Por: Simon Romero
The New York Times, 15.08.2008
El Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) dijo el Viernes pasado que visitará en breve Bogota para determinar si la Corte debería abrir una investigación formal sobre las redes de apoyo del más grande grupo rebelde colombiano.
En una entrevista, el Fiscal, Moreno-Ocampo, dijo que viajaría el 25 de agosto a Colombia para encontrarse con autoridades judiciales y oficiales del gobierno del presidente Álvaro Uribe para discutir sobre el tema de las FARC.
Las averiguaciones preliminares han generado preocupación sobre la profundización de la red de apoyo a las FARC fuera de Colombia.
Por un lado, la Policía española arrestó una mujer el mes pasado por cargos de haber servido de enlace entre los líderes de las FARC y sus miembros radicados en Europa. Oficiales acusaron a la mujer, María Remedios García Albert, de 57 años, de usar una pequeña organización no gubernamental como canal de transferencia de dinero para miembros de las FARC.
Asimismo, Colombia demandó a la Interpol esta semana el arresto de Rodrigo Granda, oficial de Alto Rango de las FARC. Granda fue capturado por agentes colombianos en Venezuela en 2004, pero fue liberado en 2007 por requerimiento del Gobierno Frances, el cual se encontraba intentando liberar varios de los secuestrados por las FARC. Se cree que Granda esta viviendo en Costa Rica, Cuba o Venezuela, de acuerdo con oficiales colombianos.
El pasado mes de Junio, grupos de exiliados venezolanos realizaron una petición a la CPI para investigar los posibles lazos ente las FARC y el Gobierno del Presidente Hugo Chávez, haciendo referencia a los archivos de las computadoras de las FARC, tomados en durante el combate en Ecuador contra el grupo guerrillero el pasado mes de marzo. Los archivos refieren a posibles ayudas de Venezuela en forma de financiamiento y entrega de armas, sin embargo, ninguna prueba de esos acuerdos ha emergido.
Existe un debate sobre la autenticidad de dichos archivos, los cuales las fuerzas de seguridad de Colombia recuperaron desde las computadoras de Raúl Reyes, luego de su muerte. Chávez se ha distanciado públicamente de las FARC desde que los archivos salieron a la luz pública, insistiendo que ningún acuerdo existió e hizo un llamado a los rebeldes a deponer las armas.
“Hemos estado en contacto con el Gobierno de Venezuela, y ellos han estado cooperando con nosotros”, dijo Moreno-Ocampo, hablando por Teléfono desde La Haya, donde tiene su sede permanente la Corte Penal Internacional. “Los venezolanos prometieron proveer toda la información que ellos tengan”.
Moreno-Ocampo dijo que él enfocará sus consultas en investigar sobre apoyo político y financiero otorgado a las FARC y a la organización derechista de los Paramilitares. Ambos, las Guerrillas y los paramilitares están acusados de cometer crímenes contra la humanidad durante cuatro décadas de guerra interna en Colombia.
En relación a los Paramilitares, Moreno Ocampo dijo que estaba preocupado dado que ha habido sólo algunas condenas contra Jefes Paramilitares, a pesar que han aprobado la extradición de más de una docena para los EEUU y un escándalo sobre lazos paramilitares entre miembros del Alto Gobierno Colombiano.
Moreno-Ocampo dijo que él también espera explorar las conexiones entre los grupos ilegales armados colombianos y traficantes internacionales de armas, puntualizando posibles lazos entre las guerrillas colombianas y vendedores de armas de Europa del este operando en países africanos tales como El Congo.
Las FARCS han sufrido un debilitamiento militar en serie en los últimos meses. El asesinato de varios de sus líderes, y el dramático rescate de 15 secuestrados, incluida la colombiano-francesa Ingrid Betancourt y tres estadounidenses. Pero su actividad continúa de diferentes franjas a lo largo de Colombia. Siete personas murieron en un atentado en el departamento de Antioquia el pasado jueves en la noche, luego que las FARC detonaran una bomba, informaron oficiales colombianos.
Traducción libre.
Versión original en inglés.
The New York Times, 15.08.2008
El Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) dijo el Viernes pasado que visitará en breve Bogota para determinar si la Corte debería abrir una investigación formal sobre las redes de apoyo del más grande grupo rebelde colombiano.
En una entrevista, el Fiscal, Moreno-Ocampo, dijo que viajaría el 25 de agosto a Colombia para encontrarse con autoridades judiciales y oficiales del gobierno del presidente Álvaro Uribe para discutir sobre el tema de las FARC.
Las averiguaciones preliminares han generado preocupación sobre la profundización de la red de apoyo a las FARC fuera de Colombia.
Por un lado, la Policía española arrestó una mujer el mes pasado por cargos de haber servido de enlace entre los líderes de las FARC y sus miembros radicados en Europa. Oficiales acusaron a la mujer, María Remedios García Albert, de 57 años, de usar una pequeña organización no gubernamental como canal de transferencia de dinero para miembros de las FARC.
Asimismo, Colombia demandó a la Interpol esta semana el arresto de Rodrigo Granda, oficial de Alto Rango de las FARC. Granda fue capturado por agentes colombianos en Venezuela en 2004, pero fue liberado en 2007 por requerimiento del Gobierno Frances, el cual se encontraba intentando liberar varios de los secuestrados por las FARC. Se cree que Granda esta viviendo en Costa Rica, Cuba o Venezuela, de acuerdo con oficiales colombianos.
El pasado mes de Junio, grupos de exiliados venezolanos realizaron una petición a la CPI para investigar los posibles lazos ente las FARC y el Gobierno del Presidente Hugo Chávez, haciendo referencia a los archivos de las computadoras de las FARC, tomados en durante el combate en Ecuador contra el grupo guerrillero el pasado mes de marzo. Los archivos refieren a posibles ayudas de Venezuela en forma de financiamiento y entrega de armas, sin embargo, ninguna prueba de esos acuerdos ha emergido.
Existe un debate sobre la autenticidad de dichos archivos, los cuales las fuerzas de seguridad de Colombia recuperaron desde las computadoras de Raúl Reyes, luego de su muerte. Chávez se ha distanciado públicamente de las FARC desde que los archivos salieron a la luz pública, insistiendo que ningún acuerdo existió e hizo un llamado a los rebeldes a deponer las armas.
“Hemos estado en contacto con el Gobierno de Venezuela, y ellos han estado cooperando con nosotros”, dijo Moreno-Ocampo, hablando por Teléfono desde La Haya, donde tiene su sede permanente la Corte Penal Internacional. “Los venezolanos prometieron proveer toda la información que ellos tengan”.
Moreno-Ocampo dijo que él enfocará sus consultas en investigar sobre apoyo político y financiero otorgado a las FARC y a la organización derechista de los Paramilitares. Ambos, las Guerrillas y los paramilitares están acusados de cometer crímenes contra la humanidad durante cuatro décadas de guerra interna en Colombia.
En relación a los Paramilitares, Moreno Ocampo dijo que estaba preocupado dado que ha habido sólo algunas condenas contra Jefes Paramilitares, a pesar que han aprobado la extradición de más de una docena para los EEUU y un escándalo sobre lazos paramilitares entre miembros del Alto Gobierno Colombiano.
Moreno-Ocampo dijo que él también espera explorar las conexiones entre los grupos ilegales armados colombianos y traficantes internacionales de armas, puntualizando posibles lazos entre las guerrillas colombianas y vendedores de armas de Europa del este operando en países africanos tales como El Congo.
Las FARCS han sufrido un debilitamiento militar en serie en los últimos meses. El asesinato de varios de sus líderes, y el dramático rescate de 15 secuestrados, incluida la colombiano-francesa Ingrid Betancourt y tres estadounidenses. Pero su actividad continúa de diferentes franjas a lo largo de Colombia. Siete personas murieron en un atentado en el departamento de Antioquia el pasado jueves en la noche, luego que las FARC detonaran una bomba, informaron oficiales colombianos.
Traducción libre.
Versión original en inglés.
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