La sociedad y el estado colombianos no pueden prolongar indefinidamente el conflicto armado que nos aflige hace tanto tiempo. Hay consideraciones de orden político y ético e igual instrumentos para que el Gobierno Nacional como expresión legítima de aquéllos decida ponerle una fecha límite a esta situación. El desenlace del conflicto armado ha dejado de ser un asunto militar.
El estado logró desmovilizar el paramilitarismo y quitarle toda sustancia política como proyecto contrainsurgente. De la misma forma ha propinado fuertes y demoledores golpes a las guerrillas hasta el punto de anular su capacidad de amenaza al poder. Con su fuerza pública recobró el control del territorio y las garantías para el libre ejercicio de la política, incluidas las de la Oposición que nunca como ahora ha vivido una situación de tanta fortaleza.
La legislación internacional en materia de protección de la protección civil tiene en la Corte Penal Internacional la más elevada instancia para aplicar justicia y castigar a los criminales de guerra lo mismo que a los responsables de crímenes de lesa humanidad y de genocidio. A fines del año 2009 vencen las salvaguardias interpuestas por el gobierno colombiano para que la CPI se abstenga de intervenir en la violencia colombiana.
El gobierno nacional tiene dos opciones: plantear una nueva prórroga que tendría sentido si no fuese porque se ofrece una política de negociaciones especiales y una ley favorable como la que rige para los grupos paramilitares que puede ser válida para las guerrillas que decidan dejar las armas, o, dar por concluido el periodo de gracia y abrir las puertas para que la CPI pueda tener margen de acción en la persecución de individuos y grupos que continúen realizando acciones violentas contra la sociedad civil y contra las instituciones democráticas.
Pienso que el pueblo colombiano ha sido suficientemente generoso y paciente con grupos de extrema derecha e izquierda como para instarlo a extender aún más el dolor a la espera de un incierto diálogo o un golpe final definitivo que no se dará en esa forma y cuando no se observa ni el más mínimo gesto que indique el deseo o la voluntad de los que aún quedan alzados en armas para hacer una negociación. Pero, más aún, lo que queda de estos grupos tanto en su perspectiva política como en sus posibilidades militares es tan precario que no se justifica la espera. Lo que queda no da para cubrir la problemática noción de levantamiento armado ni para que recobre vida el hundido proyecto paramilitar. Hay que decirlo y debe reconocerse por toda la civilidad que este estado ha ganado este conflicto sin sacrificar las instituciones democráticas. Lo que hubo de desafueros, de excesos, de crímenes de agentes del estado podrá ser atendido por leyes expedidas por esta y otras legislaturas.
Lo cierto del caso es que por salud pública el fin del conflicto debe tener una fecha de cierre y la más apropiada es aquella contemplada para eliminar las salvaguardias interpuestas por la administración Pastrana con la venia del presidente Uribe, es decir, fines del 2009. Aquí no tendrá lugar una batalla final como en los conflictos regulares, ni es preciso esperar a dar de baja hasta el último insurrecto. 45 años fueron más que suficientes para que intentaran ganar y no lo lograron y eso debe ser dicho por el grueso de la sociedad que cree en las instituciones no obstante sus desajustes.
Los coletazos del paramilitarismo y de la guerrilla no tienen ya horizonte político, por lo mismo no cabe magnificar el daño que aún pueden ocasionar. Ese daño hay que enfocarlo desde el ángulo criminal, como un asunto delincuencial. Es tarea de la Fuerza Pública combatir los estertores con fiel y real apego a la Ley.
Este es el debate que debe ser abordado en profundidad por el país y este debate no excluye la posibilidad de una negociación con las guerrillas de aquí a la fecha planteada. Es ineludible que nos refiramos a este tema con toda la sensatez y con toda la madurez, pues no puede entenderse el dilema como expresión de un afán triunfalista sino de la urgencia de ponerle fin a la violencia con pretensiones políticas y cerrar este infame capítulo de nuestra historia.
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