Terminó la incertidumbre

Editorial

El País, Cali

Marzo 20 de 2010

Con la proclamación de Noemí Sanín Posada como candidata única del Partido Conservador terminó la accidentada consulta interna. Además del reconocimiento a sus atributos profesionales y su trayectoria pública, el resultado implica un cambio de gran importancia en la política colombiana.

La consulta fue un ejercicio amplio de participación, donde los cinco aspirantes a la nominación conservadora, Noemí Sanín, Martha Lucía Ramírez, José Galat, Andrés Felipe Arias y Álvaro Leyva, pudieron expresar sus opiniones y hacer sus planteamientos, en un ambiente democrático que debe ser reconocido. Como podría esperarse en un certamen electoral, las intenciones de voto fueron concentrándose en dos de ellos, la doctora Sanín y el doctor Arias, llegando a una diferencia tan estrecha con el hundimiento del referendo reeleccionista que reclamaba sumo cuidado de las autoridades electorales.

Infortunadamente, lo que se produjo fue un descuido que alcanzó a generar dudas. Por eso, dentro de las dificultades que se han presentado en las elecciones celebradas el pasado 14 de marzo, el desarrollo de la consulta conservadora produjo grandes cuestionamientos tanto a nivel nacional como internacional. Era difícil explicar la razón por la cual el conteo fue cortado de manera abrupta al amanecer del pasado lunes, luego de que ya se había divulgado más del 50% de la votación. Y peor aún, que se ordenara empezar de cero, prolongando durante cinco días lo que la Registraduría ofreció culminar a las once de la noche del día de elecciones.

No menos inquietante fue el descubrimiento de intentos oficiales por intervenir en ese proceso, de los cuales queda como testimonio la investigación abierta por el Procurador General de la Nación contra el Gobernador del Valle, a raíz de denuncias periodísticas que incluyeron documentos fotográficos. Con lo cual crecieron las dudas que obligaron al Consejo Nacional Electoral a intervenir, ordenando el escrutinio inmediato que sólo ayer aclaró el panorama y despejó las inquietudes.

Así terminó el proceso, triunfando la doctora Noemí por un estrecho margen. Atrás quedan los amagos de división, al registrarse el reconocimiento gallardo del doctor Arias. Lo que empieza es una campaña presidencial con la presencia de un candidato conservador por primera vez en los últimos doce años. Ya no podrá hablarse de una coalición uribista, aunque se sabe que los postulados del actual Gobierno en materia de seguridad serán guías para los partidos y movimientos que hasta ahora la conforman.

Y deberá producirse una verdadera confrontación de tesis y propuestas tendientes a resolver los problemas que padece la Nación, entre los seis candidatos que representan distintas vertientes del pensamiento colombiano. En sus manos estará la responsabilidad de hacer una campaña transparente y fructífera para los colombianos. Pero para ello será necesario asegurar que el proceso para elegir Presidente esté libre de las inquietudes que padecieron tanto la consulta como la elección de congresistas realizadas el pasado 14 de marzo.

Las madres de Cuba

Editorial

El País, Cali

Marzo 19 de 2010

Durante una semana, La Habana ha sido escenario de un evento exótico en el país más totalitario del mundo, sólo comparable con Corea del Norte: la protesta abierta de decenas de mujeres contra la prisión y los abusos que el régimen castrista comete contra 75 cubanos disidentes.

Y como era de esperar, la paciencia del Gobierno no aguantó mucho: el pasado miércoles, el grupo de mujeres conocido como las Damas de Blanco fue rodeado por adeptos al régimen, especie de organizaciones paramilitares encargadas de ahogar cualquier clase de protesta. Mezclados con autoridades públicas, los atacantes insultaron, golpearon y se llevaron a algunas de las protestantes, causándoles lesiones serias a muchas de ellas. Según cuenta la señora Berta Soler, miembro de las Damas de Blanco, a un periodista del Miami Herald, los agentes de Seguridad del Estado las agredieron con los llamados ‘golpes técnicos’, golpes tipo karate que se supone no dejen marcas.

¿Por qué protestan las señoras? La historia se remonta al 2003, cuando 75 disidentes fueron encarcelados y condenados por delitos que van desde traición a la patria hasta “recibir dinero de los Estados Unidos para destruir la revolución”. Hoy, 54 de ellos continúan presos, 12 están en ‘licencia extrapenal’ por su grave estado de salud y 9 se han exiliado. Esos son los que la dictadura castrista, que insiste en calificarse como defensora de los derechos humanos, acusa de ser un peligro, argumento suficiente para confinarlos a una cárcel.

Pero las señoras, muchas de las cuales son madres y familiares de los disidentes detenidos, no se conforman con el espectáculo de tiranía y desprecio que padecen sus parientes. Y son acompañadas por otras madres, como la de Orlando Zapata Tamayo, quien murió hace unas semanas tras una huelga de hambre. O como las de otros que se pudren en las cárceles cubanas por reclamar contra el absolutismo. Ellas, como los presos, o como Guillermo Fariñas, el disidente que agoniza por otra huelga de hambre contra el régimen, no atentan contra el Estado ni promueven conspiraciones sangrientas. Sólo recuerdan la injusticia y piden libertad.

Lo que ocurre en Cuba recuerda la gesta de las madres de la Plaza de Mayo, aquel movimiento que se instaló frente a la sede del Gobierno de Argentina en épocas de la dictadura militar para pedir libertad para sus familiares y respuestas sobre quienes fueron miserablemente desaparecidos por la brutalidad absolutista. Éstas de ahora, las Damas de Blanco, son las Madres de Cuba, un país agobiado por 50 años de dictadura e intolerancia contra cualquier cosa que la critique.

Esas Damas reclaman la solidaridad de América, el continente que cree en la libertad y el respeto por la diferencia. Por supuesto, habrá quienes respalden la represión, como aquellos que pretenden parecerse al régimen cubano. Y no faltarán quienes consideren esas protestas como hechos inelegantes e innecesarios. Pero la inmensa mayoría respaldará el reclamo de quienes arriesgan su integridad por reclamar justicia, una forma de condenar el abuso que durante medio siglo ha cometido la dictadura de los Castro contra el pueblo cubano.

El fracaso electoral

Editorial

El País, Cali

Marzo 17 de 2010

Mientras llega el final del conteo de votos, y se apaciguan los ánimos caldeados que origina la incertidumbre en la consulta para elegir el candidato del Partido Conservador a la Presidencia de la República, hoy hay que señalar al sistema electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil como responsables de un fracaso que pone en duda la credibilidad de la democracia en Colombia.

Por más disculpas que se emitan, nada alcanza a cubrir el estruendoso fracaso de la Registraduría en su misión de garantizar la transparencia en las elecciones que renuevan sus instituciones. Cifras que no cuadran, informaciones que llegan tarde o no llegan y un conteo de votos sobre la consulta conservadora que debe suspenderse ante la forma errática en que ha sido manejado. Es la reiteración de un fenómeno que mantiene entre interrogantes la confianza que los ciudadanos deben tener sobre sus instituciones.

Infortunadamente, ese estado de cosas se repite con cada elección de cuerpos colegiados, incluso de alcaldes y gobernadores. Y sólo se salva el debate presidencial, debido a que los márgenes de los últimos años no han dejado cabida a las especulaciones. Frente a ello, preocupa que ni los gobiernos ni los legisladores se han comprometido en su modernización, manteniendo los métodos manuales heredados del Siglo XIX, que abren espacios enormes para la corrupción y el fraude, para aplicar la tecnología del mundo moderno, donde el Estado actúa como el garante de los debates democráticos.

Hoy hay que preguntarse de nuevo si se justifica que continúe la desidia oficial frente al sistema electoral, la puerta por donde se cuelan en forma permanente los más aberrantes vicios, estimulados por la delincuencia que busca infiltrar al Estado. Y si la falta de presupuesto puede seguir siendo el asidero con el cual Gobierno y autoridades electorales justifican esa especie de statu quo en que está el sistema electoral, expuesto a la compra de votos, al fraude y a la amenaza de los violentos.

Mientras eso ocurre, los legisladores se niegan a reformar los mecanismos jurídicos para renovar el Congreso y todos los cargos de representación popular. Y una demanda ante el Consejo de Estado se demora casi tanto como el período para el cual es elegido el demandado. Una burla disfrazada de legalidad, que promueve la delincuencia en materia electoral. En los últimos años, la narcopolítica y la parapolítica, así como la vinculación con las Farc, han sido escándalos que no logran cambiar lo que siempre ha estado en el centro de la polémica y la violencia.

Es muy fácil endilgarle la culpa a la administración actual de la Registraduría por los innegables y probados desaciertos que han puesto las elecciones del pasado 14 de marzo en el centro de la polémica. Pero hay que reconocer que eso ocurre cada cuatro años, sin que nada obligue a los congresistas a cambiar las normas y al Gobierno a modernizar la tecnología. Es hora de preguntar entonces si será necesario un nuevo estallido de violencia generado por un sistema obsoleto y propicio a la trampa, cuando existen métodos que garantizan la imparcialidad y la veracidad de las elecciones.

Ataques contra la red

Editorial

El País, Bogotá

Marzo 16 de 2010

Las recientes declaraciones de Hugo Chávez sobre la libertad de expresión en Internet han prendido las alarmas de la comunidad internacional. Afirmar que la red “no debería ser un espacio donde la gente hace y dice lo que quiera (sic)”, es ni más ni menos que el anuncio de la censura al que se ha convertido en el vehículo de comunicación y de información más importante para la humanidad.

Desde luego que, leídas en un sentido literal, las afirmaciones de Chávez podrían pasar por inobjetables pues no se puede promover en Internet ningún tipo de información que conlleve la violación de los derechos humanos. En este sentido un juez italiano condenó hace poco a los directivos de Google por un video emitido en youtube al considerar que violaba los derechos de los niños autistas.

Pero una cosa es la sentencia judicial italiana, un país en el que la libertad de expresión está plenamente vigente, y otra muy distinta la idea emitida por Chávez en un país cuyo gobierno ha hecho todo lo posible por amordazar la prensa libre, clausurar la televisión crítica y controlar las emisoras de radio. Pareciera que a los gobiernos despóticos les aterran los espacios donde los ciudadanos pueden informarse sin cortapisas y opinar sin temor. No, para ellos todo tiene que ser vigilado y controlado.

De acuerdo con la organización Reporteros sin Fronteras, China, Corea del Norte, Irán y Myanmar son los Estados que aplican los mayores controles en Internet, violando la libertad de expresión en la red. Además, también se encuentran allí Arabia Saudita, Cuba, Egipto, Uzbekistán, Siria, Túnez, Turkmenistán y Vietnam, países gobernados por monarquías vetustas, dictaduras o democracias bonapartistas donde los controles del Estado, por medio de obstáculos técnicos o financieros, cortes de la red o disminución de la velocidad, buscan que los ciudadanos no tengan acceso libre a Internet ni puedan asociarse en las redes sociales para promover iniciativas de distinto orden. A ellos quiere unirse Chávez, para vergüenza de Suramérica.

Pero la gravedad de los intentos de censurar Internet o controlar su uso no estriba únicamente en la limitación que implica para la vida democrática, sino que afecta el desarrollo de la ciencia, la tecnología y el conocimiento de la sociedad. Por Internet se puede tener acceso, sin costo alguno, a los resultados de las principales investigaciones que se realizan en los niveles de doctorado de las mejores universidades del mundo, lo mismo que a las conclusiones de los principales foros científicos de nivel internacional.

La censura en Internet destruye la democracia y frena el desarrollo económico y social. Incluso la calidad de la información de los medios de comunicación depende del libre uso del Internet. Fue gracias a Twitter y Facebook que el mundo pudo enterarse de los fraudes y la represión que se sucedieron en las elecciones presidenciales de Irán. Para algunos directores de medios en Estados Unidos, el 60% de las fuentes de sus informaciones se encuentran en Internet.

Así que la afirmación de Hugo Chávez no es más que un paso adelante en su propósito de amordazar del todo a Venezuela.

El desangre de la salud

Editorial

El País, Cali

Marzo 12 de 2010

Después del intenso debate que desató la reforma a la salud decidida por el Gobierno mediante una emergencia social, la Nación está suficientemente informada sobre los errores que se pudieron haber cometido en las normas expedidas. Pero, aunque sean necesarias las críticas y el debate, no puede olvidar la necesidad de cerrar las ventanas rotas que, como los sobrecostos a los medicamentos, desangran los bolsillos de los colombianos para beneficiar intereses privados.

Las investigaciones de entidades como el Observatorio de Medicamentos de la Federación Médica Colombiana y de muchas otras instancias, dan cuenta de la enorme diferencia que existe entre el costo de algunos medicamentos en los mercados internacionales y lo que debe pagar el Fosyga a las Empresas Prestadoras de Salud, EPS. Son diferencias de hasta el 700%, que son pagadas con recursos públicos, y que se cobran en razón a sentencias sobre enfermedades no cubiertas por el POS.

Lo sorprendente de esos cobros es que las EPS y el enjambre de intermediarios que perduran alrededor de la salud evadan su responsabilidad de los sobrecostos. Y que Juan Manuel Díazgranados, presidente de la Asociación que agrupa esas entidades, en vez de rechazarlos los justifique en una entrevista a un diario nacional, diciendo que “en Colombia no se ha definido qué se considera abuso y qué no”. O que “nuestro papel (de las EPS) se limita a cobrarle al Fondo, con soporte de facturas, lo que nos cobran proveedores, hospitales y demás intermediarios por los medicamentos”.

Paladino reconocimiento el que hace el dirigente gremial sobre la omisión con que sus asociados tratan un asunto clave en la crisis que afecta la salud: ni más ni menos que la razón por la cual el Estado pasó de pagar $4.000 millones en el año 2000 por esas drogas, a más de un billón de pesos en el 2008. Es decir, el presupuesto público no es su problema, así los abusos que ahora se conocen afecten la capacidad de pagar el funcionamiento del sistema y lleven a decretar una emergencia social de la cual se desprendió una reforma tributaria que proporcionará los recursos para impedir, entre otras cosas, que las EPS se quiebren.

No hay pues un afán de asumir las responsabilidades que corresponden. Como tampoco está claro que el país esté preparado para enfrentar las prácticas monopolísticas de las multinacionales farmacéuticas que se amparan en los privilegios del régimen de marcas y patentes, para mantener márgenes de utilidad desproporcionadas. Allí es cuando aparecen de nuevo las críticas a los acuerdos alcanzados en el marco del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

Así las cosas, Colombia tiene que actuar contra esos abusos. Y si acaso la reforma a la salud es declarada inconstitucional, al Estado le queda la obligación de detener el desangre que le genera el sobrecosto en los medicamentos y la laxitud con que hasta ahora se ha actuado. Una cosa es que se respete la libertad de empresa y se promueva la confianza inversionista. Pero otra muy distinta es que el afán de lucro se convierta en enemigo de la salud pública.

Cambio de planes

Editorial

El País, Cali

Marzo 11 de 2010

Hoy, cuando el empresario Sebastián Piñera asuma la presidencia de Chile, se encontrará con un país muy distinto al que lo eligió. Un Chile destruido por el terremoto que necesita un líder capaz de orientar su reconstrucción.

Piñera fue elegido por los chilenos derrotando a Eduardo Frei, pese a la alta popularidad de la mandataria Michelle Bachelet. En ese momento la ciudadanía tenía la percepción de que la prosperidad de Chile daba para que un dirigente empresarial avezado en negocios de carácter internacional y alejado de los extremismos de derecha, pudiera hacer entrar al país austral en el exclusivo club de los países desarrollados.

Pero ahora, luego del sismo que castigó al suelo y a los mares chilenos, el país es otro. Las pérdidas en infraestructura, en dotación para la industria pesquera y comunicaciones, residencias y servicios básicos en ciertas regiones, pintan el panorama de un país que debe aplazar el sueño de alcanzar el nivel de los países desarrollados, para concentrarse en las labores de reconstrucción y atención a damnificados.

Al nuevo Presidente le cambiaron el paseo al que era invitado de honor, para llevarlo a otro en el que la desesperación es manifiesta y en el que algunas lacras sociales aún no resueltas se pusieron en evidencia. Pese a la mejor preparación de Chile, tanto por sus niveles de desarrollo como por su experiencia, y si bien las consecuencias del terremoto estuvieron lejos de la hecatombe de Haití, también es cierto que en barriadas y poblados se presentaron saqueos y violencia propios de gente desesperada, que trata de aprovechar la oportunidad creada por el caos de un cataclismo.

Aún la muy popular presidenta Bachelet sufrió las críticas de la población, pues se considera que actuó con poca celeridad y dejó pasar horas preciosas para la atención de la tragedia. El 72% de los chilenos cree que actuó tardíamente, según las encuestas. Tampoco le ayudó el hecho de que la respetada Armada chilena hubiera desestimado la alerta de tsunami, con lo que se perdieron gran cantidad de vidas que hubieran podido salvarse y resultó destruido el 70% de la flota de pesca artesanal, que desempeña un papel tan importante en la economía chilena.

El exitoso Piñera tendrá que cambiar el libreto para enfrentar la nueva realidad. Y la masa de votantes que lo eligió esperanzada con un rápido acceso a la prosperidad, deberá recortar sus expectativas, pues el Chile de hoy es muy distinto al de hace un mes. De entrada el nuevo Presidente ha afirmado que dedicará “el 2% del presupuesto general de la Nación exclusivamente a las labores de reconstrucción”, lo que parece insuficiente dada la magnitud de los daños.

Porque además de las infraestructura hay que atender a damnificados y a muchos de aquellos desesperados que salieron a la luz después del dramático sismo. Es muy posible entonces que Sebastián Piñera no goce de una ‘luna de miel’ apenas inicie su mandato, sino que tenga que soportar aguijones tempranos cuando comience a gobernar un Chile distinto del que esperaba encontrar. Como en la naturaleza, en la política ocurre que las cosas cambian del todo de un día para otro.

Y sigue la agonía

Editorial

El País, Cali

Marzo 09 de 2010

Contradiciendo los más elementales principios de lo que deben ser los “gestos humanitarios” las Farc vuelven a hacer exigencias para devolver a los secuestrados quienes, según su oferta del 15 de abril de 2009, debían estar en libertad. Confirmando las sospechas, el martirio del sargento Pablo Emilio Moncayo, del soldado Josué Daniel Calvo, así como la angustia de la madre del fallecido capitán Julián Ernesto Guevara se prolongará hasta después de las elecciones del próximo 14 de marzo.

Hoy hay que repetir una vez más que los secuestrados son ante todo pequeñas fichas de un juego macabro planteado desde hace años, y cuyos resultados para la guerrilla son deplorables. Y sus vidas son el patrimonio, el único, que les queda a las Farc para reclamar que se les reconozca alguna clase de entidad política. Por supuesto, ahora los usan para tratar de influir en el certamen electoral que se avecina, exigiendo cosas tan exóticas como “la publicación de los protocolos” para la liberación. Mientras ya están definidos asuntos como el acompañamiento de Brasil y la Iglesia Católica, la actuación de la Cruz Roja Internacional y la forzada invitación a la senadora Piedad Córdoba, la inusual exigencia tiene todas las características de un infame recurso dilatorio.

Y claro, los intentos por crear zozobra mediante ataques terroristas vuelven a estar a la orden del día. Pero para las Farc es más importante tratar de acusar a la Fuerza Pública de obstaculizar la liberación mediante las operaciones que debe desplegar para garantizar la seguridad del país, que entregar a quienes está utilizando sin miramiento. Incluso ahora, para darle más dramatismo a la acción que se empeñan en prolongar, los secuestradores revelan el mal estado de salud del soldado Calvo, como si no fueran ellos, sus victimarios, quienes deben responder por ello.

Así las cosas, a la Nación no le queda alternativa distinta a esperar que se cumpla la oferta realizada hace ya diez largos meses. Con ello se le devolverá la libertad al sargento Moncayo, que lleva doce años en el peor de los cautiverios, y al soldado Josué Daniel Calvo, del cual se conoce ya su estado de salud, con lo cual se empieza a entender la verdad de su temprana devolución.

No es extraño que las Farc expidan su comunicado a través de su agencia oficial en el momento en que el mundo está atento a las revelaciones de un juez español sobre sus nexos con la ETA, con el aparente apoyo del Gobierno venezolano. Y menos, cuando faltan pocos días para las elecciones legislativas. Por el contrario, esa es la demostración de para qué les sirven los secuestrados y por qué ha sido imposible lograr el “acuerdo humanitario” que proclaman los victimarios.

Por eso, aunque parezca una repetición innecesaria, los colombianos debemos reclamar la liberación de esas víctimas que las Farc destruyen en medio de las peores condiciones, mientras proclama un falso espíritu humanitario. Nadie puede olvidarse de ellos, de su agonía y de la manera por demás infame en que son utilizados por sus secuestradores como piezas de propaganda. Y todos debemos reclamar que los devuelvan vivos, libres y en paz.

Terrorismo y complacencia

Editorial

El País, Cali

Marzo 04 de 2010

Ni las más estridentes declaraciones de Hugo Chávez y su plagio de las palabras pronunciadas alguna vez por Fidel Castro pueden ocultar lo que el juez Eloy Velazco, perteneciente a la Audiencia Nacional de España, calificó de “cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las Farc y ETA”. Lo que sí debería ocurrir es que Colombia exija en todos los foros internacionales que haya claridad sobre tan delicado asunto, antes de iniciar lo que parece ser un nuevo mejoramiento en las relaciones bilaterales.

En su providencia donde revela esos nexos, el juez Velazco fue claro y terminante al describir la manera en que un antiguo miembro del grupo terrorista vasco, Arturo Cubillas Fontán, y su señora trabajaron en el Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela, cuyo titular es Elías Jaua, ni más ni menos que el vicepresidente de ese país. Y cómo se mantenía en su cargo oficial mientras sus compañeros de la ETA realizaban toda clase de uniones con las Farc, que incluían cursos sobre las más variadas y mortales formas de destrucción y asesinato. Además, allí se puede conocer el enlace propicio para el narcotráfico, que goza de igual protección, a juzgar por sus resultados.

A causa de la providencia donde el magistrado Velazco ordena procesar a seis miembros de ETA y siete de las Farc por “tenencia de explosivos, colaboración con banda terrorista y conspiración para cometer homicidios terroristas”, en España se ha levantado una verdadera ola de indignación, que puede llevar incluso al rompimiento de relaciones, si el régimen chavista no demuestra que el magistrado se equivocó. Allí ya no sirven las arengas antiimperialistas, ni el plagio de “la historia me absolverá”, con que el Presidente venezolano pretende tapar la contundente acusación.

En contraste, el Gobierno colombiano ha expresado que prefiere esperar con prudencia las explicaciones de su similar venezolano, en tanto que le ofrece energía y busca acercamientos para revivir por enésima vez unas relaciones golpeadas por los desatinos del gobierno bolivariano. Actuación explicable, cuando lo que se pretende es normalizar un flujo comercial cuya parálisis ha golpeado a los exportadores colombianos. Pero que no parece reflejar la inquietud que debe producir el que el juez español describa con detalle las conspiraciones que en Venezuela se fraguan para asesinar colombianos. Más aún, cuando la posición del régimen chavista es mantener su actitud por lo menos tolerante con las bandas terroristas que usan a su país como refugio.

Por eso, la providencia es propicia para que Colombia reclame explicaciones al gobierno de Hugo Chávez sobre su complacencia con la ETA y las Farc, mientras usa los escenarios internacionales para acusar a nuestro país de cuanta cosa se le ocurre, y el resto de la comunidad latinoamericana guarda silencio. Ante la amenaza que eso significa para nuestra Nación, y sin que ello signifique una agresión al pueblo venezolano, es mejor hablar con franqueza y desnudar la tolerancia con el terrorismo que se esconde en el vecino país. Después, cuando cese esa amenaza, será el tiempo para volver a hablar de negocios.

De Estados Unidos a Europa

Editorial

El País, Cali

Marzo 03 de 2010

En una rápida negociación que simboliza la voluntad de las partes, la Unión Europea, UE, alcanzó un acuerdo con Colombia y Perú para firmar un Tratado de Libre Comercio. Negociación oportuna que ojalá entre en vigencia a la mayor brevedad y no se dilate en dudas eternas y vacilaciones como las que muestra el Gobierno de los Estados Unidos frente a un tratado de las mismas características.

Bastaron nueve rondas en menos de un año para alcanzar un acuerdo que traerá beneficios plausibles para las partes. Pero, sobre todo, que significa la voluntad política de la UE con respecto a nuestro país: apoyo a nuestro desarrollo, confianza en nuestras instituciones y compromiso estable y de largo plazo en abrir sus mercados para que los productores colombianos compitan en países con alto desarrollo y capacidad de consumo, así se presenten dificultades.

A nadie se le puede escapar que el viejo continente es hoy un mercado cuyos consumidores tienen un ingreso promedio de US$32.000 al año. Y que si hoy demanda una gran cantidad de productos colombianos, en especial agrícolas y mineros, en el momento en que el Tratado entre en vigencia podrán acceder al mercado europeo más del 60% de las manufacturas nacionales sin pagar arancel. Más importante aún, es que se resolverán en forma definitiva controversias como el gravamen para el banano que Europa ha fijado para ayudar a los países africanos y a sus antiguas colonias.

Por supuesto, una vez entre en vigor, el tratado significa recibir la competencia de bienes producidos en la UE. Incluso, existe la inquietud de que los enormes subsidios que Europa le otorga a la leche y sus derivados se conviertan en una amenaza contra la producción nacional de lácteos. Esa fue la razón por la cual la novena y última ronda dejó para una posterior oportunidad el logro de un acuerdo sobre la materia.

Pero desde otras perspectivas igual de importantes al comercio, el Tratado es ventajoso para Colombia. “Es político; es mucho más que un acuerdo comercial y va a significar mucho en las relaciones entre Colombia y la Unión Europea”, afirmó María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta de España. Y agregó: “El tratado es la expresión de la lucha contra la violencia, refuerza la relación bilateral de diálogo e incluye todas las recomendaciones hechas por los diferentes grupos, así como las del Parlamento Europeo”. Sobran las explicaciones sobre la intención que debe acompañar a las partes cuando se realizan negociaciones de ese tipo.

Y parece ser lo contrario a lo que le sucede al TLC con los Estados Unidos. Ahora, la retórica de ese país indica que, cuatro año después de negociado, aprobado y firmado, el gobierno del presidente Obama se apresta a exigir más cambios a nuestra legislación laboral y más protección a los sindicalistas, como si no existieran evidencias de que todo ha cambiado en Colombia. Una manera poco elegante de mezclarle a la política internacional los afanes por congraciarse con el sindicalismo de su país. Y de dejar en el aire los compromisos con un país que ha sido su aliado en América. Por eso, nuestra Nación debe buscar socios serios en otras partes.

Bravatas y apaciguamiento

Editorial

El País, Cali

Marzo 01 de 2010

Desde la captura del llamado ‘canciller de las Farc’ en Venezuela, las relaciones de Colombia con su vecino han entrado en un maremágnum de oscilaciones en el que todo parece depender de la personalidad ciclotímica del presidente Hugo Chávez.

Desde el principio, Chávez convirtió el tema de las relaciones con Colombia en un asunto personal, dejando de lado los canales diplomáticos, lo mismo que las comisiones bilaterales que, durante años, han venido trabajando en los temas álgidos de límites territoriales y marítimos, integración en la zona fronteriza y desarrollos de acuerdos comerciales. Sabiendo que el de las relaciones con Colombia es sensible en la opinión pública venezolana, ha tratado de utilizarlo a su favor, de acuerdo a como él perciba los sentimientos de la ciudadanía de su país con respecto a su propio gobierno.

Si el Presidente bolivariano considera que lo conveniente es lanzar una bravata porque eso le dará réditos en su favorabilidad, no tiene empacho en ordenar a sus tanques y tropas, de manera pública, que “marchen hacia la frontera”. O, en otros casos, de calificar a su homólogo colombiano de “mafioso”, “peón del imperio”, “jefe del paramilitarismo” y otras lindezas por el estilo.

Pero también, en sentido contrario, si percibe que la marea de la opinión se inclina por el mantenimiento de las buenas relaciones, tampoco tiene empacho en hablar de “mi amigo Uribe”, como lo hizo en Bogotá cuando éste lo nombró mediador ante las Farc. Es una actitud que desconcierta, aunque si se le mira con mayor cuidado, puede entenderse que obedece a un patrón que depende, en lo esencial, de las buenas o malas relaciones del Gobierno venezolano con sus ciudadanos.

Es un poco de eso mismo lo que acaba de suceder en la Cumbre de Cancún y en los días posteriores a ella. Ante el justo reclamo de Álvaro Uribe por el embargo comercial a Colombia, durante un almuerzo privado, Chávez lo acusó en forma destemplada de enviar paramilitares a matarlo, no dejándole otra posibilidad a Uribe que la de una respuesta enérgica. Luego, pasado el incidente, Chávez varió el tono y ha manifestado que es necesario “pasar la página” de aquel desencuentro, omitir la “agresión personal” en las relaciones entre los dos países, y abrir caminos de diálogo para sentarse “como caballeros a conversar, a discutir bien”.

¡Sorprendente! Ahora, quien ha convertido las relaciones entre los dos países en un rifirrafe de insultos, llama al diálogo caballeresco, casi dando a entender que el rufián es la contraparte. Pero no nos engañemos. Este nuevo giro es apenas la consecuencia de las difíciles circunstancias por las que atraviesa el pueblo venezolano y del descontento general que se percibe en el hermano país con el estilo atrabiliario de su Presidente, lo mismo que su demostrada incompetencia para manejar los destinos de Venezuela.

Su petición de diálogo simplemente busca maquillar su naturaleza de matón de barrio y ganar algún beneplácito en el Gobierno colombiano para resolver los problemas de los apagones en Venezuela, entre otras cosas. No hay que creerle al lobo cuando se viste con piel de oveja. Algo trama.

La campaña que comienza

Editorial

El País, Cali

Febrero 28 de 2010

Resuelta la incógnita sobre el referendo que autorizaría una nueva elección del presidente Álvaro Uribe, la política en Colombia adquiere una nueva dinámica, surgida de la certeza que tiene el país de que elegirá un mandatario distinto. Ahora, el desafío es conseguir que el país mantenga las decisiones que le permitieron arrinconar la violencia, crecer la confianza y volver a la discusión democrática para resolver los graves problemas sociales que golpean a la Nación.

Ayer dijimos que la decisión de la Corte Constitucional demostró la madurez de las instituciones colombianas. Hoy tenemos que reconocer la actitud respetuosa con que el presidente Uribe recibió la sentencia que trunca su tercera elección. Con ello dio un nuevo mensaje de demócrata, ese que los colombianos eligieron hace casi ocho años y cuya denodada labor se ganó un lugar de honor en el alma del pueblo colombiano. Del político capaz de enfrentar cualquier debate en forma vehemente, pero respetuosa. En fin, del Presidente que asumió con admirable empeño la tarea de recuperar la seguridad y dirigir su gobierno con el pulso firme que demandaba el peligroso momento en que asumió sus funciones como primera autoridad.

De su gobierno quedará como herencia irrenunciable la Seguridad Democrática. Uribe le demostró a Colombia que si se quiere progreso y desarrollo en todos los órdenes hay que tener un Estado capaz de derrotar el delito, sin importar su tamaño o condición. Que si se quiere tener confianza en las posibilidades que ofrece el país, es indispensable demostrar con hechos la voluntad de impulsar y proteger la iniciativa privada. Y que el Estado debe esforzarse por alcanzar el equilibrio y la justicia social, requisito indispensable para superar las tragedias que generan la pobreza, la inequidad y el atraso.

Por supuesto, aún quedan muchas cosas por resolver, como la reforma a la salud y el desempleo que hoy afecta al 14,6% de la población económicamente activa. Así mismo, y pese al enorme avance contra el narcotráfico, el paramilitarismo y las organizaciones guerrilleras, estos males siguen siendo amenazas a vencer. Como es indispensable derrotar la corrupción que carcome las arcas oficiales y la ineficiencia en que se debate la Justicia. Pero está claro que Colombia tiene el reconocimiento mundial como Nación democrática que lucha por su progreso y abrió sus puertas al comercio internacional.

Esas realidades marcarán la campaña electoral que se inició en firme con la sentencia de la Corte Constitucional. A partir de ahora y durante los próximos dos meses, los aspirantes de todos los partidos tendrán todo el espacio para hacer sus propuestas, desaparecida la sombra que generaba la realización de un referendo que llevara a la reelección del presidente Uribe.

Sin embargo, desde ya puede vislumbrarse que los colombianos no estarán dispuestos a abandonar políticas que han significado progreso y tranquilidad para su país. Ni aceptarán el regreso a los estados dialogantes donde la retórica y la vacilación impedían el combate contra los que un día pusieron en peligro su vida y su libertad.

Adiós a la reelección

Editorial

El Pais, Cali

Febrero 27 de 2010

Con la sentencia de la Corte Constitucional que declaró inexequible la ley con la cual se citaba al referendo para decidir si se aceptaba la elección por tres periodos sucesivos del Presidente de la República, llega a su fin un proceso que paralizó la política colombiana. Y empieza uno nuevo, que se inicia con la campaña para elegir al sucesor de Álvaro Uribe Vélez a partir del próximo 7 de agosto.

El resumen de la sentencia presentada por el Presidente de la Corte, magistrado Mauricio González, es un catálogo de razones por las cuales se tomó la trascendental decisión. Contrario a lo que había expresado el Procurador General de la Nación, la mayoría del máximo tribunal constitucional los categorizó como violaciones sustanciales a la Carta Magna de Colombia. Están, en primer lugar, las irregularidades en la financiación del proceso para recolectar las firmas, que superó en más de 30 veces el monto permitido, mediante una combinación de fundaciones que en la práctica eran lo mismo, y cuyo propósito fue desconocer la ley.

Pero la Corte también calificó como inconstitucionales los que llamó “vicios de trámite legislativo”, como la falta de certificados expedidos por el Registrador Nacional sobre la financiación del proceso, o la modificación del texto, volviendo reelección continua lo que las firmas habían aprobado como discontinua. Además, la Corte consideró que el voto aprobatorio de los cinco miembros de Cambio Radical que se separaron de su partido violaron la Constitución porque desconoció la decisión de su bancada, conforme a la Ley de Partidos.

En el fallo también hubo un pronunciamiento de fondo, al considerar la Corte que la tercera reelección consecutiva desconocía “ejes estructurales de la Constitución” como la separación de poderes, el sistema de contrapesos y el derecho a la igualdad. Con lo cual fijó límites al poder reformatorio del constituyente primario, decisión de trascendencia que mantiene el espíritu de la Constitución de 1991 y dilucida en gran medida la controversia planteada con el Estado de Opinión citado por el presidente Uribe en su discurso del 7 de agosto pasado ante el Congreso de la República.

Hubo otros asuntos analizados por la Corte en la sentencia que declaró la inexequibilidad de la ley que citó al referendo. Pero es igual de importante resaltar la afirmación de su presidente acerca del respeto por su autonomía e independencia. Con ello despeja las versiones que se tejieron acerca del afán del Gobierno por presionar la decisión. Así, Colombia da una demostración de madurez democrática y fortaleza de sus instituciones, ratificados por el presidente Uribe en su alocución desde Barranquilla.

Esa es la mejor prueba de que el nuestro es un país que respeta su forma de gobierno, guiado por la separación de poderes. Después de despejado el enigma de la reelección, la política, en especial la sucesión presidencial, entra en un proceso distinto. Y si bien existirán inconformidades ante el fallo de la Corte, está claro que la decisión será acatada y respetada. Ese espíritu hace confiar en la capacidad de nuestra Nación para seguir adelante basada en el Estado de Derecho.

Atentados en El Cauca

Editorial

El País, Cali

Febrero 23 de 2010

Tras el ataque aleve a las localidades indígenas de Caldono, Jambaló y Cajibío, el Gobernador del Cauca ha puesto las luces sobre un asunto que está detrás del entramado que armó las Farc para hacer otra inútil y sangrienta demostración de fuerza. Es el momento para reclamar la unión de las comunidades y la autoridad, si lo que se quiere es acabar con la amenaza de la delincuencia contra la vida y la tranquilidad en el Cauca.

El pasado sábado los habitantes de esas tres localidades amanecieron bajo el fuego que desató la guerrilla contra sus poblaciones. Con el pretexto de atacar a la Policía, sus disparos llenaron de pánico a miles de personas en la zona rural y en los cascos urbanos de esas poblaciones. El hospital de Jambaló, las viviendas y los lugares públicos fueron el blanco de la arremetida, de la cual aún no se sabe su verdadera motivación. Pero sí se conoce el resultado: la condena universal contra un ataque irracional e indiscriminado que atenta contra comunidades pacíficas.

Algunas autoridades afirman que fue una retaliación por la muerte de un cabecilla de las Farc en el Pacífico, a quien se sindicaba de los atentados terroristas en Cali y de crímenes como el secuestro de los doce diputados. Otros afirman que el ataque fue la respuesta de una de las columnas más sanguinarias del movimiento guerrillero al bombardeo que realizó hace dos semanas la Fuerza Pública en las estribaciones de la cordillera central, donde murieron varios de sus más connotados cabecillas. Y no falta quien afirme que se trató de una maniobra con la cual se pretende reducir la presión que padecen los jefes de esa guerrilla en inmediaciones del Páramo de las Hermosas.

Cualquiera sea la motivación, lo cierto es que con ello se puso de presente la colaboración que existe entre algunos miembros de las comunidades indígenas y las Farc, llámense colaboradores o milicias. Y el nexo se ha expresado en muchas ocasiones, en especial, cuando la Fuerza Pública le propina severos golpes al negocio del narcotráfico en la región. No es un secreto que durante décadas la presencia del Estado en la región fue escasa, creando el espacio necesario para que la guerrilla sentara allí sus dominios, se apoderara del negocio de las drogas ilícitas y estableciera una relación frecuente con sus habitantes.

En esas condiciones, los avances de la Fuerza Pública en el combate a la delincuencia que se aferra al norte del Cauca deben ser reconocidos. Pero aún falta mucho trecho por recorrer. Y, en especial, para romper los vínculos de esos pobladores con las Farc y establecer una relación más fluida con las comunidades, casi todas indígenas, que pueblan la fértil región. En otros términos, y reconociendo la importancia de la acción militar para combatir a los criminales, ahora es más importante que nunca la tarea de recuperar la confianza en el Estado. Es lo que se ha hecho en otras regiones con éxito comprobado. Y lo que debe hacerse en las montañas del Cauca para lograr que la Política de Seguridad Democrática le devuelva la tranquilidad a la región.

El principio de la reparación

Editorial

El País, Cali

Febrero 20 de 2010

Una de las peores manifestaciones del conflicto en Colombia, con profundas consecuencias sociales, es el desplazamiento forzado por el miedo a las acciones de los violentos u obligado por el uso de la fuerza para apoderarse de las tierras de miles de colombianos. Por eso, cuando se pretende lograr la reparación y reconciliación, una de las acciones a emprender es la de la restitución de los bienes.

La magnitud del problema es tal que ni el Gobierno, ni los organismos internacionales, ni las instituciones que estudian el desplazamiento forzado han logrado ponerse de acuerdo con las cifras. Mientras unos hablan de 2,4 millones de desplazados, otros aseguran que son 3,7 millones. Igual sucede con la cantidad de hectáreas, que oscilan entre 1,6 y 6,5 millones. En todo caso se calcula que el 72% de los desplazados abandonaron sus propiedades, de los cuáles apenas un 30% contaba con títulos al momento de dejar sus tierras, mientras el resto tenía posesión de hecho.

Un estudio de la Procuraduría General de la Nación publicado en el año 2005 asegura que “los desplazamientos forzados, con sus reajustes de tierras, han estado motivados más por la pretensión de consolidar fundos de terratenientes o asegurar zonas estratégicas de acción militar o corredores que permitieran el movimiento de drogas y armas, que por simples razones de enfrentamiento ideológico”.

El objetivo de los violentos es entonces claro: apoderarse de la tierras. Así es como en Colombia se ha realizado una reforma agraria de hecho. Ahora, el país se enfrenta a la encrucijada de cómo pagar la deuda generada por la violencia y la avidez que alejaron a cientos de miles de colombianos de sus parcelas. Y cómo devolverles los predios a sus legítimos dueños, darles la seguridad para que regresen al campo y brindarles las oportunidades para que vuelvan a producir.

En ese orden de ideas hay que destacar la intención de las Comisiones Regionales de Restitución de Bienes, la sexta de ellas instalada en Cali para atender a los desplazados del Valle y Cauca. Creadas en el 2005 como parte del proceso de Reparación y Reconciliación, su objetivo es orientar a las víctimas y ayudarle a recuperar las propiedades que les arrebataron los violentos.

Pero experiencias como la de los desplazados del Naya, uno de los programas piloto de Restitución de Bienes, dejan dudas de la eficacia del Estado para hacer realidad el regreso de los desplazados. Tres años después de iniciar el proceso las comunidades del Naya no han podido pasar de la etapa inicial por la complejidad que implica comprobar legalmente la propiedad sobre las tierras abandonadas a la fuerza.

El escepticismo de los desplazados es entendible y queda reflejado en la frase de uno de los asistentes a la instalación de la Comisión: “Esperemos que para nosotros la reparación sea pronta y llegue la verdad. Con los que asesinaron y desplazaron todos los programas fueron ágiles y con las víctimas es a paso lento”. Ese escepticismo es el que hay que superar, si se quiere recuperar la confianza y la paz entre los campesinos golpeados por la injusticia que generó la ausencia del Estado.

La amenaza de Irán

Editorial

El País, Cali

Febrero 16 de 2010

Ante la crisis que crece por las protestas contra su régimen, la bomba atómica parece ser la ruta que el Ayatollah Alí Jamenei y su presidente Mahmud Ahmadinejad le han fijado a Irán. La pregunta que anda hoy en las sedes de los gobiernos del mundo es cuándo y cómo intervenir para que se consume lo que puede ser la gran amenaza de una conflagración internacional con consecuencias impredecibles.

Durante una década, las grandes potencias occidentales han tratado de manejar lo que parecía ser apenas una molestia: el reclamo de Irán por tener acceso a la tecnología nuclear, supuestamente para generar energía con fines pacíficos. Sin embargo, el mundo sabía que detrás de esa petición, en apariencia justa, se escondía el afán por entrar en el exclusivo y peligroso club de las armas de destrucción masiva basadas en la tecnología nuclear. Ahora, esa labor paciente, compuesta de propuestas disuasivas acompañadas de alguna que otra sanción, ya parece no ser suficiente.

En efecto, el discurso de Ahmadinejad en la celebración del 31 aniversario de la revolución islámica en el país persa, no debe dejar dudas. “Irán es ya un Estado nuclear”, dijo ante miles de adeptos en la plaza de la Libertad de Teherán. Así proclamó que su régimen es capaz de llegar a enriquecer el uranio hasta el 85%, el umbral para fabricar la bomba atómica. Eso ya no es apenas un desconocimiento a los compromisos que ha insinuado, tratando de apaciguar a las potencias occidentales: es una amenaza.

Al momento de analizar lo que hay en el discurso del Presidente iraní, no puede ignorarse lo que vive su país. Está en primer lugar el enorme descontento del pueblo contra un gobierno que considera producto del fraude y contra las difíciles circunstancias por las que atraviesa, acompañado de la protesta creciente ante el régimen autocrático y represivo que le arrebata sus libertades. Por eso, a la celebración de la Plaza de la Libertad en Teherán sólo asistieron los incondicionales dirigidos por la guardia revolucionaria, grupo paramilitar que asume cada vez más poderes.

En ese contexto debe entenderse el discurso de Ahmadinejad: los expertos dicen que a Irán le falta mucho para llegar a producir el uranio enriquecido y la técnica necesaria para construir armas nucleares. Pero en las circunstancias que vive esa nación, este discurso, acompañado con la siempre útil acusación contra el imperialismo, sirven para encender el patriotismo. Y puede convertirse en el motor para traspasar el límite.

Lo de la bomba atómica de Irán se está convirtiendo, entonces, en una amenaza cada vez más real. Tan real que ya la Secretaria de Estado de los Estados Unidos dijo por primera vez en forma abierta que el régimen islámico está “detrás del arma atómica”. Y la Alta Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea (UE), Katherine Ashton, afirmó: “Lo que buscamos son más pruebas de que el régimen de Irán coopera. Queremos pensar que ellos cumplen sus obligaciones internacionales. Desde la perspectiva de la UE, si eso no sucede, entonces tendremos que mostrar nuestra determinación para garantizar que se respetan las reglas”.

La crisis griega

Editorial

El País, Cali

Febrero 15 de 2010

Cuando parecía que algunos de los peores síntomas de la crisis económica internacional comenzaban a ser superados, el anuncio de Grecia de que podría entrar en cesación de pagos, en virtud de su alta deuda pública y enorme déficit fiscal, ha encendido las alarmas de la comunidad mundial.

Con una deuda que supera su PIB y un déficit del 12,7%, el Gobierno griego puso en vigor tres tipos de medidas que han recibido rechazo mayoritario de su país. Esas decisiones muestran el camino de reformas que amenaza a países como Portugal, España e Italia. Se trata de rebajas de los salarios y las pensiones y de la revisión del sistema de recaudación fiscal.

Desde luego, ni trabajadores ni pensionados ni contribuyentes están satisfechos con los anuncios y han respondido con una huelga general del sector público que tiene paralizada a la nación, mientras preparan una protesta general para el 24 de febrero. Los ciudadanos griegos sienten que les están cobrando a ellos los efectos de la crisis mundial, así como la política económica improvidente de sus autoridades.

Pese a que es una de las menores economías de la zona, la Unión Europea, UE, teme por el efecto que una cesación de pagos pueda tener en otros países que se encuentran en circunstancias similares. “Si no se resuelve la situación de Grecia, puede haber un efecto contagio sobre otras economías con dificultades fiscales. El euro corre peligro”, declaró la consultora Cinzia Alcidi, desde el Centro de Estudios de Políticas Europeas.

Por eso mismo, Alemania y Francia, las grandes economías de la UE, se han manifestado dispuestas a ayudar a Grecia, nación que debe hacer un pago de 30.000 millones de dólares entre abril y marzo. Y el primer ministro griego, George Papandreou, ha salido a decir que su país superará las dificultades y tomará medidas para reducir el déficit a 3% en el 2010.

Pero la Unión Europea, si bien está no sólo dispuesta sino obligada a prestar su apoyo a los griegos, también desconfía del Gobierno de esa nación, al que ha acusado de ‘maquillar’ sus balances en el pasado. Por eso ha manifestado que “Grecia necesita de reformas que cuestan sudor y lágrimas”, con lo que significa que cualquier euro que llegue de ayuda a Grecia deberá tener como contraprestación medidas internas que golpearán duramente a los ciudadanos locales. Pero también a los gobiernos, que han sido laxos a la hora de gastar más allá de las posibilidades fiscales.

Desde luego, la ayuda a Grecia tendrá un impacto en el crecimiento europeo, especialmente en las naciones más solventes, que deberán cargar con el mayor peso de las responsabilidades en su intento por salvaguardar al euro como moneda común y evitar que la crisis se propague a los países en riesgo.

Se trata de una operación de alta cirugía que producirá traumas en el paciente, pero que es inevitable si se quiere que sobreviva. Lamentable que los trabajadores, pensionados y contribuyentes griegos tengan que pagar los platos que rompieron otros. Pero así funciona la economía global, no siempre con justicia.

Unasur apoya a Haití

Editorial

El País, Cali

Febrero 10 de 2010

Por primera vez en dos años, el Presidente de Colombia viaja a Quito. Y aunque el viaje tuviera un motivo sin duda importante como la ayuda a Haití, y no tuviera relación aparente con los problemas que implicaron la ruptura de relaciones con Ecuador, se siente un alivio al ver que la recuperación de la normalidad es la pauta entre los gobiernos de las dos naciones.

Las imágenes del encuentro cordial entre los presidentes Rafael Correa y Álvaro Uribe eran esperadas desde cuando los cancilleres Fánder Falconí y Jaime Bermúdez iniciaron una discreta y eficaz maniobra para acercar sus gobiernos, hace diez meses. Era la acción necesaria para restablecer unas relaciones históricamente entrañables, que fueron rotas por el ataque en territorio ecuatoriano de la Fuerza Pública colombiana contra el campamento de uno de los más poderosos cabecillas de las Farc.

Dejando sin piso las conjeturas que anunciaban una confrontación y un clima tenso en la reunión de la Unión de Naciones del Sur, Unasur, que agrupa a Suramérica, el resultado fue totalmente contrario. Nada de reclamos por el acuerdo militar de Colombia con los Estados Unidos, o de protestas del Mandatario de Colombia por la política agresiva del Presidente de Venezuela contra nuestro país. Por el contrario, la cita estuvo en todo momento marcada por la solidaridad y el deseo de ayuda que se hizo notorio en casi todos los asistentes.

Cinco presidentes de Suramérica y delegaciones del resto de las doce naciones de Unasur sesionaron durante tres horas para acordar la forma en que la organización apoyará el empeño de ayudar a Haití a superar la destrucción que dejó el terremoto del pasado 12 de enero. Con la presencia del presidente René Preval, los asistentes se comprometieron a conseguir con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, un crédito por US$200 millones, además de aportar otros US$100 millones de sus recursos propios. Además, fue constante el ofrecimiento de materiales y ayudas para construir vivienda, la gran carencia del país caribeño, de especial importancia cuando en pocas semanas empezará allí la temporada de lluvias.

La reunión de Quito fue, entonces, un buen ejercicio de unión en torno a un propósito noble. Y aunque no faltó el consabido discurso ideológico que esta vez provino del Vicepresidente de Bolivia, éste no alcanzó a desviar el objetivo de los asistentes. Ni para opacar el encuentro entre los mandatarios de Colombia y Ecuador, en un ambiente distendido, radicalmente distinto al de otras ocasiones. Pueda ser que la plena reanudación de las relaciones bilaterales sea la pronta realidad que esperan las dos naciones. Y que atrás queden los episodios de confrontación, sin olvidar las razones que los produjeron.

Esta vez salieron decepcionados quienes esperaban una nueva confrontación. Y Unasur demostró que puede ser un foro propicio para el diálogo fructífero, capaz de superar esa atmósfera cargada de intereses políticos distintos y contrarios a la unión de Suramérica para la cual fue creada.