Los defensores de la Corte

Por Jaime Restrepo Vásquez.

Confusión. Ese es el resultado de las gestiones de los defensores de oficio de la Corte Suprema de Justicia, quienes pretenden vender la falacia de un enfrentamiento entre dos poderes públicos, cuando en realidad buscan silenciar al gobierno.

¿Cómo interpretar la exigencia unánime de la oposición para que el Presidente no señale las posibles actuaciones irregulares del aparato judicial en general? La génesis de esa exigencia está en la tradición colombiana según la cual el gobierno de los jueces era intocable y sus abusos permanecían cobijados por el manto de la impunidad.

Ningún presidente ha tenido la osadía de desenmascarar las irregularidades del poder judicial colombiano. El que más se ha acercado es Álvaro Uribe, quien en más de una oportunidad ha solicitado que se investiguen los rumores y se aclaren algunas actuaciones de los organismos judiciales.

Sin embargo parece que en el país que sueña la oposición retrógrada que tenemos que padecer, solicitar que se investigue a un poder que se consideraba inmune a la obligación de responder por sus actos, es toda una afrenta contra las instituciones del país.

Hay que ser claros: los jueces en Colombia están acostumbrados a regentar un poder sin restricciones, incurriendo en abusos contra los ciudadanos y también contra los demás poderes públicos. Basta con recordar que los “irrespetados” jueces, conservando la vanidad de ser infalibles, confirmaron sentencias a todas luces equivocadas e injustas como la de un hombre que permaneció varios años en prisión por el delito de homicidio, cuando los testigos habían buscado por todos los medios que les recibieran la declaración que confirmaba que el condenado no era el asesino. Después de 13 años de cárcel, y gracias a la denuncia de un medio de comunicación, los jueces se dignaron revisar la sentencia y dejar al ciudadano en libertad.

Enfrentar a los jueces, con el poder que ostentan para privar de la libertad a quien deseen, no es una tarea de poca monta y resulta riesgoso hasta para el Presidente.

Ante las solicitudes de Uribe, la oposición ha recurrido a la vieja patraña de “rodear a la Corte”, lo que significa que no se puede cuestionar ni su supuesta infalibilidad ni los procedimientos que resultan sospechosos y merecen ser investigados.

¿Cómo pedirle al país que rodee a un organismo cuyas acciones son cuestionadas incluso por sus propios miembros? ¿Con qué cara pueden exigir que no se dude de las cortes cuando algunos de sus miembros han tenido relaciones amistosas con personajes cuestionados?

La retardataria oposición colombiana se rasga las vestiduras y exige respeto para un poder judicial que cuenta entre sus miembros a un individuo que hace un salvamento de voto en el que invita a los ciudadanos a desconocer la legitimidad del Presidente y prácticamente promueve un golpe de Estado… ¡Claro! Eso no es irrespeto, ni merece cuestionamiento alguno por parte de la distinguida oposición nacional.

Es la feria del sesgo, de la prostitución de la palabra y del desespero por la caída del totalitarismo en Colombia. El jefe único (e irrepetible) del partido Liberal, en un comunicado de prensa, dijo que “el Presidente no debe emitir los cuestionamientos de los últimos días en contra de la Corte Suprema de Justicia”.

Ni más ni menos: Gaviria Trujillo pide que Uribe guarde silencio, que no diga cosas incómodas, que no cuestione ni mucho menos revele la podredumbre del poder judicial solicitando investigar algunos hechos. ¿Acaso el derecho a la libertad de expresión se pierde por la investidura presidencial? ¿Será que los protocolos retardatarios indican que el Presidente no puede solicitar que se indaguen unas cuantas situaciones sospechosas?

Pedir silencio ante las pruebas que han surgido en los últimos días es una invitación para que el Presidente, como lo hicieron sus antecesores, sea cómplice de los desmanes del poder judicial. Además, dicho sea de paso, es una prueba más del talante antidemocrático de la oposición colombiana que prefiere la censura y el mantener las formas (léase contribuir a preservar el manto de impunidad) a que el país conozca la verdadera cara de aquellos que dicen impartir justicia.

Pero Gaviria Trujillo no se detiene en la censura. En el mismo comunicado dice que Uribe “debe ser respetuoso de la separación de poderes, de la colaboración armónica entre los mismos y no debe transmitir especies que más parecen vagos rumores que acusaciones contra el actuar de la Corte”.

¿Desde cuándo solicitar una investigación es irrespetar la separación de poderes? Gaviria Trujillo debe estar confundido y ha mezclado sus culpas con los hechos, pues el régimen totalitario que él ayudó a conformar en Venezuela no solo ha irrespetado la separación de poderes, sino que la borró de plano y ahora no hay ninguna diferencia entre la justicia, el ejecutivo, el legislativo y el poder electoral en ese país al que Gaviria, como Secretario General de la OEA, le dio la espalda y en el que cobardemente se hizo cómplice del tirano.

De igual forma, Gaviria Trujillo confunde convenientemente la colaboración con la complicidad, pues en cualquier democracia, la colaboración implica el pedir que se corrija una situación anómala en una institución. En este sentido, resulta absurdo que se considere como colaboración el ocultar las faltas y no el manifestarlas de cara a la ciudadanía.

Los colombianos tenemos derecho a ser representados y eso incluye que aquel que fue elegido por la mayoría, se esfuerce en destapar las ollas putrefactas de las estructuras que se enquistaron en los diferentes poderes públicos del Estado.