante era víctima de una maniobra para inculparlo. Pero, sin olfato, sin malicia o sin voluntad para reconocer dicha conjura, la Fiscalía acabó por obtener otro testimonio contra Arango, esta vez de un joven delincuente llamado Eyssin Miguel Matos.
Decía haber presenciado un encuentro del alto oficial con mafiosos. Era, en realidad, un testimonio pagado (¿por la mafia o la guerrilla?) con veinte millones de pesos. Así lo declaró bajo juramento el propio hermano del denunciante.Desbaratadas estas inculpaciones, el Almirante ha debido quedar en libertad y ser objeto de públicas excusas. Era lo que menos podía esperarse tratándose de un oficial que a lo largo de 32 años de impecable carrera militar jamás había recibido la más leve llamada de atención. Pero su calvario no había terminado. Un sicario de Barranquilla declaró que había sido testigo de un encuentro en Santa Marta del Almirante con un narco conocido con el sobrenombre de 'Boliche'. Único problema: este, residente ahora en Estados Unidos como testigo protegido, declaró no haber visto en su vida al almirante Arango.¿Hasta cuándo proseguirá esta ronda de infamias consentidas? ¿Cuántos casos como estos podrían todavía revelarse?
¿Cuántos inocentes permanecen detenidos? Estamos ante un verdadero escándalo, el único que no ha salido a flote en un país donde cada semana florece uno con gran estrépito mediático. Por desviaciones o sesgos políticos, magistrados y fiscales tienden a ver siempre como sospechosos a senadores uribistas y a oficiales del Ejército. No exigen pruebas ni valoran testimonios. Le han dado a Colombia la fama en América Latina de ser el país que más abusa de las detenciones preventivas. Han puesto a los peores delincuentes del país en el papel de acusadores.
El dicho de que en Colombia a nadie se le niega un auto de detención puede parecer cínico. Pero es hoy una triste y alarmante verdad.
Especial para CAMBIO.

miércoles, 19 de noviembre de 2008

APRUEBEN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON COLOMBIA

Editorial
The New York Times*

Nosotros no lo decimos a menudo, pero el Presidente Bush tiene razón: el Congreso debe aprobar el Tratado de Libre Comercio con Colombia ahora.

Bush firmó el acuerdo hace dos años. La mayoría demócrata en el Congreso se ha negado a aprobarlo por una legítima preocupación por el estado de los derechos humanos en Colombia, y menos legítimos deseos de consentir a los trabajadores organizados, o por negarle al señor Bush un triunfo en política exterior.

Nosotros creemos que el pacto comercial sería bueno para la economía de Norteamérica y para los trabajadores. Rechazándolo enviaríamos un triste mensaje a los aliados de todo el mundo, en cuanto a que los Estados Unidos es un socio poco fiable y, a pesar de todo lo que predica, en realidad no cree en la apertura de los mercados al comercio. No hay más tiempo que perder. Si en las sesiones extras de este año el Congreso no aprueba el pacto comercial, las perspectivas serían considerablemente sombrías, ya que se perdería la posibilidad de aplicar la norma conocida como fast track, que prevé una aprobación sin posibilidad de enmienda.

Debido a las preferencias comerciales concedidas en el marco de la guerra contra las drogas, la mayoría de las exportaciones colombianas ya están exentas de tarifas para entrar a Estados Unidos. El nuevo acuerdo beneficiaría a las empresas norteamericanas que actualmente tienen que pagar elevados aranceles por sus exportaciones a Colombia.

Asimismo, reforzará lazos con un importante aliado en la volátil esquina de América del Sur, que también es la principal fuente de cocaína enviada a este país, y donde los Estados Unidos tiene muy pocos amigos por estos días.

En el vecino Venezuela, el Presidente Hugo Chávez despliega feroz retórica anti-americana para desviar la atención sobre sus políticas autocráticas. El mes pasado, Bolivia expulsó al Embajador de los Estados Unidos y acusó a agentes de la DEA de conspirar contra su gobierno. Ecuador se ha negado a renovar un contrato de arrendamiento sobre una base aérea en la ciudad costera de Manta, utilizada por aviones estadounidenses para la lucha antinarcóticos.

Nosotros, también hemos tenido fuertes preocupaciones acerca de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Sin embargo, los demócratas, al oponerse al tratado comercial por estos motivos están haciendo caso omiso de innegables mejoras. La violencia ha disminuido considerablemente durante la administración Uribe, que ha golpeado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, guerrilla de extrema izquierda, y a los paramilitares, de extrema derecha. El número de sindicalistas muertos, una gran preocupación de los demócratas, sigue siendo elevado, pero se ha reducido drásticamente.

Washington debe mantener su presión sobre Bogotá para reducir los abusos cometidos por el Ejército de Colombia, garantizar el enjuiciamiento de los paramilitares y matones, y frenar más la violencia contra los sindicalistas. Tiene una poderosa herramienta para hacerlo: 600 millones de dólares al año de ayuda en su mayoría para fines militares y antinarcóticos.

Si se falla en aprobar este tratado comercial no se contribuiría en nada a mejorar los registros de Colombia en materia de derechos humanos. Tomar ese camino enajenaría el apoyo de muchas personas en Colombia y minaría la credibilidad de Washington.

*Este artículo apareció impreso el 18 de noviembre de 2008, en la página A26 de la edición de Nueva York.
----------------------------------
EDITORIAL
Pass the Colombian Trade Pact
Published: November 17, 2008
We don’t say it all that often, but President Bush is right: Congress should pass the Colombian free-trade agreement now.
Mr. Bush signed the deal two years ago. The Democratic majority in Congress has refused to approve it out of a legitimate concern over the state of human rights in Colombia and less legitimate desires to pander to organized labor or deny Mr. Bush a foreign policy win.
We believe that the trade pact would be good for America’s economy and workers. Rejecting it would send a dismal message to allies the world over that the United States is an unreliable partner and, despite all that it preaches, does not really believe in opening markets to trade. There is no more time to waste. If the lame-duck Congress does not approve the trade pact this year, prospects would dim considerably since it would lose the cover of the rule (formerly known as fast track) that provides for an up-or-down, no-amendment vote.
Because of trade preferences granted as part of the war on drugs, most Colombian exports already are exempt from United States tariffs. The new agreement would benefit American companies that now have to pay high tariffs on exports to Colombia.
It also would strengthen bonds with an important ally in a volatile corner of South America — that also is the main source of cocaine shipped into this country and where the United States has very few friends these days.
In neighboring Venezuela, President Hugo Chávez spouts fierce anti-American rhetoric to distract attention from his autocratic policies. Last month, Bolivia expelled the United States ambassador and accused Drug Enforcement Administration agents of conspiring against his government. Ecuador has refused to renew a lease on an airbase used by American counternarcotics flights in the coastal city of Manta.
We, too, have strong concerns about human-rights violations committed by the government of President Álvaro Uribe. But Democrats opposing the trade pact on these grounds are ignoring undeniable improvements. Violence has abated considerably during the Uribe administration as it has taken on the left-wing guerrillas of the Revolutionary Armed Forces of Colombia, or FARC, and right-wing paramilitaries. The number of trade unionists killed, a major Democratic concern, is still too high but has dropped sharply.
Washington must keep pressing Bogotá to reduce abuses by Colombia’s Army, ensure the prosecution of paramilitary thugs and further rein in violence against union members. It has a powerful tool to do that: $600 million a year in mostly military and anti-narcotics aid.
Failing to approve this trade agreement would do nothing to improve Colombia’s human-rights record. Walking away from it now would alienate many people in Colombia and undermine Washington’s credibility.
A version of this article appeared in print on November 18, 2008, on page A26 of the New York edition.
----------------------------------------------------

martes, 18 de noviembre de 2008

Es necesario evitar el "proteccionismo" como salida a la crisis: Lula

Efe
Sao Paulo, Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió este sábado en Sao Paulo en el Grupo de los 20 (G20) evitar la "tentación del proteccionismo" como una salida a la crisis financiera internacional pues, dijo, "a nadie le interesa una reducción del comercio".

"En el discurso de apertura de la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de los bancos centrales del G20, Lula abogó además por una reanudación de las negociaciones de la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que fracasaron en julio pasado.

"Brasil cree que los países deben evitar la tentación de usar el proteccionismo financiero y comercial como artificio para superar la crisis. Es necesario mas integración, más comercio, menos distorsiones y menos proteccionismo", subrayó. El jefe de Estado comentó que "uno de los efectos más preocupantes de la crisis ocurre en el comercio, con la ya anunciada recesión los países ricos van a reducir las exportaciones, lo que afectará la balanza comercial de los países pobres". Para Lula, "es el momento para el impulso final de la Ronda de Doha".

"La mayor apertura del comercio mundial es un excelente antídoto contra la crisis y la conclusión de Doha, pasó de ser una oportunidad a una necesidad", anotó. Por medidas Lula hizo un llamamiento también a los países desarrollados y a instituciones "como el Fondo Monetario Internacional", a los que pidió "adoptar medidas para restaurar la liquidez en los mercados internacionales". En su intervención recordó "las lecciones de la crisis de 1929" que, según Lula, "deben servir de alerta para todos nosotros". "En aquella ocasión, medidas unilaterales apenas prolongaron la depresión económica y alimentaron la desconfianza", dijo.

"Las conclusiones de la reunión ministerial serán presentadas en la cumbre del G-20 que se celebrará el próxima sábado en Washington y a la que finalmente acudirá España, país que, aunque no forma parte del G-20, fue invitado por ser la octava economía del mundo. El G-20 está formado por los países del G-7 (E.U., Canadá, Japón, Alemania, Reino Unido, Italia y Francia), además de Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Rusia, Sudáfrica y Turquía, más la Unión Europea (UE) como bloque.

Tomado de: http://www.elcolombiano.com

lunes, 17 de noviembre de 2008

Las pirámides: una cuestión de idiosincrasia

Por: Jaime Restrepo Vásquez.

La euforia era total: miles de personas, en todos los rincones del país, se congregaban en las oficinas de las pirámides, empresas que ofrecían dinero fácil, efectivo y rápido, con unas ganancias que superaban el 100% en menos de 90 días.

Todo esto ocurría a finales del año pasado, cuando se veían largas filas de ciudadanos ansiosos de consignar su dinero para duplicarlo en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, desde abril de este año comenzaron a desplomarse las primeras pirámides y las autoridades tuvieron que enfrentar brotes de violencia protagonizados por los estafados. Ni hablar de las cuantiosas pérdidas de miles de colombianos que, por ingenuidad o ambición, decidieron invertir en un negocio tan riesgoso y que prometía el paraíso económico en poco tiempo.

La información sobre el desplome de las pirámides fue difundida ampliamente por todos los medios de comunicación: las imágenes de los desórdenes en Zipaquirá y Villavicencio recorrieron el país. Incluso el propio gobierno lanzó varias advertencias sobre el riesgo que significaba depositar el dinero en esas empresas captadoras de dinero. Muchas veces los noticieros hastiaban con la reiteración de los peligros de las pirámides.

Sin embargo hoy el país ve como se desploman, en una especie de efecto dominó, esas pirámides que prometían el pago de intereses desmesurados a cambio de consignar un dinero por poco tiempo.

Muchos de los ahorradores defraudados no son precisamente personas ignorantes y asiladas del mundo que pudieran caer fácilmente en un engaño: hay profesionales, estudiantes universitarios y comerciantes, entre otros, quienes pese a las advertencias, prefirieron arriesgarse en la ruleta y de repente obtener unas utilidades gigantescas.

No obstante, ahora esos ahorradores se autoproclaman estafados, cuando lo cierto es que entraron en un juego financiero de altísimo riesgo y perdieron. Es como si alguien decidiera invertir en unas acciones de una empresa de exploración petrolera que promete jugosos dividendos siempre y cuando la exploración sea exitosa, pero que luego de un tiempo anuncia el fracaso y la pérdida del dinero invertido. Por eso ofrecían altísimas utilidades, pues a mayor riesgo, mayor porcentaje de ganancias o mayores probabilidades de pérdidas.

Esos colombianos que invirtieron en las pirámides sabían los riesgos, ya fuera por los medios de comunicación o por el eficiente voz a voz, pero prefirieron creer en las promesas de los promotores que en las alarmas encendidas.

Algunos sectores políticos hablan de una crisis social, porque en las pirámides invirtieron los más pobres. Lo dudo. Entre los afectados hay muchos que incluso se endeudaron con los bancos y el préstamo lo invirtieron en las pirámides: ¿Conoce de algún banco que le preste dinero a alguien que no tenga respaldo? Otros vendieron propiedades, carros, joyas y se gastaron la platica destinada a la universidad de sus hijos para acercarse al sueño colombiano del dinero fácil y sin trabajar. Ahora tienen una deuda, menos patrimonio y mucho trabajo por delante para poder cubrir las pérdidas.

Lo que demuestra esta situación es el enorme gusto por el dinero fácil y que los ahorradores asumieron el riesgo porque en sus casos, la ambición superó la prudencia.

No obstante, surge la inquietud por las restricciones legales que hubieran impedido que las pirámides se diseminaran por todo el país: ¿Por qué no existe una legislación que impida este tipo de abusos?

Hace muchos años se presentó el mismo caso del florecimiento de pirámides en muchas partes del país. Como es natural, esas pirámides se desplomaron y centenares de colombianos resultaron damnificados. En esa época, como reacción, crearon una legislación que aparentemente protegía a los ciudadanos de esos vendedores de sueños facilistas.

Incluso algunas empresas que trabajan con el sistema de Mercadeo Multinivel (Multilevel Marketing) tuvieron serias dificultades cuando quisieron entrar a Colombia, debido a la confusión que se presentaba entre las pirámides y el MLM.

Básicamente el MLM consiste en captar distribuidores de productos, bienes o servicios, que entran al sistema por la invitación de otro distribuidor más antiguo, quien al alcanzar un número determinado de nuevos vendedores o promotores, obtiene ingresos por las ventas de su grupo. Así mismo, cuando los nuevos invitan a otros, y esos ejercen con éxito su actividad comercial, también le reporta utilidades al más antiguo de la cadena.

Sin embargo, el MLM no ofrece ganancias extremas sin trabajar, ni tiene oculta la forma como se pueden alcanzar las utilidades: si yo presento a cinco distribuidores y trabajan con empeño, ellos obtendrán ingresos por sus ventas y yo me beneficiaré con un porcentaje establecido por dichas ventas. Además si mis cinco distribuidores consiguen, cada uno, dos o tres nuevos vendedores, también obtendré un porcentaje por sus gestiones.

En algunas ocasiones, a los directivos de las empresas de MLM les resultaba complicado explicarles a los funcionarios las enormes diferencias entre una pirámide y una empresa con MLM. Sin embargo, después de muchos esfuerzos, lograron dilucidar las diferencias y ahora son empresas consolidadas en el mercado nacional.

¿Qué pasó entonces con esos obstáculos que existían para las pirámides? Nadie lo sabe. Sin embargo, por más normas que existan, nadie podrá evitar la ambición desmedida y el inmenso apego que sienten los colombianos por el dinero fácil, rápido y efectivo… por ley no se cambiará jamás la idiosincrasia de una nación.

sábado, 15 de noviembre de 2008

LOS INTELECTUALES, LOS SECUESTRADOS Y LA PAZ

Por: Darío Acevedo Carmona

Un grupo muy representativo de respetables intelectuales colombianos, liderados por la senadora Piedad Córdoba, decidió entablar un diálogo exploratorio con las Farc con miras a buscarle salidas al tema de los rehenes y soluciones al largo conflicto colombiano. ¿Por qué, cabe preguntar, una iniciativa de esta naturaleza tiene tanto despliegue en un momento en que esta guerrilla muestra síntomas notorios de agotamiento y fracaso de su proyecto revolucionario y de desprestigio profundo ante la comunidad internacional? La respuesta no es fácil y no pretendo aclararla en este escrito. Pienso que es saludable para el debate público que por lo menos se intente absolver este y muchos otros interrogantes que están flotando hace buen rato en el ambiente.

¿Por qué en vez de una exigencia perentoria, categórica y sin esguinces a las Farc ( tal como lo hizo Ingrid Betancurt en España) para que liberen a los secuestrados que aún tienen en su poder, parece más apropiado abrir una ventana para volver a hablar de intercambio humanitario? En cualquier otro contexto y país el secuestro como arma de lucha política es abominable y es condenado como una violación flagrante a los principios humanitarios. Utilizar personas en calidad de rehenes para obtener beneficios es inadmisible en el DIH y en los estatutos de la CPI, es un crimen de guerra, sin atenuantes. En el último año transcurrido el mundo y los colombianos hemos visto imágenes sobre las circunstancias aterradoras en que son mantenidos compatriotas secuestrados por la guerrilla fariana, varios de los cuales ya han sobrepasado los diez años de cautiverio.


Algunos de los intelectuales que acompañaron a la senadora Córdoba en esta iniciativa habían firmado un manifiesto contra la violencia y contra las guerrillas en 1994 luego de que estas sabotearon sendas conversaciones de paz en Caracas y Tlaxcala, a través del secuestro. El tono fue vehemente e inequívoco, dijeron a las guerrillas que ellas no representaban a nadie y que ningún ideal altruista justificaba la violencia y que su lucha era anacrónica no sólo a la luz del derrumbe del campo comunista sino también por la reciente aprobación de la nueva constitución política que abría caminos de esperanza a la paz.


En alguno de sus lúcidos ensayos, el historiador Eduardo Posada Carbó se lamentaba de cómo esa intelectualidad se había desentendido de tal manifiesto en los años siguientes y en cambio optó por dotar con elucubradas tesis académicas el avance militar de las guerrillas desde finales de la década pasada. El lenguaje se pobló de figuras retóricas que daban por sentado el axioma de la existencia de un conflicto social y armado, el reconocimiento de una representatividad social y de un espíritu altruista en las guerrillas, mientras asolaban pueblos, secuestraban, imponían sus leyes arbitrarias a las comunidades, esquilmaban el presupuesto de municipios alejados y abandonados del poder central del estado, entraban en la disputa por las rentas del narcotráfico y amenazantes reiteraban que su real interés era la toma del poder por la vía de las armas.


Si durante los años de mayor fortaleza era necesario el debate sobre las dimensiones y la naturaleza del conflicto armado nacional y hasta justificable haber apoyado un proceso de diálogo para buscar una salida política negociada del mismo, el saboteo del proceso del Caguán, el secuestro de decenas de militares y civiles sometidos a oprobiosa humillación y la deriva terrorista de su accionar en los últimos seis años, por lo menos, debían haber suscitado replanteamientos profundos en los círculos académicos e intelectuales.


La pregunta por la pertinencia de un acercamiento epistolar que suena más a salvavidas para las Farc, aunque muchos de los firmantes no se hayan percatado, es plenamente válida ya que lo éticamente correcto en momentos de extrema debilidad y desprestigio de los victimarios es levantar la bandera de la liberación unilateral e incondicional de todos los secuestrados. No tiene presentación que quienes con seriedad han reconocido los avances de la justicia humanitaria internacional, han saludado la existencia de la CPI y saben de la degradación absoluta de la guerrilla, vengan ahora a proponer la apertura de nuevos espacios que representan una claudicación respecto de las banderas humanitarias y terminen validando el chantaje al estado y a la sociedad que las Farc hacen con los secuestrados. Abogar por un intercambio de secuestrados por guerrilleros presos significa, ni más ni menos, igualar dos situaciones absolutamente diferentes y desconocer que el secuestro tal como se ha vivido y tal como lo están sufriendo aún algunos compatriotas es asimilable a los peores crímenes que se hayan cometido en la historia universal de la infamia.


Con el perdón de los firmantes de la carta, hay que recordar al menos dos situaciones: una, que la iniciativa de darle un giro militar a las negociaciones se originó en la soberbia de las Farc y en sus pretensiones triunfalistas de tomarse el poder por medios violentos, y, dos, que la dificultad para encontrar una salida negociada de los secuestrados y al conflicto mismo no tiene que ver con ausencia de espacios, pues estos fueron otorgados con generosidad y ofrecidos con insistencia siendo despreciados por ellos ya que en su parecer había que satisfacer todas sus exigencias.


En conclusión, considero que el pronunciamiento reciente de los intelectuales es un retroceso en relación con el manifiesto de 1994. Los intelectuales y académicos que han cobijado la violencia colombiana con un manto explicativo de carácter sociológico están en mora de realizar un balance crítico de sus posiciones y de reconocer el fracaso del proyecto guerrillero, y, por último, que lo ética y políticamente correcto en la coyuntura actual es exigir a los grupos que aún se mantienen en armas que liberen a los secuestrados y cesen sus acciones armadas para facilitar la conclusión negociada de todo tipo de violencia en el país.



miércoles, 12 de noviembre de 2008

Pensar las universidades públicas

Por: Alfonso Monsalve Solórzano
almonsol@hotmail.com

Es necesario que se reflexione sobre el rumbo que están tomando las universidades públicas a causa de las permanentes interrupciones, manifestaciones de violencia en su interior y usos indebidos de los espacios comunes.

1. El síntoma. Desmanes continuos, casi diarios en algunas universidades, realizados por encapuchados, que, en ocasiones provienen de de afuera, lanzan petardos y otros artefactos, como gasolina, que originan la intervención de la fuerza pública y pueden causar graves lesiones y la muerte, destruyen las instalaciones, saquean bienes de la Universidad y llegan hasta atracar a profesores en sus oficinas. Estos encapuchados se toman casi todas o todas las porterías de las Universidades, poniendo en grave riesgo la vida de la comunidad universitaria y de los visitantes, muchos de ellos niños de distintos colegios, casi siempre públicos. En Universidades grandes en un día normal, puede haber más de veinte mil personas dentro de un campus, con el riesgo que significa la clausura de las porterías, al impedir o dificultar la evacuación.

Paros decretados por asambleas en las que no participan la mayoría de los estudiantes, que, además, se reúnen sin ningún tipo de control de ingreso que permita verificar la pertenencia de los asistentes; en las que, con frecuencia participan estudiantes de otras universidades y de colegios de secundaria, asambleas en las que se toman, algunas veces, decisiones insostenibles, como cuando se para de manera prolongada la universidad en solidaridad con movimientos sociales, pues se puede ser solidario sin detener la universidad de esa manera; o se hacen demandas imposibles de conceder, porque exceden el margen de decisión de las autoridades universitarias y corresponden al Congreso o al ejecutivo, como cuando se exige la derogación de una ley, ya que se pueden buscar esas derogaciones sin afectar el funcionamiento de la universidad; y finalmente con reivindicaciones razonables, pero que, igualmente, pueden ser alcanzadas sin necesidad de paralizar las universidades. Ejercicio de presiones indebidas sicológicas y físicas contra profesores y estudiantes que autónomamente deciden realizar sus actividades académicas.

El número de días de interrupción de dichas actividades que los paros y actos violentos producen, en algunas universidades, es inaceptable. No es posible realizar dos semestres por año, regla que permite la estabilidad, y, por consiguiente, la planeación a largo plazo, de la Universidad; alargan de manera importante la permanencia de los estudiantes en sus carreras, la inmensa mayoría provenientes de los estratos más pobres, lo que causa deserción creciente e impide el acceso a los nuevos admitidos, prolongándoles sus carreras sin haberlas empezado; trastocan las aspiraciones de los que están terminando la secundaria; les causa enormes pérdidas a económicas a los padres, a la sociedad y a las instituciones –se ha calculado que un día de paro le cuesta a la Universidad de Antioquia 1.500 millones de pesos- cuyos recursos provienen en su mayoría del erario público, es decir, de los contribuyentes; y, finalmente, rompen la confianza que la sociedad comenzaba a depositar en las universidades públicas, y que permite la interacción con los sectores social, productivo y gubernamental, confianza que legitima su pertinencia social, como una universidad al servicio del país, luego de décadas de haber vivido de espaldas a éste.

El uso de los espacios públicos de la universidad para actividades fuera de la ley o que no corresponden con la misión o la destinación de dichos espacios, es otro hecho que muestra el deterioro que se está produciendo en ella.

II. La causa. Las universidades públicas son instituciones de investigación, docencia y extensión al servicio de todos los colombianos. Están reglamentadas por la Constitución y leyes de la república, que fijan su autonomía relativa -sobre eso escribiré en el próximo artículo, pues es resultado del contrato social y no un derecho natural-, que establecen que en ellas no debe discriminarse a ningún colombiano por razón alguna. No pertenecen al estado aunque éste las financie parcialmente y la reglamente, en cuanto representante de la sociedad. Tampoco son de los directivos, profesores, estudiantes y empleados, aunque tengan una relación directa con ella. Son el lugar por excelencia de la libertad de pensamiento, de enseñanza, de investigación, del disenso y del disenso del disenso, es decir, del pluralismo. La crítica y la protesta tienen allí su nicho natural. Pero todo esto tiene el límite que la Constitución, las leyes y los reglamentos internos, le han fijado, es decir, del contrato social.

Dicho límite establece que el disenso no puede ejercerse mediante la violencia. Ningún ciudadano puede ejercer la violencia para imponerle a otro su punto de vista, porque el monopolio de la fuerza está en manos del estado democrático. Se puede disentir del sistema, de las leyes y de las reglamentaciones internas, y presionar para alcanzar objetivos legítimos, pero esto debe hacerse sobre la base de la fuerza de los argumentos y las presiones legítimas. La protesta debe tener sentido de proporcionalidad para no perjudicar a los que se dice defender, ni despilfarrar los dineros públicos, ni pasar por encima de los derechos de los que no están de acuerdo, ni hacer posible el uso indebido de los bienes y espacios de las universidades. Debe ser transparente, sin intenciones ocultas y de cara a la comunidad. La Universidad tiene reglas, como la sociedad de la que es parte, y estas deben ser respetadas aun para cuestionarlas y cambiarlas. La anomia y la anarquía no son valores aceptables.

martes, 11 de noviembre de 2008

GUSTAVO PETRO, vida y milagros.

Por: Samuel Ángel.

Al realizar un estudio con lupa, el honorable Gustavo Petro no podría pasar desapercibido entre los demás senadores del actual congreso después de realizar una investigación histórica para poder entender lo que podremos denominar, su arquitectura mental.
Pocos manejan la demagogia de tal manera, Petro, vivaz para la palabra y oportunista en los actos, se ha caracterizado por buscar protagonismo a base de sus cruentas críticas al Estado, del cual, el mismo hace parte.

Al ver al señor Petro usando la televisión nacional en el marco de sus debates en el congreso viene a la mente de los colombianos su repulsivo pasado criminal en el M19. Encontramos en Petro, según el mismo, un guardián de la moral pública con experticia en derechos humanos, pero por haberlos violado todos.

Iniciemos este recorrido histórico. Sus inicios como guerrillero del grupo terrorista M19, se dieron por su atracción hacia el dolor y el sufrimiento del otro. Antes de iniciarse, fue testigo como todo el país, del secuestro del empresario estadounidense Donald Cooper, gerente de los almacenes Sears en 1975 y el reclamo por parte de los terroristas del M19 de un millón de dólares para su liberación. Otro hecho fue el posterior secuestro del líder sindical José Raquel Mercado, numero uno de la CTC el 15 de febrero de 1976 que fuera asesinado después de una grotesca farsa a la manera de las Brigadas Rojas Italianas con sus "procesos del pueblo" donde le pedían a la gente escribir sobre las paredes si o no para salvar o no la vida de la víctima. Mercado, el sindicalista, es asesinado el 19 de abril de ese mismo año.

Estos hechos cautivan la mente de Petro quien ya es militante para cuando, el 31 de diciembre de 1978, el M19 realiza el robo de 4.303 fusiles al Ejército en Bogotá. El Ejército descubre durante la ofensiva contra este acto terrorista un plan de acción de las FARC, la compra de armas por un valor de 1.500.000 dólares para la implantación de 10 nuevos frentes de guerrilla.

Luego, el señor Petro, como miembro del grupo terrorista M19 se une el 28 de mayo de 1985, para formar nada más ni nada menos que la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar que congrega al ELN, al EPL, al movimiento Quintín Lame, a una fracción del movimiento de autodefensa obrera ADO, al movimiento Patria Libre y al grupo Ricardo Franco. En ese momento las FARC no son dignas de entrar a formar parte de este macabro conclave debido a que estaban en tregua con el gobierno de Belisario Betancur, firmado el 28 de mayo de 1984. Pero cuando rompen la tregua con un sangriento ataque donde 26 militares y un civil mueren y otros 42 son heridos, todo esto en el Caquetá el 16 de junio de 1987, reciben la bendición de la coordinadora dos meses más tarde firmando un pacto de coordinación militar y político.

Durante la militancia del honorable Petro en el grupo terrorista M19, se realizaron los más despreciables actos de barbarie, no vistos en Colombia para ese entonces, veamos rápidamente algunos más. El 27 de febrero de 1980 se realiza el asalto de la embajada de República Dominicana en Bogotá, tomando como rehenes a 60 personas incluidos 20 diplomáticos dentro de los que se encuentran el embajador de los Estados Unidos y el Nuncio Apostólico, el 6 de noviembre de 1985 se realiza la toma del Palacio de Justicia con el trágico final que todos conocemos, el 19 de enero de 1986 lanzan un ataque sobre las poblaciones de Totoró, Paniquita y Morales en el Valle, las cuales entran en pánico, el secuestro de Camila Michelsen, hija de una rica familia de Bogotá, el secuestro del ex candidato presidencial del partido conservador Álvaro Gómez Hurtado y asesinato de su escolta en junio de 1988.

Sin mencionar la "creatividad revolucionaria" de uno de los compañeros de camino de Petro en el terrorismo del M19, Iván Marino Ospina, la contratación de niños. Por una suma de dinero mensual, el M19 reclutaba niños entre los 12 y 17 años para incorporarlos sin ningún problema en acciones armadas. Ante todos estos crímenes Petro se mantenía firme en la militancia terrorista con el "eme".

El 31 de enero de 1985, el juez de instrucción criminal Uriel Amaya, en el caso del Palacio de Justicia, profirió resolución acusatoria en contra suya, de Navarro, Vera Grabe, Rosemberg Pabón y otros, por los delitos de rebelión, homicidio, tentativa de homicidio, secuestro y falsedad, ordenando “medida de aseguramiento consistente en detención preventiva”.

Para despejar dudas, el 15 de mayo de 1992 un juez sin rostro —expediente 4119— acusó a Petro, Navarro y demás miembros del M19 por los delitos de terrorismo e incendio.

Después de este recorrido por una historia de sangre y mirando en retrospectiva la vida del senador Petro, comprendemos en profundidad su arquitectura mental, su manera de pensar. Frases como que en Colombia existe un régimen mafioso, que según el, a los colombianos en el exterior nos ven como parias, o hechos como que una de las personas que se comunica directamente al teléfono de Petro es Hugo Chávez, totalitarista consumado y líder de algo que no es nada, llamado socialismo siglo XXI, ideología fracasada en Latinoamérica de la cual Petro es fiel seguidor.
Otro hecho curioso es que la ex esposa de Petro es una de las fervientes militantes del chavismo y propagadora del mismo en Colombia.

No podemos esperar menos de Petro quien se beneficio de la política de perdón y olvido del presidente Barco después del acuerdo político firmado entre los cabecillas de esta banda terrorista el 10 de marzo de 1990, donde se cubrirán todos los crímenes y delitos cometidos por esa organización.

Por supuesto es uno de los mas férreos opositores de una de las leyes más importantes para la historia de la humanidad, la famosa Justicia y Paz, donde encontramos a los cabecillas del paramilitarismo extraditados pero además confesando, reparando y por supuesto pagando ante la justicia. ¿Será que el temor de Petro es que la ley de Justicia y Paz se vuelva hacia el futuro retroactiva y el tenga que responder por las innumerables cosas que hizo.?

El salto de manejar los fusiles en las montañas a las leyes en el congreso ha sido uno de los hechos más oscuros y tristes para el país, porque personajes como este dejaron las armas, refinaron el lenguaje, pero desafortunadamente aun conservan el ideario.

lunes, 10 de noviembre de 2008

Los rescoldos del cartel de Cali

Por Jaime Restrepo Vásquez.
Cerca de 27 personas han sido condenadas gracias a los testimonios que ha dado ante la justicia Jhon Jairo Velásquez, alias ‘Popeye’, el lugarteniente de Pablo Escobar.
En el caso de Luis Carlos Galán, las declaraciones de ‘Popeye’ permitieron la condena de Alberto Santofimio y aunque fue exonerado en segunda instancia, más adelante, ante la Corte Suprema de Justicia, ese testimonio pesará más que las declaraciones amañadas de algunos generales de la Policía.

Ahora ‘Popeye’, como lo hizo en su libro El verdadero Pablo, sangre, traición y muerte; concedió una entrevista en la que insistió sobre el apoyo que le brindó Pablo Escobar al M-19 para la toma del Palacio de Justicia. Según cuenta, la amistad del M-19 con Escobar se remonta a las acciones del MAS (muerte a secuestradores), creado para rescatar a Martha Nieves Ochoa, hermana de varios miembros del cartel de Medellín.

‘Popeye’ señala que el MAS logró arrinconar al M-19 y después de negociar la liberación de la secuestrada, establecieron una amistad que permitió concretar los planes para la toma del Palacio de Justicia.

Sin embargo, uno de los temas más importantes del nuevo testimonio de ‘Popeye’ tiene que ver con las relaciones de algunos líderes del M-19 con el cartel de Cali. Según el jefe de sicarios de Pablo Escobar, esos vínculos estaban encabezados por Carlos Pizarro, a quien incluso le fue encomendada la tarea de asesinar al capo del narcotráfico en una cita en Cali.

De la entrevista de ‘Popeye’ se desprenden varias conclusiones: que el M-19 tenía relaciones con los dos carteles del narcotráfico y que usufructuaba esos vínculos haciendo las veces de aparato militar por contrato (mercenarios) de ambas agrupaciones criminales. Para tal efecto, la cúpula del M-19debió tomar la decisión de dividirse la tarea y encargar a unos de las gestiones con Pablo Escobar y a otros de los acercamientos con el cartel de los Rodríguez Orejuela.

No parece probable que un grupo guerrillero tan pequeño como el M-19 tuviera una cúpula dividida e incomunicada y que decisiones de tal magnitud no fueran debatidas por la totalidad de la plana mayor de esa organización. Tampoco es un escenario lógico que la cúpula del M-19 adhiriera a dos organizaciones criminales enfrentadas, sin existir una estrategia de por medio.

Por el contrario: los líderes del M-19 debieron acordar el plan para oficiar como mercenarios de los carteles, cobrando por crímenes de lesa humanidad como los del Palacio de Justicia y así recolectar el dinero que les permitiera financiar sus acciones “revolucionarias”.

Sin embargo, el sector encargado de los acercamientos con Pablo Escobar fue abatido poco a poco y al momento del proceso de paz, solo estaban al mando aquellos que pactaron con el cartel de Cali.

Esa situación sigue vigente. Hoy vemos que el Presidente que fue elegido con dineros del cartel de Cali respalda políticamente a los sobrevivientes del M-19 que están en el Polo Democrático Alternativo.

Llama la atención también que Gustavo Petro, el emblemático representante del M-19, hace todo lo posible por desentrañar el paramilitarismo y conectarlo de mil formas con el extinto cartel de Medellín, enemigo del cartel de Cali y por ende, de aquellos que les hacían el trabajo sucio a los hermanos Rodríguez Orejuela.

Si a lo anterior se suman las alianzas que las Farc lograron establecer con el cartel de Cali para la producción y transporte de droga, el panorama queda un poco más completo pues lo que se está viendo hoy es la acción desesperada de los rescoldos del cartel de Cali, y de un importante sector del narcotráfico, que ven impotentes como su poder se desvanece.

sábado, 8 de noviembre de 2008

"COLOMBIA ¿HECATOMBE DEMÒCRATA?

Por: Rafael Guarin
En las computadoras de ''Raúl Reyes'' no sólo hay información que compromete a Hugo Chávez y Rafael Correa con las FARC, sino mensajes presuntamente de congresistas demócratas. Esa situación, más la negativa de ese partido al tratado de libre comercio y las declaraciones de sus candidatos presidenciales, es suficiente para encender las alarmas sobre un hipotético escenario que afecte severamente las actuales relaciones entre Estados Unidos y Colombia.

Hillary y Obama dicen rechazar el TLC mientras sigan presentándose asesinatos contra sindicalistas y violaciones de derechos humanos. Existen además críticas por vinculación de políticos y miembros de la fuerza pública con grupos paramilitares. En mayo del año pasado, la speaker de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, señaló que ''si no hay progresos sustanciales'' en ese tema, no habrá acuerdos comerciales.

La preocupación demócrata es más que razonable, pero pierde de vista los esfuerzos del gobierno colombiano y desconoce que los victimarios son perseguidos contundentemente por el Estado. Las estadísticas lo constatan. Según el Ministerio de Defensa, en 2001 fueron asesinados 123 sindicalistas, mientras que en 2007, 8. Desde agosto de 2002 se ha capturado a 15,060 paramilitares, 2,224 fueron abatidos y 35,353 se desmovilizaron. Se han realizado 666 extradiciones de narcotraficantes.

La contundencia es similar frente a la guerrilla. Durante la administración Uribe se ha abatido a 10,844 guerrilleros y 11,028 se han desmovilizado. La acción contra los grupos ilegales redujo las masacres de 115, en 2002, a 26 el año pasado; los homicidios de 28,837 a 17,918; los secuestros, de 2,883 a 486 y los atentados terroristas, de 1,645 a 387. Y se han incautado 376,090 armas.

Nada de eso es visible a los ojos demócratas. Por el contrario, cuando Colombia necesita mayor certeza de su alianza con Estados Unidos, para enfrentar la amenaza del farchavismo, los gestos demócratas hacen saber a Chávez y a las FARC que revaluarán su relación con el gobierno Uribe. Esto afecta la credibilidad de la política de disuasión colombiana, alienta la expansión de la ''revolución bolivariana'' y empuja la ejecución del plan estratégico de la guerrilla.

La situación puede ser más grave. En las computadoras de Raúl Reyes hay un memorando fechado el 28 de febrero en el que informa al Secretariado de las FARC su encuentro con el Ministro de Seguridad de Ecuador, Gustavo Larrea. En el texto, Reyes dice: ''los gringos pidieron cita con el ministro para solicitarle nos comunicara su interés en conversar varios temas. Dicen que el nuevo presidente de su país será Obama y que ellos están interesados en sus compatriotas. Obama no apoyará Plan Colombia ni firma del TLC''. ¡Sí! ¡Leyó bien! ``Obama no apoyará plan Colombia ni firma del TLC''.

Ese mensaje a las FARC estuvo antecedido por una reunión del congresista demócrata William Delahunt con Hugo Chávez, para hablar del ''intercambio humanitario''. Días antes había visitado Colombia en compañía de sus copartidarios James McGovern y George Miller. En esa oportunidad, McGovern dijo querer reunirse con la guerrilla.

McGovern es el mismo que se opuso en 2002 a conceder asistencia militar adicional a Colombia. Consideraba que no era un ''nuevo frente contra el terrorismo'' y que existía ''una guerra civil de 40 años'', lo que revela una errónea percepción de la realidad. No debe sorprender, pues el congresista recibe consejos e intercambia ideas, ''de interés de las FARC'', con James C. Jones, un académico norteamericano y confeso ''bolivariano'', cuya afectuosa correspondencia con Reyes aparece en las computadoras.

Pero todo indica que se trata de una pequeña facción demócrata. Para el analista de Eurasia Group, Patrick Esteruelas, ``salvo algunos representantes en Nueva York, Maine y Massachusetts que se han beneficiado de las entregas de diésel venezolano y otros productos del gasóleo a precios preferenciales en sus comunidades, son pocos los miembros del Partido Demócrata que simpatizan con Hugo Chávez y menos aún los que simpatizan con las FARC, en un clima tan sensible ante el terrorismo''.

Empero, esos capítulos no deben tomarse a la ligera. Sería conveniente que Obama y los congresistas aclararan varias cosas. ¿Es cierto que de ser presidente Obama eliminará el Plan Colombia? ¿Tienen los demócratas decidido desmontar esa ayuda militar? ¿El mensaje sugiere la liberación de los tres norteamericanos secuestrados a cambio de finiquitar la cooperación?

Aparte de que Washington termine el Plan Colombia, la estrategia ''fariana'' busca un gobierno en 2010 que desmantele la política de seguridad. También, probablemente, aspiran que por presión de la Casa Blanca se desmilitaricen los municipios de Pradera y Florida para hacer el ''acuerdo humanitario'' y se obligue al gobierno colombiano a un proceso de paz bajo las condiciones de la guerrilla. Esa es una vía para avanzar en la implementación de la ''revolución bolivariana'' y hundir en una hecatombe la seguridad democrática. Lo importante es que estamos a tiempo para evitarlo.
Columna publicada el 17 de ABRIL de 2008 - EL NUEVO HERALD