Aventurando predicciones

Paloma Valencia Laserna

El País, Cali

Marzo 20 de 2010

La actuación nefasta y con visos de corrupción de la Registraduría es una vergüenza para el país que ya había consolidado un sistema confiable de escrutinio. Es inaceptable que por la ‘contratitis’ que aqueja a algunos servidores públicos se haya cambiado un procedimiento que funcionaba. Esperamos sanciones y el restablecimiento de la legalidad para la contienda presidencial.

Por esa ineficiencia aún no se resuelve la consulta conservadora. La dilatada espera daña al Partido: enerva las expectativas y la dilación en la consolidación en torno al candidato único podría generar fracturas internas. Más aún, le roba tiempo de campaña al candidato conservador y crea incertidumbre en la ciudadanía, pues ese resultado ilumina las predicciones sobre quién será el próximo Presidente.

Si para las elecciones presidenciales se mantiene la configuración de las del Congreso -que es una cachetada a la decisión de la Corte de irrespetar el deseo democrático- serán los dos candidatos uribistas los que pasen a la segunda vuelta. El Presidente está entre las dos vertientes, pues la posibilidad de un acuerdo parece poco probable.

La selección de Garzón como vicepresidente parece haber lesionado la certeza que se había tejido sobre Santos. Los conservadores y algunos uribistas no han recibido con beneplácito la designación, pues si Garzón tuviera que asumir la Presidencia se alejaría del proyecto político, pues no representa al uribismo ni a los conservadores. La cercanía entre las votaciones de La U y el conservatismo infla ambos sectores que se sienten fortalecidos y con sólidas expectativas de poder. Ese balance contribuye a que sean fuerzas paralelas y no unitarias. No se ve a los conservadores cediendo su ambición natural de poder a favor de Santos, ni viceversa.

Con el uribismo dividido de esa manera equilibrada podrán ser el Polo, los liberales y los independientes los llamados a definir. Si no votan será una final muy reñida. Si votan seguramente será por aquel candidato que se aleje más de Uribe.

No es fácil predecir cual será el ganador de la segunda vuelta. El baile de los candidatos podría ser así: cercanos a Uribe para mantener su segmento uribista; alejados de Uribe para captar el voto no-uribista. El equilibrio no será delicado, si en la atracción del voto no-uribista traiciona al uribismo puede perderlo, y sin el no tienen posibilidades de triunfo.

El nombramiento de Garzón se anticipa e intenta captar el voto de izquierda, pero puede tener un costo sobre la masa uribista. Si Noemí acierta en su vicepresidente y logra incluir un segmento no-uribista que no agreda la sensibilidad uribista habrá dado un gran paso. Si se acerca a los independientes, por ejemplo, mantiene a sus uribistas, se suma los independientes y puede presentar al dúo Santos-Garzón como lejano a Uribe y arrancarle fieles uribistas. Pero esa distancia de Santos frente a Uribe podría concederle a él los votos de la izquierda.

El gran reto para Noemí será consolidar el Partido en torno suyo. Tiene que responder a las expectativas de los dos sectores del conservatismo: el pastranismo enemigo de Uribe y la masa conservadora que sigue a Uribe.

Aún si el Presidente Uribe señalará su predilección por uno de ellos la disciplina de partido y la natural ambición de poder pueden mantener la división. Uribe tendría que dar mucho más que un guiño; tendría que asumir con fuerza una de las causas.

Los candidatos

Paloma Valencia Laserna

El País, Cali

Marzo 06 de 2010

Los argumentos jurídicos que esgrime el comunicado de prensa que declaró inexequible la ley que aprobó el referendo reeleccionista son de dos tipos. Por una parte, aparecen aquellos que se refieren a los trámites de la iniciativa y la aprobación de la ley. La Corte encontró defectos que para ella vulneran el sistema y desconocen los límites legales. Sobre ellos cabría la discusión sobre si se trata de vicios subsanables y si aquellos bienes jurídicos agredidos resultan de igual jerarquía que la participación ciudadana, pero alea jacta est. El segundo argumento, según el cual existe un límite sobre el poder de modificar la Constitución, es en cambio interesante y merece un análisis.

La doctrina de la Corte de que la Constitución tiene una integridad que debe ser protegida incluso del poder constituyente primario disuena mucho con la idea de una democracia participativa. Una cosa es decir que el poder constituyente derivado que tiene el Congreso pueda estar limitado a las interpretaciones que sobre la Carta tiene la Corte Constitucional, y otra muy distinta es afirmar que un proceso iniciativa popular de consulta popular -como el referendo- que va al voto directo del pueblo, el constituyente primario, tiene límites. La teoría estaría imponiendo una restricción aberrante para la permanencia en el tiempo de la Constitución. Ello equivale a decir que para que el pueblo pueda modificar el acuerdo básico que cimienta el pacto social, es necesario una nueva Constitución y una asamblea nacional constituyente, que si bien es representativa, no es el pueblo mismo.

Como sea, la sentencia de la Corte Constitucional sobre el referendo es una amarga noticia para las mayorías colombianas. Desde hace mucho tiempo adolecíamos de una carencia de líderes, habíamos tenido que votar como quien juega a la ruleta rusa, y teníamos ya varios tiros en la cabeza. En este juego, casi siempre nefasto, apareció Uribe. Se lanzó de manera independiente y sin el apoyo de los partidos empezó a convocar a la masa de electores. Las fuerzas políticas corrieron tras sus huestes. El Partido Conservador en una gesta que rememora los tiempos de Núñez acompañó al líder que como éste, era necesario para evitar la catástrofe. Así lo hicieron otros partidos. El Partido Liberal de donde Uribe era ‘oriundo’ vio cómo se hundían sus propias aspiraciones de poder y perdió gran parte de su colectividad que se desgranó hacia esa otra forma de liderazgo. El país se enrumbó y la mayoría sintió que era más seguro mantenerse con este capitán que aventurarse en nuevas aguas, pero el deseo se frustró. Pero la serenidad con la que Uribe acató el fallo demuestra que estamos frente a un patriota, demócrata que respeta la institucionalidad.

Las campañas para la Presidencia apenas empiezan, pero ya se vislumbran, otra vez, los candidatos con frases pomposas y vacías que anuncian el mejoramiento de todo, la transformación de todo, el cumplimiento cabal de todas las aspiraciones que tenemos: empleo, riqueza, educación, salud. Anunciado en un tono retórico que no confronta los límites presupuestales ni las dificultades intrínsecas del sistema.

Colombia cambió durante le gobierno Uribe, cada partido definió posiciones sobre cuestiones fundamentales y sabemos que un líder no es sólo buena voluntad; son propuestas concretas que conocen las limitaciones del país. No lo olvidemos y evitaremos dolores de cabeza.

Elecciones de Congreso

Paloma Valencia Laserna

El País, Cali

Febrero 27 de 2010

Uno de los fenómenos más interesantes en el contexto institucional del país es la mala imagen que tiene el Legislativo. Ello contrasta con el hecho de que esta es, precisamente, la única institución elegida por el voto que logra representar a la mayoría de las vertientes políticas que configuran el país. Si bien el Presidente es elegido en votaciones, todos aquellos que votan por el candidato contrario quedan excluidos. En el Congreso, en cambio, hay espacio para todos. Una cámara de representación nacional y otra de los diversos departamentos debería dar lugar a que viéramos reflejada la sociedad y encontráramos toda la complejidad que somos, representada en unos legisladores.

Pero sucede que el Congreso es la más vituperada de las entidades públicas, se le acusa de ser la más corrupta, incluso cuando su conformación impide que lo sea. Se aproximan las elecciones de Congreso y cada colombiano ha de iniciar la reflexión sobre la manera como votará. Se me ocurre pensar que la mala fama del Legislativo está íntimamente ligada a la manera como votamos y esta, a su vez, surge de la falta de un diseño institucional adecuado para el Congreso.

¿Para qué es un congresista?

Muchos colombianos pensarán que esta es una pregunta sencilla: para hacer las leyes. Pero si se hace la pregunta: ¿Para qué o por qué vota por un candidato y no por otro? Se observará que, en general, las dos respuestas son bien distintas debiendo ser la misma. Hay una distancia entre la función teórica que cumple un congresista y la función que le otorgan sus votantes. Las expectativas de los votantes sobre sus congresistas, comúnmente, no son que su candidato demuestre un buen criterio para votar las leyes; que represente adecuadamente sus intereses. La mayoría está esperando otras acciones y otros resultados de su voto.

Esta diferencia entre lo que debería ser el congresista -de manera teórica- y lo que sus electores esperan que sea, es lo que dota al Congreso de una dimensión muy difícil y, al mismo tiempo, lo convierte en una entidad que trasciende la sola función legislativa. Quien se aproxime lo suficiente a esa entidad descubre que trabaja mucho y que cumple con muchas misiones.

El Congreso no tiene un gran presupuesto así que la idea de que los congresistas roban es ilusa. Lo que podría configurar la corrupción está dictado más bien por su configuración. Los múltiples intereses obran como si se tratara de un mercado. Un dibujo a escala de Colombia donde cada uno representa un grupo de colombianos, un conjunto de intereses, y se negocia con los otros para que cada uno obtenga lo que más se aproxime a los intereses que representa.

Las leyes no son siempre capaces de satisfacer a los electores. Están aquellos que esperan obras para sus regiones, y el congresista tendrá que negociar con los ministerios para que estas sean incluidas; a cambio ofrecerá su apoyo a esas u otras iniciativas. Están quienes aspiran a cargos, y el congresista tendrá que negociar con su voto para obtenerlos. Están quienes aspiran a la oposición absoluta al gobierno, y los congresistas deberán votar en contra de proyectos que individualmente considerados les parecerían apropiados; puede suceder exactamente lo contrario. Pero el único evento de verdadera perversión es cuando el congresista se desconecta de sus electores y utiliza las negociaciones para su exclusivo beneficio personal. Eso es inaceptable.

Salario mínimo

Paloma Valencia Laserna

El País, Cali

Febrero 20 de 2010

Todos estamos de acuerdo en el deseo de que los colombianos tengan un salario que otorgue condiciones dignas de vida. Eso sería lo ideal. Pero, el debate sobre el Salario Mínimo (SM) no se refiere a ello; está circunscrito más bien, a las siguientes preguntas: ¿Fijar el SM contribuye al propósito de que los más vulnerables tengan garantizada su subsistencia? ¿Cuáles son los efectos de un SM fijo? ¿Qué puede hacerse para que todos los colombianos tengan un salario digno?

Tenemos un salario mínimo legal y a pesar de ello muchos colombianos ganan mucho menos. Según un estudio del Banco de la República tan sólo el 5,9% de los trabajadores ganan un salario mínimo; en tanto que el 29.9% gana menos de esa cifra. Más aún, el porcentaje de trabajadores que ganan un SMLM tiende a disminuir, en tanto cada vez son más los trabajadores con un salario menor al SM. Y un dato más interesante aún es que en la fracción más pobre de la población el 67,2% de los trabajadores percibe un salario menor al legal mensual.

Así que por sólo aspirar y regular que ese debería ser el salario mínimo ello no sucede. No se trata, en este caso, de un problema de implementación de la ley, sino de la realidad económica del país. Dentro del grupo de colombianos que trabajan y que ganan menos de un salario mínimo una fracción importante se agrupa en la informalidad, trabajadores independientes y los ayudantes familiares. Si, por ejemplo, una microempresa necesita un empleado debe contar con $515.000 para el salario mínimo y 50% adicional que deberá pagar en salud, pensiones, cesantías y parafiscales, es decir $257.000. Si la empresa produce tan sólo $300.000 pesos tiene tres opciones: no contratar a nadie y mantenerse como una empresa familiar sin posibilidades de crecimiento; vincular un miembro de la familia que estaría cumpliendo con un trabajo por menos de lo que la ley exige; contratar informalmente a un trabajador al que sólo le pagará los $300.000. La cuestión no es fácil, por una parte, es cierto que un salario tan bajo no hace justicia al trabajador, pero esa, tal vez, no sería la visión de los 2.830.000 colombianos que no tiene empleo. ¿Qué es mejor más empleo y menos salario?

Entre los efectos de tener un salario mínimo que disuena con las realidades nacionales, tenemos que aquellas personas que no ganan un salario mínimo quedan por fuera del sistema de protección social del país; significa que no pueden contribuir a pensiones, cesantías ni salud de acuerdo a sus ingresos, sino que deben hacerlo de acuerdo a ese salario mínimo, que resulta muy alto para muchos. Además, tampoco tienen garantías, pues si bien podrían demandar a sus patrones para obtener lo que es legal, muchos de ellos comprenden que esta es una visión de corto plazo, que compromete su capacidad de trabajar en el tiempo.

La cuestión de si reducir el salario mínimo contribuye a arreglar el problema no es fácil de resolver. No sería aceptable que los trabajadores que hoy en día ganan el mínimo tuvieran que ganar menos. La experiencia de la ley de generación de empleo que preveía rebajas salariales para la creación de nuevos empleos no mostró mayores resultados. Lo que sí es evidente es la necesidad de flexibilizar el sistema de protección social, de manera que quienes ganan menos del mínimo puedan vincularse y obtener si no todos los servicios al menos lo básico que proteja sus derechos fundamentales.

Sin el referendo

Paloma Valencia Laserna

El País, Cali

Febrero 13 de 2010

Los liberales, el Polo, Cambio Radical, Fajardo, los tres tenores, el conservatismo, La U configuran las fuerzas vivas de la política para encarar el debate presidencial, y de ellas sólo las dos últimas tienen un compromiso uribista. Si el presidente Uribe va a las elecciones las masas confirmarán su respaldo. Pero si el referendo no llegase a ser aprobado, las opciones del uribismo deben ser analizadas con cuidado; la multiplicidad de fracciones podría comprometer la continuidad de las políticas que han surtido los resultados que hoy le dan esa inmensa popularidad al presidente Uribe.

Dentro del Partido Conservador las cosas no son fáciles. Entre los dos precandidatos más fuertes, Noemí y Arias, el enfrentamiento es muy poderoso. Para nadie es un secreto que el ex presidente Pastrana no apoya el proyecto uribista y que existen sectores en la dirigencia de la colectividad que siguen su línea. Ese sector se ha unido a la campaña de Noemí, que hoy lidera Juan Gabriel Uribe, conservador y antiuribista. Así las cosas, en la consulta no sólo resolverá el nombre del candidato, sino y, sobre todo, la postura frente al uribismo. Si Noemí gana la consulta no tenemos la seguridad de que se llegue a acuerdos con La U, las declaraciones del ex presidente Pastrana apuntarían a que no habría. Si, en cambio, el candidato es Arias se vislumbra, sobre todo después de la reunión en Palacio, la posibilidad de que los haya.

La fragmentación para la primera vuelta puede dar lugar a que los candidatos uribistas no pasen a la segunda vuelta, dejando así por fuera las preferencias de las mayorías colombianas. La masa uribista conformada por ciudadanos de diversas corrientes ideológicas se disgregaría y la segunda vuelta sería imprevisible.

El Partido Liberal le está apostando, precisamente, a esa estrategia. Si se diera la coyuntura de que no pasara un candidato uribista, los liberales interpretan que el uribismo se irá con ellos, pues buena parte está conformado por antiguos liberales. Para que eso suceda será necesaria exigir la alianza con Cambio Radical y no con el Polo, pues el uribismo no avanzaría hacia allá.

Quedarían entonces las candidaturas independientes. De la mezcla de los tres tenores sobresale la confusión política, sólo están conectados por el deseo presidencial. Peñalosa es un ejecutor de la infraestructura probado con pobre ejecución en las demás áreas. Mockus un gran alcalde, pero pésimo en la política nacional. Lucho, mucho carisma, pero poco de lo otro.

Fajardo plantea el interrogante sobre lo que propone. Nos devuelve al tiempo donde los colombianos ejercíamos nuestro derecho al voto como los sacerdotes de los tiempos lejanos abrían las entrañas de animales para conocer el futuro. Es un personaje que nada propone; la ambigüedad de sus respuestas contrasta con su popularidad. Nada sabemos ni podemos saber sobre cómo sería su gobierno, pues no sale de las latitudes que caracterizan los deseos de “estar mejor” y “cambiar”. A veces da la impresión de que iría solucionando las cuestiones según se presentaran y que carece de un plan ejecutable. Sería, otra vez, un gobierno de administrar la coyuntura, en lugar de enfrentarla y transformarla.

Por ello parece fundamental que si el referendo no llegase a ser aprobado por la Corte, el uribismo no se disgregue de manera que la línea del gobierno Uribe se mantenga.

La reelección de Uribe

Paloma Valencia-Laserna

El País, Cali

Febrero 6 de 2010

Muchos consideran que el gobierno de Uribe desdibujó la institucionalidad del país. Disiento de esa observación. La ‘institucionalidad’ tan referida en el debate actual es un concepto difícil que una vez analizado a profundidad se evidencia como engañoso y vacío.

Las repúblicas latinoamericanas se forjaron sobre muy pobres cimientos: colonos españoles que pretendían servir al rey y que al mismo tiempo lo traicionaban, pueblos indígenas sometidos y poblaciones esclavizadas venidas del África. La ‘institucionalidad’ fue ese conjunto de normas y formas de gobierno que se importó para tratar de establecer un orden en ese caos. Ni siquiera los españoles respetaban esa imposición, vale rememorar el pronunciamiento de Gonzalo Jiménez de Quezada ante los edictos del rey: “Se acata, pero no se cumple”. El gran problema desde entonces ha sido la escasa legitimidad del Estado, sus instituciones y sus normas.

Esta falla de legitimidad es tan seria que todos los grandes problemas que perviven en Colombia pueden ser explicados a partir de ella. Eso alegan las guerrillas, en ciertos sentidos los paramilitares, eso explica los corruptos que toman el erario como si fuera dinero de nadie, también sirve de excusa a evasores de impuestos, a infractores de la ley y a todos aquellos que ven al Estado como una realidad ajena y opresora.

Creer que esa construcción institucional es lo más valioso que tiene nuestra democracia es una observación superficial. Su valor depende del grado de legitimidad que ostenta, es decir de la convicción de los nacionales de reconocer, acatar y cumplir con ese orden. Sin ello se trata de un aparato cuyo poder es figurativo y su capacidad de acción limitada.

Legitimar el Estado no es fácil. Mi teoría es que la incorporación de un caudillo dentro de las estructuras del poder formal puede transmitirles a estas la legitimidad que le sobra al caudillo. En las sociedades sin problemas de legitimidad el caudillo es un despropósito, pues la usurpa; pero en sociedades como la nuestra este riesgo no existe. Si el caudillo utiliza y respeta el esqueleto institucional, le da vida.

Uribe es un caudillo en el que las masas han depositado su confianza; tiene liderazgo y legitimidad, por eso cambió la política en Colombia. Acercó el Estado a los ciudadanos, generó una dinámica de gobierno-oposición definida y el Estado ahora parece -por primera vez en muchos años- capaz de contener la avalancha de quienes no se alineen con la hegemonía del poder que debería ser legítimo.

En este contexto la reelección parece deseable para terminar el proceso de legitimación. Además, no afectará tampoco la institucionalidad en el sentido formal. El querer de los pueblos es siempre intempestivo y a veces vehemente; si las constituciones no dieran cabida a los cambios que el pueblo exige, estarían en grave peligro y podrían ser derrocadas. Así que para persistir en el tiempo, nuestra Constitución establece reglas mediante la cuales sus propias reglas pueden ser modificadas. No puede decirse, pues, que usar unas reglas es justo y usar otras es un abuso de poder. Todas las reglas, incluso aquellas que permiten la modificación de las mismas, ostentan un mismo valor. Si Colombia está decidida a concretar el Estado democrático como forma de gobierno, Uribe es una alternativa viable que nos puede ayudar a dejar el caos que provocan los estados débiles e ilegítimos.

Los informantes

Paloma Valencia Laserna

El País, Cali

Enero 30 de 2010

La propuesta del Presidente según la cual se tratará de configurar una red de mil estudiantes que actuarán como informantes de la Fuerza Pública en Medellín ha generado todo tipo de reacciones, precisamente por ello es menester analizar las críticas y observaciones.

Nadie se sorprendería si le dijeran que en la universidades colombianas hay infiltrados miembros de grupos narcoterroristas, de la mafia y de agentes al margen de la ley. Desde hace mucho tiempo la universidad está penetrada por el conflicto en el que se sacude el país. Lo contrario sería pretender que existiera tal separación de los claustros educativos de la realidad, que estaríamos en un país esquizofrénico. Las consecuencias de la infiltración se manifiestan en actos de violencia en las universidades y contra sus propios miembros, pero al mismo tiempo han tomado formas espeluznantes como aquella donde prendieron con gasolina a un policía. La guerra está en las universidades, así que con los informantes no se rompe el ambiente estudiantil ni crearán elementos de confrontación. Se trata de que la sociedad, la gente de bien, tome control sobre los escenarios donde se mueve y no siga a merced de los ilegales.

Algunos críticos han apelado al peligro que supone para el informante y su familia esa pertenencia, dejando por fuera que la sola existencia de la delincuencia ya es un peligro. La comunidad no puede tener un papel pasivo en la protección de su propia vida y suponer que mediante la vida común no provoca a los violentos. La violencia no necesita provocadores, requiere contención. La mejor arma contra el crimen no es la fuerza del Estado, es la decisión de la sociedad de no tolerarlo. Se trata de conformar herramientas no violentas de protección.

Otros sostienen que sería mejor establecer un sistema de recompensas y no un grupo de informantes a sueldo. Y esta crítica colisiona con quienes señalan que el nuevo sistema podría dar lugar a casos como los ‘falsos positivos’, donde el sistema de recompensas sobre resultados incentivó malas prácticas. La estabilidad de los sueldos rompe la necesidad de crear información para tener resultados y da la posibilidad de hacer una buena selección de los informantes, de tener un vínculo real con ellos; darles entrenamiento y tener un seguimiento sobre sus acciones.

Se ha sugerido que la existencia de informantes en las universidades es un intento por perseguir y acabar la rebeldía juvenil. Hay algo retórico en la frase, sobre todo cuando esa rebeldía es violencia que provoca la muerte de muchos otros jóvenes. Hay, además, un temor ante lo que se ha denominado la satanización de profesores y compañeros, ahí hay que distinguir la acción de proveer la información y la manera como las autoridades públicas van a utilizarla. Será necesario tener procedimientos para recibir y verificar la información, pues la recepción no significa la inmediata corroboración de la misma.

No es tampoco la delegación de una responsabilidad del Estado; todo lo contrario, genera las herramientas mediante las cuales el Estado pueda cumplirlas. Una opción sería infiltrar agentes encubiertos de la Fuerza Pública en las universidades. Pero de lo que se trata es de tender puentes entre la comunidad y el Estado. El país no puede seguir considerando que la sociedad civil es un cuerpo distinto al Estado, este es una formación teórica que debería encarnar a la sociedad misma.

La nueva Venezuela

Paloma Valencia Laserna

El País, Cali

Enero 23 de 2010

La viabilidad de la Venezuela que está configurando Hugo Chávez es discutible. Por una parte, ser una excepción en el capitalismo -que engrana al mundo- es un desafío y, sobre todo, no parece posible imponer un sistema sin al mismo tiempo arrasar la libertad y la autonomía de las personas.

Es evidente que el capitalismo es un sistema defectuoso. La distribución de recursos no es siempre la adecuada y las fallas de los mercados llevan a equilibrios que no son óptimos. Aún así, los supuestos del sistema sólo requieren de un individuo que persigue su interés individual y la interacción de todos ellos -en unas condiciones determinadas- da lugar al bienestar social. Lo que es más importante, el capitalismo no fue impuesto, se creó como organización social. Fue, por así decirlo, un resultado natural y se ha extendido de la misma manera.

El proyecto chavista debe ser impuesto. Está respaldado en los petrodólares sin los cuales todo sería imposible. A diferencia de la antigua Urss donde el Estado logró industrializar la sociedad y hacer de Rusia y las otras naciones premodernas y campesinas una gran nación volcada a la producción y al crecimiento económico, el gobierno de Chávez está fracasando en la mera administración de los recursos existentes. Pdvsa tiene las producciones más bajas de su reciente historia. Al parecer el Estado venezolano se está quedando sin recursos, muchos nacionales no pueden renovar su pasaporte en el exterior, pues no hay papel de seguridad en las embajadas -al menos eso se les dice-. La luz se va en las ciudades intermedias sin aviso y los bancos tienen que cerrar indefinidamente, los aeropuertos dejan de funcionar y el comercio sufre.

Las dificultades de la imposición en sistema no se han hecho esperar. La idea de que se pueden controlar los precios con unas medidas diferentes a la oferta y la demanda es muy parecida a aquella que todos tenemos durante nuestra niñez para acabar la pobreza: imprimir billetes. Ya ha empezado con las expropiaciones y las medidas de coerción que terminarán por alejar la iniciativa privada. Todos son mecanismos de coacción. La polémica Ley de Educación es una de las cosas más complejas que enfrentarán los venezolanos en los tiempos que se les vienen. La idea de que la patria potestad de los niños sea del Estado hunde sus raíces en el más puro pensamiento comunista que pretende destruir la familia como célula que reproduce el sistema capitalista. Y los resultados de los cambios no son fiables; son múltiples las quejas sobre el hecho de que ahora los negocios y la riqueza se quedan en manos de un grupo de chavistas.

El problema del modelo socialista es que se impone de manera arbitraria, es decir, no surge de la interacción de los individuos. Nadie discute sus propósitos de bienestar social, la dificultad radica en que recarga al Estado de funciones de control tendientes a que la idea se desarrolle en la práctica. Negocios e individuos deben empezar a temer al Estado. Termina obligando a los individuos a actuar como altruistas, y aunque sea deseable, es el mandato lo que desagrada. En el capitalismo se puede ser y actuar como se quiera, y es la libertad y autonomía del individuo la que determina, en última instancia, cómo actúa o qué consume.

¿Son las condiciones materiales lo único que cuenta en el bienestar social?

Sin agua

Paloma Valencia Laserna

El País, Cali

Enero 16 de 2010

Los cronistas españoles hablaban de la exuberancia del río Magdalena. De sus narraciones se colige que era algo de proporciones impresionantes y que el agua abundante era sólo uno de los atractivos de sus orillas selváticas pobladas de variadísimas especies. De aquello sólo nos queda eso, las crónicas. El río se convirtió en un enflaquecido cuerpo de aguas turbias que ningún europeo envidiaría. Así pasó con los otros ríos otrora navegables, hoy tienen barcos encallados que ven pasar a su lado el río disminuido como una alcantarilla lenta y triste.

Colombia es un país rico en agua, pero no está donde la necesitamos. La mayoría de la población se asienta sobre la cordillera y el grueso de los recursos hídricos están en zonas poco pobladas al sur y oriente del país. Aquellos cauces que circulan por los asentamientos humanos están contaminados especialmente por aguas negras y son cada vez menos aprovechables. Además, los nacimientos de los ríos están descuidados. Los páramos -primordiales generadores- están azotados por la agricultura, la ganadería y la minería; todas ellas prohibidas, pero en creciente apogeo. Los cauces han perdido su cobertura vegetal y son explotados para material de construcción sin límites ni control.

Las consecuencias no hay que explicarlas, con el Fenómeno del Niño empezamos a vislumbrar su severidad. Los ríos han perdido su caudal, más de 200 municipios con la amenaza de quedar sin agua, en Cundinamarca 22 municipios requieren abastecimiento, en varios barrios de Cali y en los Santanderes hay racionamientos, en Pereira y sus alrededores más de 50.000 personas afectadas por la sequía del río Barbas, en Santa Marta y Ciénega se taladran pozos profundos, en lo que va del año más de 2.000 hectáreas quemadas por incendios, entre otros casos. Y según el Ideam éste es el inicio el verano.

Es un anticipo de lo que va a suceder con el calentamiento global. Los fenómenos como el Niño y la Niña serán mucho más frecuentes, la alteración de los patrones de lluvia y la temperatura afectarán ecosistemas fundamentales como los páramos, las selvas y los glaciares. La producción de agua tenderá a disminuir y debemos actuar ahora.

Los planes departamentales de agua son un hecho importantísimo, pues son el primer intento serio para cumplir con las Metas del Milenio. El Estado y las entidades territoriales han comprometido cuantiosos recursos para asegurar agua potable y el saneamiento básico, pero la infraestructura no es suficiente. Hace falta pensar en la continuidad del suministro y en la eficacia de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales de los hogares para frenar la contaminación. Parecería lógico reforestar los nacimientos y los causes de los ríos, no sólo los que usamos actualmente sino aquellos que podremos necesitar en el futuro. Implementar la tasa retributiva para que las empresas de alcantarillado utilicen plantas de tratamiento.

La normatividad para la protección, conservación y uso racional del agua existe, pero su implementación ha sido casi nula. El Viceministerio de Agua y las CAR están fallando gravemente. La escasez de agua -anunciada por el Ideam desde hace ya años- será cada vez más severa y aún no se hace nada.

Como país tropical estamos acostumbrados a las estabilidad y abundancia de los recursos naturales, pero el calentamiento global es inminente y exige una visión de largo plazo: planeación y ejecución.

Propósitos de año nuevo

Paloma Valencia Laserna

El País, Cali

Enero 02 de 2010

Este año se cumplen 2010 años de la era cristiana, 518 años del descubrimiento de América, 200 años de nuestra independencia, 21 años de la nueva Constitución, la primera década de este siglo e iniciamos con los ojos abiertos una época con antiguos y nuevos desafíos.

Como humanidad este será un decenio definitivo para replantear nuestra relación con el medio ambiente. A las consideraciones sobre nuestra capacidad de resiliencia ante el inminente fenómeno del calentamiento global, se deben sumar las reflexiones éticas sobre el derecho a la subsistencia de las demás especies. Estamos ad portas de un cambio de paradigma donde la supremacía humana conllevará responsabilidades sin antecedentes. El hombre requirió 20 siglos para dominar e imponerse a las fuerzas de la naturaleza y de ahora en adelante se trata de protegerla y conservarla.

Colombia inicia un decenio mejor que el anterior, pero plagado de retos. Extirpar el secuestro debe ser la prioridad. No sólo deben ser liberados de manera inmediata e incondicional todos los secuestrados tanto políticos como económicos, sino que el flagelo debe desaparecer. El secuestro es uno de los crímenes más atroces que se pueden cometer: se asemeja a la esclavitud en la pérdida de la libertad y de la autodeterminación propias del individuo y tiene las afrentas de la tortura, la extorsión familiar y social, y el efecto de terror que causa sobre las colectividades. La práctica del secuestro pone de presente el tenebroso accionar de abominables criminales; jamás podrá justificarlo ninguna ideología y es una afrenta a los pensadores de la izquierda europea que fueron humanistas que buscaban erradicar formas mucho más sutiles de esclavitud, como la alienación. Los árboles que sostienen las cadenas que amarran a compatriotas caerán bajo el peso de su propia concupiscencia.

La Seguridad Democrática debe avanzar decididamente. Nuestras fuerzas armadas que han hecho un esfuerzo extraordinario para enfrentar dentro de la legalidad una guerra irregular y narcoterrorista, merecen el respaldo de la Nación. Por supuesto que aquellos que portan las armas de la República y delincan deben ser sancionados; pero no podemos abandonar a quienes han cumplido con su deber y son víctimas de falsas y perniciosas acusaciones. Es inaplazable diseñar un sistema que garantice a esos servidores de la patria una defensa justa y le dé a la Nación la tranquilidad de que no defraudará a quienes ponen en vilo su vida por la seguridad que disfrutamos todos. ¿Qué sociedad seríamos si damos la espalda a quienes se sacrifican por la libertad y la institucionalidad? Más vale un culpable libre, que un inocente injustamente condenado.

La relación con EE.UU. requiere de ajustes: el TLC debería ser aprobado como muestra de respaldo a la economía legal de nuestro país. En el tráfico a las drogas, requerimos mayor cooperación; los recursos de los narcotraficantes que extraditamos deben regresar completos al país para ser destinados a las víctimas y desplazados derivados del narcoterrorismo. El Plan Colombia debería contemplar nuevos aportes para garantizar la seguridad y eficacia de la erradicación manual y el saneamiento ambiental.

En el contexto suramericano la Nación entera debe cerrar filas en torno al Presidente como símbolo de nuestra democracia y soberanía, es la mejor manera de cerrar también la boca del vecino comandante y sus aliados.

Calentamiento global

Paloma Valencia Laserna

El País, Cali

Diciembre 19 de 2009

Lo que se juega el mundo en las negociaciones del cambio climático no es despreciable. Es un fenómeno que, con independencia a lo que suceda, alterará de manera definitiva el planeta.

Si los líderes mundiales se ponen de acuerdo impondrán límites a los impulsos de desarrollo y crecimiento económico y estaremos entrando en una nueva fase histórica. La revolución científica, la revolución industrial y el desarrollismo serán transformados. Aquellas épocas que convirtieron la naturaleza en un objeto que utilizamos terminarán para dar paso a una naturaleza con consideraciones similares a las que se tienen con otro sujeto. Los esfuerzos por descifrarla ya no serán para controlarla, sino para atender su vulnerabilidad y fragilidad.

Si los líderes no alcanzan el consenso, el planeta vivirá una transformación física. Hoy en día todos los científicos coinciden en la inminencia del proceso de calentamiento global. La atmósfera se ha ido llenando de gases con efecto invernadero que impiden la salida de la radiación infrarroja (energía solar que el globo ha absorbido). Se trata de un fenómeno causado por el hombre, especialmente por la utilización de combustibles fósiles (como el petróleo) que produce CO2. La discusión científica a estas alturas se limita a la velocidad con la que ocurrirán los cambios, la magnitud de los mismos y los mecanismos para adaptarnos. Si los científicos más fatalistas tienen razón, seremos nosotros mismos quienes los presenciaremos y si no serán nuestros hijos o nuestros nietos.

En este contexto, la discusión de Copenhague no es fácil, pero además el tema tiene una serie de injusticias intrínsecas que lo complican aún más. Como lo hemos dicho, la causa fundamental del calentamiento global fue y es el desarrollo de las naciones -el proceso de industrialización-, pero las consecuencias no se limitan a aquellos países ‘responsables’. Por el contrario, los efectos cobijarán a todo el globo y en muchos casos se prevén más críticos para las naciones en vía de desarrollo. La capacidad de resiliencia está íntimamente relacionada con los recursos económicos, de manera que la adaptación y el bienestar de las naciones más pobres serán dramáticamente afectados por las acciones de las ricas.

Desde la perspectiva de cualquier sistema de responsabilidad es evidente que aquellas naciones deberían resarcir el daño causado. No se trata entonces de una contribución sujeta a condiciones ni de ‘una ayuda’, sino al reconocimiento de una obligación. Por eso, a pesar de que EE.UU. ofreció US$100 billones, no parecen aceptables los términos en que lo han hecho. Tampoco son claros los mecanismos mediante los cuales esos recursos serían entregados ni cómo serán administrados.

Otro tema que amplía el debate es la reducción de emisiones de los ‘nuevos’ grandes contaminadores. China e India, a pesar de estar en vía de desarrollo, ya tienen unas emisiones muy significativas. Es prioritario implementar mecanismos de producción limpia y, otra vez, estas tecnologías pertenecen a las naciones desarrolladas. Si bien parece injusto imponerles reducciones, el derecho al desarrollo no puede ir en detrimento del bienestar mundial; y al mismo tiempo la transferencia de tecnología -acordada desde las primeras convenciones- ha sido parca y poco efectiva.

Como consumidores tenemos que premiar con nuestra preferencia productos con consideraciones ambientales.

La decisión de los liberales

Paloma Valencia Laserna

El País, Cali

Diciembre 12 de 2009

El Partido Liberal se reúne para discutir mucho más que la estrategia que aplicará para las próximas elecciones. Se trata de un momento decisivo para esa colectividad. La situación del liberalismo se ha complicado en los últimos años. No hace mucho ese partido recogía un enorme grupo de ciudadanos que ideológicamente irradiaban desde el liberalismo -en el sentido tradicional de la palabra- hasta un socialismo pujante. La manifestación de esa incoherencia política fue el gobierno Gaviria: avalado por la teoría del libre mercado se privatizaron muchas empresas estatales y la apertura enfrentó la industria nacional con la internacional y paralelamente se incrementó el gasto estatal a niveles exorbitantes.

La contradicción de las posturas entre sus integrantes era evidente. Ello favorecía al liberalismo, que siempre encontraba entre sus huestes un candidato que se ajustara a las modas políticas. Para la democracia, en cambio, no era conveniente. La dinámica política se beneficia con partidos ideológicamente definidos y coherentes; los ciudadanos tienen claridad sobre lo que significa votar por cada uno, pues comprenden las consecuencias políticas de cada postura.

El país maduró políticamente y hoy tenemos propuestas concretas y serias de izquierda y derecha, pero ello fue en detrimento de los liberales. Cabe recordar que el presidente Uribe hacía parte de ese partido y éste no lo quiso acompañar en su campaña. Ese fue un error político, pero un acierto para la clarificación de la política. Surgió un espacio para concentrar junto a la figura de Uribe un proyecto de derecha. Al mismo tiempo, se consolidó el Polo Democrático con un proyecto de izquierda bien definido. Ambos se fortalecieron en la dinámica Gobierno-oposición. En medio de la indecisión, la base liberal se ha ido fragmentando: algunos hacia el Polo y otros hacia el uribismo. Es prioritario resolver su divagación.

Pueden intentar una corriente liberal -como en Inglaterra- donde ese partido sea una alternativa a aquellas dos tendencias; pero se trataría de un partido minoritario. Una opción de centro fue catalogada por el ex presidente Samper como un suicidio político, pues los extremos estarán siempre comiéndoselo. Él sugiere una sintonización con la conmoción ideológica que vive América Latina para la configuración de un proyecto de izquierda. Parece entonces que los liberales podrían estar pensando unirse a los movimientos bolivarianos. El éxito de una ultraizquierda está por verse, pues las modas del continente casi nunca coinciden con las nacionales.

Si el partido se une a Vargas Lleras estará ubicándose en una corriente de derecha y si lo hace con Pardo dará un viraje a la izquierda y se anuncia una unión con el Polo (aunque Pardo es fiel a la confusión liberal y fue hasta uribista). La cuestión es si el Polo va a permitir que después de tanto trabajo el liberalismo se alce con su lugar político.

Definirse será difícil, sobre todo porque hoy en día lo que es derecha e izquierda es confuso. Entre la derecha -cercana con los sistemas de mercado, un estado pequeño y visión de largo plazo- y la izquierda -abanderada de la intervención, el ente estatal como agente económico y atención en el corto plazo- hay un espectro de opciones infinitas. Pero los electores colombianos son cada vez más perspicaces y quieren posturas concretas y ya no paradojas que resultan en gobiernos impredecibles.

¿Delitos en la red?

Paloma Valencia Laserna

El País, Cali

Diciembre 05 de 2009

La captura del presunto organizador del grupo de Facebook denominado ‘Me comprometo a asesinar a Jerónimo Uribe’ plantea cuestiones de fondo: la capacidad de daño y el peligro de los medios electrónicos y la aplicación de la ley en un contexto de impunidad.

Podemos estar enfrentados a una nueva modalidad delictiva. Uno de los casos más sonados en EE.UU. es el de una madre que, buscando vengar los abusos que una adolescente había cometido contra su hija, se hizo pasar por un joven adolescente en la red. Enamoró a la niña y luego de romper con ella, la chica se suicidó. La red da a los usuarios la sensación de estar protegidos por el anonimato. La responsabilidad, que en mucho se refiere a predecir las consecuencias de nuestros actos, es difusa, pues la interacción con quien recibe nuestras ‘acciones’ es lejana. No la vemos ni sabemos cómo y hasta dónde circula. Esa sensación de irresponsabilidad que otorga la red debe tener límites, pues hay consecuencias, aunque no se hayan previsto.

En nuestro caso, al muchacho de 23 años se le atribuyen acciones que dibujan una personalidad desequilibrada: había hecho consultas sobre la familia Uribe en más de 1.400 oportunidades, coqueteaba con páginas de organizaciones terroristas como Al Qaeda y escribió mensajes en los que anunciaba su deseo de regalarse a las Farc y otro donde sostiene que en verdad quisiera que se materializara la amenaza contra los Uribe.

Muchos han criticado la captura, convencidos de que la aplicación de la ley en este caso tiene matices injustos. Sostienen que la amenaza no era real, sino un intento de protesta y chanza. Se supone que el hecho de que amenace a los hijos del Presidente, cuando él es sólo un estudiante de bellas artes, muestra su evidente debilidad. La mascarada de la insignificancia de los peligros se rompió el 11 de septiembre, cuando el mundo comprendió que aun objetos inesperados tienen capacidad destructora.

Vivir en Colombia nos hace tolerantes a sucesos y palabras que disuenan en las sociedades pacíficas. Se ha vuelto común para los connacionales decir “ojalá lo maten”; pero cabe recordar que precisamente en este contexto esas palabras tienen un valor más poderoso: pedir que maten a alguien es una semilla que en nuestra tierra retoña. Más aún, en este caso no sólo se dice sino que se hace un portal para que los adeptos a esa idea criminal interactúen y se apoyen. Lo que puede pasar hace parte de esa gelatina impredecible que se genera en la red, pero la peligrosidad de la conducta no se desdibuja.

Otro de los argumentos que convoca seguidores es la idea de que la injusticia radica en el hecho de que las penas no alcanzan sino a algunos de los criminales. Por supuesto que es algo incómodo que la justicia tenga una aplicación parcial, que parece selectiva en algunos casos, pero ello no desconfigura los hechos criminales. La falta de investigación de los casos de ‘Farcpolítica’ no excusa la ‘parapolítica’. Es menester ampliar, pero en ningún caso es posible pensar que la ineficiencia de la justicia pueda dar lugar a la impunidad total.

No sé si la conducta alcanza a configurar un delito; se trata de un mundo nuevo, donde la responsabilidad tiene otros matices. Pero el deseo de que los Uribe sean asesinados evidencia un proceso de interiorización de la violencia espeluznante; seguimos produciendo sujetos que se pretenden héroes vengadores a través del crimen.

Superhéroes contra el Imperio

Paloma Valencia Laserna

El País, Cali

Noviembre 28 de 2009

El Presidente venezolano se mueve entre unas paradojas imaginarias donde el mundo se ve en la simplísima dualidad malo-bueno. Él, por supuesto, ha de hacer parte del bando ‘bueno’, perseguido -como en un delirio paranoide- por monstruosos enemigos: el Imperio, Estados Unidos y cualquiera de sus aliados. La causa de los ‘buenos’ termina estando compuesta por quienes se pretenden enemigos del Imperio. Resulta en una alianza interesante, encabezada por Bolivia, Irán, Cuba, Rusia, Venezuela… fusionados en una identidad trasnacional definida contra EE.UU.

La confrontación tiene tintes que la caricaturizan. Por una parte, Chávez le vende su petróleo a Estados Unidos -su primer socio comercial-. No sólo resulta perturbadora la idea de que Superman tenga negocios con Lex Luthor, sino que Luthor decida financiarlo. EE.UU. no se da por aludido ante los embates. Vale recordar que desde el inicio de las confrontaciones ese país ha sido casi sordo a los gruñidos de Chávez. La imagen de un perro pincher ladrándole a un gran danés que duerme plácido es inevitable. La somnolencia americana es supina; incluso se ofreció como mediador entre Colombia y Venezuela sobre el asunto de las bases militares. El acto tiene matices ridículos, pues simula que el problema le es ajeno y finge que se trata de un lío entre niños. La guerra entre estos superhéroes contra el Imperio se desdibuja más bajo el mandato de Obama, que simboliza el Imperio que se transforma para incluir a los marginados.

Nosotros, los de la otra banda, sonreímos con las aventuras de los Superamigos, pero es hora de dar contexto a las cosas. Las andanzas serían divertidas si no estuvieran de por medio las insaciables compras de armas de Chávez -por una cifra desconocida que va desde US$2,2 a US$4,4 billones-, la configuración de milicias armadas de civiles que dependen directamente de él y la conformación de bases venezolanas en Bolivia para cumplir el olvidado propósito del ‘Che’ de desestabilizar Suramérica desde ese punto geográfico. Para mayor terror, la amistad con Ahmadinejad, el líder de un país extremadamente poderoso por su fortuna petrolera y su disciplina religiosa y que emprendió la búsqueda para desarrollar el poder nuclear, capaz de destruir el planeta entero.

Este elemento que también parece de tira cómica es una cuestión nada despreciable. Se trata de una realidad que atormentó las relaciones internacionales durante una época basta, pero que llegó a un estado de equilibrio. El nuevo poderío nuclear en manos de quienes tienen tan clara una guerra no es un juego. Los líderes de esas naciones están aunando fuerzas en un proyecto de largo plazo, donde el tiempo sólo los favorece. Las organizaciones multilaterales han mostrado la imposibilidad de contener los arrebatos soberanos. La desgastada diplomacia está convertida en un mecanismo inoficioso de escribir declaraciones que ni obligan ni dicen nada.

Colombia ya percibe la solidez de una aspiración expansionista y violenta. Para nuestra fortuna, Chávez avanza contra otras amistades del Imperio y amenazó a los israelíes. Y, por fin, hay un comunicado de EE.UU. que respalda a Colombia y critica a Chávez.

Menospreciar el enemigo es la falla más común de los derrotados.

Inteligencia a la inteligencia

Paloma Valencia Laserna

El País, Cali

Noviembre 21 de 2009

La inteligencia es una función del Estado, cuyo objetivo es proveer información útil y veraz para la adecuada protección de la Nación. Los enemigos internos de nuestro país -el narcotráfico y la guerrilla- son poderosos y han hecho del terrorismo un arma para buscar la inestabilidad social. Este conflicto implica golpes aislados y eventuales y no combates militares continuos. En este contexto, la capacidad de anticipación de sus acciones es prioritaria.

Al mismo tiempo, el confuso escenario internacional deja claro que las amenazas pueden ser también externas. Es un caso complejo; la soberanía de los estados vecinos representa un coto. Será inevitable definir una posición sobre el espionaje internacional. Si no lo consideramos aceptable, es necesario mantener actualizada información que -sin ser secreta- es útil y contextualiza nuestras relaciones; por ejemplo: las compras militares y la capacidad de combate de los vecinos y el seguimiento del contexto político y las declaraciones públicas de los líderes.

El diseño de una nueva agencia de inteligencia constituye un reto para la Nación, no sólo por la necesidad imperiosa que imponen nuestras circunstancias, sino porque deben evitarse los vicios que las entidades de este tipo tienden a generar.

Las actividades de las centrales de inteligencia se balancean en la tensión entre la necesidad de información y los mecanismos legítimos para obtenerla. La limitación -necesaria en todo ente democrático- no puede imposibilitar el acceso a los datos, pero éstos tampoco pueden justificar todas las acciones. Es posible distinguir varios niveles en los cuales los linderos merecen un análisis.

La inteligencia en muchos casos implica su trasgresión al derecho de intimidad de los ciudadanos. Más aún, la información -al ser secreta- imposibilita la posibilidad de controvertirla. La protección del colectivo debe ser moderada frente a los derechos individuales y viceversa.

Ahora bien, el Estado, como estructura de la que hace parte, también involucra cuestiones significativas. La función reglada de la administración pública -sólo puede hacerse lo que está permitido- encuentra muchos obstáculos en la reserva y la imposibilidad de predecir los escenarios del crimen. Pero será necesario diseñar procedimientos provistos de términos y controles internos muy severos para que se reduzca la injerencia del arbitrio del funcionario. Lo importante no es sólo que lo que se reporte debe ser fiable, sino que haya seguido conductos regulares.

El control plantea desafíos, pues el carácter confidencial de la información aleja la actuación de entes externos de vigilancia. Además de controles internos, debe haber una adecuada división de funciones.

La nueva agencia debe estar limitada a la consecución y reporte de información, que ha de ser previamente definida por otras instancias estatales y destinada a unas distintas. Esta división supone tener un plan de inteligencia que priorice objetivos y una última instancia de toma de decisiones en cuerpos distintos.

Equívocos o falsedades en lo reportado pueden tener graves efectos sobre la estabilidad social, por eso será ineludible vestir a la entidad con funcionarios del más alto nivel académico y seleccionados para que tengan estándares morales muy definidos. No debemos olvidar que la corrupción no es un mal abstracto, se trata de la conducta específica de un funcionario.