A 60 AÑOS DE LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Por: Darío Acevedo Carmona
Enero 18 de 2009

El 9 de diciembre de 1948 países de diferente signo y formas de gobierno, entre ellos las dos superpotencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, la URSS y USA, firmaron la declaración de los Derechos Humanos. Dicho texto contiene los umbrales éticos que debían ser observados por los estados y por las personas con el fin de garantizar la realización de la justicia, la igualdad, la libertad y otros derechos elementales y fundamentales para el bienestar de los hombres. En esencia, es una carta con la pretensión de universalizar derechos que nos hace idénticos independientemente de nuestra condición social, creencias religiosas, consideraciones ideológicas y condición racial y sexual.

Con el paso de los años se crearon instituciones y movimientos para la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos. De modo parejo, la filosofía sustentatoria de estos derechos se expandió y ganó legitimidad en medio de conflictos armados y guerras nacionales y civiles en las que se violaba flagrantemente la condición humana. A pesar del consenso sobre las normas que se aprobaron en aquella ocasión memorable y de sus posteriores desarrollos, la experiencia histórica de estos últimos cincuenta años no es muy alentadora: guerras de liberación nacional, procesos de descolonización, guerra fría, guerras civiles, dictaduras en todos los continentes, dejan un mal balance.

Sin embargo, otra tendencia habla en positivo de la vigencia y de la importancia del discurso de los derechos humanos como herramienta para evitar la degradación y la violación de los derechos de las gentes: muchos países han podido iniciar una vida independiente, muchas guerras han concluido en tratados, el odioso “Apartheid” llegó a su fin luego de la intensa lucha de la mayoría negra sudafricana y muchas dictaduras oprobiosas fueron derrocadas o abatidas.

Pero quiero ser claro en que la pretensión de estas reflexiones no es recrear la historia de los derechos humanos. Quiero ubicarme en mi país, Colombia, que ha sufrido las inclemencias de una violencia desbordada y cruel desde fines de la década de los setenta.

Entonces, políticas adelantadas por el presidente Julio César Turbay, plasmadas en el llamado Estatuto de Seguridad para combatir a movimientos insurgentes, dieron lugar a protestas de sectores opositores por violaciones masivas de derechos humanos acometidas por agentes del estado y de la Fuerza Pública amparados en dicho estatuto. Vivíamos en el contexto de la llamada “guerra fría” y ello nos permite entender, en perspectiva histórica, que la existencia de grupos insurgentes y la aplicación de la violencia oficial, eran parte de un conflicto que nos trascendía, la confrontación URSS-USA.

A pesar de los discursos académicos, políticos e intelectuales que despreciaban el peso del factor externo y magnificaban el de los factores internos, más tarde llamados “causas objetivas”, era claro que la violencia que se imponía en diversos escenarios estaba inspirada y determinada en mayor medida por las presiones e intereses de las superpotencias. De ahí en adelante, es decir, por 30 años, la violencia política se ha expandido y ha involucrado nuevos actores, pero, además, ha sobrevivido a cambios significativos de la vida internacional como el derrumbe de la Unión Soviética y la lucha contra el terrorismo internacional que se desató luego del 11-S.

En estos 30 años el país ha experimentado cambios dramáticos y profundos pero, la calidad del discurso y de la acción de los defensores actuales de los derechos humanos, diseminados en decenas de Ong dedicadas a la agitación y a la propaganda se ha empobrecido si se les compara con personajes que dejaron una impronta de seriedad, contextura ética y profundidad, como Alfredo Vásquez Carrizosa, Gerardo Molina, Estanislao Zuleta y Héctor Abad Gómez.

La distorsión de la causa humanitaria en Colombia

Resulta que hoy, a diferencia de los inicios, los activistas de derechos humanos parecen más preocupados por adelantar campañas con sabor oposicionista que por hacer promoción y defensa leal de los derechos humanos. El defensor de esta causa pierde credibilidad cuando se deja llevar por intereses político partidistas, por arrestos proselitistas y cuando confunde la noble tarea con el activismo partidista.

El activista de los derechos humanos tiene la obligación de evitar dar la impresión de estar colonizado por una determinada corriente ideológica. Hace ya varios años, el filósofo de la Universidad Nacional, Luis Alberto Restrepo, advirtió contra la tendencia dominante en los años noventa de asimilar derechos humanos como discurso de la izquierda, que se tradujo en una idea deformada según la cual aquí sólo se violaban los derechos humanos a gentes de izquierda. Caer en esa distorsión, que es algo que desafortunadamente se mantiene, va en contra del carácter universal de la declaración de los derechos humanos. La apropiación ideológica de los derechos humanos desdice y desfigura el contenido de los derechos humanos. El militante o activista defensor de los derechos humanos tiene que ser ecuánime, firme, claro, categórico, preciso y oportuno en su tarea, pero igual, tiene que ser educador, pedagogo, analítico y buen observador para distinguir cada situación crítica y diferenciar los niveles de responsabilidad. No es lo mismo, aunque varias Ongs se han empecinado en pensarlo así, la situación de los derechos humanos en dictaduras como las de Pinochet y Videla que en un país como Colombia.

Pero, quizá el síntoma más preocupante de la flaqueza moral e intelectual de muchos defensores de derechos humanos es la debilidad que exhiben en el debate sobre los cambios que se han operado en la legislación internacional y sobre la evolución de los derechos humanos en el país. En vez de textos o documentos serios, lo que tenemos es campañas mediáticas, señalamientos sumarios y sin fundamento como cuando se afirma que en Colombia se producen siete asesinatos diarios por razones políticas. No se aprecia ningún esfuerzo por reinterpretar las nuevas situaciones de la vida nacional, pues según ellos, nada ha cambiado, todo lo contrario, Colombia es el peor de los mundos, está al nivel de lo que se vive en Sudán, en el Congo, en Somalia, en Eritrea y en Afganistán.

Otro síntoma de preocupación es el que muestran impúdicamente algunas Ongs como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Colombiana de Juristas que mezclan su labor de defensa de los derechos humanos con el interés de convertirse en litigantes en procesos que se adelantan en jurisdicciones nacionales e internacionales en los que se mueven millonarias sumas por concepto de honorarios. Pienso que la misión defensora de los derechos humanos, que se debe parecer más a un apostolado por los elevados ideales que están en juego para la humanidad, se perjudica y se mancha cuando es atravesada por el interés pecuniario. Las víctimas tienen el derecho a defenderse y a ser atendidas por abogados y estos tienen derecho a cobrar su paga, pero cuando se juntan los dos ámbitos o intereses, pierde credibilidad la causa de los derechos humanos.

Tampoco es edificante ni tiene presentación filosófica ni sustento político que organizaciones defensoras de derechos humanos de espectro democrático se hayan aliado con otras que claramente han asumido una actitud de instrumentalización de los derechos humanos al servicio de proyectos de izquierda y que niegan, inmoralmente, la exigencia de cumplimiento de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario a los grupos armados insurgentes.

Hay otras conductas y actividades que deslucen la misión de estos activistas y organizaciones humanitarias, como por ejemplo, la inconsistencia ética en que incurren cuando protestan por las sanciones económicas y el aislamiento de los EE. UU. contra Cuba y a renglón seguido, organizan misiones y desplazamientos con gran despliegue mediático a EE. UU. para solicitar a sus instituciones y gobierno que sancionen a nuestro país y que le nieguen la firma del TLC. O como cuando se declaran demócratas e ironizan sobre las flaquezas de nuestra democracia, pero salen a respaldar la hereditaria dictadura castrista de Cuba. Pierde seriedad la causa humanitaria en manos de personajes que aprovechando su condición de liderazgo de movimientos de víctimas lanzan un libro lleno de suspicacias con el único propósito de tejer un manto de dudas sobre el presidente Uribe basado en el sofisma de que éste, por tener una finca en Córdoba, tenía saber todo lo que malo que allí ocurrió y al no denunciarlo se convirtió en cómplice o promotor de la expansión del paramilitarismo.

Es una lástima que los sectores más democráticos de las Ongs humanitarias hayan claudicado ante la distorsión y la colonización de los derechos humanos por parte de sectores dogmáticos de izquierda, que tomen parte de misiones de agitación y propaganda que desconocen los cambios que se han dado en el país, que impidan una precisa y rigurosa apreciación y valoración de los problemas que aún se presentan en nuestra sociedad, que le saquen el cuerpo al debate político y filosófico, pues lo que les interesa es el escándalo, y que hayan confundido y mezclado activismo opositor, proselitismo partidista con defensa de los derechos humanos.

Tomado de: http://ventanaabierta.blogspirit.com/