Por: Mauricio Vargas
La Corte va a mil en 'parapolítica', con estrellones y reversas, y a paso de tortuga en 'farcpolítica'.
La semana pasada, la sala penal de la Corte Suprema decidió echar un reversazo de más de media cuadra en el caso del senador liberal Luis Fernando Velasco. Después de haberlo metido preso durante cuatro meses, acusado de concierto para delinquir con los paramilitares, los magistrados concluyeron que no había prueba suficiente y lo dejaron en libertad. Después de una larga discusión, le mantuvieron el señalamiento de cohecho impropio porque una fundación ligada a los 'paras' le pagó un pasaje para ir a un foro en España, pero lo dejaron en libertad porque ese delito no conlleva detención preventiva.
Bueno es decir que esa fundación impulsaba la ley de Justicia y Paz, proyecto que Velasco no votó como querían los 'paras'. Entonces, ¿hubo cohecho? No lo sé, pero si aquí hubo delito, ¿qué decir de lo sucedido con el magistrado de la Corte Suprema, Yesid Ramírez, quien reconoció que le recibió un costoso reloj a Giorgio Sale, socio de Salvatore Mancuso y preso en Italia por narcotráfico y lavado? Todo esto debe haber pesado en la mente de los magistrados que optaron por echar marcha atrás. Como suele suceder en estos casos, el reversazo se llevó a varios por delante. Según la siempre bien informada periodista Sonia Rodríguez, de La W, por diferencias en la valoración de estas pruebas se fueron de la comisión investigadora, y de la propia Corte, dos magistrados auxiliares a quienes algunos culparon por haber convencido a la sala penal de echarle mano a Velasco hace cuatro meses.
¿Hay que culpar a los dos auxiliares? No del todo. Según un magistrado de la Corte con quien hablé, "el problema es que el coordinador de la comisión investigadora, el magistrado auxiliar Iván Velásquez, les exige a los sabuesos de la 'parapolítica' que le traigan a toda costa pruebas contra los congresistas". Esa presión puede haber llevado a algunos a rendirle informes a la sala penal en contra de parlamentarios, sin el debido sustento, como es evidente que ocurrió con Velasco.
Pero hay algo más delicado. Según mi fuente, la comisión investigadora maneja un proceso fantasma, el número 26625, gracias al cual recoge testimonios y pruebas en relación con la 'parapolítica'. El asunto delicado es que por la vía de ese proceso, los investigadores indagan sobre varios sindicados sin que ni ellos ni sus abogados estén enterados ni se puedan defender. Se trata de una flagrante violación al debido proceso y de una falla grave en el procedimiento penal, que pone en peligro toda la investigación de la 'parapolítica'. Sería una verdadera desgracia que algunos de los peores hampones de la política, que en buena hora la sala penal metió presos por sus nexos con la mafia paramilitar, quedaran en libertad porque esa misma sala penal se dejó meter luego en una cacería de brujas que no distingue culpables de inocentes.
Y mientras esto ocurre, en la 'farcpolítica' no pasa nada de nada. Como bien lo señaló hace unos días un editorial de EL TIEMPO, la sala penal sorprendió al ordenar un larguero infinito de pruebas antes de meterle en verdad el diente a los casos de Piedad Córdoba, Wilson Borja y otros, por sus supuestos nexos con las Farc, revelados por el computador de 'Raúl Reyes'. La sala penal pidió testimonios del Presidente, varios ministros y altos funcionarios, así como de los desmovilizados de las Farc en los últimos años, ¡que suman más de cinco mil! Como es obvio que hasta el reloj de Yesid Ramírez dejará de funcionar antes de que terminen estas diligencias -que pueden durar varios años-, si la sala penal no corrige el rumbo, nada sabremos por mucho tiempo del alcance de la implicación de Piedad Córdoba con las Farc. Mientras en la 'parapolítica' la sala penal corre a mil, con riesgo de estrellones y reversazos, como lo demuestra el caso de Velasco, en la 'farcpolítica' camina a paso de tortuga.
mvargaslina@hotmail.com
Tomado de El Tiempo.
La Corte va a mil en 'parapolítica', con estrellones y reversas, y a paso de tortuga en 'farcpolítica'.
La semana pasada, la sala penal de la Corte Suprema decidió echar un reversazo de más de media cuadra en el caso del senador liberal Luis Fernando Velasco. Después de haberlo metido preso durante cuatro meses, acusado de concierto para delinquir con los paramilitares, los magistrados concluyeron que no había prueba suficiente y lo dejaron en libertad. Después de una larga discusión, le mantuvieron el señalamiento de cohecho impropio porque una fundación ligada a los 'paras' le pagó un pasaje para ir a un foro en España, pero lo dejaron en libertad porque ese delito no conlleva detención preventiva.
Bueno es decir que esa fundación impulsaba la ley de Justicia y Paz, proyecto que Velasco no votó como querían los 'paras'. Entonces, ¿hubo cohecho? No lo sé, pero si aquí hubo delito, ¿qué decir de lo sucedido con el magistrado de la Corte Suprema, Yesid Ramírez, quien reconoció que le recibió un costoso reloj a Giorgio Sale, socio de Salvatore Mancuso y preso en Italia por narcotráfico y lavado? Todo esto debe haber pesado en la mente de los magistrados que optaron por echar marcha atrás. Como suele suceder en estos casos, el reversazo se llevó a varios por delante. Según la siempre bien informada periodista Sonia Rodríguez, de La W, por diferencias en la valoración de estas pruebas se fueron de la comisión investigadora, y de la propia Corte, dos magistrados auxiliares a quienes algunos culparon por haber convencido a la sala penal de echarle mano a Velasco hace cuatro meses.
¿Hay que culpar a los dos auxiliares? No del todo. Según un magistrado de la Corte con quien hablé, "el problema es que el coordinador de la comisión investigadora, el magistrado auxiliar Iván Velásquez, les exige a los sabuesos de la 'parapolítica' que le traigan a toda costa pruebas contra los congresistas". Esa presión puede haber llevado a algunos a rendirle informes a la sala penal en contra de parlamentarios, sin el debido sustento, como es evidente que ocurrió con Velasco.
Pero hay algo más delicado. Según mi fuente, la comisión investigadora maneja un proceso fantasma, el número 26625, gracias al cual recoge testimonios y pruebas en relación con la 'parapolítica'. El asunto delicado es que por la vía de ese proceso, los investigadores indagan sobre varios sindicados sin que ni ellos ni sus abogados estén enterados ni se puedan defender. Se trata de una flagrante violación al debido proceso y de una falla grave en el procedimiento penal, que pone en peligro toda la investigación de la 'parapolítica'. Sería una verdadera desgracia que algunos de los peores hampones de la política, que en buena hora la sala penal metió presos por sus nexos con la mafia paramilitar, quedaran en libertad porque esa misma sala penal se dejó meter luego en una cacería de brujas que no distingue culpables de inocentes.
Y mientras esto ocurre, en la 'farcpolítica' no pasa nada de nada. Como bien lo señaló hace unos días un editorial de EL TIEMPO, la sala penal sorprendió al ordenar un larguero infinito de pruebas antes de meterle en verdad el diente a los casos de Piedad Córdoba, Wilson Borja y otros, por sus supuestos nexos con las Farc, revelados por el computador de 'Raúl Reyes'. La sala penal pidió testimonios del Presidente, varios ministros y altos funcionarios, así como de los desmovilizados de las Farc en los últimos años, ¡que suman más de cinco mil! Como es obvio que hasta el reloj de Yesid Ramírez dejará de funcionar antes de que terminen estas diligencias -que pueden durar varios años-, si la sala penal no corrige el rumbo, nada sabremos por mucho tiempo del alcance de la implicación de Piedad Córdoba con las Farc. Mientras en la 'parapolítica' la sala penal corre a mil, con riesgo de estrellones y reversazos, como lo demuestra el caso de Velasco, en la 'farcpolítica' camina a paso de tortuga.
mvargaslina@hotmail.com
Tomado de El Tiempo.
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