Óscar Ivan Zuluaga*
El Tiempo, Bogotá
Julio 29 de 2009
El 20 de julio pasado, el Gobierno radicó en el Congreso una propuesta de ajuste tributario que consta solamente de 12 artículos. No se trata de una reforma estructural, sino de tres cambios concretos en el Estatuto Tributario. ¿Qué hay detrás de esta iniciativa?
En los años 2009 y 2010, la dinámica de los ingresos del Gobierno se afecta por el impacto de la crisis mundial en el crecimiento y los precios del petróleo. Desde ese año y consistentemente con una recuperación gradual, los ingresos repuntan. Sin embargo, a partir del 2011 y mientras la economía alcanza tasas de crecimiento elevadas (superiores a 4,5 por ciento en las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo), los ingresos tributarios sufren un nuevo choque, al dejar de recibirse el actual impuesto al patrimonio.
En el lado de los gastos, el Gobierno insiste en la postura de proteger un nivel mínimo de inversión pública, aun en los años de recuperación económica lenta. Recordemos que los recursos públicos orientados a la inversión son los más productivos, pero, a la vez, al ser los más flexibles dentro del presupuesto, constituyen el rubro más susceptible de ser afectado en épocas difíciles.
Por ello, a fin de proteger la inversión pública sin producir un mayor incremento de la deuda, resulta crucial encontrar una fuente adicional desde el 2011, para dar continuidad a los programas de inversión social prioritaria y orientar un mínimo de recursos al sector de infraestructura. Pero, además, debe contarse con los recursos del Presupuesto para cubrir los gastos que dan continuidad a la política de Seguridad Democrática, que debe ser concebida de manera integral e involucrar las nuevas obligaciones derivadas de la reparación de las víctimas y los desplazados de la violencia.
De no encontrarse esta fuente de ingresos, el Gobierno tiene tres alternativas. La primera es reducir la inversión, para no acudir a un mayor endeudamiento, con las repercusiones económicas y sociales que ello tendría, en particular en un momento en que se necesita el impulso de la demanda pública. La segunda es proteger un mínimo de inversión pública a costa de un mayor endeudamiento (cercano a 0,4 por ciento del PIB anual o 2 billones de pesos al año), mientras la economía recupera tasas de crecimiento favorables. Esta alternativa podría enviar señales inconvenientes al mercado y desviar al Gobierno del objetivo de recuperar el grado de inversión. La tercera, la venta de activos, debe guardarse para llevar a cabo, de manera simultánea, las grandes obras de infraestructura vial, con el fin de elevar la productividad y competitividad de la economía.
En consecuencia, con una visión responsable de mediano plazo, el Gobierno ha propuesto un nuevo impuesto al patrimonio transitorio, entre el 2011 y el 2014, para los patrimonios líquidos superiores a 3.000 millones de pesos y con una tarifa del 0,6 por ciento; una reducción del porcentaje de deducción por inversión en activos fijos del 40 al 30 por ciento, y la eliminación de la concurrencia de este beneficio con el de Zonas Francas. Ello genera ingresos cercanos a los 2 billones de pesos por año a partir del 2011, lo que permite alcanzar el objetivo de proteger la inversión pública y conservar los incentivos a la inversión privada.
Esta propuesta no grava el consumo y en este sentido no es pro cíclica. Los sectores productivos han dicho sí al impuesto, lo que hace pensar que, en sus cálculos, este no afecta de manera significativa sus decisiones de inversión. Probablemente, el beneficio de contar con la infraestructura anhelada y un ambiente propicio para los negocios supera el costo del gravamen.
Esta propuesta no es una respuesta a una caída cíclica de los ingresos del Gobierno. La expiración del actual impuesto al patrimonio deteriora la posición fiscal estructural. Sería técnicamente inapropiado responder a ello con más deuda.