Reforma de las instituciones globales

Por Jorge Humberto Botero

El Colombiano, Medellín

Junio 4 de 2009

Los pilares de la arquitectura financiera global son el Fondo Monetario y el Banco Mundial, las instituciones puestas en marcha en 1946 para garantizar la fluidez de los pagos internacionales y financiar la reconstrucción de los países devastados por la guerra. Este último ha ido evolucionando para contribuir al financiamiento del proceso de desarrollo y dar asistencia técnica a los países que afrontan el desafío de superar la pobreza. El Fondo, por el contrario, no se transformó para adecuarse a un entorno en el que han desaparecido el patrón oro, primero, luego, las paridades fijas, estas, a su vez, sustituidas por la flotación de las monedas que hoy constituye la regla general.

De otro lado, el planeta ha carecido de foros adecuados para discutir los problemas que la creciente globalización e interdependencia de las economías plantea. Los países ricos han tenido su propio punto de convergencia en el "Grupo de los 7", con Rusia como invitado permanente. Los países en desarrollo tuvieron años atrás el "Grupo de los no Alineados", el cual, por ser producto específico de la guerra fría, ha perdido relevancia. Esporádicamente, y de modo poco eficaz, países ricos y pobres se han visto las caras en las cumbres de la Unctad.

La profunda crisis económica global que padecemos ha generado un amplio consenso sobre la necesidad de tener mecanismos fluidos, permanentes y dotados de amplia representatividad para discutir maneras de superarla y, una vez ello ocurra, contar con mecanismos de coordinación macroeconómica en los que participen, en condición equitativa, los principales actores de la economía planetaria.

Estas son las razones que soportan el elevado protagonismo que ha adquirido el G-20, el primer mecanismo de interlocución genuinamente igualitario entre países desarrollados y emergentes que, en conjunto, representan el 90% del PIB global.

Sumido en la irrelevancia durante largo tiempo, pocos habrían pronosticado que, en virtud de los acuerdos logrados en el G-20, el FMI habría de convertirse en factor fundamental para la resolución de la crisis y la preservación de la estabilidad financiera global. Para que pueda cumplir estos ambiciosos objetivos, se ha acordado, en primer lugar, triplicar los recursos financieros a su disposición, los cuales han de servir, entre otras cosas, para financiar una facilidad contingente que pueden utilizar los gobiernos que sigan políticas macroeconómicas prudentes en situaciones apremiantes de liquidez 

Por lo tanto, acudir al Fondo en pos de esta modalidad de financiamiento, no debe ser motivo de estigma, sino, por el contrario, reconocimiento a la buena gestión de la economía. México y Colombia han acertado al solicitar acceso a esta ventanilla financiera.

Recordemos que, en ejercicio de su función de supervisor de la gestión macroeconómica de los países miembros, el FMI produce informes y recomendaciones periódicos que los países avanzados tradicionalmente han ignorado de manera olímpica; por el contrario, tratándose de países pobres o de ingreso medio, no acatar las conclusiones de esos reportes puede significar pérdida de acceso a los recursos de la banca multilateral, o el anhelado grado de inversión que es crucial para acceder a los mercados internacionales de deuda.

Por disposición del G-20, el FMI debe analizar los impactos que las decisiones adoptadas por los actores de mayor tamaño puedan tener en otros países y en los balances macroeconómicos globales. Estados Unidos y China, al suscribir este compromiso, tácitamente han aceptado sus responsabilidades en el desempeño de la economía mundial. Cabe conjeturar que, en adelante, la voz del Fondo será escuchada con atención en Washington y en Beijing en temas tan importantes como la realineación gradual de sus tipos de cambio.

Colombia tradicionalmente ha mantenido excelentes relaciones con el FMI. Sin duda, debe persistir en esa conducta. Nadie quiere un incendio en su casa pero conviene tener el teléfono de los bomberos.

* Ultima entrega de la serie sobre las lecciones que le deja a Colombia la crisis financiera mundial.

Mejores policías

Por Jorge Humberto Botero

El Colombiano, Medellín

Mayo 28 de 2009

Hoy se reconoce que tres causas concurren en la gestación de una crisis de magnitudes tales que, según la generalidad de los pronósticos, harán que la economía mundial cierre este año en recesión. La primera, los desbalances globales derivados de los excesos de ahorro y consumo de China y los Estados Unidos, principalmente; los enormes flujos de liquidez a tasas de interés reducidas hacia los países avanzados, lo cual condujo a conductas imprudentes por parte de sus sistemas financieros; y, por último, las ostensibles fallas en la regulación y supervisión de la banca en los países avanzados.

Si nos detenemos en los Estados Unidos, donde las fallas en la regulación y supervisión fueron mayores, es claro que la multiplicidad y fragmentación de las autoridades competentes agravó el problema. La banca española, por el contrario, que ha estado sometida a la regulación y supervisión consolidadas que ejerce el Banco de España con total autonomía frente al gobierno, ha capeado mejor el temporal.

Colombia tiene un banco central independiente de primer nivel, la calidad de la regulación que emana del Ministerio de Hacienda es generalmente reconocida, en tanto que la supervisión, antes dividida entre las superintendencias Bancaria y de Valores, hoy se confía a una sola institución. Sin embargo, es aconsejable dar un paso adelante para garantizar la independencia del Superintendente Financiero. El retiro forzado por el gobierno de algunos de los profesionales que han desempeñado en años recientes esa posición, ha sembrado dudas sobre su independencia, un atributo indispensable de la buena supervisión.

Desde el punto de vista jurídico, esa autonomía no existe. El Superintendente Financiero es agente del Presidente de la República y, como tal, de su libre nombramiento y remoción. En las circunstancias políticas actuales resulta impensable intentar una reforma constitucional para garantizarla. Nada impediría, sin embargo, que el Presidente se comprometiera a designar como Superintendente a uno de tres candidatos que la Junta del Banco le presente; y a no removerlo sin oír su dictamen. Movernos en esta dirección mejoraría la "confianza inversionista", que el Gobierno con tanto empeño como razón persigue.

En cuanto al contenido de la regulación financiera, en los foros internacionales se ha gestado un amplio consenso sobre tres proposiciones: Es conveniente intervenir las modalidades de remuneración de los altos estamentos de la banca para eliminar el sesgo perverso hacia los resultados de corto plazo. Si los bancos deciden mantener un componente alto de sus salarios asociado al desempeño financiero de la entidad, deberán tomarse ciclos largos, no meramente las utilidades operacionales del ejercicio, cuando se conozcan los índices de recuperación de los préstamos e inversiones realizados durante este.

Resulta imperativo ajustarles las clavijas a las calificadoras de valores. El derrumbe de papeles a los que poco antes habían calificado como de óptima calidad, ha puesto en evidencia las falencias de su trabajo; habrá también que resolver el conflicto de interés derivado de que sus honorarios sean cubiertos por los emisores. Exigirles reportes detallados sobre los fundamentos de sus dictámenes y asociar parte de sus ingresos al futuro desempeño de los balances de los emisores, son buenas fórmulas.

Por último, hay acuerdo sobre la conveniencia de que las normas sobre provisiones para proteger los activos de riesgo y el capital adecuado de la banca sean más estrictas en las fases bajas del ciclo. Con relación al capital, el profesor Raghuran Rajan propone una alternativa atrayente: en vez de que el capital fluctúe en función del ciclo, lo cual puede generar excesos de capital durante largos periodos, es mejor exigirles uno de naturaleza contingente, exigible por las autoridades en caso de necesidad. En nuestro caso, no hay que estrujarse mucho la cabeza. Seguir las mejores prácticas internacionales debe ser la norma, adaptándolas cuando sea menester.

Cuarta entrega de la serie sobre las lecciones que le deja a Colombia la crisis financiera internacional.*

 

¿Fin del capitalismo?

Por Jorge Humberto Botero

El Colombiano, Medellín

Mayo 21 de 2009

Un par de gobernantes cuyo verbo fluye con mayor rapidez que su pensamiento, se han apresurado a decretar el fin del capitalismo. No hay tal. El G-20, del que uno de ellos es conspicuo integrante, ha declarado que "el único fundamento seguro para una globalización sostenible y creciente prosperidad para todos, es una economía mundial abierta, basada en los principios del mercado y en sólidas instituciones globales".

Igualmente significativo fue el consenso alcanzado en este foro, del que participan voceros de los países avanzados y en vías de desarrollo, en cuanto a que el crecimiento, para ser sostenible, debe ser compartido, tanto entre unos y otros, como entre las actuales y las futuras generaciones. Habrá, pues, que distribuir mejor la torta y cuidar la vida de las especies que comparten el planeta, amenazado como está por el calentamiento global y, lo que es menos obvio, por la proliferación de armas nucleares.

Sin duda, la teoría económica, al igual que el objeto de su reflexión, es de naturaleza cíclica. Quedará atrás durante un período prolongado buena parte del repertorio ideológico que nosotros llamamos neoliberal, y -paradojas idiomáticas- en los Estados Unidos se conoce como neoconservador. El Estado está de regreso, ojalá para corregir, que no para perturbar, el modelo capitalista. Admito que no es fácil trazar la línea divisoria.

Sabido es que "del dicho al hecho hay mucho trecho". A pesar de la defensa de la globalización, que, en el ámbito de la economía implica la apertura de los mercados domésticos a la competencia foránea, casi sin excepción, los gobiernos que concurren al G-20 han adoptado medidas del tipo "compre nacional". Estados Unidos, uno de ellos, ha impuesto restricciones al comercio exterior. El riesgo de una nueva ola de proteccionismo es inminente a pesar de la retórica oficial en contrario. Para contrarrestarla hay que recordar que, a pesar de sus enormes ventajas, el libre flujo transfronterizo de mercancías y servicios y, en mayor medida, de capitales, puede hacer las economías más volátiles y agravar los problemas de inequidad en la distribución del ingreso y la riqueza.

La justificada exasperación causada por el mal funcionamiento de los sistemas financieros, que constituye uno de los elementos centrales de la crisis, da origen a dos tipos de riesgo. El primero consistente en la tentación de olvidarse de la banca para concentrarse en el sector real; el segundo, optar por nacionalizarla: si el Estado de todos modos es responsable por sus obligaciones ante ahorradores y depositantes, es mejor que la maneje.

Ambos postulados, a mi juicio, son erróneos. El sistema financiero es a la economía lo que la sangre al cuerpo humano. Si éste deja de cumplir con eficiencia sus tareas de movilizar los pagos que los agentes económicos deben hacerse, y transferir los excedentes de ahorro de algunos de ellos hacia quienes pueden usarlos de modo productivo, la prosperidad social no es posible. A pesar de los evidentes excesos especulativos de años recientes en los países avanzados, es axiomático que, en la medida en que la sociedad progresa, una creciente proporción de su riqueza está representada por activos financieros. (Justamente porque es así, la enorme pérdida de riqueza que la crisis ha producido es invisible; nada significativo en el mundo de la realidad observable ha cambiado).

De otro lado, si los banqueros privados son propensos a equivocarse, los públicos pueden ser peores. Pocas cosas más peligrosas que permitir que en la asunción de riesgos de crédito e inversión financiados con recursos derivados del ahorro público jueguen consideraciones políticas de corto plazo. No debemos olvidar que la crisis financiera que afrontó Colombia a fines de la década pasada, primordialmente tuvo lugar en la banca estatal. Con ella, la supervisión financiera debe ser especialmente rigurosa.

*Tercera entrega de una serie sobre las lecciones que le deja a Colombia la crisis 

 

 

 

 

 

 

Desequilibrios globales

Por  Jorge Humberto Botero

El Colombiano, Medellín

Mayo 14 de 2009

A mediados del siglo pasado se impuso en América Latina la teoría de la industrialización basada en el mercado doméstico. Uno de los instrumentos inherentes a esta estrategia consiste en la sistemática depreciación del tipo de cambio para encarecer las importaciones y, así, proteger el mercado interno. China en décadas recientes ha usado el mismo instrumento para aumentar la rentabilidad de las exportaciones. Sin duda, sus elevadas tasas de crecimiento, sostenidas durante más de 20 años en casi el 10% anual, son prueba elocuente de su éxito.

Efecto inexorable de esta política es la acumulación de un enorme superávit en sus cuentas externas, que hoy es del 6.2% del PIB. Dada la insuficiencia estructural de su ahorro interno, los Estados Unidos han sido los principales tomadores del enorme acervo de recursos financieros que China ha colocado en los mercados internacionales: el correlato de este flujo de recursos es un déficit en su balanza de pagos del 3.3%.

Hasta hace poco la interacción económica entre ambos países había resultado benéfica. Los Estados Unidos pudieron importar masivamente bienes de consumo fabricados en China a precios bajos, lo cual ayudó a mantener un crecimiento elevado compatible con baja inflación, y a obtener financiamiento externo a tasas reducidas. China pudo apalancar su proceso de desarrollo en el mercado de los Estados Unidos e invertir sus excedentes en papeles emitidos por el Tesoro de ese país, los cuales, aún hoy, son considerados de óptima calidad.

El estallido de la crisis financiera, cuya causa primigenia consiste en el desequilibrio entre los excesos de ahorro y de consumo de estos dos gigantes económicos, ha puesto de presente que la situación actual es insostenible. China tendrá que gastar más en los años que vienen; E.U. deberá reducir sus patrones de consumo en función de su propia generación de ingresos.

El modelo imperante ha generado para China graves problemas. Entre ellos cabe mencionar la creciente brecha de ingresos entre la ciudad y el campo, los severos daños ambientales ocasionados por una industrialización basada en tecnologías obsoletas, los excesos de capacidad instalada derivados de decisiones de inversión no fundamentadas en una estimación adecuada de la demanda, y el represamiento de legítimas expectativas de bienestar, asociados a niveles de consumo mayor para vastos sectores de la población.

No son de poca monta los problemas inflacionarios ocasionados por la esterilización de divisas que realiza el Banco Central Chino para mantener deprimido el valor de su moneda, la baja rentabilidad de sus ahorros externos invertidos en papeles del Tesoro estadounidense, y la mala calidad de las carteras bancarias vinculadas a proyectos fabriles de escasa o nula rentabilidad. A este cúmulo de dificultades se añade el creciente proteccionismo mundial, contra la que se considera la competencia desleal china.

Uno de los efectos inmediatos de la crisis financiera global ha consistido en el reflujo de los capitales financieros desde los países en desarrollo hacia los países ricos, especialmente los Estados Unidos. A mediano plazo, el péndulo se moverá de nuevo en la dirección contraria aunque cabe conjeturar que la eventual reducción del déficit externo de Estados Unidos dejará un volumen adicional de recursos utilizable por países que luchan por superar la pobreza.

Colombia, que en lo esencial ha mantenido una buena política macroeconómica, puede beneficiarse de esta posibilidad.

En el mediano plazo es también probable que los ajustes cambiarios entre el yuan y el dólar impliquen una devaluación de éste en términos reales. Como Estados Unidos son nuestro principal socio comercial, estos movimientos implicarían pérdidas de competitividad exportadora. Como creo que el expediente fácil de mejorarla manipulando el tipo de cambio es cosa del pasado, el énfasis debe mantenerse en la denominada "agenda interna".

Nota del Editor: Segundo artículo de una serie sobre la crisis financiera y sus lecciones para Colombia.

 

Seguridad nacional

Por Jorge H. Botero

El Colombiano, Medellin

27 de febrero de 2009

Las graves denuncias que, de nuevo, sindican al DAS de realizar tareas de espionaje ilegal a funcionarios judiciales, dirigentes políticos y periodistas, requieren la acción enérgica de la Fiscalía para establecer autores materiales e intelectuales de una actividad criminal de enorme gravedad. Sean cuales fueren los resultados de esas pesquisas, es evidente que estamos ante un mal endémico que no se resuelve con el cambio de su director, como ya se ha hecho otras veces sin resultados positivos; ni con la intervención de la Policía para establecer un grado mayor de control en las tareas de interceptación de comunicaciones, lo cual puede ser conveniente mientras se toman decisiones de fondo.

Porque lo que en realidad se requiere es una profunda reforma institucional que garantice, de un lado, que el Estado tenga la capacidad de recaudar información de buena calidad sobre eventos que puedan afectar la seguridad nacional, pero sin que esta actividad se convierta en una amenaza contra el legítimo ejercicio de la oposición, el funcionamiento autónomo de la Justicia y la libertad de prensa.

El DAS tiene a su cargo el desarrollo de las actividades de inteligencia y contrainteligencia. Por supuesto, éstas tienen que ser las tareas de cualquier organismo que recaude y analice información sobre asuntos atinentes a la seguridad del Estado. Pero tiene, además, un conjunto de tareas que no hacen parte de este cometido principal. Me refiero al control migratorio de nacionales y extranjeros; al ejercicio de funciones de investigación criminal, compartidas con la Fiscalía sobre los delitos que afectan la seguridad nacional; a la preservación de los registros delictivos y, en consecuencia, a la expedición de certificados judiciales; a la actuación como enlace ante los organismos de policía internacional (Interpol); y a la prestación de servicios de seguridad a altos funcionarios del Estado.

La comisión creada por el Gobierno a fines del 2005 para analizar la reforma de la institución puso de presente la necesidad de fortalecer las tareas de inteligencia, en función de lo cual produjo recomendaciones sensatas, tales como mejorar los servicios de capacitación del personal dedicado a la investigación, una continua evaluación de la calidad del recurso humano y la rigurosa profesionalización de la carrera. Sin embargo, se abstuvo de proponer reformas radicales. Por el contrario, sugirió mantener las funciones actuales en el DAS, salvo la prestación de servicios de escolta con una importante restricción; la seguridad de los altos funcionarios del Estado debería continuar en cabeza suya. No lo dijo, pero lo deduzco, que consideró que la preservación de ese conjunto de funciones en la misma institución genera sinergias para el cumplimiento del cometido esencial: la producción de "inteligencia". Los recientes escándalos enseñan que esa tímida estrategia ha fracasado. La "Central de Inteligencia", que como consecuencia del desastre actual habría de crearse, implica desplazar hacia otras entidades todas las funciones que no hagan parte de este cometido esencial, así: las de policía judicial a la Fiscalía General; y todas las demás, a la Policía. Por supuesto, estableciendo buenos mecanismos de cooperación interinstitucional.

Cuando la Comisión que he mencionado produjo su reporte, menos del 15% del presupuesto y menos del 12% del personal se dedicaba a labores de inteligencia. Hay, pues, amplio espacio, para crear una entidad más pequeña -más fácil de manejar y supervisar- dedicada, de modo exclusivo y profesional, a las tareas de inteligencia.

Tiro en el pie

Por Jorge Humberto Botero

El Heraldo, Barranquilla

Febrero 21 de 2009

La socialización, a través del Estado, de los riesgos de vejez fue adoptada por primera vez en Alemania a fines del siglo XIX. El derecho a pensión se adquiría cuando el afiliado, luego de un largo período de cotizaciones, alcanzaba la edad de 70 años. 

El sistema fue acogido con entusiasmo porque permitía aliviar las miserables condiciones de vida de la clase obrera de un país en acelerado proceso de industrialización. Pronto se difundió por buena parte de Europa, los Estados Unidos, y, desde comienzos del siglo XX, en América Latina. Colombia lo puso en marcha en 1967.

Un conjunto de factores explican que estos beneficios pudieran ser ofrecidos a cambio de tasas reducidas de cotización: eran elevadas la edad de pensión, las tasas de natalidad y el crecimiento de la población afiliada, pero bajas las expectativas de vida. En armonía con esta realidad demográfica y laboral se escogió la técnica financiera de “reparto”; los aportes de los trabajadores activos financian las pensiones de los ya retirados. Se trata de una estructura piramidal con muchos cotizantes en la base y pocos jubilados en el vértice.

A medidos del siglo pasado se habían transformado las circunstancias determinantes del éxito del sistema en los países avanzados. La natalidad comenzó a caer, los avances en la salud elevaron las expectativas de vida por encima de los 75 años, en tanto que la población económicamente activa se encuentra estancada, o crece menos que la enorme hueste de los jubilados. De modo inexorable, estas realidades conducen a la quiebra de la Seguridad Social convencional. Cuando antes podía haber ochenta trabajadores generando los fondos para sostener un jubilado, en muchos países la cifra ha caído por debajo de cuatro. 

A comienzos de los noventa era claro entre nosotros que los pasivos no registrados a favor de futuros pensionados superaban el valor del PIB y que las reservas de los entes operadores del sistema pensional público se extinguirían a la vuelta de breve período. Por eso se decidió crear el sistema de “ahorro individual con solidaridad”, el cual ha sido aceptado masivamente por los trabajadores, minimiza las cargas fiscales y es inmune a la transición demográfica: cada trabajador construye, en lo esencial, su jubilación con el producto de la capitalización de sus aportes. 

La Corte Constitucional —Sentencia T-1052/08— ha señalado que todas las pensiones, incluidas las del régimen de ahorro individual, deben ajustarse anualmente de acuerdo con la evolución del índice de precios al consumidor, no importa cuál haya sido la rentabilidad de los ahorros que las financian. Esta decisión ha causado alarma. La Corte da la impresión de compartir una diatriba política contra la economía de mercado, la apertura económica y los fondos de pensiones que se halla en el fallo de primera instancia.

Pero, también, porque la decisión va en contra de uno de los pilares del sistema: se supone que las pensiones, salvo las mínimas, son función del valor del capital acumulado por el afiliado gracias a sus aportes y los rendimientos que ellas generen. La ley permite, además, que quien no quiera tomar riesgos financieros puede contratar una renta vitalicia, lo cual confirma este punto de vista. Sin embargo, la Corte tiene razón. Se ha limitado a aplicar una norma legal, equivocada a mi parecer, pero clara en su contenido. 

Infortunadamente, la obligatoriedad de estos reajustes perjudica, por extraño que parezca, al afiliado, toda vez que sigue siendo cierto que este se pensiona con sus propios fondos. Y si en varios años el reajuste de su pensión, para atender un mandato legal, supera la rentabilidad del capital que la financia, es probable que se torne insuficiente para depararle un retiro decoroso. Es como darse un tiro en el pie.

 

Lecciones de la crisis

Por Jorge Humberto Botero

El Heraldo, Barranquilla

Febrero 14 de 2009

Sumido el mundo desarrollado en una grave recesión, cuyos adversos influjos se sienten ya en nuestros países, es oportuno reflexionar sobre las lecciones que la crisis deja. 

La causa primera del desastre actual es el prolongado exceso de consumo de los Estados Unidos respecto de su propia producción, que fuera financiada con los masivos ahorros de China y otros países exportadores. Vaya paradoja. El consumo conspicuo de los ricos apalancado en el ahorro de los pobres. Esta “exuberancia irracional”, para usar las palabras de Alan Greespan, fue facilitada por el Banco de la Reserva Federal al validar, durante un lapso prolongado, un aumento de la oferta monetaria superior a la capacidad de crecimiento potencial de la economía.

El segundo motivo proviene de la defectuosa regulación y supervisión del sector financiero y, por ende, la mala evaluación de los riesgos financieros y el deterioro de la calidad de los activos de la banca. Los resultados están a la vista: la deuda de los hogares estadounidenses, que 10 años atrás era elevada —90% del ingreso disponible— en la actualidad excede a este en el 30% y es impagable bajo las condiciones en que fue pactada. En consecuencia, buena parte de la banca de los Estados Unidos ha caído en la insolvencia. 

De aquí surge la primera enseñanza. La política monetaria debe aguzar su sensibilidad en épocas de auge para descubrir qué porción del crecimiento obedece a factores sostenibles, pero, también, estar atenta para evitar ‘burbujas especulativas’, como las que han estallado en los Estados Unidos y Europa. Sabio es irse de la fiesta en el momento más divertido; su decadencia suele ser rápida y deprimente.

Al desplegarse la crisis hemos visto varios gobiernos salir al rescate del sector financiero con angustia e improvisación. Es comprensible: los flujos financieros son a la economía lo que la sangre al cuerpo humano. Si la liquidez se suspende, el organismo muere. Como hay que huir de esta opción, los gobiernos deben tener claro, en el momento de desatarse una crisis, que si bien hay que salvar el sistema financiero, no es necesario hacerlo con cada una de las instituciones que lo integran; y que las operaciones de rescate jamás deben validar la conducta imprudente de banqueros y accionistas.

Esto implica trazar nítidas fronteras entre bancos solventes con problemas de liquidez, bancos con defectos de capital pero no insolventes, y aquellos cuyo patrimonio se ha esfumado. Los primeros deben acceder con rapidez a las líneas de crédito del banco emisor, los segundos pueden ser capitalizados con una mezcla recursos privados y fiscales, mientras que los últimos deben liquidarse usando los recursos del seguro de depósitos para proteger a los pequeños ahorradores. 

La estabilidad del sistema financiero depende de la política monetaria y cambiaria que debe evitar volatilidades en tasas de interés y de cambio; la regulatoria encargada de velar por la solvencia del sistema, y la de supervisión encargada de garantizar el cumplimiento de las normas por cada uno de sus integrantes. En muchas partes estas funciones son competencia de diferentes organismos. Si no es factible reunirlas bajo una autoridad única, es preciso cerciorarse de que existe adecuada cooperación.

La globalización económica comenzó por el comercio, tuvo una fase intermedia representada por las migraciones de trabajo e inversión en activos tangibles, y, en años recientes, ha tenido lugar por la vía de la internacionalización de los servicios financieros. Por eso tiene sentido darle al Fondo Monetario la capacidad financiera necesaria para preservar la liquidez de la economía mundial. Para que pueda hacerlo requiere recursos masivos que, en parte, podrían provenir de la inversión en papeles suyos de una porción de las reservas de los países miembros.