Por: Jaime Restrepo Vásquez.
Director de Atrabilioso.
Cuando alguien se enfrenta a la justicia, una dosis importante de incertidumbre se apodera de esa persona, pues son conocidas las condenas contra gente inocente.
En días pasados la Corte Suprema de Justicia condenó a dos congresistas por concierto para delinquir agravado, por sus supuestas relaciones con el paramilitarismo. Y digo supuestas, porque un informe de la revista Cambio deja muy mal parado al máximo tribunal judicial colombiano:
“Hasta el viernes pasado, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema sesionó en Quibdó, Chocó, los senadores Juan Manuel López Cabrales y Reginaldo Montes estaban absueltos. La votación era cinco a favor y cuatro en contra. Pero el tema siguió discutiéndose porque había temor sobre las posibles consecuencias legales que podría traer la absolución: una demanda administrativa por la detención injusta de los congresistas durante más de 14 meses. En el caso de 'Juancho' López, se impuso la tesis de la condena por el testimonio de Salvatore Mancuso, al que le dieron total credibilidad.”
Ni más ni menos esto significa que la Sala Penal de la CSJ incurrió en una conducta aberrante frente a dos sindicados, pues no profirió el fallo ante la fuerza de la carga probatoria sino por simple conveniencia al tratar de protegerse de sendas demandas por mantener a dos ciudadanos encarcelados sin evidencias sólidas. Lo que dice Cambio debería despertar la indignación de los ciudadanos, pues de lo que se trata es del abuso del poder judicial en contra de la libertad de los colombianos.
¿Se puede confiar en el poder judicial después de semejante exabrupto? Evidentemente la ciudadanía ve con suspicacia a los jueces, pero situaciones como la mencionada, plantean la urgencia de una fuerte reestructuración del aparato judicial colombiano.
Claro que la justicia nacional no se quedó solo con la condena de dos ciudadanos contra los que no existían evidencias contundentes. Unos días después el Tribunal Superior de Bogotá decidió anular las pruebas recaudadas en el computador del jefe de las milicias urbanas de las Farc ‘Carlos Antonio Lozada’, asegurando que el material “no fue debidamente custodiado y pudo ser manipulado”.
Con esta decisión, una supuesta infiltrada de las Farc en el Ejército está ad portas de ser excarcelada y se pueden caer investigaciones tan importantes como el atentado contra la Escuela Superior de Guerra.
Para los ignorantes magistrados resulta fácil proferir resoluciones judiciales desde los escritorios y cuestionar los procedimientos en las cómodas y seguras oficinas de Bogotá, pues en ese estrecho mundo en el que viven, no tienen idea de los pormenores de un operativo en plena selva y en medio de un combate. Para los magistrados, recoger un computador en las postrimerías de una escaramuza es lo mismo que llegar con un pelotón a una casa citadina, ver el despliegue de los uniformados para guardar el perímetro, entrar con una orden de allanamiento y, con guantes, depositar en bolsas casi asépticas, un computador o una memoria USB.
Ellos, los magistrados, pretenden que en medio de un feroz combate, los hombres que encuentren un documento, o un computador, salgan de inmediato de la zona, aborden una nave supersónica y lleven el aparato con total prontitud ante las autoridades judiciales. Dirán los cómodos jurisconsultos, que 15 minutos es demasiado tiempo para que una prueba sea sometida a la cadena de custodia, pues en su infinito desconocimiento, creen que todo debe funcionar exactamente igual a los procedimientos que se adelantan en las ciudades del país.
Los magistrados solo han sentido calor en sus fincas de veraneo y lo más cerca que han estado de un combate es sentados en una silla de teatro, viendo a Rambo disparar 500 balas por minuto… están desconectados del mundo real y tampoco les interesa conocerlo ni comprenderlo: el monte y el recaudo de pruebas en el fragor de una batalla no pueden ser medidos con el mismo rasero de la consecución de evidencias en la escena de un crimen capitalino, pero eso a ellos no les importa, pues la presbicia y la miopía conceptual solo les alcanza para apegarse a la letra y dejar de lado la conceptualización de los hechos.
No obstante, lo más grave es que éste es el precedente de lo que ocurrirá con los computadores de ‘Raúl Reyes’ y al mismo tiempo, es el anuncio del triste final de los procesos por la Farc-política que se basan en las pruebas encontradas en los aparatos del terrorista dado de baja en Ecuador.
Sin embargo, además de la incomprensión y de la casuística de los torpes magistrados del Tribunal Superior de Bogotá (¿y de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia?), indigna el tratamiento desigual que se les otorga a las pruebas.
Buena parte de los expedientes de la parapolítica surgieron de los computadores de ‘Jorge 40’: nadie los vio, nadie los cuestionó, ni se supo exactamente quién y cómo los había encontrado y entregado al poder judicial colombiano. Sin embargo hasta hoy, los “honorables” juristas han aceptado en su totalidad el contenido de esos aparatos y ninguno de los procesos que tuvieron su génesis en dichos computadores, se ha caído por suponer que fueron manipulados o que la cadena de custodia no fue garantizada.
En el caso de la parapolítica, cualquier prueba resulta aceptable o adaptable para continuar con la persecución de los implicados; pero si se trata de las Farc, siempre existirá alguna leguleyada para impedir el avance de los procesos.
Esto da miedo. Nada peor que despertar la animadversión de los intocables togados, para terminar perdiendo la libertad y hasta la vida, pues las pruebas y los conceptos jurídicos no importarán a la hora de aplicar las particularidades de la inquisición colombiana.
Entre paros, sesgos, conveniencias, ignorancia, favorecimientos y predisposiciones, el poder judicial no solo perderá la poca credibilidad que tiene: de repente despierta la indignación de la ciudadanía, hastiada de las arbitrariedades de esos “infalibes” politiqueros disfrazados con toga, que les pasará la factura por las burlas y prepotencia con que han manejado uno de los aspectos fundamentales de la democracia: la justicia.
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