miércoles, 17 de diciembre de 2008

UN ESTADO FUERTE Y DEMOCRÁTICO PUEDE RESPONDER A LAS VÍCTIMAS.

Por: Darío Acevedo Carmona.

El Consejo de Estado, órgano importante del estado colombiano, acaba de condenar a la Nación, en cabeza del Ministerio de Defensa y del DAS, órganos muy importantes del Estado colombiano, por el asesinato del senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, miembro a su vez del Comité Central del Partido Comunista Colombiano. La sentencia alude a la desprotección en que incurrieron estos entes sobre un personaje amenazado y sobre quien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había demandado al gobierno de la época que se le diera la protección adecuada.

El gobierno saliente de la época era presidido por el hoy jefe del partido Liberal, César Gaviria Trujillo y era ministro de defensa el hoy precandidato liberal a la presidencia Rafael Pardo Rueda. El presidente Ernesto Samper y su ministro de defensa, Fernando Botero, apenas estrenaban sus cargos. El asesinato se produjo el 9 de agosto de 1994. Fue uno más de una larga cadena de magnicidios, delitos atroces contra la población y crímenes contra la Unión Patriótica y otros partidos.

Amplios núcleos del país y los gobiernos de la época clamaban por el cese de la violencia y se debatían en medio de la impotencia contra las fuerzas del paramilitarismo que reemplazan a las autoridades legítimas en la aplicación de justicia. La justicia privada se impuso en detrimento de la institucionalidad. De manera expedita y casi impune los grupos paramilitares y de autodefensas se constituyeron en freno a la expansión del proyecto fariano que para entonces se encontraba en pleno auge.

Casi 15 años después de aquella ordalía, Colombia vive una situación claramente distinta. Sin que la violencia haya desaparecido del escenario, el estado ha recuperado el control perdido, el proyecto paramilitar está desarticulado y las guerrillas -debilitadas por una exitosa estrategia de seguridad democrática-, prácticamente imposibilitadas de tomarse el poder. La ley de justicia y paz ha facilitado el conocimiento de verdades ocultas en los 20 años anteriores, se discute en el Congreso de la República, por vez primera, una ley de reparación integral de las víctimas. El Estado y el Gobierno dan la cara, responden, asumen responsabilidades por hechos que ocurrieron en gobiernos anteriores, propician la reconciliación y las víctimas cobran voz y personalidad. El miedo colectivo a hablar, a acusar y a exigir se desvanece. La izquierda democrática goza de garantías y de fortalezas no vistas en nuestra historia, edita periódicos, promueve paros, realiza marchas, exagera su retórica anti gubernamental casi hasta el odio, el partido comunista hizo un congreso hace pocos días después de muchos años sin poderlo llevar a cabo y el Polo obtiene copiosas votaciones.

La guerrilla y el paramilitarismo como proyectos de poder han fracasado, pero la paradoja es que sus principales beneficiarios, la izquierda civil, no se lo quieren creer. Todo está dado para doblar la página y redefinir la agenda nacional, pero el Polo, el liberalismo (gobernante en la época de mayor violencia y masacres), y algunas Ong humanitarias, en vez de contribuir a dar ese giro, se detienen en la injuria contra el gobierno y contra el presidente que ha propiciado un clima de garantías y tranquilidad. El hijo del senador Cepeda encabeza una furibunda campaña contra el estado al que llama criminal y publica un libro lleno de suspicacias sobre el presidente Uribe. Pero no sabemos si se pondrá guantes de caucho para recibir la indemnización ordenada por ese estado en el que no cree y del que denigra a placer. No hay comprensión sobre la imposibilidad de alcanzar una satisfacción total, cien por cien, a las demandas de verdad, justicia y reparación, gobierne quien gobierne y en cambio se azuza irresponsablemente a las víctimas desde un espíritu vengativo contrario a la reconciliación.

Nadie debió ser asesinado ni perdido sus tierras ni abandonado su habitat ni ser desaparecido ni secuestrado por el estado. Tampoco por los paramilitares o por las guerrillas. Nadie debió haber sido asesinado en razón de sus convicciones políticas, ni el estado debió dejarse debilitar en el ejercicio de la autoridad e infiltrado tan profundamente por grupos al margen de la ley. Ningún partido u organización de la sociedad civil debió ser proclive a simpatizar con guerrillas o paramilitares. Por lo mismo, el apoyo y justificación de la combinación de todas las formas de lucha debiera tener un nivel de responsabilidad en la tragedia humanitaria que nos afectó y que aún muestra sus coletazos.

Para los partidarios de un fin del conflicto imbuido por el ánimo de la reparación, la verdad y la justicia, es claro que el horizonte de las nuevas leyes y medidas al respecto han de estar impregnadas por el espíritu de la reconciliación y la convivencia. No debe, entonces, haber lugar para la venganza, para el odio o para el resentimiento. El fallo del Consejo de Estado en el caso Cepeda es una lección para que quienes no creen en el estado, lo descalifican y lo condenan, entiendan que el estado es mucho más que el gobierno de turno, es la expresión de la voluntad y del interés general, pero que tampoco tiene poderes infinitos como para encarnar la perfección. Ojalá esa lección sea asimilada por quienes han convertido el dolor de otras víctimas en pretexto para denigrar del estado, para avivar las llamas de la venganza y para hacer proselitismo. Al fin de cuentas, este conflicto fue ganado por una política de fortalecimiento del estado de derecho y sin la instauración de un gobierno totalitario. Y el estado ganador acaba de dar una demostración de justicia sin esperar a que la interpretación ética de las acciones de todos los protagonistas del conflicto permita aclarar la responsabilidad política de quienes de una u otra forma depositaron su confianza en el camino de las armas.

Diciembre 11 de 2008

martes, 16 de diciembre de 2008

"Si el 2008 fue el año negro de las Farc, el 2009 lo será para el Eln": General Óscar Naranjo.

Óscar Naranjo, director general de la Policía.

En entrevista con EL TIEMPO, el Director General de la Policía revela que la justicia norteamericana va por 19 'elenos' (varios del Coce) y considera que 'no es tiempo de triunfalismos con las Farc'.

EL TIEMPO: ¿Están las Farc en verdad en un punto de no retorno? Óscar Naranjo: Ellos han acumulado unas derrotas estratégicas: tres miembros del secretariado ya no están, se desmovilizó 'Karina', su símbolo de la barbarie, y adicionalmente llegó 'Isaza' con un secuestrado...

Estos son elementos sintomáticos de descomposición: perdieron el mando y el control. Las Farc ya no solo son una organización aislada en términos políticos internacionales sino también aislada entre sus frentes. Pero lo que hicieron en Arauca y en el Caguán esta semana demuestra que tenemos que obrar con mayor inteligencia, sin triunfalismos. Y estar atentos a la transformación de una organización que va a tener en el terrorismo su único recurso para asegurar visibilidad pública.

¿Hay planes de las Farc para atentar en grandes ciudades?
'Alfonso Cano' ha acreditado una fama al interior de las Farc como un vocero político y quiere dar demostraciones de fortaleza y de radicalismo terroristas más grandes que las del mismo 'Jojoy'. Distintas ciudades han sido objeto de incidentes terroristas. Para citar un caso, solo en Bogotá, este año, la Policía ha desactivado más de 38 artefactos explosivos que tenían como propósito causar conmoción colectiva urbana. En otra operación, denominada Barricada Sur, se neutralizaron ingresando a Neiva y a Florencia siete carros bomba que iban a ser instalados en plenas fiestas de esas ciudades.

¿Qué pasa con el Eln?
Si el 2008 fue el año negro de las Farc, el 2009 lo será para el Eln. Por primera vez en mucho tiempo autoridades colombianas y norteamericanas hemos acreditado pruebas y recaudado material para que se inicien procesos de judicialización con fines de extradición.

¿De cuántos expedientes estamos hablando?
Son 19 por narcotráfico y secuestros que afectaron intereses norteamericanos.

¿Hay en esa lista miembros del Coce (Comando Central Conjunto del Eln)?
Sí, van a ser afectados (con órdenes de extradición) algunos de sus miembros.

¿Qué agencia norteamericana lleva el caso?
El FBI. Su director estuvo acá y se entrevistó con el presidente Álvaro Uribe, el ministro de Defensa, el Fiscal general y con nosotros. Ese proceso dará resultados de alto impacto estructural para que el mundo conozca que el Eln no es una organización insurgente sino un grupo dedicado al secuestro que ha incursionado en el narcotráfico. Un informe reciente de la Corporación Arcoiris denuncia que las nuevas bandas están creciendo.
¿Cuántas personas están en esos grupos?
Se ha implementado un sistema de monitoreo sobre bandas emergentes denominado Mebeg. Este lo conforman por lo menos 17 instituciones nacionales y extranjeras que cuentan con el acompañamiento de la OEA. A lo largo de estos meses hemos tenido por lo menos 32 reuniones de verificación para constatar cuál es el estado real de esas bandas criminales. Nuestro resultado dista mucho del estudio de Arcoiris. Para nosotros hay 16 bandas criminales integradas por 2 mil delincuentes. Para nosotros el número de municipios afectados es de 94 en 16 departamentos. El Presidente pidió públicamente la captura de 'don Mario', 'Cuchillo' y el 'Loco Barrera'.
¿Qué tan cerca estamos de verlos presos?
Preferimos no especular, sino presentar resultados.
¿Hay miembros de la Fuerza Pública trabajando para ellos?
No puedo declarar que estos delincuentes no han permeado a algunos sectores de la Fuerza Pública; incluso de mi propia institución. Este año, más de 1.200 de nuestros hombres en cargos sensibles a la corrupción han ido al polígrafo. Me refiero a especialidades como inteligencia, policía judicial, tránsito y transporte, puertos y aeropuertos, aduanas...

¿El resultado?
La inmensa mayoría ha superado el examen y en algunos casos hay duda. Pero es una duda que hemos capitalizado para que ese funcionario nos cuente dónde pudo haber enfrentado un dilema ético y hasta dónde pudo haber ayudado o no a un antisocial. Han salido 110 policías.

¿Por qué dice usted que la plata de las pirámides pudo ir a financiar terrorismo y narcotráfico? Cuando uno revisa el mapa de los departamentos afectados por pirámides, de manera sorprendente se encuentra que convergen intereses del narcotráfico y de las Farc. Uno piensa por qué precisamente Putumayo, Nariño, Cauca, Huila y Caquetá... Por qué justamente en zonas donde hemos incautado bienes y dinero en efectivo. Y por otro lado si uno revisa el nivel de incautaciones de cocaína este año, uno podría concluir que hay falta de liquidez como resultado de la incautación histórica (van 116 toneladas métricas de droga).

¿Hubo policías enredados con la pirámides?
En Putumayo, todo indica que un oficial sirvió de promotor y en todo caso fue omisivo a la hora de impedir que personas que lo consultaban hicieran depósitos en estas captadoras ilegales. Llevamos 20 destituciones por procedimientos irregulares; pero hay que resaltar que somos la primera y única institución que conozco hasta ahora que ha hecho públicas estas decisiones. Hay que ver qué tan comprometidos están otros sectores de la sociedad. Mientras nuestra emisora en Pasto, de septiembre hasta hace una semana salió al aire con 2.170 emisiones publicitarias diciéndole a los nariñenses 'no inviertan en pirámides', otros medios de comunicación recibieron pauta invitando a invertir en DMG.
JAIRO FIDEL LOZANO Y HÉCTOR VELOZA CANO REDACCIÓN JUSTICIA – El Tiempo – Diciembre 14 de 2008

lunes, 15 de diciembre de 2008

La colombianización del ultrafeminismo radical.

Por: Jaime Restrepo Vásquez.
Director de Atrabilioso.

No es redundancia: hay personas que son simplemente feministas. Hay otras que llevan sus posiciones a los extremos y que desarrollan sus ideas en un combate permanente en el que detectan enemigos en los sitios más inesperados. Y el ultrafeminismo radical, que eleva el ultrafeminismo a una potencia casi infinita, encarnado en la figura menuda de Florence Thomas, la columnista de El Tiempo.

En días pasado, Florence Thomas demostró que su cruzada feminista se colombianizó. En su última columna, la señora Thomas amenazó al Polo Democrático Alternativo con abandonarlo y “seguir sola”, si ese partido acompañaba a Alejandro Ordóñez en su aspiración de convertirse en Procurador General de la Nación.

Para Florence, las convicciones religiosas del nuevo Procurador General de la Nación, a las que califica como retrógradas, son un peligro para la democracia, los derechos humanos y los intereses de la sociedad. Ordóñez no se ha posesionado, pero ya la señora Thomas asegura que actuará en detrimento de los derechos de las mujeres, de los homosexuales y de las identidades étnicas.

Ella está escandalizada de que el Polo transe con el Opus Dei y afirma que “es inadmisible que un movimiento que agrupa a una importante base de mujeres y de población LGBT pueda aliarse con los discípulos de Escrivá de Balaguer”.

Evidentemente en el proceso de colombianización que está padeciendo Florence Thomas, ella se muestra radical y amenazante porque su partido respalde a un hombre que prefiere un crucifijo a un cuadro de Francisco de Paula Santander y le generan un profundo malestar las creencias y prácticas religiosas del nuevo Procurador Alejandro Ordóñez.

Es más: amenazó con quitarse “la camiseta amarilla” si el Polo respaldaba, como ya lo hizo, al ex magistrado. Sin embargo, la muy colombiana Florence Thomas no ha musitado palabra al compartir partido con gente que secuestró y asesinó mujeres como el M-19 y se hace la de la vista gorda cuando Carlos Gaviria califica como delito altruista el reclutamiento de niñas para atender las necesidades sexuales de los comandantes y de las Farc.

Para Florence Thomas no hay problema en ponerse la misma “camiseta amarilla” de Yesid Arteta, el terrorista de las Farc que una vez cumplió con su condena, fue a parar al congreso ideológico del Polo Democrático Alternativo. Tampoco siente el menor resquemor de enarbolar la misma bandera del hermano de alias ‘Alfonso Cano’… esas, dirá la ultrafeminista radical, son indelicadezas menores frente a las creencias de un Procurador General de la Nación.

La ingenuidad e ignorancia de la señora Thomas son tan atrevidas que no se ha detenido a pensar que ella y las suyas y suyos respaldan a un partido que tiene los mismos principios y prácticas del estalinismo soviético, que persiguió de manera implacable, oficialmente desde 1930, a mujeres, homosexuales y lesbianas. ¿Sabrá Florence cuántos de los antecesores de los que dice defender, pasaron por las cárceles del comunismo soviético en la URSS y en Polonia, para solo mencionar dos casos?

Sin embargo, parece que la señora Thomas confunde la izquierda europea con ese engendro que han denominado la izquierda democrática latinoamericana, y en una visión benevolente, asegura que “si algo caracteriza a las izquierdas europeas hoy es su postura radical frente al debate moral y ético.” ¿Desde cuándo el Polo es asimilable a las izquierdas europeas de hoy?

Florence Thomas le exige a su partido que asuma una postura radical frente al debate moral y ético, pero antes de censurar a un ciudadano por sus creencias religiosas (simple intolerancia izquierdista) debería cuestionar con furor a su partido por no ser ni amigo ni enemigo de las Farc –como lo dijo el senador del PDA Jaime Duzán-, por mantener una posición tibia, vacilante y poco creíble frente a las acciones armadas del terrorismo, o frente al reclutamiento de menores y a la utilización de las mujeres como botín de guerra o sirvientas sexuales de los “distinguidos” mandos de las Farc.

Ese debería ser el debate moral y ético que la ultrafeminista radical tendría que estar exigiendo, pues mientras Florence está aterrada por la posibilidad de que el Procurador se interponga en temas como el aborto, el Polo califica como crimen altruista el obligar a abortar a las guerrilleras que resulten embarazadas.

Lo dicho: Florence Thomas se colombianizó y ahora exhibe sin pudor la doble moral que tanta sangre le ha costado a este país.

AL CIERRE: Quiero agradecerles a todos los miembros del Centro de Pensamiento Primero Colombia por la posibilidad de escribir en este blog. Dios mediante nos encontramos el próximo año en este mismo espacio, para seguir en el planteamiento y debate de las ideas que construyen democracia. Para todos, mis mejores deseos y que la Natividad sea fuente de inspiración integral en nuestras vidas.

viernes, 12 de diciembre de 2008

Ex guerrilleros pidieron perdón a sus víctimas.


“9 años de ausencia que parecen un día”
Por: John Harold Sánchez

Aurentina Bedoya preguntó a los ex guerrilleros del ELN y las Farc por la suerte de su hijo Juan Diego, desaparecido hace nueve años cuando fue a hacer una carrera a Urrao.

Foto: Angela Patricia Zapata

Los 120 integrantes del movimiento Manos por la Paz, conformado por ex guerrilleros de las Farc y del ELN presos en la Cárcel de Bellavista, pidieron perdón a los familiares de sus víctimas, en un acto que se cumplió ayer en ese penal.

Miguel Mena, un soldado profesional que perdió una de sus piernas por la explosión de una mina antipersona durante una operación militar en San Pedro de Urabá, llegó apoyado en su prótesis hasta el centro del escenario para estrechar lo que quedó de la mano del ex guerrillero del ELN John Jairo Jaramillo, quien la sacó barata al explotar un artefacto que manipulaba hace cinco años en El Carmen de Viboral.
Ese abrazo simbolizó el perdón y la reconciliación que se juraron víctimas y victimarios que ayer conmemoraron el primer aniversario de Manos por la Paz. Al ver ese gesto, Darío Sierra se levantó y reclamó la verdad sobre lo ocurrido con su padre Joaquín Emilio, secuestrado por las Farc el 8 de mayo de 2003 en Mutatá. Lo mismo hizo Aurentina Bedoya, quien al término del evento se reunió con algunos de los ex guerrilleros de las Farc y del ELN para preguntarles por la suerte de su hijo Juan Diego Bedoya, desaparecido desde el 31 de mayo de 1999. “Si ellos han cogido o han visto a nuestros hijos que nos digan dónde están, porque yo los perdono y sé que si nosotros los perdonamos Dios también lo hará.
Lo único que quiero es que me digan donde está, vivo o muerto para quitar este desasosiego. Son 9 años y para mí es como si apenas hiciera un día que se me fue mi muchacho”, anotó la afligida madre. Los ex guerrilleros, por su parte, reiteraron el compromiso asumido hace un año de renunciar a esas organizaciones armadas y solicitar su inclusión en la Ley de Justicia y Paz.
El asesor de Paz de la Vicepresidencia para Asuntos Carcelarios, Mario Agudelo, explicó que los ex guerrilleros “pidieron su inclusión en esta Ley para trabajar por la reparación de las victimas, la reconstrucción de la verdad histórica, y la reconciliación”. Aparte de la posibilidad de que se les reconozca una desmovilización colectiva desde las cárceles, expresaron su interés de contribuir en el desminado de varios municipios del Oriente.

Tomado de: El Mundo, 11 de diciembre de 2008

jueves, 11 de diciembre de 2008

“GRACIAS A DIOS, SOY INOCENTE”

Por: Rubén Darío Quintero Villada.

Ya llevamos más de 8 meses de estar privados injustamente de Nuestra Libertad. Cada día estoy más convencido de Nuestra inocencia y las pruebas que reposan en el expediente, lo reafirman más.

No existe un solo testimonio, ni ningún otro medio de prueba, que de manera directa señale ninguna relación y menos acuerdo Nuestro con grupos al margen de la ley para las elecciones del año 2002. Ni con sus cabecillas (como Ellos lo han NEGADO en varias diligencias judiciales), ni con ningún lugarteniente, ni militante raso.

Siempre desde hace más de 20 meses, que empezó esta pesadilla, dije, que esa falsa imputación nadie la podría probar, porque esos hechos nunca sucedieron y menos para esa época; que no sabía de la existencia de esos grupos y cabecillas al margen de la ley, ni tampoco de relación alguna con los políticos de la región de Uraba. Ese mismo grupo político que nos acompaño a Nosotros en el 2002, había alcanzado en el Eje Bananero una curul a la Asamblea con el líder, del Polo Democrático Gerardo Vega en el 2000; y apoyo por decisión mayoritaria, en el 2003, al Dr. Aníbal Gaviria a La Gobernación de Antioquia, derrotándonos a Nosotros.

Por otra parte, existe un testigo falso, que la propia Corte solicitó investigar, que no tiene ninguna prueba directa en contra Nuestra, pero que a oídas, o con suposiciones inverosímiles, busca mantenerse como testigo protegido y pagado por El Estado en Bogotá, donde está actualmente; ya varios testigos lo han desenmascarado, e incluso, como en días recientes lo declaró extra-juicio un Ex -alcalde de Arboletes: busca más testigos en contra Nuestra, tratando de hacer méritos, para ser enviado con su familia al exterior( tal vez a Canadá), como testigo protegido, y con más beneficios, sin importar que está generándonos esta tragedia a una persona completamente inocente.

Quienes nos conocen saben de Nuestra rectitud en todos los procesos electorales en que hemos participado, que nunca hemos acudido a acuerdos políticos con grupos al margen de la Ley; que los cerca de 700.000 votos que hemos obtenido en los ejercicios electorales en que hemos participado han sido el producto de un trabajo transparente, limpio, sin pausa, con dedicación y humildad.

Impotencia siento al estar pagando por un delito que nunca he cometido, por unos hechos que no sucedieron, sin ninguna prueba y que simplemente por unas conjeturas o suposiciones, que la Justicia valoró en contra Nuestra, hoy injustamente esté privado de la libertad. Además por un delito que no existe en la modalidad de agravado y que por ser simple, nos daría, en el peor de los casos, el derecho a la libertad provisional, como sucedió con El Senador Velasco.

Al renunciar al Senado, tomé la decisión más difícil en mi vida, fui el último en convencerme para dar este paso, buscando asegurar garantías Constitucionales y Legales, que tienen todos los Colombianos, menos nosotros los Congresistas, como la doble instancia; que el proceso penal lo conozcan al menos varios operadores jurídicos ( Fiscalía y Justicia ordinaria) ; que sea diferente quien lo acuse , de quien lo juzgue; o como sucedió en este proceso, para tener el derecho a la defensa que consideré se violó en la última instancia en La Corte.

He dicho y así me he comprometido en mi fe, que como buen Cristiano, perdonare a los que nos han ofendido, especialmente a quienes nos han causado esta tragedia.

En este drama me ha fortalecido, la seguridad de Nuestra inocencia, la Fe en Dios y la extraordinaria solidaridad de tantas personas, muchas de las cuales, nunca imagine tuvieran ese gesto con Nosotros. Me reconforta las cerca de 20.000 firmas que nos respaldan, los 1.200 jóvenes que en la página facebook dicen: “YO CREO EN RUBÉN DARÍO”, las personas que han tenido la posibilidad de visitarnos, los diferentes mensajes que recibimos por tantos medios y otras manifestaciones de apoyo.

Tengo la seguridad, de que las personas que Nos conocen, tienen la convicción de que estoy diciendo la verdad y Yo les doy la certeza de la misma y por eso con total seguridad reitero:”GRACIAS A DIOS, SOY INOCENTE.”.Espero, que como dice la Biblia: “la verdad Nos hará libres”.

miércoles, 10 de diciembre de 2008

Memorias de guerrillero

Por: Dario Ruiz Gómez

Al leer las memorias de León Valencia en el ELN, yo esperaba que, como el politólogo a que aspira ser, me resolviera preguntas como éstas: ¿Debido a qué, dirigentes como los Vázquez Castaño, comenzaron, en medio de la locura, a fusilar a los mejores representantes de ese movimiento, como Lara Parada, Jaime Arenas, Julio César Cortez?
Cuando Marx se refiere al revolucionario absoluto agudamente describe a éste como quien comenzó destruyendo la sociedad burguesa y continúa sin darse cuenta de que ya no tiene nada que destruir pero sigue matando. La selva los aísla, un marxismo tomado como religión y no como una metodología para desvelar la realidad, convierte a estos revolucionarios en insanos mesías de una secta laica que lucha por “reivindicar a los pobres”.
¿En qué momento estas perturbaciones mentales dejaron de ser políticas para volverse patologías de psicóticos, paranoicos que fusilaban hasta la sombra?

Un proyecto político no puede separar el entusiasmo de la autocritica permanente, tal como Marx lo indica cuando se pasa de la guerrilla al bandolerismo. Otros interrogantes: ¿Dónde están presentes los habitantes de estas regiones a quienes retóricamente se quería dar voz? Jamás ni las Farc ni el Epl, ni el Eln plantearon el problema del otro, todos han asesinado sin ningún escrúpulo a cientos de dirigentes indígenas.
Este desligue de la realidad y el seguimiento ciego de teorías inventadas, pues la versión que de Marx hace el Eln no es más que retórica, demuestra pues ya un problema insoluble. ¿Por qué el Eln, de claro origen universitario, llega a caer en los más feroces extremos asesinando a destajo a ciudadanos campesinos, secuestrados? Una práctica característica del Eln consistió en asesinar a sus rehenes en el momento de ser entregados a su familia.
Pero hay más, grupos como el “Pedro León Arboleda” en el Oriente Antioqueño se dedicaron a ejecutar terribles matanzas sin sentido alguno, a la práctica desaforada del secuestro. Recordemos las orgias de sangre que durante años repitieron en La Unión, Rionegro, Carmen de Viboral. ¿Quién responderá por estas víctimas? ¿Cómo olvidar lo que se llamó “pelear durante años y años contra un tubo”?
Los cientos de asesinados en la región de Coveñas, los fusilamientos irracionales de vacas, las grandes demostraciones de ferocidad en los Santanderes? Recuerdo la grandeza del ex ministro Argelino Durán, quien se negó a seguir comiendo hasta morir como protesta contra los criminales que lo plagiaron.
¿Qué médico del Eln y a causa de qué le sacó el hígado al anciano? Aquí se confirma la dirección en una política guerrillera basada en el asesinato de la población civil, en el terrorismo. León Valencia debería contestarnos estos interrogantes, ubicarnos esas fosas comunes. Esto es lo que un politólogo debe responder en el momento de enfrentar su pasado inmediato, el porqué se cayó en esta insania terrible cuyas víctimas deben ser igualmente reparadas como las de los paramilitares. El enfoque que condujo a Regys Debrais a denunciar lo que se esconde detrás de estos proyectos de barbarie, que como sabemos condujo a un sector de la iglesia católica a apoyarlos y luego a tratar de ocultar sus crímenes.
El politólogo por lo tanto debió referirse a lo que supuso la deformación perversa de un proyecto político que pudo ser justificado en su momento. León Valencia escribe las memorias de un muchacho lleno de rabia ante la injusticia social y se dedica a relatarnos en un desabrido estilo sus itinerarios personales, su vida en la guerrilla y lo hace con la moral del buen militante, olvidando que una cosa es la inteligencia crítica y otra las buenas intenciones.
Valencia logra percibir que con la caída del muro de Berlín, el socialismo se ha derrumbado y lo hizo porque no creó una sociedad humana sino una tiranía de terror y de muerte. ¿No es esto lo que han hecho los distintos grupos guerrilleros en Colombia? ¿De quién salió la propuesta de sembrar de minas los caminos, las cercanías de las escuelas e iglesias matando diariamente a inocentes? Patología del rencor del falso revolucionario. No lloro por la muerte del guerrillero que mata la policía cuando iba a entregarles a otros conmilitantes una máquina de guerra.
Lloro cada día por las madres y niños que vuelan destrozados por las minas, lloro por los campesinos que siguen siendo exterminados con una ferocidad impresionante. Lloro por la toma de Saiza durante la segunda masacre a esta población, por cuenta del EPL y las Farc. O sea que para el verdadero historiador no es el recuento de fechas, de lugares y personajes, no es la memoria personalizada lo que cuenta, sino, aquello que está detrás de estos personajes siniestros y sus decisiones acerca de la vida de la población civil a nombre de una utopía corrupta.

martes, 9 de diciembre de 2008

Así se mata la paz.

Por: Fernando Londoño Hoyos.
Liduine Zumpolle es una mujer extraordinaria. Y tiene para nosotros una extraña condición. Y es que siendo extranjera, viviendo en el extranjero, trabajando en el extranjero, ama a Colombia como difícilmente habrá otro que la ame.
Si obras son amores, lo que está haciendo esta ciudadana belga, otrora encargada de la ONG Pax Christi, y ahora comandando el frágil grupo que encabeza, y que se llama Manos por la Paz, excede los términos normales de la devoción, del afecto, de la generosidad por una causa y un pueblo.Contra viento y marea, y vaya vientos y mareas que han querido atajarla, se ha propuesto conseguir el más sencillo pero extraordinario hecho de paz que pueda pensarse para Colombia.
Gracias a su tesón, y al de quienes la acompañan en la empresa, tiene no menos de 600 antiguos guerrilleros de las Farc, que pudieran ser más de mil, purgando penas en cárceles colombianas, dispuestos a insertarse en la vida civil, renunciando a su pasado, reconociendo sus culpas, contando la verdad de esa colosal impostura que las Farc representan, y pagando las penas que de acuerdo con las leyes vigentes les cupiera pagar.
Cualquiera entiende el riesgo que están corriendo los que se han atrevido a decir que no quieren saber nada de esa organización maldita, reducida hoy al triste papel de cartel de cocaína, y se han dicho dispuestos a denunciar sus obras, sus técnicas, su organización y sus redes de cómplices y auxiliadores. Han llovido sobre sus cabezas sentencias de muerte, que han desafiado con estoicismo. No hay injuria que se les haya economizado, ni amenaza que no hayan recibido, ni anatema del que no hayan sido víctimas.
Pero siguen impasibles, resistiendo esos embates con la entereza de aquellos a los que la vida no les deja otro camino que el del heroísmo.¿Qué hace falta? Nada. O casi nada. El Gobierno nacional ya expidió el decreto que permite esa desmovilización y abre las puertas a ese extraordinario ensayo por la paz de Colombia. Pero a los ministros del Interior, desde el doctor Sabas Pretelt, pasando por Carlos Holguín y rematando con Valencia Cossio, les ha importado una higa la iniciativa. Señal de que no la quieren entender, porque damos por supuesta su limpieza de corazón y su patriotismo.
Y por eso la señora Zumpolle, con una tenacidad que asombra, con un valor que edifica, con una resolución que ilumina, se sigue arrastrando por los pasillos del Inpec y del Ministerio, esperando el próximo formulario, la próxima visita, el próximo requisito. Los ministros han hecho lo que hacen los ministros cuando no quieren hacer nada.
Y es dejarlo todo en las manos ineptas de los directores del Inpec.Oír a la señora Zumpolle hablar de sus experiencias con el general Morales es como recoger material para un nuevo Kafka. Solo que ahora el procesado no es un hombre, sino un pueblo, esta Colombia adolorida a la que se le niega el viático sagrado de la paz. Y Liduine sigue en pie de lucha, y con ella centenares de ex guerrilleros que han tenido el valor para decir que no cuenten con ellos en intercambios humanitarios, ni de ningún tipo.
Porque liberados sus corazones de las Farc, contritos y dispuestos a la expiación y abiertos a la dura prueba de la verdad, solo quieren hablar de una nueva vida, para ellos, sus familias y sus víctimas, a través de un proceso abierto y franco de reconciliación y de esperanza.Y uno se pregunta si nadie le abrirá camino a la iniciativa de Liduine Zumpolle. Porque la paz es también un campo minado. Por ahí no pasa nadie. Buscamos algún voluntario que pueda y quiera decirle al Presidente, que están llamando a su puerta con un problema tan grave como el de las 'pirámides'. Solo que mucho más promisorio y que todavía puede remediarse a tiempo.
Debate Nacional

lunes, 8 de diciembre de 2008

¿Qué se puede esperar de la justicia colombiana?

Por: Jaime Restrepo Vásquez.
Director de Atrabilioso.

Cuando alguien se enfrenta a la justicia, una dosis importante de incertidumbre se apodera de esa persona, pues son conocidas las condenas contra gente inocente.

En días pasados la Corte Suprema de Justicia condenó a dos congresistas por concierto para delinquir agravado, por sus supuestas relaciones con el paramilitarismo. Y digo supuestas, porque un informe de la revista Cambio deja muy mal parado al máximo tribunal judicial colombiano:

“Hasta el viernes pasado, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema sesionó en Quibdó, Chocó, los senadores Juan Manuel López Cabrales y Reginaldo Montes estaban absueltos. La votación era cinco a favor y cuatro en contra. Pero el tema siguió discutiéndose porque había temor sobre las posibles consecuencias legales que podría traer la absolución: una demanda administrativa por la detención injusta de los congresistas durante más de 14 meses. En el caso de 'Juancho' López, se impuso la tesis de la condena por el testimonio de Salvatore Mancuso, al que le dieron total credibilidad.”

Ni más ni menos esto significa que la Sala Penal de la CSJ incurrió en una conducta aberrante frente a dos sindicados, pues no profirió el fallo ante la fuerza de la carga probatoria sino por simple conveniencia al tratar de protegerse de sendas demandas por mantener a dos ciudadanos encarcelados sin evidencias sólidas. Lo que dice Cambio debería despertar la indignación de los ciudadanos, pues de lo que se trata es del abuso del poder judicial en contra de la libertad de los colombianos.

¿Se puede confiar en el poder judicial después de semejante exabrupto? Evidentemente la ciudadanía ve con suspicacia a los jueces, pero situaciones como la mencionada, plantean la urgencia de una fuerte reestructuración del aparato judicial colombiano.

Claro que la justicia nacional no se quedó solo con la condena de dos ciudadanos contra los que no existían evidencias contundentes. Unos días después el Tribunal Superior de Bogotá decidió anular las pruebas recaudadas en el computador del jefe de las milicias urbanas de las Farc ‘Carlos Antonio Lozada’, asegurando que el material “no fue debidamente custodiado y pudo ser manipulado”.

Con esta decisión, una supuesta infiltrada de las Farc en el Ejército está ad portas de ser excarcelada y se pueden caer investigaciones tan importantes como el atentado contra la Escuela Superior de Guerra.

Para los ignorantes magistrados resulta fácil proferir resoluciones judiciales desde los escritorios y cuestionar los procedimientos en las cómodas y seguras oficinas de Bogotá, pues en ese estrecho mundo en el que viven, no tienen idea de los pormenores de un operativo en plena selva y en medio de un combate. Para los magistrados, recoger un computador en las postrimerías de una escaramuza es lo mismo que llegar con un pelotón a una casa citadina, ver el despliegue de los uniformados para guardar el perímetro, entrar con una orden de allanamiento y, con guantes, depositar en bolsas casi asépticas, un computador o una memoria USB.

Ellos, los magistrados, pretenden que en medio de un feroz combate, los hombres que encuentren un documento, o un computador, salgan de inmediato de la zona, aborden una nave supersónica y lleven el aparato con total prontitud ante las autoridades judiciales. Dirán los cómodos jurisconsultos, que 15 minutos es demasiado tiempo para que una prueba sea sometida a la cadena de custodia, pues en su infinito desconocimiento, creen que todo debe funcionar exactamente igual a los procedimientos que se adelantan en las ciudades del país.

Los magistrados solo han sentido calor en sus fincas de veraneo y lo más cerca que han estado de un combate es sentados en una silla de teatro, viendo a Rambo disparar 500 balas por minuto… están desconectados del mundo real y tampoco les interesa conocerlo ni comprenderlo: el monte y el recaudo de pruebas en el fragor de una batalla no pueden ser medidos con el mismo rasero de la consecución de evidencias en la escena de un crimen capitalino, pero eso a ellos no les importa, pues la presbicia y la miopía conceptual solo les alcanza para apegarse a la letra y dejar de lado la conceptualización de los hechos.

No obstante, lo más grave es que éste es el precedente de lo que ocurrirá con los computadores de ‘Raúl Reyes’ y al mismo tiempo, es el anuncio del triste final de los procesos por la Farc-política que se basan en las pruebas encontradas en los aparatos del terrorista dado de baja en Ecuador.

Sin embargo, además de la incomprensión y de la casuística de los torpes magistrados del Tribunal Superior de Bogotá (¿y de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia?), indigna el tratamiento desigual que se les otorga a las pruebas.

Buena parte de los expedientes de la parapolítica surgieron de los computadores de ‘Jorge 40’: nadie los vio, nadie los cuestionó, ni se supo exactamente quién y cómo los había encontrado y entregado al poder judicial colombiano. Sin embargo hasta hoy, los “honorables” juristas han aceptado en su totalidad el contenido de esos aparatos y ninguno de los procesos que tuvieron su génesis en dichos computadores, se ha caído por suponer que fueron manipulados o que la cadena de custodia no fue garantizada.

En el caso de la parapolítica, cualquier prueba resulta aceptable o adaptable para continuar con la persecución de los implicados; pero si se trata de las Farc, siempre existirá alguna leguleyada para impedir el avance de los procesos.

Esto da miedo. Nada peor que despertar la animadversión de los intocables togados, para terminar perdiendo la libertad y hasta la vida, pues las pruebas y los conceptos jurídicos no importarán a la hora de aplicar las particularidades de la inquisición colombiana.

Entre paros, sesgos, conveniencias, ignorancia, favorecimientos y predisposiciones, el poder judicial no solo perderá la poca credibilidad que tiene: de repente despierta la indignación de la ciudadanía, hastiada de las arbitrariedades de esos “infalibes” politiqueros disfrazados con toga, que les pasará la factura por las burlas y prepotencia con que han manejado uno de los aspectos fundamentales de la democracia: la justicia.

domingo, 7 de diciembre de 2008

Extradición, verdad, justicia y reparación.

Por: Alfonso Monsalve Solórzano
almonsol@hotmail.com

Inmensas consecuencias para Colombia tiene el acuerdo al que llegó Mancuso en Estados Unidos con la justicia de ese país para no ser condenado a cadena perpetua y, en cambio, recibir una pena de hasta treinta años, susceptible de rebajas, pero que en todo caso, implicaría al menos diez años de prisión.
Como se sabe, en el acuerdo acepta el cargo de narcotráfico, admitiendo haber introducido 250 toneladas de cocaína en ese país; pero lo que es más importante, se compromete a entregar todos sus bienes para reparar a las víctimas que sus acciones violentas dejaron en los territorios en los que actuó en su trayectoria como cabecilla de las autodefensas y a continuar vinculado a la reconstrucción de la verdad, dentro de los procesos abiertos por la ley de verdad, justicia y reparación.

Este acuerdo da la razón al gobierno en su tesis de que la extradición de estos delincuentes no iba a ponerle un palo en la rueda, ni, mucho menos, a desmontar dicha ley y que no conduciría a la impunidad de los crímenes ligados a las violaciones de los derechos humanos de sus víctimas y a su reparación, como lo dijeron en su momento los críticos nacionales e internacionales -pesimistas de profesión, en el sentir del doctor Humberto de la Calle Lombana en sus declaraciones del viernes en RCN- quienes hicieron caso omiso de la afirmación gubernamental de que se había pactado con las autoridades norteamericanas que éstas facilitarían y contribuirían a que los procesos iniciados en cumplimiento de la mencionada ley colombiana, continuaran su marcha.

No hay que olvidar que la ley de verdad, justicia y reparación fue la primera de su tipo en el mundo, pues hasta su promulgación ningún país exigía este tipo de responsabilidades a los violadores de los derechos humanos de sus pueblos, por lo que los finales de los conflictos internos se hacían sobre la base de la total impunidad e indiferencia ante las víctimas.

Tampoco puede olvidarse que en su momento fue sometida a escarnio por los mismos críticos que se oponen ahora a la extradición de estos cabecillas con el argumento de que es un ardid de los amigos de los cabecillas de las autodefensas para evitar que paguen sus crímenes con los nacionales.

Con este fallo, todas esas críticas quedan acalladas. Con él, se internacionalizan la ley de verdad, justicia y reparación y se hace más efectiva. Exactamente lo contrario de lo que pregonaban los críticos, quienes tendrán dificultades en los organismos y foros internacionales para sustentar su sesgado punto de vista. Pero lo que es más relevante, queda claro que no tendrán cabida la impunidad, el olvido y el abandono de las víctimas.
Todos estos criminales deberán confesar, someterse a la justicia y reparar a sus víctimas, además de asumir sus responsabilidades por los crímenes cometidos en Estados Unidos. Ganan los dos países y la sociedad colombiana tiene un motivo de tranquilidad en esta época de tanta turbulencia.

En virtud del acuerdo entre los dos Estados, también se sienta un importante precedente. En muchos países hay en curso conflictos internos y es importante reglar el postconflicto para que sea lo más justo con las víctimas y lo menos traumático posible. Muchos de los actores de esos conflictos están ligados a redes internacionales de criminales. Sería un gran paso que esos países adoptaran sus propias leyes de verdad justicia y reparación y se establecieran acuerdos internacionales que permitieran su aplicación en otros estados.
Debate Nacional

sábado, 6 de diciembre de 2008

Obama y el apoyo a Colombia.

Por: Rafael Guarin

La victoria de Barack Obama es una oportunidad para que Colombia continúe avanzando hacia la paz. Desde 2002 el trabajo conjunto de las administraciones Bush-Uribe permitió recuperar la seguridad en casi la totalidad del territorio. Este no es únicamente mérito de los republicanos, sino resultado de una estrategia bipartidista diseñada bajo el liderazgo demócrata de Bill Clinton.
Luego de diez años la estrategia resulta insuficiente y requiere ajustes. Continuar ese mismo esquema de cooperación posibilita seguir la reducción de guerrillas y bandas del narcotráfico, pero no garantiza la sostenibilidad de los logros a largo plazo. La guerra irregular puede nuevamente tomar impulso a menos que se construya el estado de derecho y legitimidad en las zonas donde están enquistados los grupos que la adelantan.

Además, no hay duda de que la penetración de la mafia en unidades militares y su alianza con sectores políticos desvía y desvirtúa la ayuda estadounidense. Tampoco que las violaciones de derechos humanos, por parte de corruptos miembros del ejército, son incompatibles con el fortalecimiento de la democracia que está en la justificación del Plan Colombia.

La llegada de Obama a la Oficina Oval despertó una ola de entusiasmo entre quienes rechazan el apoyo militar a Colombia. Muchos señalan que es el fin de la ''salida guerrista'' y de la política de seguridad democrática. La guerrilla aspira a que el nuevo gobierno demócrata elimine esa ayuda y presione a Uribe a negociar. Las FARC piensan que eso les da legitimidad política y les posibilita ser interlocutor de gobiernos y partidos, remover los obstáculos que le dificultan obtener el estatus de beligerancia y progresar en el proyecto farchavista. Algunas ONGs están en el mismo juego.

Probablemente el presidente Obama y su equipo asesor midieron las consecuencias de ese camino: incremento del tráfico de drogas, aumento de la violencia guerrillera, deterioro progresivo de la capacidad de respuesta de los organismos de seguridad y de la propia maniobrabilidad política del gobierno colombiano y crecimiento de bandas emergentes, entre otras. En su conjunto, la debacle de las instituciones democráticas con la reedición de la táctica del diálogo al servicio de la estrategia de guerra, la misma que narra Fidel Castro aplicaron las FARC en el Caguán.

Las cosas no serán así. A pesar de sectores demócratas que propugnan por un giro radical en la relación con el gobierno Uribe, lo cierto es que Obama tiene decidido cómo actuar. En mayo pasado, en un discurso en Miami, indicó: ''Apoyaremos totalmente la lucha contra las FARC. Trabajaremos con el gobierno para acabar con el régimen del terror de los paramilitares. Respaldaremos el derecho de Colombia de atacar a los terroristas que buscan santuario en otros países y haremos que se aclare cualquier apoyo que otros vecinos estén dando a las FARC''. Y no puede ser de otra manera. Lo adecuado es mantener el apoyo militar y político, elevar las exigencias en materia de respeto a los derechos humanos y reclamar transparencia a gobiernos involucrados con esa organización.

Por otro lado, después de conseguir la seguridad en regiones que hace una década estaban bajo dominio guerrillero y paramilitar, el reto es lograr el respaldo ciudadano que en muchas de ellas es esquivo. Eso hace conveniente repensar el Plan Colombia y enfatizar la intervención económica y social para consolidar territorios, ganar legitimidad y construir instituciones, cuidando de no afectar la ayuda militar.

Al parecer, según palabras de Frank Sánchez, asesor para América Latina en su campaña, esa será la directriz: ''Bajo una administración de Barack Obama el Plan Colombia va a seguir''. Dice que el nuevo presidente quiere agregar más fondos, ''específicamente para reforzar instituciones que fortalecen la democracia, la justicia y el desarrollo económico''. Sánchez aclaró la posición del nuevo presidente al señalar que ''él ha apoyado fuertemente al presidente Uribe en su lucha contra las FARC, hasta fue uno de los únicos políticos en Estados Unidos que apoyó al gobierno de Colombia y a Uribe mismo'', refiriéndose al ataque del ejército colombiano a un campamento guerrillero en territorio ecuatoriano. ''Ni Bush habló tan abiertamente apoyando a Uribe'', concluyó.

Si Obama concreta estos anuncios, lejos de debilitar la política de seguridad democrática avalará su sostenimiento, la mejor contribución que puede hacer a la paz de Colombia. También es oportuno que el apoyo de Estados Unidos a futuros diálogos se condicione a la decisión de las guerrillas, desde el principio y de forma irreversible, de entregar las armas y desmovilizarse. Y, segundo, a que se respeten los derechos de las víctimas de las FARC y el ELN a la verdad, la justicia y la reparación.
Publicado en El Nuevo Herald - Miami / lunes 24 de noviembre de 2008
http://www.rafaelguarin.blogspot.com/
Debate Nacional

viernes, 5 de diciembre de 2008

PONER FIN AL CONFLICTO

Por: Darío Acevedo Carmona.

La sociedad y el estado colombianos no pueden prolongar indefinidamente el conflicto armado que nos aflige hace tanto tiempo. Hay consideraciones de orden político y ético e igual instrumentos para que el Gobierno Nacional como expresión legítima de aquéllos decida ponerle una fecha límite a esta situación. El desenlace del conflicto armado ha dejado de ser un asunto militar.

El estado logró desmovilizar el paramilitarismo y quitarle toda sustancia política como proyecto contrainsurgente. De la misma forma ha propinado fuertes y demoledores golpes a las guerrillas hasta el punto de anular su capacidad de amenaza al poder. Con su fuerza pública recobró el control del territorio y las garantías para el libre ejercicio de la política, incluidas las de la Oposición que nunca como ahora ha vivido una situación de tanta fortaleza.

La legislación internacional en materia de protección de la protección civil tiene en la Corte Penal Internacional la más elevada instancia para aplicar justicia y castigar a los criminales de guerra lo mismo que a los responsables de crímenes de lesa humanidad y de genocidio. A fines del año 2009 vencen las salvaguardias interpuestas por el gobierno colombiano para que la CPI se abstenga de intervenir en la violencia colombiana.

El gobierno nacional tiene dos opciones: plantear una nueva prórroga que tendría sentido si no fuese porque se ofrece una política de negociaciones especiales y una ley favorable como la que rige para los grupos paramilitares que puede ser válida para las guerrillas que decidan dejar las armas, o, dar por concluido el periodo de gracia y abrir las puertas para que la CPI pueda tener margen de acción en la persecución de individuos y grupos que continúen realizando acciones violentas contra la sociedad civil y contra las instituciones democráticas.

Pienso que el pueblo colombiano ha sido suficientemente generoso y paciente con grupos de extrema derecha e izquierda como para instarlo a extender aún más el dolor a la espera de un incierto diálogo o un golpe final definitivo que no se dará en esa forma y cuando no se observa ni el más mínimo gesto que indique el deseo o la voluntad de los que aún quedan alzados en armas para hacer una negociación. Pero, más aún, lo que queda de estos grupos tanto en su perspectiva política como en sus posibilidades militares es tan precario que no se justifica la espera. Lo que queda no da para cubrir la problemática noción de levantamiento armado ni para que recobre vida el hundido proyecto paramilitar. Hay que decirlo y debe reconocerse por toda la civilidad que este estado ha ganado este conflicto sin sacrificar las instituciones democráticas. Lo que hubo de desafueros, de excesos, de crímenes de agentes del estado podrá ser atendido por leyes expedidas por esta y otras legislaturas.

Lo cierto del caso es que por salud pública el fin del conflicto debe tener una fecha de cierre y la más apropiada es aquella contemplada para eliminar las salvaguardias interpuestas por la administración Pastrana con la venia del presidente Uribe, es decir, fines del 2009. Aquí no tendrá lugar una batalla final como en los conflictos regulares, ni es preciso esperar a dar de baja hasta el último insurrecto. 45 años fueron más que suficientes para que intentaran ganar y no lo lograron y eso debe ser dicho por el grueso de la sociedad que cree en las instituciones no obstante sus desajustes.

Los coletazos del paramilitarismo y de la guerrilla no tienen ya horizonte político, por lo mismo no cabe magnificar el daño que aún pueden ocasionar. Ese daño hay que enfocarlo desde el ángulo criminal, como un asunto delincuencial. Es tarea de la Fuerza Pública combatir los estertores con fiel y real apego a la Ley.

Este es el debate que debe ser abordado en profundidad por el país y este debate no excluye la posibilidad de una negociación con las guerrillas de aquí a la fecha planteada. Es ineludible que nos refiramos a este tema con toda la sensatez y con toda la madurez, pues no puede entenderse el dilema como expresión de un afán triunfalista sino de la urgencia de ponerle fin a la violencia con pretensiones políticas y cerrar este infame capítulo de nuestra historia.

Noviembre 29 de 2008-11-30
Tomado de: http://ventanaabierta.blogspirit.com/

jueves, 4 de diciembre de 2008

Falso dilema: ¿2010 o 2014?

Por: Juan Manuel Charry Urueña

El pasado miércoles 26 de noviembre, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó la convocatoria a referendo para una segunda reelección presidencial, con una amplia mayoría de 29 votos de 35.

El debate ha girado alrededor de los supuestos defectos de redacción de la iniciativa ciudadana, que no permitiría al presidente Uribe presentarse para el período 2010, sino para el que se inicia en 2014. Mucho se ha discutido acerca de la posibilidad de modificar el texto y corregir la imprecisión, así como sobre la oportunidad en el trámite legislativo. En mi opinión, el texto popular no se debe tocar.

No obstante lo anterior, considero que se trata de un debate equivocado. La propuesta ciudadana dice: "Quien haya ejercido la Presidencia de la República por dos períodos constitucionales, podrá ser elegido para otro período". En primer lugar, desde el punto de vista político, es claro que la intención de millones de firmantes era autorizar un tercer período para el presidente Uribe en 2010. En segundo lugar, se cumplirían los supuestos propuestos para el momento de la posesión el día 7 de agosto de 2010. Por último, parecería más tratarse de una discusión semántica animada por intereses partidistas y electorales.

Ahora bien, aprobado el texto propuesto por iniciativa ciudadana, sin modificación alguna, lo cierto es que la Corte Constitucional podría establecer su interpretación y aclarar la situación y, si se quisieran mayores certezas, el mismo legislador podría reglamentar la reforma constitucional para permitir la inscripción del candidato presidente y su eventual reelección, acreditando los requisitos constitucionales en el momento de la posesión.

No sobra advertir que no soy simpatizante de la reelección presidencial, no por razones partidistas, sino porque altera el diseño constitucional a favor de un marcado presidencialismo, cuando se debería establecer un régimen parlamentario que permitiera la permanencia de gobiernos con alta popularidad, así como la convocatoria a elecciones anticipadas cuando estos pierden el apoyo de las mayorías.

En resumen, las fuerzas políticas del Congreso asumieron dos interpretaciones del proyecto de referendo, sin considerar que existen otras autoridades e instrumentos legislativos que resuelven la confusión, sin tener que diferenciar los períodos presidenciales 2010 y 2014.

El Tiempo, noviembre 30 de 2008

miércoles, 3 de diciembre de 2008

El terrorismo islámico.


El terrorismo fundamentalista islámico azotó a Bombay, India. El grupo Muyaidynes del Decan, asentado al sur de la India, dice defender la minoría musulmana, unos 150 millones, de esa gran nación de 1.200 millones de habitantes, y para hacerlo asesina a más de 150 personas.
almonsol@hotmail.com

Paquistán, la nación de credo islámico escindida de la India luego de que ésta se independizara de Gran Bretaña, y, desde entonces, su mayor rival, niega toda participación en el atentado; en cambio, no se descarta la mano de Al Qaeda, el grupo terrorista que golpeó a Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 y a España el 11 de marzo de 2004, muchos de cuyos militantes se encuentran, precisamente, en Paquistán.
Si así fuese, el atentado del 26 de noviembre en Bombay estaría en la línea de los ataques a Occidente, pero en este caso, agregando en la lista un país como la India, quizá porque su economía, basada en el modelo occidental de mercado, aunque con sus propias particularidades, la convierten en blanco de ese grupo terrorista, a pesar de su probada tolerancia religiosa. Para los fundamentalistas ningún rango de tolerancia es admisible. Más aun si, como suele suceder, se consideran agredidos, en muchas ocasiones, contra toda evidencia, como es el caso, precisamente de la India. Este hecho pone de manifiesto algo que quedó claro en el 2001, pero que luego ha ido difuminándose en el mundo hasta el punto de que parece olvidarse.
Las guerras postmodernas ya casi no son entre estados sino entre estos, especialmente los que se basan en economías de mercado, que poseen casi siempre una tradición cristiana (o al menos no islámica, según nos lo enseña Bombay), de un lado; y grupos terroristas globalizados, islámicos, en su mayoría, cuya consigna es acabar con los infieles (es decir todos los no islámicos), con estructuras en distintos países y que trabajan en red, que se alían con otros fundamentalismos (por ejemplo, de tipo político) y que están simbióticamente ligados con criminales internacionales relacionados con los tráficos de narcóticos y de armas, del otro. Son guerras sucias, como las que más, en las que la población civil es el blanco preferido, con el criterio terrible de que dentro de la sociedad considerada como enemiga nadie, ni los niños, son inocentes. Dolorosamente el mundo entiende hoy que la lucha contra el terrorismo está más vigente que nunca. No se trata, sin embargo, de una lucha entre civilizaciones, como algún importante teórico expresó, porque la civilización islámica ha sido en su esencia, tolerante, y, además, por siglos.
En ocasiones más tolerante que la cristiana, que ha tenido períodos de fundamentalismo extremo, como lo atestiguan la expulsión de moros y judíos de la España de Isabel II, las guerras de religión, con ocasión de la reforma, o el enfrentamiento en Irlanda del Norte, que asoló esa provincia de Gran Bretaña hasta hace muy poco. La inmensa mayoría de los musulmanes no comparten, por razones religiosas y políticas, este tipo de acciones. Saben muy bien, que una ola contra su credo y cultura pueden desatarse en el mundo, especialmente en aquellos países de mayoría cristiana (o hindú) que tienen minorías islámicas importantes. Pero sí es un grave riesgo para el mundo porque los fundamentalistas sí buscan un choque de civilizaciones.
Por nuestra parte, debemos sacar las lecciones pertinentes de estos acontecimientos y estrategias. Nuestro terrorismo no es de orden religioso sino político. No obstante, es igualmente obcecado y feroz, como todos sabemos. En el mundo globalizado no serían extrañas alianzas entre estos dos tipos de terrorismo, si es que ya no se han presentado, como algunos insinúan. Debemos estar vigilantes para que esto no ocurra, ahora que todo parece indicar que el fin del que padecemos está cerca.

Tomado de: El Mundo, Medellín, noviembre 30 de 2008

martes, 2 de diciembre de 2008

Amnistía Internacional y sus errores

Por Eduardo Mackenzie
30 de Noviembre de 2008
Amnistía Internacional cree estar investida de una misión sagrada. Cada año, con gran puntualidad, y en forma ritual, esa organización moviliza su burocracia para hacer revelaciones sobre el estado de los derechos humanos en el mundo. Sin embargo, su credibilidad se pierde día a día a pesar de esos espectaculares esfuerzos.
El pasado 26 de noviembre, Amnistía Internacional invitó a la prensa a un acto en Santiago de Chile para entregar las nuevas tablas de la ley sobre Colombia. Lo que dijo allí, por la boca de una de sus activistas, Cristina Frodden, quien presentó un curioso "estudio" sobre la violencia en Colombia, no está lejos de ser escandaloso.
Atribuyéndole a unos los crímenes de los otros, enredándose con las fechas y las cifras y poniendo en un mismo plano a un gobierno democrático elegido por el pueblo, a las bandas paramilitares y a los grupos terroristas que intentan destruir la democracia, esa vocera aseguró, sin sonrojarse, que el "conflicto armado", es decir el gobierno colombiano y sus enemigos, habían "causado 70 000 muertos, la mayoría civiles, y el desplazamiento de entre tres y cuatro millones de personas en los últimos 20 años". [1]
Ella aseguró que desde 1998 hubo en Colombia 20 000 personas secuestradas y que los secuestros han "descendido en los últimos años" pero que las "ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad son cada vez más frecuentes". La torpe amalgama que consiste en poner un signo igual entre una criminalidad real (los secuestros, las masacres, los desplazamientos de población), y una noción dudosa (como las llamadas "ejecuciones extrajudiciales"), busca dibujar un panorama confuso en el que es imposible saber quien secuestró y quien sembró el terror, para achacarle eso, finalmente, a una entidad anónima: los "bandos en conflicto" o, simplemente, "el conflicto armado".
Tal operación demagógica equivale a ocultar la responsabilidad de los terroristas, de izquierda y derecha, en los secuestros y otros crímenes abominables que ha sufrido Colombia. Decir que las autoridades y las fuerzas legales hacen parte del "conflicto", es decir de un magma espeso, opaco, sin perfil claro, es diluir la culpa de los verdaderos generadores de esa situación. En el acto de Santiago, esa operación de disimulación fue coronada por un llamado no menos estrafalario: "El gobierno de Colombia y los grupos guerrilleros deben poner fin al conflicto".
¡Como si un "conflicto" de esas proporciones, iniciado hace tantos años, según las informaciones defectuosas de AI, se pudiera acabar así, por arte de magia, gracias a las exhortaciones ambiguas de Amnistía Internacional! Amnistía Internacional niega que en Colombia existan bandas terroristas. Ella cataloga a las Farc y al Eln como "grupos guerrilleros", los cuales, según AI, cometen únicamente "abusos" contra los derechos humanos.
El lenguaje respecto de esos organismos no puede ser más débil y complaciente. En cambio, cuando AI se refiere al aparato estatal colombiano las aguas tibias desaparecen: ella se pone a hablar de "homicidios" y de toda suerte de aberraciones, y no de "abusos". Dos pesos, dos medidas. Otros ejemplos del lenguaje de Amnistía Internacional: "En los últimos 10 años, más de 20.000 personas han sido secuestradas o tomadas como rehenes". ¿Por quien? AI no lo dice. "Entre 15.000 y 30.000 personas han sido sometidas a desaparición forzada desde que comenzó el conflicto". ¿Por quien? AI no lo dice. "Hasta 305.000 personas quedaron desplazadas a la fuerza por el conflicto en 2007". [2]
¿Quien las desplazó? AI no lo dice. No lo dice pues son las bandas terroristas las que constituyen la base de esa criminalidad masiva y no el Estado colombiano. Amnistía Internacional ha cuestionado y violentamente rechazado durante décadas lo que hace el gobierno colombiano. Se opuso a la doctrina de la seguridad democrática, se opuso a la negociación que hizo posible la desmovilización de los paramilitares.
Hoy se moviliza contra la ley que abrirá las puertas a la reparación de las víctimas del terrorismo. A pesar de tener semejantes actitudes, AI cree tener la autoridad moral para exigir al gobierno colombiano que firme con las guerrillas un cese al fuego, precisamente ahora, cuando éstas están en fase de agotamiento ante la acción legítima del Ejército colombiano. La señora Frodden no conoce la historia. Lo que ella llama "conflicto colombiano" no empezó, como ella dice, hace 20 años ni en los años 1960, sino mucho antes, en los primeros días de la Guerra Fría. Pero de eso Amnistía Internacional no quiere saber nada. Hay cadenas ideológicas de las cuales es dificil zafarse. Ese grupo sostiene que el gobierno colombiano fue el que inició el llamado "conflicto". Esa distorsión radical de la realidad tiene un objetivo: poder decir que el fin de ese "conflicto" depende del gobierno y no de los terroristas. Esa superchería es la base de todos los "análisis" que AI viene haciendo sobre Colombia desde hace lustros.
Colombia no fue quien designó a su enemigo al comienzo de la Guerra Fría. Otros fueron, por el contrario, quienes le declararon la guerra a Colombia a mediados de los años 1940. Agredir a Colombia, al Estado y a su sociedad, fue una de las primeras decisiones estratégicas tomadas por la URSS respecto de América Latina poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Moscú sabía que Colombia, país aliado de Estados Unidos, era una sociedad abierta muy vulnerable que contaba con una infraestructura estatal-militar endeble que podría ser penetrada y demolida. Con ese objetivo, ese bloque le declaró la guerra a la democracia colombiana. Una potencia extracontinental fue quien decidió que Colombia, y los colombianos, sin importar su condición social, su edad, su religión, su color de piel, su partido político, eran sus enemigos. Y comenzó a atacarlos sin piedad y por todos los medios, combinando, como sus secuaces dicen aún hoy, todas las formas de lucha: atentados, magnicidios, secuestros, deportaciones masivas, masacres, explosiones, asesinatos, amenazas y mucha agitación y propaganda difamatoria. Colombia fue convertida así en un país víctima. Y los resultados de esa agresión están a la vista.
El Estado colombiano se vió obligado a defenderse y a combatir a los violentos, a una entidad subversiva que utilizaba una fachada legal y otra militar y clandestina. Esa guerra total sigue hasta hoy pues los subproductos tardíos del imperialismo soviético, las dictaduras de Cuba y Venezuela, intentan seguir por su cuenta esa guerra político-militar y psicológica contra Colombia, esperando que la nueva coalición internacional de fuerzas anti-occidentales se lance también con todo su peso a esa bárbara campaña. El método que consiste en disimular los crímenes del agresor para endilgarlo a una entidad abstracta, las llamadas "partes en conflicto", no tiene nada que ver con la exactitud, ni con la claridad, ni con la defensa de los derechos humanos. Ello pretende generar únicamente culpabilidad, desinterés y obscurantismo.
La citada vocera cree estar en posición de juzgar a Colombia y a su gobierno desde una perspectiva independiente. Sin embargo, ella no representa nada de eso. Ella milita en favor de Telesur, el mayor órgano de expresión de la tiranía chavista, hace parte del comité de aplausos de la dictadura castrista y firma manifiestos al lado de personajes como Marta Harnecker, Eduardo Galeano y James Petras, sin mencionar a la difunta Celia Hart Santamaría y al pintor de murales Adolfo Pérez Esquivel. La caricatura que fabricó Cristina Frodden a manera de "balance" de lo ocurrido en Colombia en estas décadas de combate defensivo de una democracia no honra para nada a Amnistía Internacional.


[1] Ver El Colombiano, Medellín, y agencia Efe, 26 de noviembre de 2008.[2] Ver http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/colombia-paz-conflicto-armado-datos-cifras-20081028
Debate Nacional

lunes, 1 de diciembre de 2008

Ya no les gusta la justicia colombiana.

Por: Jaime Restrepo Vásquez.
Director de Atrabilioso.

Si hay un grupo político que defienda a capa y espada los desafueros en que incurren los jueces de la República, ese es el Polo Democrático Alternativo.

Basta con recordar que el mismo día de la Operación Jaque, en la que fueron liberados 15 secuestrados que permanecían en manos de las Farc, el Polo había convocado una marcha de respaldo a la Corte Suprema de Justicia. Ante la inminencia de una pobre, por no decir nula cobertura de los medios de comunicación a la marcha, el PDA decidió cancelar la manipulada protesta.

Es más: el mismo PDA fue uno de los abanderados en la defensa del paro judicial que perjudicó a miles de colombianos a los que se les negó el derecho fundamental a la administración de justicia.
Pues bien. Patricia Lara, ex candidata a la vicepresidencia del Polo, publicó una columna en la que felicita a Samuel Moreno y a su equipo por el manejo que le dio a la minga inútil que permaneció en Bogotá durante un par de días.

En esa columna, más allá de la zalamería a favor de la paupérrima administración polista de Moreno, llama la atención el cierre del texto: “Como en el caso de las arbitrariedades de la justicia contra Alfredo Molano, no podemos permitir que la prensa sea amordazada por la dictadura de los jueces”.

Es la primera vez en estos años de oposición virulenta y antropófaga, que uno de los miembros más representativos habla de dictadura de los jueces. Tradicionalmente han sido pocos los que han sostenido esa tesis, mientras recibían cualquier cantidad de ataques por cuenta de aquellos que consideraban a la justicia colombiana como un ente intocable y a sus miembros, como seres mitológicos incuestionables e infalibles.

¿Cuántas veces escuchamos que el Gobierno, y los que denunciábamos a los jueces, estábamos desconociendo fallos judiciales e irrespetando la majestad de la justicia?

Según parece, el entusiasmo del Polo, y de sus miembros, solo alcanza para las decisiones judiciales que se acomodan a sus intereses y que les suministran artillería en sus continuos y aburridores ataques contra el Presidente y el Gobierno en general.

Si la decisión judicial no les gusta, e incluso golpea a uno de los suyos como lo es Alfredo Molano Bravo, esa justicia que calificaban como el mayor baluarte en la defensa de la democracia pasa a ser un adefesio en el que los jueces son tenebrosos dictadores.

Por primera vez coincidimos en algo con el Polo Democrático Alternativo: Colombia padece, desde hace muchos años, una dictadura siniestra de los jueces, quienes amenazan a los ciudadanos que caen en sus fauces, aunque dicho sea de paso, cualquiera está en la mira de los “majestuosos” dignatarios judiciales.

Sin embargo, lo de Patricia Lara es solo la confirmación del pensamiento de Carlos Gaviria Díaz, quien fuera su jefe en el Polo Democrático Alternativo. En una entrevista concedida hace unos meses, el presidente del PDA aseguró que la Corte estaba obrando correctamente en los procesos por la parapolítica.

No obstante, más adelante, el mismo Carlos Gaviria habló de cacería de brujas en el caso de los vínculos de políticos con las Farc. Es decir: es loable perseguir a unos políticos por sus vínculos con el paramilitarismo, pero resulta condenable, peligroso y amenazante el que se intente castigar la asociación de otros políticos con las Farc y el ELN.

Esto tiene su razón de ser: si para Gaviria Díaz el terrorismo que practican las Farc son crímenes altruistas, no merece reproche alguno que los políticos de su bancada, y otros muy cercanos a sus intereses (léase Piedad Córdoba), busquen alianzas con esos filántropos del terror.