Por: Iván Orozco Abad *
Entre nosotros, la lucha armada revolucionaria, crecientemente barbarizada, dio lugar a una respuesta contrarrevolucionaria aún más salvaje y desproporcionada y hasta exitosa.
El efecto conjunto de las confesiones de justicia y paz y de los procesos que adelanta la Corte Suprema contra congresistas implicados en el fenómeno de la 'parapolítica' ha producido un fuerte remezón en los cimientos de la legitimidad de la democracia electoral colombiana.
Se ha destapado la existencia de unos niveles de paramilitarización de la sociedad insospechados, lo cual ha despertado entre las víctimas de los paramilitares y entre quienes se identifican con ellas en el mundo de los derechos humanos la esperanza de que el viejo y frustrado sueño revolucionario se realice por la vía de la "revolución judicial", gran sucedáneo de la revolución político-militar, que nunca llegó.
Para ello es fundamental sacar adelante en los estrados y en las jurisprudencias la tesis de que el Estado colombiano es el único gran responsable del paramilitarismo. De otro lado, el éxito reciente y creciente de las operaciones militares contra las guerrillas, muy seguramente alimenta entre amplios sectores la ilusión de poder sacar adelante un modelo de "justicia de vencedores". Mayorías y minorías se encuentran polarizadas en torno a dos sueños: el de la revolución judicial y el de la justicia de vencedores.
El rescate de Íngrid Betancourt y otros once secuestrados, por parte del gobierno Uribe y del ejército de Colombia, es un acontecimiento que rompe en dos la historia reciente del país. Con él termina un ciclo que comenzó hace seis años, cuando se instaló, sobre el fracaso de los diálogos del Caguán, el primer gobierno de las víctimas del horror del secuestro.
Uribe mismo, su Vicepresidente y alguno de sus ministros son, en efecto, víctimas de ese flagelo. Uribe representaba ya claramente, en el momento de su primera elección, la promesa de redención para las miles de personas, pertenecientes sobre todo a estratos medios y altos, que habían perdido la libertad a manos de una guerrilla arrogante e inhumana, hija de una ilusión degradada. Hoy, lo que comenzó como una esperanza y como una promesa de redención parece cumplido.
La operación 'Jaque', la inteligencia y la audacia de la "estratagema" empleada, pero, sobre todo, el rescate incruento, representan la victoria militar y moral de las víctimas del secuestro sobre sus principales victimarios, las Farc. El hecho de que, contra el horizonte de la gran marcha contra el secuestro, en cada pueblo del que eran oriundas, las víctimas liberadas hayan sido recibidas como héroes locales y la misma Íngrid haya sido festejada como heroína global, no deja dudas sobre la magnitud de la victoria política, militar y moral obtenidas.
El pasado es un campo de batalla en el cual habrá de definirse el sentido de nuestro futuro, y a la estructuración de ese campo de batalla puede contribuir el modo como negociemos la paz con las guerrillas. Si la negociación se edifica sobre la premisa de su aniquilamiento militar y moral, el futuro no será sino la prolongación aplastante de la victoria que se desarrolla en el presente.
Tendríamos castigo para el vencido y amnistía para el vencedor y, con ello, un relato patriótico oficializado, apuntalado sobre el ocultamiento de mucha sangre plebeya. Por el contrario, si la victoria militar se acompaña de una cierta generosidad en el juicio colectivo sobre los derrotados, entonces acaso resulte necesario negociar también las memorias y los olvidos.
Ello daría lugar, en un país donde la distribución de las responsabilidades por la barbarie de la guerra es bastante pareja, a una narrativa fundacional menos amarga y más integradora y reconciliadora. Esta es, a mi juicio, una razón para mantener en remojo y como una alternativa razonable, por razones pragmáticas, la vieja figura del tratamiento privilegiado del delincuente político.
* Profesor de la Universidad de los Andes
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