Privatizando las Universidades públicas.

Por: Alfonso Monsalve Solórzano
almonsol@hotmail.com

Como dije en el artículo pasado, el continuo ejercicio de la violencia en las Universidades públicas que pone en grave riesgo la integridad de la comunidad universitaria, realizado por encapuchados armados, y no sólo con bombas ‘papa’, sino con gasolina, lanza-cohetes artesanales y armas de fuego, que utilizan contra la fuerza pública, como ha podido verse en la televisión; el desalojo violento y la amenaza a profesores y estudiantes que quieren trabajar y estudiar; los paros permanentes y prolongados en el tiempo, que prolongan de manera irracional la duración de las carreras y el ingreso de nuevos estudiantes, además de despilfarrar los dineros públicos; todo esto es justificado desde argumentos y mitos inaceptables.

El primero de ellos es que están defendiendo la universidad pública. Algunos dirigentes estudiantiles piensan que son la encarnación de la universidad, que su pensamiento y sus acciones representan la esencia de la universidad pública a la que defienden de la privatización. Están equivocados. Es cierto que el Estado tiene obligaciones económicas con el financiamiento de la universidad y que algunas de las políticas que pone en marcha son discutibles. Esto debe ser analizado y sus soluciones concertadas entre el Estado y las Universidades públicas, de las cuales hacen parte, por supuesto, los estudiantes y éstos tienen mucho que decir y aportar en las soluciones.

Pero reducir el concepto universidad pública a lo que esta élite estudiantil piensa, es otra forma de privatizarla, porque es ponerla al servicio de los exclusivos intereses de los grupos que representan, que no coinciden con los de la sociedad, que es la verdadera dueña de la universidad.

En efecto, los propietarios de un bien privado pueden imponer una confesión a su organización y cerrarla a su antojo. Es lo que hacen estos dirigentes estudiantiles: como las ranas en el fondo de un pozo –según metáfora de Mao Tsetung- creen que el cielo tiene la dimensión de la boca del estanque en que se encuentran atrapadas. Una sociedad democrática es plural porque existen múltiples grupos con intereses, incluso contrapuestos, que coexisten porque el pacto político lo permite. En ella hay pobres, clases medias y ricas; cristianos, musulmanes y ateos, gente de izquierda, de centro y de derecha, que dirimen sus diferencias respetando el pacto, en este caso, la Constitución.

Así debe ser una universidad pública. Ella debe ser compleja, tolerante e incluyente. No debe ser la casa de una excluyente concepción de la izquierda (o de derecha), que impone a los demás su credo. En la universidad caben los activistas y aquellos a quienes no les interesa la política, y los primeros no pueden obligar a los segundos a pensar como ellos. Deben intentar ganárselos, con argumentos y no con agresiones y amenazas. La Universidad pública no es una universidad confesional de izquierda (o derecha). Sólo las asociaciones privadas pueden tener universidades católicas o protestantes, o al servicio de un particular interés, como el capital. Por eso digo que esos dirigentes están privatizando la universidad pública cuando quieren imponer su particular visión del mundo.

Pero la privatizan también cuando de manera arbitraria, la cierran, mediante paros prolongados y acumulados en el tiempo. Podrá argumentarse que un paro no es un cierre, pero de hecho lo es, cuando de manera persistente o prolongada en el tiempo, suspende el derecho a la educación, que la universidad presta como un bien público. Reflexiona un colega filósofo a quien respeto, que el paro debería ser la regla y no en la excepción, en la protesta. Pero lo que ocurre en este caso es todo lo contrario.

Cualquier cosa es un motivo: desde acontecimientos internacionales, pasando por hechos nacionales, hasta los más triviales motivos domésticos, convocan a un paro. No hay una jerarquía de demandas, ni escalas de presión y en el transcurso de un movimiento se agregan peticiones, todo con la finalidad, muchas veces, no de alcanzar un objetivo razonable sino de causar desestabilización. Lo que quiero decir es que no hay transparencia: los objetivos que se invocan muchas veces no son los que verdaderamente motivan al movimiento, lo cuales permanecen ocultos.

Y que quede claro que yo defiendo el derecho a la protesta y la solidaridad. Aquél porque los grupos sociales tienen derecho a buscar sus legítimas reivindicaciones y ésta porque es importante en una sociedad inequitativa como la nuestra, en el objetivo común de conseguir un mejor país para todos. Las políticas nacionales e internas deben ser objeto de análisis y de protesta, si lo ameritan, pero lo que es inadmisible es parar la Universidad por cualquier razón. Porque negarles el derecho a la educación a los estudiantes, la inmensa mayoría pobres, quienes se ven obligados a abandonar sus estudios o irse a universidades privadas, a nombre de defender la universidad pública, es una contradicción en los términos.

Pero también debe quedar clara mi tesis sobre la privatización que significan estos paros. Los dueños de los bienes privados pueden parar arbitrariamente sus empresas, y eso, con restricciones: indemnizando a sus trabajadores y en caso de que no presten servicios públicos. Pero en las universidades, los pretendidos dueños van más allá: una minoría cierra cuando quiere un bien público, sin ningún tipo de consideración con los propios estudiantes y con la sociedad.

Debate Nacional