"Como vamos en salud, vamos mal"

Carlos Caballero Argáez

El Tiempo, Bogotá

Diciembre 19 de 2099

Quería terminar las columnas de este año con un tema amable pero en la Colombia de fines de la primera década del siglo XXI, eso no es posible. Es difícil no referirse a la crisis de la salud en el país.

Estuve la semana pasada en la reunión del programa 'Así vamos en salud', que patrocinan varias instituciones y empresas privadas. En la preparación de las notas que leí en ese foro me convencí de que estudiar una reforma profunda del sistema de salud en Colombia es la más importante de las prioridades nacionales y que así debería plantearse en la campaña presidencial del 2010. El problema de la salud afecta a todos y cada uno de los 45 millones de colombianos en su dignidad y en su vida diaria. La reforma se requiere urgentemente. El sistema, tal como está diseñado, no es viable hacia el futuro por más ajustes que se le introduzcan a corto plazo y por más que se legisle al amparo del estado de "emergencia social".

Cuando se expidió la Ley 100 de 1994, se prospectaban una estructura laboral y una economía del trabajo muy diferentes a las de la actualidad. El régimen contributivo iba a ser el dominante; se preveía que el sector formal de la economía sería el generador de empleos. Hoy en día, esa premisa es falsa. La mayoría de la ocupación en Colombia tiene lugar en el sector informal. La informalidad es el más grave de los problemas sociales y económicos del país. Y las políticas públicas no incentivan la generación de empleos formales. A ambos, trabajadores y empresarios, los favorece la informalidad: el trabajador no cotiza pero tiene beneficios de salud sufragados por el Estado, y el empleador minimiza sus costos laborales.

Por lo mismo, la financiación de los servicios de salud recae y recaerá, cada vez más, sobre las finanzas públicas, locales, departamentales y nacionales. Si no se ataca la informalidad mediante una serie de modificaciones de carácter laboral -como la eliminación de las cargas parafiscales-, el Estado tendrá que asumir crecientemente el gasto de los colombianos en salud. Como lo presentó en 'Así vamos en salud' Carlos Ignacio Rojas, vicepresidente de Anif, si la informalidad se mantuviera constante en los próximos diez años, en el 2020 el déficit público en salud se acercaría al 4,0 por ciento y en el 2050 al 8 por ciento del PIB. Estamos, pues, ante una verdadera bomba de tiempo fiscal, que sería bueno comenzar a desactivar a la mayor brevedad.

El problema no es exclusivamente financiero. El gasto fiscal en Colombia es relativamente alto si se lo compara con el de otros países de la región. Es mayor, por ejemplo, que el chileno. Pero, a pesar del incremento notable de la cobertura del sistema, los indicadores de salud se han deteriorado en los últimos tiempos. El problema no es, entonces, que el Estado gaste más en salud, sino reestructurar el sistema y sus instituciones, lo mismo que los incentivos para los agentes que operan en el mismo.

Tampoco es evidente que el crecimiento económico por sí solo resuelva los problemas sociales si no se acompaña de políticas efectivas; de la acción del Estado en búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. En el caso de la salud, la actuación estatal no implica únicamente "remediar" la enfermedad sino "prevenirla", lo mismo que "promover" y "educar" a la población para que cuide de su salud. Hablar de este tema implica hablar de ciencia, de política, de gerencia y de economía. Estos asuntos no pueden desligarse el uno del otro, ni tratarse por separado. Por eso, el tratamiento de la salud en una sociedad requiere instituciones centrales fuertes y liderazgo humano. Infortunadamente, en mala hora se decidió, en el 2002, eliminar el Ministerio de Salud.

La conclusión no es diferente a la de que "como vamos en salud, vamos mal". Razón por la cual, insisto, toca emprender ya el estudio de una nueva reforma, construyendo sobre lo logrado en los últimos quince años y pensando en los próximos quince.

La lucha del hombre contra el paisa

Carlos Caballero Argáez

El Tiempo, Bogotá

Noviembre 7 de 2009

Una de las frustraciones de mi paso por el Ministerio de Minas y Energía en el año 2000 fue no haber concretado la venta de la participación del Gobierno Nacional en Isagén a inversionistas privados.

El proceso de privatización lo había iniciado mi antecesor en 1999, después de arreglar una serie de problemas financieros y técnicos complejos, como fue la incorporación de la central hidroeléctrica de La Miel a la empresa. Yo lo continué en una época extremadamente difícil; en medio de la voladura diaria de torres de transmisión eléctrica, del asesinato infame de un ingeniero de la empresa por la guerrilla y de la reducción de la demanda de energía eléctrica como consecuencia de la crisis económica de fin de siglo. Avanzamos bastante; incluso, llegamos a ofrecerla a inversionistas estadounidenses, españoles y alemanes. Pero los antioqueños no dejaron: bloquearon el proceso interponiendo toda clase de recursos jurídicos en su contra hasta que una autoridad judicial ordenó al Ministerio suspender el proceso.

Con posterioridad a este intento fallido de venta, el Gobierno Nacional se deshizo de un porcentaje de su propiedad en la empresa, de tal forma que tres fondos de pensiones privados poseen en la actualidad cerca del 8 por ciento de su capital, y otros inversionistas -incluyendo a EPM, a la EEB y a buen número de personas naturales- tienen un 34 por ciento. La acción se cotiza en la bolsa en la actualidad. Lo que contempló el plan financiero del Gobierno para este año fue desprenderse del 58 por ciento de la propiedad que mantiene en la empresa.

Pero, de nuevo, los antioqueños se han encargado de frenar el proceso. Esta vez manifestando el interés de que sean las Empresas Públicas de Medellín (EPM) las que adquieran la participación del Gobierno Nacional en Isagén. Lo cual iría en absoluta contravía del funcionamiento de un mercado competitivo de energía eléctrica, como lo ha buscado el país desde la expedición de la ley eléctrica en 1994. Y de los intereses de los inversionistas privados que adquirieron en el pasado empresas de generación eléctrica confiando en la estabilidad de la regulación, de las reglas de juego.

A pesar de que la regulación es clara en el sentido de prohibir que la actividad de generación por parte de una empresa supere el 25 por ciento de la generación total, el Gobierno, con el Presidente a la cabeza, no ha manifestado su rechazo a la aspiración de EPM sino, por el contrario, parecería estar buscando la manera de facilitar la transacción. Si esta llegara a llevarse a cabo, EPM quedaría con el 33,1 por ciento del mercado de generación en la actualidad.

Más grave aún: al completarse en el curso de la segunda década del nuevo siglo los proyectos hidroeléctricos en curso, esa participación sería mayor, puesto que, con la sola entrada de la hidroeléctrica de Pescadero-Ituango, sin la adquisición de Isagén por parte de EPM, la empresa llegaría al 30,5 por ciento de participación en la actividad de generación del país. La posición de EPM sería de total dominio, lo cual seguramente obligaría a olvidarse de un mercado libre de energía. ¿Es eso lo que quieren los antioqueños para fijar los precios de energía a su antojo?

Ahora se informa que el Gobierno, a través del señor Ministro de Hacienda, solicitó un concepto al Consejo de Estado "sobre la concentración en el negocio de generación de electricidad" ('La novela de Isagén', Semana, 2 de noviembre del 2009), lo que ha causado un corto circuito entre los ministros de Minas y de Hacienda. ¿Para qué pedir un concepto si la regulación es diáfana?

Lo procedente es continuar con el proceso de venta a inversionistas privados y evitar cualquier intento de torcerle el cuello a la regulación. Los antioqueños pueden estar tranquilos, además, porque cualquiera que compre no podrá llevarse las centrales eléctricas de Isagén para otro departamento. El problema es que, como dice un buen amigo -de Cali, por cierto-, "la vida del colombiano es la lucha del hombre contra el paisa".

L riesgo de las malas ideas y medidas económicas

Carlos Caballero Argáez

El Tiempo, Medellín

Octubre 24 de 2009

Paul Krugman escribió la semana anterior en The New York Times sobre el poder destructivo de las malas ideas (12 de octubre de 2009). Se refería al debate actual en Estados Unidos con respecto a la manera de contener la devaluación del dólar frente al euro, el yen y las monedas de los países emergentes -Colombia incluida-. Muchos allá consideran que la caída del dólar es terrible y que el Banco de la Reserva Federal debe hacer algo para evitarla.

La discusión estadounidense es, curiosamente, idéntica a la colombiana, pero en sentido contrario. La alarma aquí es por la fuerte revaluación del peso. Pero la presión es, también, para que el Banco de la República "haga algo". Allá los presidentes de los bancos regionales de la Reserva hablan en público sobre la necesidad de subir las tasas de interés. Aquí se le solicita al Banco de la República que las baje. Y el mismo Presidente de la República -con mayor respeto que en el pasado, es cierto- pide que el Gobierno y el Banco "busquen fórmulas para establecer una tasa de cambio estable y competitiva".

En un ambiente así, aumenta notablemente el riesgo de que las malas ideas den lugar a malas medidas económicas y a malas políticas.

Krugman hablaba en su columna del peligro de volver a la mentalidad del "patrón oro", de fijar el precio del dólar con respecto al oro cuando se sabe bien, hoy en día, que fue precisamente esa concepción la causa principal de la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. Y del riesgo de incrementar las tasas de interés cuando, en su opinión, con un desempleo de 9,8 por ciento en los Estados Unidos, una medida de esta naturaleza conduciría no una recesión como la del último año, sino a una depresión económica como la de hace 80 años.

En Colombia tampoco es despreciable el riesgo de las malas ideas. En su columna de El Colombiano de hace unos días el ex ministro Rodrigo Botero Montoya manifestaba su preocupación por la posibilidad de que un decreto gubernamental modificara la cotización del dólar llevándolo de 1.800 a 2.350 pesos, lo cual significaría "envilecimiento de la moneda nacional" y "un retroceso de medio siglo en el manejo de la política económica" ('La propuesta de fijar la tasa de cambio', 15 de octubre de 2009).

Volver al "patrón oro" en los Estados Unidos o "fijar" la tasa de cambio en Colombia son propuestas equivalentes para economías muy distintas. Ambas, naturalmente, son ideas pésimas. Lo grave y lo más inquietante es que tanto Krugman como Botero estén alertando a quienes tienen la responsabilidad del manejo de la política cambiaria y de la monetaria sobre las consecuencias de adoptar este tipo de medidas. Si lo hacen, es porque existe alguna probabilidad de que a las autoridades respectivas, o a quienes las presionan, se les haya pasado por la cabeza semejante locura. Y eso, de por sí, sería ya peligroso para la buena marcha de la economía.

Una de las razones por las cuales Colombia ha sobrevivido bastante bien a la crisis internacional de los últimos doce o quince meses es porque cuenta con un sistema de tasa de cambio libre. El movimiento del dólar permitió que a finales del año anterior el peso se devaluara sin traumatismo y que, simultáneamente, el Banco de la República pudiera bajar las tasas de interés. Algo muy distinto sucedió en las crisis de 1930, de 1984 y de 1998, cuando no existía esa flexibilidad y era necesario devaluar administrativamente. Ahora bien, es cierto que el precio del dólar en Colombia ha caído excesivamente y que la volatilidad en el mercado cambiario dificulta enormemente el manejo de los negocios. Eso no justificaría, sin embargo, que el Gobierno o el Banco de la República adoptara malas medidas.

No sé qué decisiones tomó ayer la junta del Banco de la República. Pero sí sé que esta ha hecho bien su tarea. Espero, por tanto, que tenga la capacidad para resistir presiones y para evitar que las malas ideas conduzcan a medidas inconvenientes.

De la crisis mundial y el futuro de Colombia

Por Carlos Caballero Argáez

El Tiempo, Bogotá

Agosto 29 de 2009

Los indicadores económicos y los gurús de la economía están señalando que lo peor de la crisis mundial ya pasó. Parece que a mediados del año se hubiera tocado fondo. Un fondo resbaloso, como dice un buen amigo, pero fondo al fin y al cabo. Es una buena noticia.

Como nada en economía es gratis, las buenas noticias tienen sus costos. Tocar fondo implicó una gigantesca inyección fiscal en Estados Unidos, en la Unión Europea y en la China para prender de nuevo los motores del crecimiento. Pero no se conocen las consecuencias futuras de ese empujón para evitar un colapso mundial equivalente al de los años treinta del siglo anterior. Con todo, sabemos es que ese futuro será, forzosamente, diferente al pasado reciente. El entorno económico internacional cambió, quiérase o no, para un país como Colombia. Por lo tanto, el manejo económico se volvió más delicado y exigente. Eso sin contar con la tensa relación con los vecinos -Venezuela y Ecuador- ni con las estadísticas recientes sobre pobreza, que agravan, ambas, el panorama.

El crecimiento de la economía colombiana va a ser lento en los próximos tres o cuatro años. No se va a repetir el dinamismo del período 2004-2007, años de indudable bonanza en la inversión y en el consumo interno. Para el 2010 se pronostica una expansión de la actividad productiva del orden de 1,5 por ciento y, para los siguientes, ritmos de entre 2 y 4 por ciento anual.

La capacidad que se instaló en el país en los años de auge de la inversión no va a utilizarse plenamente. En plata blanca, eso quiere decir que el problema de empleo se va a agudizar y, con este, la informalidad y la pobreza. Y que, de no ser por una sequía muy fuerte que impacte negativamente el precio de los alimentos, la inflación podría perfectamente ubicarse en la meta de mediano plazo fijada por la Junta del Banco de la República: alrededor de 3 por ciento por año.

En buena parte esta proyección se desprende de que las exportaciones no tradicionales se van a ver afectadas por la también lenta expansión de la economía de los Estados Unidos y la pérdida del mercado venezolano -al menos en el corto plazo- para las manufacturas colombianas. Entre tanto, el crecimiento de la China presionará al alza los precios de los productos básicos, del petróleo, el carbón y los minerales. No que el precio del petróleo vuelva a las nubes -como en el 2008- pero sí que oscile en un rango favorable para un país como Colombia; digamos entre 70 y 90 dólares por barril. La implicación será la de una economía centrada sobre la producción y las exportaciones minero-energéticas.

Si ello fuere así, y la probabilidad de que lo sea es alta, Colombia recibiría divisas pero no generaría suficientes empleos para aliviar el desempleo y la pobreza. La tendencia en esta dirección es clara. Sorpréndase ustedes: la inversión extranjera en Colombia ha mantenido su nivel en este año -de crisis internacional- y el 85 por ciento de la misma se ha dirigido al sector del petróleo y la minería. Es una tendencia interesante que, sin embargo, no deja de preocupar. Porque el peso colombiano se mantendría fuerte -revaluado- y la industria y la agricultura perderían importancia relativa en la economía. El problema social se exacerbaría; las demandas de asistencia del Estado a los pobres serían aún mayores y la implantación de un esquema populista, de derecha o de izquierda, se volvería atractivo políticamente. Sobre todo teniendo un vecino como Chávez en Venezuela.

Esto no se escribe por molestar al Gobierno o crear un ambiente de pesimismo sobre el país. Se escribe porque el futuro no se ve bien y la responsabilidad de los dirigentes de Colombia es transformarlo.

Esto es posible si se retoma el camino de las reformas económicas; si se diseñan políticas públicas para mejorar la competitividad, diversificar las exportaciones, reorientar el comercio exterior, generar empleos y evitar la revaluación del peso. No hacer nada sería, simplemente, autodestruirnos.

Desempleo, devaluación y bajo crecimiento

Por Carlos Caballero Argáez

El Tiempo, Bogotá

Agosto 1 de 2009

Las condiciones cambiantes de la economía mundial y de la colombiana -la volatilidad y la incertidumbre- hacen difícil cualquier análisis con respecto al futuro inmediato y, todavía más, al de más largo alcance del país.

Por fortuna, va siendo claro que se logró evitar una crisis económica mundial del estilo de la de 1929-1932. Aparentemente, las economías están en camino de "tocar fondo", incluyendo la colombiana. Pero es imposible proyectar la forma que tendrá la recuperación. Aunque todo indica que, después de la contracción que tendrá lugar este año, en el próximo tendríamos una ligera expansión y en los primeros años de la nueva década un crecimiento raquítico, de entre 3,0 y 4,0 por ciento anual. Eso, si bien nos va y si se maneja acertadamente la política macroeconómica.

Las consecuencias de una trayectoria de esta naturaleza son obvias: el desempleo, que ya se ubica en niveles del 12 por ciento, tenderá a elevarse. Y el problema social -de por sí grave y afectado por el desplazamiento y la reinserción-, a agudizarse. El consumo de los hogares se ha resentido fuertemente por el desempleo y el temor a gastar. Mientras el horizonte no se aclare, en especial las expectativas de crecimiento, el motor de la economía no acelerará.

Así lo intuyeron correctamente los empresarios al inicio del año, por lo cual las importaciones de materias primas e insumos para la producción cayeron 28 por ciento en los primeros cinco meses del 2009, con respecto al nivel alcanzado en el mismo período del 2008; de esta manera, se compensó en muy buena parte la reducción de las exportaciones. A fines de marzo, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos se había contenido. A estas alturas del año, la balanza comercial del país, que se preveía fuertemente negativa, debe ser ya positiva. El ajuste, pues, corrió a cargo de las empresas privadas, en particular de la producción y el empleo de la industria manufacturera. La inversión, por su parte, se frenó, como lo atestiguan las menores importaciones de maquinaria y equipo.

Ahora bien, la revaluación del peso ha llamado la atención por su virulencia. Pero si se tienen en cuenta la contracción de las importaciones, los altos precios del café, la estabilidad de los precios del petróleo y del carbón alrededor de sus niveles actuales -que no son 'malos'-, así como las entradas de capital que se registran, originadas en la Tesorería General de la Nación (1.000 millones de dólares más en los primeros cinco meses de este año que en los del pasado) y en la traída de dólares de Ecopetrol, no es de extrañar que el peso se hubiera descolgado. Dicen los que saben, además, que esta situación se mantendrá durante algunos meses, aun si se considera el efecto del deterioro radical de las relaciones con Venezuela, por cuanto se prevé que la tasa de cambio se mantenga oscilando entre 2.000 y 2.200 pesos por dólar.

* * * *

La preocupación de fondo es la de una economía con alto desempleo, revaluación y bajo crecimiento. Una combinación explosiva tanto social como políticamente, que será la que reciba el próximo gobierno. Y que es bueno prever desde ya, para estudiar y discutir seriamente la manera de hacerle frente tanto a corto como a mediano plazo. Porque los tres elementos, el desempleo, el peso fuerte y el crecimiento lento, pueden ser tendencias de largo plazo.

La economía colombiana no es competitiva internacionalmente, no hay una industria manufacturera fuerte, sino, más bien, un proceso de desindustrialización y gradualmente nos vamos convirtiendo en un país exportador de café, petróleo, carbón y productos de la minería. No nos digamos mentiras, sabemos exportar a los mercados naturales, que son los de Venezuela y Ecuador. Y pare de contar.

Anticiparse al futuro y evitar unos males que empeorarían con el paso de los días es el gran desafío para los economistas y para los líderes políticos colombianos. Sobre todo ahora que ambos necesitan recuperar su prestigio.

Por qué es conveniente la venta de Ecopetrol

Por Carlos Caballero Argáez

El Tiempo, Bogotá

Julio 18 de 2009

El ex ministro Alberto Carrasquilla puso sobre el tapete la venta de Ecopetrol como una alternativa a la reforma tributaria que el Gobierno proyecta presentar al Congreso Nacional en la semana que viene, con el fin de allegar recursos para el gasto en defensa y seguridad durante cuatro años a partir del 2011.

Para Carrasquilla, no tiene sentido que la Nación mantenga en su balance "acciones de Ecopetrol o de otras empresas siendo que tenemos tantas necesidades. Eso es un lujo que uno muchas veces no se puede dar" (Portafolio, 10-07-09, pág. 9). Estoy de acuerdo con el ex ministro en la necesidad de trasladar la totalidad de la propiedad de Ecopetrol a inversionistas privados en la medida en que el mercado lo vaya permitiendo y ojalá muy rápido. Creo, también, que se necesita una reforma tributaria profunda pero no la que se propone, que es coser un retazo más en el estatuto tributario. No es oportuno, de otra parte, presentar una reforma tributaria al Congreso con una economía en recesión y en año electoral. Idealmente, los recursos de la venta de Ecopetrol no deberían utilizarse para tapar huecos fiscales, sino para inversión.

Vender Ecopetrol sería un excelente negocio para el Gobierno y para los accionistas privados. Ambos podrían dedicarse a su "razón de ser". El Gobierno invertiría en actividades más rentables tanto económica como socialmente, como la infraestructura de transportes o la educación. A su turno, las acciones de los privados se valorizarían porque estos saldrían de un socio incómodo e impredecible. Hacerlo en forma rápida, además, contribuiría a reactivar la economía.

Con el tiempo, he cambiado mi concepto sobre las ventajas de tener empresas con propiedad mixta entre el Estado y los particulares. En el pasado, fui un fervoroso partidario de que inversionistas privados entraran a compartir con el Estado la propiedad de ciertas empresas. Promoví, por ejemplo, la venta del 11 por ciento de Bancoldex. Unos años más tarde, junto con el doctor Javier Gutiérrez -actual presidente de Ecopetrol- llevamos a cabo la vinculación de 65.000 accionistas a ISA S.A., con lo cual la participación del Estado en la propiedad de la empresa se redujo a un 57 por ciento, si no estoy mal. Y después apoyé públicamente la vinculación de capitales privados a Ecopetrol para completar el 11 por ciento en manos de los particulares para dar un nuevo estatus societario a la empresa.

Hoy en día, considero que las empresas deben ser 100 por ciento privadas o 100 por ciento estatales. Las medias tintas no funcionan. La facilidad con la cual Ecopetrol "salió" de compras y la diversidad de las mismas (Propilco, Ocensa, Hocol, adquisiciones en Perú y en el Golfo de México, etc.) mostraría que la empresa no sabía qué hacer con la plata y que los inversionistas privados están en el "limbo", a pesar de su representación en la Junta Directiva y del excelente presidente que tiene la compañía.

Vista desde afuera, la empresa continúa comportándose como un ente estatal, con la diferencia de que sus decisiones de inversión no son cuestionadas ni por el Gobierno, ni por el Congreso, ni por la opinión pública. Y de que puede endeudarse sin afectar los cupos de la Nación. La repartición de dividendos fue enorme por las necesidades del Gobierno, y la empresa está colocando bonos en el exterior para continuar su expansión. Lo que quiere decir que los accionistas privados corren el riesgo de que su acción pierda valor hacia adelante.

De ahí lo acertado de la propuesta del ex ministro Carrasquilla. Que tiene, adicionalmente, la ventaja de que en la actualidad hay un precio de bolsa que serviría de referencia con respecto a lo que se podría obtener por su enajenación. En último término, los argumentos de carácter macro y microeconómico apuntan a la bondad de vender Ecopetrol.

El Congreso Nacional ya autorizó al Gobierno para dar una participación al capital privado del 20 por ciento de la propiedad de la empresa. Es el momento de ofrecer el 9 por ciento restante y de iniciar el proceso para vender, en el futuro, el 80 por ciento.

De crisis financieras y nacionalizaciones

Carlos Caballero Argáez

El Tiempo, Bogotá

Marzo 14 de 2009

 La crisis financiera mundial continúa profundizándose. En la semana anterior, la acción del Citigroup se cotizó brevemente por debajo de 1.00 dólar cuando hace dos años el valor correspondiente oscilaba entre 50 y 60 dólares por acción. En esta, el precio de la acción subió un poco. Pero, de todas maneras, su capital cayó abruptamente; es inferior al de un banco nacional como Bancolombia.

En los últimos meses del banco , el gobierno de Estados Unidos tuvo que inyectarle al Citi la suma de 45.000 millones de dólares, que se convirtió en acciones ordinarias de la entidad. El Gobierno participa ya con el 36 por ciento del capital y es, de lejos, su principal accionista individual. Y como es altamente probable que la entidad requiera más capital debido a la magnitud de sus pasivos, no sería de extrañar que la propiedad del Citi termine, más temprano que tarde, en manos del Estado.

La verdad es que los principales bancos de los Estados Unidos requieren fuertes dosis de capital. El que tuvieron ya no vale nada. El mercado se ha encargado de que los accionistas actuales de bancos como el Citi paguen por las erradas decisiones estratégicas de sus administradores, la mala gerencia, los embelecos de los banqueros de inversión, la contabilidad "creativa" y la falta de una regulación apropiada. Al entrar el Estado como accionista mayoritario de un banco sin capital, salva a sus depositantes y no a sus dueños. Así protege el sistema de pagos en la economía y propicia el restablecimiento de la confianza pública en los bancos.

El asunto me ha hecho recordar episodios de las crisis financieras registradas en Colombia en los últimos 30 años. En la de 1982-1987, por ejemplo, fue necesario proceder a la nacionalización u oficialización (para efectos prácticos, el Estado tomó su control accionario y su manejo) de varios bancos. Entre ellos, el más grande del sistema, el Banco de Colombia, y otros como el del Estado, el del Comercio, el Tequendama y el de Los Trabajadores. La figura utilizada fue la de "reducir" nominalmente el capital; es decir, diluir absolutamente a los accionistas de la época -las acciones quedaron valiendo un centavo- para que, posteriormente, el Gobierno procediera a ponerles el capital, ante la incapacidad de los inversionistas privados para hacerlo. El tratamiento fue exitoso. La mayoría de esos bancos se privatizaron después de sanearse, como el Banco de Colombia; otros, simplemente terminaron liquidándose unos años después, como el Banco del Estado. Haber actuado de esta manera contribuyó a resolver la crisis.

En la crisis de 1997-2001, la figura de la "reducción" nominal del capital se utilizó en el caso de Granahorrar; en otros, Fogafín, o bien capitalizó directamente algunos bancos, o les suministró crédito a sus accionistas para que lo hicieran. En ambas situaciones, la de los ochenta y la de los noventa, el Estado se vio forzado a actuar.

Así tenga una mala imagen entre el público, la gente debe entender que el sistema financiero es crucial para que la economía funcione y que, por lo mismo, si algo es positivo en este momento en Colombia, es que los bancos arrojen un buenas utilidades. Y que es preferible que los bancos tengan dueños privados porque el Estado no es un buen administrador de las entidades financieras.

Así se confirmó en la crisis de los noventa en Colombia, cuando dos instituciones tan importantes como la Caja Agraria y el Banco Central Hipotecario tuvieron que cerrar sus puertas por la podredumbre que se les encontró por dentro, consecuencia del manejo politiquero que se les dio.

La nacionalización de los bancos gringos es una decisión sumamente difícil para el gobierno del presidente Obama y tendría repercusiones políticas e internacionales imprevisibles. Todo parece indicar, sin embargo, que es inevitable.

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