APRUEBEN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON COLOMBIA

Editorial
The New York Times*

Nosotros no lo decimos a menudo, pero el Presidente Bush tiene razón: el Congreso debe aprobar el Tratado de Libre Comercio con Colombia ahora.

Bush firmó el acuerdo hace dos años. La mayoría demócrata en el Congreso se ha negado a aprobarlo por una legítima preocupación por el estado de los derechos humanos en Colombia, y menos legítimos deseos de consentir a los trabajadores organizados, o por negarle al señor Bush un triunfo en política exterior.

Nosotros creemos que el pacto comercial sería bueno para la economía de Norteamérica y para los trabajadores. Rechazándolo enviaríamos un triste mensaje a los aliados de todo el mundo, en cuanto a que los Estados Unidos es un socio poco fiable y, a pesar de todo lo que predica, en realidad no cree en la apertura de los mercados al comercio. No hay más tiempo que perder. Si en las sesiones extras de este año el Congreso no aprueba el pacto comercial, las perspectivas serían considerablemente sombrías, ya que se perdería la posibilidad de aplicar la norma conocida como fast track, que prevé una aprobación sin posibilidad de enmienda.

Debido a las preferencias comerciales concedidas en el marco de la guerra contra las drogas, la mayoría de las exportaciones colombianas ya están exentas de tarifas para entrar a Estados Unidos. El nuevo acuerdo beneficiaría a las empresas norteamericanas que actualmente tienen que pagar elevados aranceles por sus exportaciones a Colombia.

Asimismo, reforzará lazos con un importante aliado en la volátil esquina de América del Sur, que también es la principal fuente de cocaína enviada a este país, y donde los Estados Unidos tiene muy pocos amigos por estos días.

En el vecino Venezuela, el Presidente Hugo Chávez despliega feroz retórica anti-americana para desviar la atención sobre sus políticas autocráticas. El mes pasado, Bolivia expulsó al Embajador de los Estados Unidos y acusó a agentes de la DEA de conspirar contra su gobierno. Ecuador se ha negado a renovar un contrato de arrendamiento sobre una base aérea en la ciudad costera de Manta, utilizada por aviones estadounidenses para la lucha antinarcóticos.

Nosotros, también hemos tenido fuertes preocupaciones acerca de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Sin embargo, los demócratas, al oponerse al tratado comercial por estos motivos están haciendo caso omiso de innegables mejoras. La violencia ha disminuido considerablemente durante la administración Uribe, que ha golpeado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, guerrilla de extrema izquierda, y a los paramilitares, de extrema derecha. El número de sindicalistas muertos, una gran preocupación de los demócratas, sigue siendo elevado, pero se ha reducido drásticamente.

Washington debe mantener su presión sobre Bogotá para reducir los abusos cometidos por el Ejército de Colombia, garantizar el enjuiciamiento de los paramilitares y matones, y frenar más la violencia contra los sindicalistas. Tiene una poderosa herramienta para hacerlo: 600 millones de dólares al año de ayuda en su mayoría para fines militares y antinarcóticos.

Si se falla en aprobar este tratado comercial no se contribuiría en nada a mejorar los registros de Colombia en materia de derechos humanos. Tomar ese camino enajenaría el apoyo de muchas personas en Colombia y minaría la credibilidad de Washington.

*Este artículo apareció impreso el 18 de noviembre de 2008, en la página A26 de la edición de Nueva York.
----------------------------------
EDITORIAL
Pass the Colombian Trade Pact
Published: November 17, 2008
We don’t say it all that often, but President Bush is right: Congress should pass the Colombian free-trade agreement now.
Mr. Bush signed the deal two years ago. The Democratic majority in Congress has refused to approve it out of a legitimate concern over the state of human rights in Colombia and less legitimate desires to pander to organized labor or deny Mr. Bush a foreign policy win.
We believe that the trade pact would be good for America’s economy and workers. Rejecting it would send a dismal message to allies the world over that the United States is an unreliable partner and, despite all that it preaches, does not really believe in opening markets to trade. There is no more time to waste. If the lame-duck Congress does not approve the trade pact this year, prospects would dim considerably since it would lose the cover of the rule (formerly known as fast track) that provides for an up-or-down, no-amendment vote.
Because of trade preferences granted as part of the war on drugs, most Colombian exports already are exempt from United States tariffs. The new agreement would benefit American companies that now have to pay high tariffs on exports to Colombia.
It also would strengthen bonds with an important ally in a volatile corner of South America — that also is the main source of cocaine shipped into this country and where the United States has very few friends these days.
In neighboring Venezuela, President Hugo Chávez spouts fierce anti-American rhetoric to distract attention from his autocratic policies. Last month, Bolivia expelled the United States ambassador and accused Drug Enforcement Administration agents of conspiring against his government. Ecuador has refused to renew a lease on an airbase used by American counternarcotics flights in the coastal city of Manta.
We, too, have strong concerns about human-rights violations committed by the government of President Álvaro Uribe. But Democrats opposing the trade pact on these grounds are ignoring undeniable improvements. Violence has abated considerably during the Uribe administration as it has taken on the left-wing guerrillas of the Revolutionary Armed Forces of Colombia, or FARC, and right-wing paramilitaries. The number of trade unionists killed, a major Democratic concern, is still too high but has dropped sharply.
Washington must keep pressing Bogotá to reduce abuses by Colombia’s Army, ensure the prosecution of paramilitary thugs and further rein in violence against union members. It has a powerful tool to do that: $600 million a year in mostly military and anti-narcotics aid.
Failing to approve this trade agreement would do nothing to improve Colombia’s human-rights record. Walking away from it now would alienate many people in Colombia and undermine Washington’s credibility.
A version of this article appeared in print on November 18, 2008, on page A26 of the New York edition.
----------------------------------------------------