Mentiras han llevado a la cárcel a civiles y militares inocentes

Por: Plinio Apuleyo Mendoza

Noviembre 19 de 2008

Son tomadas como revelaciones, venganzas o recompensas. Casos investigados por el autor, Plinio Apuleyo Mendoza.Existen. Son más numerosos de lo que pueda imaginarse. Los falsos testigos han logrado a veces que sus mentiras, presentadas como revelaciones en la prensa nacional, tengan gran resonancia.

Tres intereses de distinto orden los mueven. El primero es la venganza. El segundo son los beneficios que depara una falsa delación. Resultan desmesurados y providenciales para un delincuente que pague una larga pena en La Picota o en la cárcel de Cómbita.

Le basta presentarse como real o supuesto paramilitar que dice conocer las relaciones entre un político y las Autodefensas para quedar convertido, de la noche a la mañana, en testigo protegido y obtener una considerable rebaja de penas. De esta manera, en sus manos y en los de una justicia parcializada, la seráfica Ley de Justicia y Paz puede convertirse en un arma diabólica.La tercera razón proviene de la guerra jurídica, la mejor arma de la subversión. La conducen con soberbia destreza colectivos de abogados, curitas de la Teología de la Liberación y otros parientes ideológicos de las Farc.

Sus falsos testigos, premiados a veces con giras en Europa, logran cambiarle a un buen militar todas las medallas recibidas por un humillante cuarto de detenido en una guarnición.El desquite de los malosPor esta puerta podemos entrar en la feria de los falsos testigos. Veamos un caso, por fortuna aclarado: el de Mario Uribe. El 16 de mayo de 2007 Salvatore Mancuso lo acusó ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía de haberse beneficiado electoralmente de una alianza con los 'paras'. También acusó en esa ocasión al vicepresidente Francisco Santos de haber participado en la creación de un grupo de autodefensas en Bogotá y al ministro de Defensa Juan Manuel Santos de haber conspirado con los 'paras' para tumbar a Ernesto Samper.Estas fábulas respondían -según él mismo llegaría a confesarlo- a un propósito de venganza por su traslado, y el de los demás jefes de las Autodefensas de Realito a la cárcel de La Ceja.

En Realito todos ellos se movían con libertad, en un paraje propio, con mujeres, contertulios y licores al alcance de la mano. En La Ceja, en cambio, se encontraron en una cárcel de verdad. No era lo que esperaban al aceptar su desmovilización. Entonces Mancuso resolvió producir con sus falsas declaraciones lo que llamó un tsunami político. Los fiscales pasaron por alto los cargos contra los Santos. Eran demasiado gruesos. Pero no el de Mario Uribe, tal vez por ser primo del Presidente. Solo más tarde comprobarían que carecían, como los otros, de todo fundamento.El otro falso testigo que apareció luego contra Mario Uribe fue Jairo Castillo Peralta, alias 'Piquirri'. Oscuro y sangriento personaje, autor de más de cien homicidios, ha logrado la proeza de pagar por todo ello solo cinco días de detención y obtener asilo en Canadá con 53 parientes suyos por cuenta de sus "revelaciones".

De Mario Uribe hizo primero una alusión venenosa en una entrevista concedida por él a la revista Semana. "Pregúntele por el 'Piquirri', él sabe quién soy yo". Molesto e intrigado por esa mención, Uribe decidió investigar al personaje. Descubrió que, desconocido como militante suyo por las Autodefensas, se trataba de un delincuente común, jefe de una banda llamada "los cuatro matones" que asaltaba fincas y camiones en las regiones de La Mojana, Sucre y Córdoba. El relato que hizo en la radio de sus crímenes y extorsiones indignó a 'Piquirri'. Ya refugiado en Canadá decidió vengarse inculpando al senador de haberse reunido en dos ocasiones con él, con ricos ganaderos y con 'paras' de la Mojana para comprar en esa región tierras a bajo precio. Tras una larga investigación, la Fiscalía descubrió que en la zona no había rastro de compra alguna de propiedades por parte del Senador ni de quince de las personas más allegadas a él. Pero el escándalo había alcanzado una dimensión internacional.

El senador Uribe, primo del Presidente, detenido por su alianza con los paramilitares: tal fue la noticia.El rey de las mentirasMás atroz fue la venganza de Rafael García contra el ex director del DAS, Jorge Noguera, por haberlo llevado a la cárcel. Nadie habría podido adivinar tal desenlace cuando años atrás ambos trabajaban en Santa Marta. Inteligente y locuaz, García se sumó a la campaña de Uribe dirigida tiempo después por Noguera en el Magdalena. Obtenido el triunfo, se apresuró a decirle a su amigo y compañero en esta empresa política: "Si te ofrece algún cargo, llévame contigo". Y así ocurrió. Designado director del DAS, Noguera lo puso al frente de la estructura informática de los servicios de inteligencia.

Lo tenía por un profesional muy competente.Lo era. García no tardó en mostrarse a la altura de sus nuevas responsabilidades al modernizar y agilizar este departamento a su cargo. Noguera le tenía plena confianza hasta el día en que recibió de un funcionario un informe muy alarmante: dos hombres cercanos a García entraban al sistema sin auditoría alguna, cosa por demás sospechosa. Noguera no le dijo nada. Con ayuda del Fiscal delegado en el DAS, se apresuró a ponerle una revisión secreta, hizo que su correo y teléfono fueran interceptados y que se siguiera de cerca el movimiento de sus fondos personales. Fue enorme su sorpresa cuando descubrió que gracias a lo obtenido por varias órdenes de captura canceladas y a prontuarios desaparecidos, García había comprado un penthouse en Santa Marta, un restaurante en Barranquilla, otro en Santa Marta, además de depositar fuertes sumas de dinero en la cuenta de su esposa. Detenido, Noguera citó a todo el personal del DAS en un patio.

Contó lo ocurrido. "Yo lo traje y yo lo hice poner preso", dijo.Hizo, pues, lo que cualquier hombre honesto habría hecho. Pero la prensa convirtió aquello en un escándalo y culpó a Noguera de llevar delincuentes al DAS. Y, por su parte, Rafael García, una vez juzgado y condenado a más de 25 años de cárcel, no tardó en descubrir que si lanzaba falsas y escandalosas "revelaciones", recogidas con estrépito por la prensa y tomadas muy en cuenta por la Fiscalía, lograba vengarse de Noguera, obtener rebajas de penas y hasta su libertad, como en efecto ocurrió. Empezó por confesarse miembro de las Autodefensas cuando nunca lo había sido ('Jorge 40' y demás jefes paramilitares lo desconocían por completo), para afirmar que en esa condición había sido llevado al DAS. La presión mediática desatada por semejantes declaraciones y una Fiscalía incapaz de valorarlas con frialdad determinaron la detención de Noguera.Pero García no se detuvo ahí. Tiempo después acusó a Noguera de haber forjado, en combinación con la CIA y el FBI, el asesinato del fiscal venezolano Danilo Anderson y de haber planeado un atentado contra el propio Chávez. Un absurdo que terminó derrumbándose.

Pero ahí no terminó su satánico empeño. Luego afirmó con igual estrépito mediático que Noguera le había arrebatado al holandés Hendrik Vanviderbeek, su compañero de prisión en La Picota, un contrato de explotación petrolera para dárselo a la Drummond. Se trataba de otra venganza: Noguera era quien había hecho detener al holandés por lavado de dólares.La ronda de mentiras y falsos testigos no acaba aún. Carlos Cataño, ex funcionario del DAS, detenido por la desaparición de su suegra, declaró que Noguera, delante suyo, le había entregado a 'Jorge 40' el 40 por ciento de los 12 millones recibidos por el DAS del Plan Colombia. Pequeño olvido: de ese Plan el DAS nunca recibió un peso.De héroe a villano.

Un caso quizás aún más escandaloso que el de Noguera es el del coronel Hernán Mejía Gutiérrez. Considerado el mejor oficial que tiene el Ejército, primer puesto de su promoción desde cuando entró en la Escuela Militar, condecorado en 1999 como el mejor combatiente de América en dos años seguidos, Mejía logró, como comandante del Batallón de Valledupar, acabar con la corrupción existente en esa unidad militar y emprender una lucha sin cuartel contra la guerrilla y los 'paras', con un resultado tan espectacular que Álvaro Uribe, al verla como un anticipo de su política de Seguridad Democrática, decidió desplazarse a Valledupar para iniciar su gestión como gobernante el 8 de agosto de 2002.Hoy Mejía permanece detenido en el batallón número 13 de la Policía Militar. ¿Quién lo acusa? Un antiguo sargento llamado Segundo Guzmán que él hizo detener en noviembre de 2002 al descubrir que sustraía cartuchos de fusil para venderlos a los paramilitares. Condenado a 11 meses de cárcel, aquel sargento, luego de pagar su condena, se vinculó por entero a las AUC. Tres años después fue descubierto en Villavicencio con 39 mil cartuchos de fusil. De nuevo en prisión, encontró en la Ley de Justicia y Paz un recurso ideal para vengarse de su antiguo superior al afirmar que tenía vínculos con 'Jorge 40'. A tal punto la prensa creyó sus mentiras que la revista Semana desplegó en su portada la foto del coronel Mejía con el título de : "De héroe a villano".

Y como supuesto villano, sigue detenido mientras el sargento, borradas sus culpas, se encuentra fuera del país, al parecer en Estados Unidos. Nunca aportó pruebas. Pese a sus sucios antecedentes, su palabra tuvo más peso que la del mejor militar de Colombia.¿Extraño? De ningún modo. Es lo usual. Cuando no obra en ellos un propósito de venganza, los delincuentes pueden dar un falso testimonio en busca de beneficios. Sus víctimas son numerosas. El ex senador Gómez Gallo fue una de ellas. La acusación que precipitó su detención provino de una extraña confabulación.

Antiguos miembros de las Autodefensas del Tolima, que no eran reinsertados sino capturados y condenados a largas penas en distintas cárceles, fueron reunidos en el patio 2 de la cárcel de Picaleña por el Director de Fiscalías Regionales. La manera de acogerse a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, idea que sin duda les fue sugerida, era la de repartir cargos contra los congresistas de aquel departamento.A Gómez Gallo le correspondió un tal 'Moisés', cuyo real nombre es José Wilton Bedoya. Condenado a 27 años, dijo haber sido testigo de un encuentro del Senador con un comandante de las Autodefensas de nombre Elías para que este, gracias a un pago de 300 millones de pesos, eliminara al representante Pompilio Avendaño. No era un crimen político. Se trataba, según 'Moisés', de un problema de faldas. "Se los pagué a Elías, que está muerto, para que matara a Pompilio, que está vivo", dice hoy Gómez Gallo con humor, luego de que 'Moisés' fuera incapaz de reconocerlo en La Picota y de que un honesto fiscal ordenara la preclusión de su caso.Si un testigo falla, surge otroMenos afortunado ha sido el ex senador Álvaro Araújo. Todos recordamos cómo fue detenido.

Su coterráneo y aliado político Elías Ochoa aspiraba que, al cumplirse los cuatro años de su cargo como cónsul de Colombia en Barquisimeto, su esposa fuera nombrada en su remplazo. Furioso porque María Consuelo Araújo, hermana del senador, se negó a firmar en su condición de Canciller dicho decreto, lanzó contra los Araújo, padre e hijo, una acusación como responsables del secuestro de su hermano años atrás, acusación de la que luego, al ser tomada en serio por la Corte, se retractó. Semejante cargo, sin más base que un arrebato ocasional, iba a derrumbarse en el juicio del ex Senador, cuando en el recinto donde tenía lugar la audiencia apareció una misteriosa testigo protegida para dar un nuevo testimonio en su contra. Llamada Dioselina Ramírez, estaba a punto de ser condenada por el homicidio de una campesina, años atrás, cuando gracias al magistrado Iván Velásquez pudo obtener este privilegiado estatus con asilo en Canadá a cambio de un testimonio insignificante: había visto a Araújo reunido en un desayuno de campaña con el hermano de un paramilitar (contra quien nunca hubo cargos). Testimonios igualmente deleznables, que en un país de justicia más rigurosa habrían ido a parar al cesto de basuras, mantienen detenido desde hace más de un año al coronel Alfonso Plazas Vega. Los he recordado en alguna columna de prensa. Proceden de dos individuos que jamás fueron subalternos suyos y que nunca participaron en el rescate del Palacio de Justicia.

El primero, un individuo con antecedentes penales llamado Ricardo Gámez Mazuera, fue llevado por el padre Javier Giraldo -experto en la guerra jurídica contra los militares- a una notaría para registrar allí su declaración antes de abandonar el país. El segundo testigo, de apellido incierto (a veces se presenta como Villarreal, otras como Villamizar) apareció 22 años después de los sucesos del Palacio de Justicia y nunca pudo explicar cómo, en su condición de cabo del Ejército radicado en Villavicencio, podía dar un testimonio de alguna validez contra Plazas.No importa. Los testigos se relevan y no es aventurado pensar que obedecen a un plan de la mencionada guerra jurídica que va sacándolos como un mago de feria saca conejos de un sombrero. El último, que paga largas penas por dos homicidios, uno cometido en Tunja y otro en Girardot, fue reclutado en la cárcel de Cómbita. Se llama Tirso Sáenz y dice haber sido conductor de un tanque Cascabel en el cual el coronel Plazas habría metido a cinco o seis de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Ignora, al parecer, que en un Cascabel apenas caben los tres miembros de su tripulación. ¿Será creíble? ¿Se le habrá ofrecido una sustancial rebaja de penas por esta declaración? El libro Itinerario de una injusticia, del coronel Plaza, demuestra hasta la saciedad el montaje de esta última acusación.

¿Quién mueve los hilos de semejante conjura contra oficiales prominentes de las Fuerzas Armadas? Sería necesario investigarlo. En este inventario de injusticias monumentales no podría olvidarse el caso del almirante Gabriel Arango Bacci. Retirado de la Armada por supuestos nexos con el narcotráfico, la prueba que servía de sustento a tal sospecha era un papel con su huella dactilar en el cual acreditaba recibir 115 mil dólares de un mafioso conocido como 'el Señor de la herradura'. Luego de un examen dactiloscópico que aparecía en el recibo, resultó que la huella era falsa. Había sido colocada allí con un sello.En cualquier país donde la justicia tuviese algún rigor, este hallazgo habría bastado para comprobar que el Almirante era víctima de una maniobra para inculparlo. Pero, sin olfato, sin malicia o sin voluntad para reconocer dicha conjura, la Fiscalía acabó por obtener otro testimonio contra Arango, esta vez de un joven delincuente llamado Eyssin Miguel Matos.

Decía haber presenciado un encuentro del alto oficial con mafiosos. Era, en realidad, un testimonio pagado (¿por la mafia o la guerrilla?) con veinte millones de pesos. Así lo declaró bajo juramento el propio hermano del denunciante.Desbaratadas estas inculpaciones, el Almirante ha debido quedar en libertad y ser objeto de públicas excusas. Era lo que menos podía esperarse tratándose de un oficial que a lo largo de 32 años de impecable carrera militar jamás había recibido la más leve llamada de atención. Pero su calvario no había terminado. Un sicario de Barranquilla declaró que había sido testigo de un encuentro en Santa Marta del Almirante con un narco conocido con el sobrenombre de 'Boliche'. Único problema: este, residente ahora en Estados Unidos como testigo protegido, declaró no haber visto en su vida al almirante Arango.¿Hasta cuándo proseguirá esta ronda de infamias consentidas? ¿Cuántos casos como estos podrían todavía revelarse?

¿Cuántos inocentes permanecen detenidos? Estamos ante un verdadero escándalo, el único que no ha salido a flote en un país donde cada semana florece uno con gran estrépito mediático. Por desviaciones o sesgos políticos, magistrados y fiscales tienden a ver siempre como sospechosos a senadores uribistas y a oficiales del Ejército. No exigen pruebas ni valoran testimonios. Le han dado a Colombia la fama en América Latina de ser el país que más abusa de las detenciones preventivas. Han puesto a los peores delincuentes del país en el papel de acusadores.

El dicho de que en Colombia a nadie se le niega un auto de detención puede parecer cínico. Pero es hoy una triste y alarmante verdad.

Especial para CAMBIO.