Por Jaime Restrepo Vásquez.
Curiosa, por decir lo menos, es la reacción unánime de algunos columnistas opositores ante la decisión del Consejo Superior de la Judicatura de tutelar los derechos del ministro de la Protección que fueron vulnerados por la Corte Suprema de Justicia.
Todos han escrito con tinta rabiosa en contra del Consejo Superior de la Judicatura y se han concentrado en las consecuencias y en la forma como fueron elegidos los actuales magistrados del organismo administrador del poder judicial. Prácticamente se podría pensar que se pusieron de acuerdo para escribir sobre el mismo tema, aunque abordándolo desde aristas diferentes.
Es más: el único análisis serio que he leído sobre la decisión del Consejo Superior de la Judicatura la encontré en Picotazos de gaviota, un blog escrito por un abogado que a partir de sus conocimientos jurídicos aborda diferentes temas de la actualidad nacional. Espanta que los análisis mejor fundamentados no aparezcan en la prensa tradicional sino en un medio de escasa difusión que no tiene los “pergaminos” que aparentan ostentar los columnistas de siempre.
Por un lado, Pedro Medellín Torres se concentra en tratar de demostrar que la sentencia de la Consejo Superior de la Judicatura no es un choque de trenes porque este organismo solo tiene funciones administrativas y disciplinarias. De igual forma, asegura que en la decisión” se encuentran varios hechos que trascienden el debate jurídico sobre las tutelas contra sentencias, para situarse en el terreno político de la confrontación institucional.”
Además, Medellín Torres duda de las facultades que tendría el Consejo Superior para fallar la tutela y sugiere la existencia de un plan de embestida contra la “honorable” Corte Suprema de Justicia.
Cosa distinta argumenta un estudioso del derecho: “Pareciera como si la Corte Suprema no hubiese leído el contenido del fallo de tutela, donde se parte del hecho de que la parte resolutiva no se modifica, luego no se afecta la labor de juzgamiento de los aforados. En segundo lugar, el Consejo Superior de la Judicatura parte del hecho de que no desconocerá la decisión adoptada respecto de Yidis Medina, en la medida en que las normas en materia de sentencia anticipada fueron debidamente atendidas. En consecuencia, no se entiende –nuevamente– la postura asumida por la CSJ, que claramente responde como un grupo de caprichosos ególatras, y no como Magistrados realmente honorables.”
A su turno, en la misma página de opinión de El Tiempo, la “investigadora” Claudia López -¿quién sería el ladrón que supuestamente le enseñó a escribir a esta agitadora política?- se despacha contra Uribe asegurando que logró vulnerar la Constitución para ubicar a cinco magistrados en la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. La señora López se lamenta de que los actuales magistrados no sean abogados serios de la carrera judicial –léase Asonal Judicial y simpatizantes de la izquierda colombiana- sino unas cuotas de los partidos de la supuesta coalición uribista.
Después de inocular todo el veneno, Claudia López entra a descalificar a los magistrados: a unos por haber sido miembros del Congreso y a otros por ser supuestos recomendados con “oscura trayectoria personal y pública”.
Eso sí: la señora López no hace el menor esfuerzo por analizar la sentencia desde la perspectiva primaria, es decir, desde el ámbito jurídico, lo que tritura de plano las arengas de la aclamada “investigadora” de siete colores.
Y no podía faltar en esta muestra el ex director del DAS durante el gobierno Samper, abogado de Daniel Coronell y del magistrado César Julio Valencia Copete, el jurisconsulto Ramiro Bejarano, quien remató su columna con el siguiente párrafo:
“Si el ministro Diego Palacio —el “innombrable”— creyó que salvaría su prestigio con la absurda sentencia del uribizado Consejo Superior de la Judicatura, se equivocó, pues ahora está más comprometido que antes. ¡Qué vergüenza y qué miedo! Al paso que vamos, la justicia politizada acabará con lo que resta del Estado de Derecho.”
No obstante, un abogado de verdad, no un tinterillo parásito que solo busca posiciones burocráticas; dice lo siguiente, después de analizar la decisión del Consejo Superior de la Judicatura:
“Cuando las citaciones que se hacen del Ministro en la sentencia de condena de Yidis Medina dan lugar a un debate de moción de censura, al inicio de procedimientos disciplinarios (en donde el fallo constituye una de las pruebas), podría afirmar sin temor alguno, que eso constituye un prejuzgamiento que atenta contra la presunción de inocencia. De hecho, no es este el primer caso en el que la Corte comete esta clase de pronunciamientos. Recordemos que las sentencias en materia de parapolítica hacen referencia a la forma en que los candidatos se repartían el mapa electoral entre ellos, a pesar de que solo se estuviera dictando sentencia respecto de uno de ellos. De tal suerte, entonces, esta situación no es nueva.”
Las tres columnas tienen varias cosas en común: señalar la politización uribista del Consejo Superior de la Judicatura para descalificar el fallo a favor del ministro Palacio. También se concentran en la conformación del organismo, en sus supuestas intenciones y en las consecuencias, según ellos nefastas, de la decisión judicial.
Sin embargo, ninguno de ellos aborda el fallo de tutela en sí, no analizan los derechos que le fueron vulnerados a Diego Palacio por la politizada Corte Suprema de Justicia ni mencionan siquiera que ésta última está incurriendo en lo que tanto critica: el desconocimiento de un fallo judicial.
No se espera que Claudia López tenga la capacidad ni los conocimientos para leer una decisión judicial y mucho menos para entenderla. No ocurre lo mismo con Pedro Medellín, quien por lo menos debió apartar los fantasmas políticos y profundizar también en la gravedad del sesgo político que le imprime la Corte Suprema de Justicia a sus decisiones, especialmente cuando afectan al gobierno.
De igual forma, en cuanto a Ramiro Bejarano, algún lector desprevenido buscaría un análisis jurídico de la situación, y no una arenga babosa y vacía como la que profirió en su columna. Uno se pregunta: ¿Por qué no entró a analizar el fallo? ¿Será que está bien sustentado y por eso entra a descalificarlo y se inhibe de presentar argumentos frente a la decisión?
Muy grave que los columnistas que proclaman a grito herido el respeto por los fallos judiciales y que condenan a los que nos oponemos a algunas decisiones políticas de un organismo judicial, ahora salgan a contradecirse de semejante manera, a irrespetar una decisión y al tribunal que la promueve simplemente porque va en contravía de sus oscuros deseos.
Evidentemente la coherencia no es un asunto que les competa a los columnistas rabiosamente opositores: es solo parte de su estrechez mental y de sus pasiones oportunistas.
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