¿Enfermedad holandesa o anemia fiscal?

Juan Camilo Restrepo

La Patria, Manizales

Febrero 22 de 2010

La semana pasada tuve oportunidad de asistir a un interesante seminario organizado por el colegio de abogados de Minas y Petróleo, por la Asociación Colombiana del Petróleo y por Olami, dedicado a discutir un tema crucial para el futuro del país: ¿Estamos condenados a padecer el conocido mal holandés en los próximos años? ¿Los cuantiosos ingresos de divisas que se avizoran en el sector minero - energético condenan irremediablemente al resto de los sectores económicos a padecer una revaluación devastadora? ¿Cuál debe ser la política fiscal adecuada para contrarrestar estos nubarrones?

Las cifras que allí se presentaron -provenientes del Ministerio de Minas y Energía- sobre el monto que alcanzarán las inversiones a realizarse en el sector minero-energético entre el 2010 y el 2015 son bien importantes: 49.000 millones de dólares. Una gran parte de las cuales adoptará la forma de inversión extranjera directa.

La mayor parte de estas inversiones se realizarán en el sector de hidrocarburos, así: (las cifras están en millones de dólares) exploración 24.000, gasoductos 2.100, refinerías 6.100. En generación eléctrica se invertirán 6.730 millones, en transmisión y distribución 3.500, en fondos de electrificación 400, en biocombustibles 270, en proyectos mineros 4.100, y en otros proyectos 1.000 millones de dólares.

A primera vista podría pensarse que estas cifras -por su magnitud- darán al traste (a través de una masiva revaluación) con la viabilidad del resto de los sectores económicos. Sin embargo, el claro consenso que quedó de este seminario es que ello no debe ser así necesariamente. Y que no estamos condenados por lo que algunos llaman con desesperanza “la maldición de los recursos naturales”.

Si las grandes inversiones minero energéticas que se vislumbran (y que de suyo son una cosa buena para el país) van acompañadas de una cuidadosa política fiscal y macroeconómica, se podría evitar perfectamente la enfermedad holandesa en la economía colombiana.

Nótese que la mayoría de estas inversiones se localizarán en el sector petrolero y eléctrico. Ambos frentes son cruciales. Y el país no puede bajar la guardia en su desarrollo si queremos preservar la autosuficiencia energética en los años venideros. Las inversiones proyectadas para el sector minero si bien son importantes, son sensiblemente menores que las que se estiman para la actividad petrolera y de generación y transmisión eléctrica.

Que el país avance -como debe hacerlo- hacia su equilibrio energético sostenible, no debe significar que otros sectores como el café, las flores, el resto de la agricultura transable, y la misma industria que compite con bienes importados, queden desprotegidos y avasallados por culpa de una apreciación agobiante del peso.

Pero para que esto no suceda -y se puedan compaginar los dos propósitos: sostenibilidad energética y desarrollo equilibrado de los demás sectores- será indispensable que en los años venideros se mantenga una política fiscal y de gasto público austera; que genere equilibrios y aún superávit; y que nos dotemos (en lo cual ya está trabajando un grupo de expertos) de una regla fiscal que propicie el ahorro de las cuentas públicas, como ha logrado hacerlo Chile.

Y, en fin: que se comprenda que el mejor aliado que podemos encontrar para combatir los nubarrones revaluacionistas que tanto preocupan por razones internacionales (debilidad crónica del dólar) y por razones internas (grandes ingresos de divisas que se avizoran en el sector minero-energético), son unas finanzas públicas austeras.

La cornisa verde

Juan Camilo Restrepo

El Colombiano, Medellín

Febrero 16 de 2010

Hasta la semana pasada Medellín tenía 4 metros cuadrados de zonas verdes por habitante. Hoy, después de la inauguración del parque Arví, dispone de 12 metros cuadrados por habitante. Es decir, en menos de ocho días, multiplicó por tres su disponibilidad de verdura.

Pocas ciudades en el mundo logran esta hazaña en tan poco tiempo. Con la apertura de este magnífico espacio verde al público Medellín se encuentra de la noche a la mañana con un espectacular parque (hasta ahora providencialmente escondido, y por lo tanto preservado), que como una gran cornisa verde bordea desde las alturas el Valle de Aburrá. Y de ser una ciudad con una de las más precarias densidades de zonas verdes por habitante pasa a tener súbitamente una de las más holgadas.

Con la ampliación del Telecable que oportunamente construyó el metro de Medellín, este tesoro queda al alcance de cualquier medellinense o turista a solo quince minutos del centro de la ciudad. Se trata de 16.000 hectáreas, 1760 de las cuales se encuentran en impecable bosque natural. Y está dotado de 54 kilómetros de senderos para facilitar el desplazamiento y las caminatas de los visitantes.

Medellín se saca, pues, con este parque, una auténtica guaca ecológica. Guaca en todo el sentido de la palabra, pues como lo relatan con lujo de detalles Norberto Vélez y Sofía Botero en el documentado libro La búsqueda del valle de Arví fue esta zona de trasiego indígena descubierta por Jorge Robledo en 1541.

Y como lo dijo el cronista Sardela: “Visto por el Capitán (Robledo) no se hallaba poblado… Fue a descubrir por otra parte e nunca pudo hallar poblado, puesto que halló muy grandes edificios antiguos destruidos e los caminos de peña tajada, hechos a mano más anchos que los del Cuzco, e otros bohíos como a manera de depósito. Y el Capitán no se atrevió a seguir aquellos caminos pues quien los había hecho debía ser mucha posibilidad de gente…”

Casi en el mismo estado primitivo y oculto en que lo dejó el mariscal Robledo, permaneció el parque Arví olvidado durante cerca de cuatrocientos cincuenta años. Tanto la urbanización avasallante del valle de Aburrá como la de Rionegro milagrosamente pasaron por sus lados sin romper su encanto y sin estropearlo. Y ahora, casi milagrosamente, se abre al público después de un apacible letargo de cuatro siglos y medio.

Gracias al trabajo mancomunado de muchas empresas antioqueñas (EPM, el Metro de Medellín, Comfenalco y muchas otras) el parque es ahora una realidad.

Una realidad que hay que seguir construyendo, por supuesto. Por ejemplo: el cable y las vías carreteras aseguran un acceso rápido y económico al parque. Ahora hay que seguir trabajando para ofrecer entretenimientos y variedad de actividades a los visitantes. Por ejemplo, escuché mencionar una excelente idea que ojalá se haga realidad. Consistiría en trasladar el Zoológico de Medellín (que está hoy asfixiado en medio de edificios y de la congestión urbana) a esta zona, donde no solo los animales encontrarían un mejor hábitat sino los visitantes una inmejorable actividad.

Para una ciudad agobiada por problemas de convivencia, la inauguración del parque Arví constituye una noticia providencial y refrescante. Felicitaciones a las entidades que con discreción pero con eficacia admirable lo han hecho posible.

Obama: Estado de la Unión

Juan Camilo Restrepo

La Patria, Manizales

Febrero 1 de 2010

El miércoles pasado el presidente Obama presentó su primer informe del “Estado de la Unión” ante el Congreso en pleno de los Estados Unidos. Es una ceremonia que no deja de tener una cierta solemnidad. Y que como él mismo lo recordó se viene repitiendo desde hace 220 años.

Como acontece siempre con el Obama orador, su discurso formalmente hablando resultó todo un éxito. Y bien que lo necesita. Su popularidad anda en caída libre tal como lo demostró la reciente pérdida de la plaza senatorial de Massachussets -tradicionalmente demócrata- a favor de los republicanos. Lo que constituyó un grave golpe político para la coalición que acompaña al presidente en el Senado.

Desde el punto de vista económico la faceta que más llamó la atención fue el anuncio de importantes recortes y congelaciones en los programas de gasto público.

El presidente Obama (que ya da por superada la fuerte recesión que vivieron los Estados Unidos en 2009) presenta, además, la gestión de su primer año de gobierno para que así fuera, como el gran logro de su administración. Las últimas proyecciones del Fondo Monetario internacional sobre lo que será el comportamiento de la economía norteamericana en el 2010 parecen darle la razón. En efecto, mientras en 2009 el PIB de los Estados Unidos registró un fuerte bajonazo de -2,5%, para 2010 el organismo internacional pronostica un crecimiento del 2,7%.

Así las cosas, la intensa política fiscal de carácter anticíclico que pusieron en marcha los Estados Unidos desde finales del 2008, con una intensidad como quizás no se había visto desde los tiempos del New Deal del presidente Roosevelt en los años treintas del siglo XX, se da oficialmente por terminada.

El espectro del déficit fiscal monumental que empieza a sombrear en el horizonte requiere un correctivo drástico. Y, en consecuencia, el anuncio del cambio de dirección en las políticas de gasto público afloró de manera rotunda en el discurso del “Estado de la Unión”: congelación de los niveles de gasto público durante los próximos tres años y recortes severos en todas aquellas partidas presupuestales que no traten sobre asuntos de defensa y seguridad social.

Pero si bien el PIB de los Estados Unidos se está recuperando, no sucede lo mismo con el empleo. Uno de cada diez norteamericanos sigue desocupado. De allí que no fuera sorprendente escuchar de boca del presidente Obama que quiere hacer del 2010 el año del empleo.

Pero, queriendo apagar la peligrosa bomba del gasto público, ¿cómo se dispone a reactivar el empleo? Hizo mucho énfasis en el comercio exterior y en la pequeña y mediana empresa exportadora. Con tono patriotero arrancó fervorosos aplausos de los congresistas afirmando que no se resignaba a que economías como la China o la India superen en éxitos exportadores a los Estados Unidos. Todo lo cual (a pesar del llamado al Congreso -que no se sabe si será escuchado- para que ratifique pronto los TLC con Corea del Sur, Colombia y Panamá) hace presagiar una política de tonalidades proteccionistas y de dólar competitivo que ayude a las exportaciones norteamericanas.

A pesar de los saludables anuncios de moderación fiscales (que habrá que ver cómo los implementa el Congreso de los Estados Unidos y que de todas maneras no entrarían en vigencia antes del 2011) no son alentadoras las perspectivas cambiarias que se derivan del discurso del “Estado de la Unión”: a los Estados Unidos los tiene definitivamente sin cuidado un dólar débil. O sea, el espectro de la revaluación para el resto de monedas del mundo, incluida la nuestra, sigue vigente.

Una apuesta arriesgada

Juan Camilo Restrepo

La Patria, Manizales

Diciembre 21 de 2009

Decretar emergencias constitucionales es algo muy serio. Al fin y al cabo se trata de un régimen de excepción en el que por un tiempo determinado, y ante la aparición de hechos inesperados y de suma gravedad, el ejecutivo entra a reemplazar transitoriamente al Congreso.

El país está pendiente de los contenidos que tendrá la emergencia social que ha anunciado el gobierno para hacerle frente a la monumental crisis que aqueja a la salud.

No se sabe mayor cosa de lo que contendrán los decretos respectivos. Lo único que se ha filtrado es que se modificarán algunos aspectos tributarios de la legislación vigente sobre impuestos departamentales. Se buscaría ayudar a éstos a sobrellevar el inmenso hueco que los golpea, como responsables de buena parte de los costos de la salud subsidiada en el país.

Pero es previsible que la normatividad que surja de esta emergencia no se circunscriba a los tributos departamentales. Probablemente incursionará en el difícil pero impostergable terreno de definir los linderos entre lo que se entiende por sistema pos y el pos. Pues esta es la zona gris que ha generado infinidad de tutelas, y no pocos de los sobre costos que hoy agobian al sistema de salud. El problema no es sólo que el Fosiga le esté debiendo a las EPS 900 mil millones de pesos por cuentas impagadas. Es el diseño todo de la arquitectura del aseguramiento médico lo que está flaqueando en el país.

El gobierno se juega una carta arriesgada -desde el punto de vista jurídico- ante la Corte Constitucional decretando esta emergencia. ¿Comprará la Corte la tesis de que realmente estamos frente a hechos sobrevivientes, es decir, inesperados, como lo exige la Carta para que se justifiquen los estados de excepción? ¿Desde cuando viene gestándose el derrumbe financiero en el sistema de salud que ahora ha hecho metástasis? ¿Es un hecho nuevo o de vieja data? ¿La sentencia T-760 de julio de 2008 por medio de la cual la Corte Constitucional impartió pautas para racionalizar y unificar gradualmente el sistema contributivo y el subsidiado se expidió hace año y medio. ¿Aceptará la alta Corte la tesis de que (18 meses después de que ella impartió tales directrices) los correctivos se hagan por la vía de la emergencia, cuando no se instrumentalizaron por la vía ordinaria en año y medio?

La apuesta gubernamental es, pues, de alto riesgo jurídico. Decretar emergencias constitucionales es algo muy serio. Al fin y al cabo se trata de un régimen de excepción en el que por un tiempo determinado, y ante la aparición de hechos inesperados y de suma gravedad, el ejecutivo entra a reemplazar transitoriamente al Congreso como poder legislativo. Recordemos que la emergencia que en 2008 decretó el gobierno para hacerle frente al paro judicial de entonces fue declarada inconstitucional recientemente por la Corte.

En un importante documento que se presentó durante la última asamblea general de la Andi, titulado “Recomendaciones del sector privado para la sostenibilidad del sistema general de seguridad social en salud”, puede leerse lo siguiente: “Es necesario articular un marco normativo… resultado de un consenso entre los intervinientes del sistema, la sociedad y las ramas del poder público, que atienda la razonabilidad económica y técnica, que permita la sostenibilidad futura de los planes de salud permitiendo que sus ajustes futuros sean programados, previsibles y sostenibles. La intervención del legislativo y del ejecutivo debe ser lo suficientemente contundente, de tal forma que los usuarios del sistema de salud no tengan que recurrir a la tutela para lograr los beneficios”.

¿Aceptará la Corte Constitucional que han sobrevenido en el campo de la salud pública condiciones inesperadas que justifican que ese gran consenso (indispensable para poner orden al derruido sistema de salud) sea sustituido ahora por unos decretos de emergencia? Tal es la apuesta jurídica que está en juego.

Primero: cumplir con lo que hay

Juan Camilo Restrepo

La Patria, Manizales

Diciembre 7 de 2009

En la semana que acaba de concluir hubo un interesante foro auspiciado por el Departamento Nacional de Planeación. Se trataba de analizar, a la luz de las experiencias internacionales, los mejores caminos para establecer la llamada “regla fiscal”. O sea, la implantación de una norma jurídica -como existe en Chile- que obligue al gobierno a generar anualmente un superávit en sus cuentas fiscales.

En Chile esta obligación es equivalente al 1% del PIB. Esta iniciativa, que está siendo promovida por el propio gobierno, hay que saludarla con entusiasmo. Es un buen atenuante contra las fuerzas revaluacionistas que de manera estructural comienzan a sombrear sobre la economía colombiana.

Pero para prepararnos a esta trascendental innovación es indispensable, previamente, cumplir de manera transparente con las normas que ya existen. No ganamos mayor cosa sofisticando las normas de prudencia fiscal de que disponemos si el cumplimiento de las ya existentes sigue siendo opaco.

Algunos de los ejemplos (de lo que debería cumplirse bien antes de mejorar lo existente) que se mencionaron en la reunión convocada por Planeación, son los siguientes:

Hay que divulgar con mayor transparencia las cifras sobre “vigencias futuras”. ¿Cuánto valen? ¿A favor de qué sectores se han venido abriendo últimamente? Las “vigencias futuras” son una institución presupuestal que utilizada con moderación resulta útil para asegurar un flujo de recursos presupuestales para financiar la construcción de obras cuya ejecución se prolonga más allá de una sola vigencia fiscal. Pero si se utilizan con desmesura se convierten en un semillero de endeudamiento y de déficit. Hay que comenzar, pues, por revelar su monto. La primera vez que esta revelación se hizo fue precisamente en este seminario, por boca del subdirector de Planeación Nacional.

En segundo lugar, deben suspenderse las decisiones improvisadas sobre gasto público. Un ejemplo de éstas lo encontramos en el anuncio que se hizo hace poco de que el gobierno vendería el 10% de sus acciones en Ecopetrol para financiar la construcción de grandes troncales. No es que la idea sea mala en sí. Lo que resulta incomprensible y desinstitucionalizante es que una iniciativa de tanta envergadura ni siquiera se hubiera mencionado previamente en el Plan de desarrollo, ni en el marco fiscal de mediano plazo. Surgió de un apresurado documento Conpes y al calor de un consejo comunal.

Y lo que es más sorprendente: para que la venta del 10% de Ecopetrol no aparezca como una privatización, se le envuelve en el papel celofán de que la compra la harán los departamentos a través de su fondo pensional denominado FONPET.

Pero en el afán por envolver con un amable papel no privatizador la venta del 10% de las acciones de Ecopetrol, parecen haberse olvidado dos asuntos de fondo: primero, que los departamentos no deben participar en la construcción de grandes troncales nacionales. Así lo disponen las normas sobre la descentralización. Ellos -los departamentos- ya tienen suficientes dolores de cabeza al deber responder por el mantenimiento del 40% de los kilómetros carreteros del país que son las vías secundarias. Que están a su cargo, y que se encuentran destrozadas. Y segundo, que riñe con elementales principios de prudencia financiera -que deberían presidir el manejo un fondo pensional como el FONPET- que una parte cuantiosa de su portafolio quede concentrada en una sola acción. Como sucedería con la de Ecopetrol. Cuyo rendimiento, por buena que sea la acción, puede caer bruscamente con las cotizaciones del petróleo como sucedió el año pasado.

De manera que está muy bien que el gobierno esté pensando en darle al país una “regla fiscal”. Pero para hacer bien las cosas, habría que comenzar por cumplir rigurosamente con las normas de prudencia fiscal que ya existen.

Gabelas fiscales e impuesto al patrimonio

Juan Camilo Restrepo

La Patria , Manizales

Noviembre 30 de 2009

El gobierno, así sea a regañadientes, parece haber comprendido que fiscalmente es insostenible un régimen tributario apoyando sobre el favor sectorial y no sobre la equidad general.

El gobierno y las comisiones económicas del Congreso han llegado a un acuerdo que, muy probablemente, se traducirá en una nueva ley tributaria antes de que termine la actual legislatura.

En efecto, el acuerdo dispone que el impuesto al patrimonio (que se prorroga por cuarta vez y que se cobrará a partir del 2011) tendrá una tarifa progresiva: los contribuyentes con patrimonios líquidos entre 3.000 y 5.000 millones de pesos pagarán una tarifa del 0,6%; y aquellos con patrimonios superiores a 5.000 millones tributarán el 1,2%. Esto significa que el recaudo esperado se incrementa en cerca de un billón de pesos con relación a lo que inicialmente se había estimado, para ubicarse en los niveles de 2,6 billones por año.

Según ha trascendido la idea es destinar el producido de este tributo a fines generales, como debe ser, y no a una destinación específica como serían los gastos asociados a la defensa y seguridad. Aunque la necesidad de fortalecer éstos últimos -antes el nerviosismo que ha creado la evolución reciente de las relaciones con Venezuela- le ha servido al gobierno como telón de fondo para ambientar ante los empresarios la elevación tarifaria que tendrá el impuesto.

Esta mini reforma tributaria irá, además, acompañada de dos correcciones que aunque tardías y tímidas van en la dirección correcta. La primera reduce del 40% al 30% la deducción por la adquisición de activos productivos. Y la segunda prohíbe que en las zonas francas se puedan acumular dos gabelas simultáneas: la tarifa preferencial del 15% y la posibilidad de reclamar la deducción por adquisición de activos. Lo cual ha llevado a las zonas francas a la extravagante situación fiscal de que su tasa efectiva de tributación sea del 9% Tarifa equivalente a la mitad de la que paga un empleado medio en el país.

Se trata de dos correcciones tardías y tímidas, pero bien orientadas. Durante los últimos años, por virtud de la catarata de costosas minoraciones fiscales que a manos llenas ha entregado el gobierno a algunos sectores, se ha perdido toda progresividad y se ha desdibujado el principio de la equidad del rostro de la tributación colombiana.

En un libro que he publicado recientemente (¿Y de la equidad qué…? Editorial Diké- 2009) se demuestra cómo durante los últimos años el producido del impuesto a la renta sobre las rentas empresariales ha crecido mucho menos que el de los otros tributos. Con lo cual el peso de la tributación colombiana se ha venido recostando injustamente sobre los asalariados y sobre los consumidores (IVA y tributos sobre las gasolinas).

El impuesto al patrimonio no es un tributo técnicamente defensable. La mayoría de los países lo han abandonado. Por ejemplo, en la Unión Europea sólo lo conservan España y Francia. Acá tiene trazas de instalarse para un tiempo largo, toda vez que la que se aprobará será la cuarta prorroga desde cuando se le reimplantó en 2002. Es un impuesto que desalienta el ahorro y la capitalización empresarial.

Afortunadamente en esta ocasión, su cuarta prórroga se ha acompañado de las dos correcciones mencionadas al festival de gabelas sectoriales decretadas durante los últimos siete años. El gobierno, así sea a regañadientes, parece haber comprendido que fiscalmente es insostenible un régimen tributario apoyando sobre el favor sectorial y no sobre la equidad general.

Ojalá pues que éste sea un primer paso hacia la corrección apremiante que nuestro régimen tributario necesita para recobrar un mínimo de progresividad y de equidad. Como lo manda la Constitución.

Ahorrar más para tiempos complejos

Juan Camilo Restrepo

El Nuevo Siglo, Bogotá

Noviembre 10 de 2009

EL gobierno ha anunciado que emprendió una serie de estudios técnicos para, en un término de 6 meses aproximadamente, presentar un proyecto de ley que establezca para Colombia la llamada “regla de prudencia fiscal”.

Esta iniciativa -que hay que saludar desde ahora con entusiasmo- la justifica como una medida de prudencia para proteger la macroeconomía colombiana contra los efectos nocivos que pueden darse si los pronósticos sobre vertiginosos crecimiento del sector minero y de hidrocarburos para los años venideros se confirman. En efecto, se anuncia que para estos dos sectores podrían llegar flujos de recursos monetizables del orden de los US $ 50.000 millones durante los próximos 7 años.

Es decir: nos estamos consolidando con paso firme como un país minero y petrolero de importancia. Lo cual, desde luego, no es malo. Pero para hacer compatible ese crecimiento con la estabilidad del resto de los sectores de la economía es necesario tomar desde ahora medidas precautelativas. Que es precisamente lo que anuncia el gobierno.

El riesgo que se avizora es el conocido como la “enfermedad holandesa”. Cuando Holanda comenzó a recibir grandes ingresos de divisas por allá hacia los años sesentas y setentas del siglo pasado, provenientes de sus yacimientos de hidrocarburos en el mar del norte, algo de suyo bueno se tornó en una maldición: el ingreso abrupto de divisas revaluó la moneda doméstica holandesa; los otros sectores económicos que no hacían parte del boom perdieron competitividad con la revaluación; se destruyeron empleos y otras exportaciones; y se atizó la inflación.

Hoy se tiene bien conocida la fórmula para que un país pueda compaginar el auge brusco de algún sector sin desquiciar al resto de la economía. Y esa fórmula se reduce a algo simple pero muy exigente: que el gobierno ahorre parte de los ingresos extraordinarios obtenidos en las épocas de vacas gordas. Para que esa alcancía sirva para estabilizar el ciclo económico cuando lleguen las épocas de vacas flacas.

Chile y Noruega han hecho experiencias importantes en este campo. El gobierno austral, por ejemplo, se ha dado una regla de austeridad fiscal denominada “meta de superávit estructural” en virtud de la cual se ha comprometido a mantener anualmente, sin gastar, hasta el 1% del PIB. El fondo que con este superávit (en gran parte generado por excedentes de las exportaciones de cobre y de molibdeno) le permitió acumular alrededor de US$ 25.000 millones. A través de este fondo Chile ha logrado financiar una exitosa política de gasto público anticíclico durante la recesión del último año. Y Noruega, igualmente, se ha dotado de un fondo donde ahorra una buena parte de sus excedentes petroleros, que al finalizar 2008 acumulaba la admirable suma de US$ 400.000 millones.

Está, pues, muy bien, que en Colombia estemos pensando en crear algo similar. La Ley 819 de 2003, con la obligación de generar anualmente un “superávit primario” en los presupuestos públicos, ya sienta unas bases para ello. Pero, por supuesto, puede complementarse con una regla fiscal más refinada que ordene ahorrar obligatoriamente en épocas buenas para tener al alcance de la mano una alcancía para los malos tiempos.

Pero para lograr todo esto el gobierno debe tener en claro dos premisas fundamentales: primera, que ahorrar más para el futuro significa gastar menos en el presente. Y segunda, que no puede volver a repetir la disparatada decisión que tomó hace dos años cuando -en el peor de los momentos- resolvió liquidar el FAEP (Fondo de Estabilización Petrolera), que era precisamente para eso: para no gastarse atropelladamente todos los ingresos petroleros. Con parte de los cuales habrá que nutrir el fondo que ahora se piensa crear de nuevo.

Algo más sobre "créditos no reembolsables"

Juan Camilo Restrepo

El Heraldo, Barranquilla

Octubre 13 de 2009

El debate nacional que con toda razón se ha armado en torno a los ‘créditos no reembolsables’ –es decir, regalos de dineros públicos– que con los recursos del programa Agro Ingreso Seguro (AIS) se le otorgaron a unas cuantas familias de acaudalados agricultores, sirve para planear el tema de fondo en todo este enojoso asunto: ¿puede el Gobierno o el Congreso disponer discrecionalmente de dineros públicos, bajo la forma de gratuidades, para que sean entregados a personas de alta capacidad económica?

La respuesta es definitivamente que no. Un gobierno, o un congreso, o ambos, como sucede cuando el segundo a propuesta del primero aprueba una ley de apoyos financieros a un sector determinado, pueden autorizar que se otorguen subsidios para fomentar alguna actividad que se juzga digna de apoyo. Esos subsidios pueden revestir muchas formas. La más usual es la de los créditos subsidiados en plazo o en tasas de interés. Pero nunca debe tener la modalidad de subsidio-regalo para personas acaudaladas.

Acá radica quizás la falla más protuberante en que Gobierno y Congreso incurrieron con la ley del Agro Ingreso Seguro. Los estímulos no se circunscribieron, como debió haberse hecho, y como siempre ha sido lo usual desde cuando operó la famosa Ley 5 de 1973, a través de créditos subsidiados. Pero que son créditos al fin y al cabo que algún día hay que pagar. Sino que se le agregó un capítulo según el cual podrían otorgarse también “créditos no reembolsables, o sea regalos que nunca hay que repagar, previo el lleno, naturalmente, de algunos requisitos y calificaciones.

Este es el almendrón del escándalo que con toda razón tiene conmovido al país.

Cuando un subsidio se otorga bajo la forma de regalo a una persona o sociedad acaudalada, así sea muy benemérita la actividad a la que se dedica, siempre quedará la duda de por qué se le otorgaron regalos a unos ciudadanos y no a otros. Y por qué no se prefirieron, por razones elementales de equidad, a quienes teniendo menor fortuna se dedican también a la actividad que se quiere promover por el Estado.

Por eso el subsidio-regalo no es recomendable en la asignación de recursos públicos. Y por ello también es que cuando se otorgan subsidios, por ejemplo, para aminorar la cuenta de servicios públicos a algunos ciudadanos, la Constitución y la ley exigen que los beneficiarios de tales subsidios solo puedan ser quienes estén clasificados dentro de los estratos uno, dos y máximo tres. Nunca las personas de estratos cinco y seis. A las que por el contrario se les cobra un sobreprecio en la tarifa que ayude a financiar los subsidios que reciben los más pobres.

Esta filosofía la recordó recientemente con suma claridad la Corte Constitucional cuando en la sentencia C-507 de 2008 dijo lo siguiente: “El Estado puede reconocer subsidios si persigue la satisfacción de un objetivo constitucional claro, expreso y suficiente (como la satisfacción de los derechos sociales, especialmente cuando se trata de los sectores más pobres de la población) y cuando resulte imperioso para realizar una finalidad esencial del Estado. En otras palabras, las donaciones o auxilios sólo serán constitucionalmente legítimas si son el resultado del cumplimiento del deber constitucional expreso de adoptar medidas encaminadas a financiar, con bienes o recursos públicos, la satisfacción de derechos constitucionales de grupos o sectores constitucionalmente protegidos…”

Pero resulta que los “sectores protegidos” por la Carta Política a los que se refiere la Corte son los más necesitados y vulnerables. No los más acaudalados, como despistadamente autorizó la ley del Agro Ingreso Seguro.

PD: murió en estos días Luis Eduardo Rosas, uno de los más distinguidos economistas del país. Estuvo asociado desde la primera hora a la gran empresa que lideró el profesor Currie para fomento del ahorro y apoyar la construcción en Colombia. A su familia nuestra más sincera condolencia.

El reporte Stiglitz-Sen

Juan Camilo Restrepo

La Patria, Manizales

Septiembre 28 de 2009

Los datos divulgados por el DANE sobre lo que fue el crecimiento del PIB en Colombia en el segundo trimestre del 2009 (-0,5%) no resultaron halagüeños. Completamos tres trimestres consecutivos de crecimiento negativo: el último del 2008 y los dos primeros del 2009. Para salvar el año en curso, o sea, para lograr pasarlo con un crecimiento cercano a cero pero de signo positivo, habrá que hacer un esfuerzo importante durante el segundo semestre. Apenas comparable al el de los alumnos que perdiendo el parcial se la juegan toda en la nota del final.

Sin embargo, así lográramos crecer con signo positivo en este año, hay algo de sentido común que dice que los indicadores sociales van mucho menos bien en Colombia que los que mide el PIB. Las cifras sobre pobreza e indigencia que divulgó no hace mucho Planeación Nacional; el creciente desempleo; los problemas mayúsculos de movilidad que exhiben algunas grandes municipalidades; las deficiencias protuberantes de la justicia; y los inquietantes índices de inseguridad urbana, nos dicen a gritos que existen otros factores para medir el bienestar de la gente: distintos a las frías tendencias que refleja el PIB.

¿Cómo medir de mejor manera el bienestar de la gente con indicadores estadísticos diferentes al tradicional PIB? Tal es precisamente lo que se propuso responder el reporte que encargó el presidente Sarkozy de Francia a un grupo de distinguidos expertos encabezados por los premios Nóbel Joseph Stiglitz y Amartia Sen y por el economista francés Jean Paul Fitoussi.

Algunos ejemplos proporcionados por los mismos autores del estudio ilustran lo que quiere decirse. Los gastos en salud representan 15% del PIB en Estados Unidos y 13% en Francia. ¿Significa lo anterior que el bienestar médico de los norteamericanos es superior al de los franceses? Desde luego que no. Basta pensar en el dramático debate sobre el desvencijado e injusto sistema de salud que impera en los Estados Unidos, y los inmensos esfuerzos que hace ahora mismo el presidente Obama para reformarlo, para percibir que las cosas son al revés.

Otro ejemplo: entre el 2000 y el 2008 el PIB per cápita real de los Estados Unidos se incrementó en un 9%. Sin embargo, una encuesta reciente muestra que durante el mismo periodo 50% de la población norteamericana vio disminuir su ingreso en un 4%. O sea, el hecho de que el PIB mejore no significa que la suerte de todos los estratos siga la misma suerte. Un país, como un conjunto, puede enriquecerse, pero porciones muy considerables se su población pueden empobrecerse al mismo tiempo. Más que al producto bruto agregado hay que mirar al comportamiento del ingreso de los diversos tipos de hogares para descubrir si el bienestar está mejorando o degradándose, subraya el informe.

Nada de esto es nuevo por supuesto. Ya en el pasado las Naciones Unidas con el índice de desarrollo humano habían buscado incorporar medidas alternativas al tradicional PIB. El mismo Amartia Sen ha insistido muchísimo sobre este punto en varios de sus libros.

Quizás lo que es nuevo en esta ocasión es el énfasis político que quiere imprimirle Francia a esta iniciativa. Ya logró el apoyo de la OECD para incorporar índices de bienestar (alternativos al PIB) en sus publicaciones periódicas. Y el presidente Sarkozy ha anunciado igualmente que llevará la idea como una de las propuestas centrales de su país a la próxima cumbre del G-20. Quizás entre nosotros Planeación Nacional, o el mismo Dane, debería ir pensando en algo parecido.

Subsidio y geopolítica

Por Juan Camilo Restrepo

El Colombiano, Medellín

Agosto 25 de 2009

El pasado 21 de agosto el gobierno de Caracas -dando seguimiento a los anuncios amenazantes de Hugo Chávez de hace algunos días- dio por terminado el acuerdo entre Pdvesa y Ecopetrol. En virtud de este contrato la empresa venezolana venía suministrándole a la colombiana 4,5 millones de barriles al mes de gasolina subsidiada para ser expendidos ordenadamente a lo largo de la frontera.

A partir de este momento, y teniendo en cuenta que el costo del galón de gasolina gracias a este contrato era la mitad del precio interno en Colombia (3.500 pesos galón versus 7.000 aproximadamente), el gobierno enfrenta dos alternativas: asegurar el suministro necesario con gasolinas de origen colombiano a lo largo de la frontera, pero manteniendo el precio doméstico que prevalece en el país. O idear algún esquema de subsidio para asemejar el precio con el que venía practicándose hasta la fecha.

El dilema no es fácil, pero es necesario optar con claridad por alguna de las dos opciones. No es conveniente utilizar un tono suplicante -como el que usó infructuosamente el ministro de Minas y Energía- casi implorándole a Venezuela que prorrogue el acuerdo. Esto, además de acarrear pérdida de dignidad de parte nuestra, solo genera menoscabo en el difícil ajedrez político que está en juego. No podemos darle a entender a Caracas que si nos mantiene cerrado el "grifo" de las gasolinas subsidiadas va a colapsar la economía de nuestra frontera. Porque más pábulo le daríamos aún a la actitud pendenciera del régimen de Caracas.

La primera fórmula es, a primera vista, la más fácil de implementar y la más ortodoxa desde el punto de vista fiscal. Tiene, sin embargo, dos graves inconvenientes. De una parte, dispara el contrabando que es prácticamente imposible controlar por parte nuestra a lo largo de una porosa frontera de más de 2.000 kilómetros. Y de otro lado, fomenta el malestar y el descontento público del lado colombiano donde se encarecería (casi en un 100%) el precio de la gasolina suministrada formalmente. Lo que políticamente favorece a Chávez. En este contencioso comercial que él ha planteado injustamente contra Colombia, el que aparezca malestar de nuestros conciudadanos de la frontera contra Bogotá es algo que lo favorece.

La otra fórmula es más difícil fiscalmente, menos ortodoxa, pero no es imposible ni tampoco descabellada: consiste en que nuestro gobierno subsidie (así sea temporalmente mientras dura la emergencia) las gasolinas de origen colombianas que se distribuyan en la frontera hasta un nivel cercano a los 3.500 pesos el galón. Esto tendría, claro, un costo para el fisco colombiano, pero evitaría que el malestar cunda a lo largo de nuestra frontera, que el contrabando se dispare, y que la dignidad colombiana se tenga que arrodillar mendicante ante el amo de Caracas.

Recordemos que se han subsidiado otras muchas actividades. Y que se vienen otorgando privilegios tributarios costosísimos a sectores específicos de la economía. Uno se pregunta entonces: ¿Por qué no subsidiar también la gasolina que se distribuya en la frontera durante esta emergencia? ¿No estarían de por medio intereses geopolíticos superiores en esta ocasión?

Lo que no podemos caer es en los titubeos, o en las fórmulas a medias. Como, por ejemplo, la que se le ocurrió al gobierno la semana pasada consistente en que los alcaldes de norte de Santander y de la Guajira reduzcan la sobretasa municipal a la gasolina que se cobra en sus jurisdicciones. Pero nada dice de bajar los impuestos nacionales, más gravosos aún, que soporta la gasolina colombiana.

Esta semana comenzarán a sentirse los efectos de la conclusión del contrato Pdvesa-Ecopetrol. Ojalá, pues, que el gobierno adopte una política contundente y rápida. Que no permita que estalle el malestar entre los consumidores de gasolina de nuestra frontera. Pues eso, precisamente, es lo que quiere Chávez. ¡No le hagamos el juego!

La ventanilla siniestra del Vecino

Por Juan Camilo Restrepo

La Patria, Manizales

Agosto 17 de 2009

Gran parte de los sinsabores que están experimentando las relaciones comerciales entre Venezuela y Colombia nacen de que el régimen de Venezuela desprecia el estado de derecho, mientras que el otro, Colombia, aún cree en la juridicidad como guía en las relaciones internacionales.

¿Qué opinaría usted si el Banco de la República abriera una ventanilla a través de la cual vendiera dólares a unos pocos privilegiados a 700 pesos, cuando el mercado está diciendo a gritos que esos mismos dólares valen tres veces más?

Pues bien: ni más ni menos eso es lo que está sucediendo en Venezuela. A unos cuantos afortunados o allegados al régimen las autoridades de comercio exterior les venden dólares a una cotización con relación al Bolívar tres veces más barata de lo que el mercado -juez inapelable en estas materias- está diciendo que vale la divisa norteamericana con relación a la moneda venezolana.

De una situación artificial como ésta, ni en Venezuela ni en ningún otro país que la imponga, puede salir nada bueno: la corrupción cunde, la asignación caprichosa de los contingentes de divisas se vuelve pan de cada día, la demora en los pagos internacionales -como ya está aconteciendo con Colombia- se vuelve asunto cotidiano y, a la postre, la situación toda se torna insostenible. Como le sucederá a Venezuela más temprano que tarde cuando tenga que enfrentar una macrodevaluación, que por el momento dilata.

Y si a esto le sumamos la arbitrariedad en las decisiones administrativas por virtud de la cual los contratos celebrados hoy se rechazan mañana al calor de un discurso calenturiento, y donde todo cuestionamiento político o diplomático se responde con la retaliación comercial, la seguridad jurídica queda hecha añicos.

Gran parte de los sinsabores que están experimentando las relaciones comerciales entre Venezuela y Colombia nacen, no tanto de los desencuentros sobre visiones políticas (que deberían ventilarse de otra manera) como de que a uno de ellos, el régimen de Venezuela, desprecia el estado de derecho, mientras que el otro, Colombia, aún cree en la juridicidad como guía en las relaciones internacionales.
Tres ejemplos ilustran lo anterior.

Hace algunos meses PDVESA y Ecopetrol firmaron un acuerdo formal, es decir un contrato vinculante, por virtud del cual la primera le suministraría combustibles a la segunda para distribuir ordenadamente gasolinas y diesel en la población de la amplia frontera colombiana. En el berrinche de la semana pasada Chávez dice que ese contrato “ya no va más”. Y ahí estamos: con la perspectiva de un conflicto mayúsculo de orden público a todo lo largo de nuestra extensa frontera.

Ecopetrol tiene ahora el deber imperioso de proveer eficientemente combustibles de origen colombiano en toda la franja oriental del país. No podemos depender del chantaje permanente de Venezuela de “cerrarnos el grifo” de algo tan vital como el suministro de combustibles.

Algo parecido está sucediendo con las exportaciones de carne de nuestro país hacia Venezuela. Los importadores de carne colombiana venían teniendo acceso a la tasa de cambio preferencial para pagarlas. De la noche a la mañana los sacaron de aquella lista de privilegio y, como consecuencia de ello, la carne colombiana se ha encarecido por tres. No es sorprendente que ahora estén pensando en sustituirla por carnes argentinas. No porque las colombianas se hayan tornado ineficientes, sino porque una abrupta decisión administrativa le restó toda competitividad.

Y por último: lo de los carros. Hace pocos meses se firma el compromiso solemne de importar de Colombia 10.000 vehículos. Era la cuota de la concordia. En la pataleta de la semana pasada ese compromiso vuela en mil pedazos y el pedido de vehículos se le hace a la Argentina.
Ni las ventanillas siniestras de los Bancos Centrales pueden durar mucho tiempo. Ni las relaciones internacionales pueden asentarse duraderamente cuando se desprecia a tal grado el Estado de derecho. Como le decía Talleyrand a Bonaparte: “Señor, con las bayonetas puede hacerse de todo menos sentarse sobre ellas”.

La novela histórica

Por Juan Camilo Restrepo

La Patria, Manizales

Junio 22 de 2009

El lector contemporáneo -así no se crea- está redescubriendo la historia con entusiasmo. La buena historia. Y una manera de reencontrarla es a través de la novela histórica.

Estamos presenciando el reverdecimiento de la novela histórica como género literario. Basta observar las vitrinas de cualquier librería importante para constatar cómo, de lejos, la más abundante producción bibliográfica se orienta en la actualidad hacia la novela histórica.

Claro, hay de todo. Al lado de las buenas novelas históricas están las de los improvisadores, las de los falsos historiadores, las de los buscadores a toda costa del título del “Más vendido” así tengan que llevarse de calle el rigor historiográfico.

Hasta el punto de que para proteger al lector de los peligros de esta jungla atiborrada, presencié hace algunos días en la librería “La casa del libro” de Madrid un coloquio dedicado precisamente a eso: a orientar al lector para que salga airoso (es decir, con una buena novela histórica bajo el brazo) del enredado laberinto que se ha formado con la desmesurada producción de novela histórica.

¿Qué es una buena novela histórica? No es, en primer lugar, un libro de historia convencional pero es un relato que respeta la historia. Se me vienen a la cabeza -entre multitud de ejemplos- dos casos paradigmáticos: “Las memorias de Adriano” de Margarita Yourcenar y el “General en su Laberinto” de Gabriel García Márquez. Son dos novelas impecables desde el punto de vista literario y al mismo tiempo escrupulosamente fieles a la realidad histórica donde ubican el relato: la vida del emperador Adriano y los últimos meses del libertador Simón Bolívar.

Un ejemplo más reciente es el de nuestro compatriota William Ospina. Fue muy satisfactorio ver cómo se le acaba de discernir en España uno de los premios literarios más importantes que se otorgan en la península: el Rómulo Gallegos. Precisamente por su producción de novelas históricas, la última de las cuales, “El país de la canela”, está alcanzando gran éxito editorial a ambos lados del Atlántico.

Un autor español que se ha convertido en un referente creíble de la buena novela histórica y en un sorprendente best-seller es el abogado barcelonés Ildefonso Falcones. Su primera novela “La catedral del mar”, que dibuja un retablo formidable de la Cataluña y de la Barcelona del siglo XIV, ha alcanzado un éxito insospechado. De esta novela se han vendido desde que apareció en 2006 cuatro millones de ejemplares, y en el 2008 ocupó el séptimo puesto como el libro más vendido en el mundo.

Falcones, que acaba de publicar su segunda novela histórica “La mano de Fátima”, en la que describe la época que va desde la rebelión de los moriscos en las Alpujarras de Granada a finales del siglo XVI hasta su expulsión final y dolorosa de España en 1609, ofrece la siguiente receta para que una novela histórica resulte un éxito editorial: “hay que pedirle que tenga una lectura ágil, que no sea de lenguaje barroco, que esté bien escrita y que cuente cosas. No soporto las narraciones en las que lees 30 páginas y no ha ocurrido nada”.

El lector contemporáneo -así no se crea- está redescubriendo la historia con entusiasmo. La buena historia. Y una manera de reencontrarla es a través de la novela histórica.