Por Alejandro Reyes Posada
Uribe debe impulsar una 'Operación Jaque' que rescate la mejor tierra. El presidente Uribe rompió la alianza entre el poder militar y terrateniente con los paramilitares, que reemplazaba la responsabilidad estatal en la seguridad con masacres y desplazamientos, y decidió ganar la guerra contra las guerrillas con unas fuerzas armadas que volvió más eficaces bajo su liderazgo.
En ese sentido, su tarea será juzgada por la historia como un empujón decisivo en la construcción de un verdadero Estado nacional en Colombia, que hasta ahora se había aplazado por parte de las élites liberales y conservadoras, complacientes con sus socios emergentes. Al hacerlo, soltó las amarras para rescatar el poder público de manos de sus captores, viejos y nuevos, y despejó el camino para definir un modelo de desarrollo vigoroso e incluyente de los sectores vulnerables de la población.
La cruzada de Uribe por el rescate de la seguridad creó un nuevo espacio político con amplia base popular, que se expresa en sus altos índices de aceptación. Ese nuevo escenario arrastró a la clase política oportunista hacia su vértice y redujo la audiencia que tenían los partidos tradicionales y la coalición de izquierda del Polo Democrático. Ese nuevo espacio de seguridad también trasladó la confrontación armada a la justicia, que se debate en la tensión creada por el reclamo de las víctimas del paramilitarismo para exigir verdad, justicia y reparación y la pretensión de imponer la justicia de los vencedores contra las guerrillas, que busca ser blanda con quienes lucharon contra ellas, como señaló con lucidez Iván Orozco en columna de EL TIEMPO.
Los jefes paramilitares extraditados, que negociaron su desmovilización creyendo que lo hacían con su cómplice, se indignaron al verse recluidos en celdas de alta seguridad y resolvieron administrar sus versiones como ventiladores que encendían o apagaban para controlar la acción de la justicia, al escoger u ocultar a voluntad a quienes señalaron como socios y beneficiarios de su guerra. La Corte Suprema de Justicia, presionada por la opinión pública para dar resultados rápidos y sin capacidad real para investigar complicidades, cayó en la trampa de los ventiladores manejados a control remoto y se alió con los voceros de las víctimas para cobrar la cabeza de Uribe como el gran responsable de los crímenes paramilitares. Los falsos positivos de la justicia manipulada desde las cárceles son la venganza de los extraditados por la traición de la clase política, que después de usarlos los dejó por fuera del reparto del botín de los vencedores contra las guerrillas.
Pero el gran botín de la tierra usurpada a los campesinos desplazados, verdaderos perdedores de la guerra, está todavía en manos de los testaferros de los jefes paramilitares, protegido por las bandas emergentes y la ineficiencia de la justicia y el Gobierno para recuperarlas, a pesar del empeño de Uribe. Ese botín de las tierras robadas se ha valorizado todavía más con la recuperación de la seguridad y el auge de los biocombustibles y la minería, y su defensa está produciendo la bonanza de los abogados y jueces venales, de notarios, registradores y funcionarios corruptos del Incoder, que legalizaron el despojo de tierras y encubrieron el robo con apariencias de legalidad.
La mejor estrategia que tiene el presidente Uribe de salirse de la trampa de justicia en que lo quieren encerrar los extraditados es impulsar una nueva 'Operación Jaque', que rescate la mejor tierra del secuestro al que está sometida en manos de viejos y nuevos terratenientes y la restituya al campesinado, demostrando que es el verdadero enemigo de los señores privados de la guerra y el defensor real de las víctimas más vulnerables, los campesinos, indígenas y afrocolombianos refugiados en los tugurios urbanos.
Columna en El Tiempo 27 de agosto de 2008
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