Pensar las universidades públicas

Por: Alfonso Monsalve Solórzano
almonsol@hotmail.com

Es necesario que se reflexione sobre el rumbo que están tomando las universidades públicas a causa de las permanentes interrupciones, manifestaciones de violencia en su interior y usos indebidos de los espacios comunes.

1. El síntoma. Desmanes continuos, casi diarios en algunas universidades, realizados por encapuchados, que, en ocasiones provienen de de afuera, lanzan petardos y otros artefactos, como gasolina, que originan la intervención de la fuerza pública y pueden causar graves lesiones y la muerte, destruyen las instalaciones, saquean bienes de la Universidad y llegan hasta atracar a profesores en sus oficinas. Estos encapuchados se toman casi todas o todas las porterías de las Universidades, poniendo en grave riesgo la vida de la comunidad universitaria y de los visitantes, muchos de ellos niños de distintos colegios, casi siempre públicos. En Universidades grandes en un día normal, puede haber más de veinte mil personas dentro de un campus, con el riesgo que significa la clausura de las porterías, al impedir o dificultar la evacuación.

Paros decretados por asambleas en las que no participan la mayoría de los estudiantes, que, además, se reúnen sin ningún tipo de control de ingreso que permita verificar la pertenencia de los asistentes; en las que, con frecuencia participan estudiantes de otras universidades y de colegios de secundaria, asambleas en las que se toman, algunas veces, decisiones insostenibles, como cuando se para de manera prolongada la universidad en solidaridad con movimientos sociales, pues se puede ser solidario sin detener la universidad de esa manera; o se hacen demandas imposibles de conceder, porque exceden el margen de decisión de las autoridades universitarias y corresponden al Congreso o al ejecutivo, como cuando se exige la derogación de una ley, ya que se pueden buscar esas derogaciones sin afectar el funcionamiento de la universidad; y finalmente con reivindicaciones razonables, pero que, igualmente, pueden ser alcanzadas sin necesidad de paralizar las universidades. Ejercicio de presiones indebidas sicológicas y físicas contra profesores y estudiantes que autónomamente deciden realizar sus actividades académicas.

El número de días de interrupción de dichas actividades que los paros y actos violentos producen, en algunas universidades, es inaceptable. No es posible realizar dos semestres por año, regla que permite la estabilidad, y, por consiguiente, la planeación a largo plazo, de la Universidad; alargan de manera importante la permanencia de los estudiantes en sus carreras, la inmensa mayoría provenientes de los estratos más pobres, lo que causa deserción creciente e impide el acceso a los nuevos admitidos, prolongándoles sus carreras sin haberlas empezado; trastocan las aspiraciones de los que están terminando la secundaria; les causa enormes pérdidas a económicas a los padres, a la sociedad y a las instituciones –se ha calculado que un día de paro le cuesta a la Universidad de Antioquia 1.500 millones de pesos- cuyos recursos provienen en su mayoría del erario público, es decir, de los contribuyentes; y, finalmente, rompen la confianza que la sociedad comenzaba a depositar en las universidades públicas, y que permite la interacción con los sectores social, productivo y gubernamental, confianza que legitima su pertinencia social, como una universidad al servicio del país, luego de décadas de haber vivido de espaldas a éste.

El uso de los espacios públicos de la universidad para actividades fuera de la ley o que no corresponden con la misión o la destinación de dichos espacios, es otro hecho que muestra el deterioro que se está produciendo en ella.

II. La causa. Las universidades públicas son instituciones de investigación, docencia y extensión al servicio de todos los colombianos. Están reglamentadas por la Constitución y leyes de la república, que fijan su autonomía relativa -sobre eso escribiré en el próximo artículo, pues es resultado del contrato social y no un derecho natural-, que establecen que en ellas no debe discriminarse a ningún colombiano por razón alguna. No pertenecen al estado aunque éste las financie parcialmente y la reglamente, en cuanto representante de la sociedad. Tampoco son de los directivos, profesores, estudiantes y empleados, aunque tengan una relación directa con ella. Son el lugar por excelencia de la libertad de pensamiento, de enseñanza, de investigación, del disenso y del disenso del disenso, es decir, del pluralismo. La crítica y la protesta tienen allí su nicho natural. Pero todo esto tiene el límite que la Constitución, las leyes y los reglamentos internos, le han fijado, es decir, del contrato social.

Dicho límite establece que el disenso no puede ejercerse mediante la violencia. Ningún ciudadano puede ejercer la violencia para imponerle a otro su punto de vista, porque el monopolio de la fuerza está en manos del estado democrático. Se puede disentir del sistema, de las leyes y de las reglamentaciones internas, y presionar para alcanzar objetivos legítimos, pero esto debe hacerse sobre la base de la fuerza de los argumentos y las presiones legítimas. La protesta debe tener sentido de proporcionalidad para no perjudicar a los que se dice defender, ni despilfarrar los dineros públicos, ni pasar por encima de los derechos de los que no están de acuerdo, ni hacer posible el uso indebido de los bienes y espacios de las universidades. Debe ser transparente, sin intenciones ocultas y de cara a la comunidad. La Universidad tiene reglas, como la sociedad de la que es parte, y estas deben ser respetadas aun para cuestionarlas y cambiarlas. La anomia y la anarquía no son valores aceptables.