Unas lecciones internacionales

Eduardo Posada Carbó

El Tiempo, Bogotá

Marzo 12 de 2010

"El referendo está muerto y la democracia colombiana vive", escribieron Robert Kagan y Aroop Mukharji en The Washington Post (8-3-10). Los comentarios de Kagan y Mukharji -miembros del Carnegie Endowment for International Peace- son indicio de las repercusiones que podría tener el fallo de la Corte Constitucional más allá de nuestras fronteras. En Buenos Aires, La Nación consideró que lo ocurrido -la sentencia de la Corte y su acatamiento por el Presidente- dejaba importantes lecciones para otros países latinoamericanos.

Kagan y Mukharji quieren hacerlas extensivas a otras regiones del mundo, en su propuesta por una política norteamericana más activa de promoción de la democracia. En momentos de pesimismo global frente a la democracia, sugieren "tomar nota" cuando esta "triunfa sobre las tentaciones autocráticas". Reconocen los logros de Uribe, pero advierten las bondades de la decisión de la Corte: una democracia exitosa debe basarse en instituciones fuertes y fundamentos legales, por encima de la voluntad de una persona.

Que la experiencia colombiana se señale como modelo estimula el orgullo nacional, siempre tan bajo. No es claro, sin embargo, el sentido que buscan darle Kagan y Mukharji a la lección. "Es difícil saber qué papel jugó la administración Obama en todo" lo sucedido en Colombia, observan. Recuerdan que, en privado, Obama le aconsejó a Uribe contra el tercer período, mientras parecen sugerir que el gobierno norteamericano ha debido adoptar una posición de mayor perfil público.

Si Kagan y Mukharji creen que lo ocurrido ofrece lecciones, tendrían que reconsiderar los postulados que informan su análisis.

Cualquier política externa de "promoción de la democracia" que ignore la historia de la democracia en otros países estaría llamada al fracaso. Kagan y Mukharji se refieren a la colombiana como "naciente" y "joven". Puede serlo, en muchos aspectos. Pero tendrían que advertir que la experiencia de Colombia con instituciones democráticas es de vieja data, bicentenaria. Aquí se adoptó por primera vez el sufragio universal masculino en 1853 -sin restricciones de raza, alfabetismo, propiedad, ni ingreso-, mucho antes que en los Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia ejerció control constitucional desde 1886, como lo muestra un excelente trabajo de Manuel José Cepeda.

Kagan y Mukharji sugieren que las democracias "jóvenes" deberían aprender de los Estados Unidos, en su etapa de "juventud" democrática, cuando Washington decidió contra las tentaciones de un tercer período. Fue una buena lección. Pero ya en 1836, el presidente Santander se opuso a los planes de sus seguidores de modificar la Constitución para permitirle un segundo período consecutivo. En las elecciones presidenciales de 1836-7, sus candidatos preferidos perdieron. Santander respetó la decisión de las urnas y entregó el poder al candidato de la oposición. Allí se inauguró la tradición anti-caudillesca que caracteriza nuestra historia.

Kagan y Mukharji parecerían, además, sugerir que el frenazo al referendo reelectoral fue posible, en últimas, gracias a la voluntad de Uribe, al acatar la decisión de la Corte. Esto contradice su mismo argumento, al minimizar el papel limitante del poder que -de suyo- juegan las instituciones: la decisión del Presidente estaba subordinada a la de los magistrados, no al contrario. Lo que más preocupa es la aparente sugerencia de que Obama ha debido ejercer una oposición pública más activa a los nuevos planes reelectorales. Ignoran los resultados contraproducentes, tantas veces, de ese tipo de políticas erradas en el pasado.

La reciente experiencia colombiana puede ofrecer lecciones a quienes en los Estados Unidos se interesan por promover la democracia en el mundo. Pero esta lección debe comenzar con una mejor apreciación de nuestras tradiciones políticas e institucionales, de una historia que los mismos colombianos estamos aún por revalorar.

La democracia de los acuerdos

Eduardo Posada Carbó

El Tiempo, Bogotá

Febrero 26 de 2010

Chile ha sido el país latinoamericano de mayores éxitos en la llamada "tercera ola democrática". Así lo demuestran diversos indicadores económicos y sociales de la región. Reconocer esta realidad no representa problemas ni debe generar controversias. Encontrarle explicación, sin embargo, es otra historia, una historia que tendría que interesar a todos en el continente.

Para algunos, los éxitos chilenos contradicen la lógica de las teorías sobre la gobernabilidad democrática. Según Peter Siavelis, profesor de la Universidad de Wake Forest, el arreglo institucional chileno desafía predicciones teóricas. En particular, señala la existencia de un sistema multipartidista, combinado con un presidencialismo exagerado y un legislativo débil entre los componentes de un arreglo institucional poco prometedor. Tendría que haber conducido a constantes fricciones entre el Ejecutivo y el Congreso, a la parálisis, y hasta el quiebre democrático. ¿Por qué pudo entonces la Concertación lograr tan buenos desempeños?
Siavelis encuentra parte de la respuesta en una serie de "instituciones informales", definidas como "reglas socialmente compartidas, por lo general no escritas, que han sido creadas, comunicadas y puestas en práctica por fuera de los canales oficiales" (Gretchen Helmke y Steven Levitsky, eds., Informal Institutions and Democracy. Lessons from Latin America: 2006).

Tales instituciones son ampliamente conocidas en Chile con los nombres del "cuoteo", el "partido transversal" y la "democracia de los acuerdos". Mientras las dos primeras involucraron tan solo a los partidos de la Concertación, la tercera requirió la presencia de la oposición.

Lo más parecido al "cuoteo" entre nosotros sería la tan despreciada "milimetría burocrática" que practicaron los presidentes del Frente Nacional. El "cuoteo" bajo la Concertación fue la manera de distribuir satisfactoriamente el poder entre los partidos de la coalición gubernamental: los viceministerios, por ejemplo, quedaban por lo general en manos de un partido distinto del de los ministros. También hubo cuidado en respetar el "cuoteo" al seleccionar candidatos a las listas de Congreso, con el fin de garantizar la participación de los distintos partidos y facciones de la coalición.

Como "partido transversal" se llamó a la "red informal" de líderes de la Concertación que permitió darles unidad a sus gobiernos. Fue instrumental para la aprobación de leyes en el Congreso.
Pero esto no hubiera sido posible sin la "democracia de los acuerdos". Su arquitecto original fue Patricio Aylwin, primer presidente de la Concertación, cuyos partidos no contaban con una mayoría en el Congreso. Aylwin promovió entonces una inteligente política de consenso, a través de "negociaciones informales" y consultas con la oposición e importantes sectores sociales. Según Siavelis, la "democracia de los acuerdos" sirvió para evitar "posibles conflictos desestabilizadores" que hubiesen conducido al regreso del autoritarismo militar. Propició, en cambio, un ambiente favorable a la consolidación democrática, con ejemplares resultados.

La "democracia de los acuerdos" no estuvo libre de críticas. Se le acusa de elitista, o de plantear limitaciones a la misma democracia. Siavelis reconoce tales problemas. No obstante, defiende su papel positivo: junto con las otras dos "instituciones informales", contribuyó a los buenos éxitos de Chile en las últimas décadas. Tras reconocer sus valores, el nuevo presidente, Sebastián Piñera, ha propuesto renovarla.

Más allá de la validez de la explicación ofrecida por Siavelis, la experiencia chilena sirve para reiterar una lección elemental: el buen funcionamiento de las democracias presupone unos acuerdos políticos y sociales básicos. Los consensos para la gobernabilidad democrática no excluyen el debate. Sobre todo, hay que entender que mientras mayor sea la amenaza, más necesaria es la "democracia de los acuerdos".

¿La democracia sin acuerdos?

Eduardo Posada Carbó

El Tiempo, Bogotá

Febrero 5 de 2010

Visité Chile por primera vez en 1993. Mi inmediata impresión fue la de estar en un país que le llevaba muchos años de ventaja a Colombia. Fue también la impresión de mis acompañantes ingleses, sobre todo cuando recorríamos algunas provincias al sur del valle central. Según Rudolf Hommes y Santiago Montenegro, sin embargo, ambos países se encontraban en niveles de desarrollo muy similares a comienzos de la década de 1990. Desde entonces se habría abierto una brecha enorme: Chile a la delantera y Colombia a la zaga.

Quizás mis ligeras impresiones de viajero no correspondían entonces a la realidad. No obstante, creo que el origen de esas distancias es de vieja data. Si el desarrollo ferroviario puede servir de indicativo: aquel llegó a Santiago en 1863, casi medio siglo antes de llegar a Bogotá. Aunque, claro, la historia no se mueve en dirección lineal. Cualesquiera sean sus orígenes y comparaciones pasadas, Hommes y Montenegro tienen razón en observar las grandes diferencias que hoy existen entre ambos países, y en invitarnos a examinar "qué hemos hecho mal para habernos rezagado tanto".

Importa repasar algunas, ilustradas por Hommes y Montenegro con cifras elocuentes. Desde 1990, la economía de Chile creció más del doble que la de Colombia -en términos de la producción interna por habitante-. Esta mayor ventaja proporcional es similar al compararse los índices de mortalidad infantil o gasto social. Es mayor en otras áreas: en la lucha contra la pobreza, y más aún contra la pobreza absoluta. Entre los contrastes más notables, sobresale el de las tasas de homicidio: 1,7 por 100.000 habitantes en Chile, frente a 35 en Colombia. Aquí podría argumentarse que la brecha se disminuyó (como podrían observarse quizá menos distanciamientos relativos entre Santiago y Bogotá desde 1990). Pero sería "consuelo de tontos": la diferencia es abismal. ¿Cómo explicar tan enormes rezagos?

Hommes parece atribuirlo a "los tumbos en política económica en los últimos 16 años". A las variables económicas, Montenegro añade otras como la violencia. Sin embargo, su énfasis señala prestar mayor atención a "la estabilidad y predictibilidad institucional de Chile", mientras invita a los colombianos "de todas las tendencias" a buscar "acuerdos sobre temas fundamentales" que nos permitan algún reencuentro cercano con las conquistas chilenas.

Esta última observación coincide con el comentario de Carlos Caballero Argáez: "una gran diferencia entre Chile y Colombia es que la sociedad chilena llegó a un consenso político sobre lo que quiere a largo plazo". Según Peter Siavelis, profesor de la Universidad de Wake Forest, buena parte de los éxitos recientes de la democracia chilena se debe precisamente a una serie de "instituciones informales", como la llamada "democracia de los acuerdos". Ella se refiere a un "patrón de negociaciones informales" entre los presidentes chilenos, las coaliciones gubernamentales, la oposición y sectores de la sociedad civil para impulsar políticas en las diversas áreas de la vida pública: relaciones exteriores, impuestos, educación o seguridad.

No conozco cifras que permitan ilustrar con precisión estadística el contraste entre la "democracia de los acuerdos" en Chile y la "polarización" entre Gobierno y oposición en Colombia. Si fuese medible, nos permitiría entender mejor la raíz del actual desencuentro. Y, sobre todo, podríamos apreciar con la preocupación debida el rumbo desastroso que lleva nuestro país, al persistir en la obstinada ruta de los rabiosos sectarismos y desacuerdos. Pero esas cifras no son necesarias frente a las evidencias, tan abrumadoras. Las dimensiones de los problemas colombianos son tan descomunales como la irresponsabilidad de unos dirigentes incapaces de sentarse en una misma mesa a dialogar sobre el bien común. Una mirada a Chile, como las propuestas por Hommes, Montenegro y Caballero, tendría que servirles de lección.

La prensa y el bicentenario

Eduardo Posada Carbó

El Tiempo, Bogotá

Enero 15 de 2010

Entre todas las razones para conmemorar el bicentenario de la independencia, hay una que merece especial atención: el nacimiento de la libertad de imprenta y sus libertades asociadas. Este debería ser también el bicentenario del periodismo moderno en Colombia.

Hubo antecedentes desde la edición del Papel periódico, por Manuel del Socorro Rodríguez, en 1791. Sin embargo, como advirte Renán Silva, el desarrollo de la prensa exigía el reconocimiento de las libertades -de expresión, de pensamiento, de comercio-, donde se encuentran "la originalidad" y "los nuevos caminos... para el periodismo después de 1808" (La ilustración en el virreinato de la Nueva Granada, Medellín: La Carreta, 2005).

En este bicentenario sobresalen así las fundaciones de dos periódicos: el Diario político de Santa Fé de Bogotá, que apareció el 27 de agosto de 1810 bajo las orientaciones de José Joaquín Camacho y Francisco José de Caldas; y el Argos americano, que publicaron desde el 17 de septiembre de ese año en Cartagena José Fernández de Madrid y Manuel Rodríguez Torices. Ambos periódicos formaron parte de lo que Silva llamó "prensa de transición", pero cumplieron funciones importantes al "comunicar" ideas y "fijar la opinión pública", señales de modernidad política.

Tanto el Diario como el Argos valoraron desde sus primeras páginas las recién conquistadas libertades. "El Diario político puede mirarse como los anales de nuestra libertad", escribieron Camacho y Caldas en su 'Prospecto', aquel 27 de agosto. En efecto, la palabra "libertad" fue la que se repitió con más frecuencia en este anticipo del Diario. Sus editores expresaban con emoción ingenua: "escribimos en el seno de un pueblo libre, escribimos con libertad". E incitaban a "literatos y sabios" a ¡escribir!, a "escribir para hacernos libre, independientes y felices". Ya no había que temer: "la Patria es libre, libres sois vosotros".
Camacho y Caldas se aventuraron allí a definir la libertad. La distinguieron del "libertinaje" -la falta de "todo freno y todo respeto", la ausencia de obligaciones morales y civiles, la "suma de todos los vicios y de todos los males". En su definición había referencias a la Roma antigua, pero hay en ella tonos muy modernos: "el hombre libre es el que obedece solo a la ley, el que no está sujeto al capricho y a las pasiones de los depositarios del poder. Un pueblo es libre cuando no es el juguete del que manda". Vislumbraban, también ingenuamente, un "siglo de oro" donde el "ciudadano tranquilo en el goce de sus derechos podrá entregarse a las dulzuras de la vida privada".

Las páginas de ambos periódicos son además fuentes indispensable para estudiar los sucesos que condujeron a la independencia. Desde su número 2, a fines de agosto, el Diario comenzó a publicar un relato de los eventos del 20 de julio en Bogotá, donde se puede leer la arenga de Acebedo y Gómez -de obligatoria memorización en mis años escolares-, y se narran momentos de agitada participación popular en los que "las mujeres daban ejemplos a los soldados". En el Argos americano -estudiado en un ensayo de María Teresa Ripoll- se puede seguir también la evolución del sentimiento emancipador, desde el apoyo a la Junta de Sevilla hasta la proclamación de la "independencia absoluta" en Cartagena.
Renán Silva se lamentaba de la poca atención que los historiadores han prestado a la prensa del siglo XIX.

Hay estudios excepcionales, como el de David Bushnell. Y deben destacarse investigaciones más recientes, como las de Gilberto Loaiza sobre el Neo-Granadino o de Adriana Días sobre El Telegrama. Sin embargo, el bicentenario tendría que ser la ocasión para motivar mayor interés en la historia aún inexplorada de la prensa. Por su más amplio significado -en sus relaciones con el libro, la opinión pública, las comunicaciones-, la conmemoración de estos 200 años de periodismo moderno debería ser la gran fiesta del mundo editorial colombiano.

Doscientos años de un memorial

Eduardo Posada Carbó

El Tiempo, Bogotá

Noviembre 13 de 2009

El 20 de noviembre de 1809, los miembros del Cabildo de Santa Fe firmaron el conocido Memorial de Agravios. Lo había escrito Camilo Torres Tenorio, el notable abogado neogranadino a quien -momentos antes de ordenar su fusilamiento- el general español Pablo Morillo llamara el ideólogo de la "causa de la revolución". Al celebrarse sus 200 años, es oportuno destacar el significado de aquel documento en el curso de la independencia.

El Memorial de Agravios fue una respuesta neogranadina a los dilemas planteados por la usurpación napoleónica de la corona española. El movimiento de resistencia a Napoleón había unificado esfuerzos alrededor de una Junta Central que, en enero de 1809, convocó a los americanos a elecciones de diputados ante dicho cuerpo que "gobernaba" en nombre del rey. Aquel llamado a elecciones abrió un debate sobre las relaciones entre España y América mientras se definía un interrogante fundamental: ¿quién representaba a la nación?

La Junta Central había reconocido que los "dominios" españoles en América no eran colonias sino "parte esencial de la monarquía española". Pero este reconocimiento de igualdad se contradecía al estipular que los americanos eligirían solo 9 diputados ante la Junta, frente a 36 elegidos en la península. Tan evidente desbalance en la representación fue el origen de un profundo descontento americano, que se hizo manifiesto en el Memorial de Agravios. Según François-Xavier Guerra -el historiador que renovó los estudios de la independencia-, Camilo Torres escribió allí la crítica más rigurosa a la Junta Central.

En ese texto, Torres se dedicó a examinar de manera sistemática el principio de igualdad que debería informar las relaciones entre América y España. Y lo hizo con una lógica neogranadina que delineaba ya una idea de "nación". No había razones para establecer diferencias: ni por la extensión del territorio, ni por la riqueza, ni por el número de la población. Reconocía la escasa "ilustración" de América frente a las provincias de España, pero esa brecha se debía a los "males de un gobierno despótico y arbitrario". Además, la falta de "luces" se compensaría en creces con los "conocimientos prácticos del país" que aportarían los representantes americanos en la Junta Central.

El Memorial de Agravios -o "Representación a la Suprema Junta Central de España", su nombre preciso y preferido hoy por algunos historiadores- formó parte de la serie de Instrucciones que los diferentes cabildos prepararon para sus diputados en el proceso electoral de 1809. Otras tuvieron un espíritu más reformista. La Instrucción de Socorro (20 de octubre de 1809) propuso un nuevo "pacto social" que contemplaba, entre otras medidas, las aboliciones del tributo indígena y la esclavitud. Ángel Almarza y Armando Marínez Garnica han rescatado la historia y significado de estos valiosos documentos en un libro recién editado -Instrucciones para los diputados del Nuevo Reino de Granada y Venezuela ante la Junta Central Gubernativa de España y las Indias; Bucaramanga: 2008-, disponible en el portal electrónico de la Universidad Industrial de Santander:www.uis.edu.co/portal/bicentenario/index.htm.

El Memorial de Agravios no planteó entonces la independencia; tampoco lo hicieron las otras instrucciones. Pero se inscribió en una "polémica fundamental", que abrió pronto las puertas emancipadoras. "La reivindicación de la igualdad de representación -advirtió Guerra- fue una de las principales causas de los nacientes movimientos de independencia." Torres fue uno de sus destacados precursores, cuyos esfuerzos se truncaron por la represión del ejército de reconquista español. "Ah, el Catón granadino... -respondió Morillo a las peticiones de clemencia para Camilo Torres-. Es imposible perdonarlo." Lo fusilaron el 5 de octubre de 1816. El Memorial de Agravios, así como las otras Instrucciones, merecen atención especial en las conmemoraciones del bicentenario.

Hay festival de la historia

Eduardo Posada Carbó

El Tiempo, Bogotá

Octubre 23 de 2009

Conservo siempre memorias de una obra teatral sobre la independencia durante mis años universitarios en Bogotá, en la década de los 70. Son recuerdos vagos: rostros de algunos actores famosos, sus vestuarios y un escenario simple, pero imaginativo, que buscaba recrear una época de tan enorme significado en mis libros escolares. No así en aquel teatro, cuyo mensaje iba en contravía de lo que había aprendido en el colegio: la independencia quedaba allí despojada de importancia, si apenas un evento "burgués" que despertó aspiraciones para ser pronto frustradas, a la espera desde entonces de la verdadera revolución. Era el espíritu del momento.

En los últimos años se ha producido una "verdadera revolución" en los estudios de la historia de las independencias latinoamericanas. Los trabajos del notable grupo de historiadores que desde el miércoles participan en lo que Wilder Guerra ha llamado el "Hay Festival de la Historia", en Cartagena, así lo demuestran. Revolución en el interés, en los temas abordados y en las interpretaciones. La Alta Consejería Presidencial para el Bicentenario, organizadora del encuentro, ha tenido, además, el acierto de convocar a un amplio número de historiadores -de la capital, de las regiones y de otros países, europeos y americanos, de norte y sur-.

Algunos de nuestros escritores más notables vulgarizaron la noción de una supuesta "historia oficial" dominante, identificada por su complacencia con héroes patrióticos y su obsesión por batallas gloriosas. Es hora de abandonar el estereotipo. El vigor de la historiografía de la independencia se refleja en su gran variedad temática y perspectivas: la emergencia de la opinión pública y la composición social de los ejércitos; la economía, la ciencia y la política internacional; la educación de los letrados y el papel de los abogados; la participación de los afrocolombianos, indígenas y mujeres en el proceso emancipador -estas y otras materias, unas con mayores desarrollos que otras, forman parte de una rica historia, que merece más reconocimiento y difusión-.

Temas erróneamente despreciados como "tradicionales" son hoy objeto de renovado interés. Tal es el caso del constitucionalismo de la mal llamada 'Patria Boba', que marca precisamente el enorme significado de 1810. Fue el momento de la "revolución hispánica" liberal, según Francois-Xavier Guerra, "la tercera gran revolución del mundo occidental, después de la norteamericana y la francesa". Otros géneros de la historia, similarmente subvalorados -como el de las biografías-, deberían recibir más impulso. Hay ejemplos para emular. David Bushnell, participante en el festival cartagenero, ha escrito una reciente biografía de Bolívar que se suma a su obra clásica sobre la primera administración Santander. John Lynch acaba de publicar una biografía de San Martín. Hace poco, Karen Racine escribió un libro sobre la vida fascinante de Miranda.

"¿Quo vadis, bicentenario?", se pregunta en tono escéptico Salvador Bernabéu sobre el sentido de las conmemoraciones de la independencia (Revista de Occidente, Madrid, octubre del 2009). Con anterioridad he insistido en que la "representación" sea el gran tema de la ocasión -por ser al tiempo el origen de la emancipación y el interrogante aún no resuelto satisfactoriamente por las democracias modernas-, que ataría, además, preocupaciones comunes en ambos lados del Atlántico.

Bernabéu plantea un "desafío de la oportunidad", que me parece también apropiado: "Invertir más en educación y en popularizar los avances de los historiadores". Este no puede ser un desafío exclusivo de los gobiernos, sino también del sector privado, incluidas las casas editoriales, que podrían, con mayor imaginación y compromiso, descubrir que es posible motivar un mercado masivo de lectores para la historia. Sí, hay festival de la historia en Cartagena, sede propicia para este buen anticipo de la celebración del bicentenario.

¿Y el salto estratégico?

Por Eduardo Posada Carbó

El Tiempo, Bogotá

Abril 3 de 2009

 

En una conferencia internacional sobre el terrorismo, celebrada esta semana en Bogotá, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, anunció una importante iniciativa "para sentar las bases de un futuro de paz" en Colombia. 'Salto estratégico' la llamó. Se trataría de una renovada "campaña militar y social", acompañada de acciones contra "la guerra política y jurídica" desplegada por los grupos armados ilegales, las Farc en particular. ¿En qué consiste dicho "salto estratégico"? ¿Tendría el alcance y la efectividad necesarios para el tan anhelado fin del conflicto?

 

Ante todo, hay que reiterar -como lo hizo el Mindefensa- que se han dado significativos avances en seguridad durante los últimos años. Estos logros se reflejan en las caídas de las tasas de homicidio y secuestro, o en el mayor control del territorio por parte del Estado. Estas conquistas no han estado libres de problemas, algunos muy serios -como los llamados "falsos positivos"-. El mismo ministro los reconoció en su discurso, donde también reconoció la imperiosa necesidad, y obligación, de respetar los derechos humanos. "Si vencemos al enemigo al costo de volvernos como él, habremos perdido", observó.

 

Las amenazas persisten, pero debilitadas. Santos considera que, sobre la consolidación de los avances en seguridad, el Gobierno podría llevar a los guerrilleros "a un punto de no retorno, después del cual solo tendrán el camino de la desintegración o la negociación sin cartas marcadas".

 

El Mindefensa identificó seis componentes en la planteada "ofensiva decisiva". Se destacan la concentración de una "campaña militar masiva y sostenida" en aquellas zonas donde los grupos guerrilleros aún tengan "capacidad militar creíble"; esfuerzos de "contención en las fronteras", y "el trabajo de recuperación social de los territorios que antes vivían sometidos al imperio de los terroristas". También señaló mayores trabajos de inteligencia, más capturas (y judicialización de los capturados) y continuación de operaciones antinarcóticos.

 

Es importante que el Gobierno mantenga la iniciativa y consolide sus avances, aunque es difícil saber con precisión dónde están las novedades del "salto estratégico". Algunos de los planteamientos del ministro Santos parecen además de sentido común -como insistir en la necesidad de acompañar la lucha militar con políticas sociales-. Lo que sí parece faltarle al anunciado "salto estratégico" es una dimensión política.

Según el Ministro, las guerrillas "se encuentran en el peor momento de su historia, debilitadas militarmente, con la moral baja y repudiadas a nivel nacional e internacional". Sobre esta premisa, el Gobierno cree estar cerca del "momento de quiebre", que permitiría la "desintegración" de las guerrillas o la "negociación sin cartas marcadas". Si ello es así, esta sería la oportunidad para convocar a todas las fuerzas democráticas alrededor de una entonces sí "ofensiva decisiva" por la seguridad y por la paz.

 

Sólo dos días antes del discurso del Mindefensa, el presidente Uribe propuso que habría que pensar en "un horizonte de dos líneas. Una línea: firmeza en la derrota de los terroristas. Y una segunda línea: buscar más diálogo con los colombianos de todas las tendencias políticas, para tratar de avanzar en la construcción de consensos nacionales sobre aspectos fundamentales". Y no hay otros aspectos fundamentales del porvenir colombiano que exijan consensos nacionales con mayor urgencia que los de la seguridad y la paz.

 

El "salto estratégico" anunciado por el Ministro de Defensa mantiene la primera línea de firmeza adoptada por el Gobierno desde hace más de seis años. Donde se necesitan mayores muestras de avance gubernamental es en esa segunda línea de buscar "más diálogo con los colombianos de todas las tendencias políticas", con la oposición en particular. Esta es la dimensión política ausente del "salto estratégico": un acuerdo entre el Gobierno y la oposición para buscar la paz en Colombia.

 

Equívocos de polarización

 

Equívocos de polarización

Por Eduardo Posada Carbó

El Tiempo, Bogotá

Marzo 27 de 2009

 

Las sociedades polarizadas suelen terminar mal. Así lo enseñan la experiencia histórica y los estudiosos de la política: "Cuando los actores políticos se agrupan en bandos opuestos e ideológicamente distantes, abandonan el centro -donde se posibilita la cooperación- y permiten que la democracia sea vulnerable al colapso". Esta es la explicación clásica de Giovanni Sartori sobre el impacto de la polarización en las democracias. Sin embargo, ¿qué tan polarizadas han estado las sociedades antes de sus derrumbes democráticos? En otras palabras, ¿quiénes son los actores políticos que se polarizan: las élites, los partidos o la ciudadanía?

 

Un libro de Nancy Bermeo, profesora de la Universidad de Oxford, ha explorado en forma novedosa los anteriores interrogantes -'Ordinary people in extraordinary times. The citizenry and the breakdown of democracy' (Princeton University Press, 2003)-. Tras estudiar unos 15 casos históricos, Bermeo ofrece perspectivas de interés y relevancia contemporánea para apreciar mejor la naturaleza de la "polarización" en sociedades en crisis.

 

Bermeo corrobora la validez del postulado central de Sartori: la polarización no es buena noticia para la sobrevivencia de las democracias. Pero es una validez limitada. Se requieren matices y precisiones adicionales. La gente, por ejemplo, puede dividirse en sus adherencias a partidos de derecha o de izquierda, pero ello no necesariamente es señal de polarización aguda. Hay diferencias internas en unos y otros. Y esas no son las únicas identidades que determinan el comportamiento social -también hay que tener en cuenta otras identidades, además de las partidistas o ideológicas, como las regionales, étnicas o religiosas-. Bermeo lo llama el aspecto multidimensional de la polarización.

 

Los procesos de polarización se desenvuelven a través de diferentes manifestaciones y cubren distintos segmentos de la población. Tales procesos pueden desarrollarse "en el espacio público, las urnas, la opinión pública y entre las élites políticas". La polarización puede ocurrir en varios niveles: entre las élites, entre líderes de organizaciones de la sociedad civil o entre la población general. Los estudios de Bermeo demuestran que la "polarización" ha sido ante todo un problema confinado a las élites y líderes de la sociedad civil. En vez de alinearse con los extremos en momentos de crisis, la mayoría de los ciudadanos ha permanecido en el centro. Los extremistas, en los casos estudiados por Bermeo, no representaban a las mayorías.

 

Según Bermeo, los mayores culpables de colapsos democráticos han sido las élites políticas, polarizadas, incapaces de acordar planes comunes para enfrentar las crisis. Tal acción coordinada es fundamental para enfrentar a los grupos extremistas y violentos -es necesario que las fuerzas democráticas cierren filas frente a tales grupos enemigos del sistema-. La falta de pactos básicos entre las élites políticas abona la ruta del fracaso democrático. El comportamiento polarizante de las élites -advierte Bermeo- suele fundamentarse en percepciones equivocadas sobre los sentimientos de la ciudadanía. A los ciudadanos ordinarios también les cabe responsabilidad en los colapsos democráticos. Pero no por adherir a los extremismos (lo que no parece haber sido frecuente), sino por "permanecer pasivos", muchas veces producto del temor o de la creencia equivocada de que las soluciones dictatoriales serían pasajeras.

 

El libro de Nancy Bermeo ofrece, por lo menos, dos enseñanzas que hay que tener en cuenta. La primera es que la polarización debe ser motivo de preocupación en toda democracia: aquella conduce eventualmente a su fracaso. La segunda es que hay que saber distinguir. Solo se polarizan por lo general unos pocos: "Muchas veces hemos confundido la polarización de selectos y pequeños grupos de la sociedad civil con la polarización de la sociedad en su conjunto". Los ciudadanos de toda democracia amenazada por la polarización harían bien en asimilar estas lecciones para garantizar su sobrevivencia.

Drogas sin plan común

Por Eduardo Posada Carbó

El Tiempo, Bogotá

Marzo 21 del2009

 Evo Morales, el presidente de Bolivia, se presentó con una hoja de coca que masticó frente a los participantes de la reunión. Nuestro Ministro del Interior anunció allí la confusa iniciativa que el Gobierno prepara para reprimir la "dosis personal". Lo que dijo el representante del Perú ni alcanzó a ser noticia.

 Si los países andinos -donde se concentra la mayor producción mundial de cocaína- hubiesen acordado una posición común, quizá habrían recibido la atención debida de la comunidad internacional, al celebrarse en Viena las sesiones de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, que concluyen hoy. A falta de una sola voz, la región parece condenada a seguir sufriendo los problemas asociados con el narcotráfico, en medio de esfuerzos extraordinarios y frustrantes bajo la constante presión externa.

 

Las estrategias individuales o bilaterales contra el narcotráfico tienen impacto muy limitado. No funcionan. Esta es una lección evidente que deja la experiencia de las últimas décadas. Nada de esto suena novedoso. ¿Cuántas veces hemos escuchado los reclamos por una "estrategia integrada"? Pues parece necesario repetirlo. Así lo hizo el zar de las drogas de la ONU, Antonio María Costa, quien además señaló específicamente a los países andinos por no promover enfoques regionales, en contraste con otras regiones del mundo. (También fustigó a los países productores de armas por resistirse a ratificar el respectivo Protocolo de la ONU.)

El discurso de Costa en Viena merecería mayor difusión y análisis.

 

Su punto de partida es cuestionado por diversos sectores (tanto gubernamentales como de la sociedad civil): que el sistema internacional de control de estupefacientes arroja un balance de positivos progresos. Este juicio inicial está, sin embargo, matizado por observaciones adicionales que presentan un panorama menos benigno. "Más complejo" son las palabras de Costa que, al ser leídas entre líneas, parecen lejos de la complacencia.

 

Su discurso, además, es sugestivo de algunas tendencias mundiales que nuestro Gobierno haría bien, por lo menos, registrar. En particular, debe notarse el énfasis otorgado a los aspectos de la demanda. El consumo de drogas, según Costa, es por encima de todo un problema de salud -criterio que debe estar en el centro de cualquier política: por ello hay que poner a los "adictos en manos de los doctores en vez de las de los policías"-. Costa no favorece la legalización, pero tampoco la criminalización de los consumidores.

 

Focalizó parte de su atención en los problemas de crimen organizado que acompañan al narcotráfico, en sus "amenazas para la seguridad y el desarrollo". Desde una perspectiva colombiana, puede decirse que su diagnóstico se quedó corto. Tampoco parece contar con la receta. Su apelación a que los países se tomen en serio los instrumentos de las Naciones Unidas -señalados en las convenciones contra el crimen y la corrupción- es válida, pero insuficiente. Como también parece válido su reclamo final por la falta de fondos de la agencia de la ONU para atender adecuadamente su tarea.

Los países latinoamericanos deberían tener mayor protagonismo e influencia en foros mundiales sobre estupefacientes. En la reunión de Viena se discutía, asimismo, el balance de la lucha contra las drogas en la última década. Era la oportunidad para presentar a la opinión mundial estrategias alternativas, que recogieran la experiencia de lo dolorosamente aprendido en esta "guerra" eterna. Fue lo que sugirió la comisión promovida por tres ex presidentes latinoamericanos. Insistir en la criminalización del consumo es una estrategia errada. Nuestro país -por haberlo sufrido tanto tendría que liderar una respuesta regional a este problema global. Pero parece iluso pensar en un plan regional común diseñado por el Gobierno cuando sus altos funcionarios -en vez de acordar opiniones- han decidido discrepar públicamente sobre el Plan Colombia.

Llamados al centrismo

Eduardo Posada Carbó

El Tiempo, Bogotá

Marzo 6 de 2009

En días recientes, diversos sectores de opinión han reclamado la presencia más activa del centrismo en la política nacional. El llamado es oportuno y necesario. Es un reclamo además válido frente a las falsas apariencias de un país dividido en polos opuestos. Lo verifican las encuestas: el sector mayoritario de la población colombiana no es de derechas ni de izquierdas, sino de centro.

Al centrismo político, sin embargo, le hace falta una vocería que le represente de manera adecuada y efectiva. A ratos parece que -como lo expresara Andrés Hoyos-, el centro estuviese hundido "en el silencio", opacado por quienes animan una confrontación sectaria de peligroso porvenir (El Espectador, 18/02/09). En ese escenario maniqueo -de enfrentamiento excluyente entre "buenos" y "malos"-, ganan notoriedad quienes andan en plan de camorra. Se convierten en los protagonistas dominantes del debate político. Ello no significa, como advierte Hoyos, que el centro haya desaparecido. ¿Dónde se encuentra entonces ese centro "desvanecido"? ¿Cómo articular sus sentimientos?

Para identificar la existencia del centro y sus dimensiones en Colombia, quizá la primera tarea debería ser el corregir los equívocos de la "polarización". Existen, claro está, sectores del Gobierno y de la oposición que alimentan un ambiente "polarizado", con ecos fuertes en el debate de opinión que, a su turno, lo estimula. Pero la noción de un "país polarizado" -es decir, dividido sólo en dos bandos antagónicos e irreconciliables- choca con una realidad más plural y compleja. Revisemos nuevamente las encuestas: en el espectro ideológico, hay que insistir, el centro supera a las derechas y las izquierdas.

Una propuesta viable de centro tendría que saber interpretar sus valores. Un valor quizás indiscutible del centrismo es el aprecio por la solución civilizada de los conflictos. Ello no debe confundirse con la falta de firmeza frente a quienes acuden a la violencia para doblegar la voluntad social. La seguridad no es un principio de "derecha" -habría que aclarar este otro equívoco-. En el lenguaje de la democracia, aquel valor del centrismo se traduce en el recíproco reconocimiento de legitimidades entre el Gobierno y la oposición, y en la condena común de cualquier procedimiento violento para dirimir conflictos.

No es, pues, carencia de convicciones lo que caracteriza al centro, como así mismo lo advirtió Hoyos al delinear distintos campos de discusión para articular una política centrista hacia el futuro. Las ideas de centro deben identificarse además con la forma en que se discuten. El centro difícilmente puede reconocerse en los estilos populistas, o en el lenguaje estridente de los espíritus fanáticos, o en los descalificativos absolutistas que niegan la posibilidad de la deliberación democrática. El centro es reformista. Y el reformismo democrático -como lo enseñara Albert Hirschmann- exige para su efectividad una retórica propia, alejada de los extremos y la intransigencia.

Una de las grandes paradojas de la historia de Colombia es haber sufrido, y seguir sufriendo, de prolongadas épocas de violencia en un país tradicionalmente centrista. Jaime Jaramillo Uribe retrató muy bien la personalidad histórica de los colombianos en su clásico ensayo, que no me canso de repasar. Jaramillo Uribe no utiliza la noción de "centrismo" -su ensayo no se enmarca en esta discusión política-. Pero su análisis sí destaca con claridad los distintos hechos y circunstancias -sociales, económicos y culturales- que formaron entre los colombianos su "carácter de mesura", de afinidades con la medianía: "Colombia -así concluyó su texto- bien puede ser llamado el país americano del término medio, de la aurea mediocritas".

El centrismo colombiano sobrevive aún como fuerza mayoritaria, a pesar de todo. Su reconocimiento tendría que reflejarse mejor en vocerías y opciones políticas que nos alejen del sectarismo, hoy predominante en el debate público.