La barbarie judicial contra el coronel Plazas Vega debe terminar

Jaime Restrepo Vásquez

El Atrabilioso, Bogotá

Noviembre 9 de 2009

Resulta imposible la aspiración a la justicia, si los operadores de esa rama del poder llegan al extremo de llevar a juicio a un acusado con testimonios comprados o sin respetar el derecho universal de confrontar a los acusadores.

24 años después de la toma del Palacio de Justicia, en un acto de revisionismo judicial, el único oficial del Ejército que dio la cara en medio de la catástrofe del Palacio, el coronel Alfonso Plazas Vega, es el chivo expiatorio de una estrategia que pretende neutralizar a los militares mediante la intimidación judicial que desarrolla un grupo de feroces inquisidores liderados por el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo. Atrabilioso tuvo acceso a piezas importantes del expediente que dejan serias dudas sobre el proceso que se adelanta contra Plazas Vega.

El testigo que nunca ha sido confrontado

El primer falso testigo, un fantasma que nunca ha hecho presencia física ni en las audiencias, ni durante la investigación, ni en el juicio; aparece como Edgar Villarreal. Sin embargo, la cédula de ciudadanía 13’452.278 y la firma corresponden a Edgar Villamizar Espinel, el verdadero nombre del testigo, quien además si está registrado en los archivos del Ejército.

Edgar Villamizar, alias Edgar Villarreal, trabajó como investigador del CTI de la Fiscalía hasta el 2003. Efectivamente Villamizar es Cabo retirado, pero nunca perteneció a la Escuela de Caballería, de acuerdo a los archivos del Ejército.

El 6 de noviembre de 1985, Villamizar estaba adscrito a una unidad militar ubicada en Granada, Meta, lo que hace imposible que participara en el operativo del Palacio de Justicia. Además, dentro de las pruebas que aportó la defensa del Coronel Plazas Vega hay una declaración en la cual, un militar que estaba asignado a la unidad de Granada, recuerda que Edgar Villamizar Espinel lo atendió, durante los primeros 15 días de noviembre de 1985, en el dispensario de la unidad. En este sentido, el declarante afirma que recuerda incluso que Villamizar le prestó un dinero para comprar una moto. ¿Villamizar tiene el don de la ubicuidad?

Sin embargo, el nombre de Edgar Villamizar surge solo en el año 2006, cuando sorprende con una declaración escrita en la Escuela de Caballería. Curiosamente la diligencia en la que aparece el testigo Villamizar se realizó sin la presencia de los abogados de la defensa, ni del acusado, lo que ratifica a la imposibilidad del Coronel de confrontar a sus acusadores, una constante en el proceso contra el militar retirado.

El testigo presencial que estaba en la cárcel

El segundo testigo “estrella” del proceso contra Plazas Vega es Tirso Sáenz, un Cabo retirado del Ejército que no aparece en los archivos como participante en la operación del Palacio de Justicia. Es que no puede aparecer, pues como consta en una resolución del 27 de febrero de 1985, Tirso Sáenz estaba privado de la libertad por el delito de hurto.

Unos meses después, Sáenz fue condenado por hurto y sentenciado a 18 meses de prisión por un juez penal militar: ¿Cómo hizo para estar en la cárcel y en el Palacio al mismo tiempo? ¿Acaso no fue el Comandante de la Escuela de Caballería quien ratificó la sentencia contra Sáenz?

En la actualidad, Sáenz paga varias condenas que suman 102 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, falsedad en documento, hurto agravado y lesiones personales.

Hasta hace poco, el condenado purgaba su pena en la cárcel de Cómbita, Boyacá, pero hizo un acuerdo con la Fiscalía para atestiguar en contra de Plazas Vega a cambio, entre otras cosas, de que fuera trasladado a La Picota en Bogotá. Claro que, según una carta escrita de su puño y letra, además de los favores jurídicos, también se incluían algunos beneficios económicos. ¿Quién le ofreció dinero, protección y residencia en el exterior?

Lo anterior podría configurar un soborno, descrito por la ley como el acto en el cual incurre quien entregue o prometa dinero u otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad o la calle total o parcialmente en su testimonio.

De hecho, Tirso Sáenz no aparece en los reportes entregados por el coronel Plazas Vega sobre las tripulaciones de los tanques Cascabel que participaron en la operación y que fueron radicados unos días después de la tragedia. Resultaría curioso, por lo menos, que en el informe aparecieran los nombres de los militares integrantes de las tripulaciones excepto el de Tirso Sáenz.

Las más de 260 víctimas rescatadas del Palacio de Justicia merecen la verdad y la vindicación de que sus victimarios estén tras las rejas. Los nueve magistrados, sus escoltas y los militares y policías inmolados en el acto terrorista deberían recibir el homenaje de un aparato judicial dispuesto a condenar a los criminales, así sean candidatos a la presidencia de la República.

Del periodismo a la propaganda

Jaime Restrepo Vásquez.

www.atrabilioso.blogspot.com, Bogotá

Enero 25 de 2010

Se equivocó José Obdulio Gaviria al llamar periodista a Jorge Enrique Botero. Un micrófono y una cámara no hacen periodista a ningún parroquiano. Lo de Botero es la propaganda, la militancia política enardecida que se escuda detrás del periodismo, para tratar de conseguir un mayor grado de credibilidad.

Sin embargo, Botero cree que al autoproclamarse periodista puede conseguir la solidaridad de sus colegas y obtener la protección especial que las leyes nacionales e internacionales otorgan a quienes ejercen el oficio.

José Obdulio Gaviria publicó una columna en la que señala que “Jorge Enrique Botero, periodista, recorre el mundo haciendo apología de las Farc”. Nadie se tomó la molestia de responder la columna de José Obdulio, quizás por la resaca que debe perdurar en algunos por la llegada del año nuevo, o tal vez porque están dedicados a fortalecer sus débiles campañas políticas para cumplir el sueño de volver a mamar de la teta del Estado, o seguramente porque un “rasguño” les va a dejar la huella imborrable de un carcelazo. El asunto es que nadie salió a defender a Botero, quien esperó paciente las embestidas feroces de sus colegas contra el ex asesor de la Casa de Nariño.

Una semana fue suficiente, y como nadie se pronunció, salió el propio Botero a defenderse. Comenzó con un reclamo por el silencio de los periodistas frente a la columna de Gaviria. Para Botero, en el papel de periodista, resulta doloroso y espantoso que sus colegas no se hayan manifestado contra José Obdulio. Debe ser, supone la suspicacia, que los periodistas en su mayoría no identifican ya a Botero como periodista sino como propagandista de las Farc y del chavismo. Si Botero quería solidaridad, debió buscarla en las oficinas de comunicación corporativa que ahora trabajan intensamente en las campañas políticas de numerosos aspirantes al Congreso y a la Presidencia de la República y no en los medios de comunicación.

En su defensa, el propagandista y no periodista Jorge Enrique Botero se proclama como portavoz de la verdad, y reafirma cada uno de los pilares de la propaganda que él y sus compinches difunden en el mundo. Dice Botero que “las Farc son invencibles” y que esto es un hecho “científicamente comprobable”. Más adelante Botero pregunta: “¿O es que 50 años de infructuosos (y costosísimos) esfuerzos por aniquilarlos no son suficiente evidencia?”

Esta afirmación recuerda uno de los principios propagandísticos de Goebbels: “la propagada negra es empleada con preferencia sobre la blanca cuando esta última sea menos creíble o produzca efectos indeseables”. ¿Cómo aplicó Goebbels este principio? En un momento dado, quiso inducir a los británicos en la idea de que debían cesar los bombardeos sobre Berlín, convenciéndolos de que estaban desperdiciando sus bombas.

Como siempre la propaganda es coja y no tiene por qué entrar en embelecos históricos. Sin embargo, desde una perspectiva más seria, los hechos demuestran que durante 40 años las Farc no fueron combatidas con fortaleza, sino que existía una especie de pacto de equilibrio en el que los terroristas propinaban algunos golpes y las Fuerzas Armadas otros más.

Lo que la propaganda de Botero quiere ocultar es que durante 40 años existió casi que un compromiso tácito de convivencia entre el Estado y las Farc. Evidentemente Botero no lo reconocerá, pues dañaría su propaganda, pero sólo cuando el Estado decidió invertir en el aparato militar para golpear a las Farc y destruir ese equilibrio –hace 8 años-, el terrorismo comenzó a retroceder y esconderse… ¿Olvida Botero que en 2002, las Farc anunciaron un repliegue estratégico? ¿Acaso el tal repliegue estratégico no es lo mismo que estar refugiados en sus madrigueras?

Luego, Botero asegura que el gobierno Uribe ha gastado 15 mil millones de dólares y ha despilfarrado el 6,5% del PIB en los campos de batalla a cambio de resultados que él califica como irrisorios: dos integrantes del Secretariado dados de baja –obviamente no reconoce la baja del gran jefe terrorista “Tirofijo”, ni del mayor financista de la organización terrorista, “El Negro Acacio”, ni de uno de los grandes secuestradores “Martín Caballero”, etc-, unas decenas de mandos medios, el rescate de 14 “rehenes” y la deserción de unos cuantos centenares de jóvenes guerrilleros.

Para el propagandista de las Farc, estos son resultados irrisorios. Sin embargo, esos mismos resultados eran impensables hace apenas una década, cuando el país estaba padeciendo la zona de distensión. En aquel entonces los propagandistas de las Farc aseguraban que los jefes de esa organización eran prácticamente inmortales y que nunca serían dados de baja… sin embargo, parece que el “repliegue táctico” también los afectó y ahora les parece que la destrucción de ese mito fundacional es algo irrisorio.

Lo que si es comprobable científicamente es que los resultados no son tan insignificantes como la propaganda de las Farc quiere hacernos creer. Hace 10 años, el grupo terrorista decidió pasar de la guerra de guerrillas a la guerra de posiciones (o territorial) y lograron la toma de Mitú y los golpes en Las Delicias y El Billar.

Curiosamente, después de la inversión para los resultados “irrisorios”, las Farc retrocedieron al punto de que su único poder de fuego real está en las acciones terroristas, situación que para los expertos es muestra de debilidad y desesperación y no una evidencia de poder de fuego a lo largo y ancho de la geografía, como asegura el propagandista Botero. ¿Si los resultados son tan insignificantes, por qué las Farc no han podido tomarse una población desde hace varios años? ¿Por qué se redujeron las cifras del secuestro de 3.572 secuestrados en el 2000 a 213 el año pasado? ¿Realmente esto es irrisorio?

¿A algún periodista medianamente serio le parecerá irrisorio el rescate de los 14 secuestrados políticos que fueron liberados en una operación militar sin precedentes en la historia reciente? No parece que mueva a risa y burla, o que sea insignificante, el rescate de una ex candidata presidencial con nacionalidad francesa y de los tres estadounidenses que serían utilizados como mecanismo de presión contra el gobierno de los Estados Unidos.

Ciertamente Botero hace apología de las Farc con la propaganda mediocre que distribuye por el mundo. Que algunos extranjeros compren la idea romántica de las Farc –como los boludos argentinos que exaltaron el documental del grupo terrorista- despierta el entusiasmo de las hordas propagandistas ávidas de muerte, destrucción, secuestro y dolor que indiquen que las Farc están intactas y con el mismo poder de aniquilación… ese sería su rayo de esperanza para exigir con más fuerza la solución política y negociada.

De sismos, terremotos y capas tectónicas.

Por: Jaime Restrepo Vásquez.

La tierra política no deja de temblar e incluso los sismógrafos dan señales de inminentes terremotos en la franja izquierda del territorio.

En ese sector, la placa tectónica Petro amenaza con chocar con la placa Robledo-Gaviria-Borja. Ambas placas son grandes y el choque podría generar un terremoto de enormes repercusiones. Básicamente la placa Petro se mueve en un sector confuso, en el que no se sabe exactamente para qué lado se desplaza o si está haciendo algunos movimientos engañosos para ganar el peso y la energía que le permita salir bien librada del choque.

Aunque algunos lo han olvidado, la placa Petro tiene antecedentes muy graves de participar en violentos terremotos y ocasionar avalanchas y erupciones volcánicas incendiarias que destruyeron los cimientos judiciales colombianos.

La otra placa, la de Robledo, Gaviria y Borja entre otros, tiene en su superficie la presencia constante de avalanchas violentas, erupciones volcánicas contra gente inerme, movimientos telúricos que han dejado encerradas a miles de personas y la muerte de todo lo que se atraviese u oponga a esos “fenómenos” nada naturales. Esta placa tectónica tiene una particular retroalimentación entre el caos exterior y los movimientos ocultos que realiza para destruir la tierra democrática. Aunque algunos lo quieran negar, y otros sencillamente no lo vean, los eventos de la superficie están coordinados con esta placa tectónica.

La situación ha llegado a tal punto que ambas placas colisionarán muy pronto y, según los geólogos de la política, podrían destruirse quedando solo algunos vestigios de lo que pretendieron ser.

No obstante, todo parece indicar que el magma de una alta proporción de eventos sísmicos se llama Ernesto Samper, catalogado por los expertos como uno de los peores fenómenos telúricos de los últimos tiempos. Ese magma está moviendo, desde hace varios años, todas las placas tectónicas de la geografía política nacional, para acomodarlas a su conveniencia.

Por un lado, el magma Samper tiene fumarolas mediáticas bien ubicadas, que lanzan poderosas emisiones semanales (con fuerte olor a azufre) con las cuales hace presumir que se avecinan catástrofes por los movimientos de la tierra democrática. De esas fumarolas, las que más humo y cenizas lanzan son la María Jimena Duzán, la Felipe Zuleta Lleras, la Alfredo Molano y la Ramiro Bejarano, todas ellas con fuertes vínculos telúrico-laborales (clientela política) con el magma Samper.

Pero también posee una capa tectónica que intenta hacer estragos en diferentes zonas. Se trata de la Piedad Córdoba, que en épocas pasadas sirvió para defender al magma en una situación relacionada con 8.000 sismos registrados antes de que el magma asumiera el control de estas tierras. Ahora la capa Piedad atiende juiciosa las instrucciones del magma Samper, en un contubernio que expele siempre un fuerte olor a podredumbre y cuyo objetivo es destruir la tierra democrática.

Otra capa que se desliza sin poderse acomodar en ninguna parte es la Germán Vargas Lleras. Esta capa, intentando asir más poder, se está quedando sin energía y se dice que cualquier choque podría destruirla en su totalidad.

Mientras todo esto ocurre, la ingeniería democrática enfrenta los retos y trata de cimentar mejor cada construcción con mayor seguridad y materiales novedosos que buscan generar confianza. Aunque los ingenieros no se ponen de acuerdo todavía en los detalles, lo cierto es que se avanza rápidamente en las medidas que contrarresten la amenaza que implican los movimientos del magma y de las capas tectónicas.

Para esto los ingenieros democráticos han comenzado un proceso de depuración de materiales que no sean considerados duraderos, seguros y firmes para superar los eventos sísmicos. Así mismo están creando una nueva estructura capaz de enfrentar con éxito al magma y a sus capas, dejando prácticamente como inocuos los sismos, terremotos y hasta las fumarolas que lanzan falsas alarmas o se convierten en una amenaza contra la estabilidad de la tierra democrática.

Todo esto puede parecer una mala analogía o a lo sumo un esfuerzo infantil por comparar los movimientos de la política colombiana con fenómenos naturales de la tierra. Sin embargo, pronto veremos terremotos y sismos muy fuertes que destruirán muchos edificios y hasta castillos elaborados con promesas de paraísos futuros. La recomendación, como en todo evento sísmico, es mantener la calma y no pararse bajo los dinteles de las puertas, pues el peligro ahí es enorme y se puede perder hasta la cabeza.

El escándalo del pasado judicial para ingresar a Ecuador.

Por: Jaime Restrepo. Director de Atrabilioso.

La decisión del gobierno Correa de exigir el pasado judicial para los colombianos que quieran ingresar a Ecuador ha generado un profundo malestar.

Algunos ciudadanos incluso están exigiendo que haya reciprocidad con los ecuatorianos y que se les exijan los mismos trámites para ingresar a nuestro país. A su turno, el Canciller Jaime Bermúdez ha calificado la medida como xenófoba.

Sin embargo, el pasado judicial resulta un trámite menor en comparación con lo que intentó implementar el pasado gobierno ecuatoriano. En 2005, el vecino ministro de Relaciones de la época, Mauricio Gándara, propuso que los colombianos deberíamos obtener la visa para ingresar a Ecuador.

En aquel momento, la entonces Canciller Carolina Barco puso el grito en el cielo y finalmente los ecuatorianos desestimaron la propuesta. Ahora, el amigo de las Farc y su séquito, comenzaron a exigir el pasado judicial como una provocación política en la que Colombia no debe caer.

Hay que ser claros: todo lo que ocurra de aquí al 15 de febrero tendrá el propósito fundamental de abrirle espacios al pendenciero tirano venezolano Hugo Chávez Frías. En este sentido, Correa simplemente intenta profundizar el deterioro de las relaciones entre Colombia y Ecuador, para que intervenga Chávez ya sea como mediador (hipócrita, claro está) o asuma una posición favorable a la decisión ecuatoriana.

El residente de Miraflores podría obrar, con sus “buenos oficios”, para calmar la tempestad que ha ocasionado la medida y finalmente, después de su intervención, aparentemente lograría que Ecuador reversara la medida. Y digo aparentemente, porque lo cierto es que basta una orden del coronel-paracaidista para que su lacayo ecuatoriano se someta a las determinaciones de su camarada-comandante.

En este escenario gana Chávez, al aparecer como el líder regional que siempre ha querido ser, pues sería capaz de solucionar una crisis entre Ecuador y Colombia… eso sumaría votos no solo por su desempeño en la situación, sino por el escenario internacional en el que haría su espectáculo.

La otra posibilidad es que Chávez asuma una posición solidaria con Ecuador, muy al estilo de la que vimos después de la operación en la que murió ‘Raúl Reyes’: cualquier palabra, cualquier postura del gobierno colombiano será motivo suficiente para subir la temperatura, romper relaciones y tratar de llevar la situación a una crisis militar que es el gran sueño de Hugo Chávez.

Esta opción, aunque pueda sonar exagerada, también le daría dividendos electorales a Chávez, pues aparecería ante el público, y sobre todo ante sus votantes, como un líder determinado, solidario y dispuesto a “sacrificarse” por la “dignidad” de los gobiernos progres de la región.
Lo que no podemos hacer en Colombia es abonarle terreno a Hugo Chávez y abrirle espacios internacionales que beneficien su imagen con miras al ilegítimo referendo de perpetuación en el poder del próximo 15 de febrero.

Tampoco podemos caer en la trampa de la reciprocidad y comenzar a obstaculizar el tránsito de ecuatorianos a territorio colombiano. Por el contrario: Ecuador está tomando medidas para generar una respuesta que evitaría que los ecuatorianos sigan desarrollando actividades comerciales y turísticas en nuestro país.

Con la crisis económica internacional, el gobierno Correa busca una respuesta que beneficie una estrategia proteccionista del Ecuador: si los ecuatorianos ven trabas para sus actividades en Colombia, buscarán otros destinos o desarrollarán sus gestiones en territorio propio. De esta manera, los capitales que tanto necesita Correa en los próximos meses, tendrían más dificultades para salir de Ecuador y podrían fastidiarse de los requisitos y abandonar la idea de viajar o negociar en Colombia.
Entre más facilitemos el ingreso de ecuatorianos a Colombia, menores traumatismos en comercio, industria y turismo para el sur del país, una zona que en la actualidad es altamente sensible a cualquier cambio y cuyos ciudadanos requieren del intercambio comercial y turístico para volver a estabilizar su economía.
Que a Rafael Correa le parezca que los colombianos somos sospechosos de nacimiento es más un problema de estatura moral que de practicidad en las decisiones… allá él con los enredos y dificultades que va a generar en las pobres poblaciones vecinas a la frontera con Colombia.

Un problema sin identidad

Por: Jaime Restrepo. Director de Atrabilioso.

Los colombianos decidieron aprovechar los primeros días del año para solicitar la nueva cédula de ciudadanía que tendrá vigencia a partir del 1 de enero de 2010. Pero la cara de la gente que salía de las registradurías municipales y distritales tenía un rictus de pesimismo y resignación, pues los funcionarios están informando que los documentos serán entregados dentro de dos años.

Esto significa que miles y miles de colombianos tendrán que estar prácticamente indocumentados, por lo menos hasta el año 2011, pues la cédula actual no servirá de nada dentro de un año.

Pero esto ocurrirá en el mejor de los casos. Cuando solicité la renovación de mi documento, en julio de 2007, me informaron que estaría listo en seis meses, es decir, en diciembre de 2007. Sin embargo, ¡oh sorpresa!, solo hasta diciembre del año pasado, la página de la Registraduría me informaba que mi documento ya estaba disponible.

Fui entusiasmado a recibir mi nueva cédula y después de una larga fila, un funcionario me pidió la contraseña y unos minutos más tarde me informó que mi documento no había llegado aún. ¿Pero si ya en internet dice que llegó? No importa lo que diga la página web… su cédula no ha llegado. Venga en enero a ver qué pasa.

Finalmente la semana anterior, después de hacer otra fila, mi cédula de ciudadanía ya estaba lista y me fue entregada sin ningún contratiempo, solo que 13 meses después de lo que me informaron inicialmente. Entonces me pregunto: ¿será que los dos años que anuncian ahora si se cumplirán? Lo dudo, pues la experiencia indica lo contrario.

Lo más grave es que si las cédulas de ciudadanía de miles de colombianos no son entregadas antes de 2010, debido a que decidieron hacer la gestión un año antes de la fecha límite (lo que para la Registraduría significa dejarla para último momento) esos miles de ciudadanos deberán enfrentar un sinnúmero de problemas en sus transacciones, movimientos bancarios y hasta los pensionados que tienen que enviar la supervivencia notarial en una fotocopia de la cédula de ciudadanía, podrían dejar de recibir sus mesadas por cuenta del cambio y sobre todo, por la ineficiencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil que necesita más de un año para imprimir un documento que queda prácticamente listo desde el momento en el que se solicita.

Y otro asunto grave tiene que ver con las elecciones de 2010: si miles de colombianos no tienen la cédula vigente en ese momento, no podrán ejercer su derecho al voto, lo que reducirá considerablemente la participación en los comicios para Congreso y en las elecciones presidenciales. Esto sin mencionar el grave problema que generaría esta situación en un hipotético referendo que dependería de los umbrales del censo electoral.

Es cierto que desde hace varios años se viene anunciando el dichoso cambio de cédula, pero en centenares de municipios las máquinas para hacer el proceso solo llegaban por un breve tiempo, lo que no permitía que los habitantes de esos municipios pudieran realizar el trámite.

Otros, supongo, pensaron ingenuamente que un año es más que suficiente para que se expida la cédula, pues si el documento queda listo para imprimir, no hay una explicación razonable para que la tarjetica no sea expedida en pocos días.

Pero la ineptitud de la Registraduría llegó al cinismo de lanzar, solo hasta este año, una campaña publicitaria intensa para motivar a la gente a renovar el documento. Los que atiendan el llamado se enfrentarán a la realidad de que dos años es el tiempo mínimo que tardarán en recibir la nueva cédula, todo por cuenta de la ineficiencia y de la burocracia parasitaria de la Registraduría.

AL CIERRE: ¿Quién elaboraría el programa para las nuevas cédulas de ciudadanía? Según el nuevo documento, ninguna palabra lleva tilde, seguramente apegándose a una obsoleta creencia de que las palabras en mayúscula no llevan acento: los apellidos y las palabras como ciudadanía y república están sin tilde… ni eso fueron capaces de hacer bien.

La colombianización del ultrafeminismo radical.

Por: Jaime Restrepo Vásquez.

Director de Atrabilioso.

No es redundancia: hay personas que son simplemente feministas. Hay otras que llevan sus posiciones a los extremos y que desarrollan sus ideas en un combate permanente en el que detectan enemigos en los sitios más inesperados. Y el ultrafeminismo radical, que eleva el ultrafeminismo a una potencia casi infinita, encarnado en la figura menuda de Florence Thomas, la columnista de El Tiempo.

En días pasado, Florence Thomas demostró que su cruzada feminista se colombianizó. En su última columna, la señora Thomas amenazó al Polo Democrático Alternativo con abandonarlo y “seguir sola”, si ese partido acompañaba a Alejandro Ordóñez en su aspiración de convertirse en Procurador General de la Nación.

Para Florence, las convicciones religiosas del nuevo Procurador General de la Nación, a las que califica como retrógradas, son un peligro para la democracia, los derechos humanos y los intereses de la sociedad. Ordóñez no se ha posesionado, pero ya la señora Thomas asegura que actuará en detrimento de los derechos de las mujeres, de los homosexuales y de las identidades étnicas.

Ella está escandalizada de que el Polo transe con el Opus Dei y afirma que “es inadmisible que un movimiento que agrupa a una importante base de mujeres y de población LGBT pueda aliarse con los discípulos de Escrivá de Balaguer”.

Evidentemente en el proceso de colombianización que está padeciendo Florence Thomas, ella se muestra radical y amenazante porque su partido respalde a un hombre que prefiere un crucifijo a un cuadro de Francisco de Paula Santander y le generan un profundo malestar las creencias y prácticas religiosas del nuevo Procurador Alejandro Ordóñez.

Es más: amenazó con quitarse “la camiseta amarilla” si el Polo respaldaba, como ya lo hizo, al ex magistrado. Sin embargo, la muy colombiana Florence Thomas no ha musitado palabra al compartir partido con gente que secuestró y asesinó mujeres como el M-19 y se hace la de la vista gorda cuando Carlos Gaviria califica como delito altruista el reclutamiento de niñas para atender las necesidades sexuales de los comandantes y de las Farc.

Para Florence Thomas no hay problema en ponerse la misma “camiseta amarilla” de Yesid Arteta, el terrorista de las Farc que una vez cumplió con su condena, fue a parar al congreso ideológico del Polo Democrático Alternativo. Tampoco siente el menor resquemor de enarbolar la misma bandera del hermano de alias ‘Alfonso Cano’… esas, dirá la ultrafeminista radical, son indelicadezas menores frente a las creencias de un Procurador General de la Nación.

La ingenuidad e ignorancia de la señora Thomas son tan atrevidas que no se ha detenido a pensar que ella y las suyas y suyos respaldan a un partido que tiene los mismos principios y prácticas del estalinismo soviético, que persiguió de manera implacable, oficialmente desde 1930, a mujeres, homosexuales y lesbianas. ¿Sabrá Florence cuántos de los antecesores de los que dice defender, pasaron por las cárceles del comunismo soviético en la URSS y en Polonia, para solo mencionar dos casos?

Sin embargo, parece que la señora Thomas confunde la izquierda europea con ese engendro que han denominado la izquierda democrática latinoamericana, y en una visión benevolente, asegura que “si algo caracteriza a las izquierdas europeas hoy es su postura radical frente al debate moral y ético.” ¿Desde cuándo el Polo es asimilable a las izquierdas europeas de hoy?

Florence Thomas le exige a su partido que asuma una postura radical frente al debate moral y ético, pero antes de censurar a un ciudadano por sus creencias religiosas (simple intolerancia izquierdista) debería cuestionar con furor a su partido por no ser ni amigo ni enemigo de las Farc –como lo dijo el senador del PDA Jaime Duzán-, por mantener una posición tibia, vacilante y poco creíble frente a las acciones armadas del terrorismo, o frente al reclutamiento de menores y a la utilización de las mujeres como botín de guerra o sirvientas sexuales de los “distinguidos” mandos de las Farc.

Ese debería ser el debate moral y ético que la ultrafeminista radical tendría que estar exigiendo, pues mientras Florence está aterrada por la posibilidad de que el Procurador se interponga en temas como el aborto, el Polo califica como crimen altruista el obligar a abortar a las guerrilleras que resulten embarazadas.

Lo dicho: Florence Thomas se colombianizó y ahora exhibe sin pudor la doble moral que tanta sangre le ha costado a este país.

AL CIERRE: Quiero agradecerles a todos los miembros del Centro de Pensamiento Primero Colombia por la posibilidad de escribir en este blog. Dios mediante nos encontramos el próximo año en este mismo espacio, para seguir en el planteamiento y debate de las ideas que construyen democracia. Para todos, mis mejores deseos y que la Natividad sea fuente de inspiración integral en nuestras vidas.

¿Qué se puede esperar de la justicia colombiana?

Por: Jaime Restrepo Vásquez.

Director de Atrabilioso.

Cuando alguien se enfrenta a la justicia, una dosis importante de incertidumbre se apodera de esa persona, pues son conocidas las condenas contra gente inocente.

En días pasados la Corte Suprema de Justicia condenó a dos congresistas por concierto para delinquir agravado, por sus supuestas relaciones con el paramilitarismo. Y digo supuestas, porque un informe de la revista Cambio deja muy mal parado al máximo tribunal judicial colombiano:

“Hasta el viernes pasado, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema sesionó en Quibdó, Chocó, los senadores Juan Manuel López Cabrales y Reginaldo Montes estaban absueltos. La votación era cinco a favor y cuatro en contra. Pero el tema siguió discutiéndose porque había temor sobre las posibles consecuencias legales que podría traer la absolución: una demanda administrativa por la detención injusta de los congresistas durante más de 14 meses. En el caso de 'Juancho' López, se impuso la tesis de la condena por el testimonio de Salvatore Mancuso, al que le dieron total credibilidad.”

Ni más ni menos esto significa que la Sala Penal de la CSJ incurrió en una conducta aberrante frente a dos sindicados, pues no profirió el fallo ante la fuerza de la carga probatoria sino por simple conveniencia al tratar de protegerse de sendas demandas por mantener a dos ciudadanos encarcelados sin evidencias sólidas. Lo que dice Cambio debería despertar la indignación de los ciudadanos, pues de lo que se trata es del abuso del poder judicial en contra de la libertad de los colombianos.

¿Se puede confiar en el poder judicial después de semejante exabrupto? Evidentemente la ciudadanía ve con suspicacia a los jueces, pero situaciones como la mencionada, plantean la urgencia de una fuerte reestructuración del aparato judicial colombiano.

Claro que la justicia nacional no se quedó solo con la condena de dos ciudadanos contra los que no existían evidencias contundentes. Unos días después el Tribunal Superior de Bogotá decidió anular las pruebas recaudadas en el computador del jefe de las milicias urbanas de las Farc ‘Carlos Antonio Lozada’, asegurando que el material “no fue debidamente custodiado y pudo ser manipulado”.

Con esta decisión, una supuesta infiltrada de las Farc en el Ejército está ad portas de ser excarcelada y se pueden caer investigaciones tan importantes como el atentado contra la Escuela Superior de Guerra.

Para los ignorantes magistrados resulta fácil proferir resoluciones judiciales desde los escritorios y cuestionar los procedimientos en las cómodas y seguras oficinas de Bogotá, pues en ese estrecho mundo en el que viven, no tienen idea de los pormenores de un operativo en plena selva y en medio de un combate. Para los magistrados, recoger un computador en las postrimerías de una escaramuza es lo mismo que llegar con un pelotón a una casa citadina, ver el despliegue de los uniformados para guardar el perímetro, entrar con una orden de allanamiento y, con guantes, depositar en bolsas casi asépticas, un computador o una memoria USB.

Ellos, los magistrados, pretenden que en medio de un feroz combate, los hombres que encuentren un documento, o un computador, salgan de inmediato de la zona, aborden una nave supersónica y lleven el aparato con total prontitud ante las autoridades judiciales. Dirán los cómodos jurisconsultos, que 15 minutos es demasiado tiempo para que una prueba sea sometida a la cadena de custodia, pues en su infinito desconocimiento, creen que todo debe funcionar exactamente igual a los procedimientos que se adelantan en las ciudades del país.

Los magistrados solo han sentido calor en sus fincas de veraneo y lo más cerca que han estado de un combate es sentados en una silla de teatro, viendo a Rambo disparar 500 balas por minuto… están desconectados del mundo real y tampoco les interesa conocerlo ni comprenderlo: el monte y el recaudo de pruebas en el fragor de una batalla no pueden ser medidos con el mismo rasero de la consecución de evidencias en la escena de un crimen capitalino, pero eso a ellos no les importa, pues la presbicia y la miopía conceptual solo les alcanza para apegarse a la letra y dejar de lado la conceptualización de los hechos.

No obstante, lo más grave es que éste es el precedente de lo que ocurrirá con los computadores de ‘Raúl Reyes’ y al mismo tiempo, es el anuncio del triste final de los procesos por la Farc-política que se basan en las pruebas encontradas en los aparatos del terrorista dado de baja en Ecuador.

Sin embargo, además de la incomprensión y de la casuística de los torpes magistrados del Tribunal Superior de Bogotá (¿y de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia?), indigna el tratamiento desigual que se les otorga a las pruebas.

Buena parte de los expedientes de la parapolítica surgieron de los computadores de ‘Jorge 40’: nadie los vio, nadie los cuestionó, ni se supo exactamente quién y cómo los había encontrado y entregado al poder judicial colombiano. Sin embargo hasta hoy, los “honorables” juristas han aceptado en su totalidad el contenido de esos aparatos y ninguno de los procesos que tuvieron su génesis en dichos computadores, se ha caído por suponer que fueron manipulados o que la cadena de custodia no fue garantizada.

En el caso de la parapolítica, cualquier prueba resulta aceptable o adaptable para continuar con la persecución de los implicados; pero si se trata de las Farc, siempre existirá alguna leguleyada para impedir el avance de los procesos.

Esto da miedo. Nada peor que despertar la animadversión de los intocables togados, para terminar perdiendo la libertad y hasta la vida, pues las pruebas y los conceptos jurídicos no importarán a la hora de aplicar las particularidades de la inquisición colombiana.

Entre paros, sesgos, conveniencias, ignorancia, favorecimientos y predisposiciones, el poder judicial no solo perderá la poca credibilidad que tiene: de repente despierta la indignación de la ciudadanía, hastiada de las arbitrariedades de esos “infalibes” politiqueros disfrazados con toga, que les pasará la factura por las burlas y prepotencia con que han manejado uno de los aspectos fundamentales de la democracia: la justicia.

Ya no les gusta la justicia colombiana.

Por: Jaime Restrepo Vásquez.

Director de Atrabilioso.

Si hay un grupo político que defienda a capa y espada los desafueros en que incurren los jueces de la República, ese es el Polo Democrático Alternativo.

Basta con recordar que el mismo día de la Operación Jaque, en la que fueron liberados 15 secuestrados que permanecían en manos de las Farc, el Polo había convocado una marcha de respaldo a la Corte Suprema de Justicia. Ante la inminencia de una pobre, por no decir nula cobertura de los medios de comunicación a la marcha, el PDA decidió cancelar la manipulada protesta.

Es más: el mismo PDA fue uno de los abanderados en la defensa del paro judicial que perjudicó a miles de colombianos a los que se les negó el derecho fundamental a la administración de justicia.
Pues bien. Patricia Lara, ex candidata a la vicepresidencia del Polo, publicó una columna en la que felicita a Samuel Moreno y a su equipo por el manejo que le dio a la minga inútil que permaneció en Bogotá durante un par de días.

En esa columna, más allá de la zalamería a favor de la paupérrima administración polista de Moreno, llama la atención el cierre del texto: “Como en el caso de las arbitrariedades de la justicia contra Alfredo Molano, no podemos permitir que la prensa sea amordazada por la dictadura de los jueces”.

Es la primera vez en estos años de oposición virulenta y antropófaga, que uno de los miembros más representativos habla de dictadura de los jueces. Tradicionalmente han sido pocos los que han sostenido esa tesis, mientras recibían cualquier cantidad de ataques por cuenta de aquellos que consideraban a la justicia colombiana como un ente intocable y a sus miembros, como seres mitológicos incuestionables e infalibles.

¿Cuántas veces escuchamos que el Gobierno, y los que denunciábamos a los jueces, estábamos desconociendo fallos judiciales e irrespetando la majestad de la justicia?

Según parece, el entusiasmo del Polo, y de sus miembros, solo alcanza para las decisiones judiciales que se acomodan a sus intereses y que les suministran artillería en sus continuos y aburridores ataques contra el Presidente y el Gobierno en general.

Si la decisión judicial no les gusta, e incluso golpea a uno de los suyos como lo es Alfredo Molano Bravo, esa justicia que calificaban como el mayor baluarte en la defensa de la democracia pasa a ser un adefesio en el que los jueces son tenebrosos dictadores.

Por primera vez coincidimos en algo con el Polo Democrático Alternativo: Colombia padece, desde hace muchos años, una dictadura siniestra de los jueces, quienes amenazan a los ciudadanos que caen en sus fauces, aunque dicho sea de paso, cualquiera está en la mira de los “majestuosos” dignatarios judiciales.

Sin embargo, lo de Patricia Lara es solo la confirmación del pensamiento de Carlos Gaviria Díaz, quien fuera su jefe en el Polo Democrático Alternativo. En una entrevista concedida hace unos meses, el presidente del PDA aseguró que la Corte estaba obrando correctamente en los procesos por la parapolítica.

No obstante, más adelante, el mismo Carlos Gaviria habló de cacería de brujas en el caso de los vínculos de políticos con las Farc. Es decir: es loable perseguir a unos políticos por sus vínculos con el paramilitarismo, pero resulta condenable, peligroso y amenazante el que se intente castigar la asociación de otros políticos con las Farc y el ELN.

Esto tiene su razón de ser: si para Gaviria Díaz el terrorismo que practican las Farc son crímenes altruistas, no merece reproche alguno que los políticos de su bancada, y otros muy cercanos a sus intereses (léase Piedad Córdoba), busquen alianzas con esos filántropos del terror.

Todo tiene un límite…

Por: Jaime Restrepo Vásquez. Director de Atrabilioso.

Los representantes del partido Demócrata, con su nuevo Presidente abordo, han demostrado que no tienen el menor interés de aprobar el TLC con Colombia.

Además de los desplantes, de recibir las versiones sesgadas de un solo sector –que además tiene evidentes y oscuros intereses en obstaculizar la gestión del Gobierno- y de utilizar a Colombia para favorecer sus las conveniencias; los Demócratas han vapuleado la dignidad y los intereses de nuestra nación.

Seguir insistiendo en el TLC con mayores presiones de cabildeo y serviles rendiciones de cuentas - a quien de paso sea dicho, no las tiene que solicitar- resulta casi insultante para un país que ha ofrendado la seguridad, la tranquilidad y la vida de miles de sus nacionales en aras de proteger a los viciosos estadounidenses.

Por esa demanda de estupefacientes, miles de hectáreas de buena tierra han sido dedicadas a cultivos ilícitos, en lugar de producir alimentos y bienestar para los colombianos. Gracias a los consumidores de droga, muchos de ellos norteamericanos, miles y miles de familias han tomado la decisión de sembrar coca, amapola y marihuana. Es más: por el dinero de esos adictos, amplios sectores del territorio nacional se han sumergido en la barbarie de la violencia.

Sin embargo, a pesar de la responsabilidad de los Estados Unidos, su pueblo incluido, en algunas de las desgracias colombianas, a la hora de asumir su cuota miran para otro lado y exigen con una doble moral que aterra.

Colombia no puede aceptar que la lealtad y el sacrificio sean recompensados con el maltrato al que nos han sometido políticos como Nancy Pelosi, Al Gore y el mismo Barack Obama. Por el contrario: es hora de mirar a otras latitudes, de ampliar la cartera de clientes que requieren de los productos colombianos y que están dispuestos a recibirlos sin tantos abusos. Hay millones y millones de compradores que quieren y necesitan de nuestros productos y que no padecen de la conveniente miopía del partido Demócrata.

Si los nuevos dueños de la política norteamericana están dispuestos a solo mantener las preferencias arancelarias, que así sea, pues lo cierto es que resulta innecesario el desgaste económico y político que acarrea la indecisión de los Demócratas, sobre todo con mercados más amplios y en expansión a los que podrían llegar nuestros productos.

Esos países que saldrán mejor librados de la crisis económica mundial deberían ser el objetivo estratégico de las políticas colombianas en materia de comercio internacional. Naturalmente es más fácil seguirle el juego humillante a Barack Obama y a su combo proteccionista, pero lo fácil generalmente no es lo mejor, ni lo más prudente.

Llegó la hora de un pronunciamiento del Presidente, con una fecha límite: si el TLC no es aprobado el 30 de noviembre de 2008 por el congreso norteamericano, Colombia desistirá del Tratado, dejando a Estados Unidos sin su único socio estratégico en la región: si Obama cree que Hugo Chávez, Evo Morales o Rafael Correa son aliados potenciales de su país, habría que decirle que su torpe análisis deja mucho que desear y que se perdió la platica que invirtieron sus padres en Harvard Law School.

Ver como aliados a los más acérrimos antiimperialistas, es decir, a los más entusiastas antiamericanos, es poner en peligro el “patio trasero” norteamericano y entregarlo en bandeja de plata a sectores que buscan posicionarse en una zona geoestratégica vital para la seguridad de los Estados Unidos… Hezbolah, Irán, Rusia y otros se deben frotar las manos de solo pensar en la estupidez de la obamamanía: tratar con guantes de seda a los enemigos y despreciar a los aliados.

La fórmula para Colombia es clara: aprovechar las preferencias arancelarias estadounidenses como una oportunidad temporal que permita gestionar la apertura de nuevos mercados en Asia. Al mismo tiempo, en el frente interno, apresurar la actualización de la desvencijada infraestructura nacional y trabajar en el fortalecimiento competitivo de las empresas colombianas.

Nuestro país ha dado muestras de compromiso con temas sensibles como los Derechos Humanos. Sin embargo esas demostraciones han sido despreciadas por los oportunistas políticos que solo atienden, como idiotas útiles, a personajes sesgados y comprometidos con la violencia, como Piedad Córdoba y Gustavo Petro… ¡Allá ellos si les dan más credibilidad!

Debate Nacional

Debate Nacional

Las pirámides: una cuestión de idiosincrasia

Por: Jaime Restrepo Vásquez.

La euforia era total: miles de personas, en todos los rincones del país, se congregaban en las oficinas de las pirámides, empresas que ofrecían dinero fácil, efectivo y rápido, con unas ganancias que superaban el 100% en menos de 90 días.

Todo esto ocurría a finales del año pasado, cuando se veían largas filas de ciudadanos ansiosos de consignar su dinero para duplicarlo en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, desde abril de este año comenzaron a desplomarse las primeras pirámides y las autoridades tuvieron que enfrentar brotes de violencia protagonizados por los estafados. Ni hablar de las cuantiosas pérdidas de miles de colombianos que, por ingenuidad o ambición, decidieron invertir en un negocio tan riesgoso y que prometía el paraíso económico en poco tiempo.

La información sobre el desplome de las pirámides fue difundida ampliamente por todos los medios de comunicación: las imágenes de los desórdenes en Zipaquirá y Villavicencio recorrieron el país. Incluso el propio gobierno lanzó varias advertencias sobre el riesgo que significaba depositar el dinero en esas empresas captadoras de dinero. Muchas veces los noticieros hastiaban con la reiteración de los peligros de las pirámides.

Sin embargo hoy el país ve como se desploman, en una especie de efecto dominó, esas pirámides que prometían el pago de intereses desmesurados a cambio de consignar un dinero por poco tiempo.

Muchos de los ahorradores defraudados no son precisamente personas ignorantes y asiladas del mundo que pudieran caer fácilmente en un engaño: hay profesionales, estudiantes universitarios y comerciantes, entre otros, quienes pese a las advertencias, prefirieron arriesgarse en la ruleta y de repente obtener unas utilidades gigantescas.

No obstante, ahora esos ahorradores se autoproclaman estafados, cuando lo cierto es que entraron en un juego financiero de altísimo riesgo y perdieron. Es como si alguien decidiera invertir en unas acciones de una empresa de exploración petrolera que promete jugosos dividendos siempre y cuando la exploración sea exitosa, pero que luego de un tiempo anuncia el fracaso y la pérdida del dinero invertido. Por eso ofrecían altísimas utilidades, pues a mayor riesgo, mayor porcentaje de ganancias o mayores probabilidades de pérdidas.

Esos colombianos que invirtieron en las pirámides sabían los riesgos, ya fuera por los medios de comunicación o por el eficiente voz a voz, pero prefirieron creer en las promesas de los promotores que en las alarmas encendidas.

Algunos sectores políticos hablan de una crisis social, porque en las pirámides invirtieron los más pobres. Lo dudo. Entre los afectados hay muchos que incluso se endeudaron con los bancos y el préstamo lo invirtieron en las pirámides: ¿Conoce de algún banco que le preste dinero a alguien que no tenga respaldo? Otros vendieron propiedades, carros, joyas y se gastaron la platica destinada a la universidad de sus hijos para acercarse al sueño colombiano del dinero fácil y sin trabajar. Ahora tienen una deuda, menos patrimonio y mucho trabajo por delante para poder cubrir las pérdidas.

Lo que demuestra esta situación es el enorme gusto por el dinero fácil y que los ahorradores asumieron el riesgo porque en sus casos, la ambición superó la prudencia.

No obstante, surge la inquietud por las restricciones legales que hubieran impedido que las pirámides se diseminaran por todo el país: ¿Por qué no existe una legislación que impida este tipo de abusos?

Hace muchos años se presentó el mismo caso del florecimiento de pirámides en muchas partes del país. Como es natural, esas pirámides se desplomaron y centenares de colombianos resultaron damnificados. En esa época, como reacción, crearon una legislación que aparentemente protegía a los ciudadanos de esos vendedores de sueños facilistas.

Incluso algunas empresas que trabajan con el sistema de Mercadeo Multinivel (Multilevel Marketing) tuvieron serias dificultades cuando quisieron entrar a Colombia, debido a la confusión que se presentaba entre las pirámides y el MLM.

Básicamente el MLM consiste en captar distribuidores de productos, bienes o servicios, que entran al sistema por la invitación de otro distribuidor más antiguo, quien al alcanzar un número determinado de nuevos vendedores o promotores, obtiene ingresos por las ventas de su grupo. Así mismo, cuando los nuevos invitan a otros, y esos ejercen con éxito su actividad comercial, también le reporta utilidades al más antiguo de la cadena.

Sin embargo, el MLM no ofrece ganancias extremas sin trabajar, ni tiene oculta la forma como se pueden alcanzar las utilidades: si yo presento a cinco distribuidores y trabajan con empeño, ellos obtendrán ingresos por sus ventas y yo me beneficiaré con un porcentaje establecido por dichas ventas. Además si mis cinco distribuidores consiguen, cada uno, dos o tres nuevos vendedores, también obtendré un porcentaje por sus gestiones.

En algunas ocasiones, a los directivos de las empresas de MLM les resultaba complicado explicarles a los funcionarios las enormes diferencias entre una pirámide y una empresa con MLM. Sin embargo, después de muchos esfuerzos, lograron dilucidar las diferencias y ahora son empresas consolidadas en el mercado nacional.

¿Qué pasó entonces con esos obstáculos que existían para las pirámides? Nadie lo sabe. Sin embargo, por más normas que existan, nadie podrá evitar la ambición desmedida y el inmenso apego que sienten los colombianos por el dinero fácil, rápido y efectivo… por ley no se cambiará jamás la idiosincrasia de una nación.

Los rescoldos del cartel de Cali

Por Jaime Restrepo Vásquez.

Cerca de 27 personas han sido condenadas gracias a los testimonios que ha dado ante la justicia Jhon Jairo Velásquez, alias ‘Popeye’, el lugarteniente de Pablo Escobar.
En el caso de Luis Carlos Galán, las declaraciones de ‘Popeye’ permitieron la condena de Alberto Santofimio y aunque fue exonerado en segunda instancia, más adelante, ante la Corte Suprema de Justicia, ese testimonio pesará más que las declaraciones amañadas de algunos generales de la Policía.

Ahora ‘Popeye’, como lo hizo en su libro El verdadero Pablo, sangre, traición y muerte; concedió una entrevista en la que insistió sobre el apoyo que le brindó Pablo Escobar al M-19 para la toma del Palacio de Justicia. Según cuenta, la amistad del M-19 con Escobar se remonta a las acciones del MAS (muerte a secuestradores), creado para rescatar a Martha Nieves Ochoa, hermana de varios miembros del cartel de Medellín.

‘Popeye’ señala que el MAS logró arrinconar al M-19 y después de negociar la liberación de la secuestrada, establecieron una amistad que permitió concretar los planes para la toma del Palacio de Justicia.

Sin embargo, uno de los temas más importantes del nuevo testimonio de ‘Popeye’ tiene que ver con las relaciones de algunos líderes del M-19 con el cartel de Cali. Según el jefe de sicarios de Pablo Escobar, esos vínculos estaban encabezados por Carlos Pizarro, a quien incluso le fue encomendada la tarea de asesinar al capo del narcotráfico en una cita en Cali.

De la entrevista de ‘Popeye’ se desprenden varias conclusiones: que el M-19 tenía relaciones con los dos carteles del narcotráfico y que usufructuaba esos vínculos haciendo las veces de aparato militar por contrato (mercenarios) de ambas agrupaciones criminales. Para tal efecto, la cúpula del M-19debió tomar la decisión de dividirse la tarea y encargar a unos de las gestiones con Pablo Escobar y a otros de los acercamientos con el cartel de los Rodríguez Orejuela.

No parece probable que un grupo guerrillero tan pequeño como el M-19 tuviera una cúpula dividida e incomunicada y que decisiones de tal magnitud no fueran debatidas por la totalidad de la plana mayor de esa organización. Tampoco es un escenario lógico que la cúpula del M-19 adhiriera a dos organizaciones criminales enfrentadas, sin existir una estrategia de por medio.

Por el contrario: los líderes del M-19 debieron acordar el plan para oficiar como mercenarios de los carteles, cobrando por crímenes de lesa humanidad como los del Palacio de Justicia y así recolectar el dinero que les permitiera financiar sus acciones “revolucionarias”.

Sin embargo, el sector encargado de los acercamientos con Pablo Escobar fue abatido poco a poco y al momento del proceso de paz, solo estaban al mando aquellos que pactaron con el cartel de Cali.

Esa situación sigue vigente. Hoy vemos que el Presidente que fue elegido con dineros del cartel de Cali respalda políticamente a los sobrevivientes del M-19 que están en el Polo Democrático Alternativo.

Llama la atención también que Gustavo Petro, el emblemático representante del M-19, hace todo lo posible por desentrañar el paramilitarismo y conectarlo de mil formas con el extinto cartel de Medellín, enemigo del cartel de Cali y por ende, de aquellos que les hacían el trabajo sucio a los hermanos Rodríguez Orejuela.

Si a lo anterior se suman las alianzas que las Farc lograron establecer con el cartel de Cali para la producción y transporte de droga, el panorama queda un poco más completo pues lo que se está viendo hoy es la acción desesperada de los rescoldos del cartel de Cali, y de un importante sector del narcotráfico, que ven impotentes como su poder se desvanece.

¿Ignorancia o malicia?

Por: Jaime Restrepo Vásquez.

Director de Atrabilioso.

En días pasados Gustavo Petro aprovechó una entrevista para mezclar los presuntos montajes de atentados terroristas por parte de miembros de inteligencia del Ejército y los últimos acontecimientos relacionados con la desaparición y muerte de varios colombianos en oscuros hechos que incluso han llevado al retiro de varios oficiales de las Fuerzas Militares. Petro decidió, oportunista él, cobijar todo con el falaz concepto de falsos positivos.

Para el ciudadano desprevenido la generalización resulta convincente, pues existe, a primera vista, un elemento en común: la vinculación de miembros del Ejército. Sin embargo son situaciones diferentes que deberían ser explicadas por un político que se presume curtido en el arte de la guerra… y del terror.

Los primeros hechos denominados irresponsablemente falsos positivos datan de 2006. En esa época la revista Cambio, en llave con El Tiempo, publicó una información según la cual, algunos atentados que se habían presentado en Bogotá eran montajes de miembros del Ejército.

La información se refería a cuatro situaciones: la localización en el barrio Venecia de una carga de explosivos en un taxi, un carro-bomba que no estaba armado y que fue ubicado en el centro comercial Caracas, al sur de la ciudad; una olla a presión con dos tacos de Indugel encontrados al interior de una camioneta en un parqueadero del barrio Normandía y el atentado contra un camión del Ejército en cercanías a la Escuela Militar José María Córdoba.

Para los periodistas, todas estas acciones obedecían a la búsqueda de recompensas y a la supuesta intención de un grupo de oficiales del Ejército de presentar positivos para sus hojas de vida. Sin embargo, esos periodistas nunca pudieron explicar en qué beneficiaba a los oficiales que las Farc hubieran tenido éxito en el atentado contra el camión del Ejército, una acción completamente diferente a los hallazgos de los artefactos que nunca iban a explotar.

No es necesario ser experto para ver la diferencia: tres supuestos atentados en los que ni siquiera estaban armados los artefactos explosivos –incluso en el caso de Normandía la olla a presión y las barras de Indugel no tenían detonador- y un atentado con carro-bomba detonado al paso de un camión repleto de militares. Las diferencias son evidentes, los periodistas las detectaron, pero pesó más la necesidad de hacer un escándalo que el deber de informar sin sesgos ni beneficios políticos ocultos.

Esa información fue aprovechada y utilizada por Gustavo Petro para adelantar un debate. Incluso se llegó al descaro de citar al Congreso a dos oficiales de inteligencia del Ejército, supuestamente para que dieran explicaciones sobre sus tareas en Bogotá. Después de varias horas de someter a los militares a los reflectores y cámaras de la prensa, terminó la citación sin que los oficiales pronunciaran una sola palabra. Es decir, los militares de inteligencia quedaron “quemados”, pues sus rostros ya eran conocidos por todo el país. Posteriormente fue capturada una miliciana de las Farc que confesó su participación en los hechos y señaló que los oficiales de inteligencia conocían los planes.

Y ahí está la desinformación: en plena misión, un oficial de inteligencia puede tener acceso a información que, en aras de la tarea asignada, no puede dar a conocer, pues corre el riesgo de que dicha información sea una trampa cuidadosamente diseñada para destapar una posible infiltración.

La persecución a las Farc está llena de acciones de inteligencia en las que los operadores de campo tienen acceso a múltiples informaciones cuya validez tienen que evaluar sobre el terreno. Muchas veces incluso tienen que observar ataques y emboscadas contra sus propios compañeros y proteger la fachada que les ha servido para infiltrar al terrorismo. Sin embargo, al pasar esas y otras pruebas, los operadores pueden acceder a información más importante para conquistar objetivos sensibles para la seguridad nacional. De no ser así, ‘Raúl Reyes’ estaría vivo y el ministro Santos no hubiera podido anunciarle al mundo la muerte de ‘Tirofijo’.

Sin embargo para Petro, las acciones de dos oficiales de inteligencia en Bogotá -que de paso sea dicho permitieron duros golpes contra la Red Urbana Antonio Nariño de las Farc- son lo mismo que lo ocurrido con los desaparecidos de Soacha.

Según el Senador, la desaparición y asesinato de un grupo de ciudadanos en hechos que involucran a varios miembros del Ejército, en una compleja y siniestra operación criminal, es lo mismo que el conocimiento de posibles acciones terroristas por parte de dos oficiales de inteligencia del Ejército.

Es evidente que las diferencias son enormes y que los hechos que está conociendo el país obedecen a una acción criminal y despreciable mientras que las denuncias de 2006 corresponden a una operación de inteligencia que los medios, y la maledicencia opositora, mezclaron para obtener un falso positivo contra el gobierno.

Lástima que el país no haya conocido los mecanismos retorcidos que utilizó Petro para “quemar” a los oficiales de inteligencia y favorecer a las Farc: enlistar en sus filas opositoras a un general de la Policía que montó una operación para dejar en evidencia a los militares y así neutralizar a dos enemigos del terrorismo en la capital del país, la misma que ese General había jurado proteger cuando fue comandante de la Policía en Bogotá.

El afán de Samuel por limpiar la imagen de la CUT, bastión de sus votos.

Por: Jaime Restrepo Vásquez.

Durante 10 meses de “gobierno”, nunca se había visto una reacción tan rápida y contundente del alcalde Samuel Moreno Rojas. Muchas cosas han pasado en la capital del país y prácticamente el último pronunciamiento que se conocía era el del burgomaestre.

Sin embargo eso cambió el jueves pasado. Después de una nueva escalada terrorista en la que resultaron heridos 18 colombianos, Samuel Moreno salió presuroso ante los medios de comunicación a decir que “los ataques no tuvieron nada que ver con el paro ni con las marchas”.

Una afirmación tan contundente, y tan presurosa, no tiene fundamento probatorio en la realidad: nadie sabe si los terroristas participaron o no en la marcha, pues el método utilizado para la detonación fue el del temporizador, con lo cual, los terroristas pudieron estar a kilómetros de los sitios en los que cometieron los atentados.

No se puede perder el hilo de la situación: el video presentado por el ministro de la Protección Social, en el que se ve a un miembro de la CUT coordinando la sincronización de las protestas para el mes de octubre, demuestra que sí se dio un acuerdo entre los diferentes sectores para emprender las protestas al unísono.

También es importante recordar que el paro de los corteros de caña ha sido respaldado decididamente por Piedad Córdoba, senadora que ha demostrado hasta la saciedad sus simpatías con las Farc. Y ni hablar del senador Alexander López, algunos de cuyos colaboradores están siendo investigados por reunirse con voceros de las Farc para ultimar detalles con miras a las protestas que él apoya entusiasta.

Tampoco se puede pasar por alto que en la protesta indígena se han presentado, por lo menos, acciones criminales contra la Fuerza Pública y existen evidencias de la infiltración de las Farc en el movimiento indígena.

Entonces, si un representante de la CUT sincroniza las protestas en las que hay participación de simpatizantes y operadores del terrorismo, y justamente el día del paro se presenta una escalada terrorista en Bogotá, resulta irresponsable la sentencia del alcalde Moreno de asegurar que nada tuvo que ver una cosa con otra.

Seguramente los organizadores del paro del pasado 23 de octubre y los manifestantes sindicalizados no tuvieron ninguna participación en los atentados. Pero eso no significa que el paro, y las demás protestas organizadas en varias zonas del país, no hayan sido tomadas por las Farc como vitrina para que sus acciones de terror tuvieran la divulgación que ellos pretendían.

De hecho, el mejor escenario para los operadores de campo de las Farc es el de un ambiente aparentemente caldeado de insatisfacciones y protesta social generalizada. Es ahí donde las Farc tienen el plato servido para manifestar, a su manera, el respaldo a la inconformidad popular contra el enemigo número uno de la organización terrorista: el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Entonces, lo admita Moreno o no, si existe un hilo que vincula ambas situaciones, pues abrirle espacio político a las Farc para que aprovechen un escenario, concertar con sectores simpatizantes e incluso con terroristas de campo y hacer eco de las arengas de las Farc para aparentar una supuesta revuelta social de grandes dimensiones, deja un tufillo de servicios prestados al terrorismo ya sea por ingenuidad o por afinidad.

Tradicionalmente los “gobernantes” de izquierda en Bogotá han incurrido en el error de subestimar a las Farc, de ocultar su presencia en diferentes zonas de la Capital y de soñar con que no existen reductos de milicianos. A eso se suma la irresponsabilidad de personajes de la izquierda como el rector de la Distrital, Carlos Ossa Escobar, que observa impávido como un grupo de encapuchados simpatizantes de las Farc se pavonea ante unos indefensos estudiantes, gritando arengas e invitando a los nóveles alumnos a ingresar a las filas del terrorismo.

Esos errores se han pagado con la vida de varios ciudadanos y con la sangre de decenas de heridos y en el afán de tapar el accionar de las Farc en sus últimos estertores, prefieren hacerse los de la vista gorda y no enfrentar el problema con responsabilidad y seriedad.