Los lodos del Registrador

Saúl Hernández Bolívar

El Mundo, Medellín

Marzo 23 de 2010

Es cierto que en todas las elecciones hay casos de corrupción, como la compra y venta de votos, la suplantación de electores, la ‘participación’ de personas ya fallecidas, la adulteración de los escrutinios en algunas mesas, etcétera. Pero nada de eso pone en duda la validez de los comicios, por tratarse de alteraciones menores. Esto porque comprar o coaccionar a miles (o millones) de personas es virtualmente imposible, eso se logra en pueblos o en pequeñas regiones pero nada más; de manera que su incidencia no es altamente determinante pues, mal que bien, la gran mayoría de personas ejercemos el voto a entera voluntad, así las razones para escoger un candidato sean caprichosas.

Sin embargo, unos comicios como los del pasado domingo pueden quedar en duda cuando se cometen tantas y tan protuberantes fallas por parte del ente electoral, retrocediendo a épocas y a situaciones que creíamos ya superadas. Muchos predecesores del actual registrador, como Iván Duque Escobar y Almabeatriz Rengifo, mandaban a dormir al país con los resultados consolidados, aún en esos tiempos en los que había que capotear problemas de orden público en medio país para desarrollar las elecciones.

Al momento de escribir estas líneas han transcurrido 120 horas (cinco días completos) desde que se cerraron los comicios a las 4 de la tarde del 14 de marzo, y aún no se sabe quién es el ganador de la consulta conservadora ni se tiene la conformación definitiva del Congreso de la República, lo que ha fomentado un preocupante clima de fanatismo, desinformación e incertidumbre que ya está siendo aprovechado electoralmente con cinismo y bellaquería por parte de candidatos perdedores como Gustavo Petro y Sergio Fajardo, que ponen en duda la voluntad de las mayorías para explicar sus justificadas derrotas.

Por su parte, el registrador Nacional Carlos Ariel Sánchez, ha sido insolente y se ha negado a reconocer sus errores y su ineptitud parapetándose, con el fin disimular su incompetencia, en argumentos baladíes y legalistas, como aquello de que el gobierno le está pasando una cuenta de cobro por ser enemigo declarado del referendo, que unos hackers atacaron los sistemas informáticos o que él no podía contratar una empresa externa para hacer el escrutinio de los partidos porque estos son entes particulares.

Al obtuso registrador Sánchez le quedará muy difícil explicar por qué canceló el contrato con la empresa Sigma, que venía desempeñando esta tarea de forma exitosa por más de 20 años, para dárselo a dedo a Une con un sobrecosto de 52.000 millones e indicándole, además, a quién debía subcontratar. Incluso, no se ha mencionado que Une es una empresa controlada por el grupo político del candidato presidencial Sergio Fajardo. Su presidente, Horacio Vélez, fue secretario de Hacienda de Medellín en la administración de Fajardo, con quien lo unen lazos de amistad desde la más tierna infancia.

¡Qué se estaría diciendo si la empresa que suministra la plataforma tecnológica fuera controlada por Juan Manuel Santos o Andrés Felipe Arias!

Pero los problemas no paran ahí: los tarjetones fueron los más confusos de la historia, los jurados no fueron convenientemente capacitados, no hubo cuadernillos de Parlamento Andino, se presentó un retraso inaudito en la entrega de la información, los sistemas informáticos no funcionaron, se menospreció la importancia de las consultas, se cambiaron técnicas tradicionales por otras improvisadas… Tal vez tienen razón quienes dicen que lo del whisky no tiene importancia, aunque es bastante representativo del desastre ocurrido el domingo por cuenta de la Registraduría Nacional y, más concretamente, de su cabeza visible, el registrador Sánchez.

Conviene recordar que el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Aponte, advirtió que Carlos Ariel Sánchez estaba “inhabilitado para ocupar el cargo de nuevo registrador, porque hay en su contra una demanda por no haber pagado una condena impuesta por presuntas actuaciones irregulares cuando se desempeñó como contralor de Bogotá” (Caracol Radio, 29/11/2007). Para el magistrado Aponte, la condena emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, hacía inconveniente la designación de Sánchez Torres como registrador nacional. Además, contra este se adelantaban otros procesos, entre ellos uno presentado por la propia Registraduría Nacional del Estado Civil. Es decir, de aquellos polvos, estos lodos.

Reformas impostergables

Saúl Hernández Bolívar

El Tiempo, Bogotá

Marzo 16 de 2010

Se ha hecho mucha alharaca en estos años con el cuento de que el 35 por ciento del Congreso respondía a las organizaciones paramilitares. Es una acusación risible, porque antes de que los paramilitares llegaran, los políticos ya estaban ahí; es decir, los mismos políticos, los mismos gamonales, los mismos caciques... y ahí seguirán.

Como en el cuento de Monterroso ("Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí"), pasarán narcos, 'paras', guerrillas y demás, mientras los mismos politiqueros estarán ahí, y sus hijos, y los hijos de sus hijos, porque los seguimos eligiendo. Y esto se hace evidente cuando se ve a gentes de cualquier estrato, todavía, a estas alturas, pidiendo votos por el que le va a dar trabajo al hermano o al cuñado. En cualquier conversación sobre elecciones a corporaciones públicas, priman los comentarios sobre el diputado o el congresista que controla todos los puestos en esta o en aquella región. Y, por supuesto, sobre los que dominan la contratación, que es el interés principal en los estratos altos.

Es difícil, pues, sentirse optimista con el Congreso que se ha elegido, con honrosas excepciones. Es cierto que, por lo menos en apariencia, se asegura la gobernabilidad. Pero es que preocuparse por la infiltración 'para' ha sido una búsqueda del ahogado río arriba y de la fiebre en las sábanas. El hecho de que las campañas al Congreso cuesten varios miles de millones (por curul) cuando, en caso de ser elegido, se recibirá menos de mil en ingresos legítimos -y acaso insensatos- en todo el cuatrienio, es la prueba reina de que ahí está la llave maestra de los por lo menos 4 billones de pesos que los corruptos le están arañando al presupuesto cada año.

Y, obviamente, las deseadas reformas que requiere esta Corporación se quedan en veremos porque ningún vicioso se rehabilita a sí mismo. Sigue siendo pertinente reducir el Congreso a una sola Cámara de 100 o 150 integrantes, abolir cualquier forma de carrusel, reducir los ingresos de los parlamentarios a no más de 20 salarios mínimos, eliminar la pensión de congresista, castigar el ausentismo, reducir la reelección a no más de cuatro periodos (Peñalosa propone que sean sólo dos), crear inhabilidades a parientes de congresistas para evitar las herencias mal avenidas, etcétera.

Pero eso no es lo único que requiere reformas urgentes. La Registraduría Nacional está desempeñando un papel vergonzoso que debería culminar en la renuncia del registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, sin detrimento de las enmiendas que deben aplicarse al Código Electoral.

Los comicios deben regirse por el sentido común, la claridad, la facilidad; no la complejidad y la confusión. No puede haber tarjetones con tres secciones distintas, según la circunscripción, como el de Cámara. No puede haber tantas votaciones sobre temas distintos el mismo día. En el 2002, aun con foticos en el tarjetón, los votos nulos para el Senado fueron 355.070; en el 2006, ya sin fotos ni nombres, los votos nulos fueron 1.212.004. Los votos nulos de ayer están por el orden del millón y medio.

Si bien es cierto que el número de sufragantes se incrementó en tres millones, también lo es que el censo ha aumentado significativamente. Y es muy probable que la participación mejore si este galimatías electoral se acaba. Hay que empezar a introducir el voto electrónico y también limitar el número de inscritos en las listas, hay que hacer verdaderamente atractivos los estímulos electorales, aumentar el horario de votaciones hasta las seis de la tarde, como en muchos países, o alargar las votaciones durante varios días, de acuerdo con el número de la cédula. En fin, algo hay que hacer.

Pero más grave que la complejidad de la votación, es el pobre desempeño de la Registraduría en el conteo de la consulta del Partido Conservador. Sería el colmo alimentar dudas hasta el sábado, cuando lo que está en juego es la Presidencia misma. El sistema tocó fondo.

Casa por cárcel es impundiad

Saúl Hernández Bolívar

El Mundo, Medellín

Marzo 15 de 2010

Los ciudadanos estamos cansados de la impunidad que reina en el país. Ha habido, de tiempo atrás, una perversa laxitud en la imposición de las condenas, un régimen carcelario blandengue y permisivo, y unas rebajas de pena vergonzosamente pródigas. Y, como si fuera poco, ahora está haciendo carrera la práctica de otorgar el beneficio de la casa por cárcel de manera infundada e improcedente, dizque con el fin de reducir el hacinamiento carcelario.

De manera sistemática, jueces y fiscales vienen concediendo esa indulgencia a delincuentes peligrosos que no deberían obtenerla bajo ningún argumento. Si antes veíamos con preocupación que autores de delitos execrables cumplían penas efectivas de tan sólo diez o doce años –que son muy benévolas en comparación con el daño causado–, ahora el desasosiego es porque estos criminales están cómodos en sus casas y salen cuando quieren; incluso, muchos reciben permiso para trabajar fuera de su vivienda, como cualquier ciudadano de bien. Es decir, a pesar de que en Colombia hay una alarmante impunidad del 97 por ciento, nuestros jueces y fiscales están acabando soterradamente con las penas privativas de la libertad, propósito que promueven las corrientes –de suyo anarquistas– del mal denominado ‘nuevo Derecho’, con el cuento de que las cárceles no resocializan.

Sin embargo, ninguna sociedad puede aceptar que a temibles miembros de bandas delincuenciales les den la casa por cárcel con pretextos pueriles como ese de ser ‘padres cabezas de familia’, una de las artimañas favoritas de los penados para lograr una excarcelación expedita.

De un lado, no son un buen ejemplo para sus hijos, quienes estarían mejor en manos de Bienestar Familiar, o de otros parientes que se puedan hacer cargo de ellos. Del otro, se vulneran los derechos de las víctimas al no haber castigo y, como si fuera poco, se pone en peligro a otros ciudadanos. Valga decir que los derechos de los hijos de los delincuentes no pesan más que los derechos de las víctimas o de los hijos de estas, ni están por encima de los derechos de probables nuevas víctimas y sus hijos.

Ahora, el pretexto de los problemas de salud tampoco es válido, aún en caso de que fueran reales. Es imposible estar de acuerdo con el fiscal (e) Guillermo Mendoza Diago, para quien “la sustitución de una medida por domiciliaria no depende de la peligrosidad de la persona, sino del estado de gravedad por una enfermedad determinada y le corresponde al Inpec (…) asegurarse que (los penados) se encuentran realmente en su domicilio”. El Inpec no está para vigilar casas. En Colombia hay 22.000 delincuentes que gozan del beneficio de casa por cárcel –3.984 de ellos con manilla–, y el Inpec sólo cuenta con 11.200 guardias. Además, la casa no es el sitio adecuado ni para un preso ni para enfermo grave; el primero debe estar en la cárcel y el segundo en un hospital.

Pero hay más: la Ley 1142 de 2007, que se refiere al uso del brazalete electrónico, es muy clara al señalar (Artículo 38) que el beneficio sólo podrá concederse en caso de que la pena impuesta no supere los ocho años de prisión, y siempre y cuando no se trate de delitos de genocidio, contra el DIH, desaparición forzada, secuestro extorsivo, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de migrantes, trata de personas, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, extorsión, concierto para delinquir agravado, lavado de activos, terrorismo, financiación del terrorismo y delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. También exige que el Juez pueda deducir seria, fundada y motivadamente que el condenado no pondrá en peligro a la comunidad y que no evadirá el cumplimiento de la pena.

Es claro, entonces, que el beneficio no podía cobijar a Diego Alejandro Serna, alias ‘Kéner’, peligroso jefe de sicarios de una organización criminal, por enfermo que eventualmente estuviera, aunque es fácil deducir que su salud es normal. De hecho, las autoridades explicaron que “Mientras estuvo en la cárcel de Palmira nunca tuvo una urgencia o una recaída”.

El director de la Policía Nacional, general Oscar Naranjo, denunció que ‘Kéner’ lanzó una amenaza en el momento de su captura: “Si me presentan como recapturado no quedará títere con cabeza”. Si se tiene en cuenta que este sujeto se había convertido, para la Fiscalía, en un testigo clave en varios procesos contra financiadores de grupos paramilitares, y que en la Corte Suprema alcanzó a ofrecer datos sobre nexos de su organización criminal con dos congresistas de Antioquia, tal amenaza significa que ‘Kéner’ terminará convertido en otro ‘Pitirri’, lanzando falsas acusaciones a diestra y siniestra desde un cómodo exilio. ¿Será por eso que la Justicia venía tratándolo con tanta generosidad?

¿Quién le pondrá el cascabel a Chávez?

Saúl Hernández Bolívar

El Mundo, Medellín

Marzo 8 de 2010

El presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, le pidió explicaciones a Hugo Chávez por las sindicaciones que hizo contra su gobierno un juez de la Audiencia Nacional de España. El juez dijo que había pruebas claras de que el gobierno de Chávez favorecía grupos considerados terroristas por la Unión Europea como las Farc y Eta, y lo dijo basándose, además, en los computadores de ‘Raúl Reyes’ que en Colombia han sido despreciados como prueba por la Corte Suprema de Justicia, que ha actuado con evidente sesgo político.

Pero el dictador venezolano se ha apresurado a decir, fiel a su estilo, que no tiene que explicarle nada a nadie, a lo cual el gobierno español se ha metido cobardemente bajo la mesa: su canciller, Miguel Ángel Moratinos, corrió a desautorizar a su jefe, precisando que no le estaban pidiendo ‘explicaciones’ a Hugo Chávez sino ‘información’; mientras que el ministro del Interior de España, Alfredo Pérez Rubalcaba, si bien le ‘exigió’ tímidamente a Caracas colaboración para luchar contra el terrorismo, descartó que el gobierno venezolano actúe con “permisividad” hacia Eta y sacó en limpio a Chávez al asegurar que es pronto para saber si tiene relaciones con los terroristas vascos.

Sólo la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, tuvo pantalones para decirle a Chávez que respete al juez de la Audiencia Nacional y a España “si quiere ser respetado”, y le aclaró que la justicia española es independiente y que las autoridades venezolanas deben “colaborar para aclarar unos hechos muy graves”.

¿Por qué un país de la importancia de España pretende pasar por alto los desmanes de Hugo Chávez? Es claro que en todo esto hay mucho de ideología. Moratinos se batió fieramente para condenar en Europa el supuesto golpe contra Mel Zelaya en Honduras y ha sido un defensor a ultranza de la dictadura de Castro en Cuba, con la que ha fortalecido lazos diplomáticos, políticos y económicos sin importarle lo más mínimo la situación de los disidentes como el fallecido Orlando Zapata.

A España lo único serio que le corresponde hacer es cortar relaciones con Venezuela y, antes que nada, dejar de venderle armas, pero tal parece que no hay quien le ponga el tatequieto a Chávez, cuya relación con terroristas está más que demostrada. La autenticidad de los computadores de ‘Reyes’ –que dejan al descubierto la cercanía de Chávez con las Farc– fue cuidadosamente certificada por Interpol, quien aseguró con toda certeza que los archivos de usuario no habían sido modificados. Por otra parte, en 2009, el gobierno de Suecia solicitó información a Caracas sobre un lanzacohetes que le había sido vendido al Ejército de Venezuela hace más de 20 años y que le fue incautado a las Farc. Ya ha pasado cerca de un año sin que Miraflores haya ofrecido una explicación convincente.

A todas estas es incomprensible que a algunos les cueste trabajo reconocer la cercanía del dictador con los terroristas, cuando él no hace ni el más mínimo esfuerzo por ocultarlo. Hay que recordar las exhortaciones que les hiciera Ramón Rodríguez Chacín a guerrilleros de las Farc en el marco de unas ‘liberaciones humanitarias’ (“Estamos muy pendientes de su lucha, mantengan ese esfuerzo y cuenten con nosotros”), y las permanentes alusiones de Chávez a favor de terroristas y dictadores como Ilich Ramírez Sánchez –alias ‘Carlos’ o ‘El Chacal’–, Robert Mugabe, Idí Amín Dadá, Mahmoud Ahmadinejad y Fidel Castro. Igualmente, su duelo por la muerte de ‘Raúl Reyes’, y sus reiteradas solicitudes a la comunidad internacional de que le otorgue estatus de beligerancia a las Farc.

Es evidente que Hugo Chávez es un outsider y eso le genera simpatías. Ser antiimperialista y antisemita es una actitud aplaudida en un mundo unipolar en el que Estados Unidos sigue siendo el poder dominante. Pero que gobiernos de países serios admitan un atropello contra sus ciudadanos, como lo es apoyar a un grupo terrorista que los intimida, los mancilla y los asesina, es una grave afrenta para el mundo democrático y libre. ¿Hasta cuándo tanta insolencia? ¿Quién será capaz de ponerle el cascabel al gato?

Una propuesta decente, Darío Acevedo

Saúl Hernández Bolívar

http://opinet.net/

Marzo 4 de 2010

Cada que se aproximan unas elecciones, sobre todo para Congreso de la República, muchas personas que no están contaminadas por la política tradicional se preguntan por quién votar sin encontrar una respuesta. Les gustaría participar pero no hallan un candidato que satisfaga sus expectativas, alguien que personifique una propuesta realmente decente que trascienda cualquier eslogan de campaña.

Seguramente los lectores han visto un aviso que hemos publicado en días pasados promoviendo las candidaturas de Jaime Restrepo Cuartas, al Senado, y Darío Acevedo Carmona, a la Cámara de Representantes por el Departamento de Antioquia. Dicho aviso no es publicidad política pagada, es una recomendación seria y a conciencia de dos personas que tienen todas las credenciales para ocupar dignamente dos asientos en el Congreso de la República.

Son personas de la Academia que no tienen ninguna tacha. Usted nunca oirá decir que faltan a las plenarias o que se ausentan una vez pasan lista, que protagonizan un escándalo de corrupción, que los vieron borrachos haciendo mal uso de vehículos oficiales, que controlan alguna entidad oficial donde quitan y ponen empleados a su amaño, o cuyo presupuesto manejan como plata de bolsillo, etcétera.

Darío Acevedo es un antioqueño de 59 años, historiador de la Universidad Nacional y Doctor en Historia de la Universidad de Huelva (España). Lleva más de 25 años como profesor en la Universidad Nacional (Sede Medellín). También se ha destacado como investigador, conferencista, columnista de prensa y escritor.

¿Cuáles son sus ejes programáticos?

El primero es el respaldo decidido a la Seguridad Democrática, garantizando no solo su continuidad sino su perfeccionamiento. Para el doctor Acevedo, “la seguridad es la base y el prerrequisito de cualquier política social y económica seria y eficaz”. En ese sentido es necesario que el país elija un Congreso de mayoría uribista en marzo, y logre llevar a la primera magistratura al doctor Juan Manuel Santos, para el período 2010-2014.

El segundo eje es el estímulo a la inversión, tanto nacional como extranjera, para generar fuentes de empleo y asegurar el crecimiento y bienestar. La seguridad, la estabilidad jurídica y otros mecanismos asegurarán lo que Uribe ha llamado la “confianza inversionista”.

Un tercer postulado es la búsqueda de mercados para los productos y servicios colombianos en el exterior, sobre todo a través de los tratados de libre comercio. Los países que más han resuelto los problemas de pobreza e inequidad en las últimas décadas, son los que se han abierto a la globalización.

La cuarta estrategia consiste en impulsar a fondo la educación, la ciencia, tecnología e innovación, que permitan desarrollar empresas modernas y competitivas en el entorno internacional, generadoras de valor agregado y de empleo calificado. La educación es la mayor generadora de oportunidades para la población, sobre todo de los sectores menos favorecidos.

La propuesta decente que les hago a los antioqueños es votar por Darío Acevedo Carmona a la Cámara de Representantes, Partido de la U, Número 117. Visiten las páginas web del candidato y comprueben que se trata de un personaje sin tacha que merece apoyo, un contrapeso a esa política tradicional que tanto asquea y que desprestigia a la corporación más importante de la democracia.

http://www.darioacevedo117.com

http://ventanaabierta.blogspirit.com

A mantener el curso

Saúl Hernández Bolívar

El Tiempo, Bogotá

Marzo 2 de 2010

No cabe duda de que la participación ciudadana en Colombia es un cuento chino. Cuatro millones de firmas no valen nada, aunque son casi el triple de lo exigido por la ley. Tampoco hay duda de que los promotores del referendo incurrieron en muchas chambonadas, pero ninguna de ellas variaba un ápice la esencia del asunto.

Por eso, puede afirmarse que este no fue un fallo en derecho, fue un fallo político. ¿Qué habría pasado si no se hubiera incurrido en ninguno de los cinco vicios que el magistrado Sierra Porto consideró insalvables en su ponencia? Pues lo mismo, porque el propósito era bajar del caballo a un jinete que había acumulado mucho poder, nada más. De hecho, los magistrados se percataron, a última hora, de que una sentencia de inexequibilidad por los vicios señalados sería tan débil como un muro pegado con babas, y se inventaron un vicio de fondo -con un apretado 5-4-, arrogándose la facultad de implantar normas pétreas en la Constitución para que nadie -y muchísimo menos Uribe- pueda ser presidente por más de dos periodos.

Es decir, no importaría que se presenten quince millones de firmas, que no se violen los topes, que se redacte una pregunta con una gramática digna de Cervantes, que la Registraduría certifique el proceso en letras de molde y que en el Congreso aprueben la ley con una disciplina monacal. Ahora el Constituyente Primario carece de la más mínima potestad para poner en funcionamiento un mecanismo de participación directa, que es, de por sí, frustrante para el ciudadano, por la barrera infranqueable de un umbral hipotético que se basa en un universo ficticio de gentes aptas para votar, pero apáticas, en vez de fijarse con base en los votos válidos de las últimas elecciones.

Pero, volviendo al tema, cabe preguntarse también si en el fallo no hay algo de sesgo ideológico. Dicen que el veredicto es prueba de la independencia de poderes en Colombia y de que no somos una banana republic. Pero, ¿qué habría pasado si Uribe fuera un líder de izquierda como Evo, Ortega o Chávez? Me temo que se le hubiera dado paso a la reelección indefinida. Por cierto, no eran neutrales los aplausos que retumbaron en el recinto de la Corte en el momento de leerse el fallo, lo que recuerda que el mamertismo nacional nunca mostró respeto por un gobierno legítimamente elegido por una amplia mayoría.

En cambio, el mejor ejemplo de respeto lo dio, precisamente, el presidente Uribe. Porque los demócratas de verdad ni nos alegramos ni nos afligimos con el veredicto. Estamos tranquilos porque sabemos que las ideas que se han articulado en torno del liderazgo de Álvaro Uribe representan el sentir de quienes sueñan con un país mejor para las futuras generaciones, una doctrina basada en la promoción de las libertades individuales, pero enmarcadas en el orden jurídico; en la igualdad de derechos y oportunidades con sujeción al cumplimiento de deberes, y en el ejercicio legítimo de la autoridad para generar un clima que permita avanzar. Es la cara opuesta del régimen que los tiranos instauran en solares vecinos y al que los violentos nos quieren someter aquí.

El presidente Uribe no ha hecho otra cosa que fortalecer la democracia colombiana durante toda su trayectoria política, sobre todo desde cuando recibió la conducción de un Estado fallido y una sociedad desesperanzada. Hay que tener memoria para que no nos reescriban la historia y no caer en el error de entregarles el timón a personajes que transigen con los violentos. Las Farc se trazaron el objetivo vital de pasar el "chaparrón de Uribe" y sería de lamentar eternamente que nos dejemos seducir por cantos de sirena y nos devolvamos a pocos metros de la orilla. Bien dice Juan Manuel Santos -en Jaque al terror- que quienes hereden esta empresa estarán parados "sobre hombros de gigantes", de un gigante que señaló un rumbo que se debe mantener. Justamente, nadie mejor que Santos para mantener el curso.

No vendamos la soga

Saúl Hernández Bolívar

El Mundo, Medellín

Marzo 1 de 2010

Hay quienes opinan que el incidente que protagonizaron Uribe y Chávez en Cancún servirá para mejorar y hasta para restablecer las relaciones entre los dos países como si se tratara de una simple rencilla de muchachos que se arregla con un apretón de manos. Pero si se considera la naturaleza de las discrepancias entre ambos mandatarios es preciso reconocer que no se puede llegar a un arreglo verosímil mientras Hugo Chávez esté en el poder en Venezuela.

Y es que no se puede pasar por alto tan fácilmente que Hugo Chávez es un aliado de las Farc y un sátrapa que ha violentado la democracia de su país para imponer el comunismo en contra de los designios de su propio pueblo, cosa que también pretende hacer con nosotros. Es decir, el coronel no es un vecino cualquiera y por eso no tiene ningún sentido que los dos mandatarios se sienten a dialogar, mucho menos ahora que Uribe está terminando su periodo de gobierno mientras que el ‘varón’ Chávez hará todas las maromas posibles para quedarse todo el tiempo que pueda, hasta que los venezolanos se cansen y lo saquen ruidosamente un buen día de estos. Sólo es cuestión de tiempo.

No es más que un diálogo de sordos el sentarse a la mesa con alguien que delira con la idea de invadirnos y anexionarnos para reunificar el sueño bolivariano de la Gran Colombia; alguien que necesita desesperadamente una salida al Pacifico para exportar su petróleo a China y desprenderse de la dependencia del mercado gringo, paso indispensable para iniciar su combate contra el imperio; alguien que desea fervientemente convertirse en el nuevo Fidel y superar su legado, expandiendo el comunismo a toda América Latina, en lo que el barbudo fracasó.

No seamos hipócritas: lo mejor para Colombia es que el pueblo venezolano le pase cuenta de cobro a quien ha convertido a un país rico en un infierno donde campea el crimen –10.000 asesinatos tan sólo en Caracas en 2009–, donde no hay energía eléctrica, donde escasean los víveres, donde no hay respeto por la propiedad privada, donde se reprime descaradamente a la oposición, donde se coarta la iniciativa privada y donde la hacienda pública se maneja como plata de bolsillo. Allá todo apunta a una catástrofe histórica.

Colombia se debe separar de ese paciente terminal y dejar que la dinámica de los acontecimientos termine su tarea. Es incomprensible que el gobierno colombiano le ofrezca venderle energía a Venezuela como si pretendiera darle una mano al gobierno de ese país para que solucione su crisis. Una cosa es tener sentido humanitario con un pueblo hermano y asistirlo en una tragedia, por ejemplo, y otra, muy distinta, convertirse en alcahueta de un régimen despótico que nos dará una puñalada artera en cuanto pueda. Y todo por unos pesos.

Es una verdadera estupidez que evoca aquella máxima de Lenin: “Los capitalistas nos venderían hasta las sogas con las que los ahorcaremos”.

Es cierto que la caída de las exportaciones colombianas a ese país afectan el empleo y la economía nacional, pero también afecta a los venezolanos y a su nefasto gobierno. Ya nos ha quedado claro que no es conveniente depender de un cliente inestable que en cualquier momento nos deja colgados de la brocha, por lo que sería un grave error permitir que esa apreciable dependencia del mercado venezolano, que hubo en los últimos años, prospere de nuevo. Mientras el dictador vecino se mantenga en el poder, eso no significaría otra cosa que vivir a cuenta del chantaje y las intimidaciones que oscilan al vaivén de su temperamento ciclotímico y de sus protervas intenciones.

Por otro lado, puede ser práctico bajarle temperatura a las relaciones con Venezuela con el fingimiento propio de la diplomacia, pero eso no puede implicar concesiones inadmisibles –y suicidas– como renunciar a las mal llamadas ‘bases militares gringas’.

Y seamos claros en algo: no se puede reprochar el legítimo reclamo del presidente Uribe en la Cumbre de Cancún, ni comparar su actitud frentera con la vulgaridad y ordinariez de quien lleva años insultándolo a él y a Colombia entera.

En el tintero: Con el hundimiento del referendo no sólo se fue a pique un nuevo periodo del presidente Uribe sino el poder mismo del Constituyente Primario. La participación ciudadana en Colombia es una fábula; cinco millones de firmas, millones de votos en dos elecciones y decenas de encuestas (ciencias estadísticas), no valen nada. Es una pena.

Triste campaña electoral

Saúl Hernández Bolívar

El Mundo, Medellín

Febrero 22 de 2010

Las que se avecinan son las elecciones parlamentarias más tristes de las que se tenga recordación. En competencia por cerca de 265 curules en Cámara y Senado, hay alrededor de 2.700 candidatos entre los que muy pocos se alcanzan a destacar por su trayectoria y sus propuestas, lo que deja una fuerte impresión de que la mayoría busca un lucro personal y no un espacio desde el cual poder servir al país.

Eso no debe sorprender a nadie. De hecho, un sueldo mensual de más de 21 millones de pesos –que alguien con salario mínimo se tardaría tres años y medio en ganar–, es atractivo para cualquier persona por lo que no faltan quienes pretenden capitalizar su fama o notoriedad para hacerse a una curul. Por eso abundan en campaña personajes de la farándula. Lo que es verdaderamente preocupante es que muchos candidatos están invirtiendo en sus campañas gruesas sumas de dinero, que superan ampliamente el salario que recibirán durante cuatro años en el Congreso, más el reembolso que hace el Estado a los partidos por reposición de votos (4.217 pesos por voto).

El tope de gastos para candidatos al Senado fue fijado en 675 millones; para la Cámara por Bogotá en 531 millones; para la Cámara por departamentos con un censo electoral de más de un millón de votantes en 477 millones. No obstante, se sabe que el costo de una campaña al Senado ronda un promedio de 1.500 millones de pesos y hasta se habla de campañas de 4.000 millones. Un parlamentario se gana algo más de mil millones en los cuatro años y si alcanza una alta votación, digamos de 100.000 votos, le reembolsarían poco más de 400 millones de pesos.

Luego, en su mayoría estarían a ras entre lo que invierten y lo que ganan legalmente, lo que constituye un perverso modelo que conduce a la corrupción.

Lamentablemente, hace meses que se viene rumorando acerca de una frenética actividad de compra de votos en muchas regiones del país, pero ya no sólo con tamales, sancochos o unos pocos adobes, sino en un mercado abierto con ofertas que rondan los 60.000 pesos por voto, negociados en bloque por presidentes o representantes de juntas de acción comunal o asociaciones similares. Además, algunos partidos y candidatos vienen haciendo un derroche de dinero en publicidad tan inusitado como sospechoso, con gigantescas vallas, numerosos pasacalles y abundante presencia en medios.

Es evidente que quienes hacen campañas que cuestan miles de millones de pesos por encima de los ingresos que obtendrán en su ejercicio legislativo los van a recuperar con creces a través de contratos con entidades del Estado que controlan con sus maquinarias políticas. Esto ha existido toda la vida pero en estos comicios el fenómeno parece agravarse. Por ejemplo, hay un ardid aparentemente nuevo como es el de hacer política ‘en cuerpo ajeno’, estrategia mediante la cual algunos condenados por parapolítica pretenden mantener su cuota de poder haciendo elegir parientes cercanos con los votos amarrados de sus clientelas.

No menos grave es la ausencia de propuestas sensatas y el populismo rampante. Da grima escuchar los planteamientos de la mayoría de los candidatos, quienes ofrecen solucionar mágicamente todos los problemas del país acudiendo a formulismos vagos cuyas falsas promesas aún confunden y engañan a buena parte del electorado.

Es tan pobre esta campaña –conceptualmente hablando– que ha merecido más atención la promesa de una señora que ofrece desnudarse en una revista si resulta elegida. Nada raro que lo logre, pero eso sería una burla para la democracia y una bofetada a la clase política, similar a la del caso del lustrabotas que obtuvo un escaño en el Concejo de Bogotá hace unos años. Y si bien puede ser menos dañino tener a estos personajes que a políticos deshonestos, su presencia en nada ayuda a la formación de instituciones sólidas y maduras. Triste antesala de unos comicios más insulsos todavía, y una campaña aún más vacía como la presidencial, donde el único argumento es impedir que se reelija el actual primer mandatario de la Nación.

Una pildorita de sensatez

Saúl Hernández Bolívar

El Tiempo, Bogotá

Febrero 16 de 2010

La Organización Mundial de la Salud define que la salud es "el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". Pero, también puntualiza que el presupuesto asignado en un país al bienestar social debe estar asociado al nivel de riqueza colectiva.

La sociedad actual parece atravesar una etapa de negación de la muerte; hay quienes no buscan calidad de vida a través de los servicios de salud sino prolongar la agonía de manera indefinida y a un costo tal que se vulnera el precepto de justicia en la distribución de unos recursos que son bastante limitados. Hay pacientes que le valen al sistema sumas astronómicas. En muchos casos, ¿no se está preservando su vida por medios artificiales y, en ese caso, no es un atentado contra su dignidad?

¿No tiene importancia estarse gastando la provisión anual de miles de personas?

Colombia destina 25 billones de pesos anuales a la salud, el 8 por ciento del PIB. En promedio, cada afiliado le cuesta al sistema unos 500.000 pesos anuales. La cobertura se ha ampliado significativamente. En 1990, sólo el 16 por ciento de los colombianos tenía atención en salud; en el 2002, subía a cerca del 60 por ciento; y hoy la tiene más del 90 por ciento de la población (41 millones de personas). En el régimen subsidiado tenemos 23,8 millones de afiliados y 17,6 en el contributivo, de los cuales sólo 8 pagan, el resto son parientes beneficiarios. Este año se alcanzará la cobertura universal y, por orden de la Corte Constitucional, se igualarán los beneficios de ambos regímenes, nivelación que cuesta -según Fedesarrollo- 5 billones anuales, por lo que de poco o nada sirve que haya 6 billones en TES.

Francia tiene el mejor servicio de salud del mundo. Allá se destina para la salud el 11 por ciento de su gigantesco PIB, lo que equivale a más de 400 billones de pesos colombianos. Eso les permite contar con cerca de 7 millones de pesos anuales, en promedio, para cada ciudadano. Tienen cobertura universal, pero mientras aquí tenemos a cerca del 60 por ciento de la población en el régimen subsidiado, allá sólo lo está cerca del 7 por ciento. Casi toda la población cuenta con el 'seguro de salud obligatorio', que se financia, igual que aquí, con los aportes salariales (repartidos entre el empresario y el trabajador), y muchos tienen también el 'seguro complementario', diseñado para cubrir enfermedades graves. En todos los casos, el sistema prevé participación financiera del paciente.

Es decir, tener altos estándares en los niveles de atención en salud no depende de "asegurar los recursos necesarios a cargo del Estado" como vienen diciendo, palabras más, palabras menos, los politiqueros que andan en campaña y los críticos que no ven sino errores en este Gobierno. Si los franceses, para darles la mejor salud del mundo a sus 62 millones de habitantes, necesitan 400 billones de pesos, en Colombia se necesitarían unos 300 billones para atender con los mismos parámetros a 45 millones de personas y eso es, más o menos, el 80 por ciento del PIB nacional, y representa toda la recaudación de impuestos del país en cinco años.

Esa es, a grandes rasgos, la realidad de la situación. El nuestro es un país pobre cuya economía naufraga en la informalidad, dejando pocos ciudadanos en grado de contribución. Pero hay gran cobertura y un alto nivel científico que es muy costoso. Así que a las exageradas expectativas por parte de los usuarios, y a los abusos, hay que ponerles freno.

Es cierto que las EPS deben mejorar la atención, que los decretos de la emergencia social no son perfectos, que debió darse el debate previo, que no se debieron contratar asesorías millonarias, etcétera, pero las decisiones que se están tomando van en la dirección correcta. Seamos sensatos, ni siquiera la 'autonomía médica' puede convertir a los médicos en ordenadores del gasto.

Un ultraje a la voluntad popular

Saúl Hernández Bolívar

El Mundo, Medellín

Febrero 15 de 2010

El magistrado Humberto Sierra Porto pide hundir el referendo por errores de forma que para el procurador Alejandro Ordoñez no son de gravedad. Tampoco para expertos juristas como Jesús Vallejo Mejía, quien considera que “no tendría sentido que por aspectos secundarios de orden procedimental o formal, se dejara de atender el clamor ciudadano que pide que Uribe pueda someter su nombre a otro debate electoral”. La esencia del asunto es que cuatro millones de personas firmaron voluntariamente por la reelección de Álvaro Uribe para el periodo 2010-2014, y ahora se les quiere impedir su participación, que es una de las mayores fortalezas que se le atribuyen a la Constitución de 1991, la cual garantiza la participación del ciudadano en muchos ámbitos.

No obstante, tal garantía no es más que letra muerta. La verdad es que los mecanismos más expeditos de participación, diferentes al voto, como son el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato (Artículo 103), no han tenido mayor alcance en los 18 años de vigencia de la Constitución.

Hasta el día de hoy no se ha llevado a cabo ningún plebiscito; se realizó un referendo en el 2003, cuya mayor parte sucumbió ante el exigente umbral de votación requerido; se han efectuado consultas populares regionales y locales que no lograron cumplir el requisito de participación de la tercera parte del censo electoral; el cabildo abierto ha sido un mecanismo poco utilizado que no tiene carácter vinculante; las iniciativas legislativas suelen hundirse o archivarse; y de las revocatorias del mandato no ha prosperado ninguna de las 28 que se han tramitado en 15 años desde su reglamentación (Ley 134 de 1994).

La explicación es simple: aparte de que los requisitos para la ejecución de cualquiera de estos mecanismos son muy severos, el hecho es que las iniciativas populares son bloqueadas en distintos niveles del Estado. Por eso todos los trámites para aprobar el referendo por la reelección fueron demorados y obstaculizados al máximo. Es decir, aquí prima la voluntad de los sectores políticos y no la del constituyente primario, lo que coarta el derecho de participar en la vida democrática del país, violando el Artículo 40 de una Constitución que, paradójicamente, tuvo origen ilegítimo en una iniciativa –la llamada ‘séptima papeleta’–, que no tuvo gran acogida —menos de dos millones de votos en un censo electoral de 14, o sea que no habría superado el umbral que se exige para el referendo—, y que se fraguó para darles gusto a unos pocos, entre ellos a los grupos armados que pedían una Asamblea Constitucional para promover algunas reformas políticas.

En ese entonces, primaron en el seno de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, unos conceptos que –no nos cansaremos de repetirlo– deberían ser igualmente válidos hoy: 1) que la “séptima papeleta suscitó un verdadero plebiscito que no requiere prueba, pues se trató de un acto masivo y público”; 2) que el país reclamaba “el cambio institucional, aunque dentro de los cauces del orden jurídico”; 3) que el constituyente primario tiene toda la competencia para ejecutar cambios y 4) que “el no acceder a este clamor del pueblo será, sin ninguna duda, un factor de mayor desestabilización del orden público” (El Tiempo, 03/10/1990).

Es por esto que la Corte Constitucional seguramente negará el referendo mediante una salida ‘elegante’ que deje contento a todo el mundo y no genere frustración en las mayorías.

Una de ellas podría ser la de permitir un referendo que apruebe la reelección pero para el 2014, siguiendo el argumento de los puristas que creen que la pregunta por la que cuatro millones de personas estamparon su firma, fue mal formulada. Otra salida ‘elegante’ podría ser la de devolver el texto al Congreso para enderezar vicios de procedimiento ‘subsanables’, trámite que se tomaría un periodo legislativo dando al traste con los tiempos.

Finalmente, el desconocimiento de la voluntad popular se verá mayormente justificado cuando se publiquen nuevas encuestas que reflejen la molestia generalizada por los decretos que reforman la prestación de la salud, un tema que hasta en Estados Unidos se convirtió en una piedra en los zapatos del mismísimo Obama. Si antes nos decían que no se gobierna con encuestas, o que estas estaban viciadas, ahora nos dirán que ellas prueban que el ‘Estado de Opinión’ no quiere un tercer periodo de Uribe, quien hoy no superaría el umbral pero tendría más votos que el próximo presidente, vaya paradoja. Y más poder.

La utopía de la salud gratuita

Saúl Hernández Bolívar

El Mundo, Medellín

Febrero 8 de 2010

Decíamos en una columna anterior que la salud no es un cheque en blanco, y que la atención debe tener un límite porque los recursos son finitos. Lamentablemente, muchos medios de comunicación, figuras políticas y líderes de opinión están haciendo populismo barato con el tema, con el cuento de que se trata de un ‘derecho adquirido’, en tanto que al Gobierno le ha faltado hacer pedagogía.

En efecto, la Constitución de 1991 incurre en el exceso de ofrecer en abundancia derechos ilimitados, en tanto que impone muy pocos deberes, por lo que la gente se ha ido malacostumbrando y cree que papá Estado debe proveerlo todo, y que ‘los ricos’ son los que deben pagar. Para comprender el desbarajuste al que se ha llegado es muy útil la ilustración de una opositora del Gobierno como es Cecilia López (El Espectador, 30/01/2010), quien explica que “más del 50% de la población recibe gratis los servicios (de salud) a través del régimen subsidiado; del otro lado, de los 17 millones que pertenecen al régimen contributivo, solo aportan 8 millones porque los restantes 9 millones conforman sus grupos familiares. (…)Eso significa que estos ocho millones sostienen la salud de 9 millones de parientes y de casi 23 millones que no contribuyen”.

Pero eso no es todo. La cobertura del sistema de prestación de servicios de salud ha tenido un crecimiento constante. En 1990, el aseguramiento en la población colombiana apenas llegaba al 16%; y, en 2008, ya rondaba el 90%. Lo que para los expertos de la Universidad Javeriana Fernando Gómez y Enrique Peñaloza Quintero (El Espectador, 28/01/2010), es “un logro colosal en un sistema de aseguramiento donde la mancomunación para la financiación con recursos del contributivo y subsidiado permitieron un crecimiento en cobertura que difícilmente puede presentarse en otro país”.

De hecho, Cecilia López precisa que del 2002 a la fecha, el régimen subsidiado ha crecido un 100% al pasar de 11,5 millones de afiliados a los 23 millones de hoy, mientras que el régimen contributivo sólo creció alrededor de un 30%, al pasar de 13 millones a 17. Muchos analistas que antes criticaban la supuesta ausencia de políticas sociales, argumentan que el Gobierno pecó de populista excediéndose en asistencialismo. Pero la misma Corte Constitucional ha ordenado universalizar la prestación del servicio al 100% de la población y a nivelar el POS, y esto sólo se logrará cobijando en el régimen subsidiado a los seis millones de colombianos que faltan, pues ya pertenecen a los niveles 1 y 2 del Sisbén y de ahí no saldrán fácilmente. Nadie quiere tener empleos formales con todas las prestaciones porque eso significa perder el Sisbén y sus beneficios en salud, vivienda, y educación, entre otros. A esa distorsión se ha llegado.

Pero aparte de que pocos pagan, hay que entender que un sistema sin límites que cubra cualquier enfermedad, cualquier terapia, cualquier tecnología novedosa, etc., es imposible de costear aún para sociedades acaudaladas, y eso arruina el sistema. Sin embargo, debido a la mentalidad que la Constitución del 91 ha estimulado, muchos colombianos creen que la población está siendo víctima de un atropello y le ponen tinte político e ideológico al asunto cuando la verdad es que a cualquier gobierno le hubiera tocado hacer estos ajustes obligatoriamente, pues no es un asunto de política sino de plata.

Además, si bien es cierto que hay muchas fallas, la gente tiene la falsa creencia de que las EPS son de ‘ricos’ que se quedan con todo. No obstante, Saludcoop, por ejemplo, la mayor EPS del país, sólo obtuvo excedentes en 2008 por 24.000 millones de pesos, con ventas de 3 billones (Semana, 04/05/2009), para una rentabilidad inferior al 1%. Y resulta que es una cooperativa, que por ley está obligada a reinvertir y no a repartir utilidades a sus asociados (propietarios), que son una veintena de cooperativas de trabajadores y profesionales de la salud –incluyendo la de profesores de la Universidad Nacional–; el propietario no es Álvaro Uribe Vélez como asegura una leyenda urbana que se saca a relucir, de cuando en vez, con el propósito de reivindicar unos ‘derechos adquiridos ilimitados y desmedidos’ que algunos utópicos reclaman.

Sórdidas interpretaciones

Saúl Hernández

El Tiempo, Bogota

Febrero 2 de 2010

La propuesta de contar con jóvenes como informantes en Medellín no "delega a los privados la responsabilidad que le compete al Estado en materia de seguridad" (Luis Eduardo Garzón). Por el contrario, es sólo un componente de la estrategia que está implementando el Estado, al incrementar en 1.300 hombres el pie de fuerza policial, incorporar 137 investigadores y hasta poner helicópteros a patrullar. Pero tanto el alcalde Salazar como el comandante de la Policía Metropolitana, el infatigable coronel Martínez, insisten en que lo que falta es justicia, y ella depende en buena medida de las denuncias. Dicen que la gente quiere denunciar pero no hay que ser un genio para entender que no hay confianza para hacerlo gracias al perverso garantismo judicial imperante: la Policía captura y los jueces liberan, luego vienen retaliaciones implacables, aun desde las cárceles.

El recrudecimiento de la violencia en Medellín se debe a una lucha por el control del mercado local de las drogas, en la que habría cinco poderosas organizaciones involucradas que se valen de unas 200 bandas con unos 4.000 integrantes, menores de edad en su mayoría. Quienes además subyugan a la población y se han diversificado a otros frentes, controlando negocios como la prostitución, las ventas 'piratas', las maquinitas tragamonedas, los préstamos 'gota a gota', la extorsión a los comercializadores de juegos de azar, a los buseros, a los tenderos, etc. Por lo tanto, goza de lógica la estrategia de 1) atraer jóvenes voluntarios a las instituciones, arrebatándoselos a los criminales que los reclutan a diario; 2) motivarlos y recompensarlos con un estímulo monetario, al tiempo que se les incita a estudiar; y 3) conseguir así información y denuncias efectivas que permitan judicializar a los delincuentes, y evitar nuevos crímenes y que se perpetúe esta situación de violencia.

Puede aceptarse, en gracia de discusión, que la medida es difícil de implementar y que su efecto podría ser nulo, por obtenerse poca información pertinente. También es entendible que el pago genere suspicacias, pues, con tal de obtenerlo y mantenerse en el programa, hay quienes harían literalmente cualquier cosa; muchos jóvenes de esos sectores deprimidos matan por un bazuco. Por tanto, conseguir gente idónea podría ser poco menos que imposible. Pero lo que no puede aceptarse es que una propuesta formulada de buena fe y sin malicia sea tergiversada de forma tan perversa, acusando al Gobierno de vincular 'niños' al conflicto cuando nunca se habló de tales, y llegando al extremo de conjeturar, temerariamente, que el escenario de las actividades de vigilancia y espionaje serían las universidades, y las víctimas los profesores y compañeros de clase. Además, es una grave falta de cordura aventurarse a comparar una política de recompensas -de uso común en todo el mundo- con sistemas totalitarios que ponen a la gente a denunciar a aquellos que no le caminan al régimen.

Una cosa es denunciar delitos -asesinatos, extorsiones, desplazamientos, desapariciones...-, que es para lo que se pide colaboración de la ciudadanía y que, valga decirlo, es algo legal, necesario, ideal y hasta obligatorio, y otra muy distinta señalar opositores o traidores. Para eso habría que tener una tiranía totalitaria, como en Cuba, la que paradójicamente les gusta tanto a los críticos nuestros. No es el Estado el que pone en peligro a los jóvenes de Medellín y los tiene inmersos en el conflicto hasta el cuello, sino los violentos que los han instrumentalizado. Son ellos los que involucran niños ('carritos'), los que promueven delaciones protervas, los que compran los 'servicios' de jóvenes humildes... Y hay que desterrar el cuento de que ser 'sapo' es algo indigno: la ley del silencio encubre las mayores injusticias. No puede ser que a falta de propuestas serias, las fuerzas opositoras, en su impotencia, hagan campaña deformando con tal sordidez una idea.

La salud no es un cheque en blanco

Saúl Hernández Bolívar

El Mundo, Medellín

Febrero 1 de 2010

Una de las mayores perversiones que han hecho inviable el sistema de salud en Colombia es la corrupción rampante que existe en el acceso a la prestación del servicio a través de la acción de tutela. Según la Unidad Investigativa de El Tiempo (19/09/2009), un juzgado civil municipal de Bogotá ordenó entregarle a un paciente cuatro pares de tenis con cámara de aire, un bastón canadiense, seis meses de gimnasio, protector labial marca Labie, una montura de gafas marca Speedo, consulta de sexología, lentes Transition Ultravioleta, blanqueamiento dental con cubeta y lámpara Led, traslado terrestre para las citas, corte de uñas de pies, pañales Plenitud, gorro de baño, emulsión tópica Fresh Skin Face y alcachofa cynara.

No es un caso aislado. Una paciente con problemas cerebrovasculares, con base en averiguaciones que hacía en Internet, le solicitó a su EPS ser enviada al exterior para someterse a un tratamiento. Inicialmente, la EPS rechazó la solicitud, pero la paciente interpuso una acción de tutela y un juez de primera instancia le otorgó la razón a pesar de no contar con la orden de un médico que la estuviera tratando. Finalmente, la mujer fue remitida a E.U. pero el tratamiento no sirvió.

En otro caso, un paciente que tuvo que ser trasladado a Bogotá para realizarle un transplante, le exigió a su EPS que le proporcionara a su familia vivienda y viáticos para su estadía en la capital del país mientras estaba en lista de espera y hasta terminar el proceso de recuperación. Un juzgado concedió la tutela y ordenó a la EPS cumplir las peticiones.

En un principio, se trasladó al paciente y a su esposa a un hogar de paso y no se autorizaron viáticos por no ser parte de los servicios de salud, pero un nuevo fallo ordenó alquilar un apartamento independiente y pagarles viáticos y alimentación.

Otro paciente, enfermo de sida, interpuso una tutela para que su EPS le suministrara medicamentos, controles médicos, citas con especialistas y exámenes. Pero incluyó una exigencia insólita: depilación periódica de glúteos con tecnología láser. Y aunque ello no hace parte del tratamiento del sida ni está contemplado en el POS, un juzgado civil de Bogotá aprobó la solicitud. Hay miles de casos similares: un enfermo obligó a su EPS a instalarle ascensor en la casa; una señora consiguió que le pusieran a su disposición una ambulancia las 24 horas del día, los 365 días del año; a otros se les han concedido tratamientos con cámara hiperbárica para ‘retardar el envejecimiento’ o sesiones de ‘perroterapia’, todo en establecidos elegidos por el juez . Y, como si fuera poco, extranjeros están obteniendo trasplantes de órganos gratuitamente, a costa nuestra, y saltándose la lista de espera –que está reglamentada por ley–, mediante acciones de tutela.

Lo más grave de todo es que esto no la paga la EPS y muchísimo menos el cotizante, pues los aportes mensuales de un trabajador promedio están muy lejos de cubrir estos excesos. En todos los casos, las EPS le recobraron al Estado –a través del Fosyga– todos los gastos.

Según el Ministro de Protección Social, Diego Palacio, mientras un colombiano promedio le cuesta al sistema 470 mil pesos al año, 280 mil personas que han acudido a la tutela para hacer pedidos exóticos cuestan, en promedio, diez veces más. Y los costos se incrementan año tras año: en 2007 hubo 835.000 recobros que las EPS del régimen contributivo hicieron al Fosyga por eventos no contemplados en el POS, por un valor de 626.000 millones de pesos; en tanto que en 2009 hubo más de 2 millones de recobros, a un costo de 1,85 billones de pesos, o sea un incremento del 280 por ciento en el valor girado.

La polémica sobre la reforma al sistema de salud apenas comienza y va para largo. El sistema hizo crisis en cuanto a su financiación pero no es tan malo como muchos lo pintan, básicamente porque de él se esperan milagros y la gente cree que tiene derecho a todo. Pero ese deseo de preservar la salud a cualquier costo –pagado por otros– contrasta con la manera como la arriesgamos irresponsablemente a diario y la falta de medidas de autocuidado. De otra parte, muchos políticos y medios de comunicación hacen demagogia con el tema, machacando con desvergüenza la insensatez de que la salud es un derecho adquirido que el Estado debe proveer a cualquier costo. Estamos llegando al desvarío de que nadie quiere morirse y si alguien estira la pata, la culpa es de la EPS, el Sisbén, el POS y la Ley 100. Como si los ricos no se murieran también.

Armas de estupidez masiva

Saúl Hernández Bolívar

El Mundo, Medellín

Enero 25 de 2010

Tirar la piedra y esconder la mano es una actitud típica de los canallas. El domingo 17 de enero apareció en sitios de Internet del gobierno venezolano, una noticia titulada “Armada rusa denuncia que EEUU creó el terremoto de Haití”. La nota fue retirada pocas horas después pero el daño estaba hecho: en páginas de Internet afines al chavismo la replicaron sin especificar su origen, engañando incautos con una estrategia muy usada por los anarquistas y la izquierda que consiste en dar por cierta una proposición confiriéndole carácter objetivo —y hasta científico— a opiniones interesadas de sus propios partidarios.

La ‘denuncia’ sobre la existencia de esa arma de destrucción masiva de los Estados Unidos, que provocaría terremotos y otros desastres climáticos, y su supuesta utilización para desatar el terremoto de Haití, es tan absurda y carente de validez científica que la comunidad internacional no le ha prestado mayor atención. Pero debería ser ya una prueba al canto de que la salud mental del dictador Chávez y sus adeptos no está pasando por un buen momento. ¡Ni Fidel ha sufrido tan graves desvaríos en cincuenta años!

Lo cierto es que el fanatismo ideológico enferma, y el marxismo, históricamente, ha llevado a los gobernantes y a los pueblos a unos extremos de insania y sufrimiento incomparables, manifestados en los millones de muertos y en la pobreza atroz que ha provocado. Para ser marxista hay que odiar, y Chávez se ha definido como tal. Un ejemplo de esa chifladura es calificar de ‘invasión humanitaria’ el auxilio de los gringos a Haití.

El primer títere que habló fue Daniel Ortega, el presidente pederasta de Nicaragua. Luego vinieron las críticas de Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera, para finalizar Chávez en lo mismo: EEUU aprovecha el terremoto para ocupar militarmente a Haití.

García Linera fue más allá y dijo que si no hay un rechazo continental, Haití sería convertida en otra base militar norteamericana que iría en contra de esos gobiernos ‘progresistas’. ¿Será que un país con la tecnología para provocar terremotos devastadores necesita tener bases militares en el área para poder derrocar antagonistas incómodos?

Por otro lado, ¿qué interés podrían tener los EEUU en un país sin recursos naturales y poblado por gentes sumidas en la ignorancia, que es el peor enemigo de su propio desarrollo? Ya quisieran los haitianos que la misión humanitaria de los gringos se convirtiera en un Plan Marshall que les permita acabar con esa contradicción de ser una sociedad tremendamente atrasada a pesar de haber sido el segundo país que obtuvo la independencia en América (1804), mientras el primero en independizarse es la primera economía del mundo.

Las críticas de Chávez y sus secuaces son irracionales, como siempre. Ante la manifiesta incapacidad de la ONU, sólo los Estados Unidos tienen capacidad logística, económica, humanitaria y militar para encabezar la atención del desastre. Sólo ese país podía poner en operación el aeropuerto de Puerto Príncipe, así como el deteriorado puerto marítimo; sólo los gringos tienen la facultad de distribuir alimentos por aire a sitios aislados; y difícilmente otro país podría encargarse de devolverle el orden perdido a una nación sumida en el caos. Lo demás es populismo.

Claro que la Venezuela de Chávez también está en capacidad de ofrecer muchos recursos económicos, como lo ha hecho hasta ahora. El cálculo más modesto estima en 53.000 millones de dólares los recursos que Chávez ha regalado a otros países —algunos calculan que son más de 200.000 millones—, mientras la economía local se debate entre la inflación, el desabastecimiento, los cortes de energía y la inseguridad. Y mientras según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), para el primer semestre del 2009 había 9 millones de venezolanos pobres, 2,5 millones de ellos en la pobreza extrema.

La devaluación del bolívar aplicada por decreto contrasta con la destrucción del aparato productivo venezolano y el ahogamiento de la iniciativa privada, que es la única que podría haber aprovechado una tasa de cambio más competitiva. La eliminación de la propiedad privada de manera arbitraria, como en el caso de los almacenes Éxito, representa el comienzo del fin de Chávez o el de la Venezuela que hemos conocido pues ambas cosas ya no podrán coexistir. La paradoja es que con ayuda internacional, encabezada por EEUU, Haití dejará de ser un país paupérrimo y atrasado mientras Venecuba se apresura a tomar su lugar. Bien dice Uribe que “eliminar la iniciativa privada es condenar a los pueblos a vivir en la pobreza”. Y todo por culpa de esa arma de destrucción masiva —y de estupidez masiva— del comunismo renacido.