Colaboraciones nº 2473 4 de Diciembre de 2008
Se equivocan quienes hablan de “crímenes de Estado” en Colombia. Confunden y engañan deliberadamente cuando hablan de actos cometidos “por patrones institucionales”. Aplicadas al caso colombiano, esas dos fórmulas carecen de sentido. Para que haya una “criminalidad estatal”, como pretenden los ideólogos izquierdistas, quienes montan grupos y pagan campañas costosísimas con ese lema, se requiere que los crímenes sean no sólo cometidos por funcionarios o agentes del Estado, sino que, sobre todo, la impunidad frente a tales crímenes sea garantizada y sólidamente protegida por el Estado.
Era lo que ocurría en los países totalitarios: el partido único que controlaba el Estado (ya fuera el partido comunista o el partido hitleriano) organizaba la exterminación de clases sociales y de razas enteras, cometía enorme cantidad de otros crímenes y delitos contra los ciudadanos de su propio país y de otros países, sin que la maquinaria judicial de esos países, ni la de los gobiernos que emergieron tras el hundimiento de la URSS y de sus países satélites, jamás sancionara a los responsables de tales crímenes. Los crímenes de la dictadura hitleriana fueron juzgados, al menos, por los Aliados en Nuremberg. Sin embargo, ningún tribunal ha juzgado hasta hoy los crímenes del comunismo.
Tal impunidad no ocurre en Colombia, ni en ningún Estado de derecho.
Si usted consulta los sitweb de organismos como la FIDH (una galaxia internacional de grupos que dicen luchar por los derechos humanos) no encontrará un sólo documento que hable de “crimen de Estado”. Encontrará solo un artículo que utiliza esa fórmula, pero respecto de actos cometidos por Rusia en Chechenia. En el sitweb de Amnistía Internacional sólo un documento utiliza esa frase, respecto de Chile. Incluso en ese caso el uso de esa frase es ilegítimo, pues tras el fin de la dictadura de Pinochet los crímenes cometidos en ese periodo fueron juzgados y sancionados.
En Colombia, si un funcionario o un agente del Estado comete un crimen o un delito, el aparato judicial se pone en marcha para investigarlo y sancionarlo. A veces, incluso, el poder judicial y los media cometen excesos y abusos contra personas que fueron acusadas por error a causa del apresuramiento de la maquinaria acusadora. En todo caso, en Colombia, el que comete un delito es sancionado penalmente. Los políticos y los militares lo saben muy bien. Muchos de ellos, a pesar de ser inocentes, lo perdieron todo: carrera, familia, futuro, luego de haber sido víctimas de acusaciones calumniosas. En cuanto a aquellos que sí cometieron delitos, fueron sancionados.
En Colombia, el Estado no organiza la impunidad penal de nadie. Hay una verdadera tradición jurídica en Colombia, a pesar de los largos periodos de grave desestabilización que el país ha sufrido por la acción conjunta de la subversión marxista y de los carteles de la droga.
La denominación “crimen de Estado” no es una verdadera noción jurídica. Ni siquiera la Declaración Universal de Derechos del Hombre emplea esa expresión. Esta habla, si, de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra, etc. Lo que es completamente diferente.
La frase “crimen de Estado” es, pues, un artificio, una invención acomodaticia. Es un instrumento de propaganda que algunos arrojan contra las autoridades para tratar de enlodarlas, para confundir a los ciudadanos, para generar en ellos sentimientos de culpabilidad, no por una legítima preocupación de justicia.
En un Estado de derecho como el colombiano cuando se descubre que un agente del Estado ha cometido un delito o un crimen, el primero en poner en movimiento la maquinaria judicial es el Estado mismo. Pues el rechazo del crimen es una de las bases del orden jurídico. El Estado de derecho no tolera, ni incita, ni ordena jamás cometer delitos a sus funcionarios.
Lo que ocurre hoy con el terrible caso de los once jóvenes, reclutados en Soacha y ultimados en condiciones obscuras en Santander, demuestra esta afirmación. ¿Quien se acuerda de que el primero en denunciar ese caso fue propio el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos? Antes de que se conocieran las circunstancias exactas en que esas muertes ocurrieron, el Gobierno decidió retirar del servicio activo, el 29 de octubre de 2008, a 27 militares de alto rango, entre ellos a tres generales y once coroneles y exigió una investigación exhaustiva. Los tres generales acataron la decisión del Gobierno pero se declararon ajenos a esos hechos y dispuestos a probar su inocencia.
El Fiscal General, Mario Iguarán Arana, dijo que bandas emergentes dedicadas al narcotráfico podrían estar vinculadas a esas muertes y que la Fiscalía contempla esa hipótesis, entre otras.
Empero, como en otras ocasiones, la prensa se anticipó y habló como si la investigación judicial hubiera ya rendido sus conclusiones. Comenzó a utilizar la frase de “ejecuciones extrajudiciales” y a bordar el espectro de una “macabra red militar encargada de violar los derechos humanos”. Sugirió que el Estado estaba detrás de esos horrores y que el Gobierno pagaba a los militares por los muertos que resultaban tras los combates contra las bandas criminales. Todo eso era terriblemente confuso. El mismo Mario Iguarán se equivocó al creer que la política de recompensas diseñada por el Gobierno para luchar contra el crimen, retribuía a militares y era la causa de esos abusos (cuando sólo los civiles son retribuidos) y pidió que tal política fuera “revisada”, lo que le valió un llamado de atención del presidente Álvaro Uribe.
Otros tratan de pescar en río revuelto confundiendo en un mismo rubro actos terroristas y “falsos positivos”, o bajas de guerrilleros en combate con “ejecuciones extra judiciales”. Otros quisieran ver desmontado el esquema de pagos a civiles por informaciones antiterroristas.
Bajo un sistema de controles estrictos, 21 mil millones de pesos fueron entregados a civiles en 2008 en Colombia. Tales pagos han salvado la vida y la integridad física y moral de miles de colombianos y constituyen un excelente medio para combatir el crimen.
Si las muertes de los jóvenes de Soacha hubieren sido cometidas por militares aislados, habría que saber qué hay detrás de eso, de dónde vinieron las órdenes, el dinero, etc. Habría que probar que los matones cumplían instrucciones de las autoridades y que éstas los protegen. Nadie ha probado tal cosa hasta hoy.
A raíz de lo ocurrido en Soacha, el investigador independiente Alfredo Rangel evocó casos parecidos ocurridos en Montería, Cimitarra, Sincelejo y Toluviejo, en 2007. El asegura que tales “falsos positivos” son el resultado de “acuerdos ocasionales entre miembros corruptos y criminales del Ejército y bandas armadas al servicio del narcotráfico”. Parece que en Toluviejo y Barranquilla una decena de reclutadores fueron capturados y que otros están huyendo. Alfredo Rangel, sin embargo, no habló de “crímenes de Estado”.
Una cosa es el presunto accionar criminal y secreto de ciertos elementos corrompidos de las fuerzas del orden y otra la política del Estado para debilitar a los grupos irregulares. Esta última es, por el contrario, la negación de los “falsos positivos”. Como explica Alfredo Rangel, y como lo demuestran los hechos recientes, esa política consiste en “preferir la desmovilización [de los guerrilleros] a su captura, y ésta última a darlos de baja en combate”.
Sólo los que impulsan la tesis confusionista de los “crímenes del sistema” pretenden borrar de la realidad estos hechos.
Eduardo Mackenzie. Periodista, última obra publicada: Les FARC où l’échec d’un communisme de combat. Colombie 1925-2005
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